Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05886-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05886-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-05886-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
5 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. cinco (5) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 25000-23-42-000-2017-05886-01 (3091-2020)
Demandante: LADY PAOLA CARREÑO CORREDOR
Demandado: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE – E.S.E
Tema: Contrato realidad - existencia de la relación laboral/ Enfermera
jefe
Decisión: Modifica parcialmente la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de 17
de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda – Subsección “A”, mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1 Pretensiones de la demanda
Primero: Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio número
31237 de 26 de julio de 2017, suscrito por la Jefe de la Oficina Jurídica de la
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. a
través del cual se negó el reconocimiento de una relación laboral encubierta con
la demandante.
Segundo: Que se tengan los períodos comprendidos entre el primero (1) de
agosto de 2010 hasta el día 31 de diciembre de 2014, como una inequívoca
situación legal y reglamentaria, en razón a la naturaleza de la función
encomendada y por haberse presentado todos los elementos de una relación
laboral. De modo que, se declare que la actora gozó del status de empleada
pública.
Tercero: Que, a título de restablecimiento del derecho, se le cancele la diferencia
salarial entre lo recibido mensualmente por una enfermera de planta (carrera) y
lo que recibió la actora, así mismo, los conceptos de auxilio a las cesantías, prima
de servicios, prima de navidad, prima técnica, vacaciones, bonificaciones,
aportes realizados por la actora por conceto de salud, pensión y ARL entre otros.
1 Fls 61 a 91 del expediente
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Demandante: LADY PAOLA CARREÑO CORREDOR
Cuarto: Que se condene a la entidad demandada a pagar a la actora, por
concepto de perjuicios morales, la suma de Quinientos Salarios Mínimos
Mensuales Vigentes al momento de pagar.
Quinto: Que se condene a la entidad demandada o quien haga sus veces dar
cumplimiento a la sentencia de acuerdo con el artículo 192 del CPACA.
1.2 Hechos que fundamentan la demanda
La señora Lady Paola Carreño Corredor, a través de apoderado judicial, indica
que laboró en el cargo de enfermera a través de vinculación de contratos de
prestación de servicios para la E.S.E Hospital de Fontibón (hoy Sub Red
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente – E.S.E) desde el primero (1°) de
agosto de 2010 hasta el día 31 de diciembre de 2014.
Que en el desarrollo de sus funciones, cumplió, entre otras labores la de dar
cuidado directo al paciente que por su condición médica lo requería; revisar,
visitar y ejecutar las órdenes médicas registradas en las historias clínicas;
coordinar y revisar las labores realizadas por los auxiliares de enfermería; liderar
el proceso de recibo y entrega de turnos según el procedimiento establecido por
la institución; realizar las actividades para garantizar la cadena de custodia en los
casos que lo ameritaban; mantener informado al referente de enfermería sobre
las novedades que se presentaban en el servicio a su cargo.
Sostiene que cumplía un horario de trabajo que fue asignado por su jefe
inmediato, el cual era de 7 de mañana a 7 de la noche de por medio y que,
mensualmente, dicho horario era de 180 horas. Además, menciona que, al
desarrollar sus funciones, trabajaba en horas extras que le fueron canceladas.
Arguye que, durante el desarrollo de sus funciones, en distintas etapas estuvo
incapacitada, propiamente entre el 4 al 13 de diciembre de 2010; 7 de marzo por
84 días y desde el 3 de noviembre hasta el 2 de noviembre de 2012.
Aduce que para la época en la cual realizó labores en la entidad demandada, su
cargo estaba dentro de los de planta y que las personas que se encontraban en
aquel, devengaban un salario superior al que ella recibía, aunado al recibo de las
prestaciones sociales y los demás beneficios a los que acceden los empleados
públicos. Agrega que, de su propio dinero realizaba la cancelación de sus
prestaciones sociales (fondo de pensiones, EPS, ARL).
Expresa que no contaba con autonomía, pues para retirarse de sus labores
durante el cumplimiento de sus funciones requería del consentimiento de su jefe
inmediato.
Ante lo anterior, precisa que solicitó a la entidad demandada, petición radicada
el 11 de junio de 2017, el pago de sus prestaciones sociales, y que esta, mediante
oficio número 31237 de 26 de julio de 2017 y con recibo de 28 del mismo mes y
año, decidió negar lo solicitado.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.
Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 6, 13, 14, 25, 29, 43, 53, 95, 125, 127,
209, 277; Ley 4 de 1990 y artículo 8 del Decreto 1250 de 1970 artículos 5 y 71;
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Decreto 1660 de 1978, artículo 26 inciso 2, 40, 46 y 61 del Decreto 1950 de 1973,
Ley790 de 2002, Decreto 1333 de 1986, Ley 65 de 1946, artículo 1 y siguientes;
Decreto 1582 de 1998, Decreto 1453 de 1998; Ley 50 de 1990; Ley 100 de 1993;
Ley 10 de 1990; artículos 2, 3, 44 y 138 del CPACA; artículo 21 del Decreto 3135
de 1968 y artículo 2 de la Ley 197 de 1938.
En resumen, al desarrollar el concepto de la violación, precisó que existe una
violación de la norma Superior por infracción directa por falta de aplicación, en
razón a la existencia de los contratos de prestación de servicios a través de los
cuales se vinculó a la demandante, configurándose con ello la manifiesta
intención de la entidad demandada de eludir una vinculación de manera legal
para no reconocerle sus prestaciones sociales.
Agregó que, la forma correcta de vincular a la actora era a través del acto –
condición que constituya una relación legal y reglamentaria y no mediante
contratos de prestación de servicios como se realizó. En ese sentido, afirmó que
el acto acusado negó las prestaciones sociales argumentando la existencia de
los contratos u órdenes de prestación de servicios, cuando se evidencia que en
el caso de la actora se presentan los elementos universales de una relación
laboral (actividad personal, subordinación y salario como contraprestación) y, por
tanto, debe ser considerada como una servidora pública, en virtud del principio
de la realidad sobre las formalidades legales establecido en el artículo 53 de la
Constitución Política.
2. Contestación de la demanda
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE2, a
través de apoderado judicial, consideró algunos hechos como ciertos, otros como
parcialmente ciertos y, por último, algunos como no ciertos.
En cuanto a las pretensiones, manifestó la oposición a todas ellas, pues se indica
que los actos proferidos se encuentran acorde a derecho. En consecuencia, se
solicitó la absolución de la entidad.
Como razones de defensa, expuso que de la naturaleza del contrato de
prestación de servicios se desprende que de la relación de contratos cortos entre
el contratante y el contratista no se concluye la existencia de una relación laboral
entre las partes
Aduce que, previa a la realización de cada contrato, la demandante, como
contratista, presentó su oferta de servicios y aceptó las propuestas de la entidad;
así que siempre estuvo consciente y dispuesta a prestar sus servicios según la
figura preceptuada en el artículo 32 de la Ley 80, ya que en la entidad no existía
personal de planta que realizara las actividades a contratar.
Arguye que del objeto contratado se desprende que la contratista debía realizar
las actividades a contratar de manera autónoma e independiente, lo que, en
consecuencia, se traduce en la inexistencia de subordinación, cumplimiento de
horario y honorarios pagados en forma anticipada respecto al respectivo contrato.
2 Folio 110 a 126 expediente
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Enfatizó que no se puede considerar la existencia de subordinación por tener que
realizar actividades propias del cargo contratado, pues ello resulta ser una
consecuencia lógica del objeto contractual, de modo que resulta elemental que
la entidad contratante vigile el cumplimiento de aquel. Agregó que la condición
de independencia de la demandante se evidencia con la constitución de pólizas
de garantías o cumplimiento, así como el cobro de los honorarios pactados y las
respectivas actas de liquidación de cada contrato.
En cuanto a la prestación del servicio en las instalaciones de la entidad, precisó
que ello tenía que realizarse de tal forma, en vista de que el objeto social que se
persigue, esto es, la prestación de la seguridad social. De forma que, siguiendo
la jurisprudencia proferida sobre el asunto, se debe colegir que en materia laboral
“la realización de trabajos en la empresa no significa que exista subordinación o
dependencia”.
Respecto al horario, expuso que, en vista de que la realización de las actividades
contratadas se ejecutaba dentro de las instalaciones de la entidad, se contaba
con un horario específico, conservando siempre la contratista su autonomía e
independencia respecto al hospital. Por lo que se concluye ausencia de una
relación laboral pretendida por la parte actora.
Como excepciones de fondo presentó la de i) prescripción trienal de los derechos
solicitados; ii) inexistencia de la aplicación del principio de la realidad sobre las
formalidades legales; iii) inexistencia del derecho y la obligación; iv) pago; v)
ausencia de vinculo contractual; vi) cobro de lo no debido; vi) relación contractual
con el actor no era de naturaleza laboral; vii) buena fe; ix) inexistencia de la
convención colectiva; x) presunción de legalidad de los actos administrativos y
contratos celebrados entre las partes y, por ultimo; xi) cosa juzgada.
3. Sentencia de primera instancia3
La Sección Segunda – Subsección “A” del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dictó sentencia sobre el presente asunto el 17 de octubre de
2019, a través de la cual declaró la nulidad del Oficio No. 31237 de 26 de julio de
2017 proferido por la entidad demandada y, en consecuencia, declaró la
existencia de un vínculo laboral entre la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E y la actora.
Como consecuencia de tales declaraciones y a título de reparación del daño, se
condenó a la entidad demandada a reconocer, liquidar y pagar en favor de la
actora el equivalente de las prestaciones sociales dejadas de percibir, tomando
como base los honorarios contractuales por el período en el cual se demostró la
existencia de la relación laboral, esto es, del 1 de agosto de 2010 hasta el 30 de
abril de 2013 y del 15 de agosto de 2013 al 31 de diciembre de 2014.
Además, se condenó a la entidad demandada a pagar a favor de la actora, a título
de restablecimiento del derecho, los porcentajes de cotización correspondientes
al empleador en pensión y salud que debió trasladar a los fondos
correspondientes, durante el período de contratación irregular comprendido
desde el 1 de agosto de 2010 hasta el 30 de abril de 2013 y desde el 15 de agosto
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2014; precisándose que dicho pago no sería
Fs. 201 a 212 del expediente
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por la totalidad de los montos, sino por la cuota parte que le correspondía
trasladar al respectivo fondo de pensiones y a la E.P.S. Adicionándose la
obligación de la entidad demandada de girar al respectivo fondo de pensiones y
a la E.P.S lo correspondiente luego de realizar la liquidación de lo cotizado y lo
que debió cotizar.
Por último, se ordenó realizar los ajustes sobre las sumas que resultaren a favor
de la actora con base al IPC y se negaron las demás pretensiones de la demanda.
