Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06100-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06100-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-06100-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011.
Radicación : 25-000-23-42-000-2017-06100-01(1398-2024)1.
Demandante : Marco Emilio Sánchez Acevedo.
Demandada : Nación – Fiscalía General de la Nación.
Tema : Retiro del servicio por supresión de cargo.
Decisión : Se confirma la sentencia apelada. El tribunal no omitió la
valoración probatoria. No se acreditaron los vicios de falta de
competencia, expedición irregular, falsa motivación ni
desviación de poder en la supresión del cargo.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 1 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C2, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La parte actora, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, promovió demanda contra la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se
declarara la nulidad parcial de las Resoluciones 02358 del 29 de junio de 2017 y 02386
del 30 de junio de 2017, mediante las cuales se distribuyeron y ajustaron cargos de la
planta de personal de la entidad, en cuanto no incluyeron al demandante en la nueva
distribución. También solicitó la nulidad del Oficio 308 del 30 de junio de 2017, por medio
del cual se le comunicó la supresión del cargo de fiscal delegado ante los jueces penales
del circuito especializados.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara su reintegro al cargo
que venía desempeñando o a uno de igual o superior jerarquía, sin solución de
continuidad, así como el reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones sociales y
demás emolumentos dejados de percibir desde su retiro hasta la fecha efectiva del
reintegro, debidamente actualizados y con cumplimiento de la sentencia en los términos
del CPACA.
1 Expediente digital en Samai.
2 Decisión suscrita por los magistrados: Samuel José Ramírez Poveda, Carlos Alberto Orlando Jaiquel
Radicación: 25-000-23-42-000-2017-06100-01(1398-2024)
Demandante: Marco Emilio Sánchez Acevedo.
3. Como fundamento fáctico, sostuvo que desde 1998 se desempeñó en diferentes
cargos públicos y que, mediante Resolución 01413 del 22 de agosto de 2012, fue
nombrado fiscal delegado ante los jueces penales del circuito especializados. Indicó que
ejerció funciones en el Grupo de Desaparición Forzada de la Dirección de Fiscalías
Nacionales y que, para la fecha de supresión del cargo, se encontraba adscrito a la
Dirección de Fiscalías Nacionales contra la Cibercriminalidad, Protección de la
Información y de Datos.
4. Adujo que contaba con amplia formación académica y experiencia profesional, pues
era abogado, especialista en varias áreas del derecho, con estudios doctorales en
derecho y tecnologías de la información, maestría en ciberseguridad y ciberdefensa
nacional, experiencia docente y participación en programas académicos nacionales e
internacionales y, agregó que en su condición de servidor público, fue beneficiario de una
beca otorgada en el marco de un programa de maestría en ciberseguridad y ciberdefensa,
cuya continuidad dependía de mantener dicha calidad.
5. Expuso que, con ocasión del Acto Legislativo 01 de 2016, se expidió el Decreto Ley
898 de 2017, mediante el cual se creó la Unidad Especial de Investigación al interior de
la Fiscalía General de la Nación y se modificó parcialmente la estructura de la entidad.
En particular, señaló que el artículo 59 de dicho decreto suprimió, de manera genérica,
varios cargos de la planta de personal, entre ellos 291 cargos de fiscal delegado ante los
jueces del circuito especializados.
6. Afirmó que, posteriormente, la Fiscalía expidió la Resolución 02358 del 29 de junio de
2017, mediante la cual distribuyó los cargos de la planta de personal que continuarían
vigentes, pero dejó por fuera al demandante, pese a que en la nueva estructura fueron
incorporadas personas con la misma categoría laboral, funcional y salarial. Sostuvo que
dicho acto, además de distribuir, ubicar, trasladar o reubicar empleos, produjo en la
práctica la desvinculación de algunos servidores, entre ellos el actor, sin que le hubiera
sido notificado.
