RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2017-05980-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05980-01

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05980-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el 31 de mayo de 2019, que negó las pretensiones de la demanda, salvo la condena en costas a la parte demandante, que se revoca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. Segundo: Sin condena en costas en las dos instancias. Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-05980-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-05980-01 (5315-2019)1
Demandante: Fabio Reyes Ochoa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional

Tema: reliquidación de asignación de retiro. Subtema: bonificación por compensación
del Decreto 610 de 1998.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el
31 de mayo de 2019, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El accionante, quien ejerció el cargo de fiscal del Tribunal Superior Militar, solicita la
reliquidación de la asignación de retiro que le reconoció el Ministerio de Defensa
Nacional, teniendo en cuenta la bonificación por compensación prevista en el Decreto
610 de 1998. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, y esta Subsección
confirmará tal decisión, al considerar que el demandante no era beneficiario de la
bonificación por compensación, toda vez que esta se creó a partir del 30 de marzo de
1998 y su estatus pensional lo consolidó el 1 de junio de 1993, fecha a partir de la cual
se reconoció la asignación de retiro cuya reliquidación reclama. Además, se estima
que no se desconoció el precedente judicial invocado por cuanto las sentencias cuya
aplicación se solicitó no se profirieron con anterioridad y no se probó que tuvieran los
mismos supuestos de hecho y derecho del presente asunto.

1 Expediente híbrido.

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05980-01 (5315-2019)
Demandante: Fabio Reyes Ochoa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El señor Fabio Reyes Ochoa, mediante apoderado judicial, presentó demanda
el 5 de diciembre de 20172, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, con las
siguientes pretensiones3:

2. Se declare la nulidad del acto ficto negativo que se configuró el 24 de junio de
2011 por la falta de respuesta de la entidad accionada a la petición de reliquidación de
la asignación de retiro, con la inclusión de la bonificación por compensación.

3. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la entidad
demandada a reliquidar la asignación de retiro a partir del 1 de enero de 1999, teniendo
en cuenta la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998.

4. Pidió que se paguen las diferencias resultantes entre las mesadas reconocidas
y aquellas que debieron efectuarse; que las sumas adeudadas sean indexadas; y que
se ordene el pago de intereses moratorios.

2.1.1. Hechos

5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

6. El señor Fabio Reyes Ochoa prestó sus servicios al Ministerio de Defensa
Nacional del 2 de mayo de 1967 al 1 de junio de 1993, y el último cargo que desempeñó
fue el de fiscal del Tribunal Superior Militar.

7. Mediante la Resolución 12384 del 10 de noviembre de 1993, la Secretaría
General del Ministerio de Defensa Nacional reconoció a su favor una «pensión de
jubilación», equivalente al 75% de los últimos haberes percibidos y computables para
prestaciones sociales, con fundamento en los artículos 96, 98 y 99 del Decreto 1214
de 1990, efectiva a partir del retiro del servicio.

8. El 24 de marzo de 2011 el demandante presentó reclamación administrativa
para obtener la reliquidación de la asignación de retiro con la inclusión de la
bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998. Sin embargo, esta
petición no fue contestada por la entidad.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

9. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

2 Folio 52, expediente físico.
3 Folios 26 a 42, expediente físico.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05980-01 (5315-2019)
Demandante: Fabio Reyes Ochoa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional

• De la Constitución Política, el artículo 53.
• El Decreto 104 de 1993.
• El Decreto 1359 de 1993, artículo 7.
• El Decreto 610 de 1998.

10. Como fundamento de la demanda, la parte accionante afirmó que el acto ficto
acusado está viciado de nulidad porque desconoce el artículo 53 de la Constitución
Política, conforme el cual en materia laboral debe aplicarse la norma más favorable al
trabajador.

11. Sostuvo que en calidad de fiscal del Tribunal Superior Militar tiene derecho a la
bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998 y, en consecuencia,
a que esta se le incluya en el ingreso base de liquidación de su asignación de retiro.

12. Manifestó que de acuerdo con el artículo 1 del referido decreto, la bonificación
por compensación solo tiene carácter salarial para efectos de determinar las pensiones
de vejez, invalidez y sobrevivientes.

13. Precisó que el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, de conformidad con el
cual se reconoció la asignación de retiro a su favor, no prevé la bonificación por
compensación, toda vez que esta «no había nacido a la vida jurídica».

