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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00829-01

Fecha
22 de junio de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00829-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el veinticuatro (24) de julio de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor Jesús Gabriel González González, contra la Unidad 40«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». 22 23 Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019) Demandante: Jesús Gabriel González González Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la protección Social, UGPP, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas de la segunda instancia. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-00829-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

22 de junio de 2023

1
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: Jesús Gabriel González González

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: JESÚS GABRIEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL1

Temas: Reliquidación pensión de vejez. Aplicación de las pautas fijadas
en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida
por el Consejo de Estado.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veinticuatro (24) de julio de dos mil diecinueve (2019) por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que
negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Jesús Gabriel González González, instauró demanda en contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y con el fin de que se acceda a
las siguientes:

1
En adelante UGPP.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: Jesús Gabriel González González

PRETENSIONES2

Que se declare la nulidad parcial de las Resoluciones i) UGM 005359 del 25 de
agosto de 2014; ii) RDP 032020 del 22 de octubre de 2014; iii) RDP 017931 del 4
de mayo de 2016, iv) RDP 026275 del 16 de julio de 2016; y v) RDP 043471 del 24
de noviembre de 2016; así como los Autos vi) ADP 009665 del 27 de julio de 2016;
y vii) ADP 000910 del 1° de febrero de 2018, mediante los cuales la UGPP, por una
parte, reconoció y reajustó su pensión de vejez, y por otra parte, negó sus solicitudes
de reliquidación con inclusión de todos los factores salariales percibidos en el último
año de servicio.

Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la UGPP: i) reliquidar la
pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último
año de servicio, de conformidad con la certificación expedida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, ajustando la prestación a 25 salarios mínimos legales
mensuales vigentes en caso de superarse el tope de la mesada pensional; ii) pagar
las diferencias de las mesadas en virtud de la reliquidación; iii) indexar las sumas
adeudadas según lo regulado en el artículo 187 del CPACA; iv) dar cumplimiento a
la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 ibidem; y v) condenar en
costas a la demandada.

HECHOS3

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el señor Jesús Gabriel González González nació el 2 de abril de 1953 y estuvo
vinculado al Ministerio de Relaciones Exteriores entre el 26 de diciembre de 1974 y
el 4 de abril de 2010, por lo que el 2 de abril de 2008 consolidó su estatus pensional,
fecha en que cumplió los 55 años de edad y ya contaba con más de 20 años de
servicio.

2
Folios 156 anverso y reverso -demanda- y 169 anverso y reverso -subsanación-.
3
Folios 156 vuelto a 158 vuelto.

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3
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: Jesús Gabriel González González

Que la extinta Cajanal (hoy UGPP), por medio de Resolución PAP 027639 del 29
de noviembre de 2010, le reconoció pensión de vejez, en cuantía de $4.301.319,
suma resultante de aplicar el 75% del IBL de $5.735.092, calculado sobre el
promedio de las cotizaciones de los 10 años anteriores al retiro del servicio.

Que, en dicho acto administrativo, la demandada indicó que era beneficiario del
régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que
reconoció la prestación en cuanto a la edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo
según lo regulado en la Ley 33 de 1985; sin embargo, liquidó aquella sin tener en
cuenta todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.

Que mediante Resolución PAP 036983 del 31 de enero de 2011, la entidad
demandada modificó y adicionó el anterior acto administrativo, al haberse allegado
nuevos factores salariales, elevando la cuantía de forma incorrecta a $7.250.098,74,
en vez de $7.742.261,64.

Que el 19 de enero de 2011, el pensionado interpuso recurso de reposición en
contra de la anterior decisión, solicitando: i) la reliquidación de la pensión teniendo
en cuenta los tiempos prestados hasta el 4 de abril de 2010, ii) los salarios
percibidos en moneda extranjera (dólares y francos suizos), convertidos en pesos
acorde con las tasas de cambio vigentes para la época, iii) la actualización de la
cuantía de conformidad con el IPC, y iv) elevar la tasa de reemplazo en porcentaje
del 85%.

Que la extinta Cajanal resolvió de forma desfavorable el recurso interpuesto a través
de Resolución PAP 046879 del 4 de abril de 2011.

Que el 15 de febrero de 2011, el interesado peticionó la no aplicación de topes en
la liquidación de la prestación vitalicia reconocida, sin embargo, fue denegada a
través de Resolución UGM 005359 del 25 de agosto de 2011.

