Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00206-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00206-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-00206-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
24 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2018 00206 01 (0630-2020)
Demandante: Carlos Ricardo Mendieta Pineda
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Temas: Supresión de cargo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el 13 de septiembre 2019 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca ―Sección Segunda-Subsección E―, por medio de la cual se
denegaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Carlos Ricardo Mendieta Pineda, obrando en
nombre propio, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en orden a i) que se inaplique el Decreto 898 de 2017, que modificó
parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación, y ii) se declare la
nulidad de la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se
distribuyen los cargos de la planta de personal de la mencionada entidad.
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Radicado: 25000 23 42 000 2018 00206 01 (0630-2020)
Demandante: Carlos Ricardo Mendieta Pineda
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
condenar a la entidad demandada a i) reintegrarlo, sin solución de continuidad, al
cargo de profesional experto que desempeñaba o a otro de similar categoría; ii)
pagarle, a título de indemnización, los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir desde el momento del retiro del servicio hasta la fecha de la sentencia,
descontando las sumas que por concepto laboral llegue a recibir, sin que el valor a
pagar sea inferior a seis meses ni superior a veinticuatro meses; iii) indexar las
sumas que resulten de la condena, de conformidad con el índice de precios al
consumidor; y iv) condenar en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el demandante señaló los siguientes:
i) Ingresó a la Fiscalía General de la Nación el 2 de enero de 2015, en el cargo de
asesor I, asignado a la Subdirección Nacional de Gestión Contractual.
ii) El 27 de abril de 2017, por medio de la Resolución 1288, fue nombrado en
provisionalidad en el cargo de profesional experto en la misma área.
iii) El presidente de la República expidió el Decreto Ley 898 de 2017, por el cual se
creó la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las
organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que
atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o
movimientos políticos; en consecuencia, se dispuso la modificación de la estructura
de la Fiscalía General de la Nación y la supresión de diferentes cargos, entre ellos
los de profesionales expertos.
iv) La Fiscalía General de la Nación expidió la Resolución 2358 del 29 de junio de
2017, por la cual se distribuyeron los cargos de la planta global y su ubicación, en
la que se relacionaron 74 profesionales expertos, sin individualizar los servidores
que permanecerían en el servicio o los que serían objeto de retiro.
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Radicado: 25000 23 42 000 2018 00206 01 (0630-2020)
Demandante: Carlos Ricardo Mendieta Pineda
v) El 4 de julio de 2017, el director de talento humano de la entidad le comunicó que
su cargo había sido suprimido, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 898 de 2017,
pese a que ni en el decreto ni en la resolución se resolvió su situación jurídica.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 53, 125, 209 y 229 de la
Constitución Política; 5 de la Ley 489 de 1998; 2 y 44 de la Ley 909 de 2004; 3 y 44
de la Ley 1437 de 2011; 2 y 96 del Decreto Ley 020 de 2014; y 4, numeral 22, del
Decreto Ley 016 de 2014.
Al desarrollar el concepto de violación el demandante expuso los siguientes
argumentos:
i) El acto acusado fue expedido sin competencia, por cuanto la facultad de
nombramiento y remoción de los servidores públicos de la Fiscalía General de la
Nación se encuentra asignada, por disposición expresa del artículo 4 del numeral
22 del Decreto Ley 016 de 2014, al fiscal general de la nación, pese a lo cual el
director de talento humano de la entidad fue quien expidió la comunicación de retiro.
ii) El oficio suscrito por el director de talento humano está viciado de falsa
motivación, pues afirma que el cargo que ocupaba fue suprimido en virtud de lo
dispuesto en el Decreto 898 de 2017, sin tener en cuenta que este acto no hizo
alusión expresa de los cargos que serían objeto de supresión.
iii) En la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017 tampoco se hizo mención expresa
a su situación jurídica, lo cual deja en evidencia la violación del deber legal de
motivación de los actos administrativos que limitan derechos individuales de
contenido particular.
iv) La omisión de la entidad al definir su situación jurídica vulneró sus derechos de
defensa y contradicción, pues no conoció las razones reales que conllevaron su
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Demandante: Carlos Ricardo Mendieta Pineda
desvinculación del servicio, así como el derecho a la estabilidad relativa como
servidor público en provisionalidad.
v) La entidad demandada vulneró su derecho a la igualdad de oportunidades, en la
medida en que no lo designó en alguno de los 74 cargos de profesional experto que
fueron objeto de reubicación, o de los 1031 empleos que se establecieron en la
planta global o de los 86 que se crearon para la Unidad de Especial de Investigación.
Esta trasgresión se sustentó en la falta de definición, previa al acto de reubicación,
de reglas objetivas, justas, claras y concretas que permitieran individualizar los
servidores que permanecerían en el servicio.
1.2. Contestación de la demanda1
La Fiscalía General de la Nación, a través de apoderada, se opuso a las
pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes razones de defensa:
i) La supresión del cargo que ejercía el señor Mendieta Pineda tuvo origen en las
facultades otorgadas al fiscal general de la nación, en el Decreto 898 de 2017, para
restructurar la entidad, las cuales pretendían el incremento del número de nuevas
posiciones de fiscales delegados ante jueces municipales o promiscuos a cambio
de la supresión de cargos, mayoritariamente directivos, en el nivel central.
ii) Gracias a la restructuración de la entidad se designaron 500 fiscales para poder
llegar a los territorios en el postconflicto; se privilegió la presencia de fiscales en 151
municipios, algunos de los cuales no tenían representación de la Fiscalía General
de la Nación, y se logró que dicha redistribución no tuviera costo fiscal.
iii) No es cierto que la supresión de cargos ordenada por el Decreto Ley 898 de 2017
no haya sido efectiva, porque si bien no hubo cambio en la denominación ni en las
funciones, sí existió una reducción en el número de cargos de la planta de la entidad,
pues pasó de 28.836 cargos a 24.130.
1 Folios 62 al 81
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Radicado: 25000 23 42 000 2018 00206 01 (0630-2020)
Demandante: Carlos Ricardo Mendieta Pineda
iv) La Resolución 2358 de 2017 fue proferida por el fiscal general de la nación, en
ejercicio de la facultad conferida en el artículo 67 del Decreto Ley 898 de 2017, y su
expedición cumplió a cabalidad con los parámetros constitucionales establecidos
para esta clase de procesos, ya que se realizó dentro de los principios que rigen la
administración pública; su principal propósito fue cumplir con los mandatos
establecidos para la entidad en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera y en su materialización se garantizaron
los derechos fundamentales de los funcionarios.
v) La estabilidad relativa no se predica de los procesos de reestructuración de las
entidades públicas, pues la justificación de la decisión de suprimir cargos de la
planta de personal se encuentra contenida en el estudio técnico que elabora la
entidad, en el cual se garantizó el derecho para los empleados de carrera y para
aquellos que debían ser incorporados en forma preferente por encontrarse en
condiciones de retén social.
Finalmente, propuso las excepciones de inepta demanda y la genérica.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ―Sección Segunda-Subsección E―,
mediante sentencia del 13 de septiembre de 2019, denegó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte actora. Sustentó su decisión en las
siguientes consideraciones: 2
i) El proceso de reestructuración de la Fiscalía General de la Nación tuvo origen en
el Acto Legislativo 01 de 2016, que facultó al presidente de la República para expedir
decretos con fuerza de ley, con el objetivo de asegurar la implementación y
desarrollo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera.
2 Folios 134 al 145
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Radicado: 25000 23 42 000 2018 00206 01 (0630-2020)
Demandante: Carlos Ricardo Mendieta Pineda
En ejercicio de dichas facultades, el presidente expidió el Decreto 898 de 2017, por
el cual ordenó la modificación parcial de la estructura de la Fiscalía General de la
Nación y de su planta de cargos, decretando la supresión de 91 cargos de
profesional experto. Posteriormente, por medio de la Resolución 2358 del 29 de
junio de 2017, la entidad distribuyó los cargos de la planta de personal, señalando
los empleados que quedaban incorporados y su ubicación, sin que en dicho acto se
mencionara al demandante. Finalmente, a través el Oficio 377 del 30 de junio de
2017, el subdirector de talento humano le informó al demandante la supresión del
cargo que desempeñaba.
ii) El acto administrativo que definió la situación jurídica del actor fue la Resolución
2358 de 2017, comoquiera que a través de este acto se decidió la incorporación de
los empleados a la planta de personal de la Fiscalía, excluyendo al demandante. En
ese orden, en la medida en que esta resolución fue expedida por el fiscal general
de la nación, quien tiene entre sus funciones la de nombrar y remover a los
servidores públicos de la entidad, el vicio de falta de competencia alegado no está
llamado a prosperar.
iii) La decisión de la FGN, de suprimir el cargo de profesional experto desempeñado
por el señor Mendieta Pineda atendió los artículos 103 y 104 del Decreto Ley 016
de 2014, en virtud de los cuales, en los procesos de supresión de empleos de la
Fiscalía General de la Nación, los servidores con derechos de carrera tienen
derecho preferencial a ser incorporados en un empleo igual o equivalente en la
nueva planta de personal, así como aquellos que se encuentren en periodo de
prueba y las servidoras en estado de embarazo.
