Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05940-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05940-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-05940-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
3 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Radicado : 25000-23-42-000-2017-05940-01
Nº interno : 3005-2020
Demandante : Diana Patricia Rodríguez Turmequé
Demandada : Nación – Fiscalía General de la Nación
Acción : Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Tema : Reintegro al cargo de fiscal delegado ante los
tribunales del distrito por la restructuración
funcional de la Fiscalía General de la Nación.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia de 13 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “D” que negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la señora Diana Patricia Rodríguez Turmequé, por conducto de apoderado judicial, solicitó que se declare la nulidad de la Resolución 02358 de 29 de junio de 2017 y del Oficio STH 56 de 30 de junio del mismo año, mediante la cual se distribuyeron los cargos de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se le comunicó a la accionante la supresión de su empleo.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene a la Fiscalía General de la Nación a reintegrar a la actora al cargo que ocupaba al momento de su desvinculación, a otro similar o de superiores condiciones; además, requirió el pago de todos los salarios, prestaciones sociales, auxilios y emolumentos a que tiene derecho, desde la fecha en que fue retirada del servicio hasta que se produzca el respectivo reintegro; igualmente, instó para que se declare que no existió solución de continuidad en la prestación del servicio.
Pretende, que se pague por la perdida del poder adquisitivo de la moneda colombiana, desde su retiro hasta que se produzca el respectivo pago de los salarios y prestaciones sociales; exigió, que la condena se ajuste de acuerdo a los índices del precio del consumidor conforme a lo previsto en el artículo 187 del CPACA.
Por último, pidió que se condene en costas a la demandada.
Los hechos que fundamentan las pretensiones son:
Señaló el apoderado de la parte actora, que la señora Diana Patricia Rodríguez Turmequé fue vinculada a la Fiscalía General de la Nación el 4 de junio de 2012 en el cargo de Fiscal Delegada ante los Jueces Especializados; asimismo, con la Resolución 2-1899 de 8 de junio del mismo año se le otorgó comisión de servicios en la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad; el 18 de octubre de 2013 fue encargada como secretaria privada del Fiscal General de la Nación; finalmente, el 15 de febrero de 2016 fue nombrada como fiscal delegada ante el tribunal del distrito en provisionalidad.
Afirmó, que en virtud de las facultades extraordinarias otorgadas al presidente de la República mediante el Acto Legislativo No. 01 de 2016, se expidió el Decreto Ley 898 de 2017, a través del cual se restructuró la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación. Explicó, que al expedirse el Decreto Ley 898 de 2017 se suprimieron 70 cargos de fiscal delegado ante el tribunal, mientras que con el Decreto Ley 018 de 2014, se habían creado 193 cargos de fiscales.
Aseguró, que la Resolución 02358 de 29 de junio de 2017 relaciona uno a uno los funcionarios que hacen parte de la nueva planta de personal de la entidad, señalando expresamente el número de cédula, nombre, cargo y ubicación laboral, sin que en ese listado figure la accionante.
Advirtió, que en la planta de personal se encontraban varias personas investigadas penalmente e incluso ya condenadas, como era de público conocimiento; expuso, que al determinar la ubicación de los nuevos servidores públicos, la Fiscalía General de la Nación no observó los criterios técnicos, las necesidades del servicio ni los planes estratégicos para establecer cuales serian los empleos removidos; por ello, el proceso de definición de la nueva planta se llevó acabo sin criterios objetivos orientados a mejorar el servicio.
Finalmente, alegó que el subdirector de talento humano de la entidad con Oficio STH 56 de 30 de junio de 2017, le comunicó a la actora la supresión del cargo que venia desempeñando y desde esa fecha fue retirada.
Normas violadas y concepto de violación.
El abogado de la actora señaló como normas violadas las siguientes:
La Constitución Nacional, los artículos 1, 6, 13, 25, 29, 53, 121, 122, 123, 150 y 209; Acto Legislativo No. 1 de 2016 del artículo 2.
Del Decreto Ley 016 de 2016, artículo 4º, numeral 26.
Del Decreto Ley 020 de 2016, artículos 96.
Del Decreto Ley 898 de 2017, artículo 63.
De la Ley 1437 de 2011, los artículos 1, 2, 3, 4, 34, 37, 40 y 42.
De la Ley 909 de 2004, los artículos 2, 3, 44 y 46.
Del Decreto 760 de 2005, artículo 28.
2. La contestación de la demanda.
La apoderada de la Fiscalía General de la Nación mediante memorial radicado el 20 de junio de 2018, contestó la demanda presentada por la señora Diana Patricia Rodríguez Turmequé, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones conforme a los siguientes argumentos:
Expone la abogada, que la modificación de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación surgió como consecuencia de la reorganización de su estructura orgánica, cumplió a cabalidad los parámetros establecidos para esta clase de procesos, se observaron los principios que rigen la administración pública, se respetó el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y se garantizaron los derechos fundamentales de los funcionarios.
Consideró, que la Resolución 02358 de 2017 tiene plena validez puesto que se basa en una norma plenamente constitucional, como lo es el Decreto Ley 898 de 2017, el cual fue declarado exequible mediante sentencia C-013 de 2018 proferida por la Corte Constitucional. Alegó, que la definición de la planta de personal que prevé el Decreto Ley 898 de 2017, se circunscribe en la materialización del principio del uso eficiente de los recursos y en atención a las funciones que la Constitución le otorgó a la Fiscalía. Dichas funciones, se encuentran relacionadas con la ejecución de la acción penal y los mandatos del acuerdo final; por lo anterior, la supresión de algunos cargos y la redefinición de los mismos, son el canal que permite reforzar la función principal de la entidad, esto por medio del uso eficiente de los recursos que se han dispuesto para el gasto de personal.