7. Indicó que el subdirector de talento humano, mediante Oficio 308 del 30 de junio de
2017, le comunicó la supresión del cargo que venía desempeñando y que, pocos días
antes de la reestructuración, había sido asignado al eje temático de cibercriminalidad y
protección de la información y de datos, con carga laboral de diez investigaciones, y que
durante el primer trimestre de 2017 fue el único servidor de su grupo que aceptó la
totalidad de las metas de trabajo fijadas por la Dirección de Fiscalías.
8. Finalmente, sostuvo que otros fiscales delegados ante los jueces del circuito
especializados, incluso algunos sin carga laboral o asignados a áreas administrativas,
permanecieron en sus cargos luego de la reestructuración, mientras que otros fueron
nombrados con posterioridad en el mismo empleo. Con fundamento en ello, alegó que la
Fiscalía no contaba con estudios técnicos que justificaran la supresión específica de su
cargo y que la decisión cuestionada desconoció sus condiciones profesionales,
funcionales y laborales.
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Demandante: Marco Emilio Sánchez Acevedo.
9. Como normas violadas, invocó los artículos 189, 243, 251 y 253 de la Constitución
Política; los artículos 30 y 94 de la Ley 270 de 1996; el artículo 1 del Acto Legislativo 01
de 2016, y los artículos 66, 67, 69 y 72 de la Ley 1437 de 2011. Sostuvo que los actos
demandados estaban viciados de nulidad por vulneración del debido proceso, falsa
motivación, falta de motivación y desviación de poder, dado que no se precisaron las
necesidades del servicio ni los planes o programas institucionales que justificaban la
decisión de excluirlo de la planta de personal. Según afirmó, la Resolución 02358 de 2017
se limitó a indicar el número de cargos que debían suprimirse, con fundamento en el
artículo 59 del Decreto Ley 898 de 2017, sin exponer razones objetivas para seleccionar
a los servidores que serían retirados.
10. También alegó que la Fiscalía omitió elaborar un estudio técnico que permitiera
identificar, con criterios reales, objetivos y verificables, cuáles cargos debían ser
suprimidos dentro de un grupo de empleos idénticos. En su criterio, esa omisión derivó
en una selección subjetiva, injusta y arbitraria de los servidores desvinculados.
11. Finalmente, sostuvo que la entidad desconoció que cumplió de manera satisfactoria,
eficiente y destacada las funciones asignadas durante los años en que prestó sus
servicios en distintos cargos. Agregó que la expedición de los actos acusados fue
irregular, pues no estuvo precedida de una actuación administrativa que definiera los
criterios de permanencia en la entidad, y afirmó que quien adoptó la decisión no contaba
con habilitación suficiente para suprimir cargos al interior de la Fiscalía. Por ello,
consideró vulnerados sus derechos a la igualdad, al trabajo y al debido proceso.
Contestación de la demanda
12. La Fiscalía General de la Nación, se opuso a las pretensiones de la demanda, como
argumentos de defensa, expuso que la reestructuración de la entidad respondió a la
necesidad de fortalecer la presencia institucional mediante una redistribución eficiente de
recursos, sin costo fiscal, lo que implicó incrementar cargos de fiscales delegados ante
jueces municipales y promiscuos, en sustitución de empleos principalmente directivos del
nivel central.
13. Señaló que, en desarrollo de dicha reorganización, se dispuso la supresión de
algunos empleos conforme al artículo 59 del Decreto Ley 898 de 2017, dentro de los
cuales se encontraba el cargo ocupado por el demandante. Sostuvo que la modificación
de la planta de personal se ajustó a los parámetros constitucionales, se realizó con
sujeción a los principios de la función administrativa y tuvo como finalidad cumplir los
mandatos derivados del acuerdo final para la terminación del conflicto, garantizando en
su implementación los derechos de los servidores públicos eventualmente afectados.
14. Precisó que la supresión del cargo no obedeció a una decisión arbitraria, sino al
ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República por el
artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2016, en virtud de las cuales se expidió el Decreto
Ley 898 de 2017. Destacó que dicha norma dispuso la eliminación de 291 cargos de fiscal
delegado ante jueces del circuito especializados y atribuyó al fiscal general de la Nación
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Demandante: Marco Emilio Sánchez Acevedo.
la adopción de las decisiones necesarias para su ejecución, en atención a su
conocimiento de las necesidades del servicio.