De igual manera, la entidad tuvo en cuenta los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-013 de 2018, en la cual determinó que dentro del
proceso de reestructuración de la Fiscalía debían preservarse los derechos de los
hombres y mujeres cabeza de familia, los prepensionados y las personas que se
encontraban en condición de discapacidad.
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Radicado: 25000 23 42 000 2018 00206 01 (0630-2020)
Demandante: Carlos Ricardo Mendieta Pineda
iv) Analizada la situación del señor Mendieta Pineda, del acervo probatorio se
concluye que no se encontraba en ninguna de las situaciones mencionadas ni
ostentaba derechos de carrera. Así mismo, el demandante no demostró que los 74
profesionales expertos que fueron incorporados a la planta no tenían mejor derecho
que él; ni siquiera que no existió supresión efectiva del empleo.
1.4. El recurso de apelación
El demandante interpuso recurso de apelación en el que solicitó revocar la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones. Con tal finalidad,
reiteró los argumentos expuestos en el concepto de violación de la demanda,
relacionados, específicamente, con los cargos de falsa motivación y violación de los
derechos fundamentales del empleado, de los cuales puede extractarse lo siguiente:
i) Los artículos 62 y 63 del Decreto 898 de 2017, por los cuales se confirieron
atribuciones al fiscal general de la nación, establecieron particulares reglas y
competencias discrecionales para la incorporación de servidores, la realización de
nombramientos, la distribución, traslado y reubicación de los empleos dentro de la
planta global de la entidad; sin embargo, dicha facultad discrecional no es absoluta,
como si se tratara de empleados de libre nombramiento y remoción, sino que debe
ser ejercida dentro de determinados límites. De allí que, para garantía de los
derechos de los administrados, se imponga la necesidad de motivación del acto,
como medio para asegurar la razonabilidad, racionalidad, proporcionalidad,
objetividad e imparcialidad.
ii) El proceso adelantado por la Fiscalía para la reubicación de cargos dentro de la
planta global y para la realización de eventuales nombramientos en la creada
Unidad Especial, no tuvo en consideración los derechos fundamentales de los
servidores, a la igualdad, al trabajo, a la igualdad de oportunidades; tampoco los
principios que guían la función administrativa.
iii) La expedición del acto administrativo de retiro del servicio, sin expresión de los
motivos reales que llevaron a adoptar tal decisión, así como la falta de definición
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Radicado: 25000 23 42 000 2018 00206 01 (0630-2020)
Demandante: Carlos Ricardo Mendieta Pineda
previa de precisos criterios para la selección de profesionales expertos que
permanecerían en el servicio o serían objeto de retiro, constituye una desviación de
poder por parte de la entidad, que vulneró sus derechos como servidor público en
provisionalidad a una estabilidad laboral relativa.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes, demandante y demandada, reiteraron los argumentos expuestos en las
diferentes etapas del proceso.
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto 3.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el problema
jurídico se circunscribe a establecer si la Resolución 2358 de 2017, por medio de la
cual se distribuyeron los cargos de planta de personal de la Fiscalía General de la
Nación, en cuanto no incorporó al demandante en el cargo de profesional experto,
que ocupaba en provisionalidad en la Subdirección Nacional de Gestión
Contractual, se encuentra viciada por falsa motivación y violación de los derechos
fundamentales del empleado.
2.2. Marco normativo
3 Constancia secretarial obrante a folio 162
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Radicado: 25000 23 42 000 2018 00206 01 (0630-2020)
Demandante: Carlos Ricardo Mendieta Pineda
2.2.1. De las reformas a las plantas de personal y la supresión del empleo
como causal de retiro del servicio
De conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política los empleos de las
entidades del Estado son de carrera administrativa, salvo las excepciones
expresamente consagradas en la ley.
A su turno, el inciso primero del artículo 209 ibidem estableció que la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. Quiere decir lo anterior que la Constitución le
confiere a las autoridades un poder reglado para su ejercicio, de acuerdo con
postulados característicos del Estado de Derecho, pero en materias como las
relativas a la gestión económica y social, se deja un margen de discrecionalidad
para que la administración procure la satisfacción del interés colectivo,
imprimiéndole el carácter Social del Estado de Derecho, donde la función
administrativa se encuentra al servicio del interés general, y se basa en principios
como la eficacia y la celeridad. 4
El artículo 25, literal c) del Decreto 2400 de 1968, dispone:
Artículo 25. La cesación definitiva de funciones se produce en los siguientes casos:
[…]
c). Por supresión del empleo. […]
Por su parte, el artículo 105 del Decreto 1950 de 1973, prescribe:
Artículo 105. El retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de funciones
públicas y se produce:
[…]
2. Por supresión del empleo. […]
A su turno, el artículo 7º de la Ley 27 de 1992, consagra:
4 Sentencia T-1701 de 7 de diciembre de 2000, magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero.
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Radicado: 25000 23 42 000 2018 00206 01 (0630-2020)
Demandante: Carlos Ricardo Mendieta Pineda
Artículo 7. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de los empleados de
carrera, se produce en los siguientes casos:
[…]
c) Por supresión del empleo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la
presente ley.
Posteriormente, la Ley 443 de 1998, en su artículo 39, reiteró el derecho para los
servidores de carrera administrativa, en caso de supresión del empleo, a la
reincorporación preferencial al servicio o a la indemnización, en los siguientes
términos:
Los empleados públicos de carrera a quienes se les supriman los cargos de los
cuales sean titulares, como consecuencia de la supresión o fusión de entidades,
organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o de
modificación de planta, podrán optar por ser incorporados a empleos equivalentes o
a recibir indemnización en los términos y condiciones que establezca el Gobierno
Nacional.
Finalmente, la Ley 909 de 2004, en el artículo 41, previó entre las causales de retiro
del servicio, la supresión del empleo, así:
Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera
administrativa se produce en los siguientes casos:
[…]
l) Por supresión del empleo; […]».
Y en el artículo 44, establece los derechos del empleado de carrera administrativa
en caso de supresión del cargo, en los siguientes términos:
Los empleados públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de la
liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o
dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o por modificación
de planta de personal, se les supriman los cargos de los cuales sean titulares,
tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de
la nueva planta de personal, y de no ser posible podrán optar por ser reincorporados
a empleos iguales o equivalentes o a recibir indemnización. El Gobierno Nacional
reglamentará el proceso de reincorporación y el reconocimiento de la indemnización.
Por su parte, el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 228
del Decreto 019 de 2012, aplicable por remisión expresa del numeral 2 del artículo
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Demandante: Carlos Ricardo Mendieta Pineda
3 de la misma norma, frente a las reformas en las plantas de personal de las
entidades públicas, dispuso que estas deberán motivarse, fundarse en
necesidades del servicio o en razones de modernización de la Administración y
basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados
por las respectivas entidades, bajo las directrices del Departamento Administrativo
de la Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-.
A su turno, el Decreto 1227 de 2005,5 en su artículo 96, estableció que la
modificación de una planta de empleos está fundada en necesidades del servicio o
en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del
estudio técnico respectivo deriven en la creación o supresión de empleos, con
ocasión, entre otras circunstancias, de la supresión, fusión o creación de
dependencias o modificación de sus funciones, la redistribución de funciones y
cargas de trabajo y la racionalización del gasto público.
2.2.2. Régimen de carrera administrativa en la Fiscalía General de la Nación
El Congreso de la República, por medio de la Ley 1654 de 2013, revistió al
presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas con
fuerza de ley, dirigidas a:
[...]
c) Expedir el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de
sus entidades adscritas y el de las situaciones administrativas de sus servidores […].
En desarrollo de tal facultad, el presidente expidió el Decreto Ley 020 del 2014, por
el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la
Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas. Y respecto de las
causales de retiro del servicio, dispuso:
Artículo 96.Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes
desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción o de carrera en la Fiscalía
General de la Nación y en sus entidades adscritas se produce en los siguientes
casos:
5 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998».
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Radicado: 25000 23 42 000 2018 00206 01 (0630-2020)
Demandante: Carlos Ricardo Mendieta Pineda
1. Renuncia regularmente aceptada.
2. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción.
3. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento por inhabilidad o
incompatibilidad sobreviniente.
4. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento por estudio de seguridad.
5. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del
resultado no satisfactorio de la evaluación del desempeño laboral.
6. Por haber obtenido la pensión de invalidez, jubilación o vejez.
7. Supresión del empleo.
8. Edad de retiro forzoso.
9. Destitución como consecuencia de un proceso disciplinario.
10. Declaratoria de vacancia del empleo en caso de abandono del cargo.
11. Revocatoria del nombramiento por no acreditación de requisitos para el
desempeño del empleo, de conformidad con el artículo 5° de la Ley 190 de 1995 y
las nomas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.
12. Muerte.
13. Por orden o decisión judicial.
14. Las demás que determinen la Constitución y ley. (Negritas de la sala)
2.2.3. La reestructuración en la Fiscalía General de la Nación
El Acto Legislativo 01 de 2016, por medio del cual se establecieron instrumentos
jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del
acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera, le otorgó facultades pro tempore al presidente de la República para
expedir Decretos Leyes, tendientes a facilitar y asegurar la implementación y
desarrollo normativo del Acuerdo Final. Así se estipulo en el artículo 2:
Artículo 2°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual
quedará así:
Artículo transitorio. Facultades presidenciales para la paz. Dentro de los 180
días siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facúltase al
Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo
contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo
normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera. Las anteriores facultades no podrán ser utilizadas para
expedir actos legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes códigos, leyes
que necesitan mayorías calificada o absoluta para su aprobación, ni para decretar
impuestos. Los decretos con fuerza de ley que se dicten en desarrollo de este
artículo tendrán control de constitucionalidad automático posterior a su entrada en
vigencia. El procedimiento de revisión de constitucionalidad de estas disposiciones
deberá surtirse por parte de la Corte Constitucional dentro de los dos meses
siguientes a su expedición.»
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Radicado: 25000 23 42 000 2018 00206 01 (0630-2020)
Demandante: Carlos Ricardo Mendieta Pineda
En desarrollo de tal atribución, el presidente de la República expidió el Decreto Ley
898 de 2017,6 por medio de cual, entre otras disposiciones, se creó la Unidad
Especial de Investigación y se modificó la estructura de la Fiscalía General de la
Nación y la planta de cargos.
En el Título IV estableció la Planta de cargos de la Fiscalía General de la Nación y
por medio de su artículo 59 dispuso la supresión de algunos cargos de la siguiente
manera:
NÚMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO
PLANTA GLOBAL ÁREA FISCALÍAS
4 CONSEJERO JUDICIAL
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DE CIRCUITO
291 ESPECIALIZADOS
322 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DE CIRCUITO
73 FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL DISTRITO
1101 ASISTENTE DE FISCAL I
931 ASISTENTE DE FISCAL II
244 ASISTENTE DE FISCAL III
210 ASISTENTE DE FISCAL IV
PLANTA GLOBAL ÁREA ADMINISTRATIVA
6 DIRECTOR NACIONAL II
1 DIRECTOR ESTRATÉGICO II
3 DIRECTOR ESTRATÉGICO I
5 DIRECTOR ESPECIALIZADO
3 SUBDIRECTOR NACIONAL
128 SUBDIRECTOR SECCIONAL
8 JEFE DE DEPARTAMENTO
23 ASESOR I
27 ASESOR II
91 PROFESIONAL EXPERTO
94 PROFESIONAL ESPECIALIZADO I
151 PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
6 Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el
desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que
atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que
amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción
de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del
paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos
para su conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la
Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones.
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Radicado: 25000 23 42 000 2018 00206 01 (0630-2020)
Demandante: Carlos Ricardo Mendieta Pineda
27 PROFESIONAL DE GESTIÓN I
95 PROFESIONAL DE GESTIÓN II
221 PROFESIONAL DE GESTIÓN III
11 TÉCNICO I
2 TÉCNICO III
11 AUXILIAR I
7 AUXILIAR II
130 CONDUCTOR I
140 CONDUCTOR II
1 CONDUCTOR III
2 ASISTENTE I
9 SECRETARIO ADMINISTRATIVO I
7 SECRETARIO ADMINISTRATIVO II
PLANTA GLOBAL ÁREA POLICÍA JUDICIAL
205 PROFESIONAL INVESTIGADOR I
62 PROFESIONAL INVESTIGADOR II
143 PROFESIONAL INVESTIGADOR III
56 TÉCNICO INVESTIGADOR I
414 TÉCNICO INVESTIGADOR II
9 TÉCNICO INVESTIGADOR III
321 TÉCNICO INVESTIGADOR IV
15 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD I
107 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD II
10 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD III
16 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD IV
Por su parte, el artículo 60 dispuso la creación de los siguientes cargos en la planta
de personal:
NUMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO
PLANTA GLOBAL ÁREA ADMINISTRATIVA
1 DIRECTOR EJECUTIVO
3 DELEGADO
9 DIRECTOR NACIONAL I
6 DIRECTOR ESTRATÉGICO II
8 SUBDIRECTOR REGIONAL
85 ASESOR III
2 ASESOR DE DESPACHO
1 ASESOR EXPERTO
706 TÉCNICO II
PLANTA GLOBAL ÁREA FISCALÍAS
190 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS
14
Radicado: 25000 23 42 000 2018 00206 01 (0630-2020)
Demandante: Carlos Ricardo Mendieta Pineda
PLANTA GLOBAL ÁREA POLICÍA JUDICIAL
20 INVESTIGADOR EXPERTO
A su turno, en el artículo 61 se crearon los siguientes cargos para la Unidad Especial
de Investigación:
NÚMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO
1 DIRECTOR NACIONAL II
5 PROFESIONAL EXPERTO
5 PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
5 PROFESIONAL DE GESTIÓN III
2 PROFESIONAL DE GESTIÓN I
3 FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL DISTRITO
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DE CIRCUITO
4 ESPECIALIZADO
4 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DEL CIRCUITO
5 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS
5 ASISTENTE DE FISCAL I
4 ASISTENTE DE FISCAL II
4 ASISTENTE DE FISCAL III
3 ASISTENTE DE FISCAL IV
5 SECRETARIO EJECUTIVO
2 ASISTENTES I
1 PROFESIONAL INVESTIGADOR II
12 TÉCNICO INVESTIGADOR I
13 TÉCNICO INVESTIGADOR II
3 CONDUCTOR II
Los artículos 62 al 67 previeron que i) los servidores continuarían desempeñando
las funciones del empleo en el cual se encontraran nombrados y devengando su
respectiva remuneración, hasta tanto se produjera su incorporación, un nuevo
nombramiento o se les comunicara la supresión de sus cargos; ii) la planta de
cargos adoptada para cada área de la entidad es global y flexible y, por lo tanto, el
fiscal general de la Nación se encontraba facultado para distribuir, trasladar y
reubicar los empleos dentro de éstas, de conformidad con las necesidades del
servicio, los planes, estrategias y los programas de la entidad; iii) las
incorporaciones y movimientos de personal realizadas como resultado de la
modificación de la planta de personal no generarían para los servidores que
ostenten derechos de carrera su pérdida o desmejora; las funciones asignadas a
las dependencias establecidas en los citados artículos continuarían vigentes hasta
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tanto se distribuyera la nueva planta de personal y el fiscal general expidiera los
actos administrativos necesarios para la entrada en funcionamiento de la nueva
estructura.
De acuerdo con lo anterior, se advierte que en el citado Decreto ley no se
identificaron los servidores cuyos cargos fueron suprimidos, ni quienes fueron
incorporados a los cargos que fueron creados.
Sin embargo, posteriormente se expidió la Resolución 2358 de 29 de junio de 2017,
mediante la cual la fiscal general de la Nación (E) dispuso la distribución de los
cargos de la planta de la Fiscalía General, individualizando, debidamente
identificados, a los servidores de la entidad con el empleo y el área en el que
quedaban vinculados, 74 de ellos correspondientes al empleo de profesional
experto.
En estas condiciones, dicha resolución puede considerarse como de naturaleza
bifronte,7 en la medida en que si bien no menciona el nombre del empleado saliente
sino solo el del entrante, produce plenos efectos sobre aquel, por cuanto al designar
de manera expresa los servidores que permanecerán en la nueva planta genera el
efecto colateral de retirar implícitamente a otros, en cuanto no los selecciona para
ocupar el cargo que habían ejercido en la planta anterior.
Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 2 del Acto Legislativo
01 de 2016, el Decreto ley 898 de 2017 fue objeto de análisis de constitucionalidad
automático posterior por parte de la Corte Constitucional, que mediante sentencia
C-013 de 2018 lo declaro exequible. Así discurrió:
La Corte encuentra que las modificaciones realizadas en la planta de personal de la
Fiscalía General de la Nación apuntan a reforzar el área misional de la Entidad, en
la medida en que se suprimen cargos directivos; que se reduce el número de
dependencias de la Dirección de Apoyo a la Gestión, pasando de 24 Subdirecciones
7 Denominación del tratadista García- Trevijano Fos, referida al acto «que tiene un doble efecto para varias
personas, favorable para una y de gravamen para otra». Texto: Los actos administrativos, José Antonio García-
Trevijano Fos, segunda edición, editorial Civitas, 1991. También, puede consultarse la Sentencia SU-055 de
2018, proferida por la Corte Constitucional, respecto de los actos a demandar en los casos de desvinculación
por supresión del cargo.
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Seccionales a 8 Subdirecciones Regionales; que como consecuencia de lo anterior,
se presenta una reducción en los gastos de personal, y que las modificaciones a la
planta de personal de la Fiscalía General de la Nación persiguen unos fines
constitucionalmente válidos, lo que conduce a declarar la exequibilidad de los
artículos 59, 60 y 61 del Decreto Ley 898 de 2017, así como la de los artículos 62,
63, 64, 65, 66 y 67 del Decreto Ley 898 de 2017, que no ofrecen reparo alguno de
constitucionalidad.
Y, en relación a la desvinculación de servidores, como consecuencia de la
restructuración, advirtió:
[…] es necesario preservar los derechos de los trabajadores y la vigencia y
contenido del retén social, inicialmente previsto en la Ley 790 de 2002,
institucionalizado por medio de la Ley 812 de 2003 y la Sentencia C-991 de 2004 y
posteriormente aplicado a la Fiscalía General de la Nación, entre otras, por la
Sentencia SU-446 de 2011. En este sentido declara la exequibilidad del artículo 62
entendiendo que los funcionarios hombres y mujeres cabeza de familia en los
términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional; las personas que a 29 de
mayo de 2017, fecha de expedición del Decreto Ley 898 de 2017, les faltaren tres
años o menos para cumplir los requisitos para obtener la respetiva pensión; y las
personas en condición de discapacidad, respecto de quienes se suprimen los cargos
que venían ocupando con ocasión del proceso de ajuste institucional, deberán ser
reubicados o nombrados y posesionados en otro cargo igual o del mismo nivel de
los que se crean o de los que se mantienen en la Fiscalía General de la Nación,
excluyendo de dicha protección a los funcionarios del nivel directivo, por tratarse de
una medida de acción afirmativa.
En los anteriores términos, la Corte encontró ajustado al ordenamiento
constitucional el Decreto Ley 898 de 2017, al concluir que sus preceptos satisfacen
el requisito de conexidad suficiente y superan el juicio de estricta necesidad, por
cuanto se demostró la existencia de una proximidad estrecha entre el objeto
regulado en el texto del Acuerdo Final y las disposiciones sometidas al control de
constitucionalidad.
Y, puntualmente, en cuanto a las modificaciones realizadas en la planta de personal
de la Fiscalía General de la Nación, encontró que «apuntan a reforzar el área
misional de la Entidad, en la medida en que se suprimen cargos directivos; que se
reduce el número de dependencias de la Dirección de Apoyo a la Gestión, pasando
de 24 Subdirecciones Seccionales a 8 Subdirecciones Regionales; que como
consecuencia de lo anterior, se presenta una reducción en los gastos de personal,
y que las modificaciones a la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación
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persiguen unos fines constitucionalmente válidos, lo que conduce a declarar la
exequibilidad de los artículos 59, 60 y 61 del Decreto Ley 898 de 2017, así como la
de los artículos 62, 63. 64, 65, 66 y 67 del Decreto Ley 898 de 2017, que no ofrecen
reparo alguno de constitucionalidad».
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, la sala
encuentra acreditado lo siguiente:
i) El 4 de diciembre de 2014, por medio de la Resolución 2091, el fiscal general de
la Nación designó al señor Mendieta Pineda en el cargo de Asesor I, en la
Subdirección de Gestión Contractual.8 En dicho acto se encuentra consignado que
se trata de un empleo de libre nombramiento y remoción.
ii) El 27 de abril de 2016, por medio de la Resolución 1288, la fiscal general de la
Nación (e) nombró en provisionalidad al señor Carlos Ricardo Mendieta Pineda en
el cargo de Profesional Experto en la Subdirección de Gestión Contractual. 9
iii) El 4 de julio de 2017, mediante Oficio STH-377 del 30 de junio del mismo año, el
subdirector de talento humano de la Fiscalía General de la Nación le informó al
señor Mendieta Pineda que el empleo de profesional experto que desempeñaba en
la entidad fue suprimido en virtud del Decreto 898 de 2017, motivo por el cual su
vinculación laboral finalizaba el día 30 de junio de 2017.10
iv) El 31 de julio de 2017, se evaluó el desempeño del demandante, por el período
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017, el cual fue calificado con
una nota de 89.34.11
8 Folios 4 y 5
9 Folios 2 y 3
10 Folio 1
11 Folios 6 al 8
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v) El 20 de septiembre de 2017, por medio de la Resolución 0428, la Dirección
Ejecutiva de la entidad le reconoció el auxilio definitivo de cesantías. 12
vi) Finalmente, al proceso se aportó, en medio magnético,13 copia del documento
«Organización de la Fiscalía de la gente, para la gente y por la gente» del año 2017,
elaborado por la Fiscalía General de la Nación, en el cual se analiza el proyecto de
organización institucional, se indica la naturaleza jurídica de la Fiscalía General, las
normas que la regulan, los factores que inciden en el funcionamiento de la entidad,
los resultados de la evaluación, la estructura propuesta y el análisis de las cargas
de trabajo, perfiles de cargo y planta de personal.
Respecto de estos últimos aspectos, se hicieron las siguientes consideraciones:
CAPITULO 7. CARGAS DE TRABAJO
En un escenario de postconflicto, resulta esencial asegurar la efectividad de la lucha
contra las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo las que
hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo, las cuales representan una
de las mayores amenazas para la implementación del Acuerdo Final.
Para el cumplimiento de los deberes de la Fiscalía General de la Nación derivados
del Acuerdo Final, se requiere la reorganización del área misional de la entidad, lo
que conlleva el cambio de la estructura en los niveles estratégicos, de apoyo y de
seguimiento, control y mejora, así como el ajuste de la planta de personal de la
Entidad, a fin de dar respuesta a las necesidades del postconflicto, a la
implementación de los Acuerdos y a la construcción de una paz sostenible y
duradera.
Con el propósito de establecer el número de servidores que requiere la Entidad para
cumplir con las nuevas responsabilidades otorgadas en el Acuerdo Final, se realizó
la medición de la carga laboral, que es la aplicación de técnicas para determinar el
tiempo que invierte un trabajador cualificado en llevar a cabo una tarea definida
efectuándola según una norma (método) de ejecución preestablecida.
[…]
7.7 Área Administrativa
La modificación estructural de la Fiscalía necesaria para cumplir con los
compromisos establecidos en el Acuerdo Final, requiere un manejo gerencial del
área administrativa que incluya la tendencia actual de la austeridad inteligente en el
sector público. En este sentido, se propone una reducción en el número de
dependencias de la Dirección de Apoyo a la Gestión, como se mencionó
anteriormente, que pasa de 24 Subdirecciones Seccionales a 8 Subdirecciones
12 Folios 9 al 11
13 Cd. obrante a folio 82
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Regionales. Como consecuencia, hay una reducción importante en los cargos del
Nivel Directivo, Profesional y Asistencial (cargos de Auxiliar, Asistente, Secretario y
Conductor). Esto incide en la disminución en los gastos de personal (Tabla 34).
[…]
Esta reorganización estructural y el análisis de las cargas laborales, mostraron una
reducción significativa de cargos en todos los niveles, excepto en el Nivel Asesor,
toda vez que los cargos de este nivel serán los encargados de liderar las Secciones
de Fiscalía, Policía Judicial y Atención al Usuario en las 35 Direcciones Seccionales
del territorio Nacional.
La reducción del nivel Directivo, permitirá financiar la ampliación de cargos
misionales activos (Fiscales e Investigadores) que serán distribuidos a nivel
nacional, para aumentar la efectividad de las investigaciones a cargo.
En la Tabla 34, se evidencia la reducción de cargos en 4.706 y la disminución de
gastos de personal total en $495.659.163.645.
[…]
CAPITULO 8. PLANTA DE PERSONAL
Una vez consolidadas las cargas de trabajo acorde a la estructura determinada, se
presenta a continuación la planta de la Fiscalía General de la Nación (Tabla 36).
