Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00583-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00583-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-00583-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de junio de 2023
1
Radicado: 25000-23-42-000-2018-00583-01 (3617-2022)
Demandante: Lilia Marina Nariño de Fernández
CONSEJO DE ESTADO
S ALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2.023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00583-01 (3617-2022)
Demandante: LILIA MARINA NARIÑO DE FERNÁNDEZ
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL1
Tema: Sustitución pensional cónyuge supérstite. Acreditación de
los requisitos previstos en el artículo 47 de la Ley 100 de
1.993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2.003.
Confirma la decisión.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en
contra de la sentencia proferida el veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno
(2.021) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Lilia Marina Nariño de Fernández, instauró demanda en contra de
la UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda
a las siguientes:
PRETENSIONES
1 En adelante UGPP.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00583-01 (3617-2022)
Demandante: Lilia Marina Nariño de Fernández
Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 036389 del 21 de
septiembre y RDP 044209 del 24 de noviembre, ambas de 2.017, por medio
de las cuales se negó el reconocimiento de una pensión de sobreviviente.
Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, solicitó: i) se ordene a la UGPP efectuar el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente a la señora Lilia Marina Nariño
de Fernández, en su calidad de cónyuge supérstite del señor José Enrique
Fernández Valdés; ii) se condene al pago de las mesadas pensionales dejadas
de abonar desde la fecha del deceso del causante; iii) se efectúen los ajustes
de valor sobre las sumas adeudadas, de conformidad con el índice de precios
al consumidor; iv) se conmine a la autoridad demandada al cumplimiento de la
sentencia en los términos del artículo 187 del CPACA; v) se condene en costas
y agencias en derecho a la parte demandada.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que mediante Resolución 28114 del 17 de diciembre de 2.001, la UGPP
reconoció la pensión de jubilación al señor José Enrique Fernández Valdés, en
una cuantía de $1.465.525,10, efectiva a partir del 31 de mayo de 2.001.
Que el señor Fernández Valdés contrajo matrimonio católico con la señora Lilia
Marina Nariño de Fernández, el 11 de noviembre de 1.969, y en el fueron
procreados los señores Javier Enrique Fernández Nariño y José Fabián
Fernández Nariño.
Que el señor José Enrique Fernández Valdés falleció el 21 de mayo de 2.017, y
mediante escrito radicado en el mes de agosto de 2.017, la demandante solicitó
el reconocimiento de pensión de sobreviviente, la cual fue negada mediante
Resolución RDP 036389 del 21 de septiembre de 2.017 y confirmada por
Resolución RDP 044209 del 24 de noviembre de 2.017, al resolverse la
apelación.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00583-01 (3617-2022)
Demandante: Lilia Marina Nariño de Fernández
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 27 de mayo de 2.019 y fue notificada a la UGPP en
su oportunidad legal, sin embargo, esta no contestó la demanda.
Se celebró la audiencia inicial el 14 de julio de 2.021, dentro de la cual se fijó el
litigio, se decretaron y practicaron pruebas en la misma diligencia. Se corrió
traslado para alegar y se dictó sentencia el 29 de julio de 2.021, la cual fue
apelada dentro del término oportuno por la parte demandada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia proferida el 29 de julio de 2.021, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, al considerar que se acreditó el requisito de
convivencia contenido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1.993, modificado por
el artículo 13 de la Ley 797 de 2.003, para el reconocimiento de la sustitución
pensional.
Que en el plenario quedó demostrado que la señora Nariño de Fernández fue
la persona que acompañó al causante durante su vida y en el tiempo que
padeció de la enfermedad denominada párkinson. Que lo anterior se extrae de
los testimonios y la historia clínica.
Que los demás elementos probatorios dan cuenta de que la demandante se
vio forzada a internar al señor Fernández Valdés en un hogar geriátrico, toda
vez que ella no contaba con la fuerza física que requería el mencionado señor
para la realización de sus actividades diarias y cuidados médicos. Que se
comprobó que lo visitaba de manera frecuente y se encargaba de sufragar los
gastos que pudieran ocasionarse.
