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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05852-01

Fecha
20 de enero de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05852-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 19 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Giovanni Álvarez Santoyo contra la Nación – Fiscalía General de la Nación. 2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-05852-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

20 de enero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2017-05852-01 (457-2020)
Demandante : Giovanni Álvarez Santoyo
Demandada : Nación – Fiscalía General de la Nación
Tema : Supresión del cargo

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el actor contra
la sentencia de 19 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección segunda),
mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del
epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 3 a 30 y 35 a 37). El señor Giovanni Álvarez Santoyo,
por intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación - Fiscalía
General de la Nación, para que se acojan las pretensiones que en el apartado
siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de: (i) la Resolución 2358 de 29 de junio
de 2017, por la que la accionada distribuye «[…] los cargos de la planta del
personal de la Fiscalía General de la Nación […]», que le suprimió el cargo; y
(ii) el oficio 72 de 30 de junio de 2017, por medio del cual se le comunicó su
retiro. Asimismo, pide «se INAPLIQUE, con efectos inter partes, el Decreto
Ley N° 898 de 2017, proferido por el Presidente de la República, por violación
directa de la Constitución de la Ley, en los términos de lo dispuesto en el
artículo 148 de la ley 1437 de 2011».

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada: (i) su reintegro «[…] al cargo de Fiscal Delegado ante
Tribunal de Distrito o a uno de igual o superior categoría, en iguales o mejores
condiciones laborales, salariales y prestacionales que las que detentaba con
anterioridad a la expedición del acto administrativo acusado»; (ii) el

Expediente: 25000-23-42-000-2017-05852-01 (457-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Giovanni Álvarez Santoyo contra la Nación - Fiscalía General de la Nación

reconocimiento de perjuicios materiales «[…] en la modalidad de lucro cesante
[…]», que corresponden a los salarios dejados de recibir desde su retiro hasta
su reintegro; y de perjuicios inmateriales, «[…] en la modalidad de daño moral
[…]», que los tasa en 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como
consecuencia «[…] del dolor y afectación emocional derivada de una
destitución injusta e ilegal, así como de la angustiosa situación económica a la
que se ha visto abocado por la imposibilidad de proveer el sustento económico
para sí y su grupo familiar»; (iii) «[…] Se ordene contabilizar para efectos del
sistema de seguridad social en pensiones, sin solución de continuidad, las
semanas que […] haya permanecido desvinculado de la entidad accionada»;
(iv) indexar los valores adeudados y (v) pagar las costas procesales.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que estuvo vinculado, desde el
15 de octubre de 1992, con la Fiscalía y el último cargo desempeñado fue el de
fiscal delegado ante tribunal de distrito dentro de la dirección de fiscalías
nacionales especializadas de justicia transicional.

Que el presidente de la República, en uso de sus facultades extraordinarias
conferidas por el artículo 2 del Acto legislativo 1 de 2016, expidió el Decreto
ley 898 de 2017, para modificar parcialmente la estructura de la entidad
demandada y su planta de personal.

Dice que el 29 de junio de 2017 el Fiscal General de la Nación profirió la
Resolución 2358, «[p]or medio de la cual se distribuyen los cargos de la planta
de personal de la Fiscalía General de la Nación». En esta decisión se ordenó la
supresión de varios cargos, entre ellos, el ocupado por él y, en su criterio, lo
hizo «[…] excediéndose en las competencias otorgadas […]».

Que no le fue notificada personalmente «[…] en los términos exigidos por los
artículos 67 y 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo […]»

Agrega que, por oficio de 30 de junio de 2017, se le comunicó la supresión del
cargo que desempeñaba.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos censurados los artículos 29, 189, 249 y 253 de la
Constitución Política; 2 y 5 del Acto legislativo 1 de 2016; 30 y 94 de la Ley
270 de 1996; 46 de la Ley 909 de 2004 (modificado por el artículo 228 del
Decreto 19 de 2012) y 66, 67, 68, 69 y 72 del CPACA.
2

Expediente: 25000-23-42-000-2017-05852-01 (457-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Giovanni Álvarez Santoyo contra la Nación - Fiscalía General de la Nación

Asevera que el acto administrativo demandado fue expedido sin competencia,
con violación de las normas en que debería fundarse, desconocimiento al debido
proceso y con falsa motivación.

Que el artículo 189 de la Constitución Política le otorga al presidente de la
República la potestad de crear, fusionar o suprimir los empleos de la
administración central. Por su lado, el artículo 249 ibidem dispone que la
Fiscalía General de la Nación es una entidad pública del orden nacional y que
pertenece a la Rama Judicial del poder público. La Ley 270 de 1996 radica en
el legislador la potestad de determinar su estructura y funcionamiento.

Señala, con base en las normas anteriores, que el presidente de la República no
tiene atribución de suprimir empleos que pertenecen a la Rama Judicial, porque
esta es una atribución exclusiva del legislador.

Aduce que, a través de la Resolución 2358 de 29 de junio de 2017, el Fiscal
General de la Nación no solo se limitó a distribuir los cargos dentro de la planta
de personal de la entidad, sino que dispuso de manera específica y concreta la
supresión de los 5737 cargos, que ya había sido prevista en el Decreto 898 de
2016, entre ellos, el cargo que tenía el demandante, «[…] optando por
mencionar expresamente los cargos y funcionarios que permanecerían en la
planta global de la Fiscalía y dejando por fuera de mención, y por ende de la
entidad, a los restantes».

Insiste en que «[…] i) por definición y mandato constitucional la potestad de
crear, fusionar o suprimir empleos de la Fiscalía General de la Nación radica
exclusivamente en el Congreso de la República; ii) el legislador NO se despojó
transitoriamente de esa facultad, en favor del Presidente de la República, a
través del Acto Legislativo N° 01 de 2016; y iii) la Resolución N° 02358 del 29
de junio de 2017, que suprimió [su cargo], invocó como única habilitación
normativa lo previsto en el Decreto Ley 898 de 2017; entonces iv) esa
Resolución N° 02358, como acto administrativo aquí demandado, usurpó las
competencias que están reservadas a la órbita exclusiva del legislador, y por
ende se encuentra permeada de un vicio de nulidad, en los términos del artículo
137 de la Ley 1437 de 2011» (sic).