15. Añadió que la Corte Constitucional ha reconocido la facultad de la administración
para modificar su estructura orgánica y funcional, así como para crear, suprimir o
transformar empleos, siempre que se respeten los derechos de los servidores de carrera
administrativa, situación que, según expuso, no cobijaba al demandante. Asimismo,
resaltó que el Decreto Ley 898 de 2017 fue objeto de control de constitucionalidad y
declarado exequible.
16. Finalmente, sostuvo que la reestructuración obedeció a la necesidad de ajustar el
área misional de la entidad para atender las exigencias del posconflicto y la
implementación del Acuerdo Final, lo cual implicó la redefinición de niveles estratégicos,
de apoyo y de control, así como la adecuación de la planta de personal. Con fundamento
en lo anterior, propuso las excepciones de inepta demanda parcial, cumplimiento de un
deber legal y genérica.
II. SENTENCIA APELADA
17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.
Como fundamento, sostuvo que la supresión del empleo constituye causal de retiro del
servicio y que, en los eventos de modificación de plantas de personal, los derechos
preferenciales de incorporación se predican de quienes ostentan derechos de carrera, se
encuentran en periodo de prueba o acreditan una situación de especial protección. A
partir de ello, concluyó que el actor, al estar nombrado en provisionalidad y no demostrar
una condición protegida, no tenía derecho automático a ser incorporado en la nueva
planta.
18. Frente a la competencia y finalidad de la reestructuración, sostuvo que el Decreto
Ley 898 de 2017 fue expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas
por el Acto Legislativo 01 de 2016 para la implementación del Acuerdo Final, y que dicho
decreto fue declarado exequible por la Corte Constitucional. Con fundamento en ello,
estimó que la modificación de la estructura y de la planta de la Fiscalía perseguía fines
constitucionalmente válidos, orientados a fortalecer el área misional de la entidad y
atender las exigencias del posconflicto.
19. En relación con la falta o falsa motivación, el Tribunal consideró que los actos
acusados sí estaban motivados, ya que, en sus considerandos explicaban que la
redistribución de cargos obedecía a la creación de la Unidad Especial de Investigación y
a la necesidad de ajustar la planta de personal conforme a los planes, estrategias y
necesidades del servicio. Además, encontró acreditado que la reestructuración estuvo
soportada en el estudio técnico denominado “Organización de la Fiscalía de la Gente
para la Gente y por la Gente”, avalado por el Departamento Administrativo de la Función
Pública y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
20. Respecto del alegado mejor derecho del demandante. Precisó que, si bien podía
contar con experiencia y formación académica, le correspondía probar que quienes
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fueron incorporados a la nueva planta tenían menores calidades o no cumplían los
requisitos del cargo. Como no allegó hojas de vida, certificaciones u otros elementos que
permitieran efectuar esa comparación, no logró demostrar que la entidad hubiera debido
preferirlo frente a otros servidores.
21. Sobre la desviación de poder, concluyó que no se acreditó una actuación
intempestiva, caprichosa o arbitraria del nominador. Por el contrario, estimó que la
selección de los servidores incorporados se apoyó en el análisis de perfiles, cargas
laborales, necesidades institucionales y criterios derivados del proceso de
reestructuración, cuyo propósito fue contar con una Fiscalía más eficiente y menos
costosa, en función del interés general.
22. Finalmente, el Tribunal negó la vulneración del debido proceso, al considerar que las
reformas de planta se rigen por un procedimiento reglado que exige estudios previos,
disponibilidad presupuestal y expedición de los actos correspondientes, pero no una
actuación individual previa con cada servidor afectado. Por ello, negó las pretensiones
de la demanda y no impuso condena en costas.