Sostiene, que la supresión del cargo se encuentra debidamente justificada y motivada en el Decreto Ley 898 de 2017, puesto que esta norma materializó los mandatos que le permiten a la Fiscalía General de la Nación estructurar una planta de personal que pueda contrarrestar las particularidades de la criminalidad en el postconflicto, fortaleciendo el ejercicio misional y las funciones de la entidad.
En último lugar, aseguró que la demandante insinuó que la Fiscalía actuó con fines diferentes al buen servicio público, sin embargo, no ofrece prueba de ello pues se limitó a realizar meras apreciaciones subjetivas.
3. Sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” mediante sentencia de 13 de febrero de 2020, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:
El a quo consideró, que el panorama normativo de la Fiscalía General de la Nación cuenta con un régimen de carrera especial y autónomo; por ello, en el evento de la supresión de un cargo, los servidores públicos de carrera son los únicos que tienen derecho a ser incorporados a la nueva planta de personal, y de no ser posible su incorporación tendrían derecho a una indemnización.
Manifestó, que contrario a lo alegado por la parte actora dentro del líbelo demandatorio, la Fiscalía General de la Nación realizó el respectivo estudio técnico que consignó en un documento denominado “ORGANIZACIÓN DE LA FISCALÍA DE LA GENTE, PARA LA GENTE Y POR LA GENTE”, el cual contó con un concepto favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública y con viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda.
Agregó, que a través de un estudio técnico se analizó el mapa de procesos, la oferta institucional, la distribución geográfica de la oferta de servicio y la carga de trabajo de la planta de personal. Sustentó, que los actos administrativos demandados señalaron las razones por las cuales se suprimió el cargo de la demandante; en ese orden, la Resolución 02358 de 2017 estuvo debidamente motivada y se encuentra plenamente justificada, dado que además de soportarse en el Decreto Ley 898 de 2017 tuvo en cuenta los artículos 103 y 104 del Decreto 020 de 2014.
Finalmente, dijo que si bien la demandante acreditó idoneidad para el desempeño del cargo dada su experiencia profesional, el Tribunal acota que a pesar de haber ostentado el cargo de fiscal delegada ante el tribunal, la mayor parte que estuvo vinculada a la Fiscalía General de la Nación (2012 a 2016) desarrolló actividades administrativas y no misionales, como se desprende de las comisiones de servicios que le fueron concedidas.
4. El recurso de apelación
Mediante escrito de 13 de julio de 2020, el apoderado de la demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de 13 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” en los siguientes términos:
Sostiene el abogado, que el tribunal fundamentó su fallo en una comprensión anacrónica y errada frente a la discrecionalidad administrativa, dado que el caso particular no versa sobre si la Fiscalía tenía o no la potestad de elegir de manera discrecional quienes continuarían vinculados a la entidad; por el contrario, lo que se cuestiona es como hizo uso de sus atribuciones, puesto que la demandada tenía el deber de escoger a los funcionarios de la nueva planta con base en criterios objetivos y no basándose en consideraciones subjetivas.
Afirmó, que motivar los actos discrecionales no es una facultad potestativa de la administración, sino que es un deber, pues en caso de no hacerlo su actuación se tornaría arbitraria y podría ser declarada nula como consecuencia del control judicial. Por ello, es una carga para las autoridades públicas sustentar las decisiones que adoptan en uso de la facultad discrecional. Dicho lo anterior, aseguró que cualquier decisión discrecional tomada por la administración debe estar motivada, incluyendo los actos que desvinculan a los servidores públicos por restructuraciones de planta.
Insistió, en que la desvinculación de un funcionario por causa de un proceso de restructuración es una decisión discrecional de la administración, ya que debe estar fundamentada en datos y criterios objetivos, so pena de considerarse arbitraria y contraria a los principios en que se fundamenta nuestro Estado. Reiteró, que en nuestro ordenamiento jurídico no es admisible que la administración escoja por escoger o que motive su decisión por cualquier razón, puesto que es necesario que sustente sus actos discrecionales en datos objetivos.
Alegó, que la entidad demandada tenía que explicar las razones por las cuales optó por retirar del servicio a la accionante en lugar de otros funcionarios en provisionalidad, que contaban con similares o menores cualidades que ella. Argumentó, que de los testimonios se evidencia que la entidad no tuvo en cuenta los criterios objetivos, sino que le dio una alta preponderancia a la liberalidad del nominador, lo cual se traduce en subjetividad y arbitrariedad; por todo eso, la errada valoración del tribunal llevó a que no se diera como probado el cargo de desviación de poder.
En últimas, advirtió que el Consejo de Estado ha explicado de manera consistente que no basta con que la parte sea vencida en juicio para que proceda la condena en costas, sino que también debe verificarse su conducta; en ese caso, el tribunal omitió comprobar la conducta de la parte demandante. Por todo lo anterior, solicitó revocar la sentencia apelada.
5. Alegatos de conclusión
Mediante auto de 29 de abril de 2021, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el respectivo concepto, conforme a lo previsto en el numeral 4 del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ahora bien, de acuerdo con el informe secretarial de 6 de agosto de 2021, la parte demandante presentó sus alegatos a través del medio electrónico (SAMAI), el Ministerio Público y la parte demandada guardaron silencio.
5.1. De la parte demandante.
A través de escrito de 16 de junio de 2021, el apoderado de la parte demandante presentó alegatos de conclusión reiterando en todas sus partes lo expuesto en el recurso de apelación.
En suma, afirmó que la primera instancia solo verificó que la accionante no fuera sujeto de especial protección, sin constatar que tiene derecho a la estabilidad laboral intermedia por ser una funcionaria en provisionalidad; en ese evento, dicha estabilidad debe ser respetada y garantizada aun en los casos de supresión de cargos, ya que solo podría ser retirada mediante acto administrativo motivado, pues no basta que se justifique la desvinculación por cualquier razón, para satisfacer el deber de motivación, sino que debe demostrarse que se adelantó un análisis para decidir cuales funcionarios públicos integrarían o no su planta de personal a la luz de los criterios objetivos, previstos en el ordenamiento jurídico.