Menciona que «[…] no era posible adoptar una reforma a la planta de personal
dentro de la Fiscalía General de la Nación, sin que mediara en la selección de
los cargos a suprimir, estudios especiales y técnicos que expusieran las razones
objetivas por las que debían eliminarse a determinados funcionarios públicos
3

Expediente: 25000-23-42-000-2017-05852-01 (457-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Giovanni Álvarez Santoyo contra la Nación - Fiscalía General de la Nación

y dejar en sus cargos a otros. La selección arbitraria y subjetiva en la elección
de las personas que continuarían vinculadas a esta entidad y que se plasma en
la Resolución 2358 de 2017 es, por las razones expuestas, nula por infracción
de las normas en que debía fundarse, eso es, el artículo 94 de la Ley 270 de
1996» (sic).

Que la Resolución 2358 de 2017 «[…] debía contener razones suficientes que
indicaran por qué el cargo […] y no otro, ameritaba ser suprimido, máxime
cuando sus calificaciones de servicios, tal como se evidencia en el certificado
anexo, eran de 100 sobre 100 y contaba con una impecable […]» trayectoria.

Precisa que el Decreto 898 de 2017 se expidió con el objetivo de crear la unidad
especial de investigación y, en su artículo 59, estableció que el número de
cargos debían eliminarse, es decir, el presidente de la República en ningún
apartado estableció cuáles específicamente debían ser eliminados dentro de
cada planta global.

Señaló que la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017 dispuso, en forma
específica y concreta, la supresión de los 5737 cargos que ya había sido prevista
en el Decreto 898 de 2016, entre ellos el que tenía el demandante; pese a lo
anterior, dicha decisión que lo afectaba «[…] no fue debidamente notificada en
los términos del artículo 66 y siguientes del C.P.A.C.A.».

1.5 Contestación de la demanda (ff. 44 a 59 vuelto). La accionada, a través de
apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y
respecto de los hechos indicó que algunos son ciertos y otros no comportan
situaciones fácticas. Como argumentos de defensa, asevera que la
determinación de la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la
Nación no es un asunto sometido a reserva de ley estatutaria; que la supresión
del cargo que ocupaba el actor se dio en cumplimiento de un deber legal
contenido en un decreto presidencial, y la modificación de la planta de personal
satisface los criterios establecidos por la Corte Constitucional1 para la
restructuración de las entidades públicas, esto es, observar los principios de la
administración pública y respetar el derecho preferente de los empleados de
carrera o sujetos de especial protección (sin que el demandante se encontrara en
alguno de esos grupos).

Agrega que el máximo Tribunal Constitucional, mediante sentencia C-013 de

1
Cita las sentencias C-74 de 1993, C-795 de 2009 y T-162 de 2010.
4

Expediente: 25000-23-42-000-2017-05852-01 (457-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Giovanni Álvarez Santoyo contra la Nación - Fiscalía General de la Nación

2018, declaró exequible el Decreto 898 de 2017, por lo que se mantiene vigente
el fundamento legal del acto administrativo acusado.

1.6 La providencia apelada (ff. 81 a 96). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), mediante sentencia de 19
de septiembre de 2019, negó las pretensiones de la demanda (sin condena en
costas), al considerar que (i) «[…] el Fiscal General de la Nación en el Decreto
Ley 898 de 2017, se encontraba [facultado para] distribuir, trasladar y reubicar
los empleos dentro de estas, de conformidad con las necesidades del servicio y
al Presidente de la República en virtud de las facultades conferidas en el Acto
Legislativo 01 de 2016, le correspondía expedir decretos con fuerza de ley para
implementar el Acuerdo de Paz, esto es, suprimir los cargos de la planta de la
FGN para crear la Unidad Especial»; (ii) «[…] si bien la parte demandante
allega calificación de servicios, también lo es que no logró demostrar que
superaba los requisitos de las personas que fueron vinculadas (estudios
académicos), o que los nombrados no cumplían requisitos para su desempeño
ni que el señor Álvarez Santoyo se encontraba en una situación especial de
protección como pre pensionado, discapacitado, o que fuera padre cabeza de
familia, para que la entidad lo tuviera que mantener en el cargo desempeñado
en forma provisional»; (iii) «[…] en el presente caso se realizó estudio técnico,
el cual sirvió de fundamento para la expedición del acto administrativo
enjuiciado y cumple a cabalidad con los requisitos de la normativa que regula
la materia, puesto que obedeció a la necesidad de cumplir con los compromisos
adquiridos por el Gobierno Nacional en el Acuerdo Final»; (iv) «[…] la falta
de publicidad del acto administrativo general es un presupuesto de eficacia u
oponibilidad frente a terceros, y no de validez, por lo que examinando el
presente caso no se vislumbra vulneración al debido proceso por indebida
notificación de la Resolución No. 2358 del 29 de junio de 2017, toda vez que
con el Oficio No. 72 del 30 de junio de 2017, la FGN le comunicó
personalmente al demandante que a través del Decreto 898 de 2017 su cargo
había sido suprimido, así mismo le informó la efectividad de la supresión, es
decir, que a través del Oficio la entidad le comunicó el contenido del Decreto
en lo que tenía que ver con el demandante».

1.7 El recurso de apelación (ff. 102 a 108). Inconforme con el fallo de primera
instancia, el demandante interpuso recurso de apelación, al estimar que el a quo
no observó que el estudio técnico «[…] pretendía demostrar la motivación del
acto administrativo acusado, resolución 2358 de 2017, que ordenó la supresión
de los cargos no cumple con lo señalado en el artículo 94 de la Ley 270 de 1994
5

Expediente: 25000-23-42-000-2017-05852-01 (457-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Giovanni Álvarez Santoyo contra la Nación - Fiscalía General de la Nación

y en concordancia con esto, desconoce los requisitos de que tratan los artículos
2.2.12.2. y 2.2.12.3. del Decreto 1082 de 2015»; y que erró el Tribunal al
argumentar que la resolución acusada «[…] está motivada, a partir de lo
señalado en el Decreto Ley 898 de 2017 o que es motivación suficiente lo
indicado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera en cumplimiento a lo dispuesto
en el punto 3.4.4. Toda vez que, contrario a lo señalado, lo correcto es afirmar
que cada actuación de la administración es independiente y debe estar debida
motivada, más aún cuando los fines que persigue son distintos, aunque de uno
se derive el otro. Adicionalmente, […] desconoce los límites que impusieron en
el Decreto, en cuanto al número de cargos que se podían suprimir» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido con auto de 12 de noviembre de 2019 (f.
110) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 4 de marzo de
2020 (f.114), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de providencia de 8 de septiembre de 2021 (f. 119), para
que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad
aprovechada por las primeras y el último2.

2.1.1 Parte demandante. Se remite a las razones de hecho y de derecho
consignadas en la demanda y en su escrito de apelación.

