Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00165-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00165-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-00165-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00165-02 (1012-2025)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones
Demandado: Jaime Antonio Ocampo Restrepo
Vinculada: Itaú Corpbanca Colombia S.A.
Tema: Compartibilidad pensional. Régimen contenido en el Decreto 758
de 1990. Carga de la prueba. REVOCA COSTAS Y CONFIRMA
EN LO DEMÁS LA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes
demandante y demandada, contra la sentencia proferida el siete (07) de febrero de
dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio
de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
2. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones instauró
demanda contra el señor Jaime Antonio Ocampo Restrepo en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
3. Que se declare la nulidad de la Resolución GNR 120464 del 1 de junio del
2013, por la cual se reconoció la pensión de vejez a favor del demandado, sin
tener en cuenta que se trataba de una pensión compartida y, a título de
restablecimiento, se ordene el reconocimiento de la prestación, pero con carácter
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compartido hasta la fecha de causación, de acuerdo con el artículo 18 del Decreto
758 de 1990.
4. Que se ordene al demandado devolver, de forma indexada, el retroactivo y el
valor de la diferencia resultante, entre lo pagado por concepto de pensión de vejez
a partir de la fecha de inclusión en nómina de la Resolución GNR 120464 del 1 de
junio del 2013 y el reconocimiento de carácter compartido. Que se ordene a la
EPS el reintegro indexado de los valores girados de más, por concepto de salud.
HECHOS
5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
6. Que el señor Jaime Antonio Ocampo Restrepo nació el 13 de septiembre de
1946 y el Banco de Santander ―hoy Itaú Corpbanca Colombia S.A.―, en calidad
de empleador, le reconoció pensión de jubilación, a partir del 29 de octubre de
2001.
7. Que, Colpensiones, a través de la Resolución GNR 120464 del 1 de junio del
2013, le reconoció pensión de vejez en los términos del Decreto 758 de 1990, con
1.655 semanas de cotización y una tasa de remplazo del 90% en cuantía de
$2.151.063, efectiva a partir del 20 de diciembre de 2009. En aquella resolución
dispuso también el giro del retroactivo pensional por valor de $101.290.808,
decisión que fue confirmada en la Resolución GNR 107876 del 15 de abril del
2015.
8. Que, el 16 de mayo de 2016, el demandado solicitó el pago del retroactivo
pensional, pero, a través de la Resolución VPB 54080 del 27 de julio del 2015, la
demandante requirió su consentimiento para revocar el acto administrativo de
reconocimiento pensional, al considerar que estaba incurso en la causal prevista
en el numeral 1° del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, sin que el afectado se
pronunciara.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
9. Citó como vulnerado el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 813 de
1994 y el Decreto 758 de 1990.
10. Sostuvo que el acto acusado contraría las normas señaladas porque, al
momento de reconocer la pensión de vejez, no se tuvo en cuenta que se trataba
de una pensión compartida. Explicó que, mientras que en la compatibilidad el
pensionado tiene derecho a recibir de manera simultánea la pensión de vejez y la
de jubilación; en el caso de la compartibilidad, el empleador reconoce la pensión
de jubilación y continúa cotizando hasta que el trabajador alcance los requisitos
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para la pensión de vejez y se compromete a continuar con el pago del mayor valor,
si se llegare a generar.
11. Que, para que se genere la pensión compartida, el empleador debe continuar
con las cotizaciones hasta que el trabajador alcance los requisitos de la pensión
de vejez y pagar la pensión de jubilación hasta que la de vejez sea incluida en
nómina y, en caso de generarse retroactivo, éste debe girarse en su favor y que
para ello es necesario que el acto administrativo de reconocimiento pensional
indique que se trata de una pensión compartida y el pensionado autorice el giro
del retroactivo a favor del empleador.
12. Que en la resolución demandada no debió ordenarse el pago del retroactivo
pensional a favor del demandado, pues dada la naturaleza de compartibilidad de
la prestación, ese pago correspondía al Banco de Santander (hoy Itaú) y que, el
hecho de no haberse definido la compartibilidad, hizo que para realizar el cálculo
del Ingreso Base de liquidación se tuviera en cuenta hasta la última semana
cotizada, circunstancia que, consideró, debe ser diferente en el caso de la pensión
compartida; razón por la que se causó un perjuicio al erario.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
13. La demanda fue admitida el 30 de abril de 2018 y se dio traslado a la medida
cautelar1, que fue negada mediante auto del 18 de enero de 2019, cuya decisión
se confirmó2. Se ordenó vincular en calidad de litisconsorte necesario a Itaú
Corpbanca Colombia S.A., quien se notificó debidamente3.
