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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00379-01

Fecha
12 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00379-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia del 22 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal de Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2018-00379-01 (2088-2025) Demandante: Colpensiones SEGUNDO. Condenar a la parte demandante en costas en esta instancia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-00379-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

12 de agosto de 2026

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00379-01 (2088-2025)
Demandante: Colpensiones

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00379-01 (2088-2025)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – (Colpensiones)
Demandado: Alberto Cadena Moreno
Temas: Sustitución pensional. Cónyuge supérstite. Carga de la prueba
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 22 de mayo de 2025, proferida por el
Tribunal de Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. La Administradora Colombiana de Pensiones – (Colpensiones) por intermedio
de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho1, solicitó que se declare la nulidad de la Resolución núm. GNR 222481 del 26
de julio de 2015 que reconoció una sustitución pensional en favor del señor Alberto
Cadena Moreno en calidad de cónyuge o compañero de la señora Lucía Jiménez de
Cadena, pese a no contar con 5 años de convivencia anteriores a su fallecimiento.

3. Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, peticionó: i) la
devolución de lo pagado por dicho concepto y ii) la indexación y los intereses a los que
hay lugar.

Hechos.

1 Folios 7 a 22 del expediente físico.

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Demandante: Colpensiones

4. Mediante la Resolución núm. 5840 del 1 de enero de 2001, Colpensiones le
reconoció a la señora Lucía Jiménez de Cadena una pensión de vejez efectiva a partir
del 11 de octubre de 1999, por valor inicial de $3.206.779 COP. La pensionada falleció
el 24 de enero de 2015.

5. El 20 de mayo de 2015 el señor Alberto Cadena Moreno solicitó la sustitución
pensional. En respuesta, la entidad profirió la Resolución núm. GNR 222481 del 26 de
julio de 2015 que le otorgó la prestación en calidad de cónyuge o compañero sobre el
100% de carácter vitalicio, a partir del deceso, con cuantía inicial de $3.206.779 COP
y $20.138.653 COP por concepto de retroactivo pensional.

6. El 29 de julio de 2016 los señores Víctor Julio Delgado Jiménez, Luis Fernando
Delgado Jiménez, Ana Lucía Delgado Jiménez y Martha Lucía Cadena Jiménez, en
calidad de hijos de la causante, peticionaron la revocatoria del acto anterior por cuanto
esta se encontraba divorciada del demandado desde hace 19 años y en los últimos 6
años no convivieron de manera permanente.

7. En investigación administrativa se comprobó que no existió convivencia bajo el
mismo techo, pues tenían domicilio en ciudades diferentes y se «veían 3 o 4 veces al
mes». Por lo que, el 26 de septiembre de 2016 se requirió al señor Cadena autorización
expresa para revocar el acto de reconocimiento.

8. A través de la Resolución núm. GNR 325452 del 31 de octubre de 2016
Colpensiones negó la petición de revocatoria directa realizada por los hijos de la
pensionada.

Fundamentos de derecho y concepto de violación.

9. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: Constitución Política,
artículo 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, las Leyes 797 de 1990 y 1437 de 2011 y el
Decreto 1758 de 1990.

10. Al desarrollar el concepto de la violación, expuso que revisado el expediente
administrativo se evidenció que el accionado y la causante no convivieron como
compañeros permanentes durante los 5 años anteriores a la muerte, por lo que este
no cumple con los requisitos para ser beneficiario de la prestación reconocida en el
acto demandado.

Contestación de la demanda.

11. El señor Alberto Cadena Moreno2 adujo que no es cierto que se encontraba
divorciado de la pensionada, como se constata del registro civil de matrimonio, y es

2 Folios 45 a 51 del expediente físico.

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que, el objeto de la escritura pública núm. 897 del 21 de febrero de 1997 suscrita en la
notaría 19 del Círculo de Bogotá D. C., aportada en el trámite administrativo, fue la
disolución y liquidación de la sociedad conyugal. En suma, aunque para la época del
fallecimiento vivía en Fusagasugá, esto obedeció a problemas de salud, pues al
padecía una enfermedad coronaria debía estar en un sitio de menor altura al de la
ciudad de Bogotá D. C., domicilio de la causante, con quien mantenía contacto y se
veía de 3 o a 4 veces al mes.

12. Afirmó que el requisito de convivencia no puede ser interpretado de manera
rígida, ya que la sola separación de hecho de la pareja no rompe el lazo afectivo ni
implica la intención de terminar la comunidad de vida.

Sentencia de primera instancia.

