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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05947-01

Improcedencia de la tutela contra acto administrativo que declara insubsistente un cargo de libre nombramiento

Fecha
26 de febrero de 2018
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05947-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de 19 de diciembre de 2017, proferida por la subsección D de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de la acción de tutela presentada por el señor Roberto Enrique Arrazola Merlano, contra la Auditoría General de la República, mediante el cual rechazo por improcedente el amparo de los derechos fundamentales invocados, de conformidad con las precisas razones expuesta en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 de Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. TERCERO: en acatamiento a las disposiciones del articulo 32 ibídem, dentro de los diez (10) días siguientes REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sección de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-05947-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

26 de febrero de 2018

IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA INSUBSISTENTE UN CARGO DE LIBRE NOMBRAMIENTO / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Mecanismo judicial idóneo

El accionante solicita dejar sin efectos la Resolución 0827 de 18 de octubre de 2017, mediante la cual el Auditor General de la República, lo declaró insubsistente del cargo de Director de la Oficina Jurídica Grado 4 de la planta global de empleos de esa entidad y se ordene el reintegro al cargo que estuvo desempeñando o en su defecto a otro de igual o superior jerarquía, en virtud de su condición de padre cabeza de familia a cargo de su hijo y su esposa, toda vez que el único ingreso económico para su núcleo familiar era el percibido durante toda su vida laboral. No obstante, la Auditoría General de la República, en el informe rendido en primera instancia, advirtió que el accionante no cuenta con la condición de padre cabeza de familia, en tanto cuenta con el apoyo económico de su esposa para solventar los gastos familiares, quien se encuentra vinculada a la empresa “ARC Andean Regulatory Consultancy SAS” en la calidad de representante legal desde el 16 de junio de 2015. (…) Contra actos administrativos de desvinculación laboral de servidores públicos, en principio, la acción de tutela es improcedente, en la medida en que frente aquella persona a la cual se dirigen sus efectos y modifica su situación particular puede hacer uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del cual puede solicitar la suspensión provisional del acto, en razón a que este es el mecanismo calificado dispuesto por el legislador para propender por la protección de los derechos invocados en casos similares al que nos atañe. (…) En vista de lo anterior, para que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado es necesario que este supere los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, de tal manera debe concluirse que resulta improcedente teniendo en cuenta que, el tutelante desde el día siguiente en que le fue notificada la resolución 827 de 18 de octubre de 2017, contaba con la posibilidad de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, en ejercicio del medio de nulidad y restablecimiento del derecho o de cualquier otro que considerara pertinente para cuestionar la decisión de la administración.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ.

Bogotá, D.C. veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 25000-23-42-000-2017-05947-01(AC)

Actor: ROBERTO ENRIQUE ARRÁZOLA MERLANO Y OTRO

Demandado: AUDITORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por el apoderado judicial del señor Roberto Enrique Arrázola Merlano, en contra la sentencia de 1.° de junio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, que declaró improcedente la acción de tutela por él presentada contra la Auditoria General de la República, respecto al acto administrativo por el cual fue declarado insubsistente del cargo que desempeñaba en dicha entidad.

ANTECEDENTES

1.1. Escrito de tutela.

Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados en el escrito de tutela:

El apoderado judicial de la parte actora, manifestó que el día 18 de octubre de 2017, mediante Resolución 0827 de 2017, la Auditoría General de la República, declaró insubsistente el nombramiento del señor Roberto Enrique Arrázola Merlano del cargo que venía desempeñando como Director de la Oficina Jurídica Grado 4 de la planta global de dicha entidad.

Indicó que el acto administrativo en mención, fue expedido por la entidad accionada sin tener en cuenta la condición de especial protección de estabilidad reforzada con que goza su poderdante, al padecer graves limitaciones físicas, conforme al historial médico que reposa en el expediente laboral contentivo de su hoja de vida.

Señaló que ostenta la calidad de prepensionado dado que tiene 59 años de edad y ha cotizado más de 1250 semanas, faltándole menos de 3 años para obtener el status de pensionado.

Alegó que, es padre cabeza de familia y que todos los gastos del hogar corren por su cuenta, debido a que su esposa padece de una grave enfermedad, por lo que no labora.