Que, con ocasión de la interposición del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, tendiente a la reliquidación de la prestación teniendo

3

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: Jesús Gabriel González González

en cuenta como ingreso base las sumas percibidas en moneda extranjera, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 6 de diciembre de 2012,
accedió a las pretensiones de la demanda.

Que la anterior decisión fue confirmada en todas sus partes, por el Consejo de
Estado por medio de fallo fechado 9 de abril de 2014.

Que el 22 de octubre de 2014 la UGPP dio cumplimiento a las sentencias reseñadas
en precedencia, al expedir la Resolución RDP 032020, elevando la cuantía de la
prestación en $7.740.724, efectiva a partir del 5 de abril de 2010, teniendo en cuenta
el tope salarial para cada año.

Que el 9 de febrero de 2016 el señor Jesús Gabriel González González solicitó ante
la entidad demandada, el cumplimiento estricto del fallo judicial, por cuanto omitió
reliquidar la pensión de vejez con el 75% del salario promedio devengado en los 10
años anteriores al retiro del servicio oficial, por el contrario, aplicó topes a los
salarios devengados, no obstante, fue despachada desfavorablemente por medio
de Resolución RDP 017931 del 4 de mayo de 2016.

Que el 1° de julio de 2016, el interesado interpuso recurso de reposición en contra
del anterior acto administrativo, el cual fue desatado de forma negativa a través de
Resolución RDP 026275 del 16 de julio de 2016.

Que nuevamente, el 10 de agosto de 2016, el interesado peticionó ante la entidad
demandada la revisión del cumplimiento del fallo judicial para que se tengan en
cuenta todos los factores salariales que devengó y no sobre los que cotizó, la cual
fue denegada por Resolución RDP 043471 del 24 de noviembre de 2016.

Que el 31 de octubre de 2017, elevó solicitud ante la UGPP tendiente a la
reliquidación de su pensión de vejez, con la inclusión de todos los factores salariales
percibidos en el último año de servicio de conformidad con lo preceptuado en la Ley
33 de 1985, empero, fue despachada de forma desfavorable por Auto ADP 000910
del 1° de febrero de 2018.

4

5
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: Jesús Gabriel González González

Que en la liquidación de la pensión no se han incluido los valores correspondientes
a la prima de navidad y prima de vacaciones, factores que devengó en el año
anterior al retiro del servicio, por lo que es procedente la reliquidación deprecada.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 4 de febrero de 2.018 y notificada a la
entidad la UGPP, quien contestó4, manifestando que los actos cuya legalidad se
cuestiona fueron expedidos con fundamento en la ley, por funcionario competente
y debidamente motivados en las normas aplicables al régimen pensional del
servidor, de conformidad con el criterio unificado de la Corte Constitucional
plasmado en sentencias SU-258 de 2013, SU-395 de 2017 y SU-023 de 2018, y por
el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, según
las cuales el IBL establecido en el inciso 3 del artículo hace parte integral del
régimen de transición, por lo que la liquidación de la pensión debe efectuarse sobre
el promedio de los salarios devengados durante los últimos 10 años. En tal virtud,
en la liquidación de la prestación se tuvieron en cuenta los factores salariales
contemplados por el Decreto 1158 de 1994, razón suficiente para denegar las
pretensiones invocadas.

Propuso las excepciones de inexistencia del derecho reclamado, presunción de
legalidad de los actos administrativos demandados, pago, compensación,
prescripción, buena fe, y la genérica o innominada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia proferida el 24 de julio de 2019, hizo un recuento normativo y
jurisprudencial del sobre el régimen pensional aplicable a los servidores públicos y
negó las pretensiones de la demanda. Expresó que no está en discusión que el

4
Folios 217 a 223.
5 Folios 248 a 255.

5

6
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: Jesús Gabriel González González

demandante es beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, en este sentido, la edad, el tiempo de servicio y la tasa de
reemplazo se aplican según las disposiciones de la Ley 33 de 1985. Que, sin
embargo, no le asiste derecho a la reliquidación de la pensión con base en todos
los factores salariales percibidos en el año anterior al retiro del servicio, de acuerdo
con las reglas jurisprudenciales fijadas por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, la cual tiene efecto vinculante, tesis que se
acompasa con lo sostenido por la Corte Constitucional en fallos C-258 de 2013 y
SU-230 de 2015.