14. El demandado4 afirmó que siempre ha actuado de buena fe y que, en cambio,
se evidencia la mala fe de Colpensiones al solicitar la nulidad de un acto en el que
no intervino el demandado. Que no hay lugar a reconocer las pretensiones porque
el beneficiario cumple con los requisitos para el reconocimiento de la pensión.
15. Que, en el eventual caso de acceder a las pretensiones, debía aplicarse la
prescripción frente al derecho que se hubiera extinguido y compensarse las sumas
de dinero a que hubiere lugar.
16. Itaú Corpbanca Colombia S.A. 5 expresó que entre el demandado y el banco
1 Dentro del proceso se presentó controversia sobre la falta de jurisdicción, la cual fue definida por auto del 26 de
abril de 2018 por la cual se repuso la decisión de declarar la falta de jurisdicción y, en cambio resolvió estudiar la
admisión de la demanda. Posteriormente se suscitó nuevamente la discusión que fue zanjada mediante auto de
la Corte Constitucional que definió que esta era la jurisdicción competente. Índice 070 del Samai del Tribunal.
2 Índice 140 del Samai del tribunal.
3 Índice 77 del Samai del tribunal.
4 Gestión documental del Samai del Tribunal. Cuaderno principal, archivo denominado:
11_EXPEDIENTEDIGITAL_7600123330002021, 001 EXPEDIENTE DIGITALIZADO, 76001-23-33-000-2021-
00335-00, 001 EXPEDIENTE DIGITALIZADO, CUADERNO PRINCIPAL PARTE 2, Archivo denominado:
202102369175_compressed.pdf. Páginas 94 a 98.
5 Indice 079 del Samai del tribunal.
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existió un vínculo laboral que terminó el 28 de octubre de 2001 a través de un
acuerdo transaccional en el que igualmente se incluyó el reconocimiento de una
pensión de jubilación convencional transitoria, la cual se empezó a pagar el 29 de
octubre de 2001. Que en dicho acto jurídico se pactó expresamente que la pensión
de jubilación era compartible con la de vejez, por lo que el Banco continuaría
asumiendo la diferencia que existiere entre la pensión de jubilación que venía
recibiendo y la de vejez que le otorgaría el Sistema General de Pensiones.
17. Que el valor del retroactivo que se reconoció en el acto demandado debía
pagarse a la entidad bancaria, de acuerdo con la sentencia del 30 de enero de
2019 emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, por la cual se
resolvió una demanda presentada por el beneficiario de la pensión de jubilación
en contra de Colpensiones e Itaú, para lograr el pago del retroactivo pensional.
18. Por auto del 20 de noviembre de 20246 se dio trámite de sentencia anticipada,
se fijó el litigio, se incorporaron las pruebas y se corrió traslado para alegar.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
19. Mediante sentencia del 07 de febrero de 2.025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones. En relación con la devolución del retroactivo
pensional reclamado por Colpensiones, consideró que no procedía efectuar
pronunciamiento alguno porque el asunto ya había sido dirimido por la jurisdicción
ordinaria laboral en proceso que fue instaurado por el señor Jaime Antonio en
contra de Colpensiones e Itaú, en el que se señaló que correspondía al Banco en
calidad de ex empleador.
20. Que, conforme lo certificó el banco Itaú en documento del 24 de julio de 2018,
se probó que el beneficiario pensional había reintegrado a esa entidad bancaria el
retroactivo cancelado por Colpensiones en el mes de septiembre de 2013, por
valor de $103.407.571, «(…) lo cual fue usado por el Banco para cancelar la deuda
que tenía la demandada por el pago de mesadas pagadas de más desde el 20 de
diciembre de 2009 hasta el 31 de agosto de 2013 ($100.507.266) (…)7».
21. Que, en relación con la naturaleza compartible de la prestación, Colpensiones
tuvo en cuenta todos los tiempos cotizados al servicio del banco, situación que
evidenciaba que, aun cuando la resolución demandada no lo hubiese indicado
expresamente, la prestación sí se trataba de una de naturaleza compartida.
22. Que, además, también en el proceso ordinario laboral se había reconocido el
carácter compartido de la prestación y que, por ende, siempre se ha materializado
6 Índice 101 del Samai del tribunal.