Que la entidad demandada, dentro de la investigación administrativa, pasó por
alto todas estas situaciones de tiempo, modo y lugar que sin lugar a dudas
demuestran que, a pesar de que la convivencia se interrumpió, ello obedeció
a una justa causa.
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Demandante: Lilia Marina Nariño de Fernández
RECURSO DE APELACIÓN
La UGPP interpuso recurso de apelación2, expresando que de conformidad
con la jurisprudencia del Consejo de Estado y las Leyes 100 de 1.993 y 797
de 2.003, para que la cónyuge o compañera permanente pueda hacerse
beneficiaria de la sustitución pensional, debe que acreditar el requisito de
convivencia con el causante durante los 5 años de vida previos al fallecimiento.
Que en este caso no ha sido posible comprobar de manera clara y veraz la
convivencia entre la demandante y el pensionado fallecido, pues tal como se
determinó en la investigación de campo adelantada en su momento por la
UGPP, la señora Lilia Marina Nariño de Fernández internó en un hogar
geriátrico a su cónyuge, sin suministrar el nombre o información de este con
el fin de verificar los hechos.
Que, en igual sentido, también omitió identificar a las personas que habitaban
en el mismo conjunto residencial donde presuntamente se desarrolló la
convivencia. Aspectos que brindan dudas en cuanto a la determinación de los
extremos temporales de la relación de pareja.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Mediante auto del 2 de agosto de 2.022 se admitió el recurso de alzada y, en
concordancia con el artículo 212 del CPACA y el ordinal 5.° del artículo 67 de
la Ley 2080 de 2.021, se dispuso que por Secretaría, dentro de los 10 días
siguientes a la ejecutoria de mencionada providencia, pasara el expediente al
Despacho para dictar sentencia, salvo que las partes presenten solicitud
probatoria.3
La Procuraduría Delegada de Intervención 7 Segunda ante el Consejo de
Estado rindió concepto y solicitó la confirmación de la sentencia impugnada, 4
al considerar que del material probatorio recaudado es posible concluir que la
2 Folios 219 a 220.
3 Si bien las partes allegaron memoriales con escritos de alegatos de conclusión en segunda instancia,
conforme se desprende de los índices 8, 9, 11 y 14 del registro de SAMAI, lo cierto es que, tal como se
indicó en el acápite de la referencia, esta etapa no se surtió en sede de apelación, en cumplimiento de
lo previsto por la Ley 2080 de 2021.
4 Índice 10 del registro de SAMAI.
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Demandante: Lilia Marina Nariño de Fernández
demandante tuvo la necesidad de ingresar a su esposo a un centro geriátrico,
debido a su estado de salud. Que, igualmente, quedó demostrado que lo
visitaba con frecuencia y asumía directamente los gastos ocasionados y lo
asistía en los controles médicos. Que estas situaciones de apoyo mutuo dan
cuenta de que no se trataba de una relación pasajera.
Que, bajo este panorama, no le asiste razón a la entidad apelante al insistir
que la señora Nariño de Fernández no acreditó el requisito de convivencia
durante los últimos 5 años anteriores al fallecimiento del causante, pues fueron
por problemas de salud del pensionado que tuvieron que separarse de cuerpo.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa – prelación del fallo
Si bien es cierto el artículo 18 de la Ley 446 de 1.9985 regula que los asuntos
se decidirán según el orden cronológico de entrada para fallo, en el presente
caso, a pesar de que el proceso ingresó a despacho el 16 de marzo de 2.023
según constancia secretarial visible a índice 16 del registro de SAMAI, la
Subsección considera que por tratarse de un derecho pensional debatido de
una persona de la tercera edad (77 años6), y dado que actualmente no percibe
la sustitución pensional por encontrarse en litigio su reconocimiento, es sujeto
de especial protección constitucional7, por lo que se exceptuará la aplicación
de la normativa citada y se dará prelación al mismo para su decisión a fin de
garantizar sus derechos fundamentales y al mínimo vital.
