Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05759-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05759-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-05759-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
5 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUÍS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25 000 23 42 000 2017 05759 01 (2835-2022)
Demandante: Juan Sebastián León Bautista
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Tema: Acto administrativo que ordena reubicación del cargo.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La sala de subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia del 16 de septiembre de 2021, proferida
por la sección segunda, subsección “A” del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que declaró la caducidad del medio de control promovido por el
demandante.
I. ANTECEDENTES
1.1 Pretensiones de la demanda
Primero: La parte demandante solicitó la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
• Resolución 1-0198 del 29 de marzo de 20171, mediante la cual la
Vicefiscal General de la Nación reubicó el cargo de técnico investigador
que ostentaba el actor a la Subdirección Seccional de Policía Judicial
Chocó -CTI-.
• Resolución 1-0294 del 5 de mayo de 20172, a través de la cual esa misma
funcionaria confirmó la decisión anterior.
Segundo: A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la Fiscalía
General de la Nación a reconocer los siguientes conceptos:
• Daño emergente por el valor correspondiente a los intereses corrientes
sobre el monto de $3.221.184, que corresponden a los gastos en los que
1 Folios 46 y 47 del cuaderno principal.
2 Folios 57 a 63 del mismo cuaderno.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Juan Sebastián León Bautista
incurrió el demandante para suplir sus necesidades básicas, generadas
por la pérdida de su empleo.
• Lucro cesante por valor de $800.756.007, correspondientes a sueldos,
primas, bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos dejados de
percibir desde la fecha de su separación efectiva del cargo.
• Sanción moratoria por valor de $5.227.821, derivada del pago tardío de
las prestaciones sociales.
1.2 Hechos que fundamentan la demanda
Como hechos relevantes, el abogado señaló los siguientes:
El demandante -para la fecha de presentación de la demanda- era estudiante
de derecho en la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo
-UNICIENCIA- y se encontraba realizando los exámenes preparatorios para
obtener el título profesional de abogado.
Por resolución 00040 de enero 5 de 2017, el Fiscal General de la Nación nombró
provisionalmente al actor en el empleo de técnico investigador I, asignándolo a la
Dirección Nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana de Bogotá, cargo
del cual tomó posesión el 24 de enero de 2017.
A través de resolución 1-0198 del 29 de marzo de 2017, la Vicefiscal General de
la Nación reubicó el aludido empleo a la Subdirección Seccional de Policía
Judicial Chocó -CTI-. Que contra la anterior decisión el señor León Bautista
presentó recurso de reposición y en subsidio apelación.
Mediante resolución 1-0294 del 5 de mayo de 2017, se resolvió la aludida
censura, confirmando la primigenia decisión y negando la concesión del recurso
de apelación.
Que el 12 de mayo de 2017, el demandante, a través de vocero judicial, presentó
acción de tutela en contra de la demandada, petición que fue negada por
improcedente por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el día 23 de
mayo de ese mismo año.
Que el 30 de junio de 2017, el reclamante radicó “renuncia irrevocable y forzada
por traslado injustificado a la Subdirección Seccional Chocó”. En respuesta a
dicha solicitud, el jefe (E) del Departamento de Administración de Personal
mediante oficio DAP 20173100086233, manifestó lo siguiente: “…Lo anterior
significa que si su decisión es renunciar, debe hacerlo sin motivación alguna;
cabe resaltar que la renuncia presentada debe presentarla con anticipación para
los trámites internos correspondientes.”.
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Radicado: 25 000 23 42 000 2017 05759 01 (2835-2022)
Demandante: Juan Sebastián León Bautista
Que el día 5 de julio de 2017, el señor León Bautista insistió en su escrito de
renuncia, reiterando los argumentos plasmados en su primaria intervención.
Finalmente, afirmó que por resolución 0000007 de julio 7 de 2017, el Director
Ejecutivo de la entidad accionada aceptó la señalada renuncia.
1.3 Causales de nulidad de los actos acusados
1.3.1 Infracción de las normas en que debía fundarse
Fundado en el hecho según el cual la resolución 1-0198 del 29 de marzo de 2017
viola implícitamente la sentencia T-355 de la Corte Constitucional, que estableció
los límites para el ejercicio del Ius Variandi. Se invoca que está facultad puede
dar lugar a la vulneración de derechos fundamentales cuando se ejerce en forma
arbitraria, es decir, sin consultar las circunstancias y necesidades particulares del
trabajador, y además cuando no se evidencia una clara justificación sobre los
cambios y su necesidad.
