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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00416-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00416-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 2 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante, en segunda instancia, por las razones expuestas en la presente providencia. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-00416-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho–Ley 1437 de 2011.
Radicación : 25000-23-42-000-2018-00416-01 (3309-2024)1.
Demandante : Ariel Gustavo Solano.
Demandada : Nación–Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.
Tema : Retiro por llamamiento a calificar servicios.
Decisión : Se confirma la sentencia apelada. El retiro por llamamiento a
calificar servicios cumplió los presupuestos legales de
procedencia. No se acreditó falta de motivación, vulneración
del debido proceso ni desviación de poder.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 2 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B2, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La parte actora, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, instauró demanda contra la Nación–Ministerio de Defensa Nacional–Ejército
Nacional, con el fin de obtener la nulidad del Decreto No. 1068 del 20 de junio de 2017,
mediante el cual fue retirado del servicio activo.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara su reintegro al cargo
que venía desempeñando, sin solución de continuidad, así como su llamamiento al curso
de altos estudios militares CAEM 2018 y el ascenso al grado de brigadier general. De
igual forma, pidió el reconocimiento y pago indexado de los salarios y prestaciones
dejados de percibir, los aportes a seguridad social, perjuicios materiales por
$380.000.000, perjuicios morales por $73.000.000, costas, actualización de las sumas
adeudadas y disculpas públicas por los señalamientos que, según afirmó, afectaron su
buen nombre y el de su familia.

1 Expediente híbrido.
2 Decisión suscrita por los magistrados: Luis Gilberto Ortegón, José Rodrigo Romero Romero y Alberto Espinosa

Bolaños.

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00416-01(3309-2024).
Demandante: Ariel Gustavo Solano.

3. Como fundamento de sus pretensiones, expuso que se desempeñó como oficial del
Ejército Nacional entre el 10 de enero de 1986 y el 20 de septiembre de 2017, para un
tiempo total de servicio de 31 años, 6 meses y 8 días; y que, durante su trayectoria
institucional, acató las disposiciones propias del régimen de evaluación y clasificación del
personal militar, en el que se valoran las condiciones profesionales, personales y de
desempeño de cada integrante de la Fuerza Pública.

4. Señaló que, el 17 de noviembre de 2016, por razones laborales y económicas,
presentó renuncia al cargo que desempeñaba como militar; sin embargo, el 20 de febrero
de 2017 desistió de dicha solicitud, antes de que la administración hubiera emitido
pronunciamiento alguno sobre su aceptación.

5. Sostuvo que, mediante el Decreto No. 1068 del 20 de junio de 2017, el Ministerio de
Defensa Nacional dispuso su retiro del servicio activo por llamamiento a calificar
servicios, decisión que consideró deshonrosa y lesiva de sus garantías constitucionales,
en especial del derecho al trabajo, pues durante su carrera obtuvo distinciones y
condecoraciones por la prestación sobresaliente del servicio.

6. Afirmó que su hoja de vida acreditaba el cumplimiento adecuado de sus deberes
militares y que la desvinculación le generó afectaciones emocionales que también
repercutieron en su núcleo familiar, particularmente en sus hijos.

7. Adujo que el acto demandado vulneró la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 1790 de 2000,
pues, a su juicio, la potestad de retiro discrecional de los miembros de las Fuerzas
Militares debía interpretarse conforme a la línea jurisprudencial constitucional vigente y
no bajo criterios históricos superados, propios de un contexto normativo y político
anterior.

8. Alegó que la motivación del Decreto No. 1068 de 2017 fue aparente, toda vez que la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares se limitó a
justificar el llamamiento a calificar servicios en la necesidad de preservar la vinculación y
ascenso de otros oficiales. En su criterio, tales razones fueron genéricas, vagas e
insuficientes, pues solo enunciaron el fundamento legal de la decisión sin exponer
motivos reales, objetivos y verificables, ni valorar su hoja de vida. Agregó que, al interior
de la institución, se conocía que el retiro habría obedecido a supuestos señalamientos de
conducta ilícita, carentes de veracidad según las certificaciones aportadas.

9. Precisó que el llamamiento a calificar servicios supone el retiro de un miembro de la
institución que tiene derecho a asignación de retiro y conserva la posibilidad de ser
reincorporado mediante llamamiento especial al servicio, mientras que el retiro
discrecional o por voluntad del Gobierno Nacional puede ejercerse en cualquier tiempo y
comporta la ruptura del vínculo con la entidad.