Dicha planta permitirá el cumplimiento de la misión de la entidad, conservando la
denominación actual de los empleos y su clasificación, aunado a lo anterior se
incluye el personal que integrará la Unidad Especial de Investigación (tabla 37) y
serán de dedicación exclusiva para cumplir las funciones de la misma.
[…]
Número DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
DIRECTIVO
1 FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN
1 VICEFISCAL GENERAL
1 DIRECTOR EJECUTIVO
3 DELEGADO
11 DIRECTOR NACIONAL I
2 DIRECTOR ESTRATÉGICO I
8 DIRECTOR ESTRATÉGICO II
35 DIRECTOR SECCIONAL DE LA FGN
16 JEFE DE DEPARTAMENTO
9 SUBDIRECTOR NACIONAL
8 SUBDIRECTOR REGIONAL
ASESOR
12 ASESOR I
11 ASESOR II
85 ASESOR III
10 ASESOR DE DESPACHO
1 ASESOR EXPERTO
PROFESIONAL
12 FISCAL DELEGADO ANTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
20
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12 FISCAL AUX. ANTE C. S. J.
798 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES ESPECIALIZADOS
1.953 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DE CIRCUITO
120 FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL DISTRITO
2.105 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS
74 PROFESIONAL EXPERTO
80 PROFESIONAL ESPECIALIZADO I
249 PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
132 PROFESIONAL DE GESTIÓN I
861 PROFESIONAL DE GESTIÓN II
440 PROFESIONAL DE GESTIÓN III
248 PROFESIONAL INVESTIGADOR I
121 PROFESIONAL INVESTIGADOR II
119 PROFESIONAL INVESTIGADOR III
120 INVESTIGADOR EXPERTO
TÉCNICO
1.311 ASISTENTE DE FISCAL I
2.630 ASISTENTE DE FISCAL II
622 ASISTENTE DE FISCAL III
437 ASISTENTE DE FISCAL IV
2.375 TÉCNICO INVESTIGADOR I
3.603 TÉCNICO INVESTIGADOR II
151 TÉCNICO INVESTIGADOR III
1.381 TÉCNICO INVESTIGADOR IV
297 TÉCNICO I
801 TÉCNICO II
31 TÉCNICO III
150 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD I
328 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD II
71 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD III
217 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD IV
17 SECRETARIO EJECUTIVO
ASISTENCIAL
530 AUXILIAR I
211 AUXILIAR II
88 CONDUCTOR I
294 CONDUCTOR II
7 CONDUCTOR III
87 ASISTENTE I
117 ASISTENTE II
544 SECRETARIO ADMINISTRATIVO I
157 SECRETARIO ADMINISTRATIVO II
15 SECRETARIO ADMINISTRATIVO III
24.130 TOTAL
En consecuencia, de las incorporaciones y movimientos de personal que se realicen
como resultado de la modificación de la planta de personal de la Fiscalía General
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de la Nación, no generarán para los servidores que ostenten derechos de carrera o
estén en retén social, pérdida o desmejora.
2.4. Análisis de la Sala. El caso concreto
2.4.1. De la falsa motivación
Este vicio se genera por afectación del elemento causal del acto administrativo, esto
es, de los antecedentes fácticos y legales que expone la administración al momento
de dictar su decisión en cuanto son contrarios a la realidad. Se configura entonces
«cuando el funcionario ha expedido el acto inspirado en motivos diferentes a los
previstos legalmente».14
La motivación de los actos administrativos no es más que la declaratoria de las
razones de hecho y de derecho que tuvo la administración para emitir determinada
decisión. Su contenido permite conocer las causas que impulsaron la exteriorización
de la voluntad de esta en determinada dirección. 15 Al respecto, Julio A. Prat
expresa:16
El o los motivos son los presupuestos o los antecedentes de hecho o de derecho que
provocan y fundan la decisión unilateral. Es un elemento objeto que precede al acto.
Como son situaciones, fácticas o jurídicas, simplemente existen o no existen. Si no
existen, el acto es nulo porque la administración dictó una decisión sin motivo. Si
apreció mal el motivo existente por aplicar una norma jurídica en forma errónea, la
decisión administrativa también es inválida fruto de una mala apreciación de
antecedentes.
Finalmente, por motivación entendemos la explicitación o la denuncia de los motivos
que provocan y determinan el acto. Generalmente se formulan, si son situaciones de
hecho en los resultandos del acto, y si son consideraciones de derecho, en los
considerandos de la decisión. Algunos autores como Iaccarino distinguen motivación
de justificación del acto. Para nosotros la distinción es innecesaria y artificial porque
en la motivación se encontrará o no la justificación del acto unilateral dictado.
El profesor Diego Younes expone la causal en los siguientes términos:17
14 Sánchez, Carlos Ariel. Acto administrativo teoría general, Bogotá, Legis, tercera edición, 2004 P. 13
15 Auto del 12 de abril de 2018, expediente 03726-16, consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
16 Prat, Julio, La motivación del acto administrativo, en El derecho administrativo en Latinoamérica, Instituto
Internacional de derecho Administrativo Latinoamericano (IIDAL), Rosaristas, 1978, Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario, Bogotá, Tomo II, 1986
17 Younes Moreno, Diego, Curso de derecho administrativo, décima edición actualizada, Editorial Temis, Bogotá,
2016, P. 233
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La motivación tiene por objeto mostrar el proceso lógico y jurídico que ha determinado
la decisión. Son motivos las circunstancias o los hechos que preceden o provocan las
decisiones. Tales motivos, cuando son invocados, deben ser desde luego ciertos, han
de haber sucedido realmente.
No siempre la administración está obligada a exponer sus motivos; generalmente lo
está en actos reglados, como en el acto de destitución de funcionarios, o en el de
declaratoria de caducidad de un contrato administrativo. Por el contrario, no está
obligada la administración a motivar los actos discrecionales, v. gr., la insubsistencia
de los empleados de libre nombramiento y remoción.
La falsa motivación puede residir en la ausencia de los motivos que la ley ha previsto
para que el acto se pueda expedir, o en que los invocados no han tenido existencia o
no tienen la suficiente trascendencia como para que se produzca el acto.
Es conocida la estructura de odas proposición normativa: supuestos de hecho y
consecuencia jurídica. Por lo tanto, cada vez que la administración motiva un acto
administrativo, está obligada a fijar, en primer término, los hechos en el supuesto de
una norma jurídica; y en segundo lugar, a razonar cómo tal norma jurídica impone la
resolución que se adopta en la parte dispositiva del acto.
A su turno, Luis Enrique Berrocal señala que: 18
Este vicio se presenta cuando la sustentación fáctica del acto carece de veracidad,
es decir, no hay correspondencia entre lo que se afirma en las razones de hecho o de
derecho que se aducen para proferir el acto y la realidad fáctico y/o jurídica, de allí
que se dé en las siguientes situaciones:
● Por falsedad en los hechos, esto es, cuando se invocan hechos que nunca
ocurrieron, o se describen de forma distinta a como ocurrieron
● Por apreciación errónea de los hechos, de suerte que los hechos aducidos
efectivamente ocurrieron, pero no tienen los efectos o el alcance que les da el acto
administrativo o no corresponden a los supuestos descritos en las normas que se
invocan.
Por su parte, la Corte Constitucional la ha definido como «la fundamentación fáctica
y jurídica con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad
de la decisión tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa
legitimidad».19 En ese orden, lo actos administrativos deben: i) tener su origen en
hechos veraces que los soporten y, ii) estar sustentados en normas
constitucionales, legales o reglamentarias, según sea el caso.
Ahora bien, el artículo 137 del CPACA establece como una de las causales de nulidad
18 . Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del acto administrativo. 5ª. edición, Bogotá, Librería ediciones el
profesional Ltda., 2009. P. 500
19 Corte Constitucional, sentencia SU-250 de 1998, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero.
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de los actos administrativos que se hayan expedido con falsa motivación. Esta
ocurre cuando no existe concordancia entre la realidad fáctica y jurídica en la que
debió fundamentarse el acto administrativo y las razones de esta índole que
finalmente quedaron consignadas en la decisión.20 En otros términos, esta causal
de nulidad tiene su origen en la falta de veracidad de las razones de hecho y de
derecho que sustentaron el acto y que contradicen las que sí corresponden con la
realidad.21 Jurisprudencialmente se ha afirmado que la falsa motivación se
estructura en los siguientes eventos: 22
2.4. De la falsa motivación
De conformidad con el artículo 84 del CCA23 la falsa motivación es una causal de
nulidad de los actos administrativos que ha sido entendida como aquella razón que
da la administración de manera engañosa, fingida, simulada, falta de ley, de realidad
o veracidad. De igual forma la falsa motivación se configura cuando las circunstancias
de hecho y de derecho que se aducen para la emisión del acto administrativo
respectivo, traducidas en la parte motiva del mismo, no tienen correspondencia con
la decisión que se adopta o disfrazan los motivos reales para su expedición.
