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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05990-01

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05990-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el doctor Juan Camilo Morales, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta decisión. En consecuencia, separarlo del conocimiento de este asunto. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por Julio Eduardo Oliveros Garay en contra del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte – I.D.R.D. TECERO: NO CONDENAR en costas en segunda instancia. CUARTO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-05990-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

20 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05990-01 (6777-2023)
Demandante: Julio Eduardo Oliveros Garay
Demandado: Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte – I.D.R.D

Tema: Contrato realidad - existencia de la relación laboral

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia de 22 de
junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1 Pretensiones de la demanda:

1. Se propusieron las siguientes:

• Declarar la nulidad del oficio No. 20171100135401 de 31 de agosto de 2017
expedido por el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte – I.D.R.D por
medio del cual negó el reconocimiento de una relación laboral encubierta entre
las partes y el pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones que se
solicitaron.

• Declarar la existencia de una relación laboral encubierta entre Julio Eduardo
Oliveros Garay y el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte – I.D.R.D
entre el 6 de mayo de 2009 y el 17 de enero de 2017.

1 Folio 18 expediente físico

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Demandante: Julio Eduardo Oliveros Garay

• A título de restablecimiento del derecho, se cancelen «todos los emolumentos
salariales, prestaciones, indemnizaciones y seguridad social que se dejaron de
cancelar durante todo el vínculo laboral».

• Se ordene el pago de la indemnización establecida en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990 desde el 15 de febrero de 2010 en adelante, en razón a la no
cancelación de las cesantías en favor del demandante, la indexación de las
sumas resultantes en la condena y la devolución de los aportes realizados por
concepto de seguridad social.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda

2. El escrito inicial señaló que Julio Eduardo Oliveros Garay ejecutó
actividades al servicio del el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte –
I.D.R.D como entrenador de fútbol – profesional universitario entre el 6 de mayo
de 2009 al 17 de enero de 2017.

3. Que en el desarrollo de su servicio el actor siempre tuvo jefes inmediatos,
que fueron los subdirectores técnicos de recreación y servicios adscritos a la
entidad.

4. Siempre prestó sus servicios bajo continua subordinación, pues tuvo que
cumplir con un horario establecido por la entidad, asistir a las reuniones
programadas e incluso, «viajar representando a la entidad, tal como lo hacían los
funcionarios de la planta de personal».

5. Presentó la reclamación administrativa solicitando la declaratoria de la
relación laboral entre las partes y como consecuencia el pago de las prestaciones
sociales. Ante ello, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del IDRD respondió
negativamente mediante oficio No 20171100135401 del 31 de agosto de 2017.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

6. Se alegó que con la expedición del acto administrativo enjuiciado se
vulneraron las siguientes disposiciones normativas: Constitución Política
artículos 1,2, 25, 53,122,13 y 125; Declaración Universal de Derechos Humanos;
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1996 y
Convenios 87, 98, 100 y 111 de la OIT.

7. Leyes: Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social: Artículos
22, 23 y 24; Ley 100 de 1993

8. Decretos: 806 de 1998, 1950 de 1973 y 2400 de 1968.

9. Como concepto de violación, expuso que el acto enjuiciado incurrió en falsa
motivación por «indebida y/o alta de aplicación de las normas en que se debería
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fundar», por cuanto que se infringieron las normas que regulan el empleo público.
Si bien el actor fue vinculado mediante contratos de prestación de servicios en la
ejecución de sus funciones se configuraron los elementos esenciales de una
relación de trabajo (prestación personal del servicio, remuneración y
subordinación), con lo que se le vulneró el derecho de acceder a las prerrogativas
laborales que perciben los funcionarios de planta de la entidad.

10. Por último, realizó un comparativo entre las obligaciones contractuales
ejecutadas y los manuales de funciones para destacar que las actividades
desplegadas por él eran misionales de la entidad.

1.4. Contestación de la demanda2

11.
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte contestó la demanda
mediante apoderado judicial, quien manifestó su oposición a las pretensiones,
insistiendo en que no existió una relación laboral, sino contratos de prestación de
servicios, lo que impide reconocer derechos propios de un vínculo laboral.

12. Explicó que la vinculación del demandante se realizó bajo la Ley 80 de 1993,
por lo que no se configuran los elementos de la relación laboral (subordinación,
prestación personal y salario); que no estuvo sometido a jefes inmediatos ni al
cumplimiento de horarios, pues desarrolló las actividades descritas en los
contratos de forma autónoma, por lapsos limitados y con objetos específicos.

13. Que no tuvo continuidad ininterrumpida en sus contratos (incluso hubo un
año en el que no se vinculó con la entidad) y que cada uno de ellos se ejecutó
mediante supervisión, que no equivale a subordinación. Por consiguiente, no se
configuró un nexo laboral real: se trató de una relación contractual regida por la
normatividad de contratación estatal.

14. Finalmente, propuso como excepciones: i) inexistencia de contrato realidad;
ii) legalidad de los actos administrativos expedidos por el IDRD; iii) cobro de lo
no debido; iv) no aplicabilidad de la figura del retén social y v) prescripción.

1.5. Sentencia de primera instancia3

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A dictó sentencia el 22 de junio de 2023, negando las pretensiones de la demanda
(sin condenas en costas).