1.2. Pretensiones

Con fundamento en los hechos expuestos la parte actora, solicitó el amparo a los derechos fundamentales invocados y en consecuencia: i) dejar sin efectos la Resolución 0827 de 2017, de fecha 18 de octubre de 2017, proferida por la Auditoría General de la República, mediante el cual fue declarado insubsistente del cargo, ii) se le reintegre al cargo que estuvo desempeñando o en su defecto a otro igual o superior jerarquía, iii) se ordene el pago los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, y iv) se ordene el pago de la indemnización equivalente a 180 días del salario, prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

1.3. ACTUACION PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante Auto de 5 de diciembre de 2017, la subsección D de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, admitió la acción de tutela de la referencia, por lo que ordenó la notificación al Auditor General de la República, en su calidad de demandado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.

1.4. Informes rendidos

1.4.1. Auditoría General de la República.

El Director de la oficina jurídica de la entidad accionada, rindió informe sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela, en el que resaltó que los cargos de libre nombramiento son absolutamente distintos a la demás vinculaciones laborales que consagra el sistema de carreras, en tanto el nominador cuenta con un amplio margen de facultad discrecional para disponer o remover de estos cuando así lo requiera, sin motivar los actos, ni solicitar autorización por parte del Ministerio de Trabajo.

Manifestó que, en cuanto a la condición de estabilidad laboral reforzada alegada por el actor, de la revisión y análisis de la historia clínica de fecha 14 de septiembre de 2017, se observó que fue diagnosticado con lumbago no especificado, artrosis primaria, y coxartrosis primaria bilateral, es decir, no existe constancia alguna que indique que el dicho padecimiento, obstaculiza el normal desempeño de sus labores funcionales al interior de la entidad, ni que su condición actual de salud sea lo suficientemente gravosa que amerite el amparo constitucional, por el contrario de la lectura de los exámenes médicos aportados por él, se corrobora que tiene un manejo controlado de sus dolencias, asunto que no lo hace merecedor como sujeto de especial protección constitucional en condiciones de vulnerabilidad.

Indicó que, en atención a la consulta realizada en el base de datos de la página web de “informa”, la misma arrojó que la señora Liliana Margarita Peñaloza Arrieta, Cónyuge del actor, se encuentra vinculada desde el 16 de junio de 2015, a la multinacional “ARC Andean Regulatory Consultancy SAS” en calidad de representante legal, lo cual evidencia que este cuenta con el apoyo económico de su esposa para solventar los gastos familiares, quedando desvirtuado que la manutención y alimentación de su hijo menor depende exclusivamente de sus ingresos.

Mencionó que, adicionalmente la declaración juramentada de bienes y rentas del accionante, demuestra que sus ingresos para el año 2017, ascendieron, pues es propietario de un bien rural, un vehículo de placas QGR 313 y es accionista de la empresa Ecopetrol, lo cual revela que cuenta con otros medios de subsistencia para su núcleo familiar.

Alegó que, de acuerdo a todo lo expuesto la presente acción de tutela es improcedente para controvertir actos administrativos de carácter particular, en tanto su carácter inminente, residual y subsidiario solo cobija situaciones en las cuales se evidencia una flagrante vulneración de derechos fundamentales, que ameriten la protección inmediata de estos, con miras a evitar la generación de un perjuicio irremediable .

1.5. Sentencia de tutela Impugnada.

El Tribunal Administrativo de Quindío, mediante sentencia de 19 de diciembre de 2017, rechazó por improcedente la acción de tutela, bajo los siguientes argumentos:

“(…) Ahora bien, en el sub lite, los accionantes pretenden que en virtud de la presente acción, se deje sin efectos la Resolución No. 02827 de 2017, mediante lo cual se declaró insubsistente al señor Roberto Enrique Arrazola Merla y en consecuencia se ordene su reintegro al cargo de Director Jurídico Grado 04, que desempeñaba en la entidad accionada. Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Sala, que la referida resolución constituye un acto administrativo definitivo, en el que se discuten derechos de carácter particular, cuyo debate se puede surtir en sede judicial a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, el cual puede intentarse por el interesado.

(…)

En conclusión, encuentra la Sala que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho resulta eficaz para lograr lo que aquí pretende el accionante, pues no hay razón para concluir que este dispositivo no tenga la vocación de propiciar la protección de los derechos fundamentales controvertidos; así mismo, la parte actora puede solicitar la suspensión provisional del acto administrativo cuya ilegalidad se depreca, conforme al artículo 231 del CPACA, pues debe recordarse que en el nuevo régimen del contencioso administrativo ya no exige el condicionamiento de que haya una “manifiesta” vulneración de una norma superior.