Que la liquidación de la pensión de vejez se debe regir por las reglas establecidas
por la jurisprudencia según las cuales el ingreso base de liquidación a tener en
cuenta corresponde al indicado en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, y
respecto a los factores, atenderá la regla de cotización contemplada en el Decreto
1158 de 1994, tal como lo efectuó la entidad demandada en los actos
administrativos enjuiciados.

En virtud de ello, concluyó que el demandante no tiene derecho a la reliquidación
de su pensión de vejez incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados
durante el último año de servicio, pues el IBL corresponde al 75% del salario
promedio devengado durante los últimos 10 años, según el artículo 21 de la Ley 100
de 1993, y los factores a incluir son únicamente los previstos por el Decreto 1158
de 1994, siendo esta la manera como le fue reconocida la mesada pensional.

RECURSO DE APELACIÓN6

El demandante interpuso recurso de apelación, en consideración a que la posición
sostenida por el tribunal vulneró el principio de progresividad y no regresividad que
en materia laboral está amparado por los tratados internacionales ratificados por
Colombia, así como por el ordenamiento superior.

6 Folios 260 a 261 vuelto.

6

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: Jesús Gabriel González González

Que los efectos de la sentencia SU-230 de 2015 tienen efectos inter partes, tal como
lo prevé el artículo 48 de la Ley 270 de 1996. Que en el fallo C-258 de 2013, la Corte
Constitucional no condicionó sus efectos, por lo que las reglas allí fijadas rigen al
día siguiente, esto es, 8 de mayo de la citada anualidad, y dado que el demandante
consolidó su estatus con anterioridad a dicha fecha, se debe aplicar la sentencia de
unificación del 4 de agosto de 2010 proferida por el Consejo de Estado.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante no intervino en esta etapa procesal7.

La parte demandada8 consideró que no es procedente la reliquidación de la
pensión del libelista con inclusión de todos los factores salariales en el último año
de servicio.

El ministerio público no rindió concepto.9

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se circunscribe a establecer si el señor Jesús Gabriel González González puede
ser beneficiario de la reliquidación de su pensión de vejez sin la aplicación de la
postura de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado del 28 de agosto de
2018.

Cuestión previa

A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario señalar
que el señor Jesús Gabriel González González solicitó en el libelo que se reliquide
su pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último
año de servicios.

7
Según constancia secretarial visible a folio 283.
8
Índice 13 de la plataforma Samai.
9 Ibidem.

7

8
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: Jesús Gabriel González González

Al respecto, el tribunal señaló que la liquidación e inclusión de los factores salariales
en la pensión de jubilación conforme a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 para los
beneficiarios del régimen de transición debía ceñirse a los parámetros establecidos
en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 201810, proferida por el Consejo
de Estado en la cual la Sala Plena fijó unas reglas por las cuales varió la línea
jurisprudencial, interpretación que se acompasaba con lo determinado por la Corte
Constitucional en sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015. Como consecuencia
de lo anterior, concluyó que no era posible acceder a la aludida pretensión.

Por su parte, en el escrito de apelación, el demandante sostuvo que es beneficiario
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005, época en la
cual la interpretación jurisprudencial vigente era aquella del 4 de agosto de 2010,
por lo que con la decisión del tribunal se vulneraron los principios de progresividad
y no regresividad en materia laboral. Aunado a ello, aludió que los fallos emitidos
por la Corte Constitucional tenían efectos inter partes y fue proferida con
posterioridad a la adquisición del estatus de pensionado.

Sobre el particular habrá de señalarse de que, si bien el tribunal de primera instancia
efectuó una sinopsis de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
realizada por la Corte, lo cierto es que su decisión se basó en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, a tal punto que expuso que era vinculante y
obligatoria a la luz de los artículos 10 y 102 del CPACA, por lo que en aras del
acceso a la administración de justicia se resolverá el recurso conforme a dicho
criterio.

En virtud de lo anterior, corresponde a la Sala determinar si el señor Jesús Gabriel
González González tiene derecho a la reliquidación de su pensión, sin la aplicación
de la postura de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado del 28 de agosto
de 2018.

10Se refirió a la sentencia proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, dentro del proceso identificado con el radicado 52001 23 33 000 2012 00143 01.

8

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: Jesús Gabriel González González

Marco normativo y jurisprudencial

La Ley 100 de 1993, «por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y
se dictan otras disposiciones», en su artículo 36, consagró un régimen de transición
en materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban
próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que
quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles
algunos de los presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares
más favorables.