16. Destacó que la entidad contrató al actor mediante contratos de prestación
de servicios para que realizara los «servicios profesionales en el nivel técnico de
los deportistas, preparación, control y evaluación de sus entrenamientos y

2 03.Contestación de la demanda.pdf Expediente digital visible aplicativo SAMAI.
3 sentencia de primera instancia Expediente digital visible aplicativo SAMAI.

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competiciones en la disciplina de fútbol».

17. Si bien obraba constancia de planillas de control de asistencia de alumnos
del demandante en un horario de 8-10 am y 2-4 pm los martes, miércoles y
viernes, esto debía entenderse como un parámetro natural y lógico de la
coordinación existente entre las partes para la ejecución del contrato, sin que se
entienda como factor de subordinación.

18. Destacó que con el material probatorio no se acreditó que el demandante
tuviera jefes inmediatos que determinaran las actividades realizadas, o que se le
enviaran memorandos, circulares o requerimientos de cualquier tipo que
demostrara que se encontraba bajo la autoridad del instituto.

19. Tampoco se probó que su cargo estuviera dentro de la estructura orgánica
de la entidad, pues no se allegó el manual de funciones que permitiera
determinarlo. Por el contrario, en los contratos suscritos la entidad puso de
presente que se suscribían dada la inexistencia de personal de planta para
realizar las actividades de «entrenador de fútbol» para el cual fue contratado.

20. Por lo anterior, consideró no probado el elemento de la subordinación y por
lo tanto, negó las pretensiones de la demanda.

1.6. Recurso de apelación

21. El demandante4 por conducto de su apoderado judicial presentó recurso
de apelación con el cual solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, se accedieran a las pretensiones de la demanda. Para ello, puso
de presente los siguientes argumentos:

22. Alegó que hubo una nula valoración probatoria, debido a que el tribunal no
consideró «las órdenes allegadas por escrito al proceso, en forma de correo
electrónico» y criticó que el análisis probatorio se haya limitado a unas planillas
firmadas por alumnos sin considerar la diferencia entre el horario que existe entre
los estudiantes y el entrenador.

23. Señaló que el fallo impuso una carga probatoria excesiva al actor, al exigirle
acreditar la subordinación no solo con la presentación de pruebas sino que
hubiese sido sujeto de llamados de atención, perjudicándole pues «si el
contratista en su recta prestación del servicio y labor no fue objeto de llamados
de atención ni memorandos se desdibuja toda subordinación». En suma,
consideró que se le impuso un requisito sine qua non para demostrar la
subordinación, con lo que se le dejó en una posición de desventaja.

4 Folio 353 expediente físico.

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24. También afirmó que el demandante fue enviado en misión internacional con
viáticos cubiertos, lo que denota un trato similar al de los funcionarios públicos,
omisión que constituye un yerro en la valoración de la relación laboral encubierta.

25. Criticó la errada interpretación de la comparación de funciones, pues el
tribunal consideró de manera restrictiva el análisis de las funciones
desempeñadas por el demandante y las del cargo dentro de la planta de personal.
Sostuvo que el cuadro comparativo presentado no pretendía establecer una
identidad absoluta, sino evidenciar la similitud en la naturaleza del trabajo.
Recalcó que el actor sí cumplía con el perfil y las funciones establecidas en la
planta de personal, concretamente el profesional especializado, en lo referido a
los entrenadores deportivos, quienes desempeñan funciones esenciales dentro
del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte. Para ello citó la Resolución
000503 de 20055 como manual de funciones.

26. Puso de presente la omisión del deber de respetar la estabilidad laboral
reforzada de los prepensionados manifestando que el demandante, al momento
de la terminación unilateral de su contrato, tenía 60 años y le faltaban dos años
para completar el tiempo necesario para pensionarse.

27. Expuso la existencia de casos recientes que han protegido los derechos
laborales de futbolistas y entrenadores deportivos. Argumentando que la
situación del demandante refleja la precariedad en la que históricamente han
estado estos profesionales en Colombia, siendo considerados figuras de gran
reconocimiento en el ámbito deportivo, pero sin la debida protección en materia
laboral.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

28. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6.

29.De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso7, a competencia del juez de segunda instancia está

5 «Por el cual se ajusta parcialmente el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de

la Planta de Personal del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte en cumplimiento de lo
establecido en el Decreto 2539 de 2005».
6 « E l C o n s e j o d e E s t a d o , e n S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o c o n o c e r á en

segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos […]».
7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación. En ese sentido, como solamente
apeló la parte demandante, la resolución del caso se ceñirá a los argumentos
expuestos en el mismo.

2.2. Cuestión previa

El doctor Juan Camilo Morales Trujillo, integrante de esta Sala de Decisión,
manifestó estar impedido para intervenir en el debate y decisión de este asunto,
en razón a que la parte demandada Bogotá «está representado judicial y
extrajudicialmente por el alcalde mayor,1 de conformidad con lo establecido en
el artículo 35 del Decreto 1421 de 1993, «[p]or el cual se dicta el régimen especial
para el Distrito Capital de Bogotá». De esa entidad territorial hace parte el Instituto
Distrital para la Recreación y el Deporte como establecimiento público del orden
distrital; 2 y mi hermana, María Ximena Morales Trujillo, ejerce como subdirectora
de la Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos, la cual
está dentro de la estructura de la Secretaría Distrital de Gobierno»; motivo por el
cual, se encuentra incurso en la causal de impedimento establecida en el numeral
3 del artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, toda vez que ella ejerce un empleo directivo en la entidad pública
que concurre al presente proceso en calidad de parte demandada.