14. Adujo que la norma que le es más favorable es el Decreto 610 de 1998, que se
fundamenta en la Ley 4 de 1992. Tal ley tuvo como fin subsanar la desigualdad salarial
que existía entre los magistrados de las altas cortes y los magistrados de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial, Contencioso-Administrativo, Nacional y Superior Militar,
los magistrados auxiliares de las altas cortes, y los fiscales del Tribunal Superior Militar,
entre otros. Así, en el mencionado decreto, se estableció un factor salarial adicional y
computable para prestaciones sociales equivalente en el año 1999 al 60% de los
ingresos que por todo concepto recibieran los magistrados de altas cortes; para el año
2000, al 70% del mismo rubro; y para el año 2001 al 80%.

15. Señaló que mientras estaba prestando servicios, la Ley 4 de 1992 se
encontraba vigente; por ende, tenía la expectativa de acceder a los beneficios
dispuestos en ella y dicha expectativa se convirtió en derecho cuando el Gobierno
nacional expidió el Decreto 610 de 1998.

16. Relató que el acto ficto acusado vulneró también los artículos 28 del Decreto
104 de 1994 y 6 del Decreto 1359, que prevén una pensión de jubilación más benéfica
para los destinatarios de la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998,
por cuanto se liquida «con base en el ingreso mensual promedio que durante el último
año y por todo concepto perciban los magistrados de tribunal en ejercicio (a partir del
1 de enero de 1999 y hasta el 31 de diciembre de 2001)».

3

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05980-01 (5315-2019)
Demandante: Fabio Reyes Ochoa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional

17. Indicó que el accionante tiene derecho a la reliquidación de la asignación de
retiro teniendo en cuenta la bonificación por compensación del último decreto aludido.

2.2. Contestación de la demanda

18. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda4. Expuso que, al demandante, a través de acto
administrativo que goza de legalidad, le fue reconocida una «pensión mensual vitalicia
de jubilación», bajo el régimen especial del Decreto 1214 de 1990, por los servicios
prestados del 2 de mayo de 1967 al «10 de noviembre de 2007», en cuantía
equivalente al 75% de los conceptos y sumas percibidas en actividad, esto es, sueldo
básico, prima de servicios anual, prima de vacaciones y prima de navidad.

19. Alegó que al accionante no le es aplicable el Decreto 610 de 1998 que estableció
la bonificación por compensación, puesto que para la fecha en la que este se expidió
no se encontraba vinculado al servicio y, además, ya era acreedor de una pensión.

20. Sostuvo que es un principio general del derecho que la ley rige hacia el futuro, lo
que garantiza la seguridad jurídica. En consecuencia, el mencionado decreto no tiene
efectos retroactivos.

21. Concluyó que la bonificación por compensación no es una prerrogativa de la cual
deba beneficiarse el demandante «en su jubilación».

2.3. Sentencia de primera instancia

22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
mediante sentencia del 31 de mayo de 2019, negó las pretensiones de la demanda,
de conformidad con los siguientes argumentos5:

23. Señaló que según se probó en el expediente, el accionante prestó sus servicios
como fiscal del Tribunal Superior Militar, y una vez fue retirado del servicio, el 1 de
junio de 1993, la entidad demandada le reconoció una «pensión de jubilación» con
fundamento en el Decreto 1214 de 1990, en cuantía equivalente al 75% de los últimos
haberes devengados, esto es, salario básico, primas de servicios, vacaciones y
navidad.

24. Expuso que los decretos 610 y 1239 de 1998 crearon, para los magistrados de
los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, Contencioso-Administrativo, Nacional y
Superior Militar, los magistrados auxiliares de las altas cortes, los fiscales y jefes de
unidad ante el Tribunal de Distrito, los fiscales del Tribunal Superior Militar, entre otros,
una bonificación por compensación estimada en un 80% de los ingresos laborales que

4 Folios 52 a 56, expediente físico.
5 Folios 137 a 144, expediente físico.

4

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05980-01 (5315-2019)
Demandante: Fabio Reyes Ochoa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional

por todo concepto perciben los magistrados de altas cortes; que se paga
mensualmente y además constituye factor salarial para las pensiones.

25. Adujo que como el demandante prestó servicios en calidad de fiscal del Tribunal
Supremo Militar, en principio, podría ser beneficiario de la bonificación por
compensación. No obstante, al haberse desvinculado el 1 de junio de 1993, es decir,
antes de la entrada en vigor del Decreto 610 de 1998 —30 de marzo de 1998—, es
claro que no tiene derecho a que su pensión se reliquide con la inclusión de dicha
acreencia, en tanto no la devengó mientras estuvo en actividad.

26. Aclaró que si bien el accionante pretende que se aplique el principio de
favorabilidad y asegura que esa nivelación salarial estaba prevista desde la expedición
de la Ley 4 de 1992, lo cierto es que conforme con el artículo 4 del Decreto 610 de
1998, el derecho a percibir la bonificación por compensación tuvo lugar a partir de la
fecha de publicación de la norma y, en consecuencia, no puede regular situaciones
anteriores. Esto quiere decir que no tiene efectos retroactivos.

