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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00460-01

Fecha
23 de junio de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00460-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 19 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección D de la sección segunda), que negó las súplicas de la demanda incoada por el señor Danilo Molano Murcia contra Bogotá, Distrito Capital - contraloría, conforme a lo indicado en la parte motiva. 2º. Revócase la condena en costas impuesta a la parte actora, de acuerdo con las consideraciones del presente fallo. 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-00460-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

23 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2018-00460-01 (2598-2020)
Demandante : Danilo Molano Murcia
Demandada : Bogotá, Distrito Capital - contraloría
Tema : Insubsistencia

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia de 19 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección D de la sección segunda),
mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del
epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 484 a 506 del cuaderno principal). El señor Danilo
Molano Murcia, por intermedio de apoderado judicial, ocurre ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra Bogotá, Distrito Capital - contraloría, para que se acojan las pretensiones
que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de la «[…] [R]esolución No. 2566 del
31 de agosto de 2017, proferida por el Contralor de Bogotá […] a través de
[la] cual declaró insubsistente el nombramiento del […] [accionante] en el
cargo de [g]erente[,] [c]ódigo 039[,] [g]rado 02 de la [d]irección de
[p]articipación [c]iudadana y [d]esarrollo [l]ocal de la [p]lanta [g]lobalizada
de la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ […] que venía ejecutando desde el 12 de
abril de 2012[1]» (sic).

A título de restablecimiento del derecho, se ordene su reintegro al empleo que
desempeñaba «[…] al momento de ser retirado y/o en otro de igual o superior

1
Se precisa que, de acuerdo con lo acreditado en el proceso, el actor desempeñó el cargo de gerente, código 39,
grado 2, de la dirección de participación ciudadana y desarrollo local de la contraloría de Bogotá, D. C., desde el 25
de enero de 2013, mientras que el 12 de abril de 2012 inició sus funciones como jefe de oficina, código 6, grado 1,
de la subdirección de fiscalización y desarrollo local de la dirección para el control social y desarrollo local de ese
mismo organismo (f. 4 del cuaderno principal).

Expediente 25000-23-42-000-2018-00460-01 (2598-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Danilo Molano Murcia contra Bogotá, Distrito Capital-
contraloría

categoría […]»; y el pago de (i) «[…] todos los salarios, subsidio [f]amiliar,
primas legales y extralegales, bonificaciones, cesantías, vacaciones, intereses
a las cesantías y demás emolumentos de la asignación salarial
correspondientes al cargo que venía desempeñando, junto con los incrementos
legales, desde cuando se produjo su retiro hasta cuando efectivamente sea
reintegrado a su empleo […]», sin que exista solución de continuidad; (ii) «[…]
los gastos efectuados por concepto de servicios [m]édicos, farmacéuticos,
hospitalarios, odontológicos que haya tenido que cancelar de su propio peculio
durante el tiempo que permanezca desvinculado del servicio para él y las
personas que figuren a su cargo»; y (iii) «[…] 100 salarios mínimos mensuales
legales vigentes por concepto de daños morales causados por el despido injusto
[que] lo afect[ó] en su salud emocional, mental y fisiológica». Ello con la
indexación y las costas a que haya lugar.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que fue «[…] nombrado en el cargo
de [j]efe de la [o]ficina[,] [c]ódigo 006[,] [g]rado 01 de la [s]ubdirección de
[f]iscalización [p]ara el [d]esarrollo [l]ocal de la [d]irección [p]ara el [c]ontrol
[s]ocial y [d]esarrollo [l]ocal de la [p]lanta [g]lobalizada de la
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ y posesionado en el cargo, según acta No.
165-2012 del 12 de [abril2] de 2012» (sic), y después designado gerente, código
39, grado 2, de la dirección de participación ciudadana y desarrollo del mismo
organismo, desde el 25 de enero de 2013.

Que el 1º. de agosto de 2014 solicitó de Colpensiones que «[…] le reconociera
su pensión de jubilación por vejez, por estimar que […] estaba dentro de la
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993», lo que le fue negado con
Resolución GNR 21160 de 30 de enero de 2015, «[…] por no cumplir con [el]
requisito de la edad […]».

Afirma que «[…] el 7 de febrero de 2016, el [j]efe de la [o]ficina de [p]ersonal
de la Contraloría de Bogotá, le solicit[ó] que presentara su renuncia al cargo
de [g]erente[,] [c]ódigo 039[,] [g]rado 02 de la [d]irección de [p]articipación
[c]iudadana y [d]esarrollo [l]ocal […] por motivo de cambio de Contralor», a
lo que, por medio de oficio de 8 siguiente, se negó puesto que «[…] estaba en
el retén de pre pensionado y allegó la documental que acreditaba esa condición
[…]».

Que «[…] a finales de agosto de 2017, el Contralor de Bogotá, JUAN CARLOS

2
En el folio 8 del cuaderno principal obra acta 165-2012, cuya fecha es 12 de abril de esa anualidad y no de enero,
como erróneamente se indicó en los hechos de la demanda.
2

Expediente 25000-23-42-000-2018-00460-01 (2598-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Danilo Molano Murcia contra Bogotá, Distrito Capital-
contraloría

GRANADOS BECERRA, cit[ó] a reunión a todos los servidores públicos de los
cargos directivos de la [p]lanta [g]lobalizada de la CONTRALORÍA DE
BOGOTÁ; en desarrollo de la misma, les entregó el escrito de renuncia que
había proyectado para que fuera firmado; los que manifestaron no firmarla,
fue recogida, entre ellos la del [demandante] […] por estar en el régimen de
pre pensionados» (sic).

Dice que, a través de Resolución 2566 de 31 de agosto de 2017, se declaró su
nombramiento, «[…] por haberse negado a firmar la renuncia que le entregó
el señor CONTRALOR DE BOGOTÁ» (sic).

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo acusado los artículos 2, 6, 13, 25, 29, 53, 90,
125 y 209 de la Constitución Política; 93 a 97, 104, 137, 138, 155 y 171 a 195
del CPACA; 9 (parágrafo 3º) de la Ley 797 de 2003; y 41 de la Ley 909 de
2004. Asimismo, las Leyes 790 de 2002 y 812 de 2003, el Decreto 2245 de
2012, la directiva presidencial 10 de agosto de 2002 y las circulares 582 de
octubre de 2002 y externa 1 de 2013 (sin indicación de la entidad emisora).

Asevera que «[e]l Contralor de Bogotá […] si bien es cierto tiene la plena
facultad de solicitar la renuncia a los empleados del nivel directivo, que esos
cargos son de libre nombramiento y remoción; esa facultad tiene limitación
restrictiva cuando […] los cargos los están desempeñando empleados
amparados en el retén social […]».