A efectos de llegar a las anteriores conclusiones, el Tribunal de instancia
consideró que de las probanzas allegadas al proceso se pudo determinar la
configuración de los elementos que estructuran una verdadera relación laboral, a
saber:
En cuanto a la prestación personal del servicio, se encontró que, con base en los
contratos de prestación de servicios, se pudo determinar que la demandante
prestó sus servicios en la E.S.E Hospital de Fontibón (hoy Sub Red Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente – E.S.E) en el cargo de jefe de enfermeras, es
decir, que aquella contaba con una relación directa con el paciente; con lo cual,
se determinó que dicha labor se realizaba de manera continua y en el horario
señalado por la entidad.
En lo atinente a la remuneración, de los contratos de prestación de servicios que
reposan en el expediente, se observó la efectiva contraprestación que recibió la
demandante por los servicios prestados en su calidad de enfermera jefe.
Y en lo concerniente a la subordinación, se concluyó que, de las funciones
establecidas en los contratos de prestación de servicios se vislumbra que la labor
ejecutada debía hacerse respetando un horario de trabajo que estipulaba la
entidad, situación que limitaba la autonomía e independencia de la demandante.
Con todo, dispuso el Tribunal de instancia que de los testimonios recaudados se
colige que: i) existía personal de planta que prestaban los servicios en igualdad
de condiciones que la demandante; ii) se debía cumplir con un horario y; iii) había
jefes inmediatos que realizaban la coordinación de las actividades.
Ahora bien, de los hechos probados se evidenció que, en la ejecución de los
contratos de prestación de servicios, la demandante prestó sus servicios en
turnos de 7 am a 7 pm de por medio, desde el 1 de agosto de 2010 al 31 de enero
de 2011; del 1 de junio de 2011 al 1 de mayo de 2013 y del 15 de agosto de 2013
al 31 de diciembre de 2014; de forma que existieron interrupciones en la
ejecución de sus labores desde el 1 de febrero al 31 de mayo de 2011 y del 2 de
mayo al 14 de agosto de 2013.
Así entonces, configurada en criterio del Tribunal la existencia de los requisitos
para la declaratoria de la relación laboral encubierta, se indicó que, a efectos de
proceder con el restablecimiento del derecho, debía considerarse que aún
cuando existieren interrupciones entre un contrato y otro (tal y como ocurre
propiamente en cuanto a la relación que finalizó el 30 de abril de 2013 y aquella
que comenzó el 15 de agosto de 2013), dichas interrupciones no superan entre
si los tres años, por lo que no se consideró que no había lugar a declarar la
prescripción respecto al pago de las prestaciones sociales que culminaron antes
del 15 de agosto del 2013.
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Por consiguiente, en vista de la inexistencia de la prescripción preceptuada por
el Tribunal de instancia, determinó que la entidad demandada debía cancelar a
la actora, a título de restablecimiento del derecho, los porcentajes de cotización
correspondientes al empleador para pensión y salud en torno a los períodos
previamente referenciados, actualizados debidamente al IPC.
4. Recurso de apelación
4.1. La entidad SUBRED INTEGRA DE SERVICIOS DE SALUD
SUROCCIDENTE E.S.E4 apeló la sentencia de primera instancia y solicitó su
revocatoria.
Indica que la demandante tenía conocimiento del tipo de relación contractual que
mantenía con la entidad, y que durante el período contractual no presentó
inconformidad o reclamo, por el contrario, asumió de su cuenta y riesgo el pago
de su seguridad social, ya que, como contraprestación por sus servicios, le fueron
reconocidos unos honorarios.
Aduce que para que se demuestre una verdadera relación laboral, debe
evidenciarse la subordinación del contratista, situación que no logró acreditarse
en el caso concreto. En efecto, alega que no era suficiente con que la actora
demostrara que desempeñó de manera personal sus servicios, pues cuando no
se cuenta con el suficiente personal de planta, es posible utilizar el contrato de
prestación de servicios para desarrollar las funciones requeridas.
Sostiene que los testimonios practicados se limitan a describir la labor para la
cual fue contratada la actora, por lo que dichos elementos, por si mismos, no
constituyen razones suficientes para probar la existencia del elemento de
subordinación. Agregó que, en ningún apartado de la declaración se precisó
alguna circunstancia de tiempo modo y lugar en que se pueda vislumbrar la
subordinación en el presente asunto.
Por otra parte, alegó que en la decisión de primera instancia no se realizó un
análisis acucioso en referencia a la prescripción del primer período de
contratación efectuada por la entidad con la demandante. En efecto, sostiene que
las contrataciones celebradas que tengan entre una y otra más de 15 días de
diferencia, debe ser estudiada cada una de forma independiente.
En tal sentido, considera que la demandante cuenta con dos períodos
contractuales, la primera desde el 1 de agosto de 2010 hasta el 31 de abril de
2013 y la segunda desde el 15 de agosto de 2013 al 31 de diciembre de 2014;
de modo que, al ser realizada la relación administrativa en el año 2017, en
primera instancia no se aplicó correctamente la prescripción de trienal de la
primera contratación, pues para el momento de la reclamación administrativa
(2017) ya habían trascurrido más de tres años.
5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
5.1. La parte demandante no allegó escrito de alegatos en esta instancia.
4 Fs. 219 a 231 del expediente
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5.2. La entidad demandada5 reiteró las explicaciones dadas en la contestación
y en el recurso de apelación.
5.3 El Ministerio Público se abstuvo de presentar concepto como consta en el
informe secretarial en folio 844 del expediente.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Es competente esta Subsección para decidir dentro del proceso del epígrafe, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA6. Asimismo, conforme con
lo dispuesto en el artículo 3287 del Código General del Proceso, la competencia
del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por
la parte apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la
sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
2. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:
¿Entre la señora Lady Paola Carreño Corredor y el Hospital de Fontibón (hoy Sub
Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente – E.S.E) existió una relación
laboral encubierta o subyacente entre el 1.° de agosto de 2010 y el 31 de
diciembre de 2014?; de probarse esa relación laboral encubierta, ¿hubo o no
interrupciones en el término de su duración, asimismo, si esa relación se
encuentra o no afectada por el fenómeno de la prescripción?
Y, si como consecuencia, de la existencia de esa relación laboral encubierta
¿tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas de
5 Índice 12 SAMAI Segunda Instancia
6 CPACA, art. 150: «Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia
y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instanci a por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así
como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte
de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que cor responda, o
no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia […]».
7 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embar go, cuando ambas partes hayan apelado
toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
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percibir con ocasión a dicho vínculo? o si por el contrario existió una relación
eminentemente contractual con la entidad demandada, sin derecho a prestación
alguna.
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional consagra
los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de
oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
Asimismo, esa norma establece que los convenios internacionales sobre el
derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano, forman
parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por esta
razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual por
un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la
OIT,8 constituye, junto con otros principios convencionales,9 un axioma laboral de
aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.
Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que respecta
al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos de gestión
pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para
satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado),
el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo recoge como un tipo de
negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes términos:
«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»
Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo, la
jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que
tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
8 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
9 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́
de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»,
adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra
el derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna
y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada».
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En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80
de 1993, y la forma en que queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria de
una relación laboral encubierta o subyacente.
Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique conductas
o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el Estado es el
empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos
fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la
Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente
ratificados por el Estado.
En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios, el
elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para declarar la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se puede
matizar ante el surgimiento de una «nueva realidad laboral, fruto de las
innovaciones tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o
imposición de jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en
función del objeto contractual convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que se
materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción del
prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o disciplinario
de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de manera
idéntica, semejante o equivalente a las que tienen asignadas los
servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral.
No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio
de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna manera, una
vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la categoría de
empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer las exigencias del
artículo 122 de la Carta Política10.
Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante o
la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
10 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado
76001-23-31-000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
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órdenes perentorias y de obligatoria observancia, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.
Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el
cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado
en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la Administración,
de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de
permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles,
entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como
término de la no solución de continuidad, el cual, en los casos que se
exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias
que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la
Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es
improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese
asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de naturaleza
parafiscal.
En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar
cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la manera
más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente indispensable» puede
advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde la entidad justifica, en
función del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo
que estima imprescindible para la ejecución de un contrato futuro. De ahí que los
contratos de prestación de servicios no puedan concatenarse indefinidamente en
el tiempo, cuando se suscriben con personas naturales.
En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad para
aquellos contratos de prestación de servicios que presenten interrupciones, cuya
consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción de derechos una vez
declarada la relación laboral subyacente. En consecuencia, de no superarse
dicho lapso, se puede concluir «la existencia de una unidad de vínculo
contractual» siempre y cuando «se constate que los objetos contractuales y las
obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la
satisfacción de las mismas necesidades».
A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se reiteró
que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la prescripción de
derechos prestacionales derivados de la relación laboral encubierta o
subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de unificación del 25
de agosto de 201611, según la cual, en caso de encontrarse acreditada la relación
11 Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021.
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laboral, quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de los tres
años siguientes contados a partir de la finalización del vínculo contractual, y, en
aquellos casos donde se presente solución de continuidad entre contratos, debe
analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de
finalización12, por lo que de no presentarse la reclamación en ese período,
operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo relacionado con los aportes a
pensión que no están sometidos a dicho término13.
En igual sentido, mediante providencia de 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo cobra
relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral
cuya duración deba ser examinada.
Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente la
devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio
en la vía judicial y administrativa.
3. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se extraen los
siguientes hechos probados relevantes para con el proceso:
• Según certificado de actividades expedido por la SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E14 se indica que la señora Lady
12 En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos
contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución
entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la
prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la
existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por
consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual,
que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. […]»
(Negrita fuera del texto)
13 Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen
deprecado de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las
diferencias que se demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a
la entidad contratante como empleadora.