10. Finalmente, sostuvo que, ante la ausencia de razones fácticas y probatorias que
respaldaran el Decreto No. 1068 del 20 de junio de 2017, resultaba necesario confrontar

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Demandante: Ariel Gustavo Solano.

el acto administrativo con su hoja de vida, a fin de esclarecer las verdaderas razones que
llevaron a disponer su retiro del servicio activo.

Contestación de la demanda

11. La Nación–Ministerio de Defensa Nacional–Ejército Nacional se opuso a las
pretensiones de la demanda. Como argumento de defensa, sostuvo que el acto
administrativo mediante el cual se dispuso el retiro del servicio activo del demandante fue
expedido con observancia de los requisitos legales aplicables, por lo que era legítimo y
no se encontraba afectado por causal alguna de nulidad.

12. Indicó que el demandante fue llamado a calificar servicios debido a las necesidades
institucionales del Ejército Nacional y a la disponibilidad de la planta de oficiales en el
grado de coronel. Explicó que esa circunstancia imponía al Ministerio de Defensa
Nacional la adopción de decisiones de retiro respecto de algunos oficiales en servicio
activo. Además, precisó que el actor cumplía los presupuestos exigidos para acceder a
la asignación de retiro, pues contaba con más de 31 años de servicio.

13. Adujo que, antes de la expedición del Decreto No. 1068 del 20 de junio de 2017, el
Ministerio de Defensa Nacional agotó el procedimiento legalmente previsto para el
llamamiento a calificar servicios de oficiales y suboficiales, el cual exigía acreditar el
tiempo mínimo de servicio, tener derecho a la asignación de retiro y contar con el
concepto favorable de la Junta Asesora.

14. Finalmente, alegó que la administración actuó conforme a derecho y que el acto
acusado era válido, eficaz y gozaba de presunción de legalidad. En ese sentido, sostuvo
que no se aportó prueba que desvirtuara su legalidad o demostrara la configuración de
un vicio de nulidad, por lo que debía permanecer incólume, al ajustarse a la Constitución,
la ley y el régimen especial aplicable a los miembros de las Fuerzas Militares.

II. SENTENCIA APELADA

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 2 de noviembre de
2023, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que el retiro del servicio del
actor se produjo conforme al régimen legal aplicable, en tanto la entidad demandada tenía
la facultad discrecional de llamarlo a calificar servicios.

16. El a quo consideró que el retiro por llamamiento a calificar servicios constituye el
ejercicio de una facultad discrecional que, por su naturaleza, no exige motivación expresa
adicional, se presume adoptada en aras del buen servicio y desplaza al demandante la
carga de demostrar que el acto obedeció a fines distintos, como desviación de poder,
falsa motivación o persecución.

17. Con fundamento en lo anterior, señaló que la entidad demandada aplicó
correctamente la normativa vigente, pues el llamamiento a calificar servicios no constituye
una sanción ni un acto deshonroso, sino una forma legítima y natural de retiro de la

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Demandante: Ariel Gustavo Solano.

Fuerza Pública, orientada a la renovación del personal y compatible con la estructura
jerárquica y piramidal de la institución. Además, advirtió que el mínimo vital del retirado
se garantiza mediante la asignación de retiro, siempre que se cumplan los requisitos
legales.

18. Tuvo por acreditado que cumplía los presupuestos para ser llamado a calificar
servicios, toda vez que había sido escalafonado antes del 31 de diciembre de 2004,
ingresó como subteniente el 1 de diciembre de 1989 y, al momento del retiro, contaba
con 31 años, 6 meses y 8 días de servicio activo, circunstancia que le permitía acceder a
la asignación de retiro conforme al Decreto 991 de 2015.

19. Sostuvo, además, que la desvinculación se produjo con fundamento en el artículo 99
del Decreto 1790 de 2000, al encontrarse reunidos los requisitos de tiempo de servicio y
derecho a la asignación de retiro. En ese sentido, precisó que no se acreditó que la
decisión hubiera desconocido las normas aplicables ni que se hubiera omitido
indebidamente la evaluación del demandante dentro del escalafón militar.