Que «[e]l acto administrativo demandado, debe ser anulado, por cuanto el
nominador inobservó ni tuvo en cuenta que […] es un excelente servidor
público, que durante el tiempo que […] desempeñó […] el cargo […] nunca
tuvo llamados de atención y menos memorando, luego no había causa para que
fuera declarado insubsistente, para que se predicara que fue por rendimiento
insatisfactorio».

1.5 Contestaciones de la demanda.

1.5.1 Bogotá, Distrito Capital (ff. 523 a 529 del cuaderno principal). A través
de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda;
respecto de los hechos afirma no le constan, por lo que deben probarse; y su
defensa se limita a la formulación de la excepción de falta de legitimación en
causa por pasiva.

3

Expediente 25000-23-42-000-2018-00460-01 (2598-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Danilo Molano Murcia contra Bogotá, Distrito Capital-
contraloría

1.5.2 Contraloría de Bogotá, D. C. (ff. 551 a 593 del cuaderno principal). Por
intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las súplicas del libelo
introductorio; y frente a las situaciones fácticas afirma que unas son ciertas,
otras parcialmente y las demás no le constan, por lo que deben probase.

Arguye que «[e]l actor no es beneficiario del retén social, por cuanto la
Contraloría de Bogotá D. C., no se encontraba en ninguno de los procesos de
tra[n]sformación previstos en la Ley 790 de 2002, ni de sus decretos
reglamentarios». Además, «[…] es necesario tener en consideración que el
acto administrativo por el cual se declaró insubsistente, es decir la Resolución
No. 2566 fue expedida el […] 31 de agosto de 2017, para esa fecha el
demandante ya contaba con un poc[o] más de 62 años de edad, o sea que ya
había cumplido los dos requisitos para acceder a la pensión de vejez, razón por
la cual la […] demanda carece de fundamento alguno, pues al momento del
retiro ya había consolidado su derecho pensional».

1.6 La providencia apelada (ff. 682 a 698 del cuaderno principal). El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección D de la sección segunda), en
sentencia de 19 de septiembre de 2019, negó las súplicas de la demanda (con
condena en costas), al considerar que «[…] a la fecha del retiro del servicio de[l
accionante] […] ya tenía consolidado su estatus pensional, razón por la cual,
se encuentra desvirtuada su estabilidad laboral reforzada por la aludida
calidad de prepensionado […]». No obstante, «[…] entratándose de empleados
de libre nombramiento y remoción como lo era el actor, quienes […] no gozan
de estabilidad laboral reforzada como consecuencia de las funciones a su cargo
o de la suma confianza que exige su labor, cuando el único requisito faltante
para acceder a la pensión de vejez es el de la edad, no hay lugar a considerar
que la persona es beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada de
prepensionable, pues el requisito faltante de edad puede ser cumplido de
manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente, sin que se frustre el
acceso a la pensión de vejez […]» (sic).

Que «[…] se verifica en la copia de la declaración de bienes y rentas del actor
[…] contrario a lo afirmado por [é]l en los hechos de la demanda […] él sí
gozaba de ingresos diferentes al salario al momento de su retiro de este
organismo, esto es, no es cierto que el sueldo que devengaba fuera su único
sustento y de él dependiera su subsistencia. En efecto, […] este documento da
cuenta [de] que […] manifestó que percibía por concepto de “otros ingresos y
rentas”, un valor de $5.400.000».

4

Expediente 25000-23-42-000-2018-00460-01 (2598-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Danilo Molano Murcia contra Bogotá, Distrito Capital-
contraloría

Precisa que «[…] la solicitud de la renuncia al cargo de libre nombramiento y
remoción en el que labora[b]a el actor, constituye un mecanismo protocolario
encaminado a evitar la expedición de un acto de insubsistencia, en pro de
lograr una salida sincronizada con la nueva administración de la entidad, pues
sin estar amparado el demandante por los derechos que confiere la carrera
administrativa ni por algún otro sistema o fuero de estabilidad, se encuentra
bajo el imperio de una potestad discrecional de libre nombramiento y
remoción».

Que el «[…] eficiente desempeño en el ejercicio [de] las labores encomendadas
[…] no otorga por sí solo a su titular la prerrogativa de permanencia en el
cargo, pues del funcionario se espera el cumplimiento fiel a sus deberes […]».

1.7 El recurso de apelación (ff. 707 a 714 del cuaderno principal). El
demandante, a través de apoderado, interpuso recurso de apelación, en el que
insiste en sus planteamientos de demanda y agrega que «[…] el a-quo se
re[h]usó a estudiar [su] […] condición especial […] que […] goza de la
estabilidad laboral reforzada por ser pre pensionado, por esa particular
condición, le imprime una estabilidad laboral, mientras se le resuelve sobre el
reconocimiento de su pensión de jubilación por vejez, que está en trámite, luego
la permanencia en su empleo, es porque […] depende del salario que devenga,
que es el único medio de sustento que él tiene […]» (sic).

Que la «[…] demandada, a mutuo propio [sic] no podía retira[rlo] del servicio
[…], bajo la figura de la discrecionalidad, sino que debió motivar el retiro por
mejora del servicio y pedir el permiso ante el Ministerio del Trabajo, para que
[lo] autorizara […]».

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 26 de febrero de
2020 (f. 716 del cuaderno principal) y admitido por esta Corporación a través
de auto de 30 de noviembre de 2021 (f. 722 ibidem), en el que se dispuso la
notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado,
en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitido el recurso de apelación, se continuó con
el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al
Ministerio Público, con auto de 7 de marzo de 2022 (f. 741 del cuaderno
principal), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara,

5

Expediente 25000-23-42-000-2018-00460-01 (2598-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Danilo Molano Murcia contra Bogotá, Distrito Capital-
contraloría

oportunidad aprovechada por las primeras para reiterar sus argumentos de
demanda, alzada y defensa3.

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Cuestión previa. Legitimación en la causa de las contralorías
territoriales. La Constitución Política (artículo 272) prevé que las contralorías
departamentales, distritales y municipales son órganos de carácter técnico
dotados de autonomía presupuestal y administrativa; y la Ley 1416 de 20104
(artículo 3) dispone que «[e]n desarrollo del fortalecimiento, garantía y
salvaguarda del control fiscal territorial, las entidades territoriales
correspondientes, asumirán de manera directa y con cargo a su presupuesto el
pago de las conciliaciones, condenas, indemnizaciones y cualquier otra forma
de resolución de conflictos de las Contralorías, sin que esto afecte el límite de
gastos del funcionamiento en la respectiva Contraloría Territorial».