Finalmente, dijo que la Fiscalía estaba intentando aburrir a la demandante o dificultarle el cumplimiento de sus labores con el objetivo de que esta renunciara; ello, probablemente debido a la cercanía de la actora con la administración anterior. En vista de que no renunció, y como logró que se le reubicara en Bogotá, la Fiscalía encontró en la definición de una nueva planta de personal la oportunidad perfecta para desvincularla.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
2. Problema jurídico.
La Sala debe estudiar en los términos del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandante, si procede a revocar el fallo de primera instancia, teniendo en cuenta que la Resolución 02358 de 29 de junio 2017, esta viciada de nulidad por falsa motivación, desviación de poder e infracción de las normas en que debía fundarse, en la medida que no se vinculó a la accionante en el cargo de fiscal delegada ante los tribunales del distrito; y si es procedente condenar en costas a la parte vencida.
Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala abordará los siguientes aspectos: 2.1 Del régimen de carrera de la Fiscalía General de la Nación; 2.1.1. De la supresión de los empleos de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación; 2.2. De la reorganización de la Fiscalía General de la Nación en virtud de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera; 2.2.1. De la supresión y nombramiento de cargos a partir de la modificación parcial de la estructura de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación; y 2.3. Caso concreto.
2.1. Del régimen de carrera de la Fiscalía General de la Nación.
El artículo 125 de la Constitución Política, estableció la cláusula general para proveer los empleos de los órganos y entidades del Estado, exceptuando los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Textualmente la norma señaló:
“(…)
ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.
(…)”
Sobre la Fiscalía General de la Nación, el artículo 253 ibídem determinó que la ley regularía lo referente al ingreso por carrera administrativa y el retiro del servicio de los empleos de su planta de personal, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, las denominaciones de los empleos, calidades, remuneración, prestaciones sociales y el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la entidad.
Conforme a esto, debe indicarse que el régimen de carrera administrativa para los empleos de la Fiscalía General de la Nación no es el establecido en las normas generales para ello, es decir, las contenidas en la Ley 909 de 2004. Esto es así, porque la ley Estatutaria de Administración de Justicia determinó en su artículo 159 que esa entidad tendría su propio régimen de carrera sujeto a los principios del concurso de mérito y calificación de servicios, tal como lo expuso la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, cuando advirtió: .
“(…)
De conformidad con lo previsto en el artículo 253 de la Carta, el legislador, teniendo en consideración la autonomía presupuestal y administrativa de la que goza la Fiscalía General de la Nación (Art. 249 C.P.), deberá regular los aspectos relativos a la estructura, el funcionamiento, el ingreso por carrera y el retiro del servicio en esa entidad del Estado. Dentro de ese orden de ideas, y según lo señalado en esta providencia, conviene recordar que los artículos 125 y 150-23 constitucionales le confieren plena independencia al legislador para definir las características y el alcance del sistema de carrera, para lo cual puede incluso prescribir que una determinada institución se someterá a un régimen especial que él mismo defina. En consecuencia, para el caso de la Fiscalía General de la Nación, resulta ajustado a la Carta Política el que la ley estatutaria sobre administración de justicia establezca que dicho ente acusador tendrá un régimen autónomo de carrera, el cual de todas formas deberá ser regulado por el legislador ordinario, atendiendo eso sí los parámetros y principios generales que se señalan en la normatividad bajo examen, habida cuenta de la superioridad jerárquica de las leyes estatutarias en relación con las ordinarias.
(…)”
Por lo anterior, se expidió la Ley 1564 de 2013 mediante la cual se le otorgaron facultades pro-témpore al presidente de la República para modificar la estructura y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación. A partir de estas prerrogativas, el Gobierno Nacional profirió el Decreto Ley 20 de 2014 “Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas”.
2.1.1. De la supresión de los empleos de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación.
Como se indicó en el pretérito, a través del Decreto Ley 20 de 2014 se expidió el régimen de carrera de la Fiscalía General de la Nación; por ello, en el artículo 96 de la mentada disposición, se establecieron las causales de retiro del servicio de los empleados de esa entidad, así:
“(…)
ARTÍCULO 96. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción o de carrera en la Fiscalía General de la Nación y en sus entidades adscritas se produce en los siguientes casos:
1. Renuncia regularmente aceptada;
2. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción;
3. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento por inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente;
4. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento por estudio de seguridad;
5. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio de la evaluación del desempeño laboral;
6. Por haber obtenido la pensión de invalidez, jubilación o vejez;
7. Supresión del empleo;
8. Edad de retiro forzoso;
9. Destitución como consecuencia de un proceso disciplinario;
10. Declaratoria de vacancia del empleo en caso de abandono del cargo;
11. Revocatoria del nombramiento por no acreditación de requisitos para el desempeño del empleo, de conformidad con el artículo 5° de la Ley 190 de 1995 y las nomas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.
12. Muerte;
13. Por orden o decisión judicial;
14. Las demás que determine la Constitución y Ley.
(…)”
Ahora bien, respecto de la causal de retiro por supresión del empleo, el artículo 103 ibídem, dispuso:
“(…)
ARTÍCULO 103. Supresión del empleo. Los servidores con derechos de carrera a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser posible tendrán derecho a recibir una indemnización.
Cuando la incorporación se realice en un empleo igual, no podrán exigirse requisitos distintos de los acreditados por los empleados de carrera al momento de su inscripción o actualización en el Registro Público de Inscripción de Carrera. Una vez efectuada la incorporación, será actualizada la inscripción en el Registro y el servidor continuará con los derechos de carrera que ostentaba al momento de la supresión del empleo.
Para los efectos de reconocimiento y pago de la indemnización de que trata el presente artículo, el tiempo de servicios continuos se contabilizará partir de la fecha de posesión como servidor público de la Fiscalía General de la Nación o de sus entidades adscritas.