En ese sentido, el artículo 36 de la Ley 100 dispone:

«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará
en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los
hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2
años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que
al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si
son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de
servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se
encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en
el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el
derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les
hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la
presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo
devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado
y de un (1) año para los servidores públicos.[…]».

De lo anterior, se deduce que, ante el nuevo marco regulatorio de la pensión de
vejez en el Sistema General de Pensiones, el legislador quiso establecer un régimen
de transición para garantizar a un grupo de personas el beneficio de una pensión
de vejez con los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas y monto
del régimen pensional anterior, mientras que las demás condiciones y requisitos
deben cumplirse en su integridad bajo la Ley 100 de 1993, toda vez que la pensión

9

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: Jesús Gabriel González González

se adquiere es en vigencia de esta ley.

No obstante, el artículo 36 citado dio lugar a diversas interpretaciones sobre qué
debía entenderse por ingreso base de liquidación para liquidar las pensiones de los
beneficiarios del régimen de transición, para lo cual el Consejo de Estado consideró
que este estaba integrado al concepto monto regulado en el inciso segundo de la
norma en comento11.

De igual forma, en sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, esta
Corporación concluyó que «el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma
taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino
que los mismos estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de
otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación
de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en materia de seguridad
social.»

Por lo anterior, el Consejo de Estado como órgano límite de la jurisdicción
contenciosa administrativa aplicaba integralmente la norma pensional anterior a la
Ley 100, en favor de los beneficiarios del régimen de transición, con la inclusión de
todos los factores devengados por el interesado bajo el entendido de que
«constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el
empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los
principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad»

Por su parte, en sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-247 de 2016,
entre otras, la Corte Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 en el régimen especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el
dispuesto en la Ley 100 de 1993, considerando que el régimen de transición sólo
incluye edad, monto y tasa de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se

11 En sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2018, la Sala Plena del Consejo de Estado

consideró que: «71. Estos argumentos han consolidado la postura de la Sección Segunda de la Corporación,
según la cual la expresión “monto”, incluida por el legislador en el inciso segundo del citado artículo 36,
necesariamente comprende el ingreso base de liquidación como uno de los elementos protegidos por el régimen
de transición y, de esta manera, lo ha reiterado en varios pronunciamientos.»

10

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: Jesús Gabriel González González

rige por lo previsto en el régimen general de la Ley 100 y sus decretos
reglamentarios.

Esta situación implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables, pues,
de un lado, el Consejo de Estado venía sosteniendo que el IBL lo constituían los
factores salariales devengados en el último año; mientras que la Corte
Constitucional indicó que aquel estaba constituido por los factores salariales
devengados en los últimos 10 años.

Ante esa disparidad de criterios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación proferida el 28 de agosto de 2018, procedió a sentar jurisprudencia
frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para lo cual fijó unas
reglas y subreglas.

La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida
sentencia de unificación es:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de
1985.».

En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las
pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en
los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.».

11

12
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: Jesús Gabriel González González

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones.».

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 de la ley citada, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía
judicial y administrativa.

Finalmente, si bien en la sentencia de unificación se aludió al régimen regulado en
la Ley 33 de 1985, lo cierto es que este no era el único reglamentado para la época
anterior a la Ley 100 de 1993, pues también se encontraba el contenido en la Ley
71 de 1988, la cual no previó ningún régimen pensional especial, sino que reguló la
posibilidad de acumular tiempos de servicio con cotizaciones en el sector público y
privado en diferentes entidades de previsión social. De modo que para la Sala
resulta aplicable la sentencia de unificación citada cuando lo que se reclama es la
aplicación de la citada ley de 198812.

En atención a lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
parámetros.

Resolución al caso concreto

Conforme a la documentación obrante en el sumario, se tienen probados los
siguientes hechos:

Que el señor Jesús Gabriel González González nació el 2 de abril de 195313.

12 Para el efecto se pueden citar las siguientes: i) del 3 de septiembre de 2020 proferida en el proceso con

radicación 25000-23-42-000-2013-00586-01 (3715-2015) C.P. Gabriel Valbuena Hernández; ii) del 17 de
septiembre de 2020 proferida en el proceso con radicación 27001-23-33-000-2018-00066-01 (3761-2019) C.P.
William Hernández Gómez; entre otras.
13 Documento 3 de antecedentes administrativos, cd visible a folio 225.