No obstante, mediante sentencia C-643 de 20125, la Corte Constitucional
declaró inexequible el artículo 3 de la Ley 1416 de 2010, al considerar que se
vulneraban los principios de moralidad y eficacia de la función pública
consagrados en el artículo 209 de la Carta Política, y se desconocía la autonomía
de las entidades territoriales y las competencias de sus autoridades, por cuanto
su aplicación llevaba al aumento de los costos de la administración territorial.

Sin perjuicio de lo anterior, según el derrotero trazado por esta subsección 6, a
pesar de que las contralorías territoriales no tienen personería jurídica, por lo
que debe demandarse al respectivo ente territorial respecto del cual se ejerce el
control fiscal, ello no implica que no sean las competentes para resolver sobre
cualquier reclamación de carácter laboral que se deriven de sus relaciones de
trabajo, toda vez que gozan de autonomía administrativa y presupuestal para
ello.

Por tanto, aunque la entidad territorial comporta la persona jurídica y, en tal
sentido, la que tiene capacidad para comparecer a juicio, es el ente de control el

3
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
4
«Por medio de la cual se fortalece el control fiscal».
5
M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
6
Ver, entre otras, las sentencias de 24 de julio de 2008, expediente 19001-23-31-000-2003-01316-01 (1626-2006);
22 de enero de 2015, expediente 25000-23-25-000-2011-01324-01 (3077-2013); y 26 de octubre de 2017,
expediente 08001-23-33-000-2012-90374-01 (5037-2015).
6

Expediente 25000-23-42-000-2018-00460-01 (2598-2020)
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encargado de asumir con cargo a su presupuesto las obligaciones derivadas de
las relaciones laborales, por lo que deben ser vinculados a los procesos
judiciales con el fin de que ejerzan la defensa de sus intereses, como lo ha
precisado esta Corporación.

3.3 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si la Resolución 2566 de 31 de agosto
de 2017, mediante la cual la contraloría de Bogotá, D. C., declaró insubsistente
al actor del cargo de gerente, código 39, grado 2, de la dirección de participación
ciudadana y desarrollo local, se ajusta al ordenamiento jurídico, o si, por el
contrario, fue expedida sin tener en cuenta su condición de prepensionado, que
le garantizaba la permanencia en el empleo, como lo alega aquel.

3.4 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

El artículo 125 de la Carta Política prevé que «[l]os empleos en los órganos y
entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los
de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás
que determine la ley».

En desarrollo de esta disposición, el artículo 23 de la Ley 909 de 20047, norma
que regula el empleo público, preceptúa que «[l]os nombramientos serán
ordinarios, en período de prueba o en ascenso, sin perjuicio de lo que
dispongan las normas sobre las carreras especiales. Los empleos de libre
nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo
el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el
procedimiento establecido en esta ley […]».

Respecto de los cargos de libre nombramiento y remoción, en términos
generales, el artículo 5 de la referida Ley 909 de 2004 establece que son aquellos
que corresponden a (i) la dirección, conducción y orientación, cuyo ejercicio
implica la adopción de políticas o directrices institucionales, tanto en la
administración central del nivel nacional, como en los órganos de control del
orden territorial y descentralizados; (ii) los de especial confianza, que tengan
asignadas funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo a

7
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y otras
disposiciones».
7

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Danilo Molano Murcia contra Bogotá, Distrito Capital-
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determinados funcionarios, y adscritos a su despacho, en la administración
central del nivel nacional, órganos de control territorial y descentralizados; (iii)
aquellos cuyo desempeño involucra la administración y manejo directo de
bienes, dineros o valores públicos; (iv) los que no pertenezcan a organismos de
seguridad del Estado cuyas funciones, como las de escolta, consistan en la
protección y seguridad personales de los servidores públicos; (v) que tengan
labores de asesoría en las mesas directivas de las asambleas departamentales y
de los concejos distritales y municipales; y (vi) de especial confianza con
funciones de asesoría institucional adscritos a las oficinas de los secretarios de
despachos, directores de departamentos administrativos y gerentes en los
departamentos, distritos especiales y municipios y distritos de categoría especial
y primera.

Ahora bien, la vinculación del personal que ocupe empleos de libre
nombramiento y remoción se efectúa en ejercicio de la facultad discrecional del
nominador de escoger a quien tenga las condiciones de idoneidad para
ejercerlos, y el retiro a su vez debe estar precedido de razones objetivas
plenamente justificadas en el interés general, sin que ello signifique que el acto
mediante el cual se declara la insubsistencia de la designación deba contener
una motivación expresa.

En lo relacionado con el retiro del servicio, el artículo 41 (inciso 2º del parágrafo
segundo) de la Ley 909 de 2004 consagra que «[l]a competencia para efectuar
la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se
efectuará mediante acto no motivado».

Resulta pertinente advertir que la precitada normativa (artículo 3º 8), en cuanto
al campo de aplicación, prescribió que «[l]as disposiciones contenidas en la
presente ley serán aplicables en su integridad […]» a «[…] quienes prestan sus
servicios en empleos de carrera de las entidades del nivel territorial:
departamentos, Distrito Capital, distritos y municipios y sus entes
descentralizados».

Asimismo, esta Colegiatura ha dicho que el desempeño de un cargo de libre
nombramiento y remoción no confiere fuero de inamovilidad o prerrogativa de
permanencia alguna al empleado que lo ocupa9, por tanto, el nominador en
ejercicio de la facultad discrecional que la ley le otorga, podrá removerlo libre

8
«Campo de aplicación de la presente ley.- […]».
9
Entre otras, ver sentencia de 23 de febrero de 2006, sección segunda, subsección A, expediente 25000-23-25-000-
2002-01649-01 (7195-05), C. P. Jaime Moreno García.
8

Expediente 25000-23-42-000-2018-00460-01 (2598-2020)
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Danilo Molano Murcia contra Bogotá, Distrito Capital-
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y prudencialmente, bajo la presunción legal de que se expide en aras de un mejor
servicio público en el ente estatal que regenta:

La declaratoria de insubsistencia de un empleado de libre nombramiento
y remoción, como el demandante, es procedente de forma inmotivada,
sin procedimientos o condiciones, y goza de presunción de legalidad tal
como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado. No
obstante lo anterior, por ser presunción legal, es susceptible de ser
desvirtuada presentando pruebas que tiendan a infirmarla. Tal
presunción surge de la aplicación del principio de legalidad, en virtud
del cual las autoridades en el ejercicio de sus funciones están sometidas
a la Constitución, la Ley y los Reglamentos, y “opera en el quehacer de
la administración pública imponiendo una determinada modalidad de
obrar ajustada a las reglas jurídicas y políticas, de legitimidad o
juridicidad estricta y de oportunidad o convivencia”10.

