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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06069-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06069-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia proferida el veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará de la siguiente forma: «[…] Primero: Declarar probada la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones formulada por la Fiscalía General de la Nación, respecto de la pretensión anulatoria del Decreto Ley 898 de 2017, por lo que la Sala de inhibirá de pronunciarse sobre esta reclamación. […]» Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Radicado: 25000-23-42-000-2017-06069-01 (6795-2023) Segundo. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia apelada por medio de la cual se negaron las pretensiones. Tercero. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante. Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-06069-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-06069-01 (6795-2023)
Demandante: Omaira Montoya Blanco
Demandadas: Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y Fiscalía General de la Nación

Temas: Supresión de un empleo de libre nombramiento y remoción. La
actora no era titular de una estabilidad reforzada debido al tipo
de cargo ejercido. Reestructuración funcional de la entidad en
virtud del cumplimiento del Acuerdo Final para la
Implementación de una Paz Estable y Duradera. MODIFICA
SENTENCIA Y CONFIRMA EN LO DEMÁS

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Omaira Montoya Blanco instauró demanda1 contra la Nación –
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Fiscalía General
de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las
siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del: (i) Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017, por
medio del cual, ante la reestructuración de la planta de personal de la FGN, se
suprimió, entre otros, el cargo que ocupaba de subdirectora seccional de fiscalías,
y del (ii) Oficio 45 del 30 de junio de 2017 con el que se le comunicó la supresión de

1 Folios 1 a 39, C1.

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dicha plaza y su consecuente desvinculación del ente acusador.

3. A título de restablecimiento, se ordene reintegrarla al empleo que venía
desempeñando al momento de la terminación de su vínculo o a uno de igual o
superior categoría, sin solución de continuidad, junto con el pago de los valores
causados a título de daño emergente y lucro cesante; y que la entidad demandada
cese cualquier conducta que atente contra sus condiciones de madre cabeza de
familia y con discapacidad funcional.

4. Que se condene en costas a la parte accionada.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

5. Que mediante Resolución 04185 del 27 de noviembre de 2013 fue nombrada en
el cargo de directora seccional de fiscalías de Santa Rosa de Viterbo. Luego, con la
Resolución 0611 del 2 de abril de 2014, y por efectos de la reestructuración de la
Fiscalía General de la Nación fue designada subdirectora seccional de fiscalías y
seguridad ciudadana de Boyacá, y a través de la Resolución 01382 del 6 de agosto
de 2014, fue nombrada en encargo como directora seccional de esa misma
jurisdicción.

6. Que por medio de la Resolución 1806 del 30 de septiembre de 2015 fue
trasladada a la ciudad de Bogotá en calidad de subdirectora seccional, pese a que
había informado previamente que esta decisión la afectaba gravemente por su
condición de madre cabeza de familia que ya había anunciado a la entidad en varias
ocasiones, tanto así que el 16 de octubre del mismo año solicitó la reconsideración
de esta determinación, petición a la cual no se le ha dado respuesta.

7. Que durante la vigencia de su vínculo legal y reglamentario sufrió 2 accidentes,
los cuales fueron calificados por parte de la ARL de origen laboral y le han generado
múltiples incapacidades y un deterioro de su condición de salud y psicológica;
situación de la que tenía pleno conocimiento la Fiscalía General de la Nación.

8. Que debido a varias presiones internas para decretar el archivo de un caso por
estafa y ante constantes amenazas de declarar insubsistente su nombramiento ante
la posible supresión de su cargo, el 28 de febrero de 2017 presentó renuncia
motivada al cargo de subdirectora seccional de fiscalías y seguridad ciudadana de
Bogotá ante el director nacional de apoyo a la gestión de la FGN. Sin embargo, este
funcionario le reprochó el contenido de la renuncia y le informó que no se
preocupara, que continuaría en su cargo con normalidad.

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9. Que el 4 de julio de 2017, mientras se encontraba en un período de incapacidad
médica de 5 días otorgada por el médico fisiatra, le fue notificado el Oficio 45 del 30
de junio del mismo año con el que le fue informada su desvinculación del servicio
por la supresión de su empleo en cumplimiento del Decreto Ley 898 del 29 de mayo
de 2017.

10. Que el 5 de julio de 2017 presentó ante la entidad una solicitud de
reconsideración de esta decisión con fundamento en su condición de madre cabeza
de familia y con motivo de su situación precaria de salud derivada de accidentes de
trabajo.