20. Frente a la hoja de vida del actor, el Tribunal reconoció que el entonces coronel Ariel
Gustavo Vargas Solano contaba con felicitaciones, distintivos, condecoraciones y
testimonios favorables sobre su desempeño profesional. Sin embargo, consideró que
tales elementos no generaban una prerrogativa de permanencia indefinida en el servicio
activo, pues la buena trayectoria constituye el deber ordinario de todo servidor público y
no configura, por sí sola, una estabilidad laboral reforzada frente a las causales legales
de retiro.

21. Afirmó que el demandante no demostró que su retiro hubiera ocasionado un
detrimento del servicio ni que obedeciera a razones distintas al mejoramiento
institucional. Por el contrario, estimó que la decisión estuvo respaldada por la
recomendación unánime de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas
Militares y por el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el llamamiento a
calificar servicios.

22. Finalmente, concluyó que no se desvirtuó la presunción de legalidad del Decreto No.
1068 del 20 de junio de 2017, al no acreditarse falsa motivación, desviación de poder ni
infracción de las normas superiores. En consecuencia, negó las pretensiones de la
demanda.

III. RECURSO DE APELACIÓN

23. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 2 de
noviembre de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó
las pretensiones de la demanda. Solicitó revocar la decisión y, en su lugar, declarar la
nulidad del Decreto No. 1068 del 20 de junio de 2017, por falsa motivación, desviación
de poder y vulneración de garantías constitucionales.

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Demandante: Ariel Gustavo Solano.

24. Sostuvo que el Tribunal efectuó una lectura equivocada de la sentencia SU-091 de
2016, pues, aunque aceptó que el llamamiento a calificar servicios no exige una
motivación expresa adicional, desconoció que esa misma jurisprudencia permite el
control judicial cuando la figura se utiliza con fines fraudulentos, discriminatorios,
persecutorios o ajenos al buen servicio. En criterio del apelante, la sentencia apelada se
limitó a validar la causal legal de retiro, sin examinar adecuadamente si, en el caso
concreto, el acto fue utilizado para encubrir razones distintas a la renovación institucional.

25. Alegó indebida valoración probatoria, en particular de la prueba testimonial e
indiciaria. Afirmó que las declaraciones recibidas permitían inferir que el retiro del coronel
Ariel Gustavo Vargas Solano no obedeció a una decisión ordinaria de administración del
personal, sino a supuestos informes o valoraciones de “confianza y confiabilidad”,
relacionados con presuntas actividades ilícitas o vínculos reprochables que nunca fueron
demostrados ni puestos en conocimiento del afectado. Según el recurrente, el Tribunal
omitió construir y valorar ese indicio a partir de la hoja de vida del actor, los conceptos
favorables, las condecoraciones, la ausencia de investigaciones y lo declarado por la
señora Andrea María Hernández Olarte y los oficiales que comparecieron al proceso.

26. También señaló que la sentencia apelada no valoró con el rigor debido la trayectoria
militar del demandante. Expuso que el actor prestó más de 31 años de servicio, obtuvo
reconocimientos y conceptos favorables, no registraba antecedentes negativos y, según
los testigos, tenía condiciones suficientes para concursar al ascenso. Por ello, cuestionó
que el Tribunal concluyera que la buena hoja de vida no generaba estabilidad, sin
examinar si precisamente esa trayectoria, confrontada con la forma del retiro, permitía
inferir la existencia de una motivación oculta o ajena al servicio.

27. Reprochó que la sentencia no tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes
administrativos suficientes. Sostuvo que, al no obrar los soportes concretos que sirvieron
de base a la recomendación de la Junta Asesora, no podía concluirse que el Ejército
Nacional hubiera cumplido las cargas constitucionales y legales aplicables. En esa línea,
afirmó que al demandante se le privó de conocer las razones e informes que incidieron
en su retiro, pese a que había intentado obtenerlos incluso por vía de tutela.

28. Finalmente, insistió en la vulneración del debido proceso, defensa, contradicción y
motivación de los actos administrativos. Para ello citó precedentes constitucionales según
los cuales las decisiones discrecionales deben ser adecuadas a los fines de la norma que
las autoriza y proporcionales a los hechos que les sirven de causa. En criterio del
recurrente, el Tribunal privilegió una lectura meramente legal de la facultad discrecional
y desconoció que, conforme a la Constitución y al CPACA, incluso las decisiones
discrecionales deben responder a razones objetivas, razonables y proporcionales al fin
perseguido.