En ese sentido, esta Sala de Subsección, luego de valorar esa manifestación,
acepta el impedimento presentado y, en consecuencia, separa al peticionario del
conocimiento de este asunto. Así mismo, y en atención a que con esta resolución
no se afecta el quorum decisorio, no se realizará la recomposición de la Sala.

2.3. Problema jurídico

30. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

31. ¿Entre Julio Eduardo Oliveros Garay y el Instituto Distrital para la
Recreación y el Deporte – I.D.R.D existió una relación laboral encubierta entre
el 6 de mayo de 2009 al 17 de enero de 2017, cuando las partes celebraron
contratos de prestación de servicios?

32. De encontrarse acreditada la existencia de la relación laboral encubierta,
se estudiará si sobre tal vínculo contractual acaeció o no el fenómeno de la
prescripción trienal y si el actor tiene derecho al pago de las prestaciones
sociales solicitadas con la demanda.

2.4. De la relación laboral encubierta o subyacente

33.En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
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igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

34. Asimismo, esa norma establece que los convenios internacionales sobre el
derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano, forman
parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por esta
razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual por
un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la
OIT,8 constituye, junto con otros principios convencionales,9 un axioma laboral de
aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.

35. Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que
respecta al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos
de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la
Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de
los fines del Estado), el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo recoge
como un tipo de negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes términos:

«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo
podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

36. Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los
contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni
generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo,
la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha admitido
que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).

8 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
9 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de Costa

Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador,
el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como «(...) la
oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una
actividad lícita libremente escogida o aceptada».
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37. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la
Sección Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80
de 1993, y la forma en que queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria de
una relación laboral encubierta o subyacente.

38. Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique
conductas o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el
Estado es el empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos
fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la
Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente
ratificados por el Estado.

39. En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos
del contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios, el
elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para declarar la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:

i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se
puede matizar ante el surgimiento de una «nueva realidad
laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o
imposición de jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en
función del objeto contractual convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar,
que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la
inserción del prestador del servicio en el círculo rector,
organizativo o disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de
manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan
los elementos configurativos de la relación laboral.

40. No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los

mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio
de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna manera, una
vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la categoría de
empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer las exigencias del
artículo 122 de la Carta Política10.

10 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-

000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
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41. Finalmente,
sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante o
la persona que él designe ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.

42. Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del
contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que
estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor
de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días
hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en
los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las
especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.

(iii) La tercera regla determina que, frente a la no afiliación al sistema
de la Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es
improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese
asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de
naturaleza parafiscal.

43. En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de
dar cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la manera
más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente indispensable» puede
advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde la entidad justifica, en
función del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo
que estima imprescindible para la ejecución de un contrato futuro. De ahí que los
contratos de prestación de servicios no puedan concatenarse indefinidamente en
el tiempo, cuando se suscriben con personas naturales.

44. En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días
hábiles, en principio y como marco de referencia, el término de solución de
continuidad para aquellos contratos de prestación de servicios que presenten
interrupciones, cuya consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción de
derechos una vez declarada la relación laboral subyacente. En consecuencia, de
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no superarse dicho lapso, se puede concluir «la existencia de una unidad de
vínculo contractual» siempre y cuando «se constate que los objetos contractuales
y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la
satisfacción de las mismas necesidades».

45. A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se
reiteró que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la prescripción
de derechos prestacionales derivados de la relación laboral encubierta o
subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de unificación del 25
de agosto de 201611, según la cual, en caso de encontrarse acreditada la relación
laboral, quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de los tres
años siguientes contados a partir de la finalización del vínculo contractual, y, en
aquellos casos donde se presente solución de continuidad entre contratos, debe
analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de
finalización12, por lo que de no presentarse la reclamación en ese período,
operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo relacionado con los aportes a
pensión que no están sometidos a dicho término13.

46. En igual sentido, mediante providencia de 11 de noviembre de 2021, la
Sección Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado
solo cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo
23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación
laboral cuya duración deba ser examinada.

47. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró
improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud
efectuados por el contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios
de naturaleza parafiscal».

48. Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en
los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con
los artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en
estudio en la vía judicial y administrativa.

2.5. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

49. El material probatorio recaudado en el proceso demuestra lo siguiente:
11 Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021.
12 En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de

prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un
lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas
de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente
la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no
la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso
particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. […]» (Negrita fuera
del texto)
13 Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado

de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se
demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante como
empleadora.
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Demandante: Julio Eduardo Oliveros Garay

50. Derecho de petición presentado por Julio Eduardo Oliveros Garay el 28 de
julio de 2017 al Instituto Distrital de Recreación y Deporte – I.D.R.D mediante el
cual solicitó la declaratoria de una relación laboral entre las partes entre el 6 de
mayo de 2009 y el 17 de enero de 2017, cuando ejecutó actividades al servicio
de la entidad mediante contratos de prestación de servicios. Como
14
consecuencia, solicitó que se le cancelaran las acreencias laborales derivadas
de la declaratoria.

51. Oficio No. 20171100135401 expedido, el 31 de agosto de 2017 por el jefe de
la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Distrital de Recreación y Deporte –
I.D.R.D15, por medio del cual se niega el derecho de petición presentado por Julio
Eduardo Oliveros Garay.