11. Que a la parte demandada le fueron creados cargos de asesores III con un perfil
y remuneración similares a las suyas, pero en lugar de haberla nombrado en una
de dichas vacantes, se incorporó a otras personas que no estaban en la misma
situación de debilidad manifiesta en la que se encontraba, pues actualmente no
tiene ningún otro tipo de ingreso que le permita asumir las responsabilidades del
hogar debido a la disolución de su sociedad conyugal.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

12. Considera vulnerados: los artículos 22 y 29 de la Constitución política; 137 de
la Ley 1437 de 2011; 12 de la Ley 790 de 2002; 12 y 13 del Decreto Nacional 190
de 2003; y 3 de la Ley 1232 de 2008.

13. Expresa que su situación jurídica la caracteriza el hecho de que en su favor
contaba con un escenario de “fuero laboral especial”, por cuanto desde 2002 es
madre cabeza de familia, lo que hace que el Estado al momento de reformar sus
entidades deba preservar los derechos laborales de quienes cuentan con
circunstancias especiales de protección constitucional como la suya, de la cual ya
tenía conocimiento la FGN previamente, sin que la tuviera en cuenta para
incorporarla en la nueva planta de personal, pese a que sí designó a otras personas
que no gozaban de estas mismas condiciones de prelación, lo que implica un trato
discriminatorio y violatorio de su derecho fundamental a la igualdad.

14. Manifiesta que, además, en la expedición de los actos demandados existió
desviación de poder, ya que el verdadero objetivo al suprimir el cargo que ostentaba
en 2017 era detener las investigaciones criminales que realizaba en esa época y
así favorecer a terceros.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

15. El 13 de marzo de 2018 fue admitida la demanda.2

2 Folios 49 a 50, C2.

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16. La Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República3 manifestó que el Decreto Ley 898 de 2017 tiene fuerza de ley, por lo
que su conocimiento escapa al control judicial de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. En todo caso, afirmó que dicha norma estableció una
reestructuración de la FGN en la que se previó la supresión de múltiples plazas de
su planta de personal, lo que descarta que la decisión de dicho ente acusatorio haya
sido por el ejercicio de la labor de la actora como subdirectora seccional de fiscalías,
más aún porque de acuerdo con el artículo 61 ibid, «[…] Los empleos creados en el
presente artículo, son de dedicación exclusiva para cumplir las funciones de la
Unidad Especial de Investigación y, en consecuencia, en estos cargos no procederá
la incorporación de servidores cuyos empleos sean efectivamente suprimidos en el
presente Decreto Ley […]».

17. Propuso las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida
integración del contradictorio, y falta de legitimación material en la causa por pasiva.

18. La Fiscalía General de la Nación4 planteó que su actuar se derivó del
cumplimiento de un proceso de reorganización de su planta de personal, para lo
cual tuvo en cuenta todos los parámetros constitucionales y legales. Señaló que en
este tipo de actuaciones los únicos servidores con derecho preferente a ser
incorporados son los de carrera administrativa, por lo que, como la demandante
estaba nombrada en un cargo de libre nombramiento y remoción no contaba con
ninguna de las condiciones para ser sujeto de protección por estabilidad laboral
reforzada.

19. Propuso como excepciones las de inepta demanda, indebida acumulación de
pretensiones, cumplimiento de un deber legal y genérica.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 29 de junio
de 2023 declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda por indebida
acumulación de pretensiones respecto de la de nulidad del Decreto Ley 898 de
2017. En lo demás, negó las otras reclamaciones y se abstuvo de condenar en
costas.

21. Inicialmente expresó que es indiscutible que la competencia para revisar la
constitucionalidad del Decreto Ley 898 de 2017, por tener precisamente fuerza
legal, es de la Corte Constitucional, la cual, efectivamente por medio de la sentencia
C-013 de 2018 realizó dicho análisis sobre la referida norma que pretende
demandar el reclamante, lo que conlleva declarar la inepta demanda por indebida

3 Folios 113 a 123, C2.
4 Folios 129 a 144, C2.
5 Folios 183 a 194, C2.

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acumulación de pretensiones para inhibirse de emitir decisión de fondo respecto de
la pretensión anulatoria contra dicha regulación.

22. Seguidamente indicó que los servidores con derechos de carrera administrativa,
en periodo de prueba y las mujeres embarazadas tienen derecho preferencial a ser
incorporados en la nueva planta de personal, si llegare a crearse, o de no ser posible
lo anterior, pueden acceder a una indemnización, es decir, no se contempla la
obligación de tener en cuenta para estos efectos a los empleados nombrados en
cargos de libre nombramiento y remoción, como era el de la accionante, quien
desempeñó una posición del orden directivo, particularmente la de subdirectora
seccional de fiscalías.

