Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00654-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00654-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-00654-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
11 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2018 00654 01 (0250-2022)
Demandante: Ana María Curvelo Gascón
Demandado: La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional,
Dirección General de Sanidad Militar
Temas: Reajuste de la asignación básica
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el 31 de agosto del 2021, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por medio de la cual se denegaron
las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Ana María Curvelo Gascón formuló demanda
ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la
nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio número 11755 MDN-CGFM-
DGSM-SAF-GTH-29.57 del 24 de julio del 2017, proferido por la Dirección General de
Sanidad Militar, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la
asignación básica en los términos de la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
lo siguiente:
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000 23 42 000 2018 00654 01 (0250-2022)
Demandante: Ana María Curvelo Gascón
[…]
Tercera: como consecuencia de la declaración anterior se disponga el restablecimiento
del derecho del demandante, y se ordene a la demandada proceda a efectuar el
reconocimiento, pago y liquidación de la asignación de mis clientes, de conformidad
con lo previsto en el numeral 6 del artículo 3 del decreto 3062 de 1997, esto es,
aplicando las asignaciones básicas aplicables para los empleados de la Rama Ejecutiva
del Orden Nacional, fijado según los decretos anualmente expedidos y cuyo detalle se
efectúa a continuación, recalcando particularmente que se ubican en el NIVEL ASESOR
de conformidad con lo previsto en el MANUAL GENERAL DE FUNCIONES DE EMPLEADOS
PÚBLICOS DE 2010 contenido en la resolución 0598 de 14 de mayo de 2010.
Cuarta: se efectúe la reliquidación, reajuste y pago de la asignación básica que viene
percibiendo cada uno de mis clientes, dada su condición de personal civil, perteneciente
a la planta de personal de las entidades que integran el sector defensa, aplicando
debidamente lo previsto en el numeral 6 del artículo 3 del [D]ecreto 3062 de 1997, en
el sentido de reconocer un salario equivalente al previsto para los empleados públicos
de la Rama Ejecutiva, en los [D]ecretos 708 de 2009, 1374 de 2010, 1031 de 2011, 853
de 2012, 1029 de 2013, 199 de 2014, 1101 de 2015, 229 de 2016 y 999 de 2017 y en
adelante conforme a los decretos salariales expedidos por el [G]obierno nacional para
el personal de la [R]ama [E]jecutiva del poder público, hasta que el pago se haga
efectivo y hacia el futuro, mientras la relación laboral persista, con los efectos
económicos solicitados en las demás pretensiones.
Quinta: dado que el [r]égimen salarial aplicable a mi poderdante es el previsto para la
Rama Ejecutiva, solicito como consecuencia de los reconocimientos a las peticiones
principales, se procesa a indexar, reliquidar, y ajustar las prestaciones sociales de cada
uno de los peticionarios, tomando como base los nuevos valores previstos para la
asignación básica, así como cualquier otro factor recibido cuyo calculo dependa de la
base estipulada en la asignación básica.
Sexta: ordenar a la entidad demandada el pago de gastos y costas procesales, así
como las agencias en derecho.
Séptima: ordenar a la entidad demandada el cumplimiento a la sentencia que ponga
fin a la presente acción en la forma y términos señalados en los artículos 192 y ss. del
C.A.P.A.C.A.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) Por medio de acta número 137 del 1 de octubre del 2014, la señora Ana María
Curvelo Gascón se posesionó en el cargo de servidor misional código 2-2, grado 12
de la planta global del Ministerio de Defensa Nacional.
ii) Desde que la demandante presta sus servicios en la Dirección General de
Sanidad Militar le ha sido negado el derecho a percibir una asignación básica de
conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 3 del Decreto 3062 de 1997,
es decir, en igualdad de condiciones frente a los empleados de la Rama Ejecutiva
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Demandante: Ana María Curvelo Gascón
del Orden Nacional.
iii) El 29 de junio del 2017, elevó petición ante la Dirección General de Sanidad
Militar del Ministerio de Defensa Nacional, en la que solicitó, además de la
expedición de una serie de copias y certificaciones, que se reliquidara la asignación
básica de conformidad con el numeral 6 del artículo 3 del Decreto 3062 de 1997
teniendo en cuenta que el cargo desempeñado por la interesada es equiparable, a
su juicio, al del nivel asesor, según el Manual General de Funciones de Empleados
Públicos del 2010.
iv) La parte demandada atendió el anterior requerimiento a través del Oficio número
11755 MDN-CGFM-DGSM-SAF-GTH-29.57 del 24 de julio del 2017, por medio del cual
negó lo pedido por la accionante1. En el citado documento no se informó sobre la
procedencia de ningún tipo de recurso, razón por la que la demandante entendió
agotada la vía gubernativa.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como normas infringidas se citaron los artículos 13 y 53 de la Constitución Política
de 1991; 2 y 3 de la Ley 1033 del 2006; 72 del Decreto 91 del 207; 19 del Decreto
92 del 2007; y el Decreto 4783 del 2008. Como concepto de la violación la parte
demandante expuso los siguientes argumentos:2
i) Con la expedición del acto administrativo demandado, la parte accionada adoptó
una posición inequitativa, toda vez que fue voluntad del legislador y del Gobierno
nacional, fijar una remuneración distinta para el personal de sanidad, en
comparación con los demás empleados del Ministerio de Defensa Nacional, lo que
quiere decir que se ha desconocido lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución
Política de 1991.