2.1.2. Parte demandada. Pide confirmar la sentencia de primera instancia,
porque la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara
a los actos administrativos acusados y agregó «[…] que la Corte Constitucional
a través de la sentencia C-013 de 2018, declaró exequible el Decreto Ley 898
de 2017, que fue la norma que sirvió de fundamento para la expedición de la
resolución 0-2358 de 2017 y en general de todo el proceso de reestructuración
dentro de la entidad».

2
Los alegatos de conclusión allegados reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica
para la gestión judicial denominada SAMAI.
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-05852-01 (457-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Giovanni Álvarez Santoyo contra la Nación - Fiscalía General de la Nación

2.2.3. Ministerio Público. El señor procurador tercero delegado ante el Consejo
de Estado, es del criterio que se debe confirmar el fallo impugnado, porque (i)
« […] la parte actora se limitó a afirmar su superioridad frente a sus colegas
Fiscales Delegados ante Tribunal Superior de distrito Judicial, pero aparte de
mencionar algunos nombres, no acreditó las condiciones de inferioridad
laboral o académica de esos funcionarios, es decir, se quedó en mera retórica
carente de soportes que llevaran al operador judicial, al menos la duda sobre
la legalidad del retiro específico del accionante; por tanto, sin prueba no hay
derecho a declarar»; (ii) «[…] No coincide este Ministerio Público, con la
afirmación de la parte demandante, que no puede aceptarse como motivación
de la Resolución 2358 acusada el Decreto Ley 898 de 2017, pues justamente la
reestructuración y consecuente modificación de la planta de personal
devinieron de la necesaria implementación del Acuerdo Final de Paz, sin este
elemento de juicio no estaría debatiendo nada de lo discutido en este proceso,
esa es la razón original y por ende el motivo de la reestructuración y reforma
de la planta de personal»; y (iii) «[…] sobre el argumento traído en el recurso
de apelación y no debatido antes en el proceso, sobre la decisión del Tribunal
Administrativo del Atlántico que declaró la nulidad de la Resolución 2358
acusada en este proceso (seguramente parcialmente) bajo el racionamiento de
la existencia de una discrepancia entre los cargos autorizados a suprimir y los
suprimidos en realidad, en cuanto el Decreto 18 de 2014 creó 193 cargos de
Fiscal Delegado ante Tribunal de distrito Judicial, mientras el Decreto Ley 898
ordenó la supresión de 73 de esos cargos y la Resolución ordenó la
redistribución de 137 de dichos empleos, por lo que este ordenamiento se
excedió en 17 cargos que no podía suprimir; pues bien si esos son los datos del
fundamento, debemos manifestar nuestro desacuerdo porque de los 193 fueron
suprimidos 73 según las cuentas de la parte actora, pero subsistieron 137
empleos, lo que quiere decir, que no fueron suprimidos esos 73 cargos sino 56,
es decir, se protegieron más empleos a pesar de poder suprimirlos […]» (sic).

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación3, corresponde

3
Según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), «[e]l juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
7

Expediente: 25000-23-42-000-2017-05852-01 (457-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Giovanni Álvarez Santoyo contra la Nación - Fiscalía General de la Nación

en esta oportunidad a la Sala determinar si la supresión del cargo que
desempeñaba el accionante y su consecuente desvinculación de la Fiscalía
General de la Nación se encuentran viciadas de nulidad por cuanto la
Resolución 2358 de 2017, por la que se retiró al demandante al no incorporarlo
en la nueva planta de personal, se expidió con ausencia de motivación y por
fuera de los límites legales.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del primer problema jurídico
planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo para efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto
del caso concreto.

En principio, cabe precisar que la Ley 909 de 20044, que constituye el régimen
general de carrera administrativa, consagra como causal de retiro del servicio la
«supresión del empleo»5, la cual es una consecuencia directa de la reforma o
modificación de la planta de personal del ente estatal, que al tenor del artículo
46 de dicha normativa deberá motivarse, fundarse en necesidades del servicio o
en razones de modernización de la Administración y basarse en justificaciones
o estudios técnicos que así lo demuestren.

Por su parte, la Ley 938 de 20046 previó la estructura, competencia de cada
dependencia y de los empleos, entidades adscritas y, en general, todo lo relativo
a la administración de personal y régimen de carrera de la Fiscalía General de
la Nación.

Posteriormente, el legislador, mediante la Ley 1654 de 2013, otorgó facultades
extraordinarias pro tempore al presidente de la República para modificar la
estructura y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y expedir
su régimen de carrera y situaciones administrativas, en virtud de las cuales el
Gobierno nacional expidió los Decretos 16 de 2014, que modifica y define la
estructura orgánica y funcional; 17 de 2014, que delimita los niveles
jerárquicos, modifica la nomenclatura, establece las equivalencias y los

[…]
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella».
4
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y
se dictan otras disposiciones».
5
«ARTÍCULO 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando
empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:
[…]
l) Por supresión del empleo;
[…]».
6
«Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación».
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-05852-01 (457-2020)
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requisitos generales para los empleos; 18 de 2014, que cambia la planta de
cargos; y 20 de 2014, que clasifica los empleos y expide el régimen de carrera
especial de la mencionada entidad.

En el referido Decreto 20 de 2014 se clasifican los empleos, los cuales por regla
general serán de carrera administrativa y, excepcionalmente, de libre
nombramiento y remoción (artículo 5) y se indica que los nombramientos son
ordinarios, en período de prueba, provisional y en encargo (artículo 11).
Asimismo, tal normativa preceptúa como una de las causales de retiro del
servicio de quienes desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción o
de carrera en la Fiscalía General de la Nación y en sus entidades adscritas la
supresión del empleo (artículo 96, numeral 7).

A su turno, el artículo 103 del citado Decreto desarrolla la causal de retiro por
supresión del empleo, en los siguientes términos:

SUPRESIÓN DEL EMPLEO. Los servidores con derechos de carrera a
quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares tendrán derecho
preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva
planta de personal, y de no ser posible tendrán derecho a recibir una
indemnización.

Cuando la incorporación se realice en un empleo igual, no podrán exigirse
requisitos distintos de los acreditados por los empleados de carrera al
momento de su inscripción o actualización en el Registro Público de
Inscripción de Carrera. Una vez efectuada la incorporación, será actualizada
la inscripción en el registro y el servidor continuará con los derechos de
carrera que ostentaba al momento de la supresión del empleo.