23. Acerca de la naturaleza de este tipo de plazas aseguró que el Consejo de
Estado ha sostenido que el nominador goza de la facultad discrecional para
disponer de la vinculación o retiro del empleado público y que esta potestad se
presume ejercida “con el fin de lograr el mejoramiento del servicio oficial’’. Sobre el
punto añadió que la Corte Constitucional en sentencia T-084 de 2018 advirtió que
el llamado “reten social”, es decir, la protección de que gozan algunos funcionarios
que son prepensionados o madres o padres cabeza de familia, no aplica para los
cargos de libre nombramiento y remoción, porque en virtud de su propia esencia no
gozan de estabilidad laboral reforzada.

24. En virtud de lo anterior afirmó que si bien la demandante argumentó que era
madre cabeza de familia y padecía una enfermedad de origen laboral que ha
disminuido su salud, tal como se lo manifestó constantemente a la Fiscalía General
de la Nación, dicha circunstancia no es suficiente para que la entidad tuviera la
obligación de nombrarla en la nueva planta de personal, toda vez que se demostró
que existió una disminución ostensible de empleos y, además, el cargo de
subdirector regional era de libre nombramiento y remoción, sin que la actora hubiese
acreditado un mejor derecho para tener un tratamiento preferente al momento de
considerar su incorporación a la nueva estructura funcional del ente acusador.

25. Frente a la causal de desviación de poder dijo que no se allegó ninguna prueba
que acreditara que la razón de la desvinculación de la demandante fuera diferente
a lo indicado en el acto administrativo acusado, esto es, la supresión del cargo que
desempeñaba al interior de la entidad accionada.

RECURSO DE APELACIÓN6

26. La parte demandante interpuso recurso de apelación bajo el argumento de que
el tribunal no examinó el conjunto de pruebas aportadas para demostrar su
condición de madre cabeza de familia, los antecedentes que rodearon la aplicación

6 Folios 203 a 205, C2.

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del Decreto Ley 898 de 2017 que reestructuró parcialmente la planta de personal
de la Fiscalía General de la Nación, incluyendo la solicitud de la renuncia provocada,
así como su estado de salud dados los accidentes laborales que padeció; aspectos
que si se hubiesen analizado, permitirían concluir en sana lógica la configuración de
la causal de desviación de poder ante la ruptura del derecho a la igualdad y el
tratamiento discriminatorio al que fue sometida, así como los signos de persecución
cuando en términos cuantitativos fueron mucho más los cargos creados con la
reforma de la entidad que los suprimidos.

27. Señaló que aportó más de 84 elementos probatorios que desdicen la afirmación
del juez de primera instancia cuando indicó que no demostró que tuviera un mejor
derecho o la configuración de la causal de desviación de poder, cuando en realidad
lo que sucedió es que se desconoció su situación de vulnerabilidad que le generaba
una protección constitucional reforzada.

28. Adicionalmente planteó que resulta inadecuado que se haya declarado probada
de oficio la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones
y al mismo tiempo se desconozca que este medio de defensa en realidad fue
propuesto por la entidad demandada, más aún porque al hacerlo debió inhibirse de
pronunciarse de fondo sobre toda la demanda y no hacerlo como sucedió en este
caso en el que finalmente se falló de fondo el asunto cuando claramente con la
pretensión de nulidad del Decreto Ley 898 de 2017 no se pretendía un control de
constitucionalidad, sino que el juez efectuara un estudio pro homine para advertir
que la ilegalidad del oficio reprochado se derivaba de la norma en mención.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

29. El 4 de diciembre de 2023 se admitió el recurso de apelación,7 y las partes y el
Ministerio Público se abstuvieron de intervenir.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

30. Deberá resolver la Subsección si la sentencia de primera instancia debe ser
revocada, porque los actos demandados están viciados de nulidad conforme a las
razones expuestas en la demanda y en el recurso.

Marco normativo y jurisprudencial

Sobre el régimen de las plantas de personal y las reestructuraciones
funcionales de las entidades del Estado (en particular, de la FGN)

7 Ver índice 4 de SAMAI.

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31. El artículo 125 de la Constitución Política8 estableció una cláusula general
acerca del sistema de carrera administrativa, entendido como la base de la
estructura organizacional del Estado sustentada en el mérito y en la legalidad como
principios fundamentales.

32. Para la Fiscalía General de la Nación, la Constitución Política en su artículo 2539
estableció que sería la ley la que determinaría su estructura y funcionamiento, lo
cual fue ratificado en el artículo 159 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia (Ley 270 de 1996).10

33. Ahora, hasta que no fuera expedido dicho régimen especial de la FGN, debe
tenerse en cuenta que la norma aplicable en materia organizacional era la Ley 909
de 2004,11 especialmente en sus artículos 41, 44 y 46.