27. Indicó que los artículos 6 del Decreto 1359 de 1993 y 28 del Decreto 104 de 1994,
no regulan el derecho pensional del demandante, sino el de congresistas y
magistrados de altas cortes. Adicionalmente, tal normativa no le aplica, puesto que se
vinculó al servicio con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.

28. Determinó que se declararía la configuración del silencio administrativo negativo,
por cuanto la administración no dio respuesta a la petición radicada el 24 de marzo de
2011.

29. Decidió condenar en costas a la parte accionante, en tanto resultó vencida en el
proceso, de acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 361 del CGP.

2.4. Recurso de apelación

30. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia. Pidió que se revoque la decisión, salvo el numeral primero que versó
sobre la declaratoria de la existencia del acto ficto o presunto6.

31. Alegó que no está de acuerdo con el sustento a la negativa de las pretensiones
de la demanda, toda vez que es evidente que el accionante se retiró del servicio el 1
de junio de 1993, esto es, antes de la entrada en vigor del Decreto 610 de 1998 que
creó la bonificación por compensación que reclama.

32. Resaltó que se desconoció el precedente jurisprudencial, comoquiera que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria al
resolver casos iguales al presente, sí accedió a las súplicas de la demanda, con

6 Folios 150 a 157, expediente físico.

5

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05980-01 (5315-2019)
Demandante: Fabio Reyes Ochoa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional

fundamento en lo previsto en el inciso tercero del artículo 187 del CPACA; en las leyes
10 de 1987 y 63 de 1988; el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 9, 13, 25, 29, 53, 58,
228, 229 y 230 de la Constitución Política; el artículo 26 de la Convención Americana
de Derechos Humanos; y todo el bloque de constitucionalidad referente a trabajo igual
salario igual7.

33. Transcribió apartes de la sentencia dictada el 31 de mayo de 2019 por el
mencionado tribunal, dentro del proceso con radicado 2011-001348, en la que se
estudió un asunto en el que un «magistrado ante el Tribunal Superior Militar», retirado
del servicio el 15 de julio de 1993, solicitó la reliquidación de la «pensión de jubilación»
con la inclusión de la bonificación por compensación. Conforme se lee, la autoridad
judicial definió que el accionante tenía derecho a que se le reconociera como
remuneración total el 80% de lo devengado por los magistrados de las altas cortes
desde el 14 de diciembre de 1988 (fecha de expedición de la Ley 63 de 1988) y hasta
el momento en que se desvinculó.

34. Lo anterior, al considerar que el entonces demandante estaba amparado por las
leyes 10 de 1987 y 63 de 1988, las cuales dispusieron que la remuneración de los
«magistrados de los Tribunales Superiores Contencioso-Administrativo y fiscales» no
sería inferior a la de los magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado. Así, determinó que si bien no se hablaba de bonificación para
cuando se expidieron esas leyes, lo cierto era que se trataba de una «remuneración,
es decir, propiamente salario». En tal sentido, señaló que el Gobierno nacional no dio
cumplimiento a lo establecido en las mencionadas leyes y fue solo hasta la expedición
del Decreto 610 de 1998 que, a título de bonificación, accedió gradualmente a la
nivelación de los salarios respectivos.

35. Por lo expuesto, el Tribunal ordenó la reliquidación de la pensión reclamada,
teniendo en cuenta como los ingresos del demandante, el 80% de la remuneración
total que devengaban para la época del retiro del servicio —15 de julio de 1993—, los
magistrados de las altas cortes.

36. La parte recurrente también alegó que se desconoció el derecho a la igualdad,
en tanto los operadores judiciales están obligados a fallar de la misma manera los
casos que son idénticos.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

37. Mediante auto del 22 de noviembre de 2019, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación9.

7 Citó: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, sentencia del 31 de mayo de

2019, exp. 2011-00134, M.P. Luis Eduardo Pineda Palomino, actor: Víctor Guillermo Rojas Orjuela, demandado:
Nación, Ministerio de Defensa Nacional; sentencia del 31 de mayo de 2019, exp. 2011-00688, M.P. Luis Eduardo
Pineda Palomino, actor: Esperanza Benavides de Ortiz, demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional.
8 Según lo refirió la parte demandante.
9 Folio 164, expediente físico.

6

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05980-01 (5315-2019)
Demandante: Fabio Reyes Ochoa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional

38. A través de providencia del 13 de mayo de 2021, se corrió traslado a las partes y
al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión, con sustento en el numeral
4 del artículo 247 del CPACA.