En punto de la definición de esta causal, resulta pertinente acudir al análisis que ha
realizado la doctrina sobre la figura en los siguientes términos24:
Según un concepto amplio de la falsa motivación, ésta es la causal de nulidad de los
actos administrativos que agrupa los vicios de éstos consistentes en irregularidades
que se refieren al elemento causal y a su expresión en el acto que implican un
desconocimiento de principios esenciales del derecho Administrativo como lo son el
de organización del Estado Democrático de Derecho, el principio de legalidad de la
actividad administrativa, los principios derivados de los derechos y garantías sociales,
y el de responsabilidad personal del funcionario.
Concretado lo anterior, toda función administrativa tiene origen en una norma
superior, la cual prevé de manera general los motivos o antecedentes por los que
puede aplicarse la consecuencia; los motivos en cada caso deben coincidir con esos
previstos por la norma, respetando además otros principios generales del derecho
Administrativo, y el funcionario los expresará en la declaración cuando la motivación
sea necesaria. Cualquier irregularidad en los anteriores requisitos constituye un vicio
20 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Procesos acumulados con los
siguientes Radicados: 11001-03-25-000-2016-00019-00 (0034- 2016) Acumulados: 11001-03-25-000-2016-
00025-00 (0052-2016) 11001-03-25-000-2016-00048-00 (0156-2016) 11001-03-25-000-2016-00064-00 (0271-
2016) 11001-03-25-000-2016-00052-00 (0184-2016) 11001-03-25-000-2016-00047-00 (0155-2016) 11001-03-
25-000-2016-00026-00 (0053-2016) 11001-03-24-000-2016-00002-01 (0310-2016). Consejero ponente:
Gabriel Valbuena Hernández. Bogotá, D.C. 23 de marzo de 2017.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 7 de junio de
2012. Expediente: 2006-00348.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 3 de agosto de 2017. Expediente número: 05001-23-
31-000-2003-02933-01(2199-14) Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
23 Hoy en día medio de control de nulidad, artículo 137 del CPACA
24 Largacha Martínez, Miguel y Posse Velásquez Daniel, Causales de anulación de los actos administrativos,
Editorial «Doctrina y Ley», Bogotá, 1988, páginas 165 y 166
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de falsa motivación.
… el nombre falsa motivación no implica que para la ocurrencia de la causal se
necesite la intención dolosa de falsear los motivos, pues basta la errónea motivación,
la equivocación involuntaria, sin intención de encubrir o aparentar nada, para que de
todas maneras haya una irregularidad que perjudica al Estado, a la Administración o
a los particulares, y que por lo tanto justifica la declaración de nulidad del acto.
Así mismo en este texto se precisó que las siguientes son las irregularidades en que
más frecuentemente incurren las autoridades administrativas al momento de motivar
sus decisiones, configurativas de esta causal de anulación 25:
i) Cuando la decisión prescinde de los hechos. Ya sea porque el funcionario los
desconoce, o porque se funda en unos inexistentes o dando por inexistentes hechos
que realmente sí existen.
ii) Cuando la decisión realiza una apreciación inexacta de los hechos. Porque
los hechos existen en la realidad pero han sido apreciados equivocadamente por el
funcionario.
Puede operar de hecho, caso en el cual se parte de la existencia de los hechos pero
no exactamente como los aprecia el funcionario; o de derecho, porque efectúa una
mala calificación jurídica de los hechos o del acto, atribuyéndole características o
consecuencias jurídicas erradas.
iii) Motivos insuficientes. Ocurre porque si bien los hechos contenidos en la
motivación del acto son ciertos y fueron correctamente apreciados, no constituyen
suficiente causa para justificar la consecuencia aplicada.
iv) Por incongruencia de los motivos. Esto es porque aun cuando los motivos son
ciertos, correctamente apreciados e intrínsecamente suficientes, no corresponden a
los que la norma ha previsto para la sanción o consecuencia aplicada.
Así pues, se trata de un vicio que afecta el elemento causal del acto administrativo,
es decir, a los antecedentes fácticos y legales que expone la administración al
momento de adoptar su decisión en cuanto son contrarios a la realidad. […].
Es claro entonces que para la configuración de la falsa motivación es preciso que
se cumplan los presupuestos enunciados y además a quien alega la existencia de
esta causal de nulidad le corresponde demostrarla, en tanto que los actos
administrativos gozan de presunción de legalidad.26
25 Largacha Martínez, Miguel y Posse Velásquez Daniel, Op cit., páginas 165 y 166
26 Ver la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia del 28 de octubre de 1999, Expediente: 3.443, consejero ponente Juan Alberto Polo Figueroa. En la
providencia se indicó «tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos
que explícita o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de
legalidad de que se hallan revestidos los actos administrativos».
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Frente a este cargo, el demandante sostiene que las atribuciones conferidas al fiscal
general de la Nación por disposición del Decreto 898 de 2017, para la incorporación
de los servidores, la realización de los nombramientos, la distribución, traslado y
reubicación de los empleos en la planta global de la entidad, no corresponde a una
facultad absoluta, sino que esta debe ejercerse dentro de determinados límites, para
garantía de los derechos y libertades de los administrados, lo cual impone la
motivación del acto, como medio para asegurar la racionalidad, razonabilidad,
proporcionalidad, objetividad e imparcialidad de la decisión.
En el presente caso, agrega, esta motivación no solo estaría dada por la necesidad
de realizar modificaciones en la estructura y la planta de personal de la entidad, o en
el deber de garantizar los derechos de los empleados de carrera o en condición de
retén social, sino que, además, requería una motivación para el cambio de servidores
en provisionalidad.
Al respecto, se advierte que en la Resolución 02358 del 29 de junio de 2017 la fiscal
general de la Nación (E) distribuyó los cargos de la planta de personal de la entidad,
con fundamento en las siguientes consideraciones: 27
[…]
Que mediante el Decreto Ley 898 de 2017, se creó la Unidad Especial de
Investigación para el Desmantelamiento de las organizaciones y conductas
criminales responsables de Homicidio y masacres que atentan contra defensores/as
de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que
amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los
acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que
hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo,
en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se
determinan lineamientos básicos para su conformación y, en consecuencia, se
modifica parcialmente la estructura de la FGN, la planta de cargos de la entidad y se
dictan otras disposiciones.
Que como consecuencia de esta modificación de hace necesario distribuir los cargos
de la Planta adoptada para cada área de la FGN.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 26 del artículo 4° del Decreto ley
016 de 2014 y el Decreto 63 del Decreto Ley 898 de 2017, el Fiscal General de la
Nación, tiene la facultad de distribuir, trasladar y reubicar los empleos dentro de las
27 Folios 57 a 78.
26
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Demandante: Carlos Ricardo Mendieta Pineda
Plantas Globales y flexibles de la entidad y determinar sus funciones, de acuerdo con
las necesidades del servicio, los planes, estrategias y los programas de la entidad.
[…].
A partir de los anteriores razonamientos, esta corporación en casos análogos al
presente ha sostenido que los motivos de la mencionada resolución fueron
concordantes con la finalidad que se propuso el gobierno nacional al expedir el
Decreto Ley 898 de 2017 y con el estudio técnico que le precedió. En tal sentido, se
expresó lo siguiente: 28
89. Como se vio, en el estudio técnico se efectuó un amplio y minucioso análisis
comparativo de las dependencias nuevas y actuales, las razones que motivaron su
modificación, la consolidación y diseño de la estructura organizacional, el análisis de
cargas de trabajo, los perfiles de los cargos y planta de personal, incluido su impacto
presupuestal. Todo ello bajo «los parámetros metodológicos y técnicos exigidos en
la Guía de Rediseño Institucional de Entidades Públicas de julio de 2014, emitida por
el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP»29.
90. Además, tal como lo señaló la entidad, «las incorporaciones y movimientos de
personal que se realicen como resultado de la modificación de la planta de personal
de la FGN, no generarán para los servidores que ostenten derechos de carrera o
estén en retén social, pérdida o desmejora».
91. De acuerdo con ello, sólo los funcionarios que se encontraran nombrados en
provisionalidad, libre nombramiento y remoción fueron objeto de la medida […].