34. Al margen de lo anterior, en virtud del artículo 253 constitucional se expidió la
Ley 1654 de 2013 «Por la cual se otorgan facultades extraordinarias pro tempore al
Presidente de la República para modificar la estructura y la planta de personal de la Fiscalía
General de la Nación y expedir su Régimen de Carrera y situaciones administrativas», y
con base en este, se expidió el Decreto Ley 20 de 2014 «Por el cual se clasifican los
empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y
de sus entidades adscritas».

35. En esta norma se contempló que los empleos al interior de dicha institución
serían de carrera y de libre nombramiento y remoción, dentro de los cuales, en esta

8 «ARTÍCULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de

elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine
la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán
nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y
condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen
disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. […]».
9 «ARTÍCULO 253. La ley determinará lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la

Nación, al ingreso por carrera y al retiro del servicio, a las inhabilidades e incompatibilidades, denominación,
calidades, remuneración, prestaciones sociales y régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de su
dependencia.».
10 «[…] ARTÍCULO 159. REGIMEN DE CARRERA DE FISCALIA. La Fiscalía General de la Nación tendrá su

propio régimen autónomo de carrera sujeto a los principios del concurso de méritos y calificación de servicios,
orientado a garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia y ascenso en el servicio de
los funcionarios y empleados que la conforman.
Los cargos de libre nombramiento y remoción, así como los de carrera, serán los previstos en la ley.
Con el objeto de homologar los cargos de la Fiscalía con los restantes de la Rama Judicial, aquélla observará
la nomenclatura y grados previstos para éstos. […]»
11 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se

dictan otras disposiciones.

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última categoría, según el artículo 5.º, numerales 1, 1.1.; está incluido el de
subdirector seccional.12

36. Aclarado lo anterior, se observa que esta norma en su artículo 96 consagró la
supresión del empleo como una causal válida de retiro del servicio para los
servidores de la FGN (cualquiera que sea su clasificación y tipo de nombramiento),
lo cual se ajusta al diseño del régimen general, en el entendido de que no es posible
mantener de manera indefinida un esquema institucional, en los eventos en los que
se hagan necesarias una serie de transformaciones organizacionales a fin de
asegurar el avance y modernización del servicio público oficial.

37. Acerca de los efectos de estos procesos de reestructuración, el artículo 87 del
Decreto 1227 de 200513 consagró lo pertinente de manera general; pero, en el caso
particular de la entidad demandada, el artículo 10314 del mencionado Decreto Ley
20 de 2014 fue el que singularizó la situación.

38. Incluso, sobre el punto, el Consejo de Estado15 ha planteado que, al margen de
que deben respetarse las garantías de los funcionarios con derechos de carrera,
estas no pueden generar una petrificación de las entidades públicas, pues dichos

12 «Artículo 5°. Clasificación de los empleos. Los empleos de la Fiscalía General de la Nación, del Instituto

Nacional de Medicina Legal y de la Institución de Educación Superior son de carrera, con excepción de los
siguientes cargos que se clasifican como de libre nombramiento y remoción, dada la especial confianza y la
prestación in tuitu personae que conlleva el desarrollo de sus funciones, así:

1. Los cargos del nivel directivo:

1.1. En la Fiscalía General de la Nación: El Vicefiscal General de la Nación, Consejero Judicial, Director
Nacional, Director Estratégico, Director Especializado, Subdirector Nacional, Subdirector Seccional, Jefe de
Departamento. […]» (subrayado intencional).
13 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998». Actualmente

compilado en el Decreto Reglamentario Único del Sector Función Pública 1083 de 2015.
14 «ARTÍCULO 103. Supresión del empleo. Los servidores con derechos de carrera a quienes se les supriman

los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o
equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser posible tendrán derecho a recibir una indemnización.

Cuando la incorporación se realice en un empleo igual, no podrán exigirse requisitos distintos de los acreditados
por los empleados de carrera al momento de su inscripción o actualización en el Registro Público de Inscripción
de Carrera. Una vez efectuada la incorporación, será actualizada la inscripción en el Registro y el servidor
continuará con los derechos de carrera que ostentaba al momento de la supresión del empleo.

Para los efectos de reconocimiento y pago de la indemnización de que trata el presente artículo, el tiempo de
servicios continuos se contabilizará a partir de la fecha de posesión como servidor público de la Fiscalía General
de la Nación o de sus entidades adscritas.

[…] PARÁGRAFO 2. No se considera que hubo supresión efectiva del empleo si como producto de la
modificación de la planta, los cargos de carrera de la nueva planta son iguales, equivalentes o se distinguen,
respecto de los que conformaban la planta anterior, solamente por su denominación o nivel. En este evento, los
titulares con derechos de carrera de los anteriores empleos deberán ser incorporados directamente en la
situación en que se encontraban, no se les exigirán requisitos superiores para su desempeño y se actualizará
su inscripción en el escalafón de la carrera.