39. Por medio de auto del 9 de junio de 2022, los magistrados entonces integrantes
de esta Subsección presentaron manifestación de impedimento, con sustento en el
numeral 1 del artículo 141 del CGP, esto es, tener interés directo en el proceso, porque
fueron beneficiarios de la bonificación por compensación en condición de funcionarios
de la Rama Judicial10.

40. Mediante auto del 10 de noviembre de 2022, la Subsección A de la Sección
Segunda de esta corporación declaró fundados los impedimentos manifestados. A su
vez, los magistrados que conformaban esa Sala se declararon impedidos para conocer
el asunto, por la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 del CGP11.

41. En providencia del 22 de noviembre de 2022, tres conjueces de la Sección
Segunda de esta corporación declararon fundado el impedimento propuesto. En
consecuencia, se ordenó que una vez ejecutoriada la providencia el expediente pasara
al despacho12.

42. A través de auto del 7 de marzo de 2025, la conjuez ponente del proceso ordenó
devolver el expediente al despacho de la magistrada titular, al que este fue inicialmente
repartido, atendiendo al cambio de composición de la Sección Segunda del Consejo
de Estado13.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

43. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso—Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

44. De acuerdo con el recurso de apelación, y teniendo en cuenta que, según el
artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la alzada, corresponde a
la Sala definir lo siguiente:

10 Folios 172 a 173, expediente físico.
11 Folios 175 a 176, expediente físico.
12 Folio 179, expediente físico.
13 Samai, índice 38, expediente digital, archivo 25Autoqueordena_4253152019ART116CPAC(.pdf).

7

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05980-01 (5315-2019)
Demandante: Fabio Reyes Ochoa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional

45. ¿El accionante tiene derecho a la reliquidación de su asignación de retiro con la
inclusión de la bonificación por compensación, teniendo en cuenta que su derecho
pensional se consolidó antes de la creación de tal emolumento?

46. ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E
vulneró el precedente judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Sala Transitoria, al negar la reliquidación de la asignación de retiro del
demandante con la inclusión de la bonificación por compensación prevista en el
Decreto 610 de 1998?

47. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará el tema de la
bonificación por compensación.

48. Seguidamente, se destacarán los hechos probados más relevantes y en el
acápite de análisis del caso concreto se resolverán los problemas jurídicos
formulados.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Bonificación por compensación

49. La bonificación por compensación fue creada por el Gobierno nacional dentro de
una política de nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues esta había sido insuficiente y se requería una
nueva política salarial. Por ello, el Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos de
los magistrados14 de segundo nivel tomando como referencia cierto porcentaje de lo
percibido por los magistrados de alta corte. Esto se realizó a través de un mecanismo
de anclaje, frente a lo devengado por todo concepto, por los magistrados del primer
nivel del artículo 15 de la citada Ley 4 de 1992. Dicho contexto fue explicado por la
Corte Constitucional, en la sentencia C-244 de 201315, en los siguientes términos:

En el año de 1998 se dio otro acontecimiento normativo fundamental en la política
salarial del sector justicia: mediante un Decreto reglamentario de la Ley 4a, el Decreto
610 de 1998, el Gobierno reaccionó a la protesta organizada de los jueces para
considerar que la prima especial concedida en 1992 al segundo nivel funcional de
funcionarios judiciales (definido en el artículo 14 y que sólo había sido del 30% de sus
ingresos salariales hasta ese entonces reconocidos) había sido insuficiente y que se
requería una nueva política salarial. Para responder a este reclamo, el Gobierno tomó la
decisión de fijar los ingresos de los magistrados de segundo nivel como un cierto
porcentaje del de los Magistrados de alta Corte (que, a su vez, habían sido igualados a
los de los Congresistas en el artículo 15 de la Ley 4a). Esta fijación o anclaje entre niveles

14 Y autoridades equivalentes.
15 M.P. Diego López Medina. En esta providencia, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-

681 de 2003, que declaró inexequible la expresión «sin carácter salarial», contenida en el artículo 15 de la Ley 4
de 1992, pero sólo para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación.

8

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05980-01 (5315-2019)
Demandante: Fabio Reyes Ochoa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional

jerárquicos de la Rama Judicial ya había sido intentado, de hecho, en Leyes de finales
de los ochentas (Ley 10/1987 y Ley 63/88), que, sin embargo, no habían sido
debidamente ejecutadas. El nuevo Decreto 610/98 buscaba crear un mecanismo gradual
de cumplimiento de tales esquemas de anclaje para generar, ahora sí, una política de
"nivelación salarial". Para el año de 1998, el segundo nivel de la jerarquía ganaba el 46%
de los ingresos de los magistrados del primer nivel. Según el Decreto, esto constituía
una "desigualdad económica entre los dos niveles" y, para superarla, propuso un sistema
escalonado de nivelación a tres años en el que en el primero recibirían el 60% de lo
percibido, por todo concepto, por los Magistrados del primer nivel del artículo 15; para el
segundo y tercer año tales porcentajes serían aumentados al 70 y luego al 80%. Con
ello se adoptaba un mecanismo de anclaje proporcional del salario idéntico al que ya se
había intentado en la Ley 4a entre funcionarios del primer nivel y los propios congresistas.
Para ejecutar este nuevo esquema de nivelación salarial, la "prima especial" de la Ley
4a pasó a denominarse "Bonificación por compensación" y se aclaró en el artículo 1º del
Decreto 610 que sólo constituía factor salarial para las pensiones, tal y como ya se había
afirmado en la Ley 332/96.

50. En consecuencia, el presidente de la República, en desarrollo de las normas
generales de la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 610 de 1998 16, que creó la
bonificación por compensación, así:

ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a
la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta
por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional
y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá
factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes.

51. El reconocimiento de esta bonificación se extendió para los secretarios generales
de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al
secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a través del Decreto 1239 de
199817 dictado por el presidente de la República.

52. En este orden de ideas, la bonificación por compensación tiene las características
que a continuación se enuncian:

a) Carácter permanente;

b) solo constituye factor salarial para efectos pensionales en los mismos términos
que la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes;

16 Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.

Los decretos 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo, este último fue
declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de septiembre de 2001,
ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, actor: Pablo Julio Cáceres Corrales.
17 Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998.

9

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05980-01 (5315-2019)
Demandante: Fabio Reyes Ochoa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional

c) desde el Decreto 1102 de 2012 constituye base de cotización para los aportes
a salud;

d) los beneficiarios son los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los Magistrados
Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo
Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los
Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de
Fiscalía ante Tribunal de Distrito; los secretarios generales de la Corte Suprema
de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al secretario Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura;

e) se paga mensualmente;

f) con efectos fiscales desde el 1 de enero de 1999;

g) inicialmente correspondía al 60% de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los magistrados de alta corte (1999). Para la vigencia fiscal
siguiente aumentó al 70% (2000);

h) en la tercera vigencia fiscal aumentó al 80% (2001), de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte;

i) la bonificación «sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos
laborales actuales» debe igualar el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de alta corte.

53. Ahora bien, la sentencia del 18 de mayo de 201618, dictada por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda, consideró que la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 «tiene clara incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos
al Decreto 610 de 1998, pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto
10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado”
(subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes,
respectivamente».

54. A renglón seguido, señaló que las cesantías de los magistrados de alta corte
también son un emolumento que se incluye en «todo lo devengado», comoquiera que
«el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, exp. 25000-23-

25-000-2010-00246-02 (0845-15).

10

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05980-01 (5315-2019)
Demandante: Fabio Reyes Ochoa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional

jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría
violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política
de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente
con el propósito de disminuir la base de liquidación de la bonificación por
compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo
2º del Decreto 610 de 1998».

55. En la misma línea, señaló que para calcular la diferencia entre lo devengado por
los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener en
cuenta las cesantías de los parlamentarios, «para, así, determinar el valor de la prima
especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de alta corte]».

56. A modo de conclusión, cabe precisar entonces que el valor de la bonificación por
compensación «es el resultado de la diferencia entre lo proyectado como ingresos
anuales que “por todo concepto” reciban los magistrados de Alta Corte y los
ingresos anuales de magistrado de Tribunal y demás cargos equivalentes, para fijar el
ingreso laboral de éstos últimos en un 80% a partir del año 2001»19.

57. Con posterioridad, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, en la sentencia
del 2 de septiembre de 201920, reiteró que la bonificación por compensación hace parte
de un sistema de anclaje diseñado de forma escalonada, tal como lo explicó la Corte
Constitucional en la sentencia C-244 de 2013. La referida providencia también señaló
que, en virtud de Decreto 610 de 1998, los ingresos laborales de sus destinatarios, a
partir del año 2001, serían iguales al ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte. Ciertamente, resaltó
que «el 80% de la bonificación por compensación para los magistrados y cargos
homologados es un límite que no puede ser superado con el reconocimiento de la
prima especial de servicios y de ningún otro beneficio económico laboral».

58. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por el Decreto 2668 de 1998, en
consecuencia, cada año el Gobierno Nacional expidió los decretos para regular la
bonificación por compensación21. En efecto, el Gobierno nacional dictó los decretos
664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001, 663 de 2002 y 3570 de
2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por
ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los
siguientes montos: $2.030.717 (1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410
(2002) y 2.491.911 (2003).