(…)

Así entonces, conforme a lo expuesto, considera la Sala, que la presente acción de tutela, resulta improcedente, toda vez que para efectos de ejercer un juicio de legalidad contra la Resolución No. 02827 de 2017, los accionantes cuentan con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual debe ejercer como mecanismo de defensa principal.

(…)

bajo las anteriores consideraciones, y conforme al acervo probatorio que obra en el plenario, no es posible establecer la existencia de un perjuicio irremediable, pues pese a que el actor indica en el libelo, que es padre cabeza de familia y que en consecuencia, el salario que recibía antes de ser declarado insubsistente era su única fuente de ingreso, en la contestación de la demanda la entidad accionada allegó copia de la información suministrada por la página web ruea.org.co, en la que consta que la señora Liliana Margarita Peñaloza Arrieta, “Andean Regulatory Consultancy SAS” (fl. 126-131), lo que evidencia que los ingresos económicos del actor, no son los únicos que sufragan los gastos de su núcleo familiar. Aunado a lo anterior, también reposa en el expediente el “FORMULARIO ÚNICO DECLARACIÓN JUARAMENTADA DE BIENES Y RENTAS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA PRIVADA PERSONA NATURAL”, suscrito por el señor Roberto Enrique Arrazola Merlano (fl. 139) en el que consta que reportó ingresos económicos en la modalidad de honorarios, los cuales también le permite sufragar sus necesidades básicas y las de su familia. Razón por la cual, no se configuran las circunstancias de urgencia, gravedad e inminencia que hagan improrrogable el amparo por esta vía.

(…)”

1.6 La Impugnación

El apoderado judicial del accionante, impugnó la sentencia del 19 de diciembre de 2017, con reiteración de los argumentos expuestos en el escrito de tutela, además de señalar que el Juez de primera instancia omitió considerar las afectaciones de los derechos fundamentales alegados en tanto se basa en la existencia de una sociedad SAS, cuya representante legal es la cónyuge.

Indicó que lo anterior, no contradice que el actor sea el responsable de la manutención de su hogar, puesto que los recursos que se derivan de la sociedad en mención son de naturaleza ocasional, que en todo caso no logra cubrir las necesidades vitales del grupo familiar.

1.7 Actuaciones surtidas en segunda instancia.

El Director de la Oficina Jurídica de entidad accionada, allegó memorial a la secretaría de esta Corporación, el día 15 de febrero de la presente anualidad, en el que informó que el día 14 del mismo mes y año, el apoderado judicial del accionante, radicó solicitud de conciliación prejudicial en virtud de la eventual instauración del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. CONSIDERACIONES

Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito tutelar y las pruebas que obran en el expediente, se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) Competencia, ii) Determinación del problema jurídico iii) procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos y iv) sobre la condición de madre o padre cabeza de familia, y v) Solución del problema jurídico.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el articulo 32 del Decreto 1382 de 2000, en cuanto estipula que: “presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente (…)”, esta Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de tutela proferido por la subsección D de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el día 19 de diciembre de 2017.

2.2. Determinación del problema jurídico.

En el presente asunto corresponde resolver si: ¿La acción de tutela es procedente para cuestionar la legalidad del acto administrativo que declaró la insubsistencia del nombramiento del accionante en el cargo de Director de la Oficina Juridica Grado 4, de la Auditoria General de la República?

De superar el anterior derrotero, establecer si: ¿La Auditoría General de la República vulneró los derechos fundamentales invocados por el señor Roberto Enrique Arrazola Merlano, al proferir la Resolución 827 de 18 de octubre de 2017, con la que dispuso declararlo insubsistente?

2.3. De la procedibilidad de la acción de tutela frente a actos administrativo de desvinculación.

Para resolver el presente asunto, la Sala considera pertinente tener en cuenta las siguientes consideraciones de la Corte Constitucional sobre la procedibilidad de la acción de tutela frente a los actos administrativos de desvinculación, resaltado de las mismas el carácter excepcional de este medio de defensa en dicho asunto y la carga probatoria que tiene el accionante para que se conceda el amparo solicitado a fin de evitar un perjuicio irremediable.

“La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado, de manera reiterada, que cuando la pretensión de quien ha sido retirado del servicio es lograr su reintegro, tal solicitud debe tramitarse, en principio, por el mecanismo establecido por el legislador para tal fin, es decir, a través de la acción contenciosa administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho. La posibilidad de acudir a la tutela como mecanismo transitorio es excepcional, para lo cual es necesario establecer la existencia de un perjuicio irremediable y acudir de manera oportuna ante el juez de lo contencioso administrativo.