III. RECURSOS DE APELACIÓN
23. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que solicitó revocar la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que el Tribunal valoró indebidamente el material probatorio, al desconocer los
hechos acreditados y dar una interpretación errónea a las pruebas que daban cuenta de
la trayectoria académica y profesional del demandante, su experiencia en la Fiscalía, la
alta carga laboral que asumió, su desempeño satisfactorio y su formación especializada
en ciberseguridad, elementos que, a su juicio, debieron ser considerados para definir su
permanencia en la nueva planta de personal.
24. Alegó que el a quo no advirtió que la Fiscalía no acreditó los criterios objetivos con
base en los cuales decidió excluir al demandante e incorporar a otros servidores. En
particular, reprochó que la entidad hubiera invocado el estudio de hojas de vida, cargas
laborales, perfiles y necesidades del servicio, sin demostrar cómo aplicó esos factores al
caso concreto ni por qué el actor fue retirado pese a sus calidades, mientras otros fiscales
delegados ante jueces del circuito especializados permanecieron o fueron nombrados
con posterioridad.
25. También cuestionó que el Tribunal hubiera considerado suficiente el estudio técnico
aportado por la Fiscalía. Según el apelante, dicho documento era general y no contenía
un análisis individual o comparativo de cargas laborales por temáticas, despachos,
ciudades, fiscalías o funcionarios, ni justificaba por qué el cargo del actor debía ser
suprimido frente a otros cargos iguales. Por ello, insistió en que se infringió el artículo 94
de la Ley 270 de 1996, que exige estudios especiales para la supresión de cargos en la
administración de justicia.
26. Sostuvo que el Tribunal erró al descartar la falta de competencia y la violación de la
reserva legal. Afirmó que ni el Presidente de la República ni el Fiscal General estaban
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habilitados para suprimir cargos de la Fiscalía en los términos en que se hizo, y que la
Resolución 02358 de 2017 excedió las facultades de distribución, traslado y reubicación,
porque en realidad produjo una supresión de facto al enlistar únicamente a quienes
continuarían en la entidad.
27. Finalmente, insistió en la expedición irregular, falta y falsa motivación, y desviación
de poder. Para el recurrente, los actos acusados se fundaron en razones genéricas, no
explicaron por qué debía retirarse al demandante, no fueron notificados debidamente y
encubrieron una selección subjetiva, arbitraria y “a dedo” de los servidores que saldrían
de la entidad. Por ello solicitó la inaplicación inter partes del artículo 59 del Decreto Ley
898 de 2017, en lo relativo a la supresión de los 291 cargos de Fiscal Delegado ante los
Jueces Penales del Circuito Especializados.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
28. Mediante auto proferido el 10 de julio de 20243 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.
29. El Ministerio Público, rindió concepto en el que solicitó se confirmara la sentencia de
primera instancia por considerar que la supresión del empleo del demandante fue
consecuencia de una reestructuración que estuvo justificada en la implementación del
Acuerdo Final de Paz, la creación de la Unidad Especial de Investigación y la necesidad
de fortalecer el área misional de la Fiscalía General de la Nación y soportada en un
estudio técnico que analizó la estructura organizacional, cargas laborales, planta de
personal e impacto presupuestal.
30. Agregó que el actor se encontraba vinculado en provisionalidad, no acreditó derechos
de carrera ni condición de especial protección constitucional, por lo que la entidad no
estaba obligada a reincorporarlo. Además, precisó que los actos acusados estuvieron
suficientemente motivados, pues la supresión de 291 cargos de fiscal delegado ante
jueces penales del circuito especializados fue ordenada expresamente por el artículo 59
del Decreto Ley 898 de 2017.
31. En consecuencia, concluyó que no se configuró falsa motivación, falta de
competencia, arbitrariedad ni vulneración de los derechos invocados por el demandante,
razón por la cual pidió confirmar íntegramente el fallo apelado.
V. CONSIDERACIONES
Competencia
32. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
3 Índice 0004 de Samai.
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Demandante: Marco Emilio Sánchez Acevedo.
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En
consecuencia, corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia
planteada.