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 8 de octubre de 2024, exp. 25000-23-

42-000-2015-05188-02 (3217-2022), M.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, exp. 41001-

23-33-000-2016-00041-02(2204-18). Aclarada en auto del 7 de octubre de 2019.
21 En efecto, el Gobierno nacional expidió los decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001,

663 de 2002 y 3570 de 2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por ejemplo,
para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los siguientes montos: $2.030.717 (1999),
2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).

11

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05980-01 (5315-2019)
Demandante: Fabio Reyes Ochoa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional

59. Ahora bien, el Decreto 2668 de 1998 fue anulado por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001, expediente
395-99, con efectos «ex tunc». Por consiguiente, volvió a ser aplicable el Decreto 610
de 1998.

3.4. Hechos probados relevantes

60. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

61. El señor Fabio Reyes Ochoa prestó sus servicios al Ministerio de Defensa
Nacional del 2 de mayo de 1967 al 1 de junio de 1993, y el último cargo que desempeñó
fue el de fiscal del Tribunal Superior Militar22.

62. Mediante la Resolución 12384 del 10 de noviembre de 1993, la Secretaría
General del Ministerio de Defensa Nacional reconoció, entre otras prestaciones, una
«pensión de jubilación» a favor del accionante, a partir del 1 de junio de 1993,
equivalente al 75% de los últimos haberes percibidos, estos son: salario básico, primas
de servicios, vacaciones y navidad23.

63. En escrito presentado el 24 de marzo de 2011, el señor Fabio Reyes Ochoa
solicitó a la entidad accionada la reliquidación de la asignación de retiro con la inclusión
de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998 24. Sobre el
particular, no se evidencia contestación alguna ni notificación de la respuesta
correspondiente al interesado.

3.5. Caso concreto

64. En el asunto bajo análisis, la parte accionante solicitó la reliquidación de la
asignación de retiro teniendo en cuenta en el ingreso base de liquidación la
bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998.

65. El Tribunal, en sentencia del 31 de mayo de 2019, negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que como el demandante no percibió la bonificación por
compensación mientras estuvo en actividad, no podía incluirse en su mesada
pensional una acreencia que se creó con posterioridad al retiro del servicio.

66. Por su parte, el accionante pidió que se revoque el fallo, toda vez que tiene
derecho a la reliquidación de su asignación de retiro, en los términos reclamados.
Según lo alega, se desconoció el precedente judicial, pues el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, en sentencias del 31 de mayo

22 Según se lee en la Resolución 12384 del 10 de noviembre de 1993, por medio de la cual se reconoció una

«pensión de jubilación» al demandante, vista a folios 2 a 5.
23 Folios 2 a 5, expediente físico.
24 Folios 12 a 23, expediente físico.

12

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05980-01 (5315-2019)
Demandante: Fabio Reyes Ochoa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional

de 2019, dentro de los procesos con radicado número «2011-00134 y 2011-00688»,
decidió acceder a las pretensiones de la demanda en asuntos idénticos al de la
referencia. Por consiguiente, se le vulneró el derecho a la igualdad.

67. En consonancia, se procederá a definir si el demandante tiene derecho a la
reliquidación de su asignación de retiro con la inclusión de la bonificación por
compensación y si la sentencia de primera instancia desconoció el precedente judicial,
teniendo en cuenta las señaladas sentencias del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria.

3.5.1. Del derecho a la bonificación por compensación del demandante

68. Conforme se probó en el expediente, el accionante ejerció el cargo de fiscal ante
el Tribunal Superior Militar, desde el 2 de mayo de 1967 hasta el 1 de junio de 1993;
y, en consecuencia, el Ministerio de Defensa Nacional mediante acto administrativo
emitido el 10 de noviembre de 1993 le reconoció una «pensión de jubilación», a partir
del retiro del servicio. Así, de acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, se advierte que para el momento en el que se retiró del servicio y se
consolidó su estatus pensional, no se había expedido el Decreto 610 de 1998, que
creó la bonificación por compensación cuya inclusión pretende en la liquidación de su
asignación de retiro.

69. En este orden de ideas, para la Sala es claro que lo que pretende el accionante
es la aplicación retroactiva del Decreto 610 de 1998, en tanto considera que le es
benéfico y favorece sus pretensiones. No obstante, se destaca que el derecho a la
asignación de retiro se consolidó a la luz de las normas vigentes al momento de la
adquisición del estatus; por ende, afirmar que lo cobija la acreencia creada en dicha
norma vulneraría el principio de irretroactividad de la ley, establecido en la Constitución
Política25 y la Ley 153 de 188726.