El Gobierno Nacional reglamentará el alcance del empleo equivalente para efectos de la incorporación de los
empleados de carrera administrativa cuando su empleo se suprima como consecuencia de un proceso de
reestructuración, o modificación de la planta de empleos. […]».
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del

3 de junio de 2021 (2855-2019), y Subsección A. Sentencia del 23 de septiembre de 2021 (4801-2019).

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servidores tendrán las alternativas desarrolladas en la normativa precitada, bien sea
por su vinculación permanente y en propiedad, o porque se encuentren en
condiciones de vulnerabilidad que ameriten la constitución de fueros de estabilidad
laboral reforzada, en los que deberá analizarse además su mejor derecho para
permanecer en servicio activo.

Frente a la reorganización de la FGN debido a la implementación del Acuerdo
Final de Paz

39. El acuerdo firmado el 12 de noviembre de 2016 entre el Gobierno Nacional y la
entonces guerrilla de las FARC-EP consagró una serie de objetivos para diferentes
entidades del Estado, los cuales implicaron cambios estructurales en su interior, ello
con el ánimo de alcanzar los propósitos fijados para consolidar una paz estable y
duradera. En lo que respecta a la FGN, se acordó que se debería implementar una
Unidad Especial de Investigación para desmantelar organizaciones criminales.16

40. Para dar cumplimiento a lo anterior, el legislador profirió el Acto Legislativo 01
de 2016 «Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar
la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera», el cual en su artículo 2.° le
confirió facultades al presidente de la República a fin de materializar la normativa
que regularía estos cambios estructurales derivados de la terminación del
conflicto.17

41. En desarrollo de esa norma, el Ejecutivo expidió el Decreto Ley 898 del 29 de
mayo de 2017 que creó la Unidad Especial de Investigación al interior de la entidad
demandada, con la que se modificó la estructura de su planta de personal,
suprimiendo y creando para el efecto, entre otras, las siguientes plazas:

16 Dicho acuerdo previó expresamente lo siguiente: «[…] implementar la Unidad Especial de Investigación para

el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres,
que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que
amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción
de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del
paramilitarismo y sus redes de apoyo. […]».
17 «ARTÍCULO 2o. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:

Artículo transitorio. Facultades presidenciales para la paz. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en
vigencia del presente acto legislativo, facultase al Presidente de la República para expedir los decretos con
fuerza de ley cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Las anteriores facultades no podrán ser utilizadas para expedir actos legislativos, leyes estatutarias, leyes
orgánicas, leyes códigos, leyes que necesitan mayorías calificada o absoluta para su aprobación, ni para
decretar impuestos.

Los decretos con fuerza de ley que se dicten en desarrollo de este artículo tendrán control de constitucionalidad
automático posterior a su entrada en vigencia. El procedimiento de revisión de constitucionalidad de estas
disposiciones deberá surtirse por parte de la Corte Constitucional dentro de los dos meses siguientes a su
expedición.».

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«ARTÍCULO 59. Supresión de empleos. Suprimir de la planta de personal de la Fiscalía
General de la Nación los siguientes cargos:

NÚMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO

PLANTA GLOBAL ÁREA ADMINISTRATIVA

128 SUBDIRECTOR SECCIONAL […]».

[…] ARTÍCULO 60. Creación de empleos. Crear los siguientes cargos en la planta de
personal de la Fiscalía General de la Nación, así:

PLANTA GLOBAL ÁREA ADMINISTRATIVA
8 SUBDIRECTOR REGIONAL […]»

42. Por su parte, los artículos 62 a 6418 contemplaron las reglas sobre la continuidad
del servicio, la estructuración de la planta global y flexible de la FGN, así como la
forma en que se harían las incorporaciones y movimientos al interior de la entidad
con motivo del proceso de reorganización institucional.

43. Esta normativa estableció que la planta de personal de la entidad sería global y
flexible, por lo que el fiscal general de la Nación estaría habilitado para reubicar los
cargos suprimidos y creados en función de las necesidades del servicio, pero en
todo caso, garantizando los beneficios propios de los funcionarios con derechos de
carrera, tal como el marco jurídico tanto general como especial lo han previsto.

44. Seguidamente, en aplicación del artículo transitorio de la Constitución Política
añadido por el Acto Legislativo 01 de 2016, la Corte Constitucional mediante la
sentencia C-013 del 14 de marzo de 2018 se pronunció sobre la exequibilidad del
mencionado Decreto Ley 898 de 2017, precisando que este precepto se ajustaba a

18 «ARTÍCULO 62. Continuidad en el servicio. Los servidores continuarán desempeñando las funciones del

empleo en el cual están nombrados y devengando la remuneración asignada a éstos, hasta tanto se produzca
su incorporación, un nuevo nombramiento o se les comunique la supresión de sus cargos, según el caso.