7 Sentencia. Página 25. Índice 125 del Samai del tribunal.
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la pensión con dicha naturaleza, pese a que en el acto no se haya indicado
expresamente.
23. En relación con el argumento de indebida liquidación de la prestación por el
hecho de no haberse indicado su carácter compartible, consideró que aun cuando
se haya omitido consignarlo en la Resolución GNR 120464 del 1 de junio de 2013,
el régimen pensional aplicable no varía y, por ende, el monto de la prestación no
tiene por qué modificarse. Sostuvo además que Colpensiones no aportó pruebas
que permitieran concluir lo contrario y, finalmente, no condenó en costas en esa
instancia, al considerar que no existía prueba alguna que las justificara.
RECURSO DE APELACIÓN
24. Colpensiones interpuso recurso de apelación por considerar que se debió
declarar la nulidad de la resolución demandada, pues insiste en que el demandado
debe pagarle, el retroactivo pensional ordenado en el acto impugnado. Que, a
diferencia de lo indicado por el tribunal, el valor del retroactivo que debía pagarse
sí estaba determinado claramente en la misma resolución demandada, por valor
de $101.290.808.
25. Que, además, también debía declararse la nulidad de la resolución porque sí
existía una diferencia (o mayor valor) que debía ser pagado por el Banco Itaú e
indicó que para determinar ese mayor valor bastaba con solicitar la intervención
de los auxiliares de justicia para que realizaran las operaciones aritméticas
correspondientes para definirlo. Que, el hecho de no haberlo determinado en la
demanda no podía ser considerado como falta de prueba.
26. El demandado, en su recurso, expuso que debía revocarse de decisión sobre
la condena en costas puesto que en esa instancia debió condenarse en costas a
Colpensiones porque activó el aparato de justicia sin lograr condena alguna, es
decir, negándose sus pretensiones.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
27. El 23 de mayo de 2025 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el
Ministerio público guardaron silencio en esta etapa.
28. Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
29. La Sala debe determinar si procedía declarar la nulidad de la Resolución GNR
120464 del 1 de junio del 2013 y ordenar al señor Jaime Antonio Ocampo
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Restrepo la devolución del retroactivo pensional.
30. También se definirá si, como se indica en el recurso, existe un mayor valor de
la mesada pensional que deba ser pagado por el Banco Itaú. Por último, si debió
condenarse en costas de primera instancia al extremo activo.
Sobre la compartibilidad pensional
31. El Decreto 2879 de 19858, en su artículo 5, determinó que los empleadores
inscritos al Instituto de Seguros Sociales – I.S.S., que a partir de la fecha de
publicación del decreto, otorgaran a sus trabajadores pensiones de jubilación,
continuarían cotizando para las contingencias de Invalidez, Vejez y Muerte, hasta
cuando los asegurados cumplieran los requisitos exigidos por el I.S.S. para otorgar
la pensión de Vejez y que, en este momento, el Instituto procedería a cubrir dicha
pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere,
entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía siendo pagada por el
empleador.
32. El Decreto 758 de 19909, en relación con las pensiones de jubilación
reconocidas por los empleadores registrados en el I.S.S., dispuso:
«(…) Artículo 18. Compartibilidad de las pensiones extralegales. Los
patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que
otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas
en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente,
causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los
seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados
cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de
vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión,
siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre
la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al
pensionado.
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva
convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes,
se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no
serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales (…)». (Negrita para
resaltar)
33. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU 542 de 2016, explicó la noción
y finalidad de la Compartibilidad pensional:
«(…) La pensión compartida se da cuando el empleador le reconoció a su
extrabajador pensión de vejez en virtud de una convención o acuerdo extralegal
por un monto determinado y estipuló que dicha pensión será posteriormente
8
Por el cual se aprobó el Acuerdo número 029 del 26 de septiembre de 1985, emanado del Consejo Nacional
de Seguros Sociales Obligatorios.
9 por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990, emanado del Consejo Nacional de Seguros
Sociales Obligatorios.
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compartida con la reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, en la
actualidad por Colpensiones.