Se debe determinar si la señora Lilia Marina Nariño de Fernández cumple con
los requisitos previstos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1.993, modificado
por el artículo 13 de la Ley 797 de 2.003 para ser beneficiaria de la sustitución
5 El citado artículo señala: «[…] Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el
mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda
alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de
conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en
atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su
importancia jurídica y trascendencia social […]» (Subraya la Sala).
6 Según cédula de ciudadanía obrante a folio 132.
7 Tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencia T-598 de 2017, la edad representa un
factor de vulnerabilidad para dos grupos poblacionales: para los niños, niñas y adolescentes y para las
personas de la tercera edad.
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Demandante: Lilia Marina Nariño de Fernández
de la pensión de jubilación que en vida ostentaba su cónyuge, el señor José
Enrique Fernández Valdés.
Régimen legal de la sustitución pensional
A través de la Ley 100 de 1.993, el legislador organizó el Sistema de Seguridad
Social Integral, en lo que tiene que ver con el régimen de pensiones, su
objetivo fue garantizar a la población el amparo contra las eventualidades
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de
las pensiones y prestaciones que se determinan en la citada ley.
Así, con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, el
legislador previó la denominada pensión de sobrevivientes y sustitución
pensional, como una prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del
apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar
que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones
mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación. Es
decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público y
constituye un desarrollo del principio de solidaridad.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-1094 de 2.003, manifestó:
«[…] Por su parte, el legislador ha dispuesto que el sistema general de pensiones
tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que se determinan en ley, así como propender por la
ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con
un sistema de pensiones.
La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social
antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las
personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo
sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y
económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido.
Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las
personas más cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su
vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades. […]» (Se subraya).
Es importante aclarar que, si bien ambas figuras tienen la misma finalidad, la
sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar
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Demandante: Lilia Marina Nariño de Fernández
de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los requisitos
legalmente exigibles para pensionarse y fallece; en cambio la pensión de
sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar del
afiliado no pensionado, que muere sin cumplir con los requisitos mínimos para
obtener la pensión8.
De acuerdo con lo anterior, lo aquí debatido es el derecho a la sustitución
pensional, debido a que el causante, señor José Enrique Fernández Valdés,
al momento de su deceso, ya percibía una pensión de jubilación9.
Beneficiarios de la sustitución pensional
En cuanto a la normativa que prevé la sustitución pensional, esta Subsección
en diferentes oportunidades10 ha considerado que las disposiciones aplicables
son aquellas vigentes al momento del fallecimiento del causante.
En este sentido, en razón a que el deceso del señor José Enrique Fernández
Valdés (causante de la pensión) se produjo el 21 de mayo de 2.01711, es por
lo que, frente a la sustitución pensional, estaba vigente la Ley 100 de 1.993
que en lo pertinente fue modificada por la Ley 797 de 2.003 y preceptúa:
«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de
la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no
menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; […]».
(Subrayas del texto).
Conforme a la normativa en cita, se observa que para que la compañera
permanente o cónyuge supérstite sea beneficiaria de la sustitución pensional,
se debe probar, en este caso, que la aquí demandante hizo vida marital con el
8 Sentencia T-564 de 2015. Sentencia del 3 de septiembre de 2015. Referencia expediente T-4.919.041.
9 Conforme se advierte en la Resolución 28114 del 17 de diciembre de 2001, visible de folios 4 a 5.
10 Ver, entre otras, sentencias del 10 de noviembre de 2005. Exp. 3496-04; y del 2 de octubre de 2008.
Exp. 2638-2014.
11 Acorde con el registro civil de defunción obrante a folio 115.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00583-01 (3617-2022)
Demandante: Lilia Marina Nariño de Fernández
causante hasta la fecha de su deceso no menos de cinco años continuos con
anterioridad a su muerte.
El aparte subrayado de la norma citada fue declarado exequible por la Corte
Constitucional, que en sentencia C-1094 de 2.00312 consideró:
«[…] La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social
antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las
personas que dependían económicamente del causante puedan seguir
atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación
social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha
fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de
prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y
compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades.
[…]
En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la
norma persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del
sistema. En primer lugar, el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija
para el caso de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de
disposiciones lo que se pretende es evitar las convivencias de última hora
con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de
sobrevivientes. […]». (Negrilla del texto).