52. Hoja de vida y certificados laborales de Julio Eduardo Oliveros Garay 16.

53. Planillas de inscritos a la «acción técnica de recreación y deporte del grupo»
en horario de 8 a 10 am y 2 a 4 pm los martes, miércoles y viernes, en el que
aparece como entrenador Julio Eduardo Oliveros Garay. Estos documentos se
refieren a sesiones realizadas en los meses de julio, agosto, septiembre y
noviembre de 200917 y noviembre de 201018.

54. «Plan mensual de entrega anticipada de actividades» de Julio Eduardo
Oliveros Garay en el desarrollo de los contratos de prestación de servicios
suscritos con el I.D.R.D.

55. Obran en el expediente 5 fotografías que tienen como título la «fundación
vivir mejor», dos de ellas detallan las siguientes informaciones19: «La directiva
del club independiente del valle, quedo muy motivada con este programa. Ellos
desean formalizar alianza y exaltaron la labor del idrd, como también divulgo lo
que ganaron los niños, ante la televisión ecuatoriana», y: «El director martin
saenz (sic), se mostró muy emocionado con la visita de los niños y de las
autoridades del idrd - fuvime y decidió poner en marcha en esta alianza. Durante
la visita, tanto las autoridades de fuvime, idrd y pibe, explicaron el alcance del
programa (sic)».

56. Contratos de prestación de servicios celebrados entre el Instituto Distrital
de Recreación y Deporte – I.D.R.D o la Federación Colombiana de Fútbol y Julio
Eduardo Oliveros Garay:

14 01. Demanda y pruebas.pdf Expediente digital visible aplicativo SAMAI.
15 03.Contestación de la demanda.pdf Expediente digital visible aplicativo SAMAI
16 01. Demanda y pruebas.pdf Expediente digital visible aplicativo SAMAI.
17 01. Demanda y pruebas.pdf Expediente digital visible aplicativo SAMAI. Pág. 124 y siguientes.
18 01. Demanda y pruebas.pdf Expediente digital visible aplicativo SAMAI. Pág. 149.
19 01. Demanda y pruebas.pdf Expediente digital visible aplicativo SAMAI. Pág. 156 y siguientes.

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Demandante: Julio Eduardo Oliveros Garay

No. órdenes Vigencia Objeto del contrato Valor del
prestación de contrato
servicios
994 de 200920 Del 17 de mayo Prestar sus servicios $18.330.000
de 2009 por un profesionales y de apoyo a la
plazo de 7 meses gestión del IDRD, para orientar y
y 25 días perfeccionar el nivel técnico de
los deportistas del registro de
Bogotá que hacen parte de la
etapa de Perfeccionamiento en
la
disciplina de FUTBOL, al igual
que realizar su preparación,
control y evaluación de sus
entrenamientos y
competiciones.
366 de 201021 1 de febrero al 30 Prestar sus servicios $25.742.000
de diciembre de profesionales y de apoyo a la
2010 gestión del IDRD para iniciar el
desarrollo técnico deportivo en
niños, niñas y adolescentes
pertenecientes a las escuelas de
especialización en la disciplina
de fútbol, al igual que desarrollar
sus habilidades y destrezas
deportivas específicas
1055 de 2011 8 de abril al 7 de Prestar sus servicios de apoyo $19.188.000
diciembre de como entrenador escuela de
2011 iniciación y especialización
deportiva para realizar sesiones
de entrenamiento en las
escuelas deportivas, mediante
procesos técnicos,
metodológicos, utilizado en
deporte y las actividades físicas
como estrategia de promoción
de niñas. Niños y adolescentes
hacia la reserva deportiva de la
ciudad de Bogotá, con cargo al
proyecto deporte con altura.
Federación Del 31 de EL CONTRATADO en su calidad $10.205.000
Colombiana de septiembre de de INSTRUCTOR DE
Fútbol – Contrato 2012 al 31 de FORMACIÓN Y
de prestación enero de 2013 ESPECIALIZACIÓN
servicios 201222 DEPORTIVA EN LA
DISCIPLINA DE FÚTBOL se
obliga para con el
CONTRATANTE a ejecutar los
trabajos y demás actividades
propias del servicio contratado,
de acuerdo con las condiciones
y cláusulas del presente

20 01. Demanda y pruebas.pdf Expediente digital visible aplicativo SAMAI.
21 Ibidem.
22 Ibidem.

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Demandante: Julio Eduardo Oliveros Garay

documento y con lo señalado en
el marco del Convenio 021 del
30 de junio de 2009, suscrito
entre la Federación Colombiana
de Fútbol y el Instituto Distrital de
Recreación y Deporte (IDRD),
cuyo objeto es “Aunar esfuerzos
para adelantar el proyecto de
alojamiento para las selecciones
de fútbol colombiano, con las
áreas que se requieran para la
administración del mismo”, así
como sus respectivos otrosí.
364 de 201323 20 de febrero al El CONTRATISTA $28.273.000
19 de diciembre se compromete para con el
de 2013 IDRD, a: Prestar servicios
profesionales como Coordinador
Territorial en los centros de
interés, realizando actividades
de organización, seguimiento
y control de los procesos
pedagógicos correspondientes
al Proyecto Jornada Escolar 40
Horas, en las instituciones
educativas distritales asignadas
en el eje temático Deporte
632 de 201424 20 de enero de Prestar sus servicios $36.300.000
2014 al 4 de profesionales^^ de apoyo
enero de 2015 técnico - metodológico en el
centro de interés asignado con
cargo al proyecto Jornada
Escolar 40 horas semanales
991 de 201525 17 de febrero de Prestar sus servicios $46.580.000
2015 al 16 de profesionales de apoyo técnico -
diciembre de metodológico en el centro de
2015 interés asignado
1005 de 201626 Del 15 de marzo Prestar sus servicios $54.000.000
de 2016 por un profesionales para evaluar y
plazo de 10 ajustar los procesos operativos y
meses pedagógicos en la zona
asignada que permita la
planeación seguimiento / control
de los diferentes centros de
interés del proyecto de inversión.