En efecto, la acción de tutela contra actos administrativos tiene un carácter excepcional, debido a la existencia de otros medios judiciales de defensa. La sentencia T-214 de 2004 se dijo al respecto:

“Aunque el derecho al debido proceso administrativo adquirió rango fundamental, ello no significa que la tutela sea el medio adecuado para controvertir este tipo de actuaciones. En principio, el ámbito propio para tramitar los reproches de los ciudadanos contra las actuaciones de la administración es la jurisdicción contenciosa administrativa quien está vinculada con el deber de guarda y promoción de las garantías fundamentales. Es en este contexto donde demandados y demandantes pueden desplegar una amplia y exhaustiva controversia argumentativa y probatoria, teniendo a su disposición los diversos recursos que la normatividad nacional contempla. El recurso de amparo sólo será procedente, en consecuencia, cuando la vulneración de las etapas y garantías que informan los procedimientos administrativos haya sido de tal magnitud, que los derechos fundamentales de los asociados no cuentan con otro medio de defensa efectivo. El recurso de amparo, como sucede en la hipótesis de protección de todos los derechos fundamentales, es subsidiario y residual, lo que implica que si la persona cuenta con un medio de defensa efectivo a su alcance o, habiendo contado con el mismo, de manera negligente lo ha dejado vencer, la tutela devendrá improcedente. En caso de existir otro medio de defensa, procede la tutela como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable”.

De igual forma, la sentencia T-514 de 2003 indicó lo siguiente:

“La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.”

(…)

Por otra parte, en la Sentencia SU-250 de 1998 la Corte afirmó que “la tutela no puede llegar hasta el extremo de ser el instrumento para garantizar el reintegro de todas las personas retiradas de un cargo”. Sólo sería procedente si se prueba la existencia de un perjuicio irremediable.

En relación a la prueba del perjuicio irremediable, ha señalado esta Corporación que la existencia de otros medios de defensa judicial hace más exigente la carga probatoria del actor. La Sentencia T-257 de 2006 dijo:

“La facultad de ejercer las acciones contencioso administrativas, acompañada de la posibilidad de solicitar que se decrete la suspensión provisional del acto impugnado, hace más cuidadoso y exigente el examen frente al evento de conceder la tutela como mecanismo transitorio, pues la persona interesada además de contar con un mecanismo de defensa judicial ordinario, tiene a su favor el derecho de formular una petición excepcional, eficaz y de pronta solución, como la de suspensión temporal del acto. (…)
En estos términos, en la Sentencia T-467 de 2006 se estableció que en los casos de desvinculación laboral, la pérdida del trabajo por sí mismo no puede considerarse como un perjuicio irremediable, sino que debe probarse que en el afectado recaén circunstancias especiales que posibilitan la interposición de la acción de amparo, como su situación de padre cabeza de familia. En la providencia se dijo:

“El análisis de los requisitos que determinana la existencia de un perjuicio irremediable no puede versar exclusivamente sobre los perjuicios obvios que se derivan del problema de fondo. Así, en el caso el perjuicio irremediable no puede ser concebido como la pérdida del trabajo del tutelante en sí mismo, situación que sucede en todos los casos donde una persona es desvinculada de su trabajo. Por lo tanto la procedencia de la acción de tutela comprende un análisis al margen de los asuntos de fondo.

En el caso no se encuentra un perjuicio diferente al normal de todos los casos que se derivan del retiro del servicio. Así, no se encuentra que el mínimo vital del tutelante se encuentre comprometido ni tampoco que exista una situación en que por ejemplo el tutelante sea un padre cabeza de familia que goce de una especial protección constitucional. El demandante, para sustentar la existencia de un perjuicio irremediable dice que no recibe un sueldo desde hace más de diez meses, que es padre de dos menores de cinco y quince años quienes dependen de él y que el trámite en la jurisdicción contencioso administrativa es demasiado demorado. Sin embargo, no se establece que el tutelante sea padre cabeza de familia sin alternativa económica y que la madre de los menores no esté presente o no pueda aportar al núcleo familiar. Por lo tanto, si no existe un efecto adverso adicional al que se deriva del retiro mismo del servicio no se reúnen las condiciones de urgencia que ha exigido la jurisprudencia para que de manera excepcional proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio” (Subrayado fuera del texto).