14 Fl 13 del expediente.
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Paola Carreño Corredor fue contratada para el cargo de ENFERMERO, para los
siguientes períodos:
Contrato Tipo Perfil Duración Fecha inicial Fecha final Valor Unidad
734 Principal Enfermero jefe 5 meses 1/02/2012 31/01/2013 2.080.000 FONTIBON
851 Principal Enfermero 3 meses 01/02/2013 31/01/2014 2.080.000 FONTIBON
1786 Principal Enfermero 16 días 15/08/2013 31/01/2014 2.080.000 FONTIBON
812 Principal Enfermero 3 meses 01/02/2014 31/12/2014 2.140.000 FONTIBON
• Los contratos de prestación de servicios que a continuación se relacionan,
revelan mayor vinculación de la demandante, véase:
No. de Plazo de Extremos Objeto Valor
contrato ejecución temporales contractual
del
contrato
1 1340-1015 1 mes a 1 agosto de Prestar servicios Un millón novecientos
partir del 2010 - 31 profesionales de treinta y ocho mil
primero de agosto de enfermería en seiscientos once
agosto de 2010 CAM II – pesos ($1.938.611)
2010 Hospital
Fontibón o
donde sea
requerido por el
supervisor del
contrato
2 Modificación Prórroga de 1 de Igual al contrato No tuvo modificación
No. 001 3 meses a septiembre 1340-10
contrato 1340- partir del 1 de 2010 –
1016 de 30 de
septiembre noviembre
de 2010 de 2010
3 Modificación Igual Igual Igual al contrato Adicionar al valor
No. 002 1340-10 señalado en el
contrato 1340- contrato inicial la
1017 suma de un millón
novecientos treinta y
ocho mil seiscientos
once pesos
($1.938.611)
4 Modificación Igual Igual Igual al contrato Adicionar al valor
No. 003 1340-10 señalado, en la
contrato 1340- cláusula cuarta del
1018 contrato, la suma de
tres millones
ochocientos setenta y
siete mil doscientos
veintidós pesos
($3.877.222)
5 Modificación Prórroga de 1 de Igual al contrato No tuvo modificación
No. 004 2 meses a diciembre 1340-10
contrato 1340- partir del 1 de 2010 –
1019 de 31 de enero
de 2011
15 Fs 14-15 del expediente.
16 Fl 18 del expediente
17 Fl 18 del expediente
18 Fl 19 del expediente
19 Fl 21 el expediente.
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diciembre
de 2010
6 Modificación No tuvo No tuvo Igual al contrato
Adicionar al valor
No. 005 modificación modificación 1340-10
señalado en el
contrato 1340- contrato inicial la
1020 suma de un millón
novecientos treinta y
ocho mil seiscientos
once pesos
($1.938.611)
7 Modificación No tuvo No tuvo Igual al contrato Adicionar al valor
No. 006 modificación modificación 1340-10 señalado en el
contrato 1340- contrato inicial la
1021 suma de un millón
novecientos treinta y
ocho mil seiscientos
once pesos
($1.938.611)
Licencia de maternidad desde 7 de marzo de 2011 por 84 días, que se cumplieron el 29
de mayo de 2011
8 Modificación Prórroga de 1 de julio de Se desconoce el No tuvo modificación
No. 01 al 2 meses a 2011 a 31 contrato inicial
contrato de partir del 1 de agosto no fue aportado
prestación de de julio de de 2011
servicios N. 2011
56522
Interrupción desde 1 de septiembre de 2011 hasta 31 de enero de 2012
9 Contrato de 5 meses a 1 de febrero Prestar servicios Diez millones
prestación de partir del 1 de 2012 a profesionales de cuatrocientos mil
servicios No. de febrero 30 de junio enfermería en pesos ($10.400.000)
734-1223 de 2012 de 2012 CAM II –
Hospital
Fontibón o
donde sea
requerido por el
supervisor del
contrato
10 Modificación Prórroga de 1 a 31 de Igual contrato Adicionar al valor
No. 001 1 meses a julio de 734-12 señalado en el
contrato No. partir del 1 2012 contrato inicial la
734-1224 de julio de suma de dos millones
2012 ochenta mil pesos
($2,080,000).
11 Modificación Prórroga de 1 de agosto Igual contrato No tuvo modificación
No. 002 2 meses a de 2012 a 734-12
contrato No. partir del 1 30 de
734-1225 de agosto septiembre
de 2012 de 2012
12 Modificación No tuvo No tuvo Igual contrato Adicionar al valor
No. 003 modificación modificación 734-12 señalado en el
contrato No. contrato inicial la
734-1226 suma de dos millones
20 Fl 23 del expediente.
21 Fl 24 del expediente
22 Fl 25 del expediente
23 Fl 26-27 del expediente
24 Fl 29 del expediente
25 Fl 29 del expediente
26 Fl 30 del expediente
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ochenta mil pesos
($2.080.000).
13 Modificación Prórroga de 1 a 31 de Igual contrato Adicionar al valor
No. 004 1 mes a octubre de 734-12 señalado en el
contrato No. partir del 1 2012 contrato inicial la
734-1227 de octubre suma de dos millones
de 2012 ochenta mil pesos
($2.080.000).
14 Modificación Prórroga de 1 de Igual contrato No tuvo modificación
No. 005 2 meses a noviembre 734-12
contrato No. partir del 1 de 2012 a
734-1228 de 31 de
noviembre diciembre
de 2012 de 2012
15 Modificación No tuvo No tuvo Igual contrato Adicionar al valor
No. 006 modificación modificación 734-12 señalado en el
contrato No. contrato la suma de
734-1229 un millón ochocientos
dos mil seiscientos
sesenta y siete pesos
($1.802.667).
16 Modificación Prórroga de 1 a 31 de Igual contrato Adicionar al valor
No. 007 1 mes a enero de 734-12 señalado la suma de
contrato No. partir del 1 2013 cuatro millones
734-1230 de enero de cuatrocientos treinta y
2013 siete mil trescientos
treinta y tres pesos
($4.437.333).
17 Modificación No tuvo No tuvo Igual contrato Adicionar al valor
No. 008 modificación modificación 734-12 señalado en el
contrato No. contrato inicial la
734-1231 suma de dos millones
ochenta mil pesos
($2.080.000).
18 Contrato de 3 meses a 1 de febrero Prestar servicios Seis millones
prestación de partir del de 2013 a profesionales de doscientos cuarenta
servicios No. primero de 31 de abril enfermería en mil pesos
851-1332 febrero de de 2013 CAM II – ($6.240.000)
2013 Hospital
Fontibón o
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contrato
19 Modificación Prórroga de 1 de mayo Igual contrato Adicionar al valor
No. 001 2 mes a de 2013 a 851-13 señalado en el
contrato No. partir del 1 30 de junio contrato inicial la
851-1333 de mayo de de 2013 suma de cuatro
2013 millones ciento
sesenta mil pesos
($4.160.000)
27 Fl 30 el expediente
28 Fl 31 del expediente
29 Fl 31 del expediente
30 Fl 32 del expediente
31 Fl 32 del expediente
32 Fls 33-34 del expediente
33 Fl 34 del expediente
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20 Modificación Termina el contrato No. 851-13 a partir del 1 de mayo de 2013
No. 002
contrato No.
851-1334
Interrupción de tres meses (2 de mayo de 2013 a 14 de agosto de 2013)
21 Contrato de 16 días a 15 a 31 de Prestar servicios Un millón ciento
prestación de partir del 15 agosto de profesionales de nueve mil trecientos
servicios No. de agosto 2013 enfermería en treinta y tres pesos
1786-1335 de 2013 CAM II – ($1.109.333)
Hospital
Fontibón o
donde sea
requerido por el
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contrato
22 Modificación Prórroga de 1 de Igual contrato Adicionar al valor
No. 001 2 mes a septiembre 1786-13 señalado en el
contrato No. partir del 1 de 2013 a contrato inicial la
1786-1336 de 31 de suma de dos millones
septiembre octubre de ochenta mil pesos
de 2013 2013 ($2.080.000)
23 Modificación Prórroga de 1 de Igual contrato Adicionar al valor
No. 002 2 mes a noviembre 1786-13 señalado en el
contrato No. partir del 1 de 2013 a contrato inicial la
1786-1337 de 31 de suma de cuatro
noviembre diciembre millones ciento
de 2013 de 2013 sesenta mil pesos
($4.160.000)
24 Modificación No tuvo No tuvo Igual contrato Adicionar al valor
No. 003 modificación modificación 1786-13 señalado en el
contrato No. contrato inicial la
1786-1338 suma de dos millones
ochenta mil pesos
($2.080.000)
25 Modificación Prórroga de 1 a 31 de Igual contrato Adicionar al valor
No. 004 1 mes a enero de 1786-13 señalado en el
contrato No. partir del 1 2014 contrato inicial la
1786-1339 de enero de suma de dos millones
2014 ochenta mil pesos
($2.080.000)
26 Contrato de 3 meses a 1 de febrero Prestar servicios Seis millones
prestación de partir de 1 de 2024 a profesionales de cuatrocientos veinte
servicios No. de febrero 31 de abril enfermería en mil pesos
812-201440 de 2014 CAM II – ($6.420.000)
Hospital
Fontibón o
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contrato
34 Fl 35 del expediente
35 Fls 36-37 del expediente
36 Fl 40 del expediente
37 Fl 40 del expediente
38 Fl 41 del expediente
39 Fl 41 del expediente
40 Fl 42 del expediente
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• Certificado de retención en la fuente y constancia de pago de los honorarios
pagados a la actora durante los años 201041, 201142, 201243, 201344 y 201445.
• Se encuentra acreditada incapacidad médica expedida por la Clínica Magdalena
en favor de la señora Lady Paola Carreño Corredor por 84 días, iniciados desde
el 7 de marzo de 2011, en razón a período de lactancia posterior a parto por
cesárea de fecha del 7 de marzo de 201146.
• Mediante derecho de petición radicado el 11 de julio de 201747, la señora Lady
Paola Carreño Corredor presentó reclamación administrativa ante el gerente de
la entidad SUBRED DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO SUR OCCIDENTE
E.S.E, de una relación laboral encubierta por el tiempo que laboró en la
institución, así como el pago de las consecuentes acreencias laborales.
• A través de Oficio No. 589 de 18 de junio de 2017, con fecha de recibido de 26
de julio de 2017 y No. 31237 la jefe de oficina de asesoría jurídica de la SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE Heyde del Carmen
Rodríguez Pérez, respondió al derecho de petición de la actora negando su
solicitud.
• En el tránsito de la audiencia de pruebas48 de primera instancia fueron
escuchados los siguientes testimonios:
DIANA MARCELA ROMERO SÁNCHEZ
PREGUNTADO: ¿Sírvase informar al despacho que sabe, conoce o le
consta sobre los hechos y pretensiones de la demanda? CONTESTÓ: Yo
trabajé con Lady Paola en el hospital de Fontibón, éramos colegas porque
ambas somos enfermeras jefe, inclusive yo estaba trabajando allá cuando
ella llegó, porque le dije que allá estaban necesitando personas, por eso
le dije que llevara la hoja de vida. Pues creo que desde que ella entró, en
agosto de 2010 si no estoy mal (sic) y pues todo el tiempo que laboró allá
laboraba en el turno de la noche de por media, trabaja de siete de la noche
a siete de la mañana día de por medio; y pues cumplía, las mismas
funciones que cumplía yo en el hospital. Trabajó hasta diciembre de 2014.