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 22 de
mayo de 20253 negó las pretensiones de la demanda, para ello consideró que, de
acuerdo con la sentencia del 28 de enero de 2021 del Consejo de Estado4, cuando se
trata de cónyuges, los 5 años de convivencia para efectos del reconocimiento
pensional, pueden ocurrir en cualquier tiempo y habrá derecho a la pensión de
sobrevivientes siempre que mantenga el vínculo conyugal, aunque se encuentren
separados de hecho o de cuerpos, o de tener disuelta o liquidada la sociedad conyugal.

14. Y, de acuerdo con la sentencia SU 108-20 de la Corte Constitucional, el requisito
anterior puede ser exceptuado cuando se presenta una justa causa.

15. Así las cosas, de acuerdo con lo probado en el proceso, aunque existió
separación de cuerpos entre el accionado y su esposa, esto obedeció a problemas de
salud y familiares con los hijos de la causante, conforme se concluyó del informe
técnico de investigación COLCO-9683 adelantado por Colpensiones.

16. Asimismo «teniendo en cuenta que los señores Lucía Jiménez de Cadena y
Alberto Cadena Moreno contrajeron matrimonio el 27 de marzo de 1971, se tiene que
dicha unión se mantuvo por alrededor de 44 años, esto es, hasta el fallecimiento de la
señora Lucia Jiménez empero, no debe exigírsele al demandado la comprobación de
la convivencia, como si se tratara de un compañero permanente, pues al ser su
cónyuge y tener el vínculo vigente hasta el deceso de la causante, el término de los 5
años se debe demostrar en cualquier tiempo, inclusive, aunque exista separación de
hecho y de la liquidación de la sociedad conyugal, no en el lapso de los 5 años
anteriores al fallecimiento de la pensionada, máxime cuando la separación de hecho
se llevó como consecuencia de las malas condiciones de salud del accionado.»

3 Índice 117 en SAMAI. Tribunales.
4 Citó: Expediente 13001-23-33-000-2014-00436-01, C. P. Sandra Lisseth Ibarra Vélez.

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Recurso de apelación.

17. El apoderado de Colpensiones, inconforme con la sentencia de primera
instancia, presentó el recurso de apelación5, solicitó sea revocada y, en su lugar, se
acceda a las pretensiones de la demanda. Toda vez que, en el acto demandado se
reconoció al accionado una «pensión de sobreviviente» sin acreditar el cumplimiento
de los requisitos legales, puesto que, «NO existió convivencia de manera permanente
por un periodo de cinco años como lo prescribe la norma entre el señor ALBERTO
CADENA MORENO y la señora LUCIA JIMENEZ DE CADENA».

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

18. Mediante auto del 31 de julio de 20256 se admitió el recurso de
apelación. Dentro de la oportunidad legal, la parte demandada7 solicitó declarar
desierto el recurso de apelación, pues no se encuentra debidamente sustentado. El
agente del Ministerio Público rindió concepto8 en el que solicitó confirmar la sentencia
de primera instancia, toda vez que se demostró en el proceso que, por
recomendaciones médica, ante problemas cardiovasculares, el demandado debía
estar en un sitio de menor altura y alternaba domicilio entre Bogotá D. C. y
Fusagasugá, y se veía con la pensionada de 3 a 4 veces al mes, prácticamente cada
semana, manteniendo vigente su vínculo matrimonial, lazos afectivos y apoyo mutuo.

19. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
resolverá la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia.

20. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo9.

21. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes

5 Índice120 en SAMAI. Tribunales.
6 Índice 4 en SAMAI.
7 Índice 10 en SAMAI.
8
Índice 9 en SAMAI.
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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presentó el recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo
recurso.

Problema jurídico.

22. Le corresponde a la Subsección determinar si, contrario a lo decidido por el
tribunal, no se encuentra demostrada la convivencia del demandado durante los 5 años
anteriores a la muerte de la causante, y, en consecuencia, no le asistía derecho a la
sustitución pensional.

23. A fin de dar respuesta al problema jurídico, la Sala abordará los siguientes
temas: I) Sustitución pensional y II) Caso concreto.

Sustitución pensional.

24. La sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar
de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los requisitos legalmente
exigibles para pensionarse y fallece, y tiene por finalidad atender la contingencia
derivada de la muerte.

25. En la Ley 100 de 1993 las denominadas pensión de sobrevivientes y la
sustitución pensional, fueron previstas para suplir la ausencia repentina del apoyo
económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso
se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de
las personas beneficiarias de dicha prestación. Es decir, que su reconocimiento se
fundamenta en normas de carácter público y constituye un desarrollo del principio de
solidaridad.