12

13
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: Jesús Gabriel González González

Que el 31 de octubre de 2017, la coordinadora del grupo interno de asuntos
pensionales del Ministerio de Relaciones Exteriores certificó que el señor González
González laboró como empleado público de esa entidad entre el 26 de diciembre
de 1974 y el 4 de abril de 201014.

Que entre abril y diciembre del año 2009, y entre enero y abril de 2010, el libelista
percibió asignación básica, prima especial, escalafón diplomático, prima de navidad
y prima de vacaciones. Los respectivos aportes se efectuaron a Cajanal y
Colpensiones.

Que Cajanal, por medio de la Resolución PAP 027639 del 29 de noviembre de 2010,
reconoció al demandante una pensión de vejez en cuantía de $4.301.319 con
fundamento en las previsiones de la Ley 33 de 1985, respecto de la edad, tiempo
de servicio y tasa de reemplazo, efectiva a partir del 1° de julio de 2008, pero
condicionada al retiro definitivo del servicio 15.

Que el IBL se calculó conforme a lo regulado en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, esto es, el promedio de los salarios sobre los cuales cotizó el
pensionado entre el 1° de marzo de 1998 y el 30 de junio de 2008. Los factores que
se tuvieron en cuenta fueron la asignación básica, la bonificación por servicios
prestados y la prima de antigüedad.

Que la entidad demandada, a través de Resolución PAP 036983 del 31 de enero de
2011, modificó y adicionó el acto administrativo de reconocimiento de la prestación,
dado que el empleador allegó un nuevo certificado de factores salariales por retiro
definitivo del servicio oficial y elevó la cuantía a $7.250.098,74, a partir del 5 de abril
de 201016, aplicando el 75% del promedio de lo devengado en los 10 últimos años,
esto es, entre el 12 de diciembre de 1999 y el 4 de abril de 2010. Se tuvo en cuenta
para su liquidación los mismos conceptos señalados en el acto primigenio.

14 Folios 149 a 150.
15 Folios 6 a 9.
16
Folios 11 a 16.

13

14
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: Jesús Gabriel González González

Que el 19 de enero de 2011, el interesado interpuso recurso de reposición y solicitó:
a. Corrección de los últimos 10 años, es decir, desde el 1° de diciembre de 1999
hasta el 4 de abril de 2010; y b. Modificación del IBL, habida cuenta de que entre el
1°de diciembre de 1999 y el 16 de junio de 2002, y del 1° de agosto de 2005 al 4 de
abril de 2010, devengó salarios en francos suizos y dólares, los cuales debían ser
convertidos en pesos acorde con las tasas de cambio vigentes para la época y
actualizados de acuerdo al IPC; y c. Elevar la cuantía al 85% dado el número de
semanas cotizadas17.

Que la extinta Cajanal, mediante Resolución PAP 046878 del 4 de abril de 2011,
desató de forma desfavorable el recurso, al considerar que la liquidación se realizó
de acuerdo con los últimos 10 años de servicio, con los factores salariales
certificados y sobre los cuales se cotizó, aunado a ello señaló que no cumplía con
el requisito de 60 años de edad para aumentar la tasa de reemplazo al 85%18.

Que el 15 de febrero de 2011 el pensionado solicitó la no aplicación de topes en la
liquidación de la prestación19, empero, fue denegada mediante Resolución UGM
053059 del 25 de agosto de 2011, al indicar que se debía atender lo preceptuado
en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 5 de la Ley 797
de 200320.

Que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
adelantada ante esta jurisdicción, el señor Jesús Gabriel González González
peticionó, entre otros aspectos, los siguientes:

«(i) se ordene rehacer la liquidación de la pensión de jubilación con efectos a partir del
retiro, es decir, 5 de abril de 2010, teniendo en cuenta como ingreso base de liquidación
las sumas devengadas en Francos Suizos y Dólares entre el 12 de diciembre de 1999 al
13 de junio de 2002, el 1° de agosto de 2005 al 30 de enero de 2009 y del 1° de febrero
de 2009 al 4 de abril de 2010, de conformidad con el artículo 5° de la Ley 4ª de 1992, y
los decretos (sic) Nos. 60 de 1999, 1484 de 2001, 856 de 2002, 2078 de 2004 y 3357 de

17
Folios 18 a 27.
18
Folios 28 a 32.
19
Folios 37 a 40.
20
Folios 41 a 45.

14

15
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: Jesús Gabriel González González

2009, por los cuales se fijan las asignaciones básicas de los funcionarios que prestan
sus servicios en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, sumas convertidas a
pesos moneda corriente a la tasa representativa del mercado vigente parala época,
publicada por el Banco de la República y actualizados año por año de acuerdo al IPC.»21.