57. Descrito lo anterior, procederá la Sala establecer si se encuentran
acreditados cada uno de los elementos esenciales de la relación laboral
encubierta:

23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Íbidem.
26 Íbidem.

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Demandante: Julio Eduardo Oliveros Garay

58. Está demostrada la prestación personal del servicio del demandante en
favor del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte – I.D.R.D, mediante la
suscripción de 7 contratos de prestación de servicios entre el 17 de mayo de 2009
y el 7 de diciembre de 2011 y el 20 de febrero de 2013 y el 17 de enero de 2017,
para realizar actividades como entrenador de fútbol.

59. Observa la Sala que el actor entre el 31 de septiembre de 2012 y 31 de
enero de 2013 celebró un contrato de prestación de servicios con la Federación
Colombiana de Fútbol; en cuyo objeto se destaca que fue en desarrollo del
convenio 021 de 2009 suscrito entre la federación con el I.D.R.D27.

Sin embargo, en el expediente no obra constancia adicional que permita concluir
que la entidad demandada remitió al actor a la federación para prestar sus
servicios, manteniendo su condición de contratante. Tampoco se acreditó que en
este período la entidad cancelara salarios o dirigiera las actividades ejecutadas.

Por lo tanto, no es posible considerar este tiempo como ejecutado por el
demandante en favor del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte –
I.D.R.D.

60. Por otro lado, con el material probatorio se demuestra la contraprestación
o remuneración, que se refiere a las sumas de dinero recibidas por el
demandante durante la ejecución de sus actividades contractuales Instituto
Distrital para la Recreación y el Deporte – I.D.R.D entre el 17 de mayo de 2009 y
el 7 de diciembre de 2011 y el 20 de febrero de 2013 y el 17 de enero de 2017;
montos que se encuentran descritos en los contratos de prestación de servicios
expuestos en el cuadro que antecede.

61. En cuanto al elemento esencial de la relación laboral, esto es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, consiste en la
facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador «el cumplimiento
de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de
duración del contrato».

62. Elemento respecto del cual, la Sala ha afirmado que «implica una
superioridad jerárquica en el esquema organizacional de quien se atribuye
esta facultad sobre el subordinado», mientras que la coordinación «más que
una facultad es una obligación que el estatuto de contratación estatal, por medio
de las normas que lo rigen, impone a los entes públicos que desarrollen cualquier
tipo de convenio con rubros oficiales, y que deben realizar para garantizar la
correcta ejecución del objeto contractual. Dicha obligación incluye facultades de

27 «Convenio 021 del 30 de junio de 2009, suscrito entre la Federación Colombiana de Fútbol y el Instituto

Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para adelantar el proyecto de
alojamiento para las selecciones de fútbol colombiano, con las áreas que se requieran para la
administración del mismo”, así como sus respectivos otrosí».
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carácter administrativo, que implican regularizar algunas funciones, el definir
horarios en la prestación del servicio contratado e incluso el suministro de
algunos elementos, que identifiquen al contratista con la comunidad; empero,
coordinar de ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica contenida de
la subordinación»28.

63. En ese orden, se tiene que el demandante en el recurso de apelación
sostiene que existió una indebida valoración probatoria, lo que impidió que se
acreditara el elemento de la subordinación en el servicio que desarrolló en favor
de la entidad enjuiciada.

47. Ante ello, es menester establecer indicios que, analizados en conjunto con
las pruebas del caso concreto, permitan determinar la existencia de
subordinación en la ejecución de las labores llevadas a cabo por la demandante,
atendiendo lo expuesto por esta Corporación en la sentencia de unificación SUJ-
025-CES2- 2021 en la que precisó como indicios los siguientes:

“i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por
la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante
el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas, la Sala Plena estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo
que el juzgador debe valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las
modalidades permitidas para los empleados de planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación, y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así,
ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud
o vigilancia, etc.) habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales
y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento
estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una
subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del
objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a
través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos
internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi, la dirección y
control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de los aspectos
más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la
subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción
en el círculo rector, organizativo disciplinario de la entidad, de manera que
demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que
llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio
probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o
seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de

2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
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normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio
claro de subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio
personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización
de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma
permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente,
siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los elementos
esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo.”

64. Así pues, siguiendo los criterios previamente expuestos, se procede
determinar la existencia de la subordinación en el presente asunto a partir de los
siguientes ítems:

65. Lugar de trabajo: De la lectura de las pruebas documentales, no se logra
establecer si el actor tuvo que ejecutar sus actividades contractuales en un lugar
determinado por la entidad.

66. Horario de trabajo: En el plenario obra planillas de inscritos a la «acción
técnica de recreación y deporte del grupo», desarrollada los martes, miércoles y
viernes en horario comprendido entre 8 a 10 am y 2 a 4 pm durante los meses
de julio, agosto, septiembre y noviembre de 2009 y noviembre de 2010 en el que
aparece como entrenador el demandante.

