Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-42-000-2018-00390-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2018-00390-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra auto que se abstiene de dar inicio a trámite incidental
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-42-000-2018-00390-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-42-000-2018-00390-01
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
19 de abril de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTO QUE SE ABSTIENE DE DAR INICIO A TRÁMITE INCIDENTAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO - Incumplimiento de carga argumentativa por parte del actor / CUMPLIMIENTO DE ORDEN IMPARTIDA EN FALLO DE TUTELA - Respuesta a petición / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
El actor sostiene que el Juzgado demandado, incurrió en defecto fáctico porque no analizó en debida forma, los Oficios expedidos por la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, los cuales a su juicio, no dan cumplimiento a la sentencia de tutela proferida el 4 de diciembre de 2017, dentro de la acción de tutela, identificada con el número único de radicación 11001 33 42 053 2017 0441 00 (…) La Sala encuentra que la autoridad judicial demandada, les dio a los Oficios (…) el valor probatorio correspondiente. En efecto, obsérvese que, por un lado, le informaron que respecto de la indemnización administrativa por desplazamiento forzado, el actor recibió el pago correspondiente el 2 de octubre de 2010, sin que sea procedente un nuevo reconocimiento y, por el otro, respecto a la indemnización administrativa por lesiones productos de ataques terroristas, señaló que el actor no había realizado el proceso de identificación del tipo de lesión sufrida, por lo cual, resultaba improcedente determinar si tenía derecho a su reconocimiento. Por tal motivo, la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas no podía informarle al actor sobre su monto y fecha de pago, toda vez que esta orden solo debería ser cumplida, únicamente en el evento de resultar procedente el reconocimiento y pago de esta indemnización, lo cual se repite no pudo ser determinado. En consecuencia, el defecto fáctico alegado no se encuentra configurado, en la medida que la valoración no fue arbitraria (…) por el contrario, efectuó un análisis probatorio razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica en la que se determinó el cumplimiento de la orden por parte de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas (…) Finalmente, para la Sala el Juzgado accionado no incurrió en defecto sustantivo, comoquiera que el actor no expone argumento alguno que lleve a controvertir los razonamientos que condujeron a la decisión accionada.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-42-000-2018-00390-01(AC)
Actor: HERNANDO VALENCIA MONTOYA
Demandado: JUZGADO CINCUENTA Y TRES (53) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
La Sala decide la impugnación presentada por el señor Hernando Valencia Montoya, quien actúa en nombre propio, contra el fallo proferido el 26 de febrero de 2018 por la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio del cual negó las pretensiones de la demanda.
La presente providencia se desarrolla en tres partes: i) antecedentes; ii) consideraciones y iii) resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
El actor, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito de Bogotá, por considerar que el Juzgado al proferir la providencia de 24 de enero de 2018, mediante la cual resolvió no dar apertura al incidente de desacato dentro de la acción de tutela identificada con número único de radicación 11001-33-42-053-2017-0441-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
1.2. Presupuestos fácticos
Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:
1.2.1 Indicó que interpuso acción de tutela contra la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por la presunta vulneración del derecho de petición, acción que correspondió por reparto al Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito de Bogotá e identificada con número único de radicación 11001-33-42-053-2017-0441-00.
1.2.2. Señaló que mediante sentencia proferida, en primera instancia, por el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito de Bogotá, el 4 de diciembre de 2017, se amparó el derecho fundamental de petición y se ordenó al Director de Gestión Social y Humanitaria de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la citada sentencia, resolviera de fondo, de forma clara y precisa la petición elevada por el actor, respecto a que se le indicara la fecha prudencial para que fuera indemnizado administrativamente por los daños que le fueron ocasionados en su condición de desplazado por los ataques terroristas sufridos.
1.2.3. Manifestó que interpuso incidente de desacato, porque a su juicio la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas no ha cumplido con la orden proferida en la acción de tutela.