En tal sentido, alegó que el desconocimiento de la citada sentencia implica la
violación de todos aquellos cánones constitucionales, entre los que se
encuentran: a) sujeción a la legalidad de los poderes públicos; b) la garantía del
derecho de contradicción, al debido proceso y de defensa; c) el principio
democrático y d) el principio de publicidad, como condición esencial de la
democracia y el Estado de Derecho.
Asimismo, arguye la parte actora que el acto acusado vulnera la exigencia
normativa establecida en el artículo 92 del Decreto Ley 021 de 2014, cimentado
en que la norma en cita preceptúa que la reubicación de un empleo se realizará
por necesidades del servicio y mediante acto administrativo motivado.
Finalmente, aseguró que existe violación del debido proceso, sustentado en que
el acto administrativo demandado presenta falencias sustanciales por cuanto
omitió manifestar claramente el término y los recursos procedentes contra el
mismo, lo cual, según su sentir, podría interpretarse como una inducción al error
por parte de la autoridad que profirió la decisión. Aseveró, que al no notificársele
en debida forma los motivos de la necesidad del servicio, se le vulneró al
demandante el derecho al debido proceso y por consiguiente el derecho de
contradicción.
1.3.2 Falsa motivación
Fundamentado en que, bajo la premisa de necesidad del servicio, la entidad
demandada expidió el acto acusado sin expresar las razones concretas por las
cuales ordenó el traslado del señor Juan León Bautista.
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Demandante: Juan Sebastián León Bautista
A juicio del vocero judicial del demandante no existían elementos facticos
jurídicamente sustentables y carecía de motivos para ordenar el traslado del
actor, razón por la cual acudió al argumento de la necesidad del servicio.
1.4 Contestación de la demanda
Dentro de la oportunidad de ley, la Fiscalía General de la Nación contestó la
demanda3, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas.
Como argumentos de defensa expuso lo siguiente:
En relación con la reubicación del demandante sostuvo que el Decreto Ley 016
de 2014, faculta al Fiscal General de la Nación para nombrar y remover a los
servidores públicos de esa entidad. Por su parte, el artículo 2 del Decreto Ley 018
de 2014, señala que ese mismo funcionario distribuirá los cargos en cada una de
las dependencias de la entidad, teniendo en cuenta la organización interna, las
necesidades del servicio, los planes, las estrategias y los programas de la entidad.
Asevera la vocera judicial defensora que en el acto administrativo de traslado se
especificó que la reubicación del demandante obedecía a estrictas necesidades
del servicio, por tanto, el hecho que el nominador considere que uno u otro
servidor se desempeñaría mejor en alguna otra dependencia de la Fiscalía
General de la Nación, no significa que el acto esté viciado de nulidad o carezca
de motivación. En cuanto al presunto ejercicio arbitrario del Ius Variandi por parte
de su representada, afirmó que si bien esa facultad no es absoluta, ello no implica
la perdida de la discrecionalidad por parte del empleador, especialmente
tratándose de plantas globales como la de la entidad demandada. Expresa que,
para el presente caso, tal potestad fue ejercida con plena observancia del
procedimiento establecido en la ley, con acatamiento de las limitaciones que
imponen las normas, la jurisprudencia constitucional y la situación del
demandante.
Finalmente, en relación con el cargo de falsa motivación, la accionada manifestó
que la parte actora debió demostrar en el curso del proceso que las razones
aducidas en el acto administrativo enjuiciado para ordenar su traslado no
existieron o fueron inexactos.
1.5 Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia adiada 16 de septiembre de 20214, la sección segunda,
subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la
caducidad de la acción.
Para arribar a esa decisión, el a quo, después de referenciar los actos
administrativos demandados y de señalar que la última decisión enjuiciada
3 Folios 140 a 155 ibid.
4 Folios 224 a 227 ibid.
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-resolución 1-0294 de 5 de mayo de 2017, que resolvió el recurso de
reposición contra el acto de traslado- fue notificada al demandante el 9 de mayo
de 2017, afirmó que la demanda podía ser presentada a más tardar el 10 de
septiembre de 2017. En línea con esa idea, y al advertir que esa reclamación
judicial fue radicada el 23 de noviembre de 2017, concluyó que su presentación
se dio por fuera de la oportunidad de ley.