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Demandante: Ariel Gustavo Solano.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

29. Mediante auto proferido el 19 de septiembre de 20243 se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante.

30. El Ministerio Público no rindió concepto.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

31. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En
consecuencia, corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia
planteada.

Problema jurídico

32. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en una indebida valoración probatoria, al no advertir que el acto acusado habría
estado afectado por falsa motivación y desviación de poder, derivadas de presuntas
razones ocultas asociadas a cuestionamientos de “confianza y confiabilidad”, no
demostrados ni puestos en conocimiento del demandante, con vulneración de sus
derechos al debido proceso, defensa, contradicción, publicidad y motivación suficiente de
la actuación administrativa.

Análisis

33. La Sala confirmará la sentencia apelada, en atención a que los argumentos del
recurso no logran desvirtuar la presunción de legalidad del Decreto No. 1068 del 20 de
junio de 2017. Aunque el apelante insiste en que el llamamiento a calificar servicios habría
encubierto razones ajenas al buen servicio, relacionadas con un supuesto informe de
inteligencia de “confianza y confiabilidad” en el que se dijo que el demandante realizaba
actividades al margen de la ley y estaba relacionado con personas reprochadas
judicialmente, lo cierto es que esa afirmación no cuenta con respaldo probatorio, directo
o indiciario, que permita concluir que la administración ejerció la facultad de retiro con
falsa motivación, desviación de poder o finalidad persecutoria.

34. El apelante alega que el Tribunal habría efectuado una lectura incompleta de la
sentencia SU-091 de 2016, pues, si bien aceptó que el llamamiento a calificar servicios
no exige motivación expresa adicional, habría omitido ejercer un control material sobre el

3 Índice 0007 de Samai.

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Demandante: Ariel Gustavo Solano.

posible uso fraudulento de la figura. Sin embargo, para la Sala, dicho argumento no tiene
vocación de prosperidad, pues la decisión de primera instancia no negó la posibilidad de
control judicial del acto, sino que concluyó que, en el caso concreto, no se acreditó que
la facultad discrecional conferida al Ejército Nacional para desvincular a su personal
mediante retiro por llamamiento a calificar servicios hubiera sido utilizada con un
propósito distinto al previsto por el ordenamiento.

35. Ahora bien, revisado el acervo probatorio que conforma el plenario, se tiene que el
mismo no da cuenta de que la entidad demandada hubiera actuado de forma arbitraria ni
de que la decisión de llamar a calificar servicios al demandante persiguiera una finalidad
distinta a la prevista por el ordenamiento jurídico. Por el contrario, el material probatorio
permite establecer que el retiro se produjo con fundamento en la causal legal
correspondiente, previa recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
para las Fuerzas Militares4 y bajo el presupuesto de que el actor cumplía los requisitos
para acceder a la asignación de retiro5.

36. En efecto, el demandante contaba con más de 31 años de servicio activo al momento
de su retiro y, por tanto, superaba el tiempo mínimo exigido para la procedencia del
llamamiento a calificar servicios. Además, la decisión se fundó en la recomendación de
la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, de manera que se
encontraban satisfechos los presupuestos formales de procedencia de la causal invocada
por la administración.

4 “Que en este estudio se tenía en consideración además los cupos en la planta, que para el curso CAEM 2017, se