(…)
PARÁGRAFO 2. No se considera que hubo supresión efectiva del empleo si como producto de la modificación de la planta, los cargos de carrera de la nueva planta son iguales, equivalentes o se distinguen, respecto de los que conformaban la planta anterior, solamente por su denominación o nivel. En este evento, los titulares con derechos de carrera de los anteriores empleos deberán ser incorporados directamente en la situación en que se encontraban, no se les exigirán requisitos superiores para su desempeño y se actualizará su inscripción en el escalafón de la carrera.
El Gobierno Nacional reglamentará el alcance del empleo equivalente para efectos de la incorporación de los empleados de carrera administrativa cuando su empleo se suprima como consecuencia de un proceso de reestructuración, o modificación de la planta de empleos.
(…)”
En el mismo sentido, el artículo 104 del Decreto Ley 20 de 2014, indicó:
“(…)
ARTÍCULO 104. Supresión del empleo de un servidor que se encuentre en período de prueba o de una servidora en estado de embarazo. Cuando sea suprimido el cargo que ejerza un empleado sin derechos de carrera que se encuentre en período de prueba, este deberá ser incorporado al empleo igual o equivalente que exista en la nueva planta de empleos, para que continúe su período de prueba hasta su vencimiento.
De no poder efectuarse la incorporación a un empleo igual o equivalente, el nombre de la persona se reintegrará, mediante resolución motivada proferida por la respectiva Comisión de la Carrera Especial, a la lista de elegibles en el puesto que corresponda, si esta aún se encuentra vigente.
Cuando se suprima un cargo de carrera ocupado por una servidora en estado de embarazo y no fuere posible su incorporación en otro igual o equivalente, deberá pagársele, a título de indemnización por maternidad, el valor de la remuneración que dejare de percibir entre la fecha de la supresión efectiva del cargo y la fecha probable del parto, y el pago mensual a la correspondiente entidad promotora de salud de la parte de la cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud que corresponde a la entidad pública en los términos de la ley, durante toda la etapa de gestación y los tres (3) meses posteriores al parto, más las doce (12) semanas de descanso remunerado a que se tiene derecho como licencia de maternidad.
(…)”
En este punto, se precisa que la figura de la supresión de los empleos como causal de retiro del servicio, deviene de una facultad propia de la administración para renovar, modificar o fusionar sus plantas de personal en virtud de las necesidades propias del servicio, en aras de cumplir los cometidos estatales. Dicho esto, cuando existan motivos de interés general que justifiquen la supresión de cargos de una entidad pública, es legitimo que el Estado lo haga sin que los derechos de carrera de los empleados comporten un obstáculo para la administración, ya que estos deben ceder ante el bien común. No obstante, las disposiciones para el caso de la Fiscalía General de la Nación señalaron los elementos mínimos para que los servidores de carrera, los que se encuentren en periodo de prueba y las empleadas en estado de embarazo, pudieran conservar sus derechos adquiridos y las garantías de estabilidad.
2.2. De la reorganización de la Fiscalía General de la Nación por la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
En el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) el 12 de noviembre de 2016, se implementaron transformaciones a diferentes establecimientos del orden nacional con el fin de darle alcance a los compromisos acordados. Puntualmente, para la Fiscalía General de la Nación, se creó la “Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismos y sus redes de apoyo”.
En cumplimiento de lo anterior, se expidió el Acto Legislativo 01 de 2016 “Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, que en su artículo 2º, señaló:
“(…)
ARTÍCULO 2o. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo HYPERLINK "../../Downloads/constitucion_politica_1991_pr014.html" \l "TRANSITORIO ACL01016-2"transitorio, el cual quedará así:
Artículo transitorio. Facultades presidenciales para la paz. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facultase al presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Las anteriores facultades no podrán ser utilizadas para expedir actos legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes códigos, leyes que necesitan mayorías calificada o absoluta para su aprobación, ni para decretar impuestos.
Los decretos con fuerza de ley que se dicten en desarrollo de este artículo tendrán control de constitucionalidad automático posterior a su entrada en vigencia. El procedimiento de revisión de constitucionalidad de estas disposiciones deberá surtirse por parte de la Corte Constitucional dentro de los dos meses siguientes a su expedición.
(…)”
Consecuentemente, fue proferido el Decreto Ley 898 de 2017 “Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones”.
2.2.1. De la supresión y nombramiento de cargos a partir de la modificación parcial de la estructura de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación.
El artículo 59 del Decreto Ley 898 de 2017, señaló los cargos que se debían suprimir de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, entre los que se encuentran:
“(…)
ARTÍCULO 59. Supresión de empleos. Suprimir de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación los siguientes cargos:
NÚMERO
DENOMINACIÓN DEL CARGO
PLANTA GLOBAL ÁREA FISCALlAS
4
CONSEJERO JUDICIAL
291
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS
322
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DE CIRCUITO
73
FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL DISTRITO
1101
ASISTENTE DE FISCAL I
931
ASISTENTE DE FISCAL II
244
ASISTENTE DE FISCAL III
210
ASISTENTE DE FISCAL IV
(…)”
Asimismo, el artículo 61 ibídem, dispuso la creación de nuevos cargos para la Unidad Especial de Investigación, en los siguientes términos:
“(…)
ARTÍCULO 61. Creación de cargos para la Unidad Especial de Investigación. Crear los siguientes cargos en la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, así:
NÚMERO
DENOMINACIÓN DEL CARGO
1
DIRECTOR NACIONAL II
5
PROFESIONAL EXPERTO
5PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
5
PROFESIONAL DE GESTIÓN III
2PROFESIONAL DE GESTIÓN I
3FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL DISTRITO
4FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DE CIRCUITO ESPECIALIZADO
4FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DEL CIRCUITO
5FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS
5ASISTENTE DE FISCAL I
4
ASISTENTE DE FISCAL II
4
ASISTENTE DE FISCAL III
3
ASISTENTE DE FISCAL IV
5
SECRETARIO EJECUTIVO
2
ASISTENTES I
1
PROFESIONAL INVESTIGADOR II
12
TÉCNICO INVESTIGADOR I
13
TÉCNICO INVESTIGADOR II
3
CONDUCTOR II
PARÁGRAFO. Los empleos creados en el presente artículo, son de dedicación exclusiva para cumplir las funciones de la Unidad Especial de Investigación y, en consecuencia, en estos cargos no procederá la incorporación de servidores cuyos empleos sean efectivamente suprimidos en el presente Decreto Ley.