1.2.4. Adujo que, el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante providencia de 24 de enero de 2018, no dio apertura al incidente de desacato y ordenó el archivo de la acción de tutela sin que se encontrara debidamente terminada, en la medida que la Unidad de Atención y Reparación a las Victimas no ha dado cumplimiento a la sentencia, limitándose a señalar, que: i) por déficit presupuestal se estaría otorgando la indemnización en el año 2018 y, ii) donde la autoridad indica que no se puede indemnizar administrativamente.
1.3. La solicitud de tutela
1.3.1. Pretensiones
El actor, obrando en nombre propio, solicitó en su escrito de tutela:
“[...] 1.- Insistencia incidental por no encontrarse cumplida la orden del Juez Constitucional en materia de indemnización por terrorismo en el cual obtuve daños y perjuicios estructurales proferidos por el H. despacho del Juez 53 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda.
2.- De los derechos fundamentales en conexidad con el debido proceso y los derechos fundamentales del orden constitucional consagrados en los artículos: Artículo 29 Derecho al Debido Proceso (sic) Y De la Confianza Legítima (sic) […]”.
Señaló que el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito de Bogotá, al no dar apertura al incidente de desacato y archivar el expediente sin dar cumplimiento a la sentencia de tutela, incurrió en una vía de hecho, lo que trajo como consecuencia la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
1.3.2. Actuación
La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por auto de 19 de febrero de 2018, admitió la acción de tutela y dispuso notificar al Juez Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, concediéndole el término de veinticuatro (24) horas para que rindiera informe sobre el particular.
1.3.3. Informe de la parte accionada
1.3.3.1. El Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante escrito aportado el 21 de febrero de 2018, solicitó no acceder a las pretensiones del amparo, con base en los siguientes argumentos:
“[…] no se evidencia que dentro del trámite de la acción de tutela ni dentro de las decisiones tomadas en relación con la apertura del incidente de desacato, se causara vulneración alguna al derecho fundamental al debido proceso aludido por el actor, pues las mismas se surtieron dentro de los parámetros establecidos por las leyes que regulan el tema estudiado, fueron debidamente sustentadas, y se notificaron en debida forma a las partes del proceso, luego tampoco se evidencia la ocurrencia de una vía de hecho, teniendo en cuenta que conforme a los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional, ésta se configura sobre la base de una manifiesta trasgresión del ordenamiento jurídico, que tal como se evidenció con la relación de la situación fáctica y procesal respecto de las actuaciones y la protección al derecho fundamental de petición que le asistía al actor, no sólo concediendo el amparo del mismo, sino velando por el cumplimiento del fallo de tutela, conforme a lo ordenado en la providencia del 4 de diciembre de 2017, y al advertir que se encontraba restablecido el derecho del accionante, decidió no dar apertura al incidente de desacato propuesto, como quiera que la entidad dio respuesta clara, precisa y de fondo a la actuación en la que se encontraba para dicha data el trámite de reconocimiento de la indemnización por lesiones del señor Hernando Valencia Montoya […]”
1.4 La sentencia impugnada
La Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resolvió lo siguiente:
“[…] Primero: Niégase la acción de tutela incoada por el señor Hernando Valencia Montoya, en contra del Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de este proveído […]”.
Consideró que del reporte obtenido de la página web de la Rama Judicial, el 26 de febrero de 2018, se determinó que la acción de tutela con número único de radicación 11001 33 42 053 2017 00441 00, se encontraba en trámite en primera instancia, sin que el juez de tutela pueda involucrarse en actuaciones judiciales que no han culminado.
Finalmente, determinó que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y no alterno de administración de justicia, por lo que los conflictos jurídicos deben ser resueltos por las vías ordinarias, situación que no ocurrió en el sub examine.