Como sustento de su conclusión, ese tribunal aseguró “…El término legal de
caducidad no se interrumpe por cuestiones subjetivas, tales como la inactividad
del titular del derecho, ora por el otorgamiento y disfrute de licencias no
remunerada, trámite y decisión de acciones de tutelas, presentación – devolución
– aceptación de carta de renuncia, etc. Ese plazo, corre inexorablemente”.
En consecuencia, aquella corporación declaró probada la excepción caducidad y,
de contera, dio por terminado el proceso.
1.6 Recurso de apelación
Inconforme con esa decisión, el apoderado del demandante la recurrió en
apelación5. En su intervención, censuró que el tribunal de primera instancia
hubiere declarado la caducidad del medio de control, pues a su juicio:
• Con la demanda no solo se exigió la nulidad de los actos administrativos
que ordenaron la reubicación del cargo de su mandante, sino también el
de la resolución 0000007 de julio 7 de 2017, que aceptó la renuncia que,
bajo coacción, fue radicada por aquel. Por tanto, adveró que el plazo
extintivo debió contarse a partir de este último acto.
• El a quo no tuvo en cuenta que la solicitud de conciliación extrajudicial,
que fue presentada el 2 de octubre de 2017, interrumpió la caducidad del
medio de control.
• La conclusión a la que arribó el tribunal, relacionada con que las
actuaciones desplegadas por su cliente no interrumpen la caducidad del
medio de control, desconoce sus derechos constitucionales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia.
En punto a este último reproche, el recurrente afirmó que todas las acciones
adelantadas por el señor León Bautista estuvieron encaminadas a evitar la
ejecutoria de las decisiones que ordenaron su traslado al departamento del
Chocó. Que es la ley, y no el fallador de instancia, la que establece que la
caducidad del medio de control se contabiliza a partir del último acto intermedio
notificado y, por tanto, en este asunto, dichos actos intermedios, en especial el
que aceptó la renuncia al cargo de técnico investigador I, mantiene interrumpido
5 Folios 230 a 231 del cuaderno principal.
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el plazo extintivo. En los apartes de la censura se puede leer:
“… este primer yerro procedimental de la decisión ahora reprochada, sin lugar a
dudas deja huérfano y privado a mi mandante son derechos fundamentales al
Debido Proceso y Acceso Real y Efectivo a la Administración de Justicia, sobre
todo si se tiene en cuenta que, sus decisiones y acciones con posterioridad a la
Notificación del Primer Acto Administrativo, fue evitar que la mentada decisión
alcanzara ejecutoria, hasta que, finalmente, se vio forzado a presentar renuncia
a su cargo, misma que no fue aceptada inicialmente, y, posteriormente fue
presentada nuevamente, y aceptada por la insistencia, lo que se notificó el 7 de
julio de 2017, y constituyó un despido indirecto.
Es más, cómo se menciona arriba, dicho acto administrativo, de fecha 7 de julio
de 2017, también fue objeto de reproche y se pretendió su Nulidad y
Restablecimiento del Derecho en el medio de control impetrado.
2. Es la norma misma, quien establece que, el término de caducidad del medio
de control empezará a contabilizarse desde el último administrativo intermedio
que haya sido notificado, y, la interpretación de qué Actos Administrativos se
consideran intermedios no puede derivar del capricho del fallador de instancia;
razón de más para decir que, mientras que la decisión inicial, es decir, la de
traslado y reubicación del cargo, no haya alcanzado ejecutoria, los Actos
Administrativos intermedios que se derivaron del inicial, hasta el último que fue
notificado, constituyen actos intermedios que mantienen interrumpido el término
de caducidad…”.
Finalmente, el censor alegó que las argumentaciones y decisiones del tribunal
desconocieron el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
procedimental y, de esa manera, no brindaron garantías a los derechos
constitucionales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
1.7 Trámite correspondiente a la segunda instancia
1.7.1 La admisión del recurso
Mediante auto de fecha 8 de febrero de 20236, se admitió el recurso de apelación.