En este orden de ideas, se observa que la exigencia de ese requisito no es
otra cosa que evitar que con base en vínculos adquiridos a último momento y
convivencia que no tenga el carácter de permanencia, se origine el derecho a
sustituir, en forma vitalicia, una prestación.
Respecto al requisito de la convivencia, esto es, los 5 años continuos
inmediatamente anteriores a la muerte del causante, la Sección Segunda13 ha
señalado que «[…] el legislador lo previó como un mecanismo de protección, ello
para salvaguardar a los beneficiarios legítimos de quienes pretenden solo buscar
provecho económico […]».
Asimismo, que debe acreditarse la vocación de estabilidad y permanencia,
por lo tanto, no se tienen en cuenta aquellas relaciones casuales,
12 Sentencia del 19 de noviembre de 2003. Referencia: expediente D-4659.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de noviembre de 2017, número
interno: 0286-2015
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00583-01 (3617-2022)
Demandante: Lilia Marina Nariño de Fernández
circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que
haya podido tener en vida el fallecido pensionado.
Resolución del caso concreto
De conformidad con el material probatorio que integra la demanda, se puede
determinar:
Documentales
Que la señora Lilia Marina Nariño de Fernández y el señor José Enrique
Fernández Valdés contrajeron matrimonio católico, el 11 de noviembre de
1.969, tal como se desprende del respectivo registro.14
Que mediante Resolución 28114 del 17 de diciembre de 2.001, la extinta
Cajanal ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez al señor
José Enrique Fernández Valdés, en una cuantía inicial de $1.465.525,10, con
efectos fiscales a partir del 31 de mayo de 2.001.15
Que los días 22 de febrero de 1.970 y 26 de septiembre de 1.974, nacieron
respectivamente los señores Javier Enrique Fernández Nariño y José Fabián
Fernández Nariño, conforme se evidencia de los correspondientes registros. 16
Que según la historia clínica del señor José Enrique Fernández Valdés, aquel
padeció de las siguientes enfermedades: párkinson, hipertensión,
hiperlipidemia, dermatitis seborreica, queratosis, depresión, demencia,
disfunción neuromuscular de la vejiga, entre otras. De esta también se
desprende que la demandante figura como la persona que lo acompañaba en
sus citas médicas, en su calidad de esposa.17
Que a través del contrato suscrito entre el Hogar Gerontológico Años
Maravillosos y la señora Lilia Marina Nariño de Fernández, se inscribió al
14 Folio 3.
15 Folios 4 a 5.
16 Folios 6 a 7.
17 Folios 14 a 104 y 111 a 114.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00583-01 (3617-2022)
Demandante: Lilia Marina Nariño de Fernández
causante en el programa de asistencia básica desarrollada por dicha
institución, a partir del 29 de julio de 2.015.18
Que la Resolución RDP 036389 del 21 de septiembre de 2.017, expedida por
la UGPP, negó el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes a
la libelista, al considerar que no se acreditó el requisito de convivencia.19
Que, mediante escrito del 10 de octubre de 2.017, la demandante interpuso
recurso de apelación contra la anterior decisión administrativa.20
Que fue proferida la Resolución RDP 044209 del 24 de noviembre de 2.017,
que desató de manera negativa dicho recurso, en el sentido de confirmar en
todas sus partes el acto recurrido.21
Testimoniales
En la audiencia de pruebas celebrada el 14 de julio de 2.021, se practicaron
los siguientes testimonios:
Gloria Inés Umaña López, manifestó ser la propietaria del hogar geriátrico
donde estuvo internado el señor José Enrique Fernández Valdés. Que le
consta que la demandante y el causante vivían juntos en un apartamento, y
que aquella se hacía cargo de sus cuidados. Que luego fue ingresado al centro
gerontológico toda vez que necesitaba asistencia para el desarrollo de sus
actividades diarias. Que la demandante y sus hijos (Enrique y Fabián)
estuvieron pendientes del causante. Que la libelista era quien pagaba los
gastos del centro. (Minuto 22:20 a 25:27).