Para los efectos de reconocimiento y pago de la indemnización de que trata
el presente artículo, el tiempo de servicios continuos se contabilizará a partir
de la fecha de posesión como servidor público de la Fiscalía General de la
Nación o de sus entidades adscritas.

PARÁGRAFO 1°. La tabla de indemnizaciones para el servidor con
derechos de carrera por supresión de su empleo será la siguiente:

1. Por menos de un (1) año de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) días
de salarios.

2. Por un (1) año o más de servicios continuos y menos de cinco (5), cuarenta
y cinco (45) días de salario por el primer año; y quince (15) días por cada uno
de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses
cumplidos.

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3. Por cinco (5) años o más de servicios continuos y menos de diez (10),
cuarenta y cinco (45) días de salario, por el primer año; y veinte (20) días por
cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses
cumplidos.

4. Por diez (10) años o más de servicios continuos cuarenta y cinco (45) días
de salario, por el primer año; y cuarenta (40) días por cada uno de los años
subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos.

En todo caso, no podrá efectuarse supresión de empleos de carrera que
conlleve el pago de la indemnización sin que previamente exista la
disponibilidad presupuestal suficiente para cubrir el monto de tales
indemnizaciones.

PARÁGRAFO 2°. No se considera que hubo supresión efectiva del empleo,
si como producto de la modificación de la planta, los cargos de carrera de la
nueva planta son iguales, equivalentes o se distinguen, respecto de los que
conformaban la planta anterior, solamente por su denominación o nivel. En
este evento, los titulares con derechos de carrera de los anteriores empleos
deberán ser incorporados directamente en la situación en que se encontraban,
no se les exigirán requisitos superiores para su desempeño y se actualizará su
inscripción en el escalafón de la carrera.

El Gobierno Nacional reglamentará el alcance del empleo equivalente para
efectos de la incorporación de los empleados de carrera administrativa,
cuando su empleo se suprima como consecuencia de un proceso de
reestructuración o modificación de la planta de empleos.

La precitada norma otorga el derecho preferente de incorporación a la nueva
planta de personal a los servidores de carrera administrativa y, en el mismo
sentido, el artículo 104 salvaguarda los derechos de quienes se encuentren en
período de prueba, quienes deberán ser incorporados a un empleo igual o
equivalente para que continúe ese período hasta su vencimiento.

Ahora bien, en lo que concierne al caso bajo examen, el Decreto ley 898 de
20177 modificó parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación y
su planta de cargos, así:

7
«Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para
el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que
atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que
amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción
de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del
paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos
básicos para su conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General
de la Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones».
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-05852-01 (457-2020)
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Giovanni Álvarez Santoyo contra la Nación - Fiscalía General de la Nación

ARTÍCULO 59. Supresión de empleos. Suprimir de la planta de personal
de la Fiscalía General de la Nación los siguientes careos:

NÚMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO
PLANTA GLOBAL ÁREA FISCALÍAS
4 CONSEJERO JUDICIAL
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES
291 DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DE
322 CIRCUITO
FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL
73 DISTRITO
1101 ASISTENTE DE FISCAL I
931 ASISTENTE DE FISCAL II
244 ASISTENTE DE FISCAL III
210 ASISTENTE DE FISCAL IV
PLANTA GLOBAL ÁREA ADMINISTRATIVA
6 DIRECTOR NACIONAL II
1 DIRECTOR ESTRATÉGICO II
3 DIRECTOR ESTRATÉGICO I
5 DIRECTOR ESPECIALIZADO
3 SUBDIRECTOR NACIONAL
128 SUBDIRECTOR SECCIONAL
8 JEFE DE DEPARTAMENTO
23 ASESOR I
27 ASESOR II
91 PROFESIONAL EXPERTO
94 PROFESIONAL ESPECIALIZADO I
151 PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
27 PROFESIONAL DE GESTIÓN I
95 PROFESIONAL DE GESTIÓN II
221 PROFESIONAL DE GESTIÓN III
11 TÉCNICO I
2 TÉCNICO III
11 AUXILIAR I
7 AUXILIAR II
130 CONDUCTOR I
140 CONDUCTOR II
1 CONDUCTOR III
2 ASISTENTE I
9 SECRETARIO ADMINISTRATIVO I
7 SECRETARIO ADMINISTRATIVO II
PLANTA GLOBAL ÁREA POLICÍA JUDICIAL
205 PROFESIONAL INVESTIGADOR I
62 PROFESIONAL INVESTIGADOR II
143 PROFESIONAL INVESTIGADOR III
56 TÉCNICO INVESTIGADOR I
414 TÉCNICO INVESTIGADOR II
9 TÉCNICO INVESTIGADOR III
321 TÉCNICO INVESTIGADOR IV
15 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD I
107 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD II
10 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD III
11

Expediente: 25000-23-42-000-2017-05852-01 (457-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Giovanni Álvarez Santoyo contra la Nación - Fiscalía General de la Nación

16 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD IV

ARTÍCULO 60. Creación de empleos. Crear los siguientes cargos en la
planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, así:

NÚMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO
PLANTA GLOBAL ÁREA ADMINISTRATIVA
1 DIRECTOR EJECUTIVO
3 DELEGADO
9 DIRECTOR NACIONAL I
6 DIRECTOR ESTRATÉGICO II
8 SUBDIRECTOR REGIONA
85 ASESOR III
2 ASESOR DE DESPACHO
1 ASESOR EXPERTO
706 TÉCNICO II
PLANTA GLOBAL ÁREA FISCALIAS
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES
190 MUNICIPALES Y PROMISCUOS
PLANTA GLOBAL ÁREA POLICÍA JUDICIAL
20 INVESTIGADOR EXPERTO

ARTÍCULO 61. Creación de cargos para la Unidad Especial de
Investigación. Crear los siguientes cargos en la planta de personal de la
Fiscalía General de la Nación, así:

NÚMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO
1 DIRECTOR NACIONAL II
5 PROFESIONAL EXPERTO
5 PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
5 PROFESIONAL DE GESTIÓN III
2 PROFESIONAL DE GESTIÓN I
FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL
3 DISTRITO
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES
4 DE CIRCUITO ESPECIALIZADO
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DEL
4 CIRCUITO
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES
5 MUNICIPALES Y PROMISCUOS
5 ASISTENTE DE FISCAL I
4 ASISTENTE DE FISCAL II
4 ASISTENTE DE FISCAL III
3 ASISTENTE DE FISCAL IV
5 SECRETARIO EJECUTIVO
2 ASISTENTES I
1 PROFESIONAL INVESTIGADOR II
12 TÉCNICO INVESTIGADOR I
13 TÉCNICO INVESTIGADOR II
3 CONDUCTOR II

12

Expediente: 25000-23-42-000-2017-05852-01 (457-2020)
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PARÁGRAFO. Los empleos creados en el presente artículo, son de
dedicación exclusiva para cumplir las funciones de la Unidad Especial de
Investigación y, en consecuencia, en estos cargos no procederá la
incorporación de servidores cuyos empleos sean efectivamente suprimidos
en el presente Decreto Ley.