presentaron 88 Coroneles, que cumplían con los requisitos mínimos para ser considerados, la planta autorizada
disponía de un cupo de 16 alumnos.
Que el proceso de selección es complejo, dado que, en él, tiene participación la Junta de Generales, quienes conocen
a cabalidad la responsabilidad que les corresponde de escoger a los oficiales en quienes reposará la responsabilidad
de seguir los destinos de la Institución Castrense. Es por ello que revisan la historia laboral, los conceptos sobre su
desempeño en todos los campos, su trayectoria militar, a su cómo su entorno personal, laboral y familiar para luego de
adelantar una votación secreta conforme a su conciencia y criterio, seleccionan al personal de oficiales que finalmente
conforma el curso de Altos Estudios Militares de 2017.
Que las anteriores disposiciones normativas, dan soporte jurídico para que la determinación de retiro por llamamiento
a calificar servicios, sea entendida en el sentido de causal de terminación normal de la situación administrativa laboral
de un uniformado dentro de la Institución, y que tal y como lo ha establecido la Honorable Corte Constitucional en
sentencia C-072 de 1996, Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, al señalar que es una
"acepción que implica el ejercicio de una facultad discrecional, que, si bien conduce al cese de las funciones del oficial
o suboficial en el servicio activo, no significa sanción, despido ni exclusión infamante o deshonrosa, sino valioso
instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica en cuya virtud se pone término al desempeño de unos
para permitir el ascenso y la promoción de otros, lo cual, en cuanto constituye ejercicio de una facultad inherente a la
normal renovación del personal de los cuerpos armados y a la manera corriente de culminar la carrera de un oficial,
dentro de ellos, no puede equipararse con formas de retiro cuyos efectos son puramente laborales y sancionatorios
como la destitución. conclusión de que el llamamiento a calificar servicios está proscrito por la Constitución Política, lo
que no resulta acertado por cuanto es una modalidad válida de culminar la carrera oficial en los cuerpos armados que
en nada contradice a los preceptos superiores". […] Que la anterior selección es presentada por el comandante de la
Fuerza ante la Honorable Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares para su
respectiva recomendación, indicando en esta que los Señores Oficiales en mención no fueron considerados para el
curso de Altos Estudios Militares "CAEM 2017".
Que el señor Coronel VARGAS SOLANO ARIEL GUSTAVO, cuenta con más de 29 años de servicio. La Honorable
Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, después de estudiar la propuesta
sometida a su consideración por parte del señor General Comandante del Ejército Nacional, teniendo en cuenta que
los señores Oficiales relacionados anteriormente tienen derecho a la asignación de retiro conforme a lo establecido en
los artículos 100 (modificado por el artículo 24 de la Ley 1104 de 2006) literal a) numeral 3 y el 103 (modificado por el
artículo 25 de la Ley 1104 de 2006) del Decreto Ley 1790 de 2000, recomendando por unanimidad el retiro del servicio
activo por Llamamiento a Calificar servicios de los Oficiales citados anteriormente.”
5 30 años, 8 meses y 20 días, según extracto de hoja de vida de fecha 2 de diciembre de 2016 visible a folio 22 del

expediente físico.

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Demandante: Ariel Gustavo Solano.

37. Ahora, aunque la parte apelante insiste en que la desvinculación habría estado
precedida por razones ocultas relacionadas con supuestos cuestionamientos de
“confianza y confiabilidad”, lo cierto es que esa afirmación no fue demostrada en el
proceso. Las declaraciones recibidas6 dan cuenta, principalmente, de la trayectoria
profesional del demandante, de sus condiciones personales y de la percepción favorable
que algunos testigos tenían sobre su desempeño; sin embargo, no acreditan la existencia
de elementos7 que hubieran servido de fundamento real para el retiro, ni permiten
establecer que la Junta Asesora hubiera adoptado su recomendación con apoyo en
señalamientos no comunicados al actor, en efecto, los testimonios fueron rendidos en los
siguientes términos:

38. Andrea María Hernández Olarte, esposa del demandante, manifestó en su
declaración que, cuando su cónyuge fue llamado a calificar servicios, este se acercó a
algunos militares, quienes le indicaron: “fue muy triste lo que le hizo la fuerza, porque lo
descartaron por confiabilidad y confianza, aparentemente porque nosotros estábamos
rodeados de personas de una conducta adecuada, y que nos dedicábamos o teníamos
actividades que estaban fuera de lo legal, es lo que le manifiestan a él, el general
Zapateiro, quien fue comandante de él en la X Brigada, se lo dio en el día de no carro, en
febrero de 2017, y luego sus compañeros de curso, sus esposas también, cuando
empezamos ya a socializar un poquito en un cumpleaños, entonces sus compañeros le
dicen, Arielito lo que te hicieron no tiene nombre, nosotros sabemos de tu rectitud, de tu
honestidad, entonces ya como que todo el mundo empieza a manifestarnos que hubo
algo que se tejió alrededor de él”.