1.7.2 Concepto del Agente del Ministerio Público
El señor Procurador Delegado ante esta Corporación rindió concepto7 solicitando
que se confirme la sentencia apelada pues, a su juicio, el acto administrativo que
aceptó la renuncia del demandante no es una decisión accesoria de la resolución
1-0198 del 29 de marzo de 2017 -que ordenó el traslado y/o reubicación del
actor-. En tal sentido, afirmó que aquel acto no hizo parte del procedimiento
administrativo y, por ende, no creó relaciones jurídicas o declaraciones de la
voluntad de la Fiscalía General de la Nación; que sólo aceptó la voluntad del
actor, sin resolver de fondo esta controversia -la reubicación laboral-. En
consecuencia, argumentó que la fecha de notificación del acto que aceptó la
renuncia no puede ser tenido en cuenta para el conteo de la caducidad.
6 Folio 238 del cuaderno principal.
7 Índice 10 de la plataforma SAMAI.
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II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8, esta sala de subsección del
Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
presentado.
2.2 Marco de análisis de la segunda instancia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso9, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas
partes hayan apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. En
el caso concreto es necesario pronunciarse respecto de los argumentos
expuestos por el apoderado del demandante, en su condición de apelante único.
2.3 Problema jurídico
De acuerdo con la decisión de primera instancia y el recurso de apelación
interpuesto, le corresponde a esta subsección determinar:
i) Si frente a las resoluciones 1-0198 del 29 de marzo de 2017 y 1-0294 del 5 de
mayo de 2017, que ordenaron la reubicación del empleo del demandante, debía
declararse la caducidad de la acción y;
ii) Si la resolución 0000007 de julio 7 de 2017, por medio de la cual se aceptó la
renuncia del demandante, tiene una relación inescindible con los actos
administrativos que ordenaron su traslado, de modo tal que suspenda la
caducidad del medio de control frente a las decisiones señaladas anteriormente.
Con tales fines, la sala analizará la institución de la caducidad frente al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.4 La caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
De manera general, puede decirse que la caducidad es un fenómeno que limita
legalmente el ejercicio del derecho a la reclamación judicial y es fruto de la
garantía al principio a la seguridad jurídica, inspirado en claros criterios de
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]».
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racionalidad y suficiencia temporal.
En sentir de esta Corporación10, la caducidad “es una institución que tiene su
razón de ser en la seguridad y en la temporalidad, buscando que el derecho de
acción por parte del interesado se ejerza dentro de un determinado tiempo, y que
por parte de la administración de justicia la discusión esté limitada y no sometida
indefinidamente a voluntad del accionante”.
Ahora, el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo concibió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho de la siguiente manera:
ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda
persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular,
expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se
le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en
el inciso segundo del artículo anterior.
Como se aprecia, este medio de control se activa ante la lesión o menoscabo -a
través de un acto administrativo- de un derecho subjetivo respaldado en la ley.
La anterior precisión para significar que la demanda así enmarcada deberá
dirigirse exclusivamente en contra de la decisión o decisiones de la
administración que aminoren, modifiquen o extingan un derecho de naturaleza
individual. Por el contrario, esa reclamación no podrá presentarse si el acto cuya
nulidad se pretenda no involucra los intereses de la parte demandante.
Por su parte, al concebir los plazos para el ejercicio oportuno de este medio de
control judicial, el literal d del numeral 2 del artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo estableció que
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho deberá ser presentada:
“2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
…
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda
deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del
día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras
disposiciones legales.”
La reseñada disposición estableció un término unitario para la presentación
oportuna de la demanda -4 meses-, plazo que inicia su conteo a partir de uno de
los siguientes eventos: la comunicación, notificación, ejecución o publicación del
acto administrativo a demandar.
10 Sección segunda, subsección “B”. Sentencia de 21 de octubre de 2021, expediente 70001-23-33-000-
2016-00221-01 (0338-18), C.P. Cesar Palomino Cortés.
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Así las cosas, se infiere que la institución en estudio opera, salvo expresas
excepciones, cuando la respectiva demanda se interpone después de
transcurridos 4 meses de la comunicación, notificación, ejecución o publicación
del correspondiente acto administrativo.