ARTÍCULO 62. Continuidad en el servicio. Los servidores continuarán
desempeñando las funciones del empleo en el cual están nombrados y
devengando la remuneración asignada a éstos, hasta tanto se produzca su
incorporación, un nuevo nombramiento o se les comunique la supresión
de sus cargos, según el caso.

La supresión efectiva de los cargos de los servidores que tienen causada la
pensión, se efectuará una vez ingresen en nómina de pensionados.

ARTÍCULO 63. Planta global y flexible de la Fiscalía General de la
Nación. La planta de cargos adoptada para cada área de la Fiscalía General
de la Nación es global y flexible y, por lo tanto, el Fiscal General de la
Nación se encuentra facultado para distribuir, trasladar y reubicar los
empleos dentro de éstas, de conformidad con las necesidades del servicio,
los planes, estrategias y los programas de la Entidad.

ARTÍCULO 64. Incorporaciones y movimientos de personal. Las
incorporaciones y movimientos de personal que se realicen como
resultado de la modificación de la planta de personal de la Fiscalía General
de la Nación, no generarán para los servidores que ostenten derechos de
carrera su pérdida o desmejora.

Cuando haya lugar a la actualización en el Registro Único de Carrera, la
misma se efectuará de oficio por la Subdirección de la Comisión de Apoyo
a la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación o
quien haga sus veces.
A los servidores que se les suprima el empleo de Asistente de Fiscal I y
sean nombrados en cargos de Técnico II, no se les exigirán requisitos
adicionales a los acreditados al momento de su posesión y devengarán la
remuneración que se establezca para el empleo en el cual sean nombrados.

Resulta oportuno precisar que el Decreto ley 898 de 29 de mayo de 2017 fue
declarado exequible en su integridad por la Corte Constitucional, en sentencia
C-013 de 20188, con excepción del precitado artículo 62, respecto del cual se
condicionó al entendido de que quienes «[…] por su condición personal ven
limitadas las posibilidades de desempeño, como ocurre en el caso de los
prepensionados, las personas en situación de discapacidad y los hombres y
mujeres cabeza de familia, alrededor de los cuales ha sido dispuesto el “retén
social”», cuyos cargos hayan sido suprimidos con ocasión del procedimiento

8
De 14 de marzo de 2018, magistrado ponente Alberto Rojas Ríos.
13

Expediente: 25000-23-42-000-2017-05852-01 (457-2020)
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de ajuste institucional, deberán ser reubicados o nombrados y posesionados en
otro empleo igual o del mismo nivel de los que se crean o de los que se
mantienen.

Por último, advierte la Sala que el inciso final del artículo 67 del mencionado
Decreto señaló que «Las funciones asignadas a las dependencias de la Fiscalía
General de la Nación establecidas en los citados artículos continuarán vigentes
hasta tanto se distribuya la nueva planta de personal, y el Fiscal General de la
Nación expida los actos administrativos que considere necesarios para la
entrada en funcionamiento de la nueva estructura».

Por su lado, el artículo 94 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia, dispone frente a los estudios para adelantar la
creación, supresión, fusión y traslado de cargos en la administración de justicia,
lo siguiente:

ESTUDIOS ESPECIALES. Los planes de desarrollo, los presupuestos y su
ejecución, la división del territorio para efectos judiciales, la ubicación y
redistribución de despachos judiciales, la creación, supresión, fusión y
traslado de cargos en la administración de justicia, deben orientarse a la
solución de los problemas que la afecten, de acuerdo con el resultado de
estudios, especialmente de orden sociológico, que debe realizar anualmente
el Consejo Superior de la Judicatura.

Tales estudios deben incluir, entre otras cosas, encuestas tanto al interior de
la Rama como entre los usuarios de la misma, que permitan establecer, en
forma concreta, la demanda de justicia no satisfecha, las cargas de trabajo en
términos de tiempos y movimientos, el costo de operación y los sectores
donde se presenten los mayores problemas para gozar de una convivencia
pacífica.

Como ya lo ha reconocido esta sección9 dentro del proceso de supresión de
cargos de la Fiscalía se hizo el correspondiente estudio técnico denominado
«proyecto de organización institucional», «ORGANIZACIÓN DE LA
FISCALÍA DE LA GENTE, PARA LA GENTE Y POR LA GENTE» de 5 de
enero de 2017, en el cual se realizó un extenso y pormenorizado análisis de ese
organismo y la propuesta de organización con la siguiente estructura:

9
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 23 de septiembre de 2021, radicación 25000-
23-42-000-2017-05847-01(4801-19).
14

Expediente: 25000-23-42-000-2017-05852-01 (457-2020)
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(I) La naturaleza jurídica de la Fiscalía General de la Nación, el objeto social
y un recuento histórico desde su creación en la Constitución de 1991, su
evolución en su estructura y funciones;
(ii) Los cambios normativos que han impactado en la conformación actual
de la entidad, desde su creación hasta el año 2016;
(iii) El análisis del entorno en el cual se desenvuelve la organización,
destacando los factores de orden político, social, económico y tecnológico,
que inciden en el funcionamiento, desarrollo actual y futuro de la entidad,
(iv) El análisis interno de la institución, en donde se describe y analiza la
plataforma estratégica de la FGN -misión, visión-, el modelo de operación
por procesos, la estructura actual, funciones generales, clientes y usuarios;
igualmente, se registran los resultados de la evaluación a la prestación de los
servicios de investigación y acusación que permiten evidenciar la
problemática de congestión judicial que aqueja a la entidad;
(v) La descripción de la estructura organizacional propuesta para la FGN,
con el análisis comparativo de las dependencias nuevas y actuales, y las
razones que motivaron su modificación,
(vi) La consolidación y diseño de la estructura organizacional, el análisis de
cargas de trabajo, perfiles de cargos y planta de personal, incluido su impacto
presupuestal.10

Para la elaboración de ese documento se acogieron los parámetros
metodológicos y técnicos exigidos en la Guía de Rediseño Institucional de
Entidades Públicas de julio de 2014, emitida por el Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP) y se aclaró que de las
incorporaciones y movimientos de personal que se realicen como resultado de
la modificación de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, no
generarán para los servidores que cuenten con derechos de carrera o estén en
retén social, pérdida o desmejora. Del citado estudio esta sección destacó los
siguientes apartes:

4.9.4.4 Los indicadores de evacuación y congestión en Ley 600 de 2000
En los últimos 3 años la carga laboral total ha venido disminuyendo en un
20%, a su vez el índice de evacuación total presentó un aumento constante
del 2%; lo anterior debido a que actualmente se cuentan con algunos equipos
de descongestión para esta Ley. Es de anotar que la Ley 906 de 2004 se
implementó en forma progresiva desde el 2005.
[…]
En general, en los procesos de Ley 600 aunque los resultados son favorables,
no son completamente satisfactorios, toda vez que aún hay un gran número
de procesos que continúan acumulados; para el caso del año 2017 éste inició
con un cúmulo de 106.281 procesos que venían de años anteriores, según se
muestra a continuación:

10
Sentencia citada nota al pie anterior.
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[…]
4.9.4.7 Distribución de personal
De manera reiterativa los diagnósticos realizados resaltan la inadecuada
distribución de personal, toda vez que en los índices analizados
anteriormente se evidencia el incremento tanto de fiscales como de carga
laboral.
A nivel Nacional la Fiscalía tiene 1.592 despachos con competencia ante la
justicia ordinaria, sin embargo, en algunos despachos de fiscalía éstos no
cuentan con el personal técnico para apoyar el desarrollo de las actividades
requeridas en el ejercicio de la acción penal para la adecuada ejecución de
investigaciones y procesos.
Es así como se evidencia que pese a que la planta de personal de la entidad
cuenta con 7.486 cargos de asistente de fiscal, en una relación de 1.4
asistentes por fiscal, estos son asignados en áreas diferentes a la razón de ser
de su función. Ahora bien, tal como se evidenció en el estudio del modelo de
costos para la implantación de la reforma del Sistema Penal Colombiano,
Alfonso Reyes Alvarado, 2003, realizado por la Universidad de los Andes y
el Instituto SER de Investigación, la estructura correcta para un despacho de
fiscal corresponde a un asistente por fiscal, más su equipo de investigadores
de la policía judicial de la entidad y/o Policía Nacional.

4.9.5 Factores estructurales
[…]
Igualmente, en el Acuerdo Final para la paz se crea la "Unidad Especial de
Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas
criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra
defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos
políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la
implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las
organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del
paramilitarismo y sus redes de apoyo.

CAPITULO 5. ALINEACIÓN DEL MODELO DE OPERACIÓN
Con la creación de la Unidad Especial de investigación es necesario
fortalecer las capacidades investigativas y de judicialización adecuando la
arquitectura institucional a los cambios exigidos en el Acuerdo, y atender su
implementación, retos y desafíos del postconflicto, sin sustituir las
competencias de las demás dependencias de la Fiscalía General de la Nación,
en cabeza de las Delegadas descritas en el capítulo 6.
En consecuencia, esta distribución coadyuvará al logro de los resultados
esperados enmarcados en la medición del rendimiento laboral de los
despachos de fiscales, la racionalización de procedimientos internos y la
continuidad de estrategias de descongestión basados en el modelo de
intervención temprana que atacará directamente la problemática expuesta
frente a la congestión que atraviesa la Fiscalía General de la Nación
(Incremento de la demanda, ineficiencias, reprocesos internos, crecimiento
de la carga laboral y represamiento de procesos judiciales).
16

Expediente: 25000-23-42-000-2017-05852-01 (457-2020)
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[…]
5.2 CONEXIDAD ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Con la finalidad de establecer la conexidad objetiva, estricta y suficiente que
existe entre (i) la modificación de la estructura orgánica y funcional de la
Fiscalía General de la Nación y (ii) el Acuerdo Final, a continuación se
aborda, en primer lugar, las funciones de la Entidad y en segundo lugar, los
principales impactos que el Acuerdo Final, con énfasis en su punto 3.4 que
regula el fin del conflicto121 (sic11), tiene en su organización orgánica y
funcional y que, por lo tanto, permiten verificar la conexión objetiva, estricta
y suficiente entre el mismo y el Decreto Ley que modifica la estructura del
ente acusador.
5.2.1 Funciones de la Fiscalía General de la Nación
[…]
5.2.3 La creación de la Unidad Especial de Investigación
La Fiscalía General de la Nación es un actor que, aun cuando no está incluido
en la Justicia Especial para la Paz, sí hace parte del delicado engranaje que
se ha conformado para el desarrollo de los compromisos del Acuerdo Final,
en temas tales como la protección a víctimas, y sobre todo, en la persecución
de las organizaciones criminales que pretendan ocupar los territorios dejados
por el grupo FARC-EP.
Precisamente, con la finalidad de establecer mecanismos de persecución
penal de conductas que atenten contra la integralidad y el efectivo
cumplimiento del Acuerdo, se creó la Unidad Especial de Investigación en
el punto 3.4.4 del Acuerdo Final122, como un órgano de la jurisdicción
ordinaria pero que, en palabras del Acuerdo, “contribuirá al cumplimiento de
los objetivos de la Ley de Justicia y Paz y de la Jurisdicción Especial para la
Paz”
[…]
CAPITULO 6. ESTRUCTURA ORGÁNICA
Teniendo en cuenta el contexto en el que se desenvuelve la Entidad y el
ordenamiento jurídico vigente, se propone organizar la estructura y la planta
de personal de la Fiscalía General de la Nación, basado en dos aspectos
centrales: i) El impacto directo o indirecto de los componentes de la
estructura sobre las actividades institucionales, bajo la premisa de que todas
las actividades y funciones estratégicas están bajo la directa supervisión y
dependencia del Fiscal General de la Nación, mientras que el Vicefiscal
General de la Nación tiene a su cargo toda la actividad misional; y, ii) La
capacidad de la Entidad de adaptarse a los cambios que el país presenta en
relación con los procesos de paz y la criminalidad.
La creación de la Unidad Especial de Investigación y la nueva organización
del área misional de la Fiscalía General de la Nación, hace necesario el ajuste
de la estructura de la Entidad.
[…]
7.1 Análisis estadístico y estudio de cargas - Área de Fiscalías
[…]