Que, en sentencia del 6 de diciembre de 2012, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, accedió a las pretensiones
invocadas y ordenó22:

«QUINTO. Se CONDENA a la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL -EICE en
Liquidación, a reconocer y pagar a favor del señor JESÚS GABRIEL GONZÁLEZ
GONZÁLEZ […], la pensión de jubilación en la suma equivalente al setenta y cinco (75%)
por ciento del salario promedio devengado durante los diez (10) años anteriores a la
fecha de adquisición del status pensional, esto es, por el lapso comprendido del 1° de
abril de 1998 al 2 de abril de 2008, a partir del 3 de abril de 2008, para lo cual se
observará que en algunos periodos el demandante percibió la asignación básica en
francos suizos y en dólares, sumas que se convertirán al equivalente en pesos
colombianos. Se observará para la conversión el valor de cada moneda en el respectivo
periodo devengado.». (Negrillas y mayúsculas del texto original).

Que la anterior decisión judicial fue confirmada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, en fallo del 9 de abril de 201423.

Que el 22 de octubre de 2014, la UGPP a través de Resolución RDP 032020,
reliquidó la pensión del interesado, en cumplimiento de las sentencias judiciales
referenciadas anteriormente, elevando la cuantía de la prestación reconocida a
$7.740.724, efectiva a partir del 5 de abril de 2010. Aunado a ello, se ordenó pagar
las diferencias entre lo que se venía pagando y la reliquidación ordenada,
descontando lo ya pagado24.

En la liquidación efectuada, se tuvo en cuenta la conversión de los francos suizos y
dólares a la tasa de cambio, y como factores los de asignación básica, prima de
antigüedad, bonificación por servicios prestados y la prima especial mes, de los
años 1999 a 2010, a los cuales se les aplicó el IPC de cada año.

21
Folio 48.
22
Folios 47 a 67.
23
Folios 70 a 82.
24
Folios 85 a 95.

15

16
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: Jesús Gabriel González González

Que el 9 de febrero de 2016, el demandante elevó petición ante la demandada con
el fin de que se diera cumplimiento estricto al fallo judicial, por cuanto se había
omitido reliquidar la pensión de vejez con el 75% del salario promedio devengado
en los 10 años anteriores al retiro del servicio oficial, pues por el contrario, se
aplicaron topes a los salarios devengados25.

Que la anterior solicitud fue despachada desfavorablemente por medio de
Resolución RDP 017931 del 4 de mayo de 201626, acorde con los siguientes
argumentos:

«Que con el parágrafo 3 del artículo 18 de la Ley 100 de 1993, el Gobierno Nacional
limitó la base de cotización a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes,
el monto de las pensiones en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida no
podrá ser superior a dicho salario, circunstancia que se dio al expedirse el Decreto 314
de 1994, ya que en sus artículos 1 y 2 de una parte, se limita el ingreso base de cotización
al Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993 a 20 salarios mínimos,
y de otra, el monto de las pensiones en el Régimen de Prima Media con Prestación
Definida se fijó máximo en los mismos 20 salarios mínimos, y a partir del 05 de marzo
de 2003, a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el
Decreto 510 de 2003.».

Que inconforme con dicha decisión, el demandante interpuso recurso de
apelación27, el cual fue desatado de forma negativa por medio de Resolución RDP
026275 del 16 de julio de 201628, con similares consideraciones a las expuestas en
el acto administrativo objeto del recurso y reafirmando que al fallo judicial se le dio
estricto cumplimiento.

Que posteriormente, el 27 de julio de 2016, la subdirectora de determinación de
derechos pensionales de la UGPP revisó la anterior determinación y, a través de

25
Folios 97 a 101.
26
Folios 102 a 111.
27 Folios 113 a 116.
28
Folios 117 a 120.

16

17
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: Jesús Gabriel González González

Auto ADP 009665, concluyó que la decisión señalada en la Resolución RDP 017931
del 4 de mayo de 2016 estuvo ajustada a derecho29.