(…)”
Por otra parte, los artículos 62 a 64 señalaron las facultades del empleador para determinar la continuidad del servicio, las incorporaciones, los nuevos nombramientos y las supresiones de los cargos. En suma, se reafirmó la naturaleza global y flexible de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se planteó el respeto por los derechos de los servidores de carrera, refiriéndose puntualmente a las incorporaciones y movimientos del personal.
Los artículos, dispusieron literalmente:
“(…)
ARTÍCULO 62. Continuidad en el servicio. Los servidores continuarán desempeñando las funciones del empleo en el cual están nombrados y devengando la remuneración asignada a éstos, hasta tanto se produzca su incorporación, un nuevo nombramiento o se les comunique la supresión de sus cargos, según el caso.
La supresión efectiva de los cargos de los servidores que tienen causada la pensión, se efectuará una vez ingresen en nómina de pensionados.
ARTÍCULO 63. Planta global y flexible de la Fiscalía General de la Nación. La planta de cargos adoptada para cada área de la Fiscalía General de la Nación es global y flexible y, por lo tanto, el Fiscal General de la Nación se encuentra facultado para distribuir, trasladar y reubicar los empleos dentro de éstas, de conformidad con las necesidades del servicio, los planes, estrategias y los programas de la Entidad.
ARTÍCULO 64. Incorporaciones y movimientos de personal. Las incorporaciones y movimientos de personal que se realicen como resultado de la modificación de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, no generarán para los servidores que ostenten derechos de carrera su pérdida o desmejora.
Cuando haya lugar a la actualización en el Registro Único de Carrera, la misma se efectuará de oficio por la Subdirección de la Comisión de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación o quien haga sus veces.
A los servidores que se les suprima el empleo de Asistente de Fiscal I y sean nombrados en cargos de Técnico II, no se les exigirán requisitos adicionales a los acreditados al momento de su posesión y devengarán la remuneración que se establezca para el empleo en el cual sean nombrados.
(…)”
Finalmente, teniendo en cuenta que el parágrafo 3º del artículo transitorio del Acto Legislativo 01 de 2016, sostuvo que “Los decretos con fuerza de ley que se dicten en desarrollo de este artículo tendrán control de constitucionalidad automático posterior a su entrada en vigencia. El procedimiento de revisión de constitucionalidad de estas disposiciones deberá surtirse por parte de la Corte Constitucional dentro de los dos meses siguientes a su expedición”. En consecuencia, la Corte Constitucional realizó el control automático de constitucionalidad del Decreto Ley 898 de 2017, mediante la sentencia C-013 de 2018, la cual declaró exequible en su integralidad la referida norma, excepto por el artículo 62 ejusdem, que condicionó a la demandada a respetar los derechos de los prepensionados, el personal discapacitado y las madres y padres cabeza de familia. Así las cosas, mediante providencia de 14 de marzo de 2018, la Corte Constitucional señaló:
“(…)
Los procesos de reestructuración de las entidades públicas y las subsecuentes modificaciones a las plantas de personal, deben ir acompañadas de las garantías necesarias para proteger los derechos fundamentales del trabajador y muy especialmente los de aquellos que por su condición personal ven limitadas las posibilidades de desempeño, como ocurre en el caso de los prepensionados, las personas en situación de discapacidad y los hombres y mujeres cabeza de familia, alrededor de los cuales ha sido dispuesto el “retén social”.
(…)
El retén social, como garantía de estabilidad laboral de los trabajadores vinculados a una planta de personal que es objeto de reestructuración, ha tenido aplicación en diversos escenarios institucionales, entre los que se cuenta la Fiscalía General de la Nación, como se deriva de lo resuelto en la Sentencia SU-446 de 2011, que amparó los derechos de trabajadores que ocupaban cargos específicos que serían provistos con el registro de elegibles. El aquella ocasión la Corte precisó, que la Fiscalía, a pesar de la discrecionalidad de la que gozaba, “sí tenía la obligación de dar un trato preferencial, como medida de acción afirmativa a: i) las madres y padres cabeza de familia; ii) las personas que estaban próximas a pensionarse, entiéndase a quienes (...) les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener la respectiva pensión; y iii) las personas en situación de discapacidad”.
(…)
En el presente caso la Corte encuentra, que las modificaciones realizadas en la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación apuntan a reforzar el área misional de la Entidad, en la medida en que se suprimen cargos directivos. De igual manera, se reduce el número de dependencias de la Dirección de Apoyo a la Gestión, pasando de 24 Subdirecciones Seccionales a 8 Subdirecciones Regionales. Como consecuencia de lo anterior, se presenta una disminución importante en los cargos del nivel directivo, profesional y asistencial, lo cual conlleva a una reducción en los gastos de personal.
(…)
Sin embargo la Sala considera que dentro del proceso de ajuste institucional que se surte, resulta necesario preservar los derechos de los trabajadores y la vigencia y contenido del retén social, en el sentido de asegurar que los hombres y mujeres cabeza de familia en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional; las personas que a 29 de mayo de 2017, fecha de expedición del Decreto Ley 898 de 2017, les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener la respetiva pensión; y las personas en condición de discapacidad, respecto de quienes se suprimen los cargos que venían ocupando, no sufran la afectación de sus derechos constitucionales.