PREGUNTADO: ¿Bajo qué modalidad estaba vinculada Lady Paola a esa
institución hospitalaria? CONTESTÓ: Bajo contrato de prestación de
servicios. PREGUNTADO: ¿Sírvase indicar si se trató de un solo contrato
de prestación de servicios desde que ingresó a la entidad hasta su
finalización o se trataron de varios contratos? CONTESTÓ: Fueron varios
contratos los que firmaban. PREGUNTADO: ¿Sírvase informar al
despacho que tiempo ocurría entre la terminación de un contrato y el
comienzo del otro? CONTESTÓ: Eso era bastante relativo, pues entre uno
y otro podían pasar seis meses, o a veces se hacían prorrogas de un
contrato cada mes como una especie de otrosí. Entonces siempre se
41 Fl 46 del expediente
42 Fl 47 del expediente
43 Fl 48 del expediente
44 Fl 49 del expediente
45 Fl 50 del expediente
46 Fls 54-57 del expediente
47 Fs. 4 a 8 del expediente
48 Fl 146 del expediente CD audiencia de pruebas
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manejó un estándar de contrato. PREGUNTADO: ¿Sírvase informar bajo
qué modalidad se encontraba vinculada usted en esa institución
hospitalaria? CONTESTÓ: Bajo contrato de prestación de servicios
también. PREGUNTADO: ¿Sírvase indicar cuáles eran las labores que se
encontraba realizando la señora Lady Paola? CONTESTÓ: Lady tenía que
cumplir su horario de siete de la noche a siete de la mañana día de por
medio. Dependiendo del servicio que se le asignara, tenía sus auxiliares a
cargo, darles algunas funciones a sus auxiliares, revisar las historias
clínicas, hacer traslado de pacientes, administrar medicamentos, cumplir
las órdenes médicas de los especialistas que estaban en los servicios.
Recibir turno inicialmente a las siete de la noche y pues entregar el turno
a las personas respectivas. Había veces que yo iba a recibirle turnos.
PREGUNTADO: ¿Sírvase informarle a este despacho que consecuencia
sufriría Lady Paola en el evento en que no cumplía con los horarios
indicados previamente? CONTESTÓ: No pues teníamos el jefe de
departamento de enfermería, que cuando Lady empezó era el jefe Carlos
Rojas, después tuvimos otros jefes, pero pues había un llamado de
atención puesto que las personas que queríamos entregar nos
comunicábamos con los jefes para ver quien iba a recibir. Y ya, no más,
nunca supe si la devolvieron a ella por llegar tarde. PREGUNTADO:
¿Sírvase indicar al despacho si había personal de planta que realizara las
mismas labores que ejecutaba Lady Paola? CONTESTÓ: En el hospital
había cuatro jefes de planta, que eran la jefe Martha Cuervo, Sandra
Araque, Juliana Mesa y otra que no recuerdo el nombre. PREGUNTADO:
¿Qué remuneración recibía Lady Paola corredor por sus servicios
prestados? CONTESTÓ: Recuerdo que era aproximadamente dos
millones cien, o dos millones doscientos, no recuerdo precisamente.
PREGUNTADO: ¿Sírvase aclarar a la pregunta realizado por el
magistrado, en cuanto a la duración de los contratos, referente a que a
veces existía un espacio de 6 meses sin que hubiera una relación
contractual, ¿la demandante seguía en su trabajo o se iba para su casa a
esperar que la llamaran? CONTESTÓ: Respecto a la pregunta, no, desde
que ella ingresó hasta que salió siempre tenía una sola relación laboral. A
lo que hacía referencia era a que si había un contrato que firmara hoy, esa
fecha de cuatro meses una vez finalizaba había una prórroga del contrato
por un mes más, pero siempre mientras ella estaba trabajando, nunca
salía del hospital para volver a hacer llamadas a otro contrato para volver
a laboral, había una continuidad laboral. PREGUNTADO: Diga al
despacho ¿si los elementos para desarrollar las labores eran
proporcionados por la entidad? CONTESTÓ: Los elementos que eran para
desarrollar las funciones eran de uso hospitalario únicamente. Y digamos
que, en cuanto a lo de revisión de historias, eran elementos que solo se
tenían en el hospital para cumplir con la función de revisión de historias y
cumplir con las ordenes médicas. No único que ella llevaba al hospital era
el uniforme. PREGUNTADO: ¿El hospital daba algún otro tipo de dotación
adicional? CONTESTÓ: La dotación que daba el hospital era la de esferos,
cintas, marcadores, adicionales a los suministros médicos.
PREGUNTADO: Además de recibir y entrar turnos, ¿qué otras labores,
directamente con el paciente realizaba la señora Lady Paola?
CONTESTÓ: Suministro de medicamentos a los pacientes, traslado del
paciente de un servicio a otro, cumplir con las ordenes médicas.
PREGUNTADO: Recuerda ¿cuál fue la última jefe que tuvo la señora Lady
Paola? CONTESTÓ: Si no estoy mal fue la jefe Yina Segura.
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PREGUNTADO: ¿Qué tipo de órdenes le indicaba la jefe inmediata a la
señora Lady Paola? CONTESTÓ: La principal orden es que era la que
programaba los turnos, el servicio al cual teníamos que ir, y era la que
estaba pendiente de la hora de entrada, la hora de salida. Recuerdo que
ella estaba en un servicio en la noche y le hacían cubrir otro servicio para
cubrir a otra persona. Era la jefe la que daba esa orden. PREGUNTADO:
¿Esa orden la daba por escrito o era verbal? CONTESTÓ: Las órdenes
siempre fueron verbales. PREGUNTADO: ¿Usted sabe si la entidad
desarrolló alguna actividad tendiente a que se cambiaran las condiciones
del contrato por uno de origen laboral? CONTESTÓ: No, nunca hubo una
intención para ello. PREGUNTADO: ¿Usted sabe si la demandante en
alguna entidad recibió capacitaciones? CONTESTÓ: Se que alguna vez
recibió capacitaciones, porque todas recibíamos capacitaciones de
reanimación, manejos de paro, de la que participan tanto el personal de
planta como de contrato. PREGUNTADO: ¿En qué área desempeñaba las
actividades la demandante y cuál era la dirección en donde los
desempeñaba? CONTESTÓ: Lady hacía turnos en la sala de cirugía y
partos y recuerdo que también estuvo en el servicio de cirugía interna del
CAMI 1. PREGUNTADO: Manifieste al despacho si sabe el motivo de la
renuncia de la demandante. CONTESTÓ: Si no estoy mal, ella renunció
voluntariamente.
OMAIRA PULIDO PARADA
PREGUNTADO: ¿Hace cuánto y por qué usted conoce a la señora Lady
Paola Corredor? CONTESTÓ: Fuimos compañeras de trabajo. Ella trabajó
allá desde el 2010 hasta el 2014. PREGUNTADO: ¿Desde cuándo estuvo
vinculada usted en esa institución hospitalaria? CONTESTÓ: Estuve
vinculada desde el 2009 hasta el 2016. PREGUNTADO: ¿bajo qué
modalidad estaba vinculada Lady Paola a esa institución hospitalaria?
CONTESTÓ: Como ella y yo estábamos vinculadas por contratos de
prestación de servicios. PREGUNTADO: Sírvase indicar si se trató de un
solo contrato de prestación de servicios desde que ingresó a la entidad
hasta su finalización o se trataron de varios contratos. CONTESTÓ: Ella
suspendió uno, como por tres meses. PREGUNTADO: ¿Sírvase indicar
cuáles eran las labores que se encontraba realizando la señora Lady
Paola? CONTESTÓ: Ella era jefe del servicio que le asignaban, por decir
urgencias, pediatría, cualquier servicio que había en el hospital.
PREGUNTADO: ¿Sírvase indicar si la señora Lady Paola cumplía un
horario en la prestación de su servicio? CONTESTÓ: Si señor, se cumplía
un horario de doce horas, de siete de la noche a siete de la mañana, una
noche si, otra noche no. PREGUNTADO: ¿Qué consecuencias tenía la
señora Lady Paola en caso de no cumplir con ese horario? CONTESTÓ:
Nos suspendían el contrato, no nos daban más contratos.
PREGUNTADO: ¿Sírvase indicar si había personal de planta que
ejecutara las mismas funciones que ejercía Lady Paola? CONTESTÓ: Sí,
había personas de planta que cumplían las mismas funciones.
PREGUNTADO: ¿Cómo se llamaba ese cargo que desarrollaban esas
labores? CONTESTÓ: Había jefes de servicios como auxiliares de
servicios. PREGUNTADO: ¿Cuáles eran los nombres de esas personas
que cumplían las funciones de planta? CONTESTÓ: Eran varias, por decir,
había uno que se llamaba Martha Torres, otra Leonor Panesso, ellas eran
auxiliares. Y de planta, hay varias, pero ahora no me queda el nombre.
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PREGUNTADO: ¿Qué remuneración recibía la señora Lady por la
prestación del servicio? CONTESTÓ: La cantidad de plata no sé, pero si
ganábamos menos de lo que ganaba el personal de planta.
PREGUNTADO: ¿Quién le asignaba el horario a la demandante?
CONTESTÓ: Lo asignaba nuestro jefe, el señor Carlos Rojas.
PREGUNTADO: ¿De qué forma se asignaban esas órdenes?
CONTESTÓ. eran verbales. PREGUNTADO: ¿Con qué frecuencia veía a
la demandante? CONTESTÓ. Éramos del mismo turno de noche, por lo
que nos veíamos siempre. PREGUNTADO: ¿Manifieste si le consta si en
la relación contractual de la demandante existió algún tipo de interrupción?
CONTESTÓ: Si, ella tuvo una interrupción de 2 o 3 meses por un problema
familiar y ella pidió un receso por el problema familiar que tuvo.
HELIANA MARÍA PARRA MURCIA
PREGUNTADO: ¿Sírvase informar al despacho que sabe, conoce o le
consta sobre los hechos y pretensiones de la demanda? CONTESTÓ: En
esa época yo era auxiliar de enfermería, yo trabajaba en turnos nocturnos.
Se que ella ingresó después que yo ingresé al hospital. Se que muchas
veces le entregábamos el turno, ella duró creo que siete años creo, porque
yo salí primero del hospital que ella. Trabajábamos bajo contrato de
prestación de servicios. PREGUNTADO: ¿Sírvase precisar desde cuándo
hasta cuándo estuvo vinculada la señora Lady Paola en el hospital de
Fontibón? CONTESTÓ: Se que ella entró en agosto de 2010 pero la fecha
de salida no sé porque yo salí primera que ella. PREGUNTADO: ¿Sírvase
precisar en qué tiempo estuvo vinculada usted al hospital de Fontibón?
CONTESTÓ: Trabajé desde mayo de 2008 hasta octubre de 2014 cuando
terminó su licencia de maternidad. PREGUNTADO: ¿Sírvase indicar si se
trató de un solo contrato de prestación de servicios desde que ingresó a la
entidad hasta su finalización o se trataron de varios contratos?
CONTESTÓ: Eran varios, o muchas veces eran prorrogas las que se
firmaban. PREGUNTADO: ¿Sírvase indicar si existían interrupciones
entre la finalización de un contrato y el inicio de otro? CONTESTÓ. No
había ninguna interrupción. PREGUNTADO: ¿Sírvase indicar cuales eran
las labores que se encontraba realizando la señora Lady Paola?
CONTESTÓ: Se encargaba de la parte administrativa, daba
medicamentos y hacía cumplir las órdenes médicas. PREGUNTADO:
¿Sírvase indicar si la señora Lady Paola cumplía un horario en la
prestación de su servicio? CONTESTÓ: Si, cumplía un horario de siete de
la noche a siete de la mañana. PREGUNTADO: ¿Qué consecuencias
tenía la señora Lady Paola en caso de no cumplir con ese horario?