1 En el acápite de hechos la parte demandante no explicó cuáles fueron las razones por las cuales
se negó lo pedido en sede administrativa; sin embargo, ello se pudo establecer a partir del material
probatorio aportado al proceso, por lo que este punto será explicado en el acápite de hechos
probados.
2 Folios 208 al 220
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Demandante: Ana María Curvelo Gascón
ii) La Dirección de Sanidad Militar ha interpretado de forma amañada el régimen
salarial dispuesto para el personal que presta sus servicios en esa entidad, el cual
debe ser el consagrado en el Decreto 3062 de 1997, según el cual a la demandante
le asiste el derecho a percibir una asignación básica equivalente a las tablas
salariales que anualmente expide el Gobierno nacional para los servidores que
laboran en la Rama Ejecutiva del orden nacional.
iii) Ninguna de las normas en las que se fundó el acto cuestionado derogó las
disposiciones salariales consagradas en la Ley 352 de 1997 o el Decreto 3062 de
1997, de tal modo que la autoridad accionada ha omitido el mandato legal
consagrado en el Decreto 1301 de 1994, según el cual los servidores que laboren
en la Dirección de Sanidad Militar no se regirán por las disposiciones salariales
establecidas para el personal civil del Ministerio de Defensa.
iv) El Ministerio de Defensa debe respetar los objetivos y criterios del artículo 2 de
la Ley 4 de 1992. El sistema de nomenclatura y clasificación de cargos no pueden
entrar a modificar regímenes salariales especiales, pues se trata de leyes que
regulan una materia específica y carecen de competencias atribuidas directamente
al Gobierno nacional.
1.2. Contestación a la demanda
La autoridad accionada, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda
por medio de memorial visible en los folios 255 al 266, en el que se opuso a la
prosperidad de las pretensiones del presente medio de control, de acuerdo con los
siguientes argumentos:
i) Los salarios del personal de la planta de salud del Ministerio de Defensa Nacional
es ajustada anualmente de conformidad con los decretos expedidos especialmente
por el Gobierno nacional para cada grado y cargo, lo que quiere decir que no hay
lugar a acceder al reconocimiento de ninguna suma adicional por ese concepto.
ii) El régimen salarial de los empleados públicos de la Dirección General de Sanidad
Militar es el consagrado en el Decreto 4783 del 2008, en donde se fija una escala
de asignación básica para el personal no uniformado, el cual ha sido acatado de
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Demandante: Ana María Curvelo Gascón
forma estricta por el por el Ministerio de Defensa Nacional, lo que quiere decir que
no existen sumas pendientes por concepto de salarios en favor de la demandante.
iii) La situación laboral de la señora Ana María Curvelo está definida en la Ley 1033
del 2006 y los Decretos 92 del 2007 y 4783 del 2008, por medio de los cuales se
crearon una serie de grados y niveles para la Dirección de Sanidad Militar; las
citadas normas conservan su vigencia y es precisamente en ellas que se fundó la
decisión hoy cuestionada.
iv) La demandante ingresó a la Dirección General de Sanidad Militar el 1 de octubre
del 2014, según acta de posesión número 137 de esa fecha, en el cargo de servidor
misional código 2-2, grado 12; posteriormente fue ascendida al grado 14, el cual
ostenta actualmente, es decir, que la señora Curvelo Gascón no estuvo sometida a
la transición generada a partir de la supresión del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
profirió fallo de primera instancia dentro del asunto de la referencia el 31 de agosto
del 2021, en donde negó las pretensiones de la demanda de conformidad con las
siguientes razones:3
i) El artículo 56 de la Ley 352 de 1997 y el numeral 6 del artículo 3 del Decreto 3062
de 1997 establecían que los servidores del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares que se incorporaron a la planta de personal del Ministerio de Defensa
Nacional estarían sujetos a la escala salarial de los empleados de la Rama Ejecutiva
del nivel nacional; no obstante, tales disposiciones fueron modificadas por el artículo
19 del Decreto Ley 92 del 2007, según el cual la escala salarial del personal civil no
uniformado del Ministerio de Defensa estaría incorporada en el decreto que fijara
los sueldos del personal uniformado, de acuerdo con la nomenclatura y
equivalencias allí previstas.
ii) La demandante no estuvo en el proceso de reestructuración efectuado en la
3 Folios 383 al 365 reverso
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Demandante: Ana María Curvelo Gascón
planta de personal del Ministerio de Defensa ordenado en al Ley 1033 del 2006 y
los Decretos 92 del 2007 y 4783 del 2008, pues en el expediente se probó que
ingresó a la institución el 1 de octubre del 2014, es decir, con posterioridad a la
entrada en vigencia de las aludidas normas, en las que se estableció que las
remuneraciones salariales ya no corresponderían a la escala fijada para los
empleados de la Rama Ejecutiva del nivel nacional
iii) No le asiste razón a la demandante al asegurar que tiene derecho a que se le
aplique la escala salarial de la Rama Ejecutiva del nivel nacional, toda vez que a
partir del año 2009 a los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa
Nacional le son aplicados los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional.