En este sentido, se declarará la exequibilidad condicionada del artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017, en el entendido que las personas a las que se ha hecho referencia, cuyos cargos hayan sido suprimidos con ocasión del proceso de ajuste institucional, deberán ser reubicados o nombrados y posesionados en otro cargo igual o del mismo nivel de los que se crean o de los que se mantienen en la Fiscalía General de la Nación.
(…)”
Ciertamente, la Sala precisa que la reorganización de la Fiscalía General de la Nación a partir de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, estuvo acompañada por las garantías legales y jurisprudenciales necesarias para proteger, no solo los derechos de los servidores adscritos a la carrera administrativa, los que estuvieran en periodo de prueba o las empleadas en estado de embarazo; sino, también a los prepensionados, los considerados en situación de discapacidad y a las madres y padres cabeza de familia. De manera que, los movimientos de personal (supresiones y nombramientos) realizados en virtud de la restructuración, solo encontraron su limitación en los Decretos Ley 20 de 2014, 898 de 2017 y en la sentencia C-013 de 2018. En efecto, es claro que fue hasta la expedición de la Resolución 02358 de 29 de junio de 2017, que se consolidaron las situaciones jurídicas para cada uno de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, pues este acto administrativo distribuyó los cargos de la nueva planta de personal en virtud del Decreto Ley 898 de 2017. 2.3. Caso concreto.
Para desatar los motivos de inconformidad expresados por la parte actora en el recurso de apelación, esta Colegiatura encuentra necesario hacer un recuento del acerbo probatorio que reposa en el expediente, así:
Resolución 00823 de 29 de mayo de 2012, por la cual se nombró a la actora en provisionalidad.
Acta 000213 de 4 de junio de 2012, mediante la cual la accionante tomó posesión del cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Especializados de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Resolución 2-1899 de 8 de junio de 2012, a través de la cual se le concede una comisión de servicios a la actora en la Unidad Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación.
Resolución 1754 de 27 de mayo de 2013, con la cual se le termina y concede una comisión de servicios en la Dirección Nacional Administrativa Financiara de la Fiscalía General de la Nación.
Resolución 2-3618 de 18 de octubre de 2013, mediante la cual se efectúo un encargo como Secretaria Privada del Fiscal General de la Nación.
Resolución 0539 de 2 abril de 2014, por la cual se efectúo un nombramiento en provisionalidad en el cargo de Asesor del despacho del Fiscal General de la Nación.
Resolución 2-0190 de 26 de enero de 2016, a través de la cual se efectúa un encargo como Fiscal Delegado ante los Tribunales del Distrito.
Resolución 00289 de 15 de febrero de 2016, con la cual se efectúo un nombramiento en provisionalidad como Fiscal Delegado ante los Tribunales del Distrito.
Resolución 0001782 de 25 de agosto de 2016, a través de la cual se reubica un empleo en la planta de personal de la Dirección Nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana a la Dirección de Fiscalías Nacional Especializada contra la Corrupción.
Resolución 0002531 de 22 de noviembre de 2016, por medio de la cual se reubica a la accionante en un empleo de la Dirección Nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana de Santander.
Resolución 1-0197 de 24 de marzo de 2017, por la cual se da cumplimiento a una orden judicial y deja sin efecto la Resolución 0002531 de 22 de noviembre de 2016.
Documento técnico de Organización de la Fiscalía General de la Nación “Organización de la Fiscalía de la Gente, para la Gente y por la Gente” del 5 de enero de 2017.
Resolución 02358 de 29 de junio 2017, mediante la cual se distribuyeron los cargos de la nueva planta de personal de la Fiscalía General de la Nación.
Oficio STH 56 de 30 de junio de 2017, con el que se le comunicó la decisión de terminación del vínculo laboral.
Realizado el recuento probatorio, sostiene el abogado que el caso particular no versa sobre si la Fiscalía tenía o no la potestad de elegir de manera discrecional quienes continuarían vinculados a la entidad; por el contrario, lo que se cuestiona es como hizo uso de sus atribuciones, puesto que la demandada tenía el deber de escoger a los funcionarios de la nueva planta con base en criterios objetivos y no basándose en consideraciones subjetivas.
Sobre lo expuesto, es necesario precisar que el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 228 del Decreto 019 de 2012, señaló que las reformas de las plantas de personal de las entidades públicas deben fundarse en las necesidades del servicio o en la modernización de la Administración, basándose en justificaciones y estudios técnicos que así lo demuestren; en ese entendido, esta Colegiatura considera que las atribuciones de la reorganización de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, observaron el estudio técnico de organización de la entidad el cual se denominó “Organización de la Fiscalía de la Gente, para la Gente y por la Gente”.
Ahora bien, respecto a la selección de servidores de la nueva planta de personal, la Sala sostiene que es inadecuado exigir un estudio técnico para remplazar a cada empleado, puesto que estos hacen parte de una actuación administrativa que tuvo su génesis en una modificación a la estructura organizacional de la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de los objetivos planteados en el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y de la Construcción de un Paz Estable y Duradera”.
Sobre este punto, la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia de 9 de mayo de 2022, expuso:
“(…)
Los motivos de la mencionada resolución fueron concordantes con el objeto del Decreto Ley 898 de 2017 y con el estudio técnico realizado por la Fiscalía General de la Nación, con el cual se justificó la reestructuración de la planta de personal y la supresión y creación de algunos cargos y que, en este escenario, no podía exigirse la realización de un estudio para cada uno de ellos, por cuanto hacen parte de la misma actuación administrativa que se surtió con el fin de efectuar las modificaciones necesarias a la planta de personal del ente fiscal, para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el «Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera».
(...)