1.5. La impugnación
1.5.1. El actor, solicitó que se revoque la sentencia proferida, en primera instancia por la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar, se accedan a las pretensiones del amparo, por considerar que el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo de Bogotá interpretó de forma errónea sus principios en su condición de desplazado y no valoró de forma adecuada el material probatorio que da cuenta que, la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las Víctimas no ha dado estricto cumplimiento a la orden proferida en la acción de tutela.
Adujó que:
“[…] Que el superior revise la decisión en primer grado, por carecer de las decisiones necesarias a la sentencia congruente teniendo en cuenta que a) no se ajusta a los hechos y antecedentes que motivaron la acción de tutela, ni al derecho interpretado por error de hecho y derecho en el examen y consideraciones de la petición solicitada b) se niega a cumplir el mandato legal de garantizar el agraviado del pleno goce de su derecho, como lo establece la jurisprudencia c) se funda en consideraciones inexactas cunado (sic) totalmente erróneas; d) incurre el fallador en error esencial de derecho, especialmente respecto al ejercicio de la acción de tutela, que resulta inane a las pretensiones del actor, por errónea interpretación de mis principios.
[…]
Como bien se ve que acudo a estas instancias, donde se vulnero (sic) los derechos fundamentales en materia de indemnización por terrorismo y donde se encuentra totalmente surtido con toda la documentación necesaria puesta a su consideración, atento a la unidad y reparación a las víctimas y de igual forma las pruebas suficientes en el tramite (sic) procesal como en el incidente de desacato, y de igual forma que se encuentra en su H. Despacho. De igual forma el asesor jurídico, me otorgo (sic) un turno y un código y todas las pruebas solicitadas ya se encuentran aportadas sin que hasta el momento se haya procedido al desembolso de la reparación o indemnización ya reconocida, es decir que se estaría atacando todos mis derechos ya reconocidos y fundamentados de acuerdo a la normatividad específica, leyes y sentencias aprobadas por las altas cortes constitucionales.
[…]
Como bien se ve en el cual ocurrió el Juzgado 53 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá (sic), de igual forma el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección A, se han abstenido de promover el incidente de desacato cuando la representación de la autoridad competente como lo es la unidad de atención y reparación integral de las víctimas (sic), no han dado estricto cumplimiento en su orden impartida para que se surtan en su totalidad y por eso pongo un ejemplo de lo que ocurrió en las sentencias de las áreas marinas y submarinas
[…]
Teniendo en cuenta que no es suficiente que el funcionario en cabeza de la unidad de atención y repareación (sic) a las víctimas, se limite a dar una información un derecho imperativo (sic); y se quede solamente en una información de un documento que no indica fecha, día o mes de cuando se me irá a otorgarlos derechos de indemnización para la reparación a las víctimas y por tal motivo de encontrarse totalmente surtido todos los trámites previstos exigidos por la autoridad de esta entidad del estado social de derecho […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia de la Sala
Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículo 1.º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto nro. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.
2.2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
2.3. Problema Jurídico
En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y de ser así:, ii) establecer si el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo de Bogotá, al proferir la providencia de 24 de enero de 2018, mediante la cual resolvió no dar apertura al incidente de desacato dentro de la acción de tutela identificada con número único de radicación 11001-33-42-053-2017-0441-00, incurrió en los defectos fáctico y sustantivo.
En este punto debe precisarse que si bien es cierto el actor en las pretensiones de la acción de tutela no ataca una providencia judicial en concreto, la Sala encuentra que su inconformidad radica en últimas con lo decidido en la providencia de 24 de enero de 2018, proferida por el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo de Bogotá.
Asimismo, el actor en su escrito de tutela, hizo referencia a que el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo de Bogotá había incurrido en una vía de hecho, no obstante se aclara que la Corte Constitucional modificó dicho concepto por la doctrina de las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en el caso concreto, de la impugnación se colige que el actor argumenta los defectos fácticos y sustantivo.
Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales, ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) Procedencia excepcional de la acción de tutela contra la decisión que pone fin al trámite incidental de desacato; iv) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; v) el defecto fáctico como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales vi) Defecto sustantivo como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y, finalmente, vii) solución al caso concreto.
2.4 Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, M.P.: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.
2.5. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales
Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.
Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001031500020120220101 (M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
2.6 Procedencia excepcional de la acción de tutela contra la decisión que pone fin al trámite incidental de desacato.
La Corte Constitucional, ha señalado la procedencia excepcional de la acción de tutela frente a la decisión que pone fin al trámite incidental de desacato, en el evento en que dentro de dicho trámite se produzca la vulneración de derechos fundamentales, en especial, el debido proceso de las personas que fueron parte de la acción de tutela.
Al respecto la Corte en la sentencia T- 014 de 2009, expuso lo siguiente:
“[…] De otra parte, esta corporación ha reconocido la posibilidad de que, con ocasión de la aplicación de alguna de estas medidas que buscan garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales, se generen situaciones que, a su turno, comprometan derechos de esa misma naturaleza, particularmente el derecho al debido proceso de cualquiera de las dos partes que como demandante y demandado participaron en el trámite de la ya resuelta acción de tutela.
Esta circunstancia puede afectar a quien inicialmente solicitó la protección tutelar, si la renuencia de quien fue demandado continúa impidiendo el efectivo disfrute del derecho fundamental cuya protección fue judicialmente ordenada, y el juez que conoce del incidente se niega, injustificadamente, a reconocer el desacato que se ha planteado. Del otro lado, el demandado también puede ver lesionado su derecho al debido proceso, especialmente si se le sanciona sin que se reúnan los presupuestos de hecho necesarios para ello.
Por todo lo anterior, en varias oportunidades ha reconocido esta corporación que, excepcionalmente, es posible cuestionar, mediante el uso de la acción de tutela, la decisión del incidente de desacato que hubiere sido promovido por el actor de otra acción de tutela previamente tramitada, posibilidad que, según lo antes explicado, está abierta tanto a la persona que hubiere resultado sancionada al término de dicho incidente, como al demandante que solicitó la apertura de aquél […]”
Asimismo, la Corte Constitucional señaló como requisitos para su procedencia, i) que la providencia proferida dentro del trámite del incidente de desacato se encuentre ejecutoriada; ii) que se reúnan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias generales; iii) que se configure alguna de las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; iv) los argumentos del accionante en el trámite del incidente de desacato y en la acción de tutela deben ser consistentes; (v) no deben existir alegaciones nuevas, que debieron ser argumentadas en el incidente de desacato; y (vi) no se puede recurrir a la solicitud de nuevas pruebas que no fueron originalmente solicitadas y que el juez no tenía que practicar de oficio.
2.7. Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
Antes de que la Sala haga un análisis de fondo, la Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, así:
i) Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, en la medida que se discute la presunta vulneración de los derechos fundamentales del actor invocados supra, toda vez que a su juicio el Juzgado accionado negó injustificadamente la apertura del incidente de desacato que se planteó.
Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 2014, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:
“[…] Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
Asimismo, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
En el caso sub examine, toda vez que se controvierte la presunta vulneración de los derechos fundamentales del actor invocados supra, por considerar que a su juicio el Juzgado accionado negó injustificadamente la apertura del trámite incidental de desacato que se planteó, la cuestión adquiere relevancia constitucional, en la medida que dicho trámite incidental hace parte del núcleo esencial de la solicitud de tutela y su incumplimiento, restringiría el equilibrio procesal del actor.
ii) Se cumplió con el principio de inmediatez, en la medida que se interpuso dentro de un plazo razonable después de notificada la providencia de 24 de enero de 2018, proferida por el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito de Bogotá,
iii) No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales el accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados.
iv) En la acción de tutela no se alega un defecto procedimental, por lo que no es necesario determinar la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad;
v). El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega;
vi). No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela. En este punto, es necesario precisar que el juez de tutela que decida sobre la procedencia y prosperidad de la acción de tutela contra providencias proferidas durante el trámite incidental de desacato “[…] no podrá reabrir el debate constitucional dado con ocasión de la acción de tutela anterior, pues su análisis se encuentra limitado por las decisiones proferidas durante el trámite de desacato en cuestión, esto, con relación a la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante […]”, sin que esté facultado para revisar ni cambiar el alcance de las órdenes proferidas por el juez de tutela.