1.4. El recurso de apelación
La señora Ana María Curvelo Gascón, por conducto de apoderado judicial, interpuso
recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Las razones del disentimiento son las
siguientes:4
i) La sentencia de primera instancia reconocer que el régimen salarial de la
demandante es el contenido en la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997, pero
erróneamente concluye que la expedición de la Ley 1033 del 2006 y del Decreto 92
del 2007 facultaron al presidente de la República fijar anualmente la remuneración
del personal civil no uniformado del Ministerio de defensa Nacional.
ii) La Ley 1033 del 2007 no facultó al presidente para modificar regímenes
especiales, sino que solo le otorgó la potestad de regular lo concerniente al personal
del Ministerio de Defensa, específicamente las condiciones de ingreso,
permanencia, ascenso, capacitación, estímulos, evaluación de desempeño y retiro
del personal no uniformado del Ministerio de Defensa y sus entidades
descentralizadas, adscritas y vinculadas a las Fuerzas Militares y de Policía. La
apelante también aseguró lo siguiente:
Han sido múltiples los pronunciamientos, pues lo que olvidan algunos jueces y
4 Folios 372 al 391
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Demandante: Ana María Curvelo Gascón
magistrados es que para los años 2012 y 2013, el personal de la DGSM, inició
demandas tendientes a obtener salarialmente el reconocimiento y pago de la partida
adicional de la prima de actividad y subsidio familiar, que sí devengan sus pares y en
esas oportunidades, les era negada la aplicación del régimen salarial del personal civil
del Ministerio de Defensa, bajo el argumento que pese a formar parte de una planta
global – Ministerio de Defensa – eran beneficiarios de un régimen salarial especial,
contenido en la ley 352/97 y el decreto 3062/97.5
iii) El ingreso de la demandante a la Dirección General de Sanidad Militar tuvo lugar
el 10 de octubre del 2014, momento en el que la Ley 1033 del 2006 garantizaba el
respeto y conservación de todos los derechos adquiridos, además de la no
desmejora salarial.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Tanto la parte demandante como la demandada guardaron silencio.
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público guardó silencio.6
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si la señora Ana María Curvelo Gascón tiene derecho
a que su asignación básica sea reliquidada en el sentido de aplicar el numeral 6 del
artículo 3 del decreto 3062 de 1997, es decir, de acuerdo con las asignaciones
básicas aplicables para los empleados de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.
2.2. Marco normativo
5 Consejo de Estado: sentencia del 25 de junio del 2015, radicado 25000 23 42 000 2012 00390 01
(3469-13), M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve; sentencia del 10 de septiembre del 2015, radicado
25000 23 42 000 2012 00648 01 (3118-2013), M.P. Dr. Carmelo Perdomo Cueter; sentencia del 19
de febrero del 2018, radicado 25000 23 42 000 2012 00437 01 (2417-2015), M.P Dr. César Palomino
Cortés. Sentencia 19 de febrero del 2018, radicado 25000 23 42 000 2012 00904 01 (4903-2015),
M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
6 Constancia en el folio 398.
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Demandante: Ana María Curvelo Gascón
2.2.1. Postura unificada frente al régimen salarial del personal civil de la
Dirección General de Sanidad del Ministerio de Defensa Nacional
A través de la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -019--CE-S2-19 del 12
de diciembre de 2019 la sección segunda de esta Corporación unificó su criterio
jurisprudencial respecto al régimen salarial del personal civil de la Dirección General
de Sanidad del Ministerio de Defensa Nacional, oportunidad en la que precisó lo
siguiente:
(i). El presidente de la República organizó el sistema de salud de las Fuerzas
Militares y de Policía y del personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, en
virtud de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el artículo 248.6
de la Ley 100 de 1993.
(ii). El primer cuerpo normativo que se expidió en ejercicio de esa facultad
extraordinaria fue el Decreto Ley 1301 de 1994 que creó el Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares como un establecimiento público, entidad descentralizada.
El régimen salarial aplicable a los empleados públicos vinculados al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares era el regulado por el Gobierno Nacional para los
servidores vinculados a establecimientos públicos del orden nacional, quienes, por
hacer parte de un órgano descentralizado, no se regían, en materia salarial, por las
normas establecidas para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.
En esa medida, los empleados públicos que al entrar en vigencia el Decreto Ley
1301 de 1994 se encontraran prestando sus servicios en el nivel central de la
estructura organizacional, esto es, en el Ministerio de Defensa y que ingresaron al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, quedaron cobijados por el régimen
salarial contemplado para dicho establecimiento público.