Sandra Marcela Cely Cantor, indicó ser la enfermera del causante durante el
tiempo que estuvo en el hogar geriátrico. Que le consta que el señor
Fernández Valdés fue internado debido a la enfermedad de párkinson que
padecía, pues era totalmente dependiente. Que la demandante lo visitaba
18 Folios 105 a 109.
19 Folios 122 a 123.
20 Folios 125 a 126.
21 Folios 128 a 129.
11
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Demandante: Lilia Marina Nariño de Fernández
varios días en la semana; que los domingos iban todos en grupo, en familia.
Que la libelista era la encargada de comprar los pañales, medicamentos y
acompañarlo a las citas médicas. (Minuto 27:30 a 30:33).
Interrogatorio de parte
De otro lado, se procedió a realizar el interrogatorio de parte de la señora Lilia
Marina Nariño de Fernández. Manifestó que la enfermedad de su cónyuge
inició hacia el año 2.008, la cual era de carácter progresivo. Que el manejo y
cuidados del causante se le dificultó, pues el cuerpo de aquel estaba rígido.
Que fue internado en un hogar geriátrico el 29 de julio de 2.015 y permaneció
allí hasta el 15 de mayo de 2.017. Que fue la demandante quien estuvo
pendiente de él todo el tiempo. Que llamaba al centro a preguntar cómo estaba
le reclamaba los medicamentos, los pañales, así como también lo visitaba.
Que pagaba una mensualidad en el hogar geriátrico con el dinero que percibía
el finado con ocasión de su pensión de jubilación. Que fue la libelista quien se
encargó de sufragar los gastos fúnebres. (Minuto 16:03 a 21:03).
Pues bien, la entidad demandada señaló como argumentos de reproche en la
alzada que la señora Lilia Marina Nariño de Fernández no acreditó el requisito
de convivencia contemplado en el artículo 47 de la Ley 100 de 1.993,
modificado por el artículo 17 de la Ley 797 de 2.003, habida cuenta de que su
cónyuge fue internado en un hogar geriátrico hasta el momento de su deceso.
En ese orden, y en virtud de la relación probatoria que antecede, para la Sala
es dable concluir que los señores Lilia Marina Nariño de Fernández y José
Enrique Fernández Valdés celebraron matrimonio católico, el 11 de noviembre
de 1.969, tal como se desprende del respectivo registro.
En igual sentido, si se evalúan conjuntamente los testimonios rendidos por las
deponentes, las cuales se tratan de testigos idóneos al haber sido la
propietaria y la enfermera del hogar geriátrico donde estuvo internado el
causante, se evidencia que el señor José Enrique Fernández Valdés tuvo que
haber sido ingresado a dicho centro, con ocasión de las múltiples patologías
que padecía, entre ellas, la enfermedad denominada párkinson.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00583-01 (3617-2022)
Demandante: Lilia Marina Nariño de Fernández
Estas declaraciones también ofrecen certeza sobre la relación de pareja y
convivencia que existió entre la demandante y el finado, pues exponen
elementos que brindan convicción de la permanencia, unión y del apoyo.
Esbozaron detalles de la comunidad de vida que surgió entre ellos,
especialmente sobre los compromisos mutuos, afecto y socorro recíproco.
Muestra de ello es que, tal como se desprende de los referidos medios de
prueba, era precisamente la libelista la persona que estuvo al cuidado de las
necesidades básicas del señor Fernández Valdés, pues era quien lo llevaba a
las citas médicas de control, pagaba la mensualidad del hogar geriátrico,
compraba sus medicamentos y se encargó de los gastos fúnebres.
En ese orden, en virtud de dichas acciones de interés mutuo y cuidado entre
la pareja, la parte activa llevó al convencimiento a la Subsección del vínculo
sentimental y apoyo, los cuales sirven de sustento para confirmar la vocación
de estabilidad y permanencia de la unión.
Carece por tanto de fundamento legal y fáctico la negativa por parte de la
entidad demandada de sustituir la pensión de jubilación que en vida
devengaba el señor José Enrique Fernández Valdés a favor de la libelista, bajo
el argumento de que no se demostró la convivencia en pareja durante los
últimos 5 años de vida del pensionado.