La supresión efectiva de los cargos de los servidores que tienen causada la pensión, se efectuará una vez
ingresen en nómina de pensionados.

ARTÍCULO 63. Planta global y flexible de la Fiscalía General de la Nación. La planta de cargos adoptada para
cada área de la Fiscalía General de la Nación es global y flexible y, por lo tanto, el Fiscal General de la Nación
se encuentra facultado para distribuir, trasladar y reubicar los empleos dentro de éstas, de conformidad con las
necesidades del servicio, los planes, estrategias y los programas de la Entidad.

ARTÍCULO 64. Incorporaciones y movimientos de personal. Las incorporaciones y movimientos de personal
que se realicen como resultado de la modificación de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación,
no generarán para los servidores que ostenten derechos de carrera su pérdida o desmejora.
Cuando haya lugar a la actualización en el Registro Único de Carrera, la misma se efectuará de oficio por la
Subdirección de la Comisión de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación
o quien haga sus veces.

A los servidores que se les suprima el empleo de Asistente de Fiscal I y sean nombrados en cargos de Técnico
II, no se les exigirán requisitos adicionales a los acreditados al momento de su posesión y devengarán la
remuneración que se establezca para el empleo en el cual sean nombrados.».

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la norma superior, pero condicionando lo propio sobre el artículo 62 a que los
derechos laborales de los servidores retirados de la institución por supresión del
cargo debían prevalecer en el caso de aquellos sujetos a los presupuestos del retén
social.19

Resolución del caso concreto

45. Frente al reproche de la apelante acerca de la declaratoria oficiosa de la
excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones respecto
de la solicitud de nulidad del Decreto Ley 898 de 2017, la Sala encuentra que la
parte actora solo manifestó oposición al hecho de que este medio de defensa se
hubiese decretado de oficio cuando la propia Fiscalía General de la Nación lo
propuso de manera expresa, esto por considerar que, al hacerlo directamente el
juez, lo que implicaba era que debía inhibirse de fallar de fondo toda la demanda, lo
cual en su sentir no ocurrió, porque finalmente se resolvió la controversia al negar
sus demás pretensiones.

46. Pues bien, de lo anterior solo encuentra respaldo el hecho de que la referida
excepción fue formulada por la FGN en su contestación, lo que conlleva modificar
el ordinal primero para precisar que esta se declarará probada a solicitud de la parte
demandada. En lo demás, debido a que no existe reparo sobre la decisión bajo
estudio, sino frente a sus efectos, se precisa que como cualquier control judicial
contra una norma con fuerza material de ley como lo es el Decreto Ley 898 de 2017
es de competencia restrictiva de la Corte Constitucional, el medio exceptivo debía
prosperar en la forma en la que fue decretado en primera instancia, lo que generaba
la imposibilidad de emitir un pronunciamiento de fondo exclusivamente sobre esta
pretensión anulatoria. De esta manera, contrario al argumento de impugnación, la
inhibición no podía ser general para toda la demanda, pues sí debían resolverse
con pronunciamiento de mérito las demás reclamaciones que son objeto de control
judicial en esta jurisdicción.

47. Definido este punto, se analizarán las oposiciones a la sentencia en materia de
nulidad del único acto reprochado (Oficio 45 del 30 de junio de 2017),20 bajo el
entendido de que no se discute en esta oportunidad la naturaleza del empleo de
libre nombramiento y remoción que ocupaba la accionante antes de su separación
del cargo en calidad de subdirectora seccional de fiscalías.

19 Al respecto la Corte indicó: «[…] El retén social, como garantía de estabilidad laboral de los trabajadores

vinculados a una planta de personal que es objeto de reestructuración, ha tenido aplicación en diversos
escenarios institucionales, entre los que se cuenta la Fiscalía General de la Nación, como se deriva de lo
resuelto en la Sentencia SU-446 de 2011, que amparó los derechos de trabajadores que ocupaban cargos
específicos que serían provistos con el registro de elegibles. En aquella ocasión la Corte precisó, que la Fiscalía,
a pesar de la discrecionalidad de la que gozaba, “sí tenía la obligación de dar un trato preferencial, como medida
de acción afirmativa a: i) las madres y padres cabeza de familia; ii) las personas que estaban próximas a
pensionarse, entiéndase a quienes (…) les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener
la respectiva pensión; y iii) las personas en situación de discapacidad”. […]».
20 Folios 300 a 301, C1.