Por lo anterior, frente a los empleados de libre nombramiento y remoción, el
nominador goza de facultad discrecional para disponer su vinculación y retiro,
potestad que se presume ejercida con el fin de lograr el mejoramiento del
servicio oficial.

3.5 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

a) El accionante nació el 9 de abril de 1955 (ff. 16 y 17 del cuaderno principal),
por lo que cumplió 62 años el 9 de abril de 2017.

b) Resolución 278 de 23 de enero de 2013 (f. 9 del cuaderno principal), expedida
por el contralor de Bogotá, Distrito Capital, por medio de la cual nombró al
demandante en el cargo de gerente, código 39, grado 2, de la planta global de
ese organismo, del que tomó posesión el 25 siguiente (f. 10 ibidem).

c) Resolución GNR 21160 de 30 de enero de 2015 (ff. 13 a 15 del cuaderno
principal), proferida por la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), a través de la cual se negó al actor la pensión de vejez, porque
«[…] no logra acreditar el requisito mínimo de edad […]».

10
Sentencia de 23 de febrero de 2011, sección segunda, subsección B, expediente 17001-23-31-000-2003-01412-
02 (734-2010), C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
9

Expediente 25000-23-42-000-2018-00460-01 (2598-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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d) El 8 de febrero de 2016 (ff. 11 y 12 del cuaderno principal), el accionante
presentó ante el contralor de Bogotá, D. C., memorial en el que le indica que
«[…] no renunciaría [a su cargo] porque pertene[ce] a la categoría de pre
pensionado del sector público y por cuanto cumpl[e] con todos los requisitos
para acceder a la pensión de jubilación o de vejez dentro del lapso de 3 años;
como prueba adjunt[a] fotocopia de [su] cédula de ciudadanía y certificaciones
de tiempos laborados y cotizados, donde es claro que el año entrante, el 9 de
abril de 2.017, cumpl[e] 62 años y por tener más de 1.400 semanas cotizadas
[tiene] derecho a la pensión, de tal forma que tan solo [le] falta un año y dos
meses para radicar los papeles en COLPENSIONES y para que esta entidad
[l]e empiece a pagar la pensión que [l]e corresponde. Si renunci[a] no tendr[á]
los recursos económicos para cubrir [sus] necesidades básicas y demás
obligaciones económicas y con 61 años, no [l]e dan empleo en ningún lugar
[…]». Esta comunicación fue reiterada en oficio de 1º. de septiembre de 2017
(f. 18 ibidem).

e) Resolución 2566 de 31 de agosto de 2017 (f. 2 del cuaderno principal),
proferida por el anterior funcionario, a través de la que se declaró insubsistente
el nombramiento del demandante del empleo de gerente, código 39, grado 2, de
la dirección de participación ciudadana y desarrollo local de ese ente estatal.
Este acto administrativo fue notificado el 1º. de septiembre siguiente (f. 3
ibidem).

f) Certificación de 15 de septiembre de 2017 (ff. 4 a 5 vuelto del cuaderno
principal), firmada por el director técnico de talento humano de la contraloría
de Bogotá, D. C., en la que se indica que el actor «[…] prestó sus servicios a la
[e]ntidad desde el 12 de abril de 2012 hasta el 03 de septiembre de 2017. En el
momento de su retiro desempeñaba el cargo de GERENTE 039 02 ante la
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN LOCAL – DIRECCIÓN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL […]» (sic).

De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que el accionante (i)
nació el 9 de abril de 1955, por lo que cumplió 62 años el 9 de abril de 2017; y
(ii) prestó sus servicios como gerente, código 39, grado 2, de la dirección de
participación ciudadana y desarrollo local de la Contraloría de Bogotá, D. C.,
desde el 25 de enero de 2013 hasta el 3 de septiembre de 2017, cuando se hizo
efectiva su insubsistencia, declarada mediante el acto administrativo acusado,
cuya nulidad demanda porque se desconoció su condición de prepensionado.

Con ocasión de la anterior decisión, el demandante acudió a la jurisdicción de
10

Expediente 25000-23-42-000-2018-00460-01 (2598-2020)
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lo contencioso-administrativo con el propósito de obtener su nulidad, lo que no
logró ante el Tribunal de instancia, por lo que interpuso recurso de apelación,
en el que insistió en su situación de prepensionado, lo que implicaba su
permanencia en el cargo hasta cuando le fuera reconocida su pensión de
jubilación, así como que el acto administrativo de retiro debía motivarse, previo
permiso del Ministerio del Trabajo, para su desvinculación.

Lo primero que debe recordarse es que de conformidad con lo previsto en el
artículo 167 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por remisión
expresa del 306 del CPACA, «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», razón por
la cual quien alega la existencia de vicios de nulidad en los actos administrativos
debe desplegar las actuaciones necesarias para llevar al juez a ese
convencimiento y, con tal propósito, aportar los elementos probatorios a que
haya lugar, los que serán valorados de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Para resolver el asunto sub examine, con el fin de retomar lo expuesto en el
marco jurídico de este fallo y concretar la resolución del recurso de apelación
objeto de esta providencia, resulta relevante indicar que «[l]a regla general en
el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso mediante el
sistema de carrera administrativa, tal como lo ha previsto el artículo 125 de
la Constitución Política. No obstante lo anterior, hay eventos en los que la
administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus
empleados en atención a la trascendencia de las funciones que desempeñan y
el grado de confianza que se exige para ello»11; en estos eventos se ha previsto,
como excepción al sistema de carrera administrativa, el ingreso al servicio
público para ejercer empleos con funciones de conducción, dirección u
orientación institucional que requieran el más alto grado de confianza para su
desempeño.

No obstante, es justamente ese grado de confianza el que le otorga al
nominador la facultad de decidir en forma libre su provisión y retiro, sin que
se requiera la exposición de los motivos en los que se funda esa determinación;
«[e]n otras palabras, […] es claro que los actos de desvinculación de los
funcionarios de libre nombramiento y remoción no necesitan de motivación,
en la medida en que la selección de este tipo de personal supone la escogencia
de quien va a ocupar el cargo por motivos estrictamente personales o de

11
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 19 de febrero de 2018, expediente 25000-23-42-
000-2013-01223-02 (4578-16).
11

Expediente 25000-23-42-000-2018-00460-01 (2598-2020)
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confianza»12, «presumiendo razones objetivas para su retiro, es decir, que la
no expresión de motivación implica un fin intrínseco y adecuado de
mejoramiento del servicio; sin embargo, cuando existe una motivación clara y
expresa dentro del acto de insubsistencia de un empleado provisional, ya no
opera la presunción referida y en su control jurisdiccional, se atiene la
Administración a las razones de hecho y de derecho consignadas en dicho acto
por cuanto constituye entonces un acto reglado»13.