70. Al respecto, se destaca que, según el principio de irretroactividad, la ley rige hacia
el futuro y las disposiciones previstas en normas sustanciales se aplican a los hechos
o situaciones de hecho consolidadas durante su vigencia. Sin embargo, la Constitución
Política señala el principio de favorabilidad como una excepción a este, comoquiera
que autoriza la retroactividad de las leyes penales beneficiosas para el reo, o de las
que comprometen el interés público o social.

71. Lo anterior se ajusta a los principios de la seguridad jurídica y el respeto a los
derechos adquiridos. Y, en tal sentido, los hechos, derechos y relaciones jurídicas que
no alcanzaron a consolidarse en vigencia de la antigua ley se regirán por la nueva. En
punto, se destaca que los derechos no consolidados conforme a la ley son meras

25 Artículos 29 y 58.
26 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887.

13

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05980-01 (5315-2019)
Demandante: Fabio Reyes Ochoa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional

expectativas que, por ser apenas probabilidades o expectativas de tener algún día un
derecho, no gozan de protección27.

72. Sobre el tema se ha pronunciado la Corte Constitucional, quien ha definido
respecto al principio de irretroactividad de la ley, lo siguiente28:

[…] en relación con los efectos de la ley en el tiempo la regla general es la
irretroactividad, entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los
hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia. Obviamente, si una situación
jurídica se ha consolidado completamente bajo la ley antigua, no existe
propiamente un conflicto de leyes, como tampoco se da el mismo cuando los
hechos o situaciones que deben ser regulados se generan durante la vigencia de
la ley nueva. La necesidad de establecer cuál es la ley que debe regir un determinado
asunto, se presenta cuando un hecho tiene nacimiento bajo la ley antigua pero sus
efectos o consecuencias se producen bajo la nueva, o cuando se realiza un hecho
jurídico bajo la ley antigua, pero la ley nueva señala nuevas condiciones para el
reconocimiento de sus efectos.

La fórmula general que emana del artículo 58 de la Constitución para solucionar los
anteriores conflictos, como se dijo, es la irretroactividad de la ley, pues ella garantiza que
se respeten los derechos legítimamente adquiridos bajo la ley anterior, sin perjuicio de
que se afecten las meras expectativas de derecho. No obstante, la misma Carta
fundamental en el mencionado artículo, autoriza expresamente la retroactividad de las
leyes penales benignas al reo, o de aquellas que comprometen el interés público o social.
Ahora bien, cuando se trata de situaciones jurídicas en curso, que no han generado
situaciones consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la
nueva ley, ésta entra a regular dicha situación en el estado en que esté, sin perjuicio de
que se respete lo ya surtido bajo la ley antigua. (Destacado por la Sala)

73. Conforme lo expuesto, se observa que en el caso concreto la situación jurídica
del accionante se consolidó mucho antes de la entrada en vigor el Decreto 610 de
1998 —30 de marzo de 199829— toda vez que, desde el 10 de noviembre de 1993,
esto es, casi cinco años atrás, se le había reconocido la asignación de retiro, que ahora
busca se le reliquide. Por consiguiente, al no haber sido beneficiario de la bonificación
por compensación creada en la norma en mención, en atención al principio de
irretroactividad de la ley no tiene derecho a la reliquidación que reclama.

3.5.2. Del desconocimiento al precedente judicial

74. La parte recurrente alega que el Tribunal desconoció el precedente judicial al no
seguir unas sentencias que el mismo Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Sala Transitoria profirió en idéntica fecha al fallo que recurre, en las

27 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

4 de noviembre de 2021, exp. 19001-23-33-000-2017-00325-01 (1630-2020), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
28 Corte Constitucional, sentencia C-619 del 14 de junio de 2001, exp. D-3291. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
29 Decreto publicado en el Diario Oficial No 43.268 del 30 de marzo de 1998.

14

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05980-01 (5315-2019)
Demandante: Fabio Reyes Ochoa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional

que, según afirma, se decidieron asuntos con iguales supuestos de hecho y derecho
al que ahora se estudia.

75. En punto, se indica que de acuerdo con la Constitución Política y en respeto del
derecho a la igualdad, el juez está atado a sus decisiones, y en específico a las de sus
superiores jerárquicos para decidir casos similares30.

76. Ahora bien, la figura del precedente ha sido estudiada por la Corte Constitucional,
como aquel antecedente de sentencias previas relevantes «para la solución de un
nuevo caso bajo examen judicial, debido a que contiene un pronunciamiento sobre un
problema jurídico basado en hechos similares, desde un punto de vista jurídicamente
relevante, al que debe resolver el juez»31. Además, se ha definido que32:

La pertinencia de un precedente, se predica de una sentencia previa, cuando: (i) la ratio
decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial
relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico
semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las
normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho
semejante al que se debe resolver posteriormente.