Lo anterior, toda vez que, si bien la UGPP afirma que la relación entre la pareja
no se dio de manera conjunta y habitual, lo cierto es que dicha situación ya
quedó debidamente esclarecida con los testimonios rendidos, quienes
indicaron que la razón por la cual no compartieron el mismo techo desde al
menos el año 2.015, obedece a los múltiples quebrantos de salud del
causante, los cuales forzaron a la demandante a internarlo en un hogar
gerontológico.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00583-01 (3617-2022)
Demandante: Lilia Marina Nariño de Fernández
Al respecto, esta Subsección22 ha desarrollado dicha postura respecto a la no
desnaturalización del requisito de la convivencia cuando se presentare la
separación física de los cónyuges o compañeros permanentes siempre que
existiere una causa que razone los hechos, así:
«[…] Ahora, de los testimonios rendidos por las señoras […], se puede concluir
que estos coincidieron en afirmar que entre el demandante y la finada existió un
trato de esposos y atención mutua, así como una convivencia ininterrumpida por
más de 20 años, y hasta el momento del fallecimiento de esta. En ese sentido, se
advierte que si bien en los últimos meses de vida de la causante no pudieron
compartir la misma cama, ello obedeció situaciones ajenas a la intención de la
pareja, tales como la enfermedad de la señora Parda Jaimes y las continuas
discusiones entre el demandante y la familia de la pensionada fallecida.
Luego, obsérvese como contrario a lo aludido por la demandada en el recurso de
apelación, los testimonios brindan credibilidad en lo concerniente a la existencia
de la unión marital, tienen claridad de las viviendas que habitaron y sus
direcciones, vivieron cerca de la pareja, su dicho es amplio respecto de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se presentó su convivencia, la
enfermedad de la causante y hasta de los problemas que el demandante tenía con
la familia de la causante.
En conclusión, esta relación probatoria no deja asomo de duda de que el
demandante acreditó el tiempo de convivencia exigido por la ley, esto es, más de
5 años antes al fallecimiento de la pensionada, lo cual es garante de que cumplió
con los requisitos requeridos por la normativa para ello para hacerse beneficiario
de la sustitución de la pensión deprecada. […]».
El hecho de que la demandante no hubiese suministrado a la UGPP el nombre
del hogar geriátrico e información de los vecinos que vivían en el mismo
conjunto residencial de la demandante, no desvirtúa el requisito de convivencia
que quedó plenamente demostrado por otros medios.
En conclusión, quedó debidamente acreditado que la cónyuge supérstite,
acreditó que mantuvo una convivencia durante los 5 años anteriores al
fallecimiento del pensionado. Por estas razones, la sentencia de primera
instancia será confirmada.
De la condena en costas
22 Sentencia del 10 de septiembre de 2020, radicación: 68001-23-33-000-2015-00049-01 (2973-2017),
demandante: Félix María Contreras Parada.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00583-01 (3617-2022)
Demandante: Lilia Marina Nariño de Fernández
Esta Subsección23 sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del
CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo
para la imposición de condena en costas por lo siguiente:
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas,
al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien
para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y
generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la
participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por
éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP24, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que,
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público25.
23 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
24 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
25 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00583-01 (3617-2022)
Demandante: Lilia Marina Nariño de Fernández
En el presente caso no se condenará en costas a la entidad demandada, en
la medida que a pesar de haber resultado vencida en esta oportunidad,
conforme el numeral 8.º del artículo 365 del CGP no es posible la
comprobación de dicha carga, en tanto no hubo intervención de las partes en
segunda instancia ante la ausencia de un período probatorio y el consecuente
traslado de alegatos de conclusión según lo previsto en el artículo 247,
numeral 5.° del CPACA (modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2.021).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del veintinueve (29) de julio de dos mil
veintiuno (2.021) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda en el proceso que en ejercicio del medio de control y
restablecimiento del derecho promovió la señora Lilia Marina Nariño de
Fernández contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
SEGUNDO: Sin condena en costas de segunda instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa
«SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
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