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48. Por lo mismo, solo deberá centrarse el estudio en verificar si, como lo asegura
la actora en su recurso, en el fallo apelado no se valoraron en conjunto las pruebas
aportadas que en su sentir demostraban que su desvinculación obedeció a un trato
discriminatorio al no tener en cuenta su situación de debilidad manifiesta, y además,
con desviación de poder ante los antecedentes de persecución interna del
nominador por supuestos intereses en casos que esta tenía a cargo, para generar
en ella una renuncia provocada antes de la reestructuración sin posibilidades de
incorporación pese a la creación de nuevas plazas.

49. Sobre el punto, la reclamante aseguró que no se tuvo en cuenta que en el marco
de la reorganización de la planta de personal de la entidad demandada, ante la
supresión de su cargo se le debió aplicar una diferenciación positiva o un
tratamiento especial que le garantizara un nombramiento en la nueva estructura
funcional, pues insistió en que es un sujeto de especial protección constitucional por
ser madre cabeza de familia con 3 hijos en época de formación y al padecer una
serie de traumas fisiológicos provocados por accidentes de trabajo que le han
deteriorado su estado de salud y le hacían inviable la consecución de un nuevo
empleo.

50. Al respecto, en la sentencia de unificación SU-003 de 2018 la Corte
Constitucional estableció que, por regla general, los empleados públicos de libre
nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada. Manifestó que
estos cargos demandan el máximo grado de confianza por parte de sus
nominadores, justificación natural de la discrecionalidad en cuanto al nombramiento
y remoción. Explicó: «[…] extender la protección individual de la garantía de
estabilidad laboral reforzada a estos servidores supondría desconocer, de modo
absoluto, la finalidad o naturaleza de estos empleos, la cual se ha considerado
ajustada a la Constitución, entre otras, en las sentencias C-195 de 1994 y C-514 de
1994.»21

51. Por lo anterior, es claro que el ordenamiento jurídico no establecía ninguna
protección especial en favor de la demandante por su condición de salud o por su
calidad de madre cabeza de familia, pues es la naturaleza del empleo la que no
permite que esto se consolide, incluso al margen de las referidas circunstancias que
si bien son complejas, no implican que este tipo de servidores adquieran una
estabilidad laboral reforzada en desconocimiento de la permanencia precaria que
les es propia, o al menos no hasta cuando confluya una causal objetiva de retiro
que se ajuste al marco legal que permite la terminación justificada de la relación
legal y reglamentaria de empleados de libre nombramiento y remoción.

52. Incluso, a partir del mismo material probatorio que la parte actora aduce que fue
desconocido, lo que se advierte es que ante la constante manifestación de parte de

21 Corte Constitucional. Sentencia de Unificación 3 del 8 de febrero de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.

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ella ante la FGN sobre sus referidas condiciones es que dicha entidad en lugar de
declarar insubsistente su nombramiento, mantuvo su vínculo en la posición de
subdirectora seccional de fiscalías hasta que concurrió una causa proporcional,
racional y razonable como lo exige la jurisprudencia para que proceda la
desvinculación, lo cual se encuentra justificado en las liquidaciones y
reorganizaciones institucionales cuando se concreta este proceso con la supresión
de plazas, tal como esta corporación ya lo expuso en un caso similar al presente.22

53. Esto demuestra que su retiro no constituyó un acto discriminatorio y desigual en
su contra, pues no es cierto que haya tenido una protección especial derivada de
su vinculación que la hiciera preferente para una incorporación en la nueva planta
de personal de la FGN, sino que precisamente el tipo de empleo desempeñado era
el que le impedía acceder a tales beneficios, como sí los tienen quienes detentan
derechos de carrera administrativa que se encuentran en una posición distinta a la
suya, la cual impide darle el tratamiento igualitario que pretende.

54. Ahora, sobre la alegada desviación de poder en la que presuntamente incurrió
el acto demandado, se destaca que esta figura «[…] ha sido comprendida por la
jurisprudencia de esta Corporación como el vicio que afecta la finalidad del acto
administrativo, bajo el entendido de que el propósito que el acto persigue configura
un requisito que hace a su legalidad y que debe hallarse en el marco de la función
administrativa y del ordenamiento jurídico; y por tanto, se configura cuando se está
ante la presencia de una intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que
actúa a nombre de la administración, en la búsqueda de un fin opuesto a las normas
a las que debe someterse. […]».23

55. Es por esta razón que se ha sostenido que, «[…] demostrar la causal de
desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que la
intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó
con fines distintos a los previstos por la norma […]»24.