En el caso de los empleados de libre nombramiento y remoción, resulta
pertinente recordar que fue voluntad del legislador establecer, de manera
específica y especial, que «[l]a competencia para efectuar la remoción en
empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará
mediante acto no motivado», en el artículo 41 (parágrafo segundo) de la Ley
909 de 2004, para destacar esta atribución conferida a los nominadores de los
entes públicos, normativa que debe armonizarse con el artículo 44 del CPACA,
cuando de actos discrecionales se trata, en el sentido de que deben ser adecuados
a los fines de la norma que los autoriza y proporcionales a los hechos que les
sirven de causa, para evitar arbitrariedad o capricho, en virtud de que no hay
potestades omnímodas en el Estado social de derecho; en efecto, el artículo 122
de la Carta Política estipula que «[n]o habrá empleo público que no tenga
funciones detalladas en la ley o reglamento».

Acerca de este tema, esta Corporación14 ha sostenido que «[l]a facultad
discrecional conforme a nuestro ordenamiento, es parte del ejercicio de la
función administrativa en tanto se encuentra al servicio del interés público o
general conforme lo dispone el artículo 209 de la Constitución Política,
operando como límite negativo del ejercicio de la facultad discrecional para
excluir de cualquier decisión lo arbitrario, ilógico o irrazonable15. Esta
facultad prevista en el anterior Código Contencioso Administrativo en el
artículo 36 y hoy en el artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, prevé la regla general de la
discrecionalidad y plantea la proporcionalidad entre los hechos que le sirven
de causa y los fines de la norma que lo autoriza, que no es otra cosa que la
acción del hecho causal sobre el efecto jurídico, la medida o razón que
objetivamente debe existir entre la realidad de hecho y el derecho que supone

12
Ibidem.
13
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 26 de junio de 2008, expediente 68001-23-15-
000-2001-01916-01 (606-07). C. P. Eduardo Gómez Aranguren.
14
Sentencia de 20 de agosto de 2015, expediente 25000-23-25-000-2010-00254-01 (1847-2012), C. P. Gerardo
Arenas Monsalve.
15
«Radicado interno No. 1866-2010, actor: Diego León Villamarín, M.P. Gerardo Arenas Monsalve».
12

Expediente 25000-23-42-000-2018-00460-01 (2598-2020)
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la verdad fáctica y su conexidad con la decisión16. En ese sentido conforme a
los dos presupuestos de la citada norma, cabe precisar que la regla y medida
de la discrecionalidad de un instrumento como la declaratoria de
insubsistencia es la razonabilidad; vale decir, la discrecionalidad hace
referencia a lo proporcionado e idóneo y al uso del poder dentro de límites
justos y ponderados».

Sumado a lo anterior, es del caso indicar que la Corte Constitucional, en
sentencia C-429 de 201117, discurrió que «[a]sí, por su propia naturaleza, los
cargos de libre nombramiento y remoción gozan de una precaria estabilidad
pues el ordenamiento deja un margen más amplio de discrecionalidad al
nominador, toda vez que aspectos tales como la confianza y la credibilidad que
recaen sobre el trabajador pueden determinar la disponibilidad del cargo».

Ahora bien, esta Sala se centra en los motivos de inconformidad del accionante
con la sentencia de primera instancia, en los que insiste en que su alegada
condición de prepensionado le otorgaba permanencia en el cargo hasta cuando
se le reconociera la pensión de jubilación, además de que su salario es su única
fuente de ingresos y la decisión de desvinculación debió motivarse, junto con
el permiso que para tal efecto debía conceder el Ministerio del Trabajo, dada
su situación de protección especial.

En lo referente a la alegada falta de motivación del acto administrativo de
insubsistencia del empleo de libre nombramiento y remoción frente a su
validez, la Corte Constitucional, a través de sentencia C-734 de 200018, fijó
los lineamientos a seguir frente a litigios que impliquen el retiro del servicio,
por declaratoria de insubsistencia, de quienes desempeñen empleos de libre
nombramiento y remoción. En tal sentido, anotó:

5. La estabilidad laboral en los cargos de libre nombramiento y
remoción.
[…]
7. En relación con la garantía de estabilidad laboral que también cobija
a quienes ocupan cargos de libre nombramiento y remoción, la Corte,
con fundamento en la Constitución, ha decantado jurisprudencia que
indica que la posibilidad de desvincular libremente en cualquier
momento a esta clase de servidores, no contraría la Carta, pues su
estabilidad es precaria en atención a la naturaleza de las labores que

16
«Radicación 25000-23-25-000-2000-04935-01 (1132-08) Actor, Elizabeth Herrera Neira, Demandado,
Ministerio de Justicia y del Derecho y otro. M.P. Gerardo Arenas Monsalve».
17
C. P. Jaime Araújo Rentería.
18
M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
13

Expediente 25000-23-42-000-2018-00460-01 (2598-2020)
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cumplen, ya que requieren siempre de la plena confianza del nominador
[…].
[…]
9. El artículo 26 del decreto Ley 2400 de 1968, leído íntegramente indica
que en la respectiva hoja de vida del funcionario desvinculado, deberá
dejarse constancia del hecho y de las causas que ocasionaron su retiro.
Esta prescripción aleja a la facultad discrecional que se contiene en la
norma, de la posibilidad de ejercerse en forma caprichosa o arbitraria,
al ordenar dejar constancia posterior, aunque sumaria, de la motivación
que condujo a la decisión de declarar insubsistente al funcionario. Por
ello, el sentido completo del artículo 26 consiste en indicar que la
providencia que ordena la desvinculación no tiene que expresar dentro
de su propio texto la motivación de tal decisión, no obstante lo cual debe
dejarse constancia de ella en la hoja de vida del servidor público. Así, el
funcionario desvinculado puede conocer las razones que llevaron a
declarar la insubsistencia de su designación, y si estima que ellas
configuran una arbitrariedad, un abuso o una desviación de poder,
ejercer los medios de defensa judicial a su alcance.

De acuerdo con lo expuesto, el nominador no está obligado a expresar en el acto
que declara insubsistente la designación de un servidor de libre nombramiento
y remoción los motivos que lo fundan; sin embargo, sí debe consignarlos, con
posterioridad, en la respectiva hoja de vida, con el propósito de que el afectado
los conozca y, de ser el caso, pueda controvertirlos.

Por su parte, la línea jurisprudencial trazada por el Consejo de Estado en la
materia ha sido constante y pacífica en cuanto a que la omisión de este deber
(dejar constancia en la respectiva hoja de vida del hecho y las causas que
ocasionaron la declaratoria de insubsistencia) no afecta la validez de la decisión,
en la medida en que esa obligación es posterior a su formación, que a lo sumo
comportaría infracción a un deber legal19.