CONTESTÓ: La sacaban del puesto. PREGUNTADO: ¿Sírvase indicar si
había personal de planta que ejecutara las mismas funciones que ejercía
Lady Paola? CONTESTÓ: Si había, incluso una de las que estaba ahí salió
pensionada. PREGUNTADO: ¿Cuáles eran los nombres de esas
personas que cumplían las funciones de planta? CONTESTÓ: Eran
enfermeras jefas. PREGUNTADO: ¿Cuáles eran los nombres de esas
personas que cumplían las funciones de planta? CONTESTÓ: Estaba la
jefa Sandra Araque, la jefe Martha, Julieta. PREGUNTADO. ¿Qué
remuneración recibía la señora Lady por la prestación del servicio?
CONTESTÓ: Creo que eran como dos millones, pero había que cancelar
lo que era salud y pensión.
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Del anterior material probatorio, se tiene demostrada la prestación personal del
servicio de la demandante, comoquiera que la demandante fue vinculada como
contratista a través de 5 contratos de prestación de servicios suscritos con la
E.S.E Hospital de Fontibón (hoy Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente – E.S.E), así como en sus 20 adiciones; de cuyo texto se desprende
la vocación personal e irremplazable que la ataba en relación con el cumplimiento
de los objetos contractuales suscritos49; sumado a lo expresado al unísono por
las testigos Diana Marcela Romero Sánchez, Omaira Pulido Parada y Heliana
María Parra Murcia, quienes afirmaron de manera espontánea y coherente que
la aquí demandante ejecutaba de manera personal sus labores, las cuales tenían
el carácter de indelegables, dichos que no fueron objeto de tacha alguna por la
contraparte.
De la misma manera, con esos elementos de juicio y demás documentales
aportados al plenario, se demuestra el segundo elemento de la relación laboral,
esto es, la contraprestación o remuneración, que se refiere a las sumas de
dinero recibidas por la demandante durante la ejecución de sus labores; montos
que se encuentran taxativamente descritos en contratos de prestación de
servicios y sus adiciones o prórrogas, que se encuentran expuestos en el cuadro
que antecede.
En cuanto al elemento esencial de la relación laboral esto es, el de la continuada
subordinación y dependencia, se recuerda que, de conforme con lo previsto en
el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo consiste en la facultad que le
asiste al empleador para exigirle al trabajador «el cumplimiento de órdenes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del
contrato».
Elemento respecto del cual, la Sala ha afirmado que «implica una superioridad
jerárquica en el esquema organizacional de quien se atribuye esta facultad sobre
el subordinado», mientras que la coordinación «más que una facultad es una
obligación que el estatuto de contratación estatal, por medio de las normas que
lo rigen, impone a los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de convenio
con rubros oficiales, y que deben realizar para garantizar la correcta ejecución
del objeto contractual. Dicha obligación incluye facultades de carácter
administrativo, que implican regularizar algunas funciones, el definir horarios en
la prestación del servicio contratado e incluso el suministro de algunos
elementos, que identifiquen al contratista con la comunidad; empero, coordinar
de ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica contenida de la
subordinación»50.
En el caso concreto, se tiene acreditado que la demandante estuvo vinculada por
más de 5 años en la ESE demandada, ejerciendo labores de auxiliar de
49 v e r b i
gracia, contrato 1340-10 cuyo objeto fue la prestación de servicios
profesionales de enfermería en CAMI II – Hospital Fontibón o dónde sea
requerido por el supervisor del contrato ”.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29
de julio de 2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
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enfermería, cumpliendo un mismo objeto contractual51, por lo tanto, resulta
necesario establecer indicios que determinen la existencia de subordinación en
la ejecución de las labores ejecutadas en el presente asunto, atendiendo lo
expuesto por esta Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2-
2021 en la que precisó como tales los siguientes:
“i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus
actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad
laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena estimó
necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe
valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades
permitidas para los empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que
exista subordinación, y, por consiguiente, que la relación contractual sea
simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de
urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) habitualmente requieren la
incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello,
si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo
puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la
imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina
o del ius variandi, la dirección y control efectivo de las actividades del
contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar
la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo
que debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector,
organizativo disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que
esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a
cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio
probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o
seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un
ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho
de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de
funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o
equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia
de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la
51 De la lectora generalizada de los contratos de prestación de servicios suscrito por la actora con
la E.S.E Fontibón, se concluye que ella tenía como funciones las de “prestar sus servicios de
manera personal en la E.S.E como auxiliar de enfermería”.
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ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de
la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo
del Trabajo.”
Así pues, siguiendo los criterios previamente expuestos, se procederá a
determinar la existencia de la subordinación en el presente asunto a partir de los
siguientes ítems:
I) Lugar de trabajo: Del análisis en conjunto del acervo probatorio y bajo la sana
crítica, se concluye que el lugar en el cual la actora desarrolló el objeto contractual
pactado con la entidad demandada, fue en las instalaciones DEL CAMI II –
Hospital Fontibón (hoy SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE E.S.E.).
II) La dirección y el control efectivo de las actividades a ejecutar: De la
lectura de las obligaciones contractuales52 ejecutadas por la demandante,
aunado al análisis realizado por la Sala de las pruebas encontradas en el
plenario, entre ellas testimoniales y documentales, se desprende que las labores
ejecutadas por la actora no fueron realizadas acorde al principio de autonomía y
coordinación, por el contrario, se fundaron en la sujeción a las directrices
otorgadas por sus jefes inmediatos relacionadas con las funciones a ejecutar, el
lugar de desempeño y horario para esos efectos.
Ello, se advierte de las manifestaciones dadas por las testigos, quienes fueron
coherentes y pacíficas en señalar que, en la ejecución de las labores contratadas,
era imperioso que la actora cumpliera las órdenes emitidas por el jefe inmediato
a cargo de las labores que desempeñaba; y en caso, de que las labores no se
ejecutaran de tal modo, la consecuencia era el llamado de atención, tal y como
lo sostuvo la señora Diana Marcela Romero Sánchez y lo corroboraron las
señoras Omaira Pulido Parada y Heliana María Parra en sus declaraciones.
No sobra acotar que, esta sección en decisiones previas ha considerado que la
labor de enfermería no puede desempeñarse de manera independiente y
autónoma, pues quienes la ejercen no pueden, con se evidencia en el presente
asunto, definir el lugar o el horario en que prestan sus servicios; ni tampoco
suspender su ejecución sin que medie alguna justificación, pues, de hacerse, se
pondría en riesgo la prestación del servicio de salud. Aunado al hecho que, por
regla general, la prestación de este servicio se encuentra regulado por las
directrices que al respecto establezca el personal médico a cargo de los cuidados
y tratamientos que requieran los pacientes a fin de garantizar de manera íntegra
el servicio – derecho fundamental de la salud. De modo que, con todo, sobre la
52 Obligaciones del contratista en los respectivos contratos: revisar, visar y ejecutar las órdenes
médicas registradas en las historias clínicas por el médico tratante, suministrar y controlar los
medicamentos ordenados como tratamiento de los pacientes, coordinar y verificar las acciones
realizadas por las auxiliares de enfermería asignadas al servicio correspondiente, liderar el
proceso de recibo y entrega de turno según el procedimiento establecido por la institución,
elaborar y supervisar los registros de enfermería en la historia clínica adhiriéndose a la
sistematización, apoyar la realización de las actividades de inducción al personal nuevo que se
vincule a la institución, diligenciar los registros adoptados por la institución para garantizar el
sistema de información, cumplir con las normas y procedimientos establecidos en los manuales
de esterilización y bioseguridad, y demás reglamentos de la institución, participar activa y
proactivamente en todas las actividades programadas por la institución el proceso de
acreditación, que apuntan al mejoramiento continuo de la entidad, entre otras.
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labor de enfermería recae, en principio, un indicio per se de subordinación,
dirección y control en su ejecución53.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral:
Al respecto, debe tenerse de presente que La Ley 100 de 1993, en su artículo
194 reguló que “La prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación
o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las empresas
sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública
descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos, según el caso,
sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo” y en su artículo 195
señaló el régimen jurídico indicando que “2. El objeto debe ser la prestación de
los servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado o como parte del
servicio público de seguridad social.”. luego, en el Decreto 1876 de 1994 se
estableció que el objeto de las empresas sociales del Estado “será la prestación
de servicios de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y
como parte integrante del sistema de seguridad social en salud”.
De tal manera que, teniendo la E.S.E. Fontibón la función de prestación del
servicio público de salud, permite afirmar que las funciones ejecutadas por la aquí
demandante a su servicio, tienen una relación directa con el objeto de la ESE y
no podían ejecutarse de manera esporádica y a criterio de la contratista, dado el
carácter asistencial de la actividad ejecutada; aunado al dicho de las testigos que
con grado de certeza adujeron que las labores ejecutadas por la demandante
eran similares a las que debían desarrollar los auxiliares de enfermería de planta
de la entidad.
En ese orden de ideas, se evidencia el cumplimiento de los elementos de
prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, propios de una
relación laboral, sin que pueda predicarse la existencia de un vínculo de
coordinación en las actividades ejecutadas por la demandante, como lo sostiene
la entidad demandada en su recurso de apelación; pues de esos mismos medios
de convicción se advierte con claridad meridiana que en realidad existió entre las
partes una relación laboral subyacente, en donde la demandante ejecutó sus
labores de manera subordinada a través de la imposición de horarios, labores y
lugar de prestación del servicio; debiéndose en consecuencia, confirmar la
sentencia de primera instancia en este aspecto, dado que no prosperó el sustento
de alzada de inexistencia de relación laboral en el sub examine.
2.5. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico.
Una vez comprobada la existencia de la relación laboral encubierta entre la
contratista y la entidad pública, corresponde determinar si esta fue objeto o no de
interrupción.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 21
de abril de 2016, expediente 2820-2014, magistrado ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez.
Reiterado en sentencia de 16 de junio de 2022, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, radicado
interno 4679-2019.
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Los contratos traídos al proceso revelan que la actora inició labores desde el 1
de agosto de 2010 hasta el 31 de abril de 2014, empero la certificación adjunta
a la demanda54 señala que lo fue hasta el 31 de diciembre de 2014.
En esa certificación se advierte un yerro en cuanto al término de duración del
último contrato (812) pues se indica que lo fue por tres meses que iniciaron el 1
de febrero de 2014 pero que terminó el 31 de diciembre de ese año, esto es por
un lapso superior al inicialmente pactado, de allí que no se le otorgue valor
probatorio, a pesar de no haber sido tachado ni desconocido por la demandada.
