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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00853-02

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00853-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 10 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda interpuesta por José María Briceño Laiseca contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Conjunto de derechos y obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios; Hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil liquidado; y Administradora Colombiana de Pensiones, de acuerdo con las razones expuestas en la presente providencia. Segundo. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 209 del 16 de junio de 2017, proferida por el liquidador del Conjunto de Derechos y Obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios y Hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en liquidación, en lo que atañe a la orden de reintegro del valor por concepto de las mesadas pagadas en exceso del periodo comprendido desde marzo de 1991 a diciembre de 2016. Tercero. Declarar la nulidad de la Resolución 301 del 2 de octubre de 2017, a través de la cual el liquidador del Conjunto de Derechos y Obligaciones de la 34 Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022) Demandante: José María Briceño Laiseca extinta Fundación San Juan de Dios y Hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en liquidación rechazó el recurso de reposición interpuesto por José María Briceño Laiseca contra la Resolución 209 del 16 de junio de 2017. Cuarto. Negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto. No condenar en costas. Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-00853-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

25 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca1
Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Conjunto de derechos
y obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios;
Hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil
liquidado; y Administradora Colombiana de Pensiones2

Temas: Compartibilidad pensional. Buena fe. Devolución de dineros

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

José María Briceño Laiseca presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones 209 del 16 de junio de 2017 y 301 del 2

1 Mediante auto del 14 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó como

sucesores procesales de José María Briceño Laiseca a sus hijos, María Helena Briceño Delgado,
José María Briceño Delgado y Margarita Briceño Delgado.
2 En adelante Colpensiones.
3 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca

de octubre de 2017, a través de las cuales el Conjunto de Derechos y
Obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios y Hospitales San Juan de
Dios e Instituto Materno Infantil en liquidación, con fundamento en el artículo 18
del Decreto 758 de 1990, declaró la compartibilidad de la pensión reconocida a su
favor y le ordenó reintegrar a favor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público las
mesadas «pagadas en exceso» durante el periodo comprendido entre marzo de
1991 y diciembre de 2016.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó que se ordenara: i) la «extinción de cualquier obligación impuesta» en su
contra con ocasión de las resoluciones acusadas; ii) la devolución de las sumas
que hayan sido objeto de descuento de sus mesadas pensionales; y iii) se
condenara en costas y agencias en derecho a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Mediante la Resolución 0333 del 7 de noviembre de 1986 la Fundación San Juan
de Dios en liquidación reconoció a favor de José María Briceño Laiseca una
pensión de jubilación en cuantía equivalente a $62.497, efectiva a partir del 1° de
abril de 1986.

• En atención a las disposiciones previstas en el Decreto 758 de 1990, el Instituto
de los Seguros Sociales4 con Resolución 19088 del 16 de noviembre de 1996 le
reconoció una pensión de vejez en cuantía de $116.207, efectiva a partir del 3 de
enero de 1991. Dicha prestación fue reliquidada con la Resolución 8419 del 14 de
agosto de 1998.

• Con la Resolución 125 del 20 de febrero de 2017, el liquidador del Conjunto de
Derechos y Obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios y Hospitales
San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en liquidación declaró la
compartibilidad de la pensión de José María Briceño Laiseca, le ordenó «reintegrar
las mesadas pagadas en exceso» y dispuso que la «liquidación debía someterse a
revisión por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y su firma auditora».
Respecto de este acto, la firma auditora Gran Thornton con escrito del 31 de
marzo de 2017 le informó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público acerca de
las inconsistencias presentadas en su liquidación.

• Por medio de la Resolución 208 del 16 de junio de 2017, el Conjunto de
Derechos y Obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios y Hospitales
San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en liquidación dejó sin efectos la
Resolución 125 del 20 de febrero de 2017.

4 En adelante ISS.

2

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca

• A través de la Resolución 209 del 16 de junio de 2017, el Conjunto de Derechos
y Obligaciones de la Extinta Fundación San Juan de Dios y Hospitales San Juan
de Dios e Instituto Materno Infantil en liquidación declaró la compartibilidad de la
pensión de José María Briceño Laiseca, le impuso la obligación de reintegrar a
favor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público las «mesadas pagadas en exceso
durante el periodo comprendido entre marzo de 1991 y diciembre de 2016». Acto
administrativo que fue avalado por la firma auditora Gran Thornton con escrito del
22 de junio de 2017.

• Contra la anterior decisión el pensionado interpuso el recurso de reposición y con
Resolución 0301 del 2 de octubre de 2017, el Conjunto de Derechos y
Obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios y Hospitales San Juan de
Dios e Instituto Materno Infantil en liquidación lo rechazó por considerar que se
quebrantó el principio de la buena fe, toda vez que «tenía el deber de comunicar el
reconocimiento pensional efectuado por el Instituto de los Seguros Sociales, hoy
COLPENSIONES».

• El 1° de noviembre de 2017, por considerar que los actos administrativos
expedidos por el Conjunto de Derechos y Obligaciones de la extinta Fundación
San Juan de Dios y Hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en
liquidación, vulneraban su derecho fundamental del debido proceso, José María
Briceño Laiseca presentó una acción de tutela. Dicho mecanismo de protección
constitucional fue resuelto el 20 de noviembre de 2017 por el Juzgado 22
Administrativo del Circuito de Bogotá, que concedió el amparo reclamado, «y
ordenó la suspensión de los efectos de los artículos tercero, quinto y decimo de la
Resolución 209 del 6 de junio de 2017, por considerar la existencia de un perjuicio
irremediable, en la medida que [el demandante] es un sujeto de especial protección a
quien se le afectó o podría afectar su mínimo vital». Decisión que fue confirmada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca con sentencia del 9 de febrero de 2018.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 29 y 83 de la Constitución Política; 69 al
74 el Decreto 01 de 1984; y 93 al 97 de la Ley 1437 de 2011.

En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos5:

• Las entidades demandadas vulneraron el debido proceso, la seguridad jurídica,
la buena fe y la confianza legítima del pensionado, toda vez que omitieron la
obligación legal de solicitar la autorización para revocar la situación jurídica
reconocida a su favor contenida en la Resolución 0333 del 7 de noviembre de
1986.

5 Folios 1 al 25.

3

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca

• Si bien el artículo 18 del Decreto 758 de 1990 habilitó a la administración para
aplicar la compartibilidad pensional, también es cierto que para introducir su
contenido, la entidad debió utilizar el mecanismo o procedimiento idóneo para tal
fin, es decir el consentimiento previo del pensionado para revocar el
reconocimiento pensional o demandarlo ante la jurisdicción.

• Con la expedición de los actos demandados se limitó el derecho efectivo al goce
pleno de la pensión de jubilación reconocida en la Resolución 0333 del 7 de