39. Por su parte, Luis Javier Avellaneda Hernández, oficial del Ejército Nacional,
manifestó que conoció al demandante desde 2010 y destacó su comportamiento
honorable y profesional. Señaló que tuvo funciones relacionadas con ascensos y retiros,
por lo que conocía el trámite de las juntas asesoras; sin embargo, precisó que no supo
las razones concretas del llamamiento a calificar servicios del actor, pues únicamente le
correspondió notificar el acto administrativo, sin haber escuchado que el retiro obedeciera
a motivos distintos a los previstos en la ley8.

6 De Andrea María Hernández Olarte, esposa del demandante, Luis Javier Avellaneda Hernández, Carlos Alfonso

Rojas Tirado, Nicasio de Jesús Martínez Espinel, quienes fueron compañeros del demandante y Ariel Rincón Machado,
cercano al demandante.
7 Tales como informes, valoraciones de seguridad o soportes reservados.
8 Informó que fue oficial de ascenso de retiros, que firmó el acto administrativo como orgánico de personal del ejército

y una de sus funciones, era notificar al personal que era retirado de la fuerza.
Adicionalmente, llevaba y traía la documentación junto con los suboficiales encargados de cada una de las secciones.
Declaró que el comportamiento del señor Vargas Solano en su papel de militar siempre fue destacado, una persona
honorable y un excelente profesional.
Informó que desde que reciben el grado de subteniente, conocen que la estructura de la institución es piramidal y que
después de cierto tiempo, los 15 años, lo pueden llamar a calificar servicios y prescindir de los servicios. Agregó que
hacen juntas asesoras para los ascensos, los retiros, los reintegros ante el ministro de defensa para el personal de la
fuerza que ha sido estudiado, cada una de esas juntas asesoras se hace cada fin de mes, entre el 20 y el 30 de cada
mes, eso le consta porque fue jefe de la sección de ascensos y retiros, donde se maneja ese tema. Se hace un proyecto,
pasa por una serie de revisiones jurídicas hasta que llega a ministerio cuando son resoluciones, o hasta presidencia
cuando son decretos. Informó que hay muchas causas para no ascender a un oficial, por ejemplo, no haber hecho
mando, por situaciones de sanidad, o en su defecto nombran comités y se estudia el personal y se decide, sí o no,
para el caso del demandante, como es un nivel mucho más alto, el comité lo conforman generales y son ellos quienes
deciden a quiénes van a llamar al grado de general. Dijo que al personal que se somete a estudio para ascenso, retiro
o reintegro, se les informa y se les respeta el debido proceso, además que cuando se llama a calificar servicios se les
reconoce la asignación de retiro. Concluyó diciendo que no conoce las razones por las que llamaron al demandante a
calificar servicios, pues cuando llegó a esa sección el acto administrativo que asi lo decidio, ya estaba en curso, por lo

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Demandante: Ariel Gustavo Solano.

40. A su vez, el mayor general de la reserva activa Carlos Alfonso Rojas Tirado manifestó
que conoció al demandante desde 2007 y que lo consideraba un buen militar, excelente
profesional y con adecuada vida familiar. Señaló que participó en la votación del CAEM
para la elección de generales, mas no en la evaluación del actor, y precisó que no conocía
las razones por las cuales fue llamado a calificar servicios. Agregó que el proceso de
selección era transparente, que existían cupos limitados y que, de haber emitido concepto
sobre el coronel Vargas Solano, este habría sido favorable9.

41. De igual forma, Ariel Rincón Machado, entonces presidente de la Cámara de
Comercio del Huila, indicó que conoció al demandante desde 2008, cuando se
desempeñaba como oficial mayor de la IX Brigada en ese departamento. Destacó su
labor social y profesional, al punto de señalar que la Cámara de Comercio del Huila le
otorgó una condecoración por su gestión.

42. Por último, Nicasio de Jesús Martínez Espinel, oficial en uso de buen retiro, manifestó
que conoció al demandante desde 2014, cuando fue su comandante en la V División del
Ejército. Afirmó que lo tuvo bajo su mando directo y que lo consideraba un excelente
profesional, dedicado, destacado y con trayectoria intachable. Precisó que no tuvo
conocimiento de las razones de su retiro ni integró el comité que calificaba a los oficiales
para llamamiento a calificar servicios, aunque sí elaboró un escrito favorable sobre su
comportamiento, resultados operacionales y liderazgo10.