77. Ahora, dependiendo de la autoridad judicial que profirió el fallo, el precedente se
clasifica en horizontal o vertical. La primera categoría se trata de seguir las decisiones
dictadas por autoridades del mismo nivel jerárquico, o del mismo funcionario; mientras
que la segunda consiste en aquellas sentencias proferidas por el superior jerárquico
«o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia»33.

78. Sobre el particular, se señala que con el acatamiento del precedente se busca
proteger los derechos a la seguridad jurídica y a la igualdad, de manera que se evite
que casos similares se resuelvan de manera diferente. No obstante, en atención a la
garantía de la autonomía judicial prevista en el artículo 228 de la Constitución
Política, los jueces pueden apartarse del precedente siempre que argumenten y
sustenten claramente las razones por las que optan por ello34.

79. Descendiendo al caso particular, se advierte que las sentencias que se invocan
como desconocidas, esto es, las proferidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, en los procesos con radicado
número «2011-00134 y 2011-00688», no fueron aportadas por la parte recurrente, así
como tampoco sus datos precisos de identificación; en cambio, sí indicó las fechas en
las que se profirieron y transcribió algunas consideraciones de la primera de estas.

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 11 de febrero de 2016,

exp. 11001-03-15-000-2015-03358-00(AC), M.P. Rocío Araujo Oñate.
31 Ver: Corte Constitucional, sentencias T-292 del 6 de abril de 2006, exp. T-1222275, MP. Manuel José Cepeda

Espinosa; SU-380 del 3 de noviembre de 2021, exp. T-8.147.130, M.P. Diana Fajardo Rivera.
32 Corte Constitucional, sentencia SU-054 de 2015, exps. acumulados T-3.691.582, T-3.718.026 y T-3.731.720

3.731.572, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
33 Corte Constitucional, sentencia SU-354 del 22 de mayo de 2017, exp. T-5.882.857, M.P. Iván Humberto

Escrucería Mayolo
34 Corte Constitucional, sentencia T-441 del 8 de noviembre de 2018, exp. T- 6.779.172, M.P. Diana Fajardo Rivera.

15

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05980-01 (5315-2019)
Demandante: Fabio Reyes Ochoa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional

80. Precisado lo anterior, se estima que no se probó el desconocimiento del
precedente judicial, en la medida en que, en primer lugar, se dictaron en la misma
fecha en que se profirió el fallo impugnado —31 de mayo de 2019—, es decir que no
se cumple con el presupuesto acerca de que se traten de sentencias anteriores a la
decisión recurrida; ello, por cuanto resulta evidente la imposibilidad de la Sección
Segunda del Tribunal de Cundinamarca para conocer de estas y eventualmente
aplicarlas. En segundo lugar, las transcripciones realizadas por el recurrente no son
suficientes para definir si existe semejanza de problemas jurídicos, hechos del caso,
normas o aspectos de derecho.

81. Así las cosas, la Sala carece de los elementos necesarios para definir si hubo o
no un desconocimiento del precedente judicial, que en este caso atañe al denominado
precedente horizontal y mal haría en revocar la sentencia de primera instancia, cuando
como se estudió en párrafos que anteceden, el accionante no tiene derecho a la
reliquidación de su asignación de retiro.

82. En consecuencia, como los argumentos expuestos por la parte demandante no
son suficientes para revocar la decisión de primera instancia, esta se confirmará.

3.6. Conclusión de la decisión

83. Se confirma la sentencia de primera instancia, toda vez que el accionante no
tiene derecho a la reliquidación de la asignación de retiro con la inclusión de la
bonificación por compensación, por cuanto la norma que creó tal emolumento se
expidió con posterioridad al reconocimiento pensional.

84. A su vez, se considera que no se desconoció el precedente judicial invocado por
el recurrente, comoquiera que no se trata de sentencias previas, ni tampoco hay
elementos para definir si el fallo recurrido tenía los mismos supuestos de hecho y
derecho que las sentencias invocadas como inobservadas.

3.7. Costas

85. En lo atinente a las costas, la presente providencia acoge el criterio de
interpretación mayoritario35 de la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de

35 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son

16

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05980-01 (5315-2019)
Demandante: Fabio Reyes Ochoa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional

2011, por razones de seguridad jurídica e igualdad, consistente en que para decretar
la condena debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala
fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha condena, en atención
a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.

86. Bajo el anterior razonamiento, se considera necesario revocar la condena en
costas impuesta a la parte accionante en la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el 31 de mayo de 2019, que negó
las pretensiones de la demanda, salvo la condena en costas a la parte demandante,
que se revoca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Segundo: Sin condena en costas en las dos instancias.

Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

17

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05980-01 (5315-2019)
Demandante: Fabio Reyes Ochoa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En consecuencia,
conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

18

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.