Aunque en el recurso se alegue que el actor prestó sus servicios en períodos
adicionales a los establecidos en las planillas descritas, lo cierto es que en el
plenario no hay elementos de juicio que permitan corroborar esas afirmaciones.

En todo caso, con precedencia esta Subsección ha indicado que el cumplimiento
de horario no lleva consigo el elemento de la subordinación, pues entre las partes
contratantes puede existir una «relación de coordinación en sus actividades, de
manera que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el
desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el
cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de instrucciones
de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados, pero ello
no significa necesariamente la configuración de un elemento de
subordinación»29.

De modo que, aun cuando el demandante cumpliera con un horario en el
desarrollo de su servicio, ello en sí mismo no es suficiente para concluir la
anulación de su autonomía, porque el horario si no es acompañado de elementos
adicionales que denoten subordinación, debe ser entendido, como lo hizo el

29 Sentencia del 31 de mayo de 2016, expediente, 3867-14, consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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tribunal, como un parámetro lógico y natural para lograr la concreción del objeto
contractual.

83. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar: Es de
recordar que, de acuerdo con la sentencia de unificación previamente
referenciada de 9 de septiembre de 2021, este indicio constituye uno de los
aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de
subordinación. En ese sentido, «lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera
que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en
que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual».

En esos términos, contrario a lo sustentado en el recurso, la Sala observa que
dentro del proceso no existen elementos probatorios con los cuales se pueda
establecer que el demandante en la ejecución de sus servicios estuvo sujeto al
cumplimiento de directrices u órdenes de un superior, o que debía ejecutar los
contratos en las condiciones que pormenorizadamente le impusiera la entidad.

En efecto, las pruebas documentales no permiten avizorar la existencia de
órdenes, requerimientos o imposición de labores de la entidad en cuanto al
tiempo, modo, lugar o cantidad sobre el señor Julio Eduardo Oliveros Garay, a
partir de los cuales se logre advertir su inserción en el círculo rector, organizativo
y disciplinario.

84. Por el contrario, de las documentales únicamente se observan los
contratos de prestación de servicios celebrados entre las partes, la hoja de vida
del demandante, «Plan mensual de entrega anticipada de actividades», planillas
de inscritos a la «acción técnica de recreación y deporte del grupo» y varias
fotografías que cuentan con un encabezado de la «fundación vivir mejor» sin que
se detalle su incidencia o relación con el caso bajo estudio.

Por lo tanto, estos elementos, en modo alguno, pueden considerarse como
indicios de acciones subordinantes por parte de la entidad, pues, al contrario, a
lo sumo resultan ser actividades que devienen de la coordinación inherente que
debe existir en la ejecución de los objetos contractuales.

85. Así pues, la Sala colige que en el plenario no existen elementos
adicionales, tales como las documentales omitidas30 o testimonios suficientes,
pertinentes y útiles que corroboren las directrices dadas al actor por la entidad
demandada.

86. Es menester rememorar en este punto que, de acuerdo con la
jurisprudencia emanada por esta Corporación, no toda relación de servicios en
los que medien actividades de cumplimiento de deberes por parte del contratista

30 Vrg: Órdenes, direccionamientos, reglamentaciones e imposición de labores en cuanto al tiempo, modo

y lugar.
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implica necesariamente la existencia de subordinación. Pues entre las partes del
contrato de prestación de servicios debe existir una relación de coordinación de
actividades, donde el contratista, aunque autónomo en el desarrollo de sus
funciones, es libre de someterse a las condiciones necesarias para el desarrollo
eficiente de la labor encomendada, tales como: i) un horario; ii) el hecho de recibir
una serie de instrucciones de sus superiores, o iii) tener que reportar informes
sobre sus resultados, sin que ello transmute la coordinación existente en
subordinación31.

87. En ese sentido, el hecho que el contratante regularice las funciones a
ejecutar o que el contratista reciba instrucciones para la prestación del servicio,
de ningún modo pueden ser considerados como factores subordinantes sí
adicional a ellos no se acreditan la existencia de imposiciones y/o
direccionamientos que desborden el natural y necesario principio de
coordinación que debe guiar los contratos de prestación de servicios.

88. Vale adicionar que, a diferencia de lo alegado en el recurso, no se exige
únicamente para demostrar el elemento de la subordinación la existencia de
llamados de atención del contratante sobre el contratista. En torno a la dirección
y control efectivo de las actividades ejecutadas, la sentencia de unificación de 9
de septiembre de 2021 dispuso que lo que debe probar el contratista es que el
contratante haya ejercido sobre él una influencia directa y decisiva en las
condiciones que en tiempo, modo y lugar ejecutó el contrato. Esto puede
probarse, al margen de los llamados de atención, a través de la imposición de
reglamentos, cantidad de trabajo o cualquier otro medio de prueba que lleve al
juzgador dentro de la sana critica a advertir la anulación de la autonomía en el
desarrollo del servicio.

Al respecto, esta Subsección de tiempo atrás ha considerado que «si bien no
puede decirse que existe una prueba reina para demostrar el elemento de la
subordinación y dependencia continuada, esta Sala si ha considerado que para
acreditar este elemento de la relación laboral, deben aportarse aquellas que
permitan acreditar fehacientemente que el contratista no ejercía su actividad,
para la cual fue contratado, en forma autónoma e independiente, sino que debía
someterse ineludiblemente a las órdenes e instrucciones de funcionarios de la
entidad, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que estos impusieran»32.