2.5 Caso concreto
En el sub lite, a través de la Resolución 1-0198 del 29 de marzo de 2017, la
Vicefiscal General de la Nación reubicó el cargo de técnico investigador I que
ostentaba el demandante, pasándolo de la Dirección Nacional de Seccionales y
de Seguridad Ciudadana de Bogotá a la Subdirección Seccional de Policía
Judicial Chocó -CTI-. Esa decisión fue notificada al accionante el 31 de marzo de
201711.
Contra la citada resolución, el abogado del demandante interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación12. Ese recurso fue resuelto negativamente por
resolución 1-0294 5 de mayo de 2017 y notificado el día 9 de mayo de 201713.
Posteriormente, en escrito radicado el 30 de junio de 201714, el señor Juan León
Bautista presentó renuncia irrevocable y forzada a su empleo. En atención a ello,
el jefe (e) del Departamento de Administración de Personal15 de la entidad
demandada, mediante oficio DAP 20173100086233, le expresó al actor que si su
decisión era renunciar debía efectuarlo sin motivación alguna.
En respuesta al citado oficio, el 5 de julio de 2017, el accionante radicó
nuevamente renuncia irrevocable y forzada a su empleo. Con ocasión a ello, la
demandada, por resolución 0000007 de julio 7 de 201716, le aceptó su renuncia.
Esta decisión fue notificada al interesado el 11 de julio de 201717.
Efectuado el anterior recuento, es evidente que la actuación administrativa que
comprendió la reubicación del empleo que hoy se demanda, culminó con la
expedición de la resolución 1-0294 del 5 de mayo de 2017 -que resolvió el
recurso de reposición antes referenciado-. Lo anterior, en razón a que a
través de esta se decidió definitivamente el traslado censurado. Guiado por este
argumento, se concluye que, si el actor estaba en desacuerdo con aquellas
resoluciones, debía cuestionarlos judicialmente dentro de los 4 meses siguientes
a su notificación, sin que pueda avalarse que las decisiones dimanadas de las
actuaciones realizadas por el interesado -la petición y posterior concesión de
licencia remunerada y la renuncia al cargo- tengan la potencialidad de
extender en el tiempo la caducidad del medio de control.
11 Reverso folio 47 del cuaderno principal.
12 Folios 48 a 54 ibid.
13 Reverso folio 63 ibid.
14 Folios 95 a y 96 ibid.
15 Folio 97 ibid.
16 Folio 104 a 106 del mismo cuaderno.
17 Folio 107 de ese cuaderno.
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De cara a lo manifestado, la sala abordará y responderá a los argumentos
planteados en la alzada así:
i) En cuanto al primer cargo, relacionado con que en la demanda se pidió la
nulidad del acto que aceptó la renuncia presentada por el actor, este tribunal,
contrario a lo alegado por el apelante, advierte que en el capítulo de pretensiones
no se incluyó tal exigencia. En el ordinal primero de dicho apartado se puede leer
lo siguiente:
“PRIMERA: Que es nula la resolución número 10198 de fecha 29 de marzo de
2017, expedida por la Señora MARIA PAULINA RIVEROS DUEÑAS, Vicefiscal
General de la Nación, mediante la cual resolvió la reubicación del cargo de Técnico
Investigador I que ostentaba mi mandante en la Dirección Nacional de Seccionales
y de Seguridad Ciudadana de Bogotá, a la subdirección Seccional de Policía
Judicial -CTI- Chocó, así como lo es, el que resuelve el recurso de reposición
incoado en contra de aquel y todos aquellos originados como consecuencia de
estos”.
Por consiguiente, y siguiendo el derrotero marcado en ese cargo, se dirá que no
es procedente contabilizar el plazo de caducidad a partir de la notificación de esa
decisión, en tanto:
• Los actos administrativos contienen la expresión unilateral de la voluntad
de la administración, voluntad que está destinada a producir determinados
efectos jurídicos. Entre las distintas clasificaciones de estas decisiones
encontramos los actos administrativos definitivos que, según el artículo 43
del CPACA son aquellos “…que decidan directa o indirectamente el fondo
del asunto o hagan imposible continuar la actuación”.
• En este orden de cosas, ante una decisión de esta naturaleza pueden
presentarse los recursos de ley. De ese trámite ha de surgir un nuevo
pronunciamiento de la administración que indefectiblemente formará una
unidad jurídica con el acto inicial.