11
En el CD aportado el archivo no contiene el pie de página.
17

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En la Gráfica 18 se evidencia el incremento constante de la carga laboral a
2016, manteniendo la estructura organizacional actual, a diferencia de la
tendencia descendente con la implementación de las Metas 2020 del
Direccionamiento Estratégico, soportada en la modificación de la estructura
organizacional.
[…]
7.4 Número de fiscales según cargas de trabajo
[…]
Después de realizar las diferentes actividades referentes a los estudios de
cargas laborales se determinó que la planta indicada para CTI (Tabla 25), de
acuerdo con los cálculos y estadísticas de 2016 de las Direcciones y
Departamentos descritos anteriormente es de 8.118 Investigadores,
distribuidos por nivel en la tabla 25.
[…]
7.6.2 Análisis estadístico y de Carga Laboral
Para determinar la cantidad de Fiscales necesarios en la aplicación del
modelo, se realizó un estudio en el cual se pudo identificar los requerimientos
de fiscales (tabla 28); a su vez, se pudo establecer, según los tiempos de las
cargas de trabajo, el promedio de lectura diaria por fiscal de intervención
temprana es de 60 a 70 denuncias; igualmente, el porcentaje promedio de
archivo o redireccionamiento esperado en intervención temprana es del 30%.
[…]
7.7 Área Administrativa
[…]
La reducción del nivel Directivo, permitirá financiar la ampliación de cargos
misionales activos (Fiscales e Investigadores) que serán distribuidos a nivel
nacional, para aumentar la efectividad de las investigaciones a cargo.
En la Tabla 34, se evidencia la reducción de cargos en 4.706 y la disminución
de gastos de personal total en $495.659.163.645.
[…]
CAPITULO 8. PLANTA DE PERSONAL
Una vez consolidadas las cargas de trabajo acorde a la estructura
determinada, se presenta a continuación la planta de la Fiscalía General de la
Nación (Tabla 36). Dicha planta permitirá el cumplimiento de la misión de
la entidad, conservando la denominación actual de los empleos y su
clasificación, aunado a lo anterior se incluye el personal que integrará la
Unidad Especial de Investigación (tabla 37) y serán de dedicación exclusiva
para cumplir las funciones de la misma.
[…]
En consecuencia, de las incorporaciones y movimientos de personal que
se realicen como resultado de la modificación de la planta de personal
de la Fiscalía General de la Nación, no generarán para los servidores que
ostenten derechos de carrera o estén en retén social, pérdida o desmejora
[negrilla de la Sala].

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-05852-01 (457-2020)
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gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario, que fue tenido en cuenta por el a quo, y de conformidad con los hechos
constatados por esta Corporación, se destaca:

a) Resolución 2-1644 de 2 de junio de 2011, expedida por la demandada, por
medio de la cual encargó al demandante en el empleo de fiscal delegado ante
tribunal de distrito de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y Paz.
(cederrón, f. 30)

b) Resolución 2-298 de 2 de septiembre de 2011, por la cual la accionada
nombró al actor en provisionalidad en el cargo de fiscal delegado ante tribunal
de distrito de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y Paz (CD, f. 30).

c) Resolución 2358 de 29 de junio de 2017 (acusada), se distribuyeron los
cargos en la planta de personal en la entidad demandada (f. 30).

d) El subdirector de talento humano de la Fiscalía emitió el oficio 72 de 30 de
junio de 2017, a través del cual le comunicó al accionante la supresión de su
cargo de fiscal delegado ante el tribunal de distrito, de conformidad con lo
previsto en el Decreto ley 898 de 2017 (cederrón del folio 37, citado por el a
quo).

e) Del formulario de calificación de servicios parciales se observa que el
demandante para el año 2017 obtuvo 100 puntos de calificación (folio 30).

f) De la constancia de servicios expedida por la Fiscalía se extrae que el actor
laboró desde el 15 de octubre de 1992 hasta el 1.º de julio 2017; adicionalmente
que el último cargo desempeñado fue el fiscal delegado ante tribunal de distrito
(ff. 67 a 69).

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el 15 de octubre
de 1992 el demandante ingresó a la Fiscalía General de la Nación; (ii) laboró
hasta el 1.º de julio 2017 y el último cargo desempeñado fue el de fiscal
delegado ante tribunal de distrito, en provisionalidad; (iii) mediante Resolución
2358 de 29 de junio de 2017, la accionada distribuyó los empleos que no fueron
suprimidos por disposición del Decreto 898 de 29 de mayo de esa anualidad; y
(iv) a través de oficio STH 72 de 30 de los mismos mes y año, la Fiscalía
comunicó al demandante su desvinculación a partir de esa fecha.

En primer lugar, en lo que atañe a los criterios objetivos contenidos en la
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-05852-01 (457-2020)
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Resolución 2358 de 2017 para distribuir los cargos de la planta de personal de
la Fiscalía, observa la Sala que dichos criterios atienden a las necesidades del
servicio, así como a los planes, estrategias y programas de ese ente estatal, tal
como expresamente se consignó en ese acto administrativo.

En cuanto a la «estabilidad laboral» relativa con la que cuentan los servidores
en provisionalidad, que implica que «su desvinculación debe adoptarse de
manera motivada», se precisa que pese a que, como se dijo en el párrafo
precedente, existieron criterios objetivos que motivaron la distribución de los
cargos de la planta de personal de la Fiscalía, en el sub lite el demandante no
demostró que está inmerso en una de las causales de especial protección, que lo
haga beneficiario del denominado «retén social», del cual solo están excluidos
los cargos del nivel directivo.

Ahora bien, sobre la protección puntual de servidores públicos que ocupan en
provisionalidad cargos de carrera administrativa y que pertenecen al
denominado «retén social», la sentencia T-084 de 2018 puntualizó:

De este modo, en aplicación de dicha regla jurisprudencial, esta Corporación
ha sostenido que: (i) la protección originada en el llamado “retén social” no
se extiende a los servidores públicos que ocupan cargos en la planta de
personal temporal de las entidades públicas12; (ii) por regla general, los
empleados públicos de libre nombramiento y remoción, que relaciona el
numeral 2 del artículo 5 de la Ley 909 de 2004, no gozan de estabilidad
laboral reforzada13; y (iii) cuando se trata de servidores públicos que ocupan
en provisionalidad cargos de carrera administrativa y que pertenecen a alguno
de los grupos titulares de la especial protección derivada del “retén social”,
el amparo de la estabilidad laboral reforzada prospera únicamente si existe
un margen de maniobra para la administración en cuanto a la provisión del
empleo, en razón de la diferencia entre las plazas ofertadas y aquellas
efectivamente proveídas mediante la lista de elegibles correspondiente14.
[…]

53. A continuación, la Sala se referirá al caso particular de los servidores
públicos vinculados en provisionalidad por un período de tiempo
determinado, previsto desde su nombramiento. En este tipo de casos, se
estima que estos funcionarios son titulares de la protección derivada del
“retén social”. Sin embargo, la entidad correspondiente está facultada para
desvincularlos siempre que existan razones objetivas del servicio que
justifiquen de manera suficiente el retiro de dichos funcionarios en cada
caso particular. Como es evidente, en tales casos no bastará con que se

12
Sentencia SU-003 de 2018 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
13
Sentencia T-269 de 2017 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
14
Sentencias T-186 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos); T-017 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa) y
T-729 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
20

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afirme la existencia de un proceso de reestructuración o liquidatorio.
[…]

En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que los
servidores públicos que se encuentran en provisionalidad gozan de cierta
estabilidad laboral que ha denominado como relativa o intermedia, en la
medida en que no se puede asimilar completamente a aquella a la cual tienen
derecho los funcionarios de carrera administrativa15.