Empero el a quo en el auto de pruebas55 solicitó de oficio certificación en donde
conste en forma clara y precisa todos los contratos celebrados con la
demandante, lo cual fue requerido por auto de 3 de mayo de 201956 y allegado al
proceso, haciéndose constar que el último contrato se celebró hasta el 31 de
diciembre de 2014 por el término de 11 meses, al cual se le otorga el mérito
probatorio que le corresponde por ser documento público y auténtico a la luz del
artículos 243 párrafo 257 y 244 del CGP, pues se tiene certeza no solo de su
autoría sino también del contenido, que dan fe de su otorgamiento conforme al
artículo 257 ibídem. En ese orden, al ser un medio probatorio decretado e
incorporado al proceso, le impone al fallador efectuar su valoración bajo el
principio de comunidad de la prueba.
Así pues, en el tiempo acreditado de prestación del servicio por la demandante,
se dieron las siguientes interrupciones:
• 1 de febrero a 6 de marzo de 2011 (24 días hábiles)
• 7 de marzo de 2011 a 29 de mayo de 2011 (licencia de maternidad 57
días hábiles)
• 30 de mayo de 2011 a 30 de junio de 2011 (22 días hábiles)
• 1 de septiembre de 2011 a 31 de enero de 2012 (104 días hábiles)
• 2 de mayo de 2013 al 14 de agosto de 2013 (70 días hábiles)
En ese orden, se tiene que la primera interrupción no supera los 30 días que esta
Corporación estableció jurisprudencialmente58 como lapso razonable para
entender que no operó la solución de continuidad, sin que ello constituya una
cadena de fuerza para el operador judicial, quien haciendo juicios de valor
respecto a un tiempo mayor como se sugiere en la decisión de unificación, puede
determinar su no configuración.
En cuanto al tiempo de la licencia de maternidad, se tiene que en sentencia SU-
070 de 201359 la Corte Constitucional determinó reglas para la protección laboral
reforzada de la mujer embarazada, de acuerdo al tipo de vinculación y según el
empleador haya conocido o no del embarazo al momento del despido. Al respecto
señaló:
54 Fl 13 expediente
55 Fl 132 reverso expediente
56 Fl 140 expediente
57 …el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así
mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o
con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo
funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces
y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.
58 SUJ-025-CE-S2-2021
59
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“…No obstante, la perspectiva adoptada en la presente unificación
consiste en considerar la procedibilidad de medidas protectoras
siempre que se den los requisitos consignados en el acápite anterior, y
trasladar las consecuencias tanto de las particularidades de cada modo
de vinculación o prestación, como del conocimiento del embarazo por
el empleador (o contratista), no a la viabilidad de la protección
misma, sino a la determinación de su alcance. Es decir, se procura
la protección siempre que se cumplan los requisitos, pero dicha
protección tendrá un alcance distinto según la modalidad de vinculación
que presenta la alternativa laboral desarrollada por la mujer gestante y
según el empleador haya conocido o no del embarazo al momento del
despido.
La explicación de la conclusión que se acaba de consignar, incluye a
continuación la explicación sobre:
• El alcance de la protección, en función de si el empleador tenía o no
conocimiento del embarazo de la (ex) trabajadora.
• El alcance de la protección, en función de la modalidad de alternativa
laboral.
5.1 Sobre el conocimiento del embarazo por parte del empleador
39.- Sobre este punto, como se presentó en apartados precedentes, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha evolucionado
considerablemente. En un primer momento, la Corte estableció que se
requería una notificación formal del estado de embarazo, como
condición indispensable para derivar la protección constitucional
reforzada. Mientras que en sentencias recientes, ha afirmado esta
Corporación, que no es necesaria la comunicación del embarazo
al empleador, para derivar la protección constitucional60. En este
sentido, las consecuencias jurídicas relacionadas con la
comunicación o no del embarazo y las condiciones de dicha
comunicación, han sido diferentes a lo largo de la jurisprudencia,
por lo que se ocupará la Corte de unificar los criterios en este
sentido.
Al respecto, lo primero que debe precisar la Corte, siguiendo la
jurisprudencia constitucional y los apartados precedentes de esta
sentencia, es que el conocimiento del embarazo de la trabajadora no es
requisito para establecer si existe o no protección, sino para determinar
el grado de la protección.
40.- Así, el conocimiento del embarazo por parte del empleador da lugar
a una protección integral y completa, pues se asume que el despido se
basó en el embarazo y por ende en un factor de discriminación en razón
del sexo. Por otra parte, la falta de conocimiento, dará lugar a una
protección más débil, basada en el principio de solidaridad y en la
garantía de estabilidad en el trabajo durante el embarazo y la lactancia,
60 T-095 de 2008
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como un medio para asegurar un salario o un ingreso económico a la
madre y como garantía de los derechos del recién nacido.
Ahora bien, el conocimiento del empleador del embarazo de la
trabajadora, no exige mayores formalidades. Este puede darse por
medio de la notificación directa, método que resulta más fácil de
probar, pero también, porque se configure un hecho notorio o por
la noticia de un tercero61, por ejemplo. En este orden de ideas, la
notificación directa “es sólo una de las formas por las cuales el
empleador puede llegar al conocimiento de la situación del embarazo
de sus trabajadoras, pero no la única”62.
Siguiendo lo anterior, la Corte ha entendido que algunas de las
circunstancias en las cuales se entiende que el empleador tenía
conocimiento del estado de embarazo de una trabajadora, aun cuando
no se le hubiese notificado directamente, son:
• Cuando se trata de un hecho notorio63: La configuración del embarazo,
como un hecho notorio, ha sido entendida por la Corte Constitucional,
por ejemplo, en los siguientes casos:
o Cuando el embarazo se encuentra en un estado que permite que sea
inferido: La jurisprudencia constitucional ha entendido que cuando una
mujer se encuentra en su quinto mes de embarazo64, sus cambios
físicos le permiten al empleador inferir su estado. Así, por ejemplo, en
sentencia T-354 de 2007, la Corte estableció que pese a la duda sobre
la notificación del estado de embarazo por parte de la trabajadora, se
consideraba que los superiores jerárquicos debían saber del embarazo
de la accionante “como quiera que ésta, para la fecha de terminación
del contrato de trabajo, contaba aproximadamente con 28 semanas de
gestación, circunstancia que difícilmente puede pasar inadvertida por
los compañeros de trabajo y por sus superiores jerárquicos”. En este
sentido, la Corte ha entendido que 5 meses de embarazo “es un
momento óptimo para que se consolide el hecho notorio de [la]
condición de gravidez”65. Se trata entonces de una presunción, en el
sentido de que, por lo menos al 5º mes de la gestación, el empleador
está en condiciones de conocer el embarazo. Presunción que se
configura en favor de las trabajadoras66.
o Cuando se solicitan permisos o incapacidades laborales con ocasión
del embarazo: La Corte Constitucional ha entendido que, cuando la
trabajadora, si bien no ha notificado expresamente su embarazo, ha
solicitado permisos o incapacidades por tal razón, es lógico concluir que
el empleador sabía de su estado67.
61 Sentencias T-589 de 2006, T-362 de 1999, T-778 de 2000 y T-1084 de 2002.
62 Sentencia T-589 de 2006
63 Sentencias T-1062 de 2004 y T-793 de 2005.
64 Sentencia T-145 de 2007.
65 Sentencia T 589 de 2006.
66 Sentencia T 578 de 2007.
67 Sentencias T-589 de 2006 y T-487 de 2006.
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o Cuando el embarazo es de conocimiento público por parte de los
compañeros de trabajo: La Corte Constitucional ha entendido que,
cuando el embarazo de la trabajadora es de conocimiento público por
parte de sus compañeros, es posible asumir que el embarazo es un
hecho notorio en si mismo o que, por conducto de un tercero pudo
enterarse el empleador68.
• Finalmente, la Corte ha establecido que se puede concluir que el
empleador tenía conocimiento del embarazo, cuando las circunstancias
que rodearon el despido y las conductas asumidas por el empleador
permiten deducirlo69.
Ahora bien, las anteriores circunstancias, como mecanismos a través
de los cuales puede enterarse el empleador del embarazo de una
trabajadora, se presentan de manera descriptiva, no taxativa, de modo
que “es tarea de las o los jueces de tutela analizar con detenimiento las
circunstancias propias del caso objeto de estudio para concluir si es
posible o no inferir que aunque la notificación no se haya hecho en
debida forma, existen indicios que conduzcan a afirmar que el
empleador sí conoció previamente el embarazo de la trabajadora”70, lo
anterior bajo el entendido de que no es necesaria la notificación expresa
del embarazo al empleador, sino su conocimiento por cualquier medio.
5.2 El alcance de la protección en función de la alternativa laboral
…
La jurisprudencia constitucional ha desarrollado entonces líneas
jurisprudenciales cuyo fin ha sido asimilar las distintas alternativas
laborales de las mujeres embarazadas a la categoría de relación laboral
sin causales específicas de terminación, con el fin de extender su
protección y cumplir con el carácter reforzado de la misma, ordenado
por la Constitución. Esto le ha permitido adoptar medidas de protección
propias de la legislación laboral, cuales son el reintegro o el
reconocimiento de las prestaciones de seguridad social cuando el
reintegro no es posible. Lo cual, tiene por consecuencia reconocer la
garantía de estabilidad laboral (conservación de la alternativa laboral)
como manifestación práctica de la aplicación de la protección de la
maternidad. Por lo que, resulta ineludible concluir que la modalidad de
contratación no hace nugatoria la protección, sino remite al estudio de
la pertinencia o alcance de una u otra medida de protección. Con este
camino de análisis la Corte pretende responder a la pregunta de cuáles
son las órdenes pertinentes.
42.- Se ha sostenido pues, que la protección coherente con el sentido
de fuero de maternidad, consiste en garantizar a la mujer trabajadora
su “derecho efectivo a trabajar”71 independientemente de la alternativa
laboral en la que se encuentre. En varias ocasiones se ha recalcado
que para despedir a una mujer en esas circunstancias el empleador
debe demostrar que media una justa causa y ha de adjuntar, de igual
68 Sentencia T-145 de 2007.
69 Ibídem.
70 Ibídem.
71 T-145 de 2007
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modo, el permiso de la autoridad administrativa competente. Esto no
puede significar cosa distinta a la obligación de tomar medidas para
mantener la alternativa laboral.
Respecto de algunas modalidades de vinculación, el ordenamiento
jurídico colombiano le confiere a los empleadores cierta libertad para no
prorrogar los contratos a término fijo que suscriben con los(as)
trabajadores. Esta libertad, sin embargo, no es ilimitada y tampoco
puede entenderse con independencia de los efectos que la misma esté
llamada a producir sobre la relación entre unos y otros. En aquellos
eventos en los cuales el ejercicio de la libertad contractual, trae como
consecuencia la vulneración o el desconocimiento de valores, principios
o derechos constitucionales fundamentales, entonces la libertad
contractual debe ceder. En ese orden de argumentación, ha dicho la
Corte Constitucional que la protección de estabilidad laboral reforzada
a favor de las mujeres trabajadoras en estado de gravidez se extiende
también a las mujeres vinculadas por modalidades distintas a la relación
de trabajo, e incluso por contratos de trabajo o prestación a término fijo.