De esta forma, cuando la empresa a la que se encontraba vinculado laboralmente
el trabajador contemplaba el cumplimiento de requisitos más favorables para
acceder a la pensión que los exigidos por el régimen general, el empleador
asume el pago de las mesadas hasta que el trabajador cumpla la edad y el tiempo
de cotización exigidos por la ley para todas las personas. En caso de que el
monto de la pensión reconocida por el empleador sea superior al
reconocido por Colpensiones, deberá el empleador reconocer y pagar la
diferencia. (…)». (Negrita para resaltar)
34. Esta Corporación ha precisado también que en la pensión compartida
el reconocimiento y pago lo asume inicialmente el patrono, pero cuando se
satisfacen los requisitos exigidos por el I.S.S. (hoy Colpensiones), éste asume
su obligación y el empleador cesa en el pago de dicha prestación, salvo que
Colpensiones cuando reconozca la prestación, lo haga en cuantía inferior10.
35. Esto quiere decir que en el momento en que se reconozca le pensión
de vejez se estudiará la Compartibilidad de la prestación y pueden presentarse
dos escenarios. Veamos:
i) En el primero de ellos el monto de la mesada convencional o de jubilación
reconocida por el empleador es menor al monto de la mesada por vejez
asumida por Colpensiones. Para este caso la diferencia a pagar por el
empleador es cero porque la pensión de vejez es mayor que la de
jubilación, quedando así Colpensiones con el 100% a cargo de la mesada
pensional.
ii) En el segundo escenario el monto de la mesada de la pensión de jubilación
es mayor al de la reconocida por vejez, caso en el cual —en contraste con
el anterior—, el empleador sí debe pagar la diferencia o remanente
resultante, lo cual se debe hacer a partir del momento en el que se
reconoce la prestación por vejez.
Parámetro para la liquidación de la pensión de vejez conforme al régimen
establecido en el Decreto 758 de 1990
36. El artículo 13 de la norma en cita, definió:
«(…) Artículo 13. Causación y disfrute de la pensión por vejez. La pensión de
vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos
mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación
al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación
se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este
riesgo (…)». (Negrita para resaltar)
10 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 16 de septiembre de 2021. Exp. 05001
2333 000 2017 02855 01 (6384-2019). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Resolución del caso concreto
37. De las pruebas se logró determinar que el Banco Itaú, en calidad de
empleador11, reconoció pensión de jubilación al demandado, mediante convenio
del 26 de octubre de 200112, en el que se estipuló:
«(…) En la ciudad de Medellín, a los veintiséis días (26) días del mes de octubre
de 2001, entre los suscritos, a saber: el BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.,
(Antiguamente BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO S.A., NIT.890 .903.937-0)
en adelante el BANCO, representado en este acto por la Doctora LILIAN
IDARRAGA ARREDONDO como Apoderada General, calidad que se acredita
bajo la escritura pública numero 4.949 expedida por la notaría veintinueve de la
ciudad de Medellín, de fecha 23 de Julio de 1.998 y JAIME A OCAMPO
RESTREPO identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.054.322, en
adelante el TRABAJADOR, se ha efectuado un convenio que se rige por las
siguientes cláusulas:
(…) SEXTA: No obstante tener tan solo 28.12 años de servicio al Banco y 55
años de edad, el BANCO le reconocerá al TRABAJADOR una Pensión
Convencional transitoria de jubilación, la cual empezará a recibir a partir
del 29 de octubre de 2001, liquidada sobre el 75% del promedio de los salarios
devengados durante el último año de labores y se le pagará hasta que cumpla
los sesenta años (60) años de edad, fecha en la cual EL TRABAJADOR
reclamará ante el Instituto de Seguros Sociales o la Entidad de Seguridad
Social a la que se encuentre cotizando, la Pensión de Vejez, para lo cual el
señor JAIME A OCAMPO RESTREPO se compromete a reclamar cuando
cumpla la edad ante la respectiva entidad; a partir de ese momento EL BANCO
le continuará pagando la diferencia que existiere, entre la pensión de
jubilación que éste venía recibiendo y la que le otorgue el Instituto de
Seguros Sociales o el Fondo Privado de Pensiones correspondiente como
pensión de vejez (…)». (Negrita para resaltar)
38. En efecto, tal como lo indicó el banco en su contestación, luego de su
desvinculación laboral se continuó cotizando para alcanzar los requisitos del
Sistema General de Pensión y, el 8 de septiembre de 2006, el demandado radicó
la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez, la cual se logró en la
Resolución GNR 120464 del 1 de junio de 2013, por la que Colpensiones le
reconoció la prestación en aplicación del régimen contenido en el Decreto 758 de
1990, efectiva a partir del 1° de julio de 2013. En la práctica, se observa que no se
dijo nada en relación con la compartibilidad de la prestación. Veamos:
«(…) ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer el pago de una pensión de VEJEZ a
favor del (la) señor(a) OCAMPO RESTREPO JAIME ANTONIO, ya
identificado(a), en los siguientes términos y cuantías:
Valor mesada a 20 de diciembre de 2009 = $2,151,063
2010 2,194,084.00
11 Samai del tribunal. Índice 79. Archivo denominado:
60_250002342000201800165002MemorialWeb2024724211532.