En materia pensional, los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares y del Instituto de Salud de la Policía Nacional, fueron sometidos a la Ley
100 de 1993, y en lo relativo a las demás prestaciones sociales, se les aplicaría el
Decreto Ley 2701 de 1988 y normas que lo modificaran o adicionaran. Por otra
parte, quienes se hubieran vinculado al Ministerio de Defensa Nacional o a la
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Demandante: Ana María Curvelo Gascón
Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 continuarían bajo las
disposiciones del Decreto 1214 de 1990.
(iii). La Ley 352 de 1997 que derogó el Decreto Ley 1301 de 1994, creó la Dirección
General de Sanidad Militar como una dependencia del Comando General de las
Fuerzas Militares y suprimió y liquidó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares,
creado mediante el Decreto 1301 de 1994.
El Decreto reglamentario 3062 de 1997 incluyó las siguientes garantías para los
servidores que laboraban en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y que
fueron incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa; en
materia prestacional se dispuso que los vinculados «antes de la vigencia de la Ley
100 de 1993 se les continuará aplicando en su integridad el título VI del Decreto
1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen sobre el Régimen
Prestacional y al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100
de 1993, se le aplicará esta disposición».
En materia salarial señaló que a los empleados públicos y trabajadores oficiales del
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que se incorporaran a las Plantas de
Personal de Salud que se creen en el Ministerio de Defensa Nacional se les
aplicaría el régimen salarial que rige a los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder
Público del Orden Nacional.
(iv). Sin embargo, a partir de la Ley 1033 de 2006, los Decretos Ley 91 y 92 de
2007, y el Decreto 4783 de 2008 se unificó el régimen de administración del
personal civil del sector, se ajustó y modificó la planta de personal de Empleados
Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar,
mediante la realización de las equivalencias de lo empleos preexistentes frente a la
nueva planta que fue ajustada con la tabla de organización “TO”, fijada en la
Resolución 1453 de 2008.
Se consideró que el Decreto 4783 de 2008 ordenó la incorporación de los
funcionarios de la Planta de Personal del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección
General de Sanidad Militar a los cargos equivalentes de la planta ajustada, frente a
quienes se dispuso que continuarían «percibiendo la remuneración
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correspondiente a los empleos que desempeñan actualmente mientras ocupen el
cargo en el que serán incorporados».
Esta Subsección a través de sentencia de 8 de julio de 2021, sostuvo que la Sección
Segunda de esta Corporación fijó una serie de reglas jurisprudenciales de
obligatoria observancia en casos como el sub iudice, las cuales se sintetizan de la
siguiente manera:7
SUPUESTO
REGLAS DE UNIFICACIÓN
NORMATIVO
(i) En materia salarial: Los empleados públicos vinculados
e incorporados al Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares, se regían por las normas reguladas por el
Gobierno Nacional para los servidores de los
establecimientos públicos del orden nacional. Por lo tanto,
comoquiera que estaban vinculados a un órgano del nivel
descentralizado no se regían por las normas reguladas
para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.
(ii). En materia de Seguridad Social Integral el régimen
1. Entre la
aplicable era el previsto en la Ley 100 de 1993 para los
vigencia del
empleados públicos que se vincularan al Instituto de Salud
Decreto 1301
de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad
de 1994 y de la
Social y Bienestar de la Policía Nacional. En lo relativo a
Ley 352 de
las demás prestaciones se les aplicaba el Decreto 2701 de
1997
1988 y normas que lo modificaron o adicionaron.
Los empleados públicos vinculados al Ministerio de
Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de
1990.
2. A partir de la (i). En materia salarial los empleados públicos del Instituto
vigencia de la de Salud de las Fuerzas Militares que fueron incorporados
Ley 352 de a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa
1997, los quedaron sometidos al régimen salarial previsto para los
empleados empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del
públicos que Orden Nacional (Artículo 3 Num.6 Decreto 3062 de 1997).
antes
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 8 de julio de 2021, radicado N.º 25000-23-42-000-2017-05096-01(5178-19). Véase,
igualmente las sentencias de fechas 27 de mayo de 2021, radicado N.º 25000-23-42-000-2016-
03616-01(6139-18); y 24 de junio de 2021, radicado N.º 25000-23-42-000-2017-02769-01(3132-19)
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prestaban sus (ii). En materia prestacional los empleados públicos del
servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares incorporados a
Instituto de la planta de personal de Salud del Ministerio de Defensa
Salud de las Nacional y que se hubieran vinculado antes de la vigencia
Fuerzas de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su integridad el
Militares y que Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o
fueron adicionen.
incorporados a
la planta de Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la
salud del Ley 100 de 1993 se le aplicará dicha normativa. En lo no
Ministerio de contemplado en materia prestacional en la Ley 100 de
Defensa 1993 se les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990
Nacional, (Parágrafo artículo 55 de la Ley 352 de 1997).