Con todo, es indispensable resaltar que, en cualquier caso, la carga
argumentativa de demostrar plenamente que existen razones objetivas del
servicio, que justifican con suficiencia la desvinculación del funcionario
nombrado en provisionalidad por un término definido, recae en la
administración.

En consecuencia, la Sala considera que los funcionarios vinculados en
provisionalidad por un período de tiempo determinado, previsto de antemano
desde su nombramiento, son titulares de la protección especial derivada del
“retén social” y, en esta medida, son beneficiarios de estabilidad laboral
reforzada en el curso de los procesos de reestructuración administrativa de
las instituciones públicas. No obstante, la entidad respectiva puede
desvincular a estos servidores siempre que satisfaga la carga argumentativa
requerida para tal efecto, es decir, que justifique plenamente la existencia de
razones objetivas del servicio para el retiro de los trabajadores que se
encuentran en esta condición.
[…] (subrayado de la Sala).

A manera de corolario, la Sala concluye, de la anterior interpretación
constitucional, que en los procedimientos de modificación de la estructura de
la administración pública en los que exista supresión de cargos, los entes
estatales están obligados a brindar una especial protección laboral a los
servidores públicos beneficiarios del denominado «retén social», tanto a los
funcionarios de carrera administrativa como a los servidores vinculados en
provisionalidad. A pesar de esto, respecto de los últimos, la estabilidad laboral
no es absoluta, por tanto, los titulares de esta garantía pueden ser desvinculados
cuando medie una justa causa de terminación de la relación laboral
debidamente comprobada, incluidas las razones objetivas del servicio que lo
justifiquen.
15
Sentencia SU-054 de 2015 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). En esta providencia, la Sala Plena de la
Corte Constitucional sostuvo que “tales funcionarios, si bien no tienen las prerrogativas de los empleados de
carrera, y no gozan de la estabilidad laboral reforzada que se adquiere solamente superando un concurso de
méritos, tampoco pueden asimilarse a los de libre nombramiento y remoción, pues su empleador no tiene tal
discrecionalidad para disponer del cargo (…) A tono con la jurisprudencia sentada por esta Corporación, la
estabilidad relativa se manifiesta en que el acto de retiro de los funcionarios que en provisionalidad ocupan
cargos de carrera, debe contener una motivación coherente con la función pública en el Estado Social de
Derecho, para garantizar la protección efectiva de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa,
y al acceso en condiciones de igualdad al servicio público”. En idéntico sentido, véase la sentencia SU-556 de
2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
21

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Por consiguiente, la estabilidad laboral se materializa mediante el reintegro,
siempre y cuando ello se encuentre dentro de las posibilidades fácticas y
jurídicas del respectivo ente estatal o hasta cuando cesen las condiciones que
originan la especial protección.

En el caso bajo examen, la Sala evidencia que el actor no aportó elemento
probatorio ni pidió el decreto de alguno que permita dilucidar que las personas
reubicadas en la nueva planta de personal en el cargo de fiscal delegado ante
tribunal de distrito no fueran empleados con derechos de carrera administrativa
o no se hallaran protegidos también por el denominado «retén social» y dado
que, se insiste, la distribución de los empleos tuvo como fundamento las
necesidades del servicio, comoquiera que el demandante pretende acreditar que
tiene un mejor derecho que quienes fueron reubicados en el referido empleo, en
virtud del artículo 167 del Código General del Proceso (CGP), es a él a quien le
correspondía probar los hechos que sustentan sus súplicas.

Conforme al estudio técnico, arriba citado en los apartes pertinentes, la Fiscalía,
según se deduce, presentó la propuesta para suprimir los cargos de los
empleados que estuviesen vinculados en provisionalidad y respetó los derechos
de los servidores de carrera, con el fin de lograr las finalidades por las que se
expidió el Decreto ley 898 de 2017. Esto implica que, en principio, la supresión
estaba destinada para los empleados vinculados en provisionalidad o de libre
nombramiento y remoción y así salvaguardar los derechos de quienes tenían
algún fuero de relativa estabilidad laboral.

Lo anterior, sin perjuicio de comparar y respetar los perfiles de los servidores,
sus condiciones profesionales y demás aspectos relevantes para determinar su
permanencia en la nueva planta de personal. Sin embargo, dentro del proceso,
se reitera, no se allegó prueba alguna de la cual se deduzca que los incorporados
en el cargo similar al que desempeñaba el demandante no cumplieran los
requisitos mínimos o que tuvieran inferior derecho de permanecer en el empleo.

El actor alega que algunos de los reincorporados están investigados e inclusive
que fueron sancionados penalmente, pero no se demostró que para ese momento
estuvieran en firme las providencias que soportan su aseveración.

En suma, como el demandante no desempeñaba el empleo en carrera, no gozaba
de la protección denominada retén social ni tenía algún otro fuero de relativa
estabilidad laboral y tampoco probó que le asistía mejor derecho frente a las
personas que fueron incorporadas o se mantuvieron en el empleo de fiscal
22

Expediente: 25000-23-42-000-2017-05852-01 (457-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Giovanni Álvarez Santoyo contra la Nación - Fiscalía General de la Nación

delegado ante tribunal, el cargo propuesto no prospera.

Bajo una sana hermenéutica jurídica, la Sala arriba a la convicción de que los
actos administrativos demandados conservan su validez y eficacia al no haber
sido desvirtuada la presunción de legalidad que los ampara, por tanto, se
confirmará la sentencia apelada, que negó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 19 de septiembre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección
segunda), que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el
señor Giovanni Álvarez Santoyo contra la Nación – Fiscalía General de la
Nación.

2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

23

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