12 Samai del tribunal. Índice 79. Archivo denominado:
64_250002342000201800165006MemorialWeb2024724211533.
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2011 2,263,636.00
2012 2,348,070.00
2013 2,405,363.00
LIQUIDACIÓN RETROACTIVO
CONCEPTO VALOR
Mesadas 94,485.018.00
Mesadas Adicionales 6,805.790.00
F. Solidaridad Mesadas 0.00
F. Solidaridad Mesadas 0.00
Adic
Descuentos en Salud 0.00
Valor a pagar 101,290,808.00
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente prestación junto con el retroactivo si hay
lugar a ello, será ingresada en la nómina del periodo 201306 que se paga en el
periodo 201307 en la central de pagos del banco BBVA CP 1 QUINCENA de
CENTRO DE SERVICIOS LA ESMERALDA BOGOTÁ.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la inclusión en nómina de la presente
prestación, se harán los respectivos descuentos en salud conforme a la ley 100
de 1993 en EPS POR ASIGNAR.
ARTÍCULO CUARTO: Esta pensión estará a cargo de:
ENTIDAD DIAS VALOR
CUOTA
ADMINISTRADORA 11,589 $2,151,06
COLOMBIANA DE 3.00
PENSIONES -
COLPENSIONES
ARTÍCULO QUINTO: Esta prestación económica es incompatible con cualquier
otra asignación del Tesoro Público, conforme a lo establecido en el artículo 128
de la Constitución Política de Colombia (…)13»
39. Se advierte que, si bien al momento de reconocer la prestación no se indicó
su compartibilidad, lo cierto es que tanto el banco como Colpensiones sostienen
que es esa la naturaleza de la pensión. En cambio, lo que es objeto de discusión,
de acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante es,
particularmente, que debió declararse la nulidad del acto impugnado porque el
demandado debe pagar, a favor de Colpensiones, el retroactivo pensional
ordenado en el artículo primero de aquel acto y que, a diferencia de lo indicado
por el tribunal, el valor del retroactivo que debía pagarse sí quedó determinado por
valor de $101.290.80814.
40. Sobre este aspecto el tribunal indicó que no procedía efectuar
pronunciamiento alguno porque el asunto se había dirimido en la jurisdicción
13 Gestión documental del Samai del Tribunal. Cuaderno principal, carpeta zip denominada:
32_RECIBEMEMORIALES_CERTIFICADO__RESPUES. PDF denominado: GRF-AAT-RP-2015_1283155-
20150307023251.pdf.
14 Página 2 del recurso de apelación visible en el índice 128 del Samai del tribunal.
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ordinaria laboral en proceso que fue instaurado por el señor Jaime Antonio en
contra de Colpensiones e Itaú, en el que se definió que el valor del retroactivo
correspondía al Banco en calidad de ex empleador.
41. En efecto, al revisar las pruebas, se observa que el señor Jaime Antonio
Ocampo Restrepo instauró demanda ordinaria laboral en contra de Colpensiones
y el Banco Itaú para conseguir el pago del retroactivo y que, el Tribunal Superior
de Bogotá – Sala Laboral, confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Treinta y
Ocho (38) Laboral del Circuito de Bogotá, en el sentido de determinar que el pago
del retroactivo pensional debía hacerse a favor del Banco Itaú. Se cita el extracto
de aquella decisión:
«(…) Así las cosas, encuentra esta Colegiatura acertada la determinación del
Juez de Conocimiento, al señalar que la titularidad del derecho del
retroactivo que se generara por la modificación de la fecha de disfrute es
del BANCO ITAU CORPBANCA S.A. Y sin que resulte acertada la
manifestación de la parte convocante a juicio, al referir que la legitimidad
únicamente atañe al pensionado, pues el giro de las sumas canceladas no
implica la cesión o trasferencia de derechos pensionales, sino la devolución de
lo debido (…)»15.