dejaron de
pertenecer al
sector
descentralizado
(i). A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de
2007 se reajustaron las plantas de personal, se
3. A partir de la
determinaron las equivalencias y se fijaron los sueldos con
Ley 1033 de
fundamento en la nomenclatura y clasificación especial,
2006 se unificó
por ello, los sueldos de los empleados civiles no
el régimen de
uniformados del sector Defensa se empezaron a pagar
administración
con base en la nueva nomenclatura.
de personal
que se aplica al
Los empleados civiles no uniformados del sector defensa
personal civil
vinculados a la Planta de Personal del Ministerio de
vinculado a los
Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar,
organismos y
debieron continuar percibiendo la remuneración
dependencias
correspondiente a los empleos que desempeñaban a la
del Sector
entrada en vigencia del Decreto 4783 de 2008 mientras
Defensa. Por
ocupen el cargo en el que fueron incorporados.
ello, los
empleos
(ii). En el momento en el que el empleado ocupó el cargo
públicos del
al que fue incorporado por disposición del Decreto 4783 de
personal civil
2008, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación
no uniformado
especial para los empleados civiles no uniformados del
asignados a la
sector defensa, empezó a devengar la asignación básica
Dirección
fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles
General de
no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
Sanidad Militar
pertenecen a la
Lo que quiere decir, que mientras se produjo la
planta de
incorporación en el cargo equivalente en la planta global
personal del
del sector defensa, de acuerdo con el sistema de
Ministerio de
nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor debió
Defensa
continuar percibiendo la remuneración correspondiente al
Nacional
empleo que antes desempeñaba, esto es, según el
régimen salarial fijado por el Gobierno para los empleos de
la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional.
Efectuada la incorporación al cargo equivalente en la
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Demandante: Ana María Curvelo Gascón
planta global del Ministerio de Defensa Nacional, el
empleado queda sometido a la escala de asignación
básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados
civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
(iii). En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no
introdujo ninguna modificación, por lo tanto se mantiene el
régimen prestacional fijado en la Ley 352 de 1997.
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
i) La señora Ana María Curvelo Gascón nació el 8 de junio de 1977.8
ii) El 1 de octubre del 2014, por medio de Acta número 137 de esa fecha, la señora
Ana María Curvelo Gascón tomó posesión del cargo de servidor misional en
Sanidad Militar, código 2-2, grado 12, odontóloga, de la planta de personal de
empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de
Sanidad Militar, Subdirección Técnica y de Gestión – Grupo de Sistemas de
Gestión-, con una asignación básica de $ 2.451.405, para el cual fue nombrada a
través de la Resolución 1468 del 26 de septiembre del 2014, con novedad fiscal a
partir del 1 de octubre de ese año.9
iii) El 1º de julio del 2017, a través de Acta número 45 de esa fecha, Ana María
Curvelo Gascón tomó posesión del cargo de servidor misional en Sanidad Militar,
código 2-2, grado 14, odontóloga, de la planta de personal de empleados públicos
del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar,
Subdirección Técnica y de Gestión – Grupo de Sistemas de Gestión-, con una
asignación básica de $ 3.197.964 para el cual fue nombrada a través de la
Resolución 818 del 7 de julio del 2017, con novedad fiscal a partir del 10 de julio de
ese año.10
iv) De acuerdo con la Dirección General de Sanidad Militar, Grupo de Talento
8 Folio 201
9 Folio 239
10 Folio 240
12
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Demandante: Ana María Curvelo Gascón
Humano, la señora Ana María Curvelo cuenta con las siguientes vinculaciones
laborales en el área de Sanidad Militar:11
Que la señora Ana María Curvelo Gascón, […] en su calidad de servidor misional en Sanidad
Militar, código 2-2 Grado 14, labora en esta institución desde el 1 de octubre de 2014, con una
asignación mensual actual de $ 3.197.964 […] esta asignación salarial corresponde a un
empleo de jornada laboral de tiempo completo de acuerdo a lo establecido en el Decreto No.
1007 del 09 de junio del 2017.
Que desde el año 2014, a la fecha devenga:
Año Decreto Decreto Código Grado Denominación Sueldo
Correspondiente correspondiente del cargo básico
al sector Rama al sector
Ejecutiva defensa
2014 190 2-2 12 Servidor $ 2.451.405,00
misional en
Sanidad Militar
2015 1120 2-2 12 Servidor $ 2.565.641,00
misional en
Sanidad Militar
2016 238 2-2 12 Servidor $ 2.764.992,00
misional en
Sanidad Militar
2017 1007 2-2 12 Servidor
misional en $ 2.951.629,00
Sanidad Militar
2017 1007 2-2 14 Se posesionó a $ 3.197.964,00
partir del 10 de
julio de 2017
como servidor
misional en
Sanidad militar
Que actualmente labora en la Dirección General de Sanidad Militar, en la ciudad de
Bogotá
v) El 29 de junio del 2017, por medio de apoderada, la señora Ana María Curvelo
Gascón elevó petición ante el Comando General de las Fuerzas Militares, Dirección
General de Sanidad Militar, con el objeto de que, además de que se le expidieran
una serie de copias de documentos relacionados con sus vinculaciones laborales
con esa entidad, se le concediera lo siguiente:
[…]
Tercera: se efectúe el reconocimiento, pago y liquidación de la asignación básica
de mi cliente, de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 3 del
Decreto 3062 de 1997, esto es, aplicando las asignaciones básicas previstas para
los empleados de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, fijados según los decretos
anualmente expedidos y cuyo detalle se efectúa a continuación, recalcando
particularmente que se ubican en el nivel asesor de conformidad con lo previsto en
el Manual General de Funciones de Empleados Públicos de 2010 contenido en la
Resolución 0598 del 14 de mayo del 2010.