2.4. Sobre la condición de madre o padre cabeza de familia.

Como antes se expuso, uno de los eventos en que puede llegar a considerarse que la acción de tutela es procedente para dejar sin efectos (definitiva o transitoriamente) un acto mediante el cual se desvincula a una persona de su empleo, consiste en que ésta sea madre o padre cabeza de familia sin alternativa económica, en tanto es razonable considerar que cuando este sujeto de especial protección pierde la única fuente de ingresos, quienes depende económica, emocional y socialmente de ella o de él, que por lo general son personas en condiciones de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, como los niños, los ancianos o los discapacitados, se vean en una situación considerable de riesgo en la que resultan amenazados o afectados sus derechos fundamentales.

Para tener mayor claridad sobre la condición mujer cabeza de familia (concepto que es aplicable al padre cabeza de familia), se trae a colación el artículo 1° de la Ley 1232 de 2008, que modificó el artículo 2° de la Ley 83 de 1992, de la siguiente manera:

“Artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0082_1993.html" \l "2" \t "_blank" 2o. Jefatura femenina de hogar. Para los efectos de la presente ley, la Jefatura Femenina de Hogar, es una categoría social de los hogares, derivada de los cambios sociodemográficos, económicos, culturales y de las relaciones de género que se han producido en la estructura familiar, en las subjetividades, representaciones e identidades de las mujeres que redefinen su posición y condición en los procesos de reproducción y producción social, que es objeto de políticas públicas en las que participan instituciones estatales, privadas y sectores de la sociedad civil.

En concordancia con lo anterior, es Mujer Cabeza de Familia, quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.

PARÁGRAFO. La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo.” (Destacado fuera de texto).

En criterio de la Sala la definición legal de madre o padre cabeza de familia, hace referencia aquella persona que tiene a cargo el cuidado integral de sus familiares o seres queridos, y que en tal responsabilidad no cuenta con el apoyo de su cónyuge, compañero permanente o de otros miembros del núcleo familiar, ya sea porque éstos están incapacidad física, sensorial, psíquica o moral de prestar la ayuda debida, e incluso, porque se han reusado asumir su responsabilidad.

Se estima que una persona bajo tal situación es un sujeto de especial protección, porque además de procurar una fuente de ingresos para su núcleo familiar, y por ende, de invertir en principio la mayor parte de su tiempo desempeñando una labor, debe velar sin apoyo alguno, por las necesidades emocionales, físicas y sociales de sus seres queridos, bridándole la compañía necesaria a cada uno ellos en los momentos o circunstancias de la vida en que se encuentren, como la niñez, la adolescencia, la vejez o a la enfermedad, y por ende, hacerse cargo de forma permanente de las arduas y cotidianas labores del hogar.

En ese orden de ideas, no puede considerarse que una persona es madre o padre cabeza de familia, cuando se advierte que cuenta con el apoyo de su cónyuge, esposo(a) o de otra persona, que está en condiciones físicas, mentales y morales de contribuir con el bienestar de los demás miembros del núcleo familiar, ya sea aportando una suma dinero para satisfacer las necesidades básicas, o a falta de una fuente de ingresos, con el permanente acompañamiento de aquéllos en las situaciones físicas, emocionales o sociales que se les presenten.

2.5. Del caso en concreto – Ausencia del requisito de procedencia de subsidiariedad para interponer la acción de tutela.

Por el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, la jurisprudencia de la Corte Constitucional como de esta Corporación ha sostenido que, en principio, este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando el actor dejo de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales.

En efecto, la acción de tutela no tiene la vocación de sustituir aquellos mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido tiempo.

Pese a lo anterior es dable reconocer que la mencionada regla general merece un especialísima excepción, esto es cuando: la acción de tutela es el único mecanismo de defensa para la protección de un derecho fundaméntela gravemente vulnerado o amenazado, y siempre que se logre demostrar que el actor no utilizo los mecanismos ordinarios de defensa por encontrarse en una situación que se lo impedía por completo.

En otras palabras, la regla general cedería ante la demostración de que la omisión que se advierte no puede ser imputable al actor y el daño que se originaria de no proceder el amparo constitucional, seria de gravedad.

Con el fin de dirimir el asunto planteado y determinar su procedencia, es necesario efectuar un análisis de los hechos probados con los respectivos medios de convicción aportados en el trámite de este mecanismo constitucional:

El 18 de octubre de 2017, el Director General de la Auditoría General de la República, mediante Resolución 0827 declaró insubsistente a partir del día 19 del mismo mes y año, el nombramiento del Doctor Roberto Enrique Arrazola Merlano, en el cargo de Director de Oficina Jurídica grado 4 de la planta global de empleos de la Auditoria General de la República.