Problema jurídico
33. Corresponde a la Sala determinar si el a quo valoró indebidamente el material
probatorio y desconoció los cargos de nulidad formulados contra las Resoluciones 02358
del 29 de junio de 2017 y 02386 del 30 de junio de 2017, al concluir que dichos actos se
ajustaban a derecho, pese a que el apelante sostiene que fueron expedidos con falta de
competencia, falsa y falta de motivación, expedición irregular y desviación de poder, por
no existir, según afirma, estudios técnicos ni criterios objetivos que justificaran su
desvinculación y exclusión de la nueva planta de personal de la Fiscalía General de la
Nación.
Análisis
34. La Sala confirmará la sentencia apelada, por no haberse acreditado que la exclusión
del demandante de la nueva planta de personal de la Fiscalía General de la Nación
hubiese estado viciada por falta de competencia, expedición irregular, falsa motivación o
desviación de poder. Por el contrario, la supresión del cargo que ocupaba se produjo en
desarrollo de una reestructuración institucional autorizada por el ordenamiento jurídico,
soportada en facultades constitucionales y legales previamente definidas y materializada
mediante actos administrativos expedidos por autoridad competente.
35. En efecto, el Acto Legislativo 01 de 20164 otorgó al Presidente de la República
facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley dirigidos a facilitar la
implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera. En ejercicio de dichas atribuciones se profirió el Decreto
Ley 898 de 20175, mediante el cual se creó la Unidad Especial de Investigación al interior
de la Fiscalía General de la Nación, se modificó parcialmente su estructura y se dispuso
la supresión de varios cargos de la planta de personal, entre ellos 291 cargos de Fiscal
Delegado ante Jueces Penales del Circuito Especializados, empleo desempeñado por el
demandante.
4 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UN TÍTULO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA CONSTITUCIÓN
PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y
DURADERA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
5 Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el
desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan
contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten
contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las
organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en
cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su conformación y, en consecuencia, se modifica
parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras
disposiciones
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Demandante: Marco Emilio Sánchez Acevedo.
36. El referido decreto fue objeto de control automático e integral de constitucionalidad
por parte de la Corte Constitucional en la Sentencia C-013 de 2018, en la que se declaró
ajustada a la Constitución la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, así
como la supresión y creación de cargos allí previstas. De manera particular, la Corte
señaló que las modificaciones introducidas a la planta de personal perseguían fines
constitucionalmente válidos, orientados a reforzar el área misional de la entidad y atender
las necesidades derivadas de la implementación del Acuerdo Final.
37. Bajo ese contexto, no prospera el reproche relativo a la falta de competencia. El
artículo 59 del Decreto Ley 898 de 2017 dispuso directamente la supresión de cargos en
la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, mientras que el artículo 63 6
facultó expresamente al fiscal general para distribuir, trasladar y reubicar los empleos
dentro de la planta global y flexible de la entidad, de conformidad con las necesidades
del servicio, los planes, estrategias y programas institucionales. Por tanto, la Resolución
02358 de 2017 fue expedida en ejercicio de una atribución legal expresa y no en
desarrollo de una competencia autónoma para suprimir empleos.
38. Tampoco se configura la denominada supresión de facto alegada por el apelante. La
circunstancia de que la Resolución 02358 de 2017 hubiera identificado los cargos y
servidores incorporados a la nueva planta no significa que el Fiscal General de la Nación
hubiese ejercido autónomamente una facultad de supresión de empleos, pues dicha
supresión ya había sido previamente definida por el artículo 59 del Decreto Ley 898 de
2017. En consecuencia, la resolución acusada operó como un acto de distribución e
incorporación dentro de la nueva planta global, en ejecución de la reforma institucional
dispuesta por el decreto ley.