11 Folio 245
13
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Demandante: Ana María Curvelo Gascón
Cuarta: se efectúa la reliquidación, reajuste y pago dela asignación básica que
viene percibiendo mi cliente, dada su condición de personal civil, perteneciente a
la planta de personal de las entidades que integran el sector defensa, aplicando
debidamente lo previsto en el numeral 6 del artículo 3 del Decreto 3062 de 1997,
en el sentido de reconocer un salario equivalente al previsto para los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva, según los parámetros fijados por el gobierno desde
2007 y hasta que el pago se haga efectivo, con los efectos económicos solicitados
en las demás peticiones.
Con todo, la entidad deberá proceder a reconocer los saldos de las asignaciones
no canceladas en su totalidad, desde la fecha del ingreso de mi poderdante,
reconociendo para el efecto las reliquidaciones y ajustes necesarios, para cada
uno de los años en los que el individuo estuvo en el cargo.
Quinta: dado que el régimen salarial aplicable a mis poderdantes es el previsto
para la Rama Ejecutiva, solicito como consecuencia de los reconocimientos a las
peticiones principales, se proceda a indexar, reliquidar, y ajustar las prestaciones
sociales de cada uno de los peticionarios, tomando como base los nuevos valores
previstos para la asignación básica, así como cualquier otro factor recibido cuyo
cálculo dependa de la base estipulada en la asignación básica.
vi) El 24 de julio del 2017, el Ministerio de Defensa Nacional, Comando General de
las Fuerzas Militares, Dirección General de Sanidad Militar, Subdirección
Administrativa y Financiera, profirió el Oficio número 11755/MDN-CGFM-DGSM-SAF-
GTH-29.57, a través del cual dio respuesta a la petición interpuesta por la
demandante, de acuerdo con lo siguiente:12
[…] hasta el año 2009, se aplicó a la Planta de Personal de Salud el régimen
salarial del Decreto de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional de cada vigencia
fiscal que aplicaba para los establecimientos públicos, de conformidad con lo
previsto en el artículo 3 del Decreto 3062 de 1997 y a partir del 27 de octubre del
2009 conforme a las normas mencionadas se pagaron los salarios con base a las
normas especiales del Sector Defensa.
[…]
En conclusión, el régimen salarial aplicable a su poderdante desde el 27 de octubre
del 2009, es el previsto por el Gobierno Nacional para los servidores públicos del
Sector Defensa del Orden Nacional, y no el aplicable a la Rama Ejecutiva del Poder
Público del Orden Nacional, situación que no genera un desmejoramiento salarial
tal como se refleja en el cuadro comparativo de la certificación anexa, pues en el
mes de octubre del año 2009 que fue la fecha en la que se realizó la incorporación
de la Planta de Personal con la nueva nomenclatura, su representada no devengó
un salario menor al que le venía siendo pagado con el Decreto de la Rama
Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.
Ahora, en el caso de la señora Ana María Curvelo Gascón, fue incorporada a la
planta de Personal de Esta Dirección General de Sanidad Militar, desde el día 01
de octubre de 2014, que actualmente ejerce el cargo de Servidora Misional de
Sanidad Militar Código 2-2 Grado 12, donde la normatividad salarial aplicable es la
prevista por el Gobierno Nacional para los servidores públicos del Sector Defensa
del Orden Nacional, y no la correspondiente a la Rama Ejecutiva del Poder Público
del Orden Nacional la cual fue aplicable para los funcionarios de esta Dirección
12 Folios 6 al 7 reverso
14
Radicado: 25000 23 42 000 2018 00654 01 (0250-2022)
Demandante: Ana María Curvelo Gascón
General de Sanidad Militar hasta octubre 26 del año 2009, por lo que no es viable
la reliquidación o ajuste de la asignación básica y prestaciones sociales de su
representada.
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
Para resolver el problema jurídico planteado es necesario tener en cuenta las reglas
fijadas en la sentencia de unificación SUJ -019--CE-S2-19 del 12 de diciembre de
2019, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación y que fue ampliamente
explicada en el acápite del marco normativo y jurisprudencial.