• De lo hasta aquí expuesto, para la sala es claro que las resoluciones 1-
0198 del 29 de marzo de 2017 y 1-0294 del 5 de mayo de 2017, formaron
una unidad jurídica inescindible, por el hecho de estar directamente
relacionadas con la decisión de traslado del empleo ejecutado por el actor.
• En conclusión, la resolución 0000007 de julio 7 de 2017, que aceptó la
renuncia al cargo presentada por el accionante -y que el censor
denominó como acto intermedio-, no hace parte de aquella unidad, ni
tiene la condición de acto intermedio o de trámite, pues no fue expedida
con ocasión y/o como consecuencia directa del trámite administrativo de
reubicación y/o traslado de ese empleo.
• En este delimitado contexto, y contrario a lo argüido en la alzada, la fecha
de notificación de este último acto no puede ser tenida en cuenta como
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punto de partida para contabilizar la caducidad del medio de control que
hoy ocupa la atención de la sala.
ii) En cuanto al segundo cargo planteado, se afirma que aunque el tribunal de
primera instancia no reseñó la solicitud de conciliación extrajudicial en su cálculo
de caducidad, lo cierto es que entre la fecha de notificación de la resolución 1-
0294 de 5 de mayo de 2017 -que tuvo lugar el día 9 de ese mismo calendario-
y la fecha de radicación de esa petición extrajudicial18 -2 de octubre de 2017- se
sobrepasó el límite de cuatro meses previsto en el literal d del numeral 2 del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. Con esta afirmación, se infirma el
argumento contenido en la alzada y, aún más, se reafirma que antes del inicio
del trámite conciliatorio había fenecido el plazo para el ejercicio oportuno de la
acción.
iii) Por otra parte, y en lo que respecta al tercer cargo invocado en la apelación
-la decisión recurrida vulnera los derechos al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia-, ha de predicarse que la sentencia reprochada,
antes que infringir los intereses de la parte actora, privilegia los derechos al
debido proceso y acceso a la administración de justicia de las partes en general
-independientemente del resultado que esto tenga para quien hoy apela-,
en tanto a todos los sujetos procesales les asiste la garantía de que las
decisiones judiciales respeten los postulados normativos que disciplinan el
proceso.
En tal sentido, no es procedente admitir -como se hizo en la censura- que la
decisión impugnada hizo prevalecer el derecho procesal sobre el derecho
sustancial, en tanto, como se vio, el a quo estudio, interpretó y aplicó en debida
forma la caducidad del medio de control. Finalmente, es necesario concluir la
improcedencia del argumento vertido en la alzada, relacionado con que todas las
actuaciones realizadas por el actor estuvieron destinadas a evitar la ejecutoria
de la decisión de traslado. Lo anterior, por cuanto esa ejecutoria cobró vida el
día 9 de mayo de 2017, con la notificación de la solución dada al recurso de
reposición presentado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el
numeral 2 del artículo 87 del CPACA.
Por todo lo indicado hasta aquí, se confirmará la sentencia de primera instancia,
en tanto, se repite, la decisión de caducidad allí adoptada estuvo acorde con la
normatividad que regula la materia y, aún más, no se evidencia que con ella se
hayan vulnerado los derechos constitucionales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia del demandante.
2.5 Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas a la
parte demandante, como quiera que si bien en anteriores oportunidades esta sala
18 Folio 32 y reverso del cuaderno principal.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25 000 23 42 000 2017 05759 01 (2835-2022)
Demandante: Juan Sebastián León Bautista
de subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no
lugar a imponer una condena por este concepto, lo cierto es que actualmente,
con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un
estudio respecto de la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica de sus intervenciones. Por consiguiente, al hacer
extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, se concluye que la actuación
de la parte actora estuvo destinada a defender su posición jurídica en relación
con la no configuración de la caducidad de la acción, defensa que se cimentó en
una interpretación errada sobre el computo de términos para determinar la
caducidad. En consecuencia, no se le condenará en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2021,
proferida por la sección segunda, subsección “A” del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través de la cual se declaró la caducidad del medio de control
de la referencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas conforme a lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la sala en sesión de la
fecha.
LUÍS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
(Ausente en comisión)
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