Copia de la Historia Clínica del señor Roberto Enrique Arrazola Merlano, de fecha 14 de septiembre de 2017, en donde se resalta que le fue diagnosticado la enfermedades de lumbago no especificado, Artrosis y Coxartrosis primaria bilateral.

Fotocopia del examen de radiografía de columna, de fecha 14 de agosto de 2017, en el que se estipuló:

“[…] Rectificación de la lordosis.
La altura de los cuerpos vertebrales visualizados esta conservada. Formación de entesofitos en el aspecto anterior de los cuerpos vertebrales formando puentes óseos.No se observan desplazamientos anormales de los cuerpos vertebrales en las proyecciones dinámicas. La amplitud de los espacios intervertebrales están conservados. El calibre de los agujeros de conjugación es satisfactorio. No se observan cambios artrosicos en articulaciones uniformes e interfacetarias […]”

El día 29 de septiembre de 2017, el accionante radicó comunicación ante el Doctor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, en su calidad de Auditor General de la República, en el que le manifestó que se encuentra sujeto a la protección especial constitucional de la estabilidad laboral reforzada, por ser padre cabeza de familia, puesto que todos los gastos del hogar corren por su cuenta, debido a que su esposa padece de una grave enfermedad y como consecuencia no labora. Igualmente le indicó que cumple los requisitos de prepensionado toda vez que tiene 59 años de edad y durante toda su vida laboral ha cotizado más de 1250 semanas.

Reporte de semanas cotizadas en pensiones del señor Roberto Enrique Arrazola, desde el mes de enero de 1967 hasta octubre de 2017, para un total de 918,71 equivalentes a 17 años de servicios

Declaración extraprocesal No. 787 de 24 de noviembre de 2017, suscrita por el accionante ante la Notaria 34 de Bogotá, en la que manifestó bajo juramento que el apartamento con matricula inmobiliaria No. 50N20502680, tiene constituida una hipoteca sin límites de cuantía, a favor del Fondo Nacional del Ahorro, asignándosele un avalúo por $450.000.000.

Reporte de la página web de “e informa Colombia” del que se extrae que la señora Liliana Margarita Peñaloza Arrieta, (cónyuge del actor) se encuentra vinculada a la empresa multinacional “ARC Andean Regulatory Consultancy SAS” en la calidad de representante legal desde el 16 de junio de 2015.

Fotocopia de la declaración juramentada de bienes y rentas del accionante en el que se observa que tiene como bienes patrimoniales un inmueble rural, un vehículo y accionista en Ecopetrol.

En síntesis el accionante solicita dejar sin efectos la Resolución 0827 de 18 de octubre de 2017, mediante la cual el Auditor General de la República, lo declaró insubsistente del cargo de Director de la Oficina Jurídica Grado 4 de la planta global de empleos de esa entidad y se ordene el reintegro al cargo que estuvo desempeñando o en su defecto a otro de igual o superior jerarquía, en virtud de su condición de padre cabeza de familia a cargo de su hijo y su esposa, toda vez que el único ingreso económico para su núcleo familiar era el percibido durante toda su vida laboral.

No obstante, la Auditoría General de la República, en el informe rendido en primera instancia, advirtió que el accionante no cuenta con la condición de padre cabeza de familia, en tanto cuenta con el apoyo económico de su esposa para solventar los gastos familiares, quien se encuentra vinculada a la empresa “ARC Andean Regulatory Consultancy SAS” en la calidad de representante legal desde el 16 de junio de 2015.

Adicionalmente, en esta instancia judicial manifestó que el apoderado judicial de la parte actora mediante escrito de 14 de febrero del presente año promovió solicitud de conciliación prejudicial, para la eventual demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Teniendo en cuenta los diferentes puntos de derecho expuestos en los acápites anteriores, así como de los supuestos debidamente acreditados a través de los medios probatorios allegados, es oportuno referir que:

Contra actos administrativos de desvinculación laboral de servidores públicos, en principio, la acción de tutela es improcedente, en la medida en que frente aquella persona a la cual se dirigen sus efectos y modifica su situación particular puede hacer uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del cual puede solicitar la suspensión provisional del acto (de conformidad con lo establecido en los artículos 238 de la constitución política, y 138 y 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en razón a que este es el mecanismo calificado dispuesto por el legislador para propender por la protección de los derechos invocados en casos similares al que nos atañe; trámite ordinario adelantado ante un juez natural del asunto con plena garantía del derecho al debido proceso de las partes.