Pues bien, en materia de régimen salarial, el citado precedente jurisprudencial
estableció: en primer lugar, que los empleados públicos vinculados e incorporados
al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares entre la vigencia del Decreto 1301 de
1994 y la Ley 352 de 1997, se regían por las normas reguladas por el Gobierno
Nacional para los servidores de los establecimientos públicos del orden nacional, lo
que quiere decir que no estaban sujetos a las normas reguladas para el personal
civil del Ministerio de Defensa Nacional.
En segundo lugar, se dispuso que aquellos empleados incorporados a la planta de
salud del Ministerio de Defensa Nacional a partir de la vigencia de la Ley 352 de
1997 quedaron sometidos al régimen salarial previsto para los empleados públicos
de la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional, de que trata el numeral
6 del artículo 6 del Decreto 3062 de 1997.
Finalmente, respecto de quienes fueron incorporados a partir de la vigencia de la
Ley 1033 del 2007, por medio de la cual se unificó el régimen de administración que
se aplica al personal civil vinculado al sector defensa, quedan sujetos, en el ámbito
salarial, a la escala de asignación básica fijada por el Gobierno nacional para los
empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
De acuerdo con lo anterior, la resolución del presente proceso se encuentra
necesariamente ligada a la fecha de vinculación de la señora Ana María Curvelo
Gascón a la Dirección de Sanidad Militar y de si el cargo desempeñado fue objeto
o no de las incorporaciones citadas previamente, toda vez que de ello depende la
determinación del régimen salarial que le es aplicable.
15
Radicado: 25000 23 42 000 2018 00654 01 (0250-2022)
Demandante: Ana María Curvelo Gascón
En ese sentido, de acuerdo con el material probatorio aportado al proceso,
específicamente las copias de las actas de posesión de la demandante y el
certificado expedido por el Grupo de Talento Humano de la DGSM, la señora Ana
María Curvelo tomó posesión del cargo de servidor misional, por primera vez, a
partir del 1 de octubre del 2014, fecha para la que regía la Ley 1033 del 2006.
De acuerdo con lo anterior, y con las reglas jurisprudenciales ya descritas, la
asignación salarial básica de la demandante está sujeta a la escala fijada por el
Gobierno nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa Nacional y no al régimen salarial de los servidores públicos de la Rama
Ejecutiva del poder público del Orden Nacional, como se argumenta en la demanda
y en el recurso de apelación.
Lo anterior es así porque para la fecha en que dicho régimen, es decir el de la Rama
Ejecutiva, le era aplicable a los civiles no uniformados del Ministerio de Defensa
Nacional que prestaran sus servicios al área de Sanidad, la demandante no
laboraba para el sector defensa, por cuanto la primera vinculación con el Ministerio
de Defensa Nacional tuvo lugar en el año 2014, fecha para la que ya no se
encontraba vigente la norma que permitía la aplicación de tal régimen y, por el
contrario, ya regía la Ley 1033 del 2006.
Bajo ese panorama, no es correcto que la demandante alegue una supuesta
desmejora salarial, toda vez que, según lo ha afirmado la parte demandada, sin
objeción alguna por parte de la accionante, desde el momento de la vinculación de
la señora Curvelo Gascón a la Dirección de Sanidad Militar, su situación salarial ha
estado regida por la aludida escala salarial establecida por el Gobierno nacional,
toda vez que así lo dispone la Ley 1033 del 2006.
Así las cosas, la Sala considera que, dado que el cargo de la demandante no fue
objeto de las incorporaciones ordenadas con ocasión de la liquidación del extinto
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y de la unificación del régimen de
administración del personal vinculado a los organismos y dependencias del sector
defensa, no hay lugar a aplicar norma salarial distinta a la Ley 1033 del 2006, vigente
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Radicado: 25000 23 42 000 2018 00654 01 (0250-2022)
Demandante: Ana María Curvelo Gascón
para la fecha de posesión de la accionante y que, por demás, aún conserva su
vigencia.
Consecuentemente, debe decirse que el Gobierno nacional ha determinado las
asignaciones salariales de los empleados públicos civiles no uniformados del
Ministerio de Defensa Nacional, atendiendo los elementos previstos en el artículo 3
de la Ley 4 de 1992, es decir, la estructura de los empleos de conformidad con las
funciones que se deban desarrollar, la escala y el tipo de remuneración para cada
cargo o categoría de empleos.
Por esta razón, sería inviable sostener que se configura en el presente asunto una
discriminación salarial injustificada en razón del nivel jerárquico ocupado por la
demandante que eventualmente permitiera acceder a sus pretensiones. Ello ha sido
analizado por esta Subsección en sentencia del 25 de febrero del 2021,13 en la cual
se precisó la improcedencia de aquel argumento de la parte actora al resolver un
proceso similar al sub iudice, en el cual se indicó lo siguiente:
[…] Por último, la parte apelante manifiesta que los cargos del nivel asesor del
Ministerio de Defensa y del nivel asesor de la rama ejecutiva del orden nacional
son equivalentes, toda vez que cumplen similares funciones de aconsejar y
asesorar a la entidad. Adujo que ello es evidente al comparar el contenido de
los Decretos 770 de 2005 y 092 de 2007 y la Resolución 0598 de 2010 que
fijan sus funciones. Con este argumento solicita aplicación del régimen salarial
de los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional.