De esta manera, esta corporación ha sostenido que la Resolución 02358 del 29 de
junio de 2017 es consecuente con el Decreto Ley 898 de 2017 y las justificaciones
que dieron lugar a la reestructuración de la planta de personal y la supresión y
creación de algunos cargos en la FGN. Igualmente, se explicó que en ese escenario
no podía exigirse la realización de un estudio técnico para cada uno de los servidores
que serían retirados o incorporados, por cuanto el referido decreto y la resolución
que lo materializó reconducían a una única actuación tendiente a efectuar las
modificaciones necesarias a la planta de personal de dicha entidad con el fin de
garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el «Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera».
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de septiembre de 2021, radicado
25000-23-42-000-2017-05847-01(4801-19).
29 Tal como se indicó a folio 7 del citado estudio.
27
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Demandante: Carlos Ricardo Mendieta Pineda
En efecto, la sentencia C-013 de 2018 indicó que la reestructuración dispuesta en el
referido decreto atendió a la finalidad de reforzar la respuesta institucional ante los
retos del proceso de paz que transitaba el país. De esta manera se explicó lo
siguiente:
11.9. Propósitos y características principales del proceso de reajuste
institucional de la FGN. […]
En cuanto a las finalidades se tiene:
[…]
• Llegar a un total de ciento noventa municipios (190) donde actualmente no hay
presencia de la FGN, en tres fases:
[…]
• Al mismo tiempo, se busca fortalecer la presencia de la Entidad en 311 municipios:
[…]
Para la consecución de los referidos propósitos, se adoptan las siguientes medidas:
• Reducir la nómina en lo administrativo y fortalecerla en lo misional, en especial, en
las regiones más apartadas del país;
• Supresión de algunos cargos directivos con elevados salarios y de Fiscales
Delegados ante el Tribunal, lo cual permitió la creación de nuevos cargos de fiscal
local a costo cero (o);
• Crear una Unidad de Investigación Especial para luchar contra fenómenos
criminales que afecten el posconflicto, en especial, organizaciones paramilitares; y
[…]
En relación con los cargos suprimidos y creados se tiene:
[…]
• Al final, sólo 254 funcionarios fueron desvinculados de la Entidad. Se trataba,
principalmente, de cargos directivos y de Fiscales Delegados ante Tribunal. La
supresión de estos 65 Fiscales permitió la creación de 182 cargos de fiscal local. De
igual manera, los servidores desvinculados no se encontraban cobijados por el retén
social. [Resaltado dentro del texto].
En este orden de ideas, se concluye que la Resolución 02358 del 29 de junio de
2017 no contiene una motivación insuficiente ni una finalidad ajena al interés
general o a la correcta prestación del servicio; por el contrario, estos presupuestos
fueron respetados y orientaron la actuación de la administración.
Así las cosas, el fiscal general contaba con las facultades conferidas legalmente
para realizar los procedimientos correspondientes, previo el estudio técnico
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Demandante: Carlos Ricardo Mendieta Pineda
adelantado para la reestructuración, cumpliendo las previsiones legales a las cuales
estaba sometido, esto es, el cumplimiento de la evaluación de las funciones
asignadas, perfiles y las cargas de trabajo de los empleados, entre otros.
Bajo este hilo argumentativo, se observa que el actor fue retirado como consecuencia
de la supresión de su empleo, que el legislador determinó como una causal válida
de retiro. Igualmente, se surtió un proceso respetuoso de los parámetros fijados para
las reestructuraciones de las entidades públicas, es decir, que su desvinculación se
ajustó al ordenamiento legal.
2.4.2. De la vulneración de los derechos fundamentales del empleado
Frente a este cargo, el demandante alega que la entidad desconoció sus derechos
fundamentales al trabajo y a la igualdad de oportunidades, por cuanto no le brindó
la oportunidad de permanecer en el servicio o de aspirar a ocupar alguno de los
cargos que fueron creados.
Al respecto, debe reiterar la Sala que la supresión del cargo del demandante
obedeció a la modificación de la planta de personal de la entidad, en virtud de lo
dispuesto por el Decreto Ley 898 de 2017. En esta medida, la entidad gozaba de
libertad para elegir a los funcionarios que serían retirados del servicio, la cual se
encontraba limitada por razones de interés general y necesidades del servicio que
le imponían el deber de estudiar los perfiles profesionales y académicos de todos
los servidores públicos para elegir a los funcionarios que permanecerían en la
planta.
De tal manera, que le correspondía al demandante la carga de demostrar que le
asistía un mejor derecho que a alguno de los funcionarios que fueron elegidos para
continuar en la entidad después de la modificación. Ello, en consideración a que i)
no se encontraba escalafonado en carrera administrativa, debido a que ostentaba
un nombramiento en provisionalidad y, ii) no gozaba de fuero alguno de estabilidad
que lo hiciera sujeto de especial protección.
29
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Demandante: Carlos Ricardo Mendieta Pineda
Respecto del empleado provisional, la Corte Constitucional ha dicho:30
La Corte ha sostenido que los cargos en provisionalidad no pueden equipararse a
los de carrera administrativa en cuanto a su vinculación y retiro.31 Esto, en tanto
existen marcadas diferencias entre los funcionarios inscritos en carrera
administrativa y los funcionarios públicos provisionales.
En relación con los primeros, se trata de funcionarios que acceden a estos cargos
mediante el concurso de méritos, por lo que su permanencia en el cargo implica
mayor estabilidad al haber superado las etapas propias del concurso, lo que impide
el retiro del cargo a partir de criterios meramente discrecionales. De ahí, que el acto
administrativo por medio del cual se desvincula a un funcionario de carrera
administrativa deba además de otros requisitos que debe cumplir, ser motivado para
que la decisión sea ajustada a la Constitución.32
Por su parte, los funcionarios públicos que desempeñan en provisionalidad cargos
de carrera gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, que implica que el
acto administrativo por medio del cual se efectúe su desvinculación debe estar
motivado, es decir, debe contener las razones de la decisión, lo cual constituye una
garantía mínima derivada, entre otros, del derecho fundamental al debido proceso y
del principio de publicidad.33
30 Sentencia T-156- 2014.
31 Desde la sentencia T-800 de 1998 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa) se estableció que “la estabilidad laboral de
un funcionario que ocupa un cargo de carrera administrativa no se reduce por el hecho de que lo haga en
provisionalidad; en otros términos, el nombramiento en provisionalidad de servidores públicos para cargos de
carrera administrativa, como es el caso, no convierte el cargo en uno de libre nombramiento y remoción. Por
ello, el nominador no puede desvincular al empleado con la misma discrecionalidad con que puede hacerlo
sobre uno de libre nombramiento y remoción, a menos que exista justa causa para ello”. En el mismo sentido,
la Corte Constitucional en la sentencia T-660 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño) señaló que “la jurisprudencia
constitucional ha sido consistente en estimar que las garantías de estabilidad laboral propias de los empleos de
carrera administrativa también resultan aplicables a quienes ejercen dichos cargos en condición de
provisionalidad, puesto que este mecanismo de designación no tiene el efecto de transformar la naturaleza del
cargo de carrera a de libre nombramiento y remoción. Por ende, el acto administrativo que retira del servicio a
funcionarios de esta categoría no puede fundarse solamente en el ejercicio de la facultad discrecional del
nominador, como sucede para el caso de los empleos de libre nombramiento y remoción, sino que tiene que
motivarse. Esta misma doctrina también ha señalado que la falta de motivación del acto administrativo que
desvincula a un servidor en provisionalidad constituye una vulneración del derecho al debido proceso. Ello
debido a que la reserva de las razones que fundaron la separación del empleo pone en situación de indefensión
al afectado, en la medida en que no podría controvertirlas ante la jurisdicción del contencioso administrativo.”
32 En la sentencia SU-917 de 2010 (MP. Jorge Iván palacio, SPV. Nilson pinilla Pinilla) la Corte concluyó que
“respecto del acto de retiro de un servidor público que ejerce un cargo en provisionalidad no puede predicarse
estabilidad laboral propia de los derechos de carrera, pero en todo caso el nominador continúa con la obligación
de motivarlo, al tiempo que el administrado conserva incólume el derecho a saber de manera puntual cuáles
fueron las razones que motivaron esa decisión”.