Valga precisar que contrario a lo señalado por el demandante, en el documento técnico aportado por la entidad se advierte que sí se realizó la evaluación de la prestación de los servicios y de las funciones, perfiles y cargas de trabajo de los empleos. En tal sentido, realizó un «análisis estadístico y estudio de cargas –Área de Fiscalías», cuya base radicó «en los datos de carga laboral para el periodo comprendido entre los años 2014 – 2016». Por ejemplo, se advierte que identificó «que la recepción de una denuncia toma entre 40 minutos y 1 hora; además que el promedio de denuncias diarias recepcionadas por funcionario es de 11 a 12» de allí que encontró receptores faltantes y realizó una proyección de cubrimiento o intervención en los inconvenientes evidenciados. (negritas y subrayado fuera de texto)
(...)”
En ese mismo sentido, la sentencia de 18 de agosto de 2022 proferida por Sección Segunda del Consejo de Estado, dispuso:
“(…)
Acerca de dicho planteamiento debe precisarse que tampoco se corroboran estas causales de ilegalidad formuladas por la parte activa, toda vez que como se esbozó previamente, el contenido motivacional de la resolución reprochada debía ser la aplicación del Decreto Ley 898 de 2017 en concordancia con el estudio técnico que se hubiera realizado para determinar cuál sería la reorganización más adecuada de la Fiscalía General de la Nación. Empero, no es cierto que el referido documento tuviese que haber efectuado un análisis comparativo entre cualidades, capacidades, logros o experiencia de los funcionarios propiamente dichos a fin de concluir cuáles continuarían vinculados y quiénes no.
Lo que en realidad debía ser objeto de justificación factual y jurídica tanto en el estudio técnico como en la manifestación estatal objeto de la litis, era la indicación de los cargos que debían suprimirse, crearse y reubicarse al interior de la planta de personal de la entidad, con el propósito de que fuera aquella la que resolviera qué servidores ocuparían tales plazas bajo los límites propios que la Corte Constitucional había fijado al momento de declarar la exequibilidad condicionada del artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017.
(…)”
Por todo lo anterior, la Sala estima que no le asiste razón al apoderado de la demandante, por cuanto la restructuración de la Fiscalía General de la Nación estuvo fundamentada en el estudió técnico que reposa en el expediente, el cual da cuenta del análisis objetivo que se hizo para determinar cuales servidores debían continuar vinculados a la nueva planta de personal y cuales no. En otras palabras, en el estudio técnico se realizó una evaluación de las funciones, perfiles y cargas de trabajo de los empleados, así como una comparación costo beneficio entre la estructura vigente antes de la expedición del Decreto Ley 898 de 2017 y después de esta.
Por otra parte, el abogado afirmó que motivar los actos discrecionales no es una facultad potestativa de la administración, sino que es un deber, pues en caso de no hacerlo su actuación se tornaría arbitraria y podría ser declarada nula como consecuencia del control judicial. Por ello, es una carga para las autoridades públicas sustentar las decisiones que adoptan en uso de la facultad discrecional.
Insistió, en que la desvinculación de un funcionario por causa de un proceso de restructuración es una decisión discrecional de la administración, ya que debe estar fundamentada en datos y criterios objetivos, so pena de considerarse arbitraria y contraria a los principios en que se fundamenta nuestro Estado. Reiteró, que en nuestro ordenamiento jurídico no es admisible que la administración escoja por escoger o que motive su decisión por cualquier razón, puesto que es necesario que sustente sus actos discrecionales en datos objetivos.
Para resolver el cargo expuesto por la accionante, la Sala estima que es menester traer a colación lo expuesto en la decisión de 9 de junio de 2022 proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda de esta Corporación, la cual hizo referencia a la falsa motivación de los actos administrativos, así:
“(…)
El cargo por falsa motivación, como causal de anulación de los actos administrativos, se entiende como la razón que da la administración al momento de expedir un acto administrativo, de manera engañosa, y contraria a la realidad, disfrazando los motivos reales para su expedición; igualmente se configura, cuando las circunstancias de hecho y de derecho que se aducen al emitir el acto administrativo, no corresponden a la decisión que se adopta.
(…)”
Conforme a lo expuesto, se debe analizar la parte motiva de la Resolución 02358 de 29 de junio de 2017, para determinar si el acto administrativo esta viciado de falsa motivación.
"(...)
Que mediante el Decreto Ley 898 de 2017, se creó la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de Homicidio y masacres que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones.
Que como consecuencia de esta modificación se hace necesario distribuir los cargos de la Planta adoptada para cada área de la Fiscalía General de la Nación.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 26 del artículo 4° del Decreto ley 016 de 2014 y el Decreto 63 del Decreto Ley 898 de 2017, el Fiscal General de la Nación, tiene la facultad de distribuir, trasladar y reubicar los empleos dentro de las Plantas Globales y flexibles de la entidad y determinar sus funciones, de acuerdo con las necesidades del servicio, los planes, estrategias y los programas de la entidad.
(…)"
Visto lo anterior, esta Subsección observa que contrario a lo dicho por el apoderado de la demandante, el acto administrativo deprecado tiene como fundamento el Decreto Ley 898 de 2017 y el estudio técnico que evaluó la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación; por ello, es claro que la Resolución 02358 de 29 de junio de 2017, esta motivada y ajustada al contexto fáctico y jurídico que rodeo el proceso de reorganización de la demandada, es decir, el cargo de falsa motivación expuesto por la parte actora no esta llamado a prosperar.
Seguidamente la accionante alegó, que la entidad demandada tenía que explicar las razones por las cuales optó por retirar del servicio a la actora en lugar de otros funcionarios en provisionalidad que contaban con similares o menores cualidades que ella. Argumentó, que de los testimonios se evidencia que la entidad no tuvo en cuenta los criterios objetivos, sino que le dio una alta preponderancia a la liberalidad del nominador, lo cual se traduce en subjetividad y arbitrariedad; por todo eso, la errada valoración del tribunal llevó a que no se diera como probado el cargo de desviación de poder.