Adicionalmente, la Sala procede a analizar el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra la decisión que pone fin al trámite incidental de desacato, señalados por la Corte Constitucional y que se encuentran enunciados en el numeral 2.6 de la presente providencia, así:
vii). La providencia proferirá por el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo de Bogotá, el 24 de febrero de 2018, mediante la cual resolvió no dar apertura al incidente de desacato dentro de la acción de tutela identificada con número único de radicación 11001-33-42-053-2017-0441-00, se encuentra ejecutoriada.
viii). En la acción de tutela no existen alegaciones nuevas, que debieron ser argumentadas en el incidente de desacato.
ix). En la acción de tutela no existe la solicitud de pruebas.
x). Finalmente, para determinar si, en efecto, el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito de Bogotá, incurrió en los defectos fáctico y sustantivo alegados, la Sala hará los siguientes análisis: a). el defecto fáctico como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; b). el defecto sustantivo como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y, finalmente, c) analizará el caso concreto.
2.7.1 Defecto fáctico como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales- reiteración jurisprudencial
Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de procedibilidad por defecto fáctico:
“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia ha determinado que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.
El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez;” mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución”[...]”.
En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de manera: i) omite valorar los medios probatorios debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del acervo probatorio.
Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial.
Además, con fundamento en los principios constitucionales de independencia y autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la valoración de las pruebas.
Dijo la Corte:
“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto puede lesionar derechos fundamentales […]”
2.7.2. Defecto sustantivo como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura una vía de hecho por defecto sustantivo:
“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad jurídica.
En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:
El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
No se hace una interpretación razonable de la norma.
Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga omnes.
La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.
La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.
Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente […]”.
En ese orden de ideas, uno de los eventos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es cuando el juez incurre en un defecto sustantivo por haber aplicado indebidamente una norma jurídica que sirvió como fundamento para el sentido de la decisión judicial.
Respecto del defecto sustantivo, la Corte Constitucional, ha precisado que este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica” (Negrilla por la Sala)..
2.8. Análisis del caso en concreto
El actor pretende mediante el ejercicio de la presente acción de tutela dejar sin efecto la providencia proferida por el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito de Bogotá, el 24 de enero de 2018, por la cual no se dio apertura al incidente de desacato dentro de la acción de tutela identificada con número único de radicación 11001-33-42-053-2017-0441-00.
Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
2.7.1 Acervo y análisis probatorios
• Sentencia proferida, en primera instancia, por el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito de Bogotá, el 4 de diciembre de 2017, dentro de la acción de tutela identificada con el número único de radicación 11001 33 42 053 2017 0441 00, mediante la cual se amparó al actor su derecho fundamental de petición, en los siguientes términos:
“[…] PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, al señor HERNANDO VALENCIA MONTOYA. En consecuencia, ORDÉNESE al DIRECTOR de GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMA, que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, resuelva de fondo, de forma clara y precisa la petición elevada por el accionante, respecto a que se le indique la fecha prudencial para que sea indemnizado de acuerdo a la ley por los ataques terroristas. En el evento de resultar procedente lo peticionado, le informará el accionante su monto y fecha de pago, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011, en el Decreto 4800 de 2011 y la Resolución 090 de 2015, así como la jurisprudencia de la que se diera cuenta, en caso contrario, le explicará la manera correcta las razones de su decisión. Sin embargo en uno y otro caso deberá comuni8car en debida forma la respuesta al accionante. Además informará a este Despacho el cumplimiento de la orden emitida en esta providencia […]” (Negrilla de la Sala)
• Oficio con radicado nro. 20177202026656231 de 18 de octubre de 2017, expedido por la Directora de Reparaciones de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, por el cual se da respuesta al derecho de petición formulado por el actor, en los siguientes términos:
“[…] Atendiendo su petición, a través de la cual solicita se le otorgue la medida de indemnización por vía administrativa por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO, le informamos que una vez verificada la información que se encuentra en nuestra base de datos y de la Revisión del Registro Único de Víctimas, se logró determinar que el hecho por el cual usted solicita ser reparado ya fue objeto de indemización administrativa a usted el día 2/10/2017.