Esto responde igualmente a la garantía establecida en el artículo 53 de
la Constitución, de acuerdo con la cual, debe darse prioridad a la
aplicación del principio de estabilidad laboral y de primacía de la
realidad sobre las formas así como a la protección de la mujer y de la
maternidad (art. 43 C.N).
(…)
5.3 Reglas sobre el alcance la de protección reforzada a la maternidad
y la lactancia en el ámbito del trabajo
5.3.1 Sentido de la unificación jurisprudencial
44.- Como se ve, la puntualización requerida en este contexto,
comienza por el contenido de la posición inicial adoptada por la Corte
Constitucional, consistente en aclarar que para la procedencia de
medidas protectoras resulta exigible únicamente la demostración de
que la mujer haya quedado en embarazo en desarrollo de la alternativa
laboral que la vincula. Esto significa que la protección no dependerá de
si la mujer embarazada notifica a su empleador su condición antes de
la culminación del contrato o la relación laboral (como se dijo, esto solo
determinará el alcance de la protección).
(…)
5.3.2 Alcance de la protección reforzada a la maternidad y la
lactancia en el ámbito del trabajo
46. Para efectos de claridad en la consulta de los criterios, se listarán a
continuación las reglas jurisprudenciales resultantes del análisis
precedente:
• Procede la protección reforzada derivada de la maternidad, luego la
adopción de medidas protectoras en caso de cesación de la alternativa
laboral, cuando se demuestre, sin alguna otra exigencia adicional: a) la
existencia de una relación laboral o de prestación y, b) que la mujer se
encuentre en estado de embarazo o dentro de los tres meses siguiente
al parto, en vigencia de dicha relación laboral o de prestación. De igual
manera el alcance de la protección se determinará según la modalidad
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de contrato y según si el empleador (o contratista) conocía o no del
estado de embarazo de la empleada al momento de la desvinculación.
• En este orden las hipótesis resultantes son:
(…)
2. Hipótesis fácticas de la alternativa laboral de una mujer
embarazada, desarrollada mediante CONTRATO A TÉRMINO FIJO.
2.1 Cuando el empleador conoce en desarrollo de esta alternativa
laboral el estado de gestación de la empleada, se presentan dos
situaciones:
2.1.1 Si la desvincula antes del vencimiento del contrato sin la previa
calificación de una justa causa por el inspector del trabajo: En este caso
se debe aplicar la protección derivada del fuero consistente en la
ineficacia del despido y el consecuente reintegro, junto con el pago de
las erogaciones dejadas de percibir. Se trata de la protección
establecida legalmente en el artículo 239 del CST y obedece al
supuesto de protección contra la discriminación.72
2.1.2 Si la desvincula una vez vencido el contrato, alegando como una
justa causa el vencimiento del plazo pactado: En este caso el empleador
debe acudir antes del vencimiento del plazo pactado ante el inspector
del trabajo para que determine si subsisten las causas objetivas que
dieron origen a la relación laboral. Si el empleador acude ante el
inspector del trabajo y este determina que subsisten las causas del
contrato, deberá extenderlo por lo menos durante el periodo del
embarazo y los tres meses posteriores. Si el inspector del trabajo
determina que no subsisten las causas, se podrá dar por terminado el
contrato al vencimiento del plazo y deberán pagarse las cotizaciones
que garanticen el pago de la licencia de maternidad. Si no acude ante
el inspector del trabajo, el juez de tutela debe ordenar el reconocimiento
de las cotizaciones durante el periodo de gestación; y la renovación sólo
sería procedente si se demuestra que las causas del contrato laboral a
término fijo no desaparecen, lo cual se puede hacer en sede de tutela.
Para evitar que los empleadores desconozcan la regla de acudir al
inspector de trabajo se propone que si no se cumple este requisito el
empleador sea sancionado con pago de los 60 días previsto en el
artículo 239 del C. S. T.
2.2 Cuando el empleador NO conoce en desarrollo de esta alternativa
laboral el estado de gestación de la empleada, se presentan tres
alternativas:
72 Esta hipótesis fáctica fue examinada en la sentencia T-021 de 2011 (Sala Novena de Revisión)
y se ordenó: reintegrar a la accionante al cargo que venía ocupando o a uno de igual o semejante
jerarquía, afiliarla al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud; cancelar la indemnización de
que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo; y pagar la licencia de maternidad y
los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento de su despido hasta la
fecha en que se efectúe su reintegro.
También fue estudiada en la T-204 de 2010 (Sala Sexta de Revisión) y las órdenes fueron
similares.
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2.2.1 Si la desvincula antes del vencimiento del contrato, sin alegar justa
causa: En este caso sólo se debe ordenar el reconocimiento de las
cotizaciones durante el periodo de gestación; la renovación del contrato
sólo será procedente si se demuestra que las causas del contrato
laboral a término fijo no desaparecen, lo cual se puede hacer en sede
de tutela. Adicionalmente se puede ordenar por el juez de tutela que se
paguen las indemnizaciones por despido sin justa causa.
2.2.2 Si la desvincula antes del vencimiento del contrato PERO alega
justa causa distinta a la modalidad del contrato: En este caso sólo se
debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo
de gestación; y la discusión sobre la configuración de la justa casusa se
debe ventilar ante el juez ordinario laboral.
2.2.3 Si la desvincula una vez vencido el contrato, alegando esto como
una justa causa: En este caso la protección consistiría mínimo en el
reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación; y
la renovación del contrato sólo sería procedente si se demuestra que
las causas del contrato laboral a término fijo no desaparecen, lo cual se
puede hacer en sede de tutela. En este caso no procede el pago de los
salarios dejados de percibir, porque se entiende que el contrato
inicialmente pactado ya había terminado.
(…)
3. En el supuesto de vinculación de la mujer gestante o lactante
mediante contrato de prestación de servicios, el juez de tutela deberá
analizar las circunstancias fácticas que rodean cada caso, para
determinar si bajo dicha figura contractual no se esta ocultando la
existencia de una auténtica relación laboral. Si bien la acción de tutela
no es el mecanismo judicial idóneo para declarar la configuración de un
“contrato realidad”, pues “existen las vías procesales ordinarias
laborales o las contencioso administrativas, a través de las cuales [se]
puede buscar el reconocimiento de una vinculación laboral”73, en los
casos donde se encuentre en inminente riesgo de afectación el mínimo
vital de la accionante u otro derecho constitucional fundamental, este
estudio deberá ser realizado por el juez de tutela.
Bajo esta lógica, deberá verificarse la estructuración material de los
elementos fundamentales de un contrato de trabajo,
“independientemente de la vinculación o denominación que el
empleador adopte para el tipo de contrato que suscriba con el
trabajador”74. Así, la jurisprudencia de la Corte ha reconocido que los
elementos que configuran la existencia de un contrato de trabajo, son
(i) el salario, (ii) la continua subordinación o dependencia y (iii) la
prestación personal del servicio. Por lo tanto, si el juez de tutela
concluye la concurrencia de estos tres elementos en una vinculación
mediante contrato de prestación de servicios de una trabajadora
73 La sentencia T-335 de 2004 determinó que “Este tipo de análisis debe realizarlo el juez de
tutela, únicamente cuando existen indicios de afectación del mínimo vital del accionante o de
algún otro tipo de derecho fundamental. En otros casos, tal y como lo ha señalado la
jurisprudencia constitucional, existen las vías procesales ordinarias laborales o las contencioso
administrativas, a través de las cuales puede buscar el reconocimiento de una vinculación laboral”
74 Ver la sentencia T-848 de 2004.
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gestante o lactante, podrá concluirse que se está en presencia de un
verdadero contrato de trabajo.
Así mismo, en el caso de contratos de prestación de servicios
celebrados por el Estado con personas naturales, debe advertirse que
éste únicamente opera cuando “para el cumplimiento de los fines
estatales la entidad contratante no cuente con el personal de planta que
garantice el conocimiento profesional, técnico o científico que se
requiere o los conocimientos especializados que se demanden”75. Por
esta razón, la jurisprudencia de esta Corporación ha determinado que
si en el contrato de prestación de servicios, privado o estatal, se llegare
a demostrar la existencia de una relación laboral, “ello conllevaría a su
desnaturalización y a la vulneración del derecho al trabajo reconocido
en el preámbulo; a los artículos 1, 2 y 25 de la Carta; además a los
principios de la primacía de la realidad sobre las formas en las
relaciones de trabajo, al de la irrenunciabilidad de los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales y al de la estabilidad en el
empleo.”76
Con todo, en el supuesto en que la trabajadora gestante o lactante haya
estado vinculada mediante un contrato de prestación de servicios y
logre demostrarse la existencia de un contrato realidad, la Sala ha
dispuesto que se deberán aplicar las reglas propuestas para los
contratos a término fijo, en razón a que dentro las característica del
contrato de prestación de servicios, según lo ha entendido esta
Corporación, se encuentran que se trata de un contrato temporal, cuya
duración es por un tiempo limitado, que es además el indispensable
para ejecutar el objeto contractual convenido.77”.
Así las cosas, si bien es cierto en el caso concreto obra la epicrisis y el certificado
para licencia de maternidad de 7 de marzo de 2021, en el cual consta la otorgada
a la aquí demandante a partir de esa data por 84 días, no es menos cierto que,
no obra dentro del plenario prueba de que la señora Lady Paola Carreño hubiese
comunicado su estado de embarazo al ente hospitalario por ser su empleador,
como criterio constitucional de protección a las trabajadoras gestantes.
Esas probanzas también acreditan que para la época en que se dio la vinculación
contractual de la demandante se encontraba en estado de gestación, siendo un
hecho notorio para el empleador, - de acuerdo al criterio jurisprudencial
constitucional citado-, el estado de gestación para la época en que se suscribió
la modificación 006 de 3 de enero de 2011 sobre el contrato N° 1340-10, que lo
fue en cuanto al valor de los honorarios78.
Así las cosas, para la Sala las reglas de protección constitucional citadas, en este
asunto se configuran, pues se constató el indicio del hecho notorio del estado de
embarazo de la demandante para la entidad demandada, que el contrato
subsistió durante del embarazo y posterior al mismo, dado que la licencia de
maternidad terminaba el 29 de mayo de 2011, y se dio una renovación contractual
75 Artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
76 Ver la sentencia T-1210 de 2008.
77 Ibíd.
78 Se aclara que la adición al tiempo de duración se concretó a través del contrato 004 de 1 de
diciembre de 2010 que lo extendió hasta el 31 de enero de 2011.
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el 1 de julio de 2011 con la modificación 001 al contrato 565 que lo extendió en
dos meses a partir de esta data.