26. Ahora bien, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la mencionada Ley 100,
modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán derecho a la
sustitución pensional, los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez que
fallezca, advirtiéndose tres grupos de beneficiarios excluyentes entre sí, toda vez que
a falta de uno lo sucederá el otro, así: (i) cónyuge o compañera permanente e hijos
con derecho; (ii) padres con derecho; y (iii) hermanos con derecho.

27. Ahora bien, de conformidad con el literal a) del artículo 47 ibidem, en el caso del
cónyuge o el compañero (a) permanente supérstites, siempre y cuando dicho
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad,
deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y
haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con
anterioridad a su muerte.

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28. Al respecto la Corte Constitucional en sentencia SU 428 de 2016 precisó que
para que el cónyuge o la compañera o compañero permanente tengan derecho a la
pensión de sobrevivientes, deberán demostrar su condición de beneficiarios como
«miembros del grupo familiar» del afiliado, tal como lo señala, expresamente, el
artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y «esa condición la tienen “quienes mantengan vivo
y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo, entendido como acompañamiento
espiritual permanente, apoyo económico y vida en común”10». En esa oportunidad la
Corte precisó que esa convivencia debe darse en los últimos cinco años de vida del
causante precisamente para proteger a los beneficiarios legítimos de ser desplazados
por quién solo busca aprovechar el beneficio económico11.

29. Ahora bien, cuando la norma exige que se haga vida marital «hasta su muerte»
no presupone la convivencia bajo el entendido de «habitar con el otro o vivir en
compañía de otro», término que debe ser entendido bajo otras connotaciones como lo
ha señalado esta Corporación12, como son:

«[el] acompañamiento espiritual y moral permanente, auxilio, apoyo económico y vida
en común es el cimiento del concepto de familia. Núcleo básico de la sociedad que,
como ya se indicó, es el objeto principal de protección de la sustitución pensional. Es
necesario precisar que la voluntad de conformar hogar y mantener una comunidad de
vida, son elementos distintivos y esenciales del grupo familiar, los cuales, en criterio
reciente y reiterado de la Corte Suprema de Justicia13, no se pueden desvirtuar por la
“separación”, cuando esta eventualidad se impone por la fuerza de las circunstancias:
“El grupo familiar lo constituyen aquellas personas entre las que se establecen lazos
afectivos estables que deben trascender el plano de un mero acompañamiento
emocional y social, y alcanzar el nivel de un proyecto común de vida; es esencial a la
familia el prestarse ayuda mutua, que no es cualquier clase de apoyo sino la que se
encamina a realizar el propósito familiar común. De esta manera el acompañamiento
espiritual y material ha de estar referido a lo que la jurisprudencia ha reiterado: una
verdadera vocación de constituir una familia (…)”.»

30. Además de la anterior interpretación debe entenderse que pueden presentarse
circunstancias especiales que impiden la cohabitación ya sea por motivos laborales,
de fuerza mayor, circunstanciales especiales de salud, o aquellas ajenas a la voluntad
no imputables al cónyuge o compañero (a) supérstite, las cuales deben analizarse en

10 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 5 de abril de 2005 (rad. 22560).
11 «La pensión de sobrevivientes prevista para los regímenes de prima media y de ahorro individual persigue la

protección del núcleo familiar del afiliado o pensionado que fallece, frente a las adversidades económicas
ocasionadas con su muerte. Es por ello que el Legislador, como mecanismo de protección a los miembros del
grupo familiar, instituyó el requisito de la convivencia durante los últimos cinco años anteriores a la muerte
para el compañero o cónyuge supérstite, con el fin de proteger a los beneficiarios legítimos de ser
desplazados por quién solo busca aprovechar el beneficio económico. Dicha finalidad ha sido reconocida por
la Corte Constitucional en varias ocasiones. Por ejemplo, en la sentencia C-336 de 2014 se resaltó lo expresado
en la sentencia C-1176 de 2001 […]»
12 Sentencia de la Subsección B, de 27 de enero de 2022, proceso radicado 880012333300020180052 01 con

ponencia de la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez.
13 Sentencia de Casación Laboral de 27 de abril de 2010, proceso No. 38113, actor: Beatriz Elena Aristizábal Vallejo,

M.P. Dr. Eduardo López Villegas.

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cada caso concreto, bajo el riesgo de desconocer aspectos particulares y esenciales
en los que se desarrolla la vida en pareja.

Caso concreto.