56. Nótese que esta causal de nulidad conlleva un notorio componente subjetivo
del actuar de la administración que solo se configura cuando se acredita la
intencionalidad de mala fe de la autoridad. En ese orden, la Sala considera

22 Al respecto ver providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de

mayo de 2017. Exp. 25000-23-42-000-2012-00828-01 (0595-2014). C.P. William Hernández Gómez. En esta
se afirmó que: «[…] [sobre la extinción de la protección en el tiempo para los servidores de libre nombramiento
y remoción], es decir el lapso durante el cual es posible mantener la protección de estabilidad reforzada para
las personas próximas a pensionarse, la jurisprudencia ha desarrollado un criterio uniforme aplicable a todos
los grupos protegidos por la Ley 790 de 2002 (madres y padres cabeza de familia, discapacitados y
prepensionados), consistente en que dicha protección solamente puede ser sostenida durante el tiempo por el
cual se prolongue el proceso de liquidación, y hasta la extinción material y jurídica de la entidad sometida a
dicho proceso [...]» (Líneas intencionales).
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2009. Radicado:

27001-23-31-000-2003-00471- 02 (1385-2009).
24 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2011. Rad. 17001-23-

31-000-2003-01412-02. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

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necesario precisar que ante una situación como la sometida a estudio, cuando la
decisión de la entidad al retirar del servicio a una empleada de libre nombramiento
y remoción obedece expresa y necesariamente a la supresión legal del cargo y no
a la potestad nominadora, lo que se configura es una causa objetiva de terminación
del vínculo, mas no subjetiva como podría ser una declaratoria de insubsistencia.

57. Bajo ese contexto, resultaría técnica y prácticamente inviable alegar que la
manifestación de voluntad de la administración pueda ser arbitraria, intencional y en
detrimento del mejoramiento del servicio, pues en realidad el acto que concreta la
supresión no expresa una reflexión propia del funcionario nominador en ejercicio de
una facultad discrecional que eventualmente pueda demostrarse como desviada,
sino que se limita al cumplimiento material de una norma superior ante la cual no
hay una conducta subyacente que sea en sí misma reprochable para la entidad, ya
que la eliminación de plazas no deviene de esta sino del legislador.

58. En todo caso, la posible concreción de una desviación de poder ocurriría si la
parte demandante demostrara que la supresión de su empleo de libre nombramiento
y remoción no se derivó de una reestructuración o liquidación legal de la entidad,
sino de una decisión consciente, voluntaria y propia del ente público, en la que se
compruebe que la decisión tenía como finalidad solo la de disponer del cargo con
motivo del funcionario que lo ocupaba por algún interés particular del nominador en
contra de este y en una clara desmejora del servicio que afecte el interés general.

59. La accionante sostiene que su desvinculación tuvo lugar por una animadversión
en su contra al haberse visto obligada a archivar casos a su cargo debido a
supuestos intereses indebidos en temas como el de la presunta estafa de Colpatria
o de investigaciones de la policía judicial de Migración Colombia, ante lo cual recibió
múltiples presiones que buscaban que presentara una renuncia protocolaria.

60. Sin embargo, en el presente asunto no se estudia la legalidad de un acto que le
hubiese aceptado esta clase de dimisión provocada, sino la de una decisión que dio
por terminado su relación legal y reglamentaria ante la supresión justificada de su
empleo, en razón de la reorganización institucional generada por el acatamiento del
Acuerdo Final de Paz, que fue avalada constitucionalmente en virtud de la sentencia
C-013 de 2018. En consecuencia, cuando se demanda esta clase de actos
administrativos sobre empleados de libre nombramiento de remoción, solo basta
validar si el sustento normativo expuesto por la administración existía y estaba
vigente, lo que obviamente haría presumir que al momento de la desvinculación se
ajustaba a derecho.25

61. Las anteriores razones son suficientes para modificar el ordinal primero de la
sentencia apelada en la forma señalada previamente y confirmarla en todo lo demás

25 Al respecto ver sentencia de esta misma Subsección dictada el 1.º de febrero de 2024 en el proceso con

radicado: 13001-23-33-000-2018-00279-01 (3247-2022).

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respecto de la negación de las pretensiones.

Condena en costas de segunda instancia

62. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

63. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

64. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

65. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto ante la confirmación de la providencia censurada, no prosperan los
argumentos de su recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia proferida el veintinueve
(29) de junio de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el cual quedará de la siguiente forma:

«[…] Primero: Declarar probada la excepción de inepta demanda por
indebida acumulación de pretensiones formulada por la Fiscalía General de
la Nación, respecto de la pretensión anulatoria del Decreto Ley 898 de 2017,
por lo que la Sala de inhibirá de pronunciarse sobre esta reclamación. […]»

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Segundo. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia apelada por medio de la
cual se negaron las pretensiones.

Tercero. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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