[…]
Así entonces, y en virtud de lo consagrado en el artículo 20 de la Ley 1448 de 2011, el hecho desplazamiento forzado bajo el código de declaración 674228 no puede ser doblemente reparado, es decir, no es posible generar un pago adicional para atender las exigencias de quien ya cobró la indemnización […]”
• Oficio con radicado nro. 201772031958601 de 4 de diciembre de 2017, expedido por la Directora de Reparaciones de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, por el cual se da alcance a la respuesta al derecho de petición formulado por el actor respecto a la indemnización administrativa por lesiones personales por acto terrorista, en los siguientes términos:
“[…] Pronunciamiento sobre su caso en concreto:
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, encontramos que en su solicitud:
1.- No se ha realizado el proceso de identificación del tipo de lesión sufrida, toda vez que los documentos descritos para identificar la discapacidad o incapacidad no han sido entregados para su validación y tasación de la indemnización.
2.- Una vez cuente con los documentos requeridos deberá solicitar la priorización de la indemnización, acercándose a nuestros puntos de atención, llevando la documentación que acredite el respectivo criterio y lesión sufrida.
[…] Con la finalidad de que pueda usted entregar los documentos que acreditan las lesiones sufridas para determinar el monto de la indemnización administrativa a la que hubiera lugar, debe realizar dicho proceso en un punto de atención de esta entidad, donde recibirá orientación por parte del personal de enlace. Teniendo en cuenta la falta de disponibilidad de agenda para esta vigencia y que el procedimiento indemnizatorio se encuentra en renovación, acatando las disposiciones de la Corte Constitucional, le invitamos para que, a partir de febrero del año 2018se acerque a allegar la documentación y a recibir la asesoría correspondiente a las medidas de reparación disponibles […]”
• Auto, proferido por el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito de Bogotá, el 24 de enero de 2018, por el cual no se dio apertura al incidente de desacato presentado por el actor dentro de la acción de tutela identificada con el número único de radicación 11001 33 42 053 2017 0441 00 y se ordenó su archivo por haberse verificado el cumplimiento de la acción de la referencia. En efecto, consideró:
“[…] La entrega de la primera comunicación, se pudo constatar mediante orden de servicio proferida por la empresa 472, de fecha 19 de octubre de 2017, a la dirección reportada por la accionante y la segunda comunicación, se evidencia mediante memorando en el cual se registra el correo electrónico aportado por el accionante, y suscrito por el Jefe de la Oficina Asesara Jurídica, la Directora Técnica de Reparaciones, el Director Técnico de gestión Social y Humanitaria y la Directora de Registro.
No obstante, debe aclararse que el derecho fundamental protegido en fallo de tutela del 4 de diciembre de esta anualidad, fue el de petición, del cual cesó su vulneración tras la emisión de las comunicaciones aludidas en párrafos anteriores.
Por lo anterior, se estima que con las respuestas que se analizan, se dio cumplimiento a lo ordenado mediante providencia del 4 de diciembre de 2017 y por tanto, no tendrá lugar a la apertura del incidente objeto de estudio […]”
El actor sostiene que el Juzgado demandado, incurrió en defecto fáctico porque no analizó en debida forma, los Oficios expedidos por la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, los cuales a su juicio, no dan cumplimiento a la sentencia de tutela proferida el 4 de diciembre de 2017, dentro de la acción de tutela, identificada con el número único de radicación 11001 33 42 053 2017 0441 00.