Se tiene entonces que la falta de motivación expresa, por sí sola, no afecta la

19
Frente a este tema, se pueden consultar, entre otras providencias del Consejo de Estado (sección segunda), la de
15 de mayo de 2008, subsección B, expediente 25000-23-25-000-2003-04220-01 (4858-05), C. P. Jesús María
Lemos Bustamante. En esa oportunidad se consideró: «En relación con la presunta violación del artículo 26 del
decreto 2400 de 1968, alegada por la actora en el libelo introductorio, basta señalar que ha sido reiterada la
jurisprudencia de esta corporación en el sentido de que la constancia en la hoja de vida del ex servidor público
acerca de las causas que generaron la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento no constituye elemento
del acto ni requisito para su validez y eficacia y, por ende, la omisión de tal exigencia no conduce a la anulación
del mismo»; (ii) 2 de marzo de 2017, subsección A, radicación 25000-23-42-000-2013-01135-01 (3686-14); y (iii)
23 de enero de 2020, subsección A, proceso 54001-23-33-000-2014-00135-01 (3598-15), C. P. Rafael Francisco
Suárez Vargas. En esta última providencia se precisó que «el acto por medio del cual se declara insubsistente el
nombramiento de un empleado de libre nombramiento y remoción debe ser inmotivado por el nominador, y el deber
de explicar los motivos en la hoja de vida del empleado de las causas que originaron la desvinculación no hace
parte de la esencia misma del acto, sino tan solo constituye un antecedente laboral que debe plasmarse en su hoja
de vida».
14

Expediente 25000-23-42-000-2018-00460-01 (2598-2020)
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validez del acto; empero, en atención a que la mencionada censura también
abarca la inconformidad relativa a la protección especial por estabilidad laboral
reforzada, sustentada en que el accionante se encontraba cerca a pensionarse, a
continuación procede la Sala a su análisis frente a las particularidades del caso
concreto.

Según las reglas fijadas por la Corte Constitucional, el concepto de
«prepensionado», que para el asunto sub examine corresponde al de servidor
público próximo a pensionarse, está ligado a los sujetos de especial protección
que se encuentran en situaciones particulares de vulnerabilidad cuando se
enfrentan a procedimientos de reestructuración administrativa, a quienes se les
debe garantizar la estabilidad laboral reforzada.

Acerca de este tema, la citada Corporación20 advirtió:

La estabilidad laboral de las personas “prepensionadas”, en el marco
del proceso de renovación administrativa del Estado (retén social).
Reiteración de jurisprudencia.

1. La Corte Constitucional se ha referido en un conjunto amplio de
providencias a la estabilidad laboral de grupos vulnerables en procesos
de reestructuración institucional del Estado21. En esta oportunidad, la
Sala reiterará apartes centrales de la sentencia C-795 de 2009,
pronunciamiento en el que se encuentran sistematizados los criterios y
subreglas aplicables en materia de retén social.

2. En el fallo mencionado, este Tribunal explicó que los procesos de
renovación institucional encuentran sustento en la necesidad de adecuar
la estructura orgánica de la administración a las cambiantes exigencias
económicas y sociales, con el propósito de lograr una adecuada
prestación de los servicios a cargo del estado, y un manejo eficiente de
los recursos públicos.

3. Precisó la Corte, además, que la consecución de esos fines, sin duda
legítimos en el estado constitucional, debe realizarse evitando al
máximo la restricción de los derechos de los grupos sociales que puedan
verse afectados, cuando la reforma institucional implica la modificación
de la estructura de las plantas de personal.
[…]
4. En ese marco, el legislador profirió la ley 790 de 2002 previendo
mecanismos especiales de estabilidad para los trabajadores o
funcionarios que se verían particularmente afectados en los procesos de
20
Fallo T-186 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
21
«Cfr. Sentencias T-128/09, T-206/06, T-338/08, T-486/06, T-556/06, T-570/06, T-538/06, T-646/06, T-
971/06, T-873/09. SU-388 y SU-389 de 2005, entre otras».
15

Expediente 25000-23-42-000-2018-00460-01 (2598-2020)
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reforma institucional, como concreción de los mandatos contenidos en
los incisos 3º y 4º del artículo 13 Superior, relativos a la adopción de
medidas de protección a favor de grupos vulnerables y personas en
condición de debilidad manifiesta, y en las cláusulas constitucionales
que consagran una protección reforzada para ciertos grupos sociales,
tales como las mujeres (art. 43 CP), los niños (art. 44 C.P.), las personas
de la tercera edad (art. 46 C.P), y las personas con discapacidad (art. 47
C.P.). Las medidas contenidas en la ley 790 de 200222 se conocen como
retén social.

En la citada Ley, el Congreso de la República estableció, como ámbito
de aplicación del retén social “los programas de renovación o
reestructuración de la administración pública del orden nacional”;
determinó que su finalidad es la de “garantizar la estabilidad laboral y
el respeto a la dignidad humana para las personas que de hecho se
encuentren en la situación de cabezas de familia23, los discapacitados y
los servidores públicos próximos a pensionarse.24” (C-795 de 2009),
prohibiendo su retiro del servicio; y fijó, como límite temporal de la
protección, el vencimiento de las facultades extraordinarias conferidas
al presidente mediante la citada ley.
[…]
7. Finalmente, en la citada sentencia C-795 de 2009, la Corte armonizó
la jurisprudencia constitucional en cuanto a la delimitación del concepto
de persona prepensionada, objeto de amplias discusiones
interpretativas:

“(i) [Definición de prepensionado:] (…) tiene la condición de
prepensionado para efectos de la protección reforzada
reconocida por el legislador a sujetos de especial
vulnerabilidad, en el contexto de procesos de renovación de
la administración pública, el servidor público próximo a
pensionarse al cual le falten tres (3) o menos años para reunir
los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de
cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación
o vejez”.