31. Expone la entidad apelante que, contrario a lo decidido por el tribunal, el acto
enjuiciado reconoció una pensión de sobreviviente al demandado en calidad de
cónyuge supérstite, pese a no haber convivido con la causante durante los 5 años
requeridos por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la prestación.

32. La Sala encuentra acreditado que el 27 de marzo de 1971 el señor Alberto
Cadena Moreno y la señora Lucía Jiménez contrajeron matrimonio católico14.
Seguidamente, el 21 de febrero de 1997 suscribieron escritura pública 15 cuyo objeto
fue la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, sin que se advierta la
finalización de vínculo matrimonial, pues no reposan documentos que den cuenta de
la respectiva cesación de efectos.

33. Por medio de la Resolución núm. 5840 del 1 de marzo de 200116 el Instituto del
Seguro Social le reconoció a la señora Lucía Jiménez de Cadena una pensión de vejez
a partir del 11 de octubre de 1999.

34. Con ocasión al deceso de la pensionada el 24 de enero de 201517, el señor
Alberto Cadena Moreno peticionó la sustitución pensional18, reclamación a la que
anexó declaraciones extraprocesales19 en las cuales afirman que convivió con la
pensionada hasta el fallecimiento, casados bajo el mismo techo de forma permanente
en interrumpida con sociedad conyugal vigente y producto de la cual tuvieron dos hijos.
La petición fue accedida por medio de la Resolución núm. GNR 222481 del 26 de julio
de 201520 por acreditar los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Ley
100 de 1993.

35. El 29 de julio de 201621 los señores Víctor Julio Delgado Jiménez, Luis Fernando
Delgado Jiménez, Ana Lucía Delgado Jiménez y Martha Lucía Cadena Jiménez
solicitaron la revocación del acto anterior, pues al accionado no le asistía derecho a la
sustitución, comoquiera que no existió convivencia de manera permanente, exclusiva
ni bajo el mismo techo durante los 5 años anteriores al deceso, para ello, aportaron la
escritura pública de disolución y liquidación de la sociedad conyugal y sus

14 Conforme se verifica del registro civil de matrimonio aportado por el demandado, visible a folio 52 del expediente

físico.
15 Visible ibidem. “DOCUMENTOS”. Págs. 6 a 14
16 Expediente administrativo visible en CD1, folio 103 del expediente físico, archivo “GRP-HPE-EV-CC-

21164878_1”.
17 Registro civil de defunción visible ibidem. “GEN-AUT-HE-2015_6654790-20150724120019”.
18 Reclamación visible en el expediente administrativo. “GEN-DOA-DA-2018_835237-20180124035826”.
19 Suscritas en la Notaría 66 de Bogotá D. C. por el solicitante y los señores Gonzalo Rincón Pircún y Diva Mireya

Alfonso Leguizamón.
20 Ibidem. “{16552066-588C-4FF3-B541-9414762F8714} (1).2,
21 Ibidem. “GEN-COM-RE-2017_2018834-20170224092234”.

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declaraciones extraprocesales en las que afirmaron que la señora Lucía Jiménez de
Cadena se encontraba separada el accionado «no ha tenido convivencia con nuestra
señora madre desde hace 19 de años aproximadamente y tampoco estuvo presente
en convalecencia».

36. Producto de la solicitud, Colpensiones adelantó la investigación administrativa
núm. COLCO-9683, en la cual el señor William Cadena, hijo del demandado, vía
telefónica informó que este vivía en Fusagasugá por cuestiones de salud y por
diferencias familiares con sus «hermanastros», sin embargo, se veía con ella de 3 a 4
veces al mes.

37. Como resultado de la investigación, el informe técnico22 concluyó que:
«analizada la información obtenida del trabajo de campo y entrevistas realizadas se
logró establecer que el señor Alberto Cadena Moreno y la señora Lucía Jiménez de
Cadena no convivieron los últimos años bajo el mismo techo, ya que el solicitante vivía
en Fusagasugá y la causante en Bogotá D. C. por cuestiones de salud y problemas
familiares entre los hijos por parte del causante».

38. En la Resolución núm. GNR 325452 del 31 de octubre de 201623 la entidad
negó la reclamación de revocación por no contar con la autorización del beneficiario,
y añadió que de la investigación se pudo concluir también que la «convivencia fue
esporádica ya que se veían 3 o 4 veces al mes hasta el día que falleció la causante».
Contra la decisión, los hijos de la causante presentaron recursos de reposición y
apelación, acompañados de la declaración extrajuicio de la señora Myriam León de
Torres24, quien manifestó conocer a la causante durante los 30 años anteriores al
fallecimiento y le constó que estuvo casada con el señor Cadena, de quien se divorció
«hace más de 20 años, pero a partir de su separación legal, no volvieron a tener
ninguna relación sentimental ni marital y jamás compartieron nuevamente techo».