39. En cuanto al reproche relacionado con la ausencia de estudios técnicos o especiales,
la Sala advierte que en el expediente obra el documento denominado “Organización de
la Fiscalía de la Gente, para la Gente y por la Gente”, del 5 de enero de 2017, aportado
por la entidad como soporte de la reforma institucional. En dicho estudio se analizaron
aspectos relacionados con los impactos del Acuerdo Final en la estructura orgánica y
funcional de la Fiscalía General de la Nación, la creación de la Unidad Especial de
Investigación, la distribución de personal, las cargas de trabajo, la redistribución
funcional, los perfiles de cargos, la planta de personal y el impacto presupuestal de la
nueva organización administrativa. Por ello, no resulta acertado afirmar que la
reestructuración careció de soporte técnico suficiente en los términos del artículo 94 de
la Ley 270 de 19967.
6 ARTÍCULO 63. Planta global y flexible de la Fiscalía General de la Nación. La planta de cargos adoptada para
cada área de la Fiscalía General de la Nación es global y flexible y, por lo tanto, el Fiscal General de la Nación se
encuentra facultado para distribuir, trasladar y reubicar los empleos dentro de éstas, de conformidad con las
necesidades del servicio, los planes, estrategias y los programas de la Entidad.
7 ARTÍCULO 94. ESTUDIOS ESPECIALES. Los planes de desarrollo, los presupuestos y su ejecución, la división del
territorio para efectos judiciales, la ubicación y redistribución de despachos judiciales, la creación, supresión, fusión y
traslado de cargos en la administración de justicia, deben orientarse a la solución de los problemas que la afecten, de
acuerdo con el resultado de estudios, especialmente de orden sociológico, que debe realizar anualmente el Consejo
Superior de la Judicatura.
Tales estudios deben incluir, entre otras cosas, encuestas tanto al interior de la Rama como entre los usuarios de la
misma, que permitan establecer, en forma concreta, la demanda de justicia no satisfecha, las cargas de trabajo en
términos de tiempos y movimientos, el costo de operación y los sectores donde se presenten los mayores problemas
para gozar de una convivencia pacífica.
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Demandante: Marco Emilio Sánchez Acevedo.
40. Ahora bien, no le asiste razón al apelante cuando sostiene que la entidad estaba
obligada a elaborar un estudio individualizado o comparativo entre todos los servidores
provisionales que ocupaban cargos de la misma denominación. El soporte técnico
exigible en una reforma de planta está dirigido a justificar la modificación institucional, la
supresión y creación de empleos y la redistribución general de la planta de personal, mas
no a adelantar un concurso de méritos ni una ponderación individual de permanencia
entre servidores vinculados en provisionalidad.
41. Lo anterior también descarta la infracción del artículo 94 de la Ley 270 de 1996 en
los términos planteados en la apelación. La existencia de estudios especiales o técnicos
no implica que la administración deba motivar individualmente, respecto de cada servidor
provisional, las razones por las cuales uno permanece y otro no dentro de la nueva planta.
En el caso concreto, la reforma estuvo soportada en un estudio técnico general de
reorganización institucional y el demandante no demostró que dicho soporte fuera
inexistente, falso o ajeno a las necesidades que justificaron la modificación de la planta
de personal.
42. El demandante insistió en que contaba con amplia trayectoria profesional, formación
académica especializada, experiencia, becas, carga laboral y desempeño satisfactorio.
Sin embargo, tales circunstancias, aun aceptadas como parte de su hoja de vida, no le
otorgaban un derecho preferente de incorporación ni una estabilidad equiparable a la de
los servidores inscritos en carrera administrativa, pues el actor ocupaba el cargo en
provisionalidad y no acreditó derechos de carrera.
43. Conforme al artículo 103 del Decreto Ley 20 de 2014, el derecho preferencial de
incorporación por supresión del empleo se reconoce a los servidores escalafonados en
carrera administrativa. De manera separada, la Sentencia C-013 de 20188 condicionó la
protección de quienes se encontraran en los supuestos del retén social9. En el expediente
no se acreditó que el demandante estuviera cobijado por alguna de dichas condiciones.