En este orden de ideas se reitera que la exigencia en la interposición de los recursos oportunamente tiene como finalidad evitar que la acción de amparo suplante los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir se persigue que en la tutela contra actos administrativos no haya negligencia en el deber de acudir ante la administración judicial, para la concreción de las garantías otorgadas por la Constitución Política.

En vista de lo anterior, como se mencionó inicialmente, para que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado es necesario que este supere los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, de tal manera debe concluirse que resulta improcedente teniendo en cuenta que, el tutelante desde el día siguiente en que le fue notificada la resolución 827 de 18 de octubre de 2017, contaba con la posibilidad de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, en ejercicio del medio de nulidad y restablecimiento del derecho o de cualquier otro que considerara pertinente para cuestionar la decisión de la administración.

Por otra parte, no se aprecia que el accionante esté en un estado de indefensión, o que ostente de manera clara y concreta su condición de padre cabeza de familia, por el contrario, se advierten elementos de juicio que desvirtúan las afirmaciones que se hacen en ese sentido, toda vez que la Auditoría General de la República, aportó documentos que hacen constar que el actor cuenta con la ayuda económica de su esposa, pues según la consulta realizada en la base de datos de la página web de “e informa” la señora Liliana Margarita Peñaloza Arrieta, (cónyuge) se encuentra vinculada a la empresa “ARC Andean Regulatory Consultancy SAS” en calidad de representante legal desde el 16 de junio de 2015.

Por otra lado, cabe resaltar que en la declaración juramentada de bienes y rentas, se observa que el accionante es accionista de la empresa Ecopetrol y además es propietario de un bien inmueble rural, lo cual revela claramente para la Sala que cuenta con otros medios de subsistencia para su núcleo familiar.

Sumase a lo anterior, que aunque la Sala no desconoce que el hecho que el accionante pierda su empleo implica que el mismo deba afrontar junto con los demás miembros de su familia, en especial con su esposa, mayores dificultades para procurar su sustento, tampoco se puede perder de vista como lo ha destacado la Corte Constitucional, en el entendido que ”la pérdida del trabajo por sí mismo no puede considerarse como un perjuicio irremediable, sino que debe probarse que en el afectado recaen circunstancias especiales que posibilitan la interposición de la acción de amparo”.

Ahora bien, en cuanto a la estabilidad laboral reforzada de personas próximas a pensionarse la Corte Constitucional ha manifestado:

“[…]Prepensionado en el contexto del examen de solicitudes de amparo constitucional, es aquella persona que fue retirada de su puesto de trabajo faltándole 3 años o menos para cumplir con los requisitos de edad y tiempo de servicios o semanas cotizadas, según sea el caso, que le permitan acceder a la pensión de vejez. Respecto de los requisitos para acceder a la pensión, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, consagra que para tener derecho a la pensión de vejez el afiliado debe (i) haber cumplido 57 años de edad en el caso de la mujer y 62 años para el hombre y (ii) haber cotizado 1300 semanas. Por tanto, no basta con que una persona acredite el cumplimiento de uno de los dos requisitos, pues la norma dispone dos condicionamientos para acceder a dicha prestación social. En idéntico sentido ocurre para quienes pretendan hacer valer su condición de prepensionados, es decir, para que a una persona le sea reconocido el beneficio de la estabilidad laboral por encontrarse próxima a pensionarse, su rango de edad puede variar entre los 54 y 57 años si es mujer, y entre los 59 y 62 años si es hombre, e incluso puede ser mayor, pero además, le debe faltar máximo 156 semanas por cotizar, que corresponden a 3 años.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala encuentra en el Sub Judice que el accionante, tampoco goza de la estabilidad laboral reforzada alegada, bajo la modalidad de prepensionado, pues de acuerdo con el reporte de las semanas cotizadas en pensiones, por el allegada, se advierte que ha cotizado desde enero de 1967 hasta octubre de 2017, un total de 918,71 semanas que equivalen a un poco más de 17 años de servicios, lo que indica que le faltan 381,29 semanas, es decir aproximadamente 7 años de tiempo de servicio, razón por la cual no ostenta la calidad de prepensionado.

Por último, de acuerdo al análisis realizado, no se observa que con la decisión aquí cuestionada se afecten los derechos fundamentales invocados, por lo que la acción continúa siendo improcedente incluso como mecanismo transitorio, máxime si, como se sostuvo previamente, no se observa la inminencia de un perjuicio irremediable.