33 La Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial consolidada sobre el deber de motivación
de los actos de desvinculación de los funcionarios públicos que ocupan cargos de carrera en provisionalidad, la
cual fue sentada desde la sentencia T-800 de 1998 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa). En esta providencia, la
Corte conoció la acción de tutela interpuesta con ocasión de la desvinculación de una mujer madre cabeza de
familia, que desempeñaba en provisionalidad el cargo de auxiliar de enfermería, el cual era de carrera. Esta
Corporación confirmó las sentencias de instancia, mediante las cuales se ordenaba el reintegro de manera
transitoria, mientras la jurisdicción de lo contencioso decidía sobre la legalidad del acto por medio del cual se
dispuso su desvinculación. Para tal efecto, la Corte explicó que el derecho a permanecer en un cargo
determinado no es fundamental, sin embargo consideró que por las particularidades del caso, procedía la
acción de tutela para proteger otros derechos fundamentales a fin de evitar un perjuicio irremediable, pues con
base en las circunstancias particulares de la peticionaria se vislumbra que “la pérdida del trabajo (…) y su
consiguiente vacancia, la enfrentaría, junto con su hijo, a un perjuicio irremediable que no podría ser corregido
a tiempo, si no es porque la acción de tutela permite evitarlo. Además, la Corte sostuvo por vez primera que “el
30
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Demandante: Carlos Ricardo Mendieta Pineda
3.3. Esta Corporación ha reconocido que cuando un funcionario ocupa en
provisionalidad un cargo de carrera, y es además sujeto de especial protección
constitucional, como por ejemplo, madres o padres cabeza de familia, funcionarios
que están próximos a pensionarse o funcionarios que padecen discapacidad física,
mental, visual o auditiva, “concurre una relación de dependencia intrínseca entre la
permanencia en el empleo público y la garantía de sus derechos fundamentales,
particularmente el mínimo vital y la igualdad de oportunidades. De allí que se
sostenga por la jurisprudencia que la eficacia de esos derechos depende del
reconocimiento de estabilidad laboral en aquellos casos, a través de un ejercicio de
ponderación entre tales derechos y los principios que informan la carrera
administrativa”34.
Si bien estas personas no tienen un derecho a permanecer de manera indefinida en
el cargo, pues este debe proveerse por medio de concurso de méritos, si debe
otorgárseles un trato preferencial como acción afirmativa35, antes de efectuar el
nombramiento de quienes ocuparon los primeros puestos en la lista de elegibles del
respectivo concurso de méritos, con el fin de garantizar el goce efectivo de sus
derechos fundamentales. Ello, en virtud de los mandatos contenidos en los incisos
2º y 3º del artículo 13 Superior, relativos a la adopción de medidas de protección a
favor de grupos vulnerables y personas en condición de debilidad manifiesta, y en
las cláusulas constitucionales que consagran una protección reforzada para ciertos
grupos sociales, tales como las mujeres (art. 43 CP), los niños (art. 44 C.P.), las
nombramiento en provisionalidad de servidores públicos para cargos de carrera administrativa, como es el caso,
no convierte el cargo en uno de libre nombramiento y remoción. Por ello, el nominador no puede desvincular al
empleado con la misma discrecionalidad con que puede hacerlo sobre uno de libre nombramiento y remoción,
a menos que exista justa causa para ello”. Esta postura ha permanecida inalterada como lo detalló la Corte en
la SU-917 de 2010(MP. Jorge Iván palacio, SPV. Nilson Pinilla Pinilla) En esta ocasión, la Corte Constitucional
asumió el conocimiento de 24 expedientes de tutela, los cuales fueron acumulados luego de advertir la
existencia de conexidad temática ya que todos los accionantes desempeñaban cargos de carrera en
provisionalidad en diferentes entidades públicas, siendo desvinculados de sus empleos sin que los actos de
retiro hubieren sido motivados. Este Tribunal (i) reiteró la posición sentada por la Corte desde el año mil
novecientos noventa y ocho (1998) referente a la falta de motivación de los actos administrativos de
desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, y (ii) resaltó la estrecha
relación que guarda la exigencia de motivar los actos administrativo con importantes preceptos de orden
constitucional como lo son el principio democrático, la cláusula del Estado de Derecho, el debido proceso y el
principio de publicidad. La Sala Plena de la Corte Constitucional señaló con relación al contenido de la
motivación lo siguiente: “El acto de retiro no sólo debe ser motivado sino que ha de cumplir ciertas exigencias
mínimas respecto de su contenido material, de modo que el administrado cuente con elementos de juicio
necesarios para decidir si acude o no ante la jurisdicción y demanda la nulidad del acto en los términos del
artículo 84 del CCA. Lo contrario significaría anteponer una exigencia formal de motivación en detrimento del
derecho sustancial al debido proceso, pues si no se sabe con precisión cuáles son las razones de una decisión
administrativa difícilmente podrá controvertirse el acto tanto en sede gubernativa como jurisdiccional. || Es por
lo anterior por lo que la Corte ha hecho referencia al principio de “razón suficiente” en el acto administrativo que
declara la insubsistencia o en general prescinde de los servicios de un empleado vinculado en provisionalidad,
donde “deben constar las circunstancias particulares y concretas, de hecho y de derecho, por las cuáles se
decide remover a un determinado funcionario, de manera que no resultan válidas aquellas justificaciones
indefinidas, generales y abstractas, que no se predican directamente de quien es desvinculado.”
34 Sentencia T-186 de 2013, magistrado ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
35 Este razonamiento se impuso por la Sala Plena de la Corporación en la providencia SU-446 de 2011 en la
cual la Corte no amparó los derechos de las personas que ocupaban cargos en provisionalidad, en situación de
debilidad manifiesta y que habían sido remplazados por empleados de carrera en la Fiscalía de General de la
Nación. Aun así, en dicha ocasión la Corporación planteó que, aunque primaban los derechos de acceder al
cargo de los empleados de carrera, la entidad tenía el deber constitucional de emplear medidas de acción
afirmativa tendientes a proteger efectivamente el especial contexto de las personas vinculadas en
provisionalidad.
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Demandante: Carlos Ricardo Mendieta Pineda
personas de la tercera edad (art. 46 C.P) y las personas con discapacidad (art. 47
C.P.).36
En este orden, la potestad de desvincular a funcionarios nombrados en
provisionalidad es mucho más amplia, cuando estos no son sujetos de especial
protección constitucional y no gozan de un fuero de estabilidad. Por tal razón, la
entidad demandada en uso de su facultad discrecional, tenía libertad para escoger
los funcionarios que considerara más idóneos o cuyo perfil profesional se ajustara
mejor, de acuerdo con la nueva planta.
La selección de los servidores vinculados debía atender, sin duda, las indicaciones
del estudio técnico, en el sentido de que las incorporaciones y movimientos de
personal que se realizaran como resultado de la modificación de la planta de
personal de la entidad no generarían pérdida o desmejora para los servidores con
derechos de carrera o quienes se encontraran en retén social. Tales circunstancias
no se ajustan a la situación del demandante, quien no ostentaba derechos de
carrera administrativa, ni demostró encontrarse en alguna de las condiciones de
estabilidad laboral mencionadas y, en esa medida, la entidad podía retirarlo del
servicio por supresión del empleo, acatando el procedimiento legal establecido,
como en efecto lo hizo.
En suma, se presume que la administración actuó respetando ese margen de
libertad, de manera que si el afectado con tal decisión pretendía demostrar lo
contrario debió aportar las pruebas que sustentaran su afirmación, en aras de
corroborar que la administración mantuvo en el servicio a funcionarios cuya
experiencia y antecedentes profesionales y académicos no representaban el mérito
suficiente, lo cual no ocurrió.
Por consiguiente, se impone confirmar la sentencia del a quo, que denegó las
pretensiones del demandante.
2.5. De la condena en costas
36 Al respecto, ver, entre otras la sentencia T-462 de 2011, magistrado ponente: Juan Carlos Henao Pérez, y la
SU-466 de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
32
Radicado: 25000 23 42 000 2018 00206 01 (0630-2020)
Demandante: Carlos Ricardo Mendieta Pineda
Conforme con la interpretación del artículo 188 del CPACA, que advierte para la
fijación de las costas un criterio objetivo valorativo, sin que sea necesario analizar
la conducta de las partes y, en atención a lo dispuesto en los numerales 1 y 8 del
artículo 365 del Código General del Proceso, 37 la Sala condenará en costas de
segunda instancia a la parte demandante, en cuanto el recurso de apelación no
prosperó y la demandada intervino presentado alegatos de conclusión.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, la Sala considera que las pretensiones de la demanda deben
despacharse desfavorablemente, toda vez que no logró desvirtuarse la presunción
de legalidad del acto por medio del cual se suprimió el cargo del demandante, como
consecuencia del proceso de restructuración de la Fiscalía General de la Nación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 13 de septiembre 2019 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca ―Sección Segunda-Subsección E―, por medio
de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte actora, las cuales
deberán ser liquidadas por el Tribunal.
37 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación».
33
Radicado: 25000 23 42 000 2018 00206 01 (0630-2020)
Demandante: Carlos Ricardo Mendieta Pineda
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor en la plataforma SAMAI.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
34
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