“(ii) El momento a partir del cual se [debe contabilizar] el
parámetro temporal establecido para definir la condición de
prepensionado (…) En relación con el (…) momento
histórico a partir del cual se contabilizarían esos tres (3) años
22
«Posteriormente complementada y modificada por la ley 812 de 2003, y los decretos 190 y 396 de 2003, conjunto
normativo que suele agruparse bajo el nombre de retén social».
23
«En la sentencia C-964 de 2003, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de algunas disposiciones
de la Ley 82 de 1993, “Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de
familia”, en el entendido, que los beneficios establecidos en dichos artículos a favor de las personas
dependientes de la mujer cabeza de familia se harán extensivos a los hijos menores y a los hijos impedidos
dependientes del hombre que, de hecho, se encuentre en la misma situación que una mujer cabeza de familia,
en los términos y bajo el requerimiento del artículo 2 de la misma Ley».
24
«Corte Constitucional, sentencias C-1039 de 2003 y T-587 de 2008».
16

Expediente 25000-23-42-000-2018-00460-01 (2598-2020)
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[previos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la
pensión de vejez], este debe adecuarse al nuevo contexto
normativo generado por la expedición de la Ley 812 de 2003
y el pronunciamiento de la Corte efectuado en la sentencia C-
991 de 2004 sobre esta norma. En ese nuevo marco, la
jurisprudencia ha estimado que el término de tres (3) años o
menos, debe contabilizarse a partir de la fecha en que se
declara la reestructuración de la entidad de la administración
pública25”

“(iii) [sobre la extinción de la protección en el tiempo], es
decir el lapso durante el cual es posible mantener la
protección de estabilidad reforzada para las personas
próximas a pensionarse, la jurisprudencia ha desarrollado un
criterio uniforme aplicable a todos los grupos protegidos por
la Ley 790 de 2002 (madres y padres cabeza de familia,
discapacitados y prepensionados), consistente en que dicha
protección solamente puede ser sostenida durante el tiempo
por el cual se prolongue el proceso de liquidación, y hasta la
extinción material y jurídica de la entidad sometida a dicho
proceso” [subraya la subsección].

En este orden de ideas, la situación particular del actor no se ajusta a los
supuestos fácticos de la figura de «prepensionado», para ser considerado sujeto
de especial protección, pues (i) su desvinculación no fue consecuencia de la
supresión del cargo que ocupaba en desarrollo del programa de renovación de
la administración pública previsto en la Ley 790 de 200226, y (ii) al momento
de su retiro ya tenía consolidado su estatus pensional.

Así se deduce, por cuanto al declararse insubsistente su nombramiento no le
faltaban tres o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de
servicio o semanas de cotización para obtener su pensión por vejez, dado que,
a juzgar por los documentos obrantes en el proceso, para el 3 de septiembre de
201727 (cuando fue desvinculado del ente estatal) había cumplido los 62 años
de edad (lo que ocurrió el 9 de abril de 2017) y contaba con 1.424,86 semanas
cotizadas (con corte a 8 de febrero de 201628), por lo que, se insiste, tenía
consolidado su estatus pensional29.

25
«Criterio sostenido en la sentencia T-089 de 2009».
26
«Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y
se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República».
27
El acto acusado fue expedido el 31 de agosto de 2017, pero la entidad certifica que permaneció en el cargo hasta
el 3 de septiembre siguiente.
28
Según reporte de semanas cotizadas en pensiones expedido por Colpensiones (ff. 355 a 358 del cuaderno
principal).
29
De conformidad con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, los requisitos para obtener pensión por vejez son 62
años para el hombre y 1300 semanas para el año 2015.
17

Expediente 25000-23-42-000-2018-00460-01 (2598-2020)
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A manera de colofón, la Sala estima pertinente reiterar las conclusiones a que
arribó esta subsección en un caso con similitud fáctica y jurídica30:

a) La protección especial de estabilidad laboral conferida a quienes
están próximos a consolidar el status pensional, es aplicable tanto a
empleados en provisionalidad, como a empleados de libre
nombramiento y remoción y de carrera, respecto de cualquier escenario
que materialice una causal objetiva de retiro del servicio.

b) Al ejercer la potestad discrecional de libre nombramiento y
remoción, la administración deberá tener en cuenta que la protección
especial de quienes están próximos a consolidar el status pensional es
un imperativo constitucional, razón por la cual es necesario que el
nominador realice un ejercicio de ponderación entre los derechos
fundamentales de los pre pensionados (mínimo vital, igualdad,
seguridad social) y la satisfacción del interés general del buen servicio
público, con el fin de tomar la decisión más “adecuada a los fines de la
norma que la autoriza” y “proporcional a los hechos que le sirven de
causa”31, buscando en lo posible, armonizar el ejercicio de la facultad
discrecional del literal a) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 con las
disposiciones que consagran la protección especial de los sujetos que
están próximos a pensionarse.

c) La protección especial en razón a la condición de sujeto “pre
pensionado”, resulta aplicable siempre y cuando el servidor público esté
próximo a pensionarse, es decir, le falten tres (3) o menos años para
reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de
cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez”,
por lo tanto, quien para la fecha de retiro del servicio ya tiene
consolidado su estatus pensional, no se encuentra en la situación
fáctica de sujeto pre pensionable, aunque sí goza de otro tipo de
garantía otorgada por el legislador para la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital y seguridad social, la cual se encuentra
establecida en la Ley 797 de 2003, en su artículo 9, parágrafo 1, al
establecer que los fondos encargados tienen el deber de reconocer la
pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de
radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente
documentación que acredite su derecho, motivo por el cual la persona
no quedará desamparada, pues tendrá derecho a disfrutar de la pensión
[negrillas de la Sala].

Agrégase a lo anterior, que la Corte Constitucional ha concluido que, «[…] por
regla general, los empleados públicos de libre nombramiento y remoción, no

30
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 29 de
febrero de 2016, expediente 05001-23-33-000-2012-00285-01(3685-13), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
31
Artículo 44 del CPACA.
18

Expediente 25000-23-42-000-2018-00460-01 (2598-2020)
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gozan de estabilidad laboral reforzada[, al] [e]nfatiza[r] que la regla se tornaba
mucho más estricta en relación con los empleados de “dirección, conducción
y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o
directrices”, de que trata el literal a) del numeral 2 del artículo 5 de la Ley 909
de 2004, pues se refiere a los empleos públicos del más alto nivel jerárquico en
la Rama Ejecutiva del poder público y de los Órganos de Control, en la
administración central y descentralizada tanto del nivel nacional, como
territorial, a los que les corresponde la dirección, conducción y orientación de
las entidades estatales de las que hacen parte. En atención a su alta calidad y
elevadas responsabilidades, se trata de los empleos públicos que exigen el
máximo grado de confianza por parte de sus nominadores y, por tanto, de
discrecionalidad en cuanto a su nombramiento y remoción»32.

En virtud de lo anotado, se reitera, el accionante no puede pregonar la condición
de prepensionado, toda vez que, además de estar vinculado laboralmente en un
empleo de libre nombramiento y remoción que, en principio, no le permite a su
titular alcanzar una estabilidad laboral reforzada, no fue retirado en el marco del
programa de renovación de la administración pública previsto en la Ley 790 de
27 de diciembre de 2002; asimismo, en todo caso, la contraloría de Bogotá, D.
C., y sus servidores no podían resultar afectados por esa reestructuración
administrativa, dado que estaba dirigida a «[…] organismos y entidades de la
rama ejecutiva del orden nacional»33, calidad que no tiene la demandada.