Para desatar lo señalado por la demandante, la Sala recuerda que la figura de la supresión de los empleos como causal de retiro del servicio, deviene de una facultad propia de la administración para renovar, modificar o fusionar sus plantas de personal en virtud de las necesidades propias del servicio, en aras de cumplir los cometidos estatales. Ahora, cuando existan motivos de interés general que justifiquen la supresión de cargos de una entidad pública, es legitimo que el Estado lo haga sin que los derechos de los empleados comporten un obstáculo para la administración, ya que estos deben ceder ante el bien común.
Así las cosas, para el caso sub examine la Sala advierte que la Fiscalía General de la Nación contaba con la facultad discrecional para suprimir los cargos conforme a las condiciones previstas en el Decreto Ley 898 de 2017, pues esa potestad, no cuenta con una regulación expresa que indique que se debe hacer una evaluación subjetiva para cada servidor, pues las únicas limitantes para decantar su decisión se encontraban contenidas en el Decreto Ley 20 de 2014, la sentencia C-013 de 2018 y el mismo Decreto Ley 898 de 2017.
Por otro lado, frente a la desviación de poder esta Colegiatura recuerda que esa causal de anulación de los actos administrativos tiene vocación de prosperidad, en la medida que se logre demostrar que quien ejerce la función administrativa expidió el acto pretendiendo satisfacer unas necesidades diferentes a las que se deben perseguir según su naturaleza.
En ese contexto, se advierte que de los testimonios rendidos por los señores (i) José Tobías Betancourt Ladino; (ii) Luis Enrique Aguirre Rico; (iii) Germán Castellanos Mayorga; y (iv) Nelbi Yolanda Arenas Herreño, se puede concluir que la desvinculación de la actora fue producto de la restructuración hecha por la Fiscalía General de la Nación en virtud del cumplimiento del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el cual se materializó a través del Acto Legislativo 01 de 2016 y del Decreto Ley 898 de 2017. Por tal razón, desde ya la Sala estima que los argumentos expuestos por la actora no tienen vocación de prosperidad, porque la Resolución 02358 de 29 de junio de 2017, se ajustó no solo al Decreto Ley 898 de 2017, sino, al estudio técnico hecho por la demandada.
Finalmente, el apoderado de la accionante indicó que el Consejo de Estado ha explicado de manera consistente que no basta con que la parte sea vencida en juicio para que proceda la condena en costas, sino que también debe verificarse su conducta; en ese caso, el tribunal omitió comprobar la conducta de la parte demandante.
Al respecto, se accederá a revocar la condena en costas, teniendo en cuenta que esta Subsección en reiteradas ocasiones ha dicho que estas no proceden de manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”; en resumen, como no se observa un actuar temerario por parte de la accionada, la Sala no condenará en costas a la parte vencida.
Así las cosas, la Sala advierte que por todo lo expuesto, los vicios de nulidad propuesto por el apoderado de la parte demandante contra los actos administrativos enjuiciados no tienen vocación de prosperidad.
DECISIÓN
Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia 13 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “D” que negó las pretensiones de la demanda, excepto por el literal segundo de la parte resolutiva de la providencia en el cual se condenó en costas a la parte demandante.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de 13 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “D” que negó las pretensiones de la demanda, excepto el literal segundo que condenó en costas a la parte actora, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- Sin costas para las partes.
TERCERO.- DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.
TERERO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/vistas/documentos/evalidador.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)
CARMELO PERDOMO CUÉTER
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E)
AUSENTE CON EXCUSA
Folios 583 a 601
Folio 233 y vuelta.
“Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones”.
Folios 205 a 232.
Folios 583 a 601.
Folios 612 a 633.
Folio 644
Folio 645
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:3001/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000234200020170594001/C0A9B0B46324D231D51DA9E2E35174E8683310F8F1D4D0F88070C42A8D975558/2
“ARTICULO 253. La ley determinará lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, al ingreso por carrera y al retiro del servicio, a las inhabilidades e incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración, prestaciones sociales y régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de su dependencia”.
“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. A pesar de que la Ley 909 de 2004 no es aplicable a los emplados de la Fiscalía General de la Nación por su especialidad, lo cierto es que, el numeral 2 del artículo 3º de la mentada dispocisión señala que tiene carácter supletorio en caso de que se presenten vacíos en la normatividad especial que los rige.
“ARTÍCULO 159. REGIMEN DE CARRERA DE LA FISCALIA. La Fiscalía General de la Nación tendrá su propio régimen autónomo de carrera sujeto a los principios del concurso de méritos y calificación de servicios, orientado a garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia y ascenso en el servicio de los funcionarios y empleados que la conforman. Los cargos de libre nombramiento y remoción, así como los de carrera, serán los previstos en la ley. Con el objeto de homologar los cargos de la Fiscalía con los restantes de la Rama Judicial, aquélla observará la nomenclatura y grados previstos para éstos”.
Sentencia 9 de octubre de 2020, CP. Sandra Liseet Ibarra Vélez; rad. 25000-23-42-000-2016-03082-01.
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, pág. 82
Sentencia C – 013 de 14 de marzo de 2018. M.P. Dr. Alberto Rojas Ríos.
Folios 57 a 77 Cuaderno principal
Folio 81
Folio 82
Folios 83 y 84
Folios 85 y 86
Folio 87
Folio 90
Folios 92 y 93
Folios 96 y 97
Folios 99 y 100
Folio 101
Folios 105 a 106
Folio 235 CD contiene Resolución 2358 de 29 de junio de 2017 y Documento técnico.
Folio 235 CD archivo 1 a 1119
Folio 79
“ARTÍCULO 46. Reformas de plantas de personal. Las reformas de plantas de personal de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la Administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP (…)”.
Sentencia de 9 de mayo de 2022, Rad. 25000-23-42-000-2017-06164-01 (3235-2020) C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” del 9 de junio de 2022. Radicado 68001-23-33-000-2015-00878-01. M.P. César Palomino Cortés.
Folios 583 a 601
Folios 583 a 601
PAGE 21
Número interno: 3005-2020
Demandante: Diana Patricia Turmequé
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación.
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