39. Sin embargo, los medios de impugnación fueron rechazados por
extemporáneos en la Resolución núm. GNR. 3800 del 6 de enero de 2017.

40. Ahora bien, advierte la Sala que, solo habrá lugar a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda si la entidad accionante Colpensiones logra soportar a
través de medios de prueba lo dicho en el escrito introductorio, lo anterior de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 167 del CGP, según el cual incumbe a las partes probar
el supuesto de hecho de las normas que consagran en el efecto jurídico que persigue.

41. Así las cosas, para que se declare la nulidad del acto de reconocimiento que se
presume legal, Resolución núm. GNR 222481 del 26 de julio de 2015, la entidad
accionante debe demostrar que, en efecto, no existió la convivencia de 5 años
anteriores a la muerte entre el señor Alberto Cadena Moreno y la señora Lucía Jiménez
22 Ibidem. “GEN-COM-CO-2016_11986434-20161010120637”.
23 Ibidem. “GEN-COM-RE-2017_2018834-20170224092234”.
24 Rendida ante la Notaria 68 de Bogotá D. C. (Ibidem. GEN-ANX-CI-2016_14988807-20161230103715)

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de Cadena y que por tanto este no cumple con el lleno de requisitos de ley para
acceder a la sustitución pensional, supuesto de hecho que no fue acreditado dentro
del proceso.

42. Pues en el plenario, solo reposan registro civil de matrimonio, escritura pública
de disolución y liquidación de la sociedad conyugal, declaraciones extraprocesales y
el informe núm. COLCO-9683; piezas procesales que no son suficientes para
desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo25.

43. Y es que, si bien las declaraciones de los hijos de la fallecida y de la señora
Myriam León de Torres, dan cuenta de que el pensionado y la finada no cohabitaban
en el mismo domicilio y ciudad, pues él vivía en Fusagasugá y ella en Bogotá D. C.,
conforme a dicho por el señor William Cadena en la investigación, lo que concuerda
con lo concluido en el informe investigativo, según el cual, no vivieron bajo el mismo
techo durante los últimos años de vida de la finada por razones de salud y problemas
familiares que impidieron al accionado radicarse en Bogotá. Lo cierto es que esto por
sí solo no permite deducir la no convivencia de los cónyuges.

44. Pues, como se explicó en párrafos procedentes, esta ausencia de habitación
conjunta entre cónyuges o compañeros permanentes no implica que no convivieron en
los términos indicados en la norma, pues para acreditar la ausencia del requisito, la
accionante debió demostrar otros elementos, como son, el no acompañamiento, auxilio
y apoyo mutuo durante los 5 años inmediatamente anteriores y que esta separación
no se debió a circunstancias especiales del caso concreto, como razones familiares y
de salud, aspectos cuya demostración requiere el conocimiento de las interacciones
propias de la vida en pareja, y que tampoco se prueban de la sola disolución y
liquidación de la sociedad conyugal.

45. Sin embargo, al solo contar la Sala con el informe núm. COLCO-9683 y los
documentos aportados en el curso de la actuación administrativa y la investigación,
donde no se recaudaron declaraciones adicionales y otras pruebas tendientes a
acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la relación, es decir,
las fechas de inicio y terminación, si existió o no voluntad de permanencia; en el sub
lite, no es posible afirmar que la petición y el estudio de la prestación realizado por la
entidad en sede administrativa y que dio lugar al acto enjuiciado se hubiera surtido en
contra de las disposiciones normativas vigentes y sin el lleno de requerimiento legales.

46. Aunado a lo anterior, en el curso del proceso, en las etapas dispuestas para
ello, la entidad accionante no allegó otros medios de prueba adicionales que valorados

25 Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo

Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. […]

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00379-01 (2088-2025)
Demandante: Colpensiones

en conjunto respalden lo dicho en la demanda, esto es, la ausencia de convivencia del
cónyuge supérstite.

47. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 22 de mayo de 2025, proferida
por el Tribunal de Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, pero por las razones expuestas.

Condena en costas

48. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

49. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

50. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

51. En consecuencia, se condenará en costas a la parte demandante, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

52. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 22 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal
de Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

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Demandante: Colpensiones

SEGUNDO. Condenar a la parte demandante en costas en esta instancia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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