42. Además, tal como lo explicó el tribunal, también se probó —con el certificado
aportado por el mismo banco Itaú, del 24 de julio de 2018— que el beneficiario
pensional había reintegrado a esa entidad bancaria el retroactivo cancelado por
Colpensiones en el mes de septiembre de 2013, por valor de $103.407.571 «(…)
correspondiente al retropatrono dado por ustedes en septiembre del 2013, que de
dicho valor el Banco hizo pago de la deuda que se tenía por pago de mesadas
pagadas de más desde el 20 de diciembre del 2009 hasta el 31 de agosto del
2013, por valor de $100.507.266 y que el saldo de $2.900.305, le fue consignado
a la cuenta que tenía el señor Ocampo Restrepo en Ban CorpBanca No 237-
04418-5 (…)16».
43. De acuerdo con este análisis, debe confirmarse la sentencia sobre este punto.
Ahora, en relación con el argumento contenido en el recurso de Colpensiones
según el cual debe declararse la nulidad de la resolución porque existe una
diferencia que debía ser pagada por el Banco Itaú, considera esta Sala que el
supuesto mayor valor debía ser probado por ese demandante dentro del proceso
judicial, de acuerdo con el artículo 167 del CGP, según el cual «(…) incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen (…)».
44. Recuérdese que, como se explicó en el marco normativo, en materia de
compartibilidad pensional, al momento en que se reconozca la pensión de vejez
15 Samai del tribunal. Índice 79. Archivo denominado:
61_250002342000201800165003MemorialWeb2024724211532.
16 Samai del tribunal. Visualización del expediente para su descarga, archivo comprimido denominado:
044ED_20197421zip, archivo PDF llamado: 2019-742 (FLS. 1 A 178).pdf; página 89.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00165-02 (1012-2025)
se pueden presentar dos escenarios y es carga de la parte demandante demostrar
cuál de los dos se consolida en este caso, pues de ello depende que: a) la
diferencia a pagar por el empleador sea de cero porque la pensión de vejez es
mayor que la de jubilación, —quedando así Colpensiones con el 100% a cargo de
la mesada pensional— o b), en cambio, que el monto de la mesada de la pensión
de jubilación sea mayor al de la reconocida por vejez, caso en el cual el empleador
sí asumiría la diferencia.
45. Tal como se explicó por el tribunal, este hecho debe ser demostrado por el
interesado dentro de la contienda procesal y eso es lo que se extraña en este
caso. Es decir, no se tienen los elementos probatorios para determinar que sí se
trató de un mayor valor al reconocido en la mesada de la pensión de vejez, lo cual
no puede subsanarse con un perito, como lo indicó Colpensiones en su recurso,
puesto que, para realizarse la validación aritmética necesaria para verificar si hay
o no un mayor valor en el monto prestacional, se requiere la prueba del pago
pensional o del certificado emitido por la entidad correspondiente en donde se
determine el valor reconocido como mesada de jubilación. Quiere esto decir que
no hay lugar a indicarse que la prestación es compartida pesto que no está
acreditado un mayor valor.
46. Así, el perito tampoco encontraría el insumo dentro de este proceso para
definir esa diferencia. En consecuencia, también habrá de confirmarse la
sentencia sobre este aspecto.
47. Ahora, en el recurso de apelación interpuesto por el demandado, se solicitó
revocar la sentencia, en cuanto no se condenó en costas a la parte vencida en
juicio, a favor de la parte demandada, dado que la condena debió ser objetiva
según el artículo 366 del CGP. Veamos:
De la condena en costas en ambas instancias
48. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
49. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00165-02 (1012-2025)
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
50. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
51. En consecuencia, sí le asiste razón al demandado al apartarse de ese punto
de la decisión de primera instancia y, por ende, se revocará la sentencia sobre este
aspecto para, en su lugar, imponer costas en esa instancia a cargo del demandante.
52. Ahora, al aplicar esa misma línea para esta instancia, la consecuencia lógica
también es imponer costas en segunda, por cuanto se niegan totalmente las
peticiones del recurso de apelación interpuesto por el extremo activo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. REVOCAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 07 de febrero
de 2.025, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por los motivos expuestos
y, en su lugar, condenar en costas de ambas instancias a la entidad demandante.
Segundo. CONFIRMAR, en lo demás, la decisión.
Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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