Que el 10 de agosto de 2016, el libelista insistió en su petición en relación al
cumplimiento del fallo judicial30, el que fue despachado nuevamente de forma
desfavorable por medio de Resolución RDP 043471 del 24 de noviembre de 2016.31

Que el 31 de octubre de 2017, el señor Jesús Gabriel González González, por
intermedio de apoderado, solicitó la reliquidación de su mesada pensional para que
fuera promediada con el 75% de todos los factores salariales devengados en el
último año de servicio, de conformidad con el artículo 1° de la Ley 33 de 1985.

Que el 1° de febrero de 2018, con el Auto ADP 000910, la entidad demandada negó
tal solicitud bajo los siguientes argumentos32.

«Que por lo anterior, se determina la firmeza del acto administrativo RDP 032020 de
fecha 22 de octubre de 2014 y se concluye que el objeto de la presente reclamación hizo
tránsito a cosa juzgada una vez el juez contencioso profiere una decisión debidamente
ejecutoriada pro tanto esta Subdirección debe someterse a dicha decisión.

En razón a lo expuesto y en consideración a que la reliquidación de la pensión ya fue
objeto de debate judicial, se aclara que ya se encuentra en firme y no hay lugar a emitir
pronunciamiento al respecto.».

Una vez precisado lo anterior, la Sala advierte lo siguiente:

En primer lugar, a pesar de no ser un asunto sometido a discusión, la UGPP
mediante Auto ADP 000910 del 1° de febrero de 2018, negó la reliquidación de la
pensión con todos los factores salariales percibidos por el demandante en el último
año de servicios, al considerar que existía cosa juzgada respecto de los fallos del 6
de diciembre de 2012 y 9 de abril de 2014, proferidos por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, y Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, respectivamente, lo cierto es que como quedó evidenciado

29
Folios 122 a 128.
30
Folios 129 a 132.
31
Folios 133 a 140.
32 Folios 146 a 147.

17

18
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: Jesús Gabriel González González

en los hechos probados vi), vii) y viii), el asunto sometido allí a discusión, fue la
reliquidación de la prestación con las sumas devengadas en francos suizos y
dólares, que debían ser convertidas a pesos moneda corriente a la tasa
representativa del mercado vigente para la época, circunstancia que difiere de lo
aquí solicitado.

En segundo lugar, debe señalarse que el señor González González es beneficiario
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez
que nació el 2 de abril de 1953, de forma que para el 1° de abril de 199433, tenía
más de 40 años de edad. Acreditó 35 años, 3 meses y 8 días de servicios con
ocasión de su vinculación al Ministerio de Relaciones Exteriores entre el 26 de
diciembre de 1974 y el 4 de abril de 2010, y alcanzó la edad requerida para
pensionarse, según lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, el 2 de abril
de 2008, fecha en la cual cumplió 55 años de edad. Es decir, consolidó su derecho
pensional el 2 de abril de 2008, esto es, en vigencia de la Ley 100 de 1993.

En tercer lugar, en consideración a que el asunto sometido a discusión corresponde
únicamente al análisis de los argumentos expuestos en el recurso de apelación que
cuestionan la aplicación de la aludida sentencia de unificación, corresponde a la
Sala advertir que la finalidad de la apelación está en determinar la postura
jurisprudencial aplicable al caso del demandante, lo que supone la verificación que
sobre el caso en particular realizó el Tribunal a la luz de la jurisprudencia vigente.

En efecto, la sentencia objeto de revisión describió la evolución normativa y
jurisprudencial en materia del reconocimiento pensional de los beneficiarios del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y las
condiciones para el cálculo del ingreso base de liquidación y, a continuación, se
refirió a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018. Posteriormente, y
luego de analizar los supuestos por los cuales se reconoció la pensión del
interesado, concluyó que no tenía derecho a la reliquidación reclamada con la
inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios,

33Fecha en la cual entró en vigencia la Ley 100 de 1993 para los servidores públicos del orden
nacional.

18

19
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: Jesús Gabriel González González

ya que el cálculo del IBL debía realizarse según las prescripciones del aludido
artículo 36, esto es, sobre los que se hayan efectuado los aportes al sistema de
pensiones «mismos que la UGPP tomó para calcular las pensión de jubilación como rezan
los actos demandados»34.