Ahora bien, en este punto la Sala debe referirse a lo expuesto por la Corte Constitucional, cuando se alega un defecto fáctico por irregularidades en la apreciación del material probatorio:
“[…] De hecho, esta Corporación ha identificado que “el yerro en la apreciación del material probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante, protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se desconozca “la realidad probatoria del proceso” Por lo anterior, ha señalado que el vicio fáctico debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión judicial, de modo que, de no concurrir ese error manifiesto, la sentencia hubiera adoptado un sentido distinto. Quiere ello decir que, el yerro debe ser relevante, no solo en términos de protección del derecho al debido proceso, sino también respecto a la controversia jurídica materia de la decisión judicial […]”.
En otros pronunciamientos frente al defecto fáctico, también ha dicho la Corte:
“[…] También la jurisprudencia Constitucional ha precisado que en la circunstancia de alegarse la posible existencia de un defecto fáctico, el juez de tutela debe restringirse a un ámbito muy limitado de análisis ya que no puede dejar de lado la discrecionalidad y autonomía judicial cobijadas por la sana crítica del juez ordinario. En palabras de la Corte: “la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez natural al material probatorio es extremadamente reducida, pues el respeto por los principios de autonomía judicial, juez natural, e inmediación, impide que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del material probatorio”.
No obstante, el operador judicial ostente un amplio margen de valoración probatoria sobre el cual fundamentará su decisión y formará libremente su convencimiento, “inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (Arts. 187 CPC y 61 CPL)”, esta facultad nunca podrá ser ejercida de manera arbitraria, pues dicha valoración lleva intrínseca “la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas.”[…]”.
La Sala encuentra que la autoridad judicial demandada, les dio a los Oficios señalados el valor probatorio correspondiente, En efecto, obsérvese que, por un lado, le informaron que respecto de la indemnización administrativa por desplazamiento forzado, el actor recibió el pago correspondiente, el 2 de octubre de 2010 sin que sea procedente un nuevo reconocimiento y, por el otro, respecto a la indemnización administrativa por lesiones productos de ataques terroristas, señaló que el actor no había realizado el proceso de identificación del tipo de lesión sufrida, por lo cual, resultaba improcedente determinar si tenía derecho a su reconocimiento.
Por tal motivo, la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas no podía informarle al actor sobre su monto y fecha de pago, toda vez que esta orden solo debería ser cumplida, únicamente en el evento de resultar procedente el reconocimiento y pago de esta indemnización, lo cual se repite no pudo ser determinado.
En consecuencia, el defecto fáctico alegado no se encuentra configurado, en la medida que la valoración no fue arbitraria, abusiva o irracional, por el solo hecho de no interpretarse en los términos que lo pretende el actor, por el contrario, efectuó un análisis probatorio razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica en la que se determinó el cumplimiento de la orden por parte de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, en los términos señalados en la sentencia de la acción de tutela, y sin que la Sala esté facultada para revisar ni cambiar el alcance de las órdenes proferidas.
Finalmente, para la Sala el Juzgado accionado no incurrió en defecto sustantivo, comoquiera que el actor no expone argumento alguno que lleve a controvertir los razonamientos que condujeron a la decisión accionada, teniendo en cuenta además, que en el escrito de tutela el actor simplemente se limitó a afirmar que la autoridad judicial había incurrido en una vía de hecho por defecto sustantivo por haber vulnerado sus principios, pero no cumplió con la carga argumentativa de i) identificar los supuestos de procedibilidad de una vía de hecho por defecto sustantivo y ii) en ese orden de ideas establecer las razones jurídicas de por qué la autoridad accionada profirió una decisión grosera y arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de sus derechos fundamentales.