Así las cosas, bajo las precisas razones expuestas en esta providencia la Sala confirmará la decisión del a quo, de 19 de diciembre de 2017, mediante la cual rechazó por improcedente la acción de tutela presentada por el señor Roberto Enrique Arrazola Merlano, contra la Auditoría General de la Republica, en tanto no superó el requisito general de la subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de 19 de diciembre de 2017, proferida por la subsección D de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de la acción de tutela presentada por el señor Roberto Enrique Arrazola Merlano, contra la Auditoría General de la República, mediante el cual rechazo por improcedente el amparo de los derechos fundamentales invocados, de conformidad con las precisas razones expuesta en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 de Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

TERCERO: en acatamiento a las disposiciones del articulo 32 ibídem, dentro de los diez (10) días siguientes REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sección de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
El proceso de la referencia subió al Despacho con informe de Secretaría General de la Corporación el 5 de febrero de 2018.
Fls. 1 a 6.
Ff. 27 y 28
Ff. 38 a 60.
Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
Ver entre otras las siguiente sentencias: SU-544 de 2001, MP: Eduardo Montealegre Lynett, en esta sentencia se decidió el caso del Ex-Registrador Nacional Iván Duque Escobar quien alegaba que la designación de una nueva persona en su reemplazo era contrario a la Constitución. La Corte denegó el amparo pues existían otros medios de defensa judicial idóneos y existía un hecho consumado. T-343 de 2001, MP: Rodrigo Escobar Gil, en esta sentencia se decidió una acción de tutela en la cual se estudiaba la posible violación de los derechos al debido proceso y defensa, por existir al parecer vía de hecho en un proceso policivo por restitución del espacio público promovido por la administración. La Corte Constitucional confirmó los fallos de instancia que negaron el amparo de los derechos fundamentales, por existir otro medio de defensa judicial (acción de nulidad y restablecimiento del derecho) y no evidenciarse perjuicio irremediable; T-951 de 2004, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, en esta sentencia se concedió la tutela de forma transitoria a empleada en provisionalidad del Departamento de Risaralda que fue desvinculada mediante un acto administrativo sin motivación; T-132 de 2005 MP: Manuel José Cepeda Espinosa, en esta sentencia se decidió el caso de ex empleada de Empresa Social del Estado que se encontraba desempeñando el cargo de auxiliar de enfermería en provisionalidad y fue desvinculada mediante acto administrativo no motivado. La Corte amparó su derecho al debido proceso y ordenó a la entidad motivar el acto de desvinculación, si no lo hiciere o no existiesen motivos ordena, en subsidio su reintegro.
Sentencia T- 214 de 2004 MP: Eduardo Montealegre Lynett.
En la SU-544 de 2001 MP: Eduardo Montealegre Lynett, esta Corporación indicó: “La acción de tutela como mecanismo transitorio únicamente opera cuando se amenaza un derecho fundamental y el juez tiene la posibilidad de adoptar una medida temporal de protección, para evitar un perjuicio irremediable. En materia de debido proceso administrativo, salvo que se trate de una serie de hechos concatenados, resulta en extremo difícil sostener que una persona se enfrenta a un posible perjuicio irremediable en razón al peligro de que el derecho se viole. La Corte no descarta la posibilidad, sin embargo, para que proceda, resulta necesario que la administración no haya adoptado la decisión, pues en tal caso, se estará frente a una violación y no ante la puesta en peligro del derecho.”
Ver las sentencias T-045 de 1993 MP: Jaime Sanín Greiffenstein, T-480 de 1993 MP : José Gregorio Hernández, T-554 de 1993 MP : Hernando Herrera Vergara, T-142 de 1995 MP: Carlos Gaviria Díaz.
Ver entre otras, las sentencias T-468 de 1992 MP: Simón Rodríguez Rodríguez y Jaime Sanín Greiffenstein , T-145 de 1993 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, T-225 de 1993 MP: Vladimiro Naranjo Mesa, SU-1193 de 2000 MP: Alfredo Beltrán Sierra, T-751 de 2001 MP: Clara Inés Vargas Hernández.
Sentencia T-514 de 2003 MP: Eduardo Montealegre Lynett.
Sentencia SU-250 de 1998 MP: Alejandro Martínez Caballero.
M.P. Manuel José Cepeda.
Corte Constitucional, sentencia T-1060 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Por la cual se modifica la Ley 82 de 1993, Ley Mujer Cabeza de Familia y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia.

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