43. De lo anterior se sigue que las declaraciones practicadas no desvirtúan la presunción
de legalidad del acto acusado. Si bien los referidos testigos resaltaron las calidades
profesionales, personales y militares del demandante, ninguno afirmó haber conocido
directamente que la decisión de retiro se hubiera fundado en informes reservados,
cuestionamientos de confiabilidad o motivos ajenos al servicio. La única declaración que
aludió a esa hipótesis fue la de su cónyuge; sin embargo, tal manifestación se estructuró

tanto, lo único que hizo fue notificarlo, nunca escuchó decir a nadie que habia una razón distinta a las que se establecen
en la ley para retirarlo.
9 Conoce al demandante desde el año 2007 aproximadamente en La Macarena, cuando llegó como teniente coronel y

trabajaron los dos, como miembros del estado mayor de la fuerza militar. Manifestó que no tiene conocimiento de las
razones por las que llamaron a calificar servicios al actor. Contó que participó en el CAEM, en la votación que se hace
para los generales, pero no participó en la evaluación; para el 2017 hacia parte de el comando estratégico de transición
y no pudo hacer parte de esa junta de evaluación porque durante un buen tiempo permaneció en el Ecuador por orden
del entonces presidente. Dijo que la elección de los generales en el CAEM se hace con todos los generales que se
encuentren en Colombia, ahí se hace una exposición de cada uno de los coroneles que está considerado para ser
llamado a general y al final los generales votan por quien considere debe estar llamado a ser general. Hay ciertos
cupos disponibles, no todos pueden llegar a ese rango, y a los considerados, se les estudia toda su vida militar.
Considera que el demandante fue un buen militar, excelente profesional, buena vida familiar, aun así, no recuerda qué
se dijo del señor Vargas Solano en la elección, pues se presentan como 80 coroneles. Dijo que el proceso de elección
de coroneles para ser llamados a ascenso es muy transparente, tanto que al final se revisa la votación y luego se
destruye todo el material para evitar infiltraciones. Finalizó diciendo que no recuerda si emitió concepto sobre el coronel
Vargas, pero que, de ser así, lo hizo favorablemente.
10 * Informó que al demandante lo conoce desde el año 2014 porque fue su comandante en la V División del Ejército,

tuvieron una relación directa dentro de la cadena de mando, el testigo como su superior directo. Respecto del retiro
del demandante de la institución castrense, manifestó que no tiene ningún conocimiento. Dijo que el tiempo que
trabajó con el demandante le permitió conocerlo como profesional y de forma personal, llevándolo a concluir que el
señor Vargas es un excelente profesional, dedicado, destacado, con una experiencia intachable. Sostuvo que no hizo
parte del comité que califica a los oficiales para ser llamado a calificar servicios.
Declaró que hizo un escrito dirigido a la junta en cabeza del segundo comandante del Ejército en su momento, en el
que emitió un concepto de comportamiento, de los resultados operacionales., de los éxitos, de la forma de ejercer el
liderazgo positivo del coronel Ariel Gustavo Vargas Solano.

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00416-01(3309-2024).
Demandante: Ariel Gustavo Solano.

sobre comentarios atribuidos a terceros y no sobre un conocimiento directo de la
actuación adelantada por la Junta Asesora. En consecuencia, la prueba testimonial no
permite tener por acreditado que el llamamiento a calificar servicios hubiera obedecido a
una finalidad distinta a la prevista en la ley.

44. Tampoco resulta suficiente, a efectos de desvirtuar la legalidad del acto acusado, que
el demandante contara con una hoja de vida destacada, felicitaciones, condecoraciones
o conceptos favorables. Si bien tales circunstancias acreditan su trayectoria institucional
y buen desempeño profesional, no constituyen una garantía de permanencia indefinida
en el servicio activo ni excluyen la posibilidad de que la administración acuda al
llamamiento a calificar servicios cuando se encuentran satisfechos los requisitos legales
para ello. En esa medida, la adecuada prestación del servicio no convierte esta causal
de retiro en una medida excepcional ni impone a la administración la carga de justificar,
en cada caso, por qué un oficial no debe continuar en la carrera militar.