Así las cosas, es importante resaltar que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela, no puede considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, entre otros aspectos
En ese orden de ideas, para la Sala el actor no acreditó que el Juzgado hubiera incurrido en un defecto sustantivo, al no establecer las razones jurídicas que acreditaran que la actuación fue grosera y arbitraria, y como consecuencia de lo anterior haya traído como consecuencia la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
2.9 Conclusiones de la Sala
Con fundamento en los planteamientos anteriormente expuestos, la Sala considera que en el presente asunto no se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela frente a la decisión que pone fin al trámite incidental de desacato señalados por la Corte Constitucional en la sentencia T-271 de 2015, en la medida que no se configuraron los defectos fácticos y sustantivos invocados.
Por tanto, la Sala la Sala procederá a confirmar la sentencia proferida el 26 de febrero de 2018 por la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio del cual negó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 26 de febrero de 2018 por la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las peticiones del amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley nro. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
La Sala debe precisar que el actor en su escrito de tutela hizo referencia a que el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo de Bogotá había incurrido en una vía de hecho, no obstante se aclara que la Corte Constitucional modificó dicho concepto por la doctrina de las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de 2012. Actor: Nery Germania Álvarez Bello. Exp. nro. 11001-03-15-000-2009-01328-02. M.P. María Elizabeth García González.
Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad.: T-619, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 de 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
Corte Constitucional. Sentencia T- 271 de 12 de mayo de 2015, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
Cfr. sobre este aspecto, entre otras, las sentencias T-763 de 1998, T-188 de 2002, T-086, T-421, T-459 y T-744 de 2003, T-368, T-939, T-944 y T-1113 de 2005 y T-994 de 2007.
Corte Constitucional. Sentencia T- 271 de 12 de mayo de 2015, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
Ut supra página 6.
[] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
La Sala encuentra acreditado dentro del expediente, que la providencia fue notificada el 25 de enero de 2018, y la presente acción de tutela fue presentada el 15 de febrero de 2018.
Sentencia T-944 de 2005.
“En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional, Sentencia T-204/08, MP: Dr. Hernando Herrera Vergara). Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 2012. M.P.: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 2011. M.P.: Dr. Mauricio González Cuervo y T-535 de 2015, M.P.: Dr. Alberto Rojas Ríos. Corte Constitucional. Ibídem. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de 2017. Magistrado ponente: Roberto Augusto Serrano Valdés, Rad. 11001-03-15-000-2017-00420-00. Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 2013. Magistrado ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Sentencias SU-159 de 2002, T-295 de 2005 y T-743 de 2008 todas con ponencia del dr. Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 2005, T-657 de 2006 ambas con ponencia del dar Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-033 de 2010, y T-792 de 2010 ambas con ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Sentencia T-189 de 2005 M.P. Manuel José cepeda Espinosa. Sentencia T-205 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Sentencia T-800 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería
Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Sentencia SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencias T-051 de 2009 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil. Sentencias T-462 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 1999. Sentencia T-018 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño. Sentencia T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencia T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sentencia T-807 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras
Folios 26 a 31 del cuaderno principal
Folio 36 cuaderno principal
Folios 37 a 39 del cuaderno principal
Corte Constitucional, Sentencia T-121 de 2016. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. T-107-2014
Ibídem
Corte Constitucional, Sentencia SU-448 de 2016. Magistrado ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Cfr. Sentencia T-214 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell. Cfr. sentencia SU-1300 del 6 de diciembre de 2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional en la sentencia anticipada.
El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas constructoras de la familia”. Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell. Cfr. sentencia T-538 del 29 de noviembre 1994 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal. Sentencia SU-159 del 5 de marzo de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa. Sobre el principio de informalidad, ver Auto A165 de 2011 de la Corte Constitucional. Decreto 2591 de 1991, artículo 14.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.