89. Por otro lado, tampoco se encuentra probado que dentro de la planta de
personal del instituto existiera personal que realizara las actividades
desplegadas por el demandante. Esta conclusión se extrae de comparar el objeto
y las obligaciones ejecutadas por el actor con las funciones desempeñadas en
los cargos existentes en la entidad en el manual de funciones consignados en la
Resolución 602 de 2015.

31 Sentencia de 14 de julio de 2022; Sección Segunda, radicado 2016-04522-01; C.P. William Hernández

Gómez.
32 Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P

Gabriel Valbuena Hernández.
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Manual de funciones cargo profesional Obligaciones específicas de los contratos.
especializado citado en la demanda Vrg: Contrato de prestación de servicios No.
(Resolución 602 de 2015). Pág. 26 demanda. 366 de 2010
1. Diseñar actividades de acuerdo con OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:
cada programa que realiza el área, que
fomente el deporte, la actividad física y el
1.Dirigir, controlar y evaluar la
aprovechamiento del tiempo libre. preparación deportiva especializada de
los niños, niñas y adolescentes, que
2. Realizar labores técnicas y operativas hacen parte de la etapa de
en todas las etapas contractuales, según especialización de la disciplina asignada.
los parámetros establecidos por la
Entidad y las normas vigentes de 2. Aplicar los formatos y protocolos
contratación estatal. establecidos por el IDRD, para efectuar
los controles, promoción y evaluación del
3. Proyectar de acuerdo a su proceso deportivo, en correspondencia
competencia, respuestas a las consultas, con estándares técnicos.
peticiones, quejas y reclamos que sean
radicadas en el área, teniendo en cuenta 3. Acompañar a los niños, niñas y
los términos previstos en la Ley. adolescentes, en las diferentes
actividades deportivas programadas.
4. Efectuar la planeación del presupuesto
de ingresos y gastos, así como en el 4. Con ocasión de la participación en
control de los recursos destinados a los fogueos y competencias preparatorias y
proyectos Bogotá Participativa, Tiempo principales a nivel local, distrital, nacional
libre- tiempo activo, Acciones e internacional, presentar un informe con
Metropolitanas para la Convivencia, la gestión y resultados alcanzados de
Bogotá Forjador de Campeones y acuerdo con el modelo institucional.
Pedalea por Bogotá.
5. Acompañar a las delegaciones o
deportistas del registro de Bogotá a los
campeonatos, competencias,
preparaciones y todo tipo de eventos que
se realicen a nivel local, nacional e
internacional.

6. Todas las demás que le sean
asignadas por el supervisor del contrato y
que sean necesarias para el desarrollo del
objeto contractual.

90. Si bien en el recurso de apelación el demandante menciona la Resolución
000503 de 200533, para establecer las similitudes que considera existen entre
sus obligaciones con los cargos de la entidad, tal aspecto no fue determinado en
el texto de la demanda, por lo que mal podría la Sala realizar una valoración
respecto de un elemento probatorio que no fue objeto de contradicción y frente

33
Por el cual se ajusta parcialmente el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de
la Planta de Personal del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte
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a un argumento no propuesto en la etapa inicial del proceso, pues ello atenta
contra el principio de congruencia de la sentencia.

91. En efecto, los artículos 280 y 281 del CGP sobre dicho principio enseñan:

“ARTÍCULO 280. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La motivación de la
sentencia deberá limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación
razonada de las conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos
constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente
necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con
brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas. El juez
siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso,
deducir indicios de ella.

La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula “administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley”; deberá
contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de
la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las
costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás
asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código.

Cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una síntesis de la
demanda y su contestación.

ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y
en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada
en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo
del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de
haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de
conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.”

92. De la misma manera, el artículo 187 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala:

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Demandante: Julio Eduardo Oliveros Garay

“ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que
ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su
contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para
fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y
citando los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no
impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las
acusadas y modificar o reformar estas.

Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se
ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor”.

93. De acuerdo con lo expuesto, la sentencia que resuelva el proceso
debe incluir una motivación breve y clara sobre las razones legales,
constitucionales y doctrinales pertinentes que corresponda.

94. Ello implica señalar no solo las disposiciones aplicadas, sino también
realizar un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y las conclusiones
que de ellas se deriven, con el objetivo de determinar si se concede o no el
derecho solicitado.

95. En conclusión, se tiene que el principio de congruencia se establece como
una auténtica garantía del derecho fundamental al debido proceso para las
partes involucradas en el proceso judicial.

96. Entonces, como el juez debe emitir su decisión basándose en lo que ha
sido solicitado, probado y excepcionado en el transcurso del proceso, dado que
no tiene permitido dictar sentencias que se aparten de lo pedido; la Sala no
emitirá pronunciamiento respecto de las motivaciones del recurso que se
relacionan con la aludida resolución.

97. De otro lado, se aclara que aun cuando las actividades ejecutadas por el
actor hubiesen sido misionales al objeto de la entidad, esto se encuentra avalado
por el ordenamiento jurídico nacional, ya que excepcionalmente las entidades del
Estado pueden cumplir el cometido que se les fue asignado mediante contratos
de prestación de servicios, cuando: (i) las actividades requieran conocimientos
especializados o (ii) no puedan realizarse con el personal empleado.