44. En este punto, la Sala precisa que el a quo no desconoció las pruebas relativas a la
formación académica, experiencia profesional y trayectoria laboral del demandante. Por
el contrario, las tuvo en cuenta al señalar que el actor podía contar con estudios y
calidades relevantes; sin embargo, concluyó que esas circunstancias no bastaban para
acreditar un mejor derecho de incorporación frente a otros servidores ni para desvirtuar
la legalidad de los actos acusados. Esa valoración se ajusta al régimen aplicable, pues
la acreditación de títulos, experiencia o desempeño satisfactorio no convierte el
8
Que estudió la constitucionalidad del Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017.
9 Sin embargo la Sala considera que dentro del proceso de ajuste institucional que se surte, resulta necesario preservar
los derechos de los trabajadores y la vigencia y contenido del retén social, en el sentido de asegurar que los hombres
y mujeres cabeza de familia en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional; las personas que a 29 de
mayo de 2017, fecha de expedición del Decreto Ley 898 de 2017, les faltaren tres años o menos para cumplir los
requisitos para obtener la respetiva pensión; y las personas en condición de discapacidad, respecto de quienes se
suprimen los cargos que venían ocupando, no sufran la afectación de sus derechos constitucionales. En este sentido,
se declarará la exequibilidad condicionada del artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017, en el entendido que las
personas a las que se ha hecho referencia, cuyos cargos hayan sido suprimidos con ocasión del proceso de ajuste
institucional, deberán ser reubicados o nombrados y posesionados en otro cargo igual o del mismo nivel de los que se
crean o de los que se mantienen en la Fiscalía General de la Nación.
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Demandante: Marco Emilio Sánchez Acevedo.
nombramiento provisional en uno de carrera, ni genera por sí sola un derecho preferente
de permanencia dentro de la nueva planta de personal.
45. Tampoco resulta suficiente afirmar que otros fiscales delegados ante jueces penales
del circuito especializados permanecieron en la entidad o fueron posteriormente
nombrados. La planta de personal de la Fiscalía General de la Nación es global y flexible,
y su distribución quedó sometida a las necesidades del servicio 10. Además, el
demandante no acreditó, mediante prueba concreta, que los servidores incorporados
estuvieran en una situación jurídica y funcional idéntica a la suya y que, pese a ello, la
entidad hubiera aplicado criterios subjetivos o arbitrarios.
46. En relación con la carga laboral, el recurso sostiene que el actor había manejado un
número elevado de procesos en el eje de desaparición forzada y desplazamiento forzado
y que, poco antes de la reestructuración, fue asignado al eje de cibercriminalidad con una
carga menor. No obstante, esa circunstancia no acredita, que la supresión del cargo
hubiese sido arbitraria, falsa o desviada, pues la reforma no tuvo como objeto evaluar
individualmente el rendimiento del demandante, sino reorganizar la planta de personal de
la entidad conforme a las necesidades institucionales derivadas del Decreto Ley 898 de
2017.
47. La Sala advierte que los argumentos de la apelación mezclan las causales de falta
de motivación y falsa motivación. La primera se configura ante la ausencia de
fundamentos que expliquen la decisión administrativa, mientras que la segunda supone
que la administración sustentó el acto en razones fácticas o jurídicas inexistentes, falsas
o contrarias a la realidad. En el presente asunto ninguno de tales supuestos se acreditó.
48. En efecto, los actos acusados expresaron como fundamento la reorganización
institucional derivada de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, la creación de la Unidad
Especial de Investigación y la necesidad de distribuir la planta conforme a los planes y
necesidades del servicio. Por consiguiente, no se observa ruptura entre la motivación
consignada por la administración y la decisión finalmente adoptada, ni se acreditó que
los motivos invocados fueran inexistentes o contrarios a la realidad.
49. En cuanto a la desviación de poder, la Sala recuerda que esta causal exige acreditar
de manera fehaciente que la autoridad administrativa actuó con fines distintos de aquellos
previstos por el ordenamiento jurídico, ya sea por razones personales, arbitrarias o ajenas
al interés general. Se trata de un análisis que trasciende el examen formal del acto y
exige demostrar el iter desviatorio de la administración.