Si bien es cierto dicho contrato (565) no fue incorporado al expediente, a pesar
de haberse solicitado en la audiencia de pruebas todos los relacionados con la
contratación de la demandante, no es menos cierto que existe un contrato que lo
modificó en cuanto al término de duración, acompañado junto con la demanda
sin ser desconocido ni tachado de falso por la parte contra la cual se aduce, de
allí que la Sala le otorgue plena validez y construya el indicio de que durante la
licencia la demandante estuvo vinculada contractualmente. Por lo tanto, ese
lapso de licencia de maternidad se entiende como de no solución, y como entre
la fecha última de esta, 29 de mayo de 2011 y la modificación 001 al contrato 565
que inició el 1° de julio de 2011 solo transcurrieron 22 días hábiles de interrupción
se estima que tampoco son suficientes para declarar la solución de continuidad
mencionada.
Empero entre 1 de septiembre de 2011 y 31 de enero de 2012, transcurrieron
104 días hábiles y del 2 de mayo de 2013 al 14 de agosto de 2013 pasaron 70
días hábiles de interrupción contractual, por ello se estima que hubo solución de
continuidad, pues no existen elementos de juicio dentro del plenario que
justifiquen la falta de celebración de los contratos en esos lapsos, pues si bien la
testigo Heliana María Parra Murcia adujo que no hubo interrupciones entre la
finalización de un contrato y el inicio de otro en la relación contractual de la
demandante con la ESE demandada, las otras deponentes Diana Marcela
Romero y Omaira Pulido Parada dijeron lo contrario, que sí hubo esas
interrupciones, que podían ser de seis meses, o que por lo menos se presentó
por 2 o 3 meses por un problema familiar de la demandante como lo adujo la
última. De tal manera que, le asiste razón al apelante al considerar que hubo
interrupciones en la relación laboral encubierta, y así se declarará, en los
siguientes períodos: i) 1 de septiembre de 2011 al 31 de enero de enero de 2012;
ii) 2 de mayo de 2013 a 14 de agosto de 2013.
En consecuencia, la relación laboral encubierta se declarará por los siguientes
interregnos: i) 1 de agosto de 2010 al 31 de agosto de 2011; ii) 1 de febrero de
2012 al 1 de mayo de 2013; y iii) del 15 de agosto de 2013 al 31 de diciembre de
2014.
De la prescripción.
Se tiene probado en el proceso que la demandante presentó reclamación ante la
entidad el 11 de julio de 201779, y la demanda fue presentada el 30 de noviembre
de 2017; por lo tanto, los derechos prestacionales de la primera y segunda
relación laboral encubierta (1 de agosto de 2010 al 31 de agosto de 2011 y 1 de
febrero de 2012 al 1 de mayo de 2013), se encuentran afectados por el fenómeno
de la prescripción.
Lo que no aconteció con el tercer período (15 de agosto de 2013 al 31 de
diciembre de 2014), por tanto, la actora tiene derecho a los emolumentos
prestacionales derivados de su vinculación durante este lapso.
En ese sentido, es menester modificar el numeral tercero de la sentencia en
79 Folio 4 del cdno ppal.
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primera instancia, en el sentido de reconocer, liquidar y pagar a favor de la
actora las prestaciones sociales comunes dejadas de percibir durante el período
comprendido entre el15 de agosto de 2013 y el 31 de diciembre de 2014, teniendo
en cuenta el monto de los honorarios pactados, por haber operado el fenómeno
de la prescripción.
Del pago de aportes de cotización en salud y pensión a la demandante
En la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, sobre la devolución
de aportes a salud y pensión se dijo lo siguiente:
“161. Finalmente, por albergar el fundamento de la interpretación que
aquí se adopta, merece especial consideración lo señalado por la misma
Corte Constitucional en la Sentencia C-895 de 2009, que frente a la
protección constitucional de los recursos de la Seguridad Social y la
destinación específica de los aportes a salud y pensión, expuso, de
manera concreta, lo siguiente:
Teniendo en cuenta este mandato superior, la jurisprudencia ha
reconocido de manera uniforme y pacífica que los recursos que ingresan
al Sistema de Seguridad Social, tanto en salud como en pensiones, con
independencia de la denominación que de ellos se haga (cotizaciones,
aportes, cuotas moderadoras, copagos, tarifas, deducibles,
bonificaciones, etc.), no pueden ser utilizados para propósitos
distintos a los relacionados con la seguridad social debido a su
naturaleza parafiscal. Al referirse al alcance del artículo 48 de la
Constitución en este aspecto, la Corte ha explicado lo siguiente: […].
3.1.2 Esta Corporación de manera reiterada ha precisado en efecto que
los recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en Salud
(C-577/97, C-542/98, T-569/99, C1707/00) como en pensiones (C-
179/97), llámense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos
compartidos, copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones, son en
realidad contribuciones parafiscales de destinación específica, en cuanto
constituyen un gravamen, fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se
cobra obligatoriamente a determinadas personas para satisfacer sus
necesidades de salud y pensiones y que, al no comportar una
contraprestación equivalente al monto de la tarifa fijada, se destinan
también a la financiación global bien del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, bien del Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones (C086/02, C-789/02). [Negrilla fuera de texto].
162. En definitiva, es claro que las anteriores sentencias se encuentran
en armonía con el artículo 48 de la Carta, que consagra expresamente
que «no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de
la Seguridad Social para fines diferentes a ella»,80.
163. En atención a la naturaleza parafiscal de los recursos de la
Seguridad Social, el parágrafo del artículo 182 de la Ley 100 de 1993
ordena a las empresas promotoras de salud (EPS) manejar los recursos
provenientes de las cotizaciones de los afiliados «en cuentas
80 Corte Constitucional, Sentencia C – 824 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimy Yepes.
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independientes del resto de rentas y bienes de la entidad». Esto, porque
tales dineros únicamente pueden ser previstos y empleados para
garantizar la prestación de los servicios sanitarios en los dos regímenes
(subsidiado y contributivo), sin que quepa destinarlos para otros
presupuestos. Asimismo, estos recursos ostentan la condición de
ingresos no gravados fiscalmente, pues su naturaleza parafiscal
(establecida en la Ley 100 de 1993, en desarrollo del artículo 48
constitucional) prohíbe su destinación y utilización para fines distintos a
los consagrados en ella.
164. Las anteriores razones han conducido a esta Sección81 a considerar
improcedente la devolución de los aportes a salud realizados por el
contratista, a pesar de que se haya declarado a su favor la existencia de
una relación laboral encubierta. Como se ha indicado, en función de su
naturaleza parafiscal,73 estos recursos son de obligatorio pago y
recaudo para un fin específico y, por tanto, independientemente de que
se haya prestado o no el servicio de salud, no constituyen un crédito a
favor del interesado, pues su finalidad era garantizar la prestación de los
servicios sanitarios para los dos regímenes que integran el sistema, «lo
que excluye la posibilidad de titularidad que sobre los mismos pretenda
el actor ejercer».82
165. Por consiguiente, dado que corresponde al contratista sufragar
dicha contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla,83 no es
procedente ordenar su evolución, aunque se haya declarado la existencia
de una relación laboral encubierta. Además, reembolsar estos aportes
implicaría contradecir al legislador, cuya voluntad, como se expuso,
buscaba que su recaudo fuera directamente a las administradoras de
servicios de salud, por tratarse, se itera, de contribuciones de pago
obligatorio con una destinación específica y con carácter parafiscal.
166. En ese orden de ideas, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido
de precisar que, frente al hecho consumado de la no afiliación a las
contingencias de salud y riesgos laborales por parte de la
Administración, es improcedente el reembolso de los aportes que el
contratista hubiese realizado de más, por constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal».
En ese orden de ideas, atendiendo la sentencia en cita, la Sala considera que la
devolución de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones
ordenada por el tribunal de instancia es improcedente en las relaciones laborales
encubiertas, puesto que, solamente se puede ordenar en caso de la
demostración de los elementos del contrato de trabajo, es el pago efectivo del
81 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288
01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
82 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288
01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
83 Situación que también cambia y amerita mención especial con la entrada en vigor del Decreto
1273 de 2018 « Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2
del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social,
en relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los
trabajadores independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072
de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo»
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porcentaje de cotización al fondo de pensiones - y no al de salud - al que se
encuentre afiliada la demandante por parte de la entidad pública, cuando hubiere
diferencias en el porcentaje que le correspondía como empleador; razón por la
cual se modificará en ese sentido el numeral 4 de la sentencia recurrida.
De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que, para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en
la medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena
fe o la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que
«en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la
sustentación jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es
procedente o no imponer costas a cargo de alguna de ellas.
En esos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de
la revisión del recurso de apelación, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, en el recurso se sustentaron las razones en defensa jurídica de
sus intereses y, por ende, no se condenará en costas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia proferida el 17
de octubre de 2019 por la Sección Segunda – Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca; en el sentido de DECLARAR la existencia de
la relación laboral encubierta entre la señora Lady Paola Carreño Corredor y la
ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente en los períodos
comprendidos entre: i) 1 de agosto de 2010 al 31 de agosto de 2011; ii) 1 de
febrero de 2012 al 1 de mayo de 2013; y iii) del 15 de agosto de 2013 al 31 de
diciembre de 2014, por lo dicho en la motivación.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, MODIFICAR el numeral tercero
de la sentencia apelada, en el sentido de CONDENAR a título de reparación del
daño, a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E a
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-05886-01
Número interno: (3091-2020)
Demandante: LADY PAOLA CARREÑO CORREDOR
reconocer, liquidar y pagar a favor de la señora Lady Paola Carreño Corredor, el
equivalente a las prestaciones dejadas de percibir, tomando como base los
honorarios contractuales por el período comprendido entre el 15 de agosto de
2013 y el 31 de diciembre de 2014.
TERCERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia de primera
instancia, para en su lugar ORDENAR al Hospital de Fontibón (hoy Sub Red
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente – E.S.E) a consignar en el fondo
de pensiones en que se encuentre afiliada la señora Lady Paola Carreño
Corredor, las diferencias si las hubiere en el porcentaje que le correspondía
sufragar como empleador durante los períodos : i) 1 de agosto de 2010 al 31 de
agosto de 2011; ii) 1 de febrero de 2012 al 1 de mayo de 2013; y iii) del 15 de
agosto de 2013 al 31 de diciembre de 2014. Para tales efectos, la parte actora
deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema durante los vínculos
contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese
diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso,
el porcentaje que le incumbía como trabajador, de acuerdo con las
consideraciones de esta providencia.
CUARTO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia proferida en primera
instancia.
QUINTO: NO CONDENAR en costas de segunda instancia.
SEXTO: RECONOCER al Nicolas Ramiro Vargas Arguello como apoderado
judicial sustituto en los términos y condiciones que reposan en los memoriales de
los índices 15 y 16 de SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
AUSENTE EN COMISIÓN
www.consejodeestado.gov.co 36
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