98. Por último, en el recurso de apelación se alegó que no se respetó el
derecho a la estabilidad laboral reforzada del demandante al ser prepensionado
y que su caso refleja «la precariedad» histórica que han sufrido los «futbolistas
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y entrenadores deportivos» en el país. Tal aspecto fue alegado en el concepto
de violación como «inobservancia del retén social».

99. Pues bien, la Sala advierte que ese argumento hace parte del desarrollo
del concepto de violación de la demanda y respecto de lo cual no se pronunció
el tribunal, por lo que se procede a su análisis en segunda instancia.

100. La Corte Constitucional en Sentencia T-325 de 2018, manifestó sobre la
estabilidad laboral reforzada lo siguiente:

“(…) consiste en una “garantía que tiene todo trabajador a permanecer en
el empleo y a obtener los correspondientes beneficios salariales y
prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una
causa relevante que justifique el despido. La doctrina ha entendido
entonces que el principio de estabilidad laboral configura, en cabeza de
los trabajadores, un verdadero derecho jurídico de resistencia al despido,
el cual es expresión del hecho de que los fenómenos laborales no se rigen
exclusivamente por el principio de la autonomía de la voluntad, ya que
están en juego otros valores constitucionales, en especial la propia
dignidad del trabajador y la búsqueda de una mayor igualdad entre patrono
y empleado. Por ello, en función del principio de la estabilidad laboral, y
de la especial protección al trabajo (CP arts 25 y 53), no basta el deseo
empresarial para que pueda cesar una relación de trabajo sino que es
necesario que se configure una justa causa, en los términos señalados por
la ley, y en armonía con los valores constitucionales”.

101. En el presente asunto se invoca la estabilidad laboral por el carácter de
prepensionado del demandante, condición respecto de la cual la Corte
Constitucional en la sentencia SU-897 de 2012 precisó que son: “[…] aquellos
servidores que cumplan con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación
o de vejez dentro de los tres años siguientes o, en otras palabras, aquellos a los
que les falte tres años o menos para cumplir los requisitos que les permitirían
acceder a la pensión de jubilación o vejez”. Más adelante sostuvo:

«Con base en lo expuesto, la Sala concluye que «la protección que se deriva
del contenido del derecho fundamental a la seguridad social en pensiones y de
la regulación legal existente no puede ser otra que lograr el cumplimiento de los
requisitos para acceder a la pensión de jubilación o vejez por parte de los
servidores próximos a pensionarse…».

Si bien es cierto existe una protección legal y constitucional de los trabajadores
del sector público y privado vinculados legal y reglamentariamente, por contratos
de trabajo y/o de prestación de servicios en condición de prepensionados, como
garantía del derecho a la seguridad social, del principio de igualdad material y
del deber del Estado de proteger el acceso efectivo a los bienes y servicios
básicos; no es menos cierto que el demandante nada expresó en la demanda
respecto de las razones por las cuales debía generarse el amparo mencionado,
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pues se limitó a indicar que «…se encontraba en RETEN SOCIAL al momento
en el que se le fue dado por terminado el vínculo contractual, siéndole vulnerado
esa protección laboral reforzada, para con ello permitirle obtener todos los
requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez», pero sin acreditar que
al momento de terminación del contrato de prestación de servicios se le vulneró
su derecho al mínimo vital.

Tampoco probó el número de semanas cotizadas para determinar que solo le
faltaban las que se causarían en los tres años siguientes a la terminación del
vínculo contractual, pues la sola circunstancia de contar con 60 años de edad no
activa la protección reclamada, pues se requiere probar que le faltan tres (3) o
menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas
de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez, y la
vulneración de derechos fundamentales. Como ello no ocurrió no prospera el
cargo de anulación.

102. Así pues, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General
del Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era al
demandante a quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la
configuración de la relación encubierta que alegó que existió entre su persona y
el ente demandado a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del
caso.

103. En línea con lo establecido por el a quo, para la Sala luego de analizar
cada uno de los indicios que esta Corporación ha precisado como determinantes
para considerar la existencia del elemento de subordinación en los contratos de
prestación de servicios suscritos por las entidades del Estado con personas
naturales, se concluye que el actor no cumplió con la carga probatoria de
acreditar los elementos probatorios útiles, pertinentes y conducentes que
permitan advertir indicios subordinantes en la ejecución de sus actividades
durante el periodo que estuvo vinculado mediante contratos de prestación de
servicios con el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte – I.D.R.D, por
lo que no es posible establecer la existencia de una relación laboral encubierta
entre las partes.

104. En suma, los argumentos del recurso de apelación no están llamados a
prosperar y en consecuencia se confirmará la sentencia de primera instancia. No
hay lugar al estudio del segundo problema jurídico.

2.6. De la condena en costas en segunda instancia

105. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una
valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas,
no obstante, actualmente, con la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, es
procedente verificar la carencia de fundamento legal.

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106. En ese orden, no se observa en este caso que el recurso fuera
presentado manifiesta carencia de fundamento legal, por el contrario, fue
sustentado en procura de los intereses de la parte demandante, por lo tanto, no
hay lugar, a imponer condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el doctor Juan Camilo
Morales, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta decisión. En
consecuencia, separarlo del conocimiento de este asunto.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de junio de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por Julio
Eduardo Oliveros Garay en contra del Instituto Distrital para la Recreación y el
Deporte – I.D.R.D.

TECERO: NO CONDENAR en costas en segunda instancia.

CUARTO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVAN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
IMPEDIDO

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

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