Sumado a lo anterior, cabe destacar que no se encuentra acreditado en el
proceso que, amén de la petición de reconocimiento pensional negada por
Colpensiones con Resolución GNR 21160 de 2015, el demandante, una vez
colmó los requisitos de edad y semanas cotizadas (lo que ocurrió el 9 de abril
de 2017, tras haber alcanzado la edad de 62 años, por cuanto el requisito de
tiempo de servicios había sido satisfecho), haya formulado una nueva solicitud
con el mismo propósito, sino que se limitó a aseverar que no era dable retirarlo
del servicio dada su condición de prepensionado, cuando lo cierto es que no
adelantó gestión alguna para ese reconocimiento pensional. Lo mismo ocurre
con el planteamiento referente a que su salario en la accionada era su única
fuente de ingresos, pues de la declaración juramentada de bienes y rentas y
actividad económica privada de 30 de marzo de 2017, se desprende un ingreso

32
Sentencia SU-3 de 2018.
33
«Artículo 1o. Objeto. La presente ley tiene por objeto renovar y modernizar la estructura de la rama ejecutiva
del orden nacional, con la finalidad de garantizar, dentro de un marco de sostenibilidad financiera de la Nación,
un adecuado cumplimiento de los Fines del Estado con celeridad e inmediación en la atención de las necesidades
de los ciudadanos, conforme a los principios establecidos en el artículo 209 de la C.N. y desarrollados en la Ley
489 de 1998» (se subraya).
19

Expediente 25000-23-42-000-2018-00460-01 (2598-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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de $5.400.000 por concepto de arriendos, adicional al de salarios y demás
ingresos laborales y a gastos de representación, con lo que se desvirtúa su
afirmación atinente a que no podía desvincularse del mencionado cargo por
ser su único ingreso económico.

De igual modo, se aclara que el hecho de que el demandante atendiera sus
deberes y observara buena conducta, no le otorgaba fuero de estabilidad en el
empleo, de modo que no era óbice para que el nominador ejerciera la potestad
de libre remoción. Esto, en virtud del deber de todo servidor público de
«[c]umplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión
o perturbación injustificada de un servicio esencial», como lo consagran los
artículos 38 (inciso 3º) del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 201934)
y 209 de la Constitución Política; este último según el cual la función
administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de eficacia,
celeridad e imparcialidad, entre otros.

En lo concerniente a la idoneidad y buen desempeño de los empleados de libre
nombramiento, esta Colegiatura35 ha dicho:

Tratándose de decisiones discrecionales como la acusada, el registro en
la hoja de vida del actor de unas calificaciones superiores en el
desempeño de las funciones constitucional y legalmente asignadas no
generan por sí solas fuero alguno de estabilidad ni pueden limitar la
potestad discrecional que el ordenamiento le concede al nominador,
pues ha sido criterio de la Corporación que la idoneidad para el ejercicio
de un cargo y el buen desempeño de las funciones, no otorgan por sí
solos a su titular prerrogativa de permanencia en el mismo, pues lo
normal es el cumplimiento del deber por parte del funcionario.
[…]
En el caso concreto, […] se observa que, no obstante advertirse un buen
desempeño en sus funciones debe decirse, de una parte, que ello no
otorga per se, inamovilidad en el cargo público, y de otra, que no se
observan elementos de juicio que permitieran inferir a la Sala que la
administración obró con desviación del poder en la expedición del acto
con detrimento del mejoramiento del servicio.

Lo anterior, para arribar a la conclusión de que la facultad discrecional para los

34
Antes artículo 34 (numeral 3º) de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único). La Ley 1952 de 2019 entró
en vigor el 29 de marzo de 2022, a excepción de los artículos 69 y 74 de la Ley 2094 de 2021, que entraron a regir
a partir del 30 de junio de 2021, y el artículo 7 de la Ley 2094 de 2021 entrará en vigor el 29 de diciembre del 2023,
de acuerdo con el artículo 73 ibidem.
35
Sección segunda, subsección B, fallo de 20 de marzo de 2013, expediente 05001-23-31-000-2001-03004-01 (357-
12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
20

Expediente 25000-23-42-000-2018-00460-01 (2598-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Danilo Molano Murcia contra Bogotá, Distrito Capital-
contraloría

cargos de libre nombramiento y remoción se trata de una atribución legal de que
disponen los nominadores de este tipo de empleos que va atada a un grado de
confianza para su desempeño y esta fue la razón que llevó a que, en su momento,
el contralor de Bogotá, D. C., haya adoptado la determinación de separar de su
trabajo al accionante.

En ese sentido, resulta importante insistir en que en el caso de la presunción
legal de una decisión propia de la Administración pública, le corresponde al
particular, eventualmente afectado con ella, desvirtuarla; y en el sub lite, como
ya se vio, el actor no demostró que la parte demandada hubiera actuado de tal
modo que viciara de nulidad el acto acusado; quien alega un vicio tiene la
obligación de acreditarlo con suficiencia, puesto que, conforme al artículo 167
del CGP, le incumbe la carga de la prueba.

Para esta Corporación la facultad discrecional ejercida en este asunto está
ajustada a derecho y, por ende, se descartan los vicios de nulidad alegados en
los escritos de demanda y alzada, lo que conlleva la negativa de las pretensiones
del libelo introductorio, como lo concluyó el a quo.

Por otro lado, en lo atañedero a la condena en costas y las agencias en derecho
que corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso,
esta Corporación, en sentencia de 1º. de diciembre de 201636, se pronunció así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en
que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda
acepción es entendida por la Real Academia Española como «2. tr.
Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del
CGP).

36
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
21

Expediente 25000-23-42-000-2018-00460-01 (2598-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Danilo Molano Murcia contra Bogotá, Distrito Capital-
contraloría

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio
de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por
las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio
judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de
la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo
sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda,
excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se
utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u
omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y
expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente
inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en
el ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.

Por lo tanto, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición
del juez la procedencia o no de la condena en costas, por cuanto para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación
y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a
sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, actuación que,
se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal proceder del
actor, se revocará la condena en costas.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas; y se revocará la condena
en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
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Expediente 25000-23-42-000-2018-00460-01 (2598-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Danilo Molano Murcia contra Bogotá, Distrito Capital-
contraloría

administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 19 de septiembre de 2019 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección D de la sección
segunda), que negó las súplicas de la demanda incoada por el señor Danilo
Molano Murcia contra Bogotá, Distrito Capital - contraloría, conforme a lo
indicado en la parte motiva.

2º. Revócase la condena en costas impuesta a la parte actora, de acuerdo con las
consideraciones del presente fallo.

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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