50. En el caso concreto, las afirmaciones relativas a una selección “a dedo”, “a puerta
cerrada” o fundada en criterios subjetivos no fueron respaldadas con prueba alguna que
10 Decreto Ley 898 de 2017. ARTÍCULO 63. Planta global y flexible de la Fiscalía General de la Nación. La planta
de cargos adoptada para cada área de la Fiscalía General de la Nación es global y flexible y, por lo tanto, el Fiscal
General de la Nación se encuentra facultado para distribuir, trasladar y reubicar los empleos dentro de éstas, de
conformidad con las necesidades del servicio, los planes, estrategias y los programas de la Entidad.
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Radicación: 25-000-23-42-000-2017-06100-01(1398-2024)
Demandante: Marco Emilio Sánchez Acevedo.
permita concluir razonablemente que la entidad actuó con fines distintos a los derivados
de la reorganización institucional prevista en el Decreto Ley 898 de 2017. Por el contrario,
el material probatorio evidencia que la reforma respondió a finalidades institucionales
relacionadas con el fortalecimiento del área misional y la implementación del Acuerdo
Final.
51. En lo relativo a la expedición irregular por falta de notificación personal de la
Resolución 02358 de 2017, el cargo tampoco tiene vocación de prosperidad. La Sala
advierte que dicha resolución no constituyó un acto administrativo de contenido particular
dirigido exclusivamente al demandante, sino un acto de distribución de cargos dentro de
la planta global de la Fiscalía General de la Nación.
52. Esa naturaleza se confirma con el propio contenido del acto, pues su artículo segundo
dispuso su publicación para conocimiento general a través de la Dirección de
Comunicaciones, así como en la intranet y en la página web de la entidad. Además,
ordenó a la Subdirección de Talento Humano remitir copia de la decisión a cada uno de
los servidores de la Fiscalía y, en su parte final, incluyó la fórmula “publíquese,
comuníquese y cúmplase”. De ahí que no resulte exigible la notificación personal en los
términos propuestos por el apelante.
53. Además, la alegada falta de notificación personal no desvirtúa, por sí sola, la legalidad
material del acto ni acredita que la decisión de no incorporar al demandante a la nueva
planta de personal hubiese sido contraria al ordenamiento jurídico.
54. Frente al Oficio 308 del 30 de junio de 2017, comunicado al demandante el 4 de julio
siguiente, la Sala precisa que su contenido se limitó a informarle la consecuencia
particular derivada de la supresión de cargos previamente dispuesta en el Decreto Ley
898 de 2017 y ejecutada mediante la Resolución 02358 de 2017. Por ello, los cargos
sustanciales de nulidad deben examinarse frente a los actos que sirvieron de fundamento
a la modificación de la planta de personal.
55. De igual manera, no procede la solicitud de inaplicación inter partes del artículo 59
del Decreto Ley 898 de 2017. Esa disposición fue objeto de control constitucional
automático e integral y fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-013 de 2018, razón por la cual no resulta viable desconocer sus efectos en
este proceso bajo los argumentos expuestos por el apelante.
56. En esas condiciones, la Sala concluye que el Tribunal no valoró indebidamente el
material probatorio ni desestimó erradamente los cargos de nulidad formulados contra
las Resoluciones 02358 y 02386 de 2017. La decisión de excluir al demandante de la
nueva planta de personal obedeció a una reestructuración institucional autorizada por el
ordenamiento jurídico y soportada en criterios generales de reorganización
administrativa, sin que se acreditara falta de competencia, expedición irregular, falsa
motivación o desviación de poder.
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Radicación: 25-000-23-42-000-2017-06100-01(1398-2024)
Demandante: Marco Emilio Sánchez Acevedo.
Condena en costas
57. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
58. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
59. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
sobre la parte vencida en el proceso.
60. La eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.
61. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante por cuanto se negaron
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas conforme a lo previsto en el
artículo 366 del CGP por el despacho competente y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 1 de noviembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante por las razones expuestas en
la presente providencia.
TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Radicación: 25-000-23-42-000-2017-06100-01(1398-2024)
Demandante: Marco Emilio Sánchez Acevedo.
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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