Se advierte que la autoridad judicial concluyó que los parámetros a observar para
la determinación del régimen pensional aplicable a los servidores públicos
beneficiarios de la transición están contenidos en la sentencia de unificación del 28
de agosto de 2018. Este análisis resulta acorde con los lineamientos interpretativos
de dicha sentencia de unificación, así como los referenciados en la presente
providencia, según los cuales i) los factores salariales que se deben incluir son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones;
y ii) el IBL para las personas que se en encuentran en el régimen de transición es el
previsto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, el periodo
a tener en cuenta para liquidar las aludidas pensiones, es el siguiente:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Sobre el asunto, en los actos demandados se advierte que la entidad precisó que la
liquidación de la pensión «aplicando un 75% sobre el Ingreso Base de Liquidación
conformado por el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el

34
Ver folio 254.

19

20
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: Jesús Gabriel González González

interesado entre el 1 de marzo de 1998 y el 30 de junio de 200835», lo que coincide con
lo expuesto por el demandante en el concepto de violación del libelo introductor, en
el cual claramente señala que la UGPP vulnera el ordenamiento jurídico, al
reconocer la prestación con la edad, tasa de reemplazo y tiempo de servicio,
aplicando la Ley 33 de 1985, sin embargo el IBL lo calcula con la Ley 100 de 1993,
circunstancia que va igualmente en contravía de la sentencia de unificación del
Consejo de Estado del 4 de agosto de 201036.

Lo anterior le permite a esta Sala evidenciar que, en efecto, el reconocimiento
ordenado atendió los parámetros jurisprudenciales expuestos en la aludida
sentencia de unificación.

En cuarto lugar, debe advertirse que la regla y las subreglas jurisprudenciales fijadas
por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2018,37 constituyen un precedente vinculante y obligatorio en
la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales. En esa oportunidad, la Sala
Plena precisó que esa decisión se aplicaría con efectos retrospectivos «a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a
través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada
que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».

En efecto, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011,
se tienen como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya
proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica, trascendencia económica
o social, por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, entre otras.

A las reglas de interpretación definidas en las sentencias de unificación pueden
establecérsele los siguientes efectos: i) hacia el pasado: el nuevo criterio debe ser
aplicado al caso actual enjuiciado y a cualquier otro que esté pendiente de

35
Resolución PAP 02763 del 29 de noviembre de 2010 (folios 6 a 9) y en la Resolución PAP 036983
del 31 de enero de 2011, que reliquidó la prestación por retiro definitivo del servicio, se indicó:
«aplicando el 75% del promedio de lo devengado en los 10 últimos años» (folios 11 a 16).
36
Folios 158 vuelto a 161.
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de

2018, radicado 52001 23 33 000 2012 00143 01, M.P. César Palomino Cortés.

20

21
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: Jesús Gabriel González González

definición; o ii) hacia el futuro: se anuncia el nuevo criterio de interpretación, pero
este solo sería aplicable para casos posteriores, de forma que el actual debe ser
resuelto conforme a la antigua tesis. La regla general es que la nueva interpretación
jurisprudencial sea aplicada al asunto en discusión38.

Por ello, tal y como lo señaló el a quo, el señor Jesús Gabriel González González
no puede pretender que se reliquide su pensión sin que le sea aplicada la postura
vigente de la Corporación relativa al IBL de los servidores públicos beneficiarios del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

En consecuencia, toda vez que la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018
sí debía ser aplicada al caso concreto en los términos indicados, y que el tribunal
de primera instancia procedió en tal sentido, los argumentos del recurso de
apelación no tienen vocación de prosperidad, razón por la cual se confirmará la
sentencia recurrida.

De la condena en costas en segunda instancia

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201639, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total, parcial o con abstención, según las reglas del Código

38 Sobre el tema se pueden consultar, entre otros, las siguientes sentencias: i) Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020, radicado
15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-2017), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y ii) Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,
radicado 52001 23 33 000 2012 00143 01, M.P. César Palomino Cortés, en esta oportunidad, se
afirmó lo siguiente: «La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación
al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo
que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables». [Resalta la Sala].
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi.

21

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: Jesús Gabriel González González

General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro de
este), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida, esto es, el empleador o el trabajador (Acuerdo PSAA16-10554 de
5 de agosto de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura)
y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de
las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su
liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las
costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única
instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda
instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8 del
artículo 365 del Código General del Proceso40, la Sala se abstendrá de condenar en
costas, en consideración a que la decisión es el resultado de un cambio
jurisprudencial que produjo esta corporación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el veinticuatro (24) de julio de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso
promovido por el señor Jesús Gabriel González González, contra la Unidad

40«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

22

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00829-01 (5627-2019)
Demandante: Jesús Gabriel González González

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
protección Social, UGPP, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Sin condena en costas de la segunda instancia.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

23

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