Al respecto, la Sala debe precisar que el análisis que solicita la demandante
en nada varía su situación laboral, dado que su vinculación a la Dirección
General de Sanidad Militar como «servidor misional» se produjo con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1033 de 2006 y los Decretos
91 y 92 de 2007 y 4783 de 2008, y, en tal medida, su situación salarial se
reguló desde un principio por la escala de asignación básica fijada por el
Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio
de Defensa Nacional.
De igual manera, comparadas las funciones de los cargos se puede concluir
que son distintas. Así, el artículo 4.° del Decreto 770 de 2005 indica que el
nivel asesor de la rama ejecutiva nacional «agrupa los empleos cuyas
funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los
empleados públicos de la alta dirección de la rama ejecutiva del orden
nacional».
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 25 de febrero de 2021, radicado: 25000-23-42-000-2016-05941-01(5623-18).
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Radicado: 25000 23 42 000 2018 00654 01 (0250-2022)
Demandante: Ana María Curvelo Gascón
Entretanto, la Resolución 0598 de 14 de mayo de 2010,14 respecto del empleo
de servidor misional de sanidad militar, código 2-2, grado 14, señaló que las
funciones específicas relacionadas con el cargo están encaminadas a la
prestación del servicio de salud. […].
Así las cosas, la demandante no tiene derecho a la reliquidación de su asignación
básica de conformidad con el numeral 6 del artículo 3 del Decreto 3062 de 1997, es
decir, bajo el régimen salarial previsto por el Gobierno nacional para la Rama
Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, porque según sentencia de
unificación del 12 de diciembre del 2019, proferida por esta Corporación para el
desarrollo interpretativo de casos como el particular, la norma citada solo aplicaba
hasta el 26 de octubre del 2009.
Finalmente, la Sala precisará que, en el recurso de apelación, la parte recurrente
se refirió a una serie de procesos judiciales surtidos entre los años 2012 y 2013, en
donde algunos empleados de la Dirección General de Sanidad Militar solicitaron el
reconocimiento de la prima de actividad y del subsidio familiar, pero dichas
pretensiones fueron negadas bajo el argumento de que «pese a formar parte de
una planta global – Ministerio de Defensa – eran beneficiarios de un régimen
salarial especial, contenido en la ley 352/97 y el decreto 3062/97».
El anterior argumento tiene por objeto acudir a supuestos antecedentes judiciales
en los que se ha reconocido que los empleados no uniformados de la DGSM, están
sujetos a la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997, cuya aplicación solicita la
hoy apelante; sin embargo, debe decirse que: (i) no se indicaron datos que
permitieran ubicar dichas providencias judiciales, tales como demandantes,
radicados o autoridades judiciales falladoras; (ii) las decisiones a las que se hace
referencia son anteriores a la sentencia de unificación utilizada para resolver el
presente proceso; y (iii) en todo caso, las decisiones judiciales tienen efecto inter
partes, es decir que solo obliga a quienes intervienen en el proceso.
De otro lado, a pesar de que la demandante no lo propone directamente como una
pretensión, sí hace alusión a las partidas correspondientes a prima de actividad y
subsidio familiar. Sobre ese aspecto, procede concluir que no hay lugar a emitir
pronunciamiento de fondo sobre el particular, toda vez que ello no fue incluido en
14 Citada y transcrita por la demandante en su escrito de apelación
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Radicado: 25000 23 42 000 2018 00654 01 (0250-2022)
Demandante: Ana María Curvelo Gascón
las pretensiones en el escrito inicial de la demanda, es decir, que sobre ese aspecto
no se efectuó pronunciamiento por parte del a quo; así, ni la parte demandada tuvo
oportunidad de ejercer su defensa frente a tal aspecto ni hizo parte de la fijación del
litigio ni se decidió sobre ello en la sentencia de primera instancia.
Por lo anterior, los argumentos de la apelante no tienen vocación de prosperidad,
toda vez que la actual posición del Consejo de Estado dicta que, en casos como el
decidido en esta oportunidad, no es posible aplicar un régimen salarial distinto al
consagrado en la Ley 1033 del 2006, razón por la que se impone el deber de
confirmar la sentencia de primera instancia del 31 de agosto del 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda.
3. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201615, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
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Demandante: Ana María Curvelo Gascón
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso16, la Sala se abstendrá de condenar
en costas, en cuanto no resultaron probadas, teniendo en consideración que la
decisión es el resultado de un cambio jurisprudencial que se produjo durante el
transcurso del proceso.
4. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio se
concluye que la demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto
administrativo demandado y, en consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia apelada del 31 de agosto del 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que
negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciado por la señora Ana María Curvelo Gascón en
contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
Segundo. Sin condena en costas.
16 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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Demandante: Ana María Curvelo Gascón
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el portal Samai.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente17
LBC
17 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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