45. La prueba indiciaria invocada en la apelación no permite estructurar, siquiera por esa
vía, la falsa motivación o la desviación de poder que se alegan. El indicio exige, como
presupuesto lógico ineludible, un hecho indicador debidamente acreditado del cual pueda
inferirse, mediante un razonamiento preciso y concordante, la existencia del hecho
desconocido que se pretende demostrar. El recurrente propone inferir una motivación
oculta a partir de tres elementos: la hoja de vida favorable del demandante, la afirmación
de que reunía condiciones para aspirar al ascenso y lo declarado por su cónyuge sobre
supuestos comentarios relacionados con la falta de "confianza y confiabilidad" de la
institución hacia el actor. Ninguno satisface ese estándar.

46. La hoja de vida, las condecoraciones, los conceptos favorables y los testimonios
acreditan la trayectoria profesional del demandante, pero no son hechos indicadores de
una finalidad encubierta: demuestran lo que ocurrió a lo largo de su carrera, no lo que
motivó la decisión de retiro. La percepción de algunos declarantes en el sentido de que
el actor era un oficial destacado o de que resultaba "raro" que no hubiera sido
considerado para ascenso constituye una apreciación personal, no un hecho probado del
que pueda inferirse que la administración persiguió un fin distinto al previsto por el
ordenamiento.

47. La referencia al supuesto informe de "confianza y confiabilidad" tampoco aporta
sustento demostrativo: no se acreditó su existencia, su contenido ni su incidencia en la
recomendación de la Junta Asesora ni en el acto de retiro. En consecuencia, las
inferencias propuestas no superan el plano de la sospecha o la conjetura y no permiten
estructurar un indicio grave, preciso y concordante de falsa motivación o desviación de
poder. El control judicial del acto discrecional no puede suplir esa deficiencia probatoria
ni fundarse en conjeturas sobre lo que pudo ocurrir al interior de los órganos de
evaluación militar, pues ello equivaldría a invertir la carga de la prueba en perjuicio de la
administración. Al no desvirtuarse la presunción de legalidad del Decreto No. 1068 del 20
de junio de 2017, se mantiene incólume la decisión del a quo.

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00416-01(3309-2024).
Demandante: Ariel Gustavo Solano.

48. De otra parte, la alegada falta de motivación específica del Decreto No. 1068 de 2017
tampoco conduce a la nulidad del acto. En materia de llamamiento a calificar servicios, la
motivación deriva de la configuración legal de la causal, siempre que se acrediten los
presupuestos exigidos por el régimen especial, sin perjuicio del control judicial posterior
frente a eventuales vicios de falsa motivación, desviación de poder o finalidad contraria
al servicio. En este caso, se demostró que el demandante superaba ampliamente el
tiempo exigido, contaba con más de 31 años de servicio y fue retirado con fundamento
en la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas
Militares, de modo que se cumplieron los presupuestos legales de procedencia de la
medida.

49. En cuanto a la alegada ausencia de antecedentes administrativos suficientes, la Sala
advierte que esa circunstancia no desvirtúa la presunción de legalidad del acto acusado.
Si bien el apelante cuestiona que no obren otros soportes de la recomendación de la
Junta Asesora, en el expediente reposan el acto de retiro, el acta de recomendación, la
acreditación del tiempo de servicio y el cumplimiento de los requisitos para acceder a la
asignación de retiro. Además, los demás medios de prueba no permiten concluir que la
decisión hubiera obedecido a informes ocultos, señalamientos infundados o fines
distintos al buen servicio.

50. Así las cosas, los reparos de la apelación no desvirtúan la conclusión del Tribunal,
pues no se acreditó que el Decreto No. 1068 del 20 de junio de 2017 estuviera viciado
por falsa motivación, desviación de poder o vulneración del debido proceso, ni que la
recomendación de retiro se hubiera fundado en informes ocultos o razones ajenas al buen
servicio. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.

Condena en costas

51. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

52. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.

53. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
sobre la parte vencida en el proceso.

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00416-01(3309-2024).
Demandante: Ariel Gustavo Solano.

54. La eventual condena se impondrá a la parte vencida, y la liquidación y ejecución se
regirán conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.

55. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, en segunda instancia,
por cuanto el recurso de apelación no prosperó. Para el efecto, las agencias en derecho
serán fijadas por el despacho competente y las expensas serán liquidadas por la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo previsto
en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 2 de noviembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante, en segunda instancia, por
las razones expuestas en la presente providencia.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Ausente con permiso

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00416-01(3309-2024).
Demandante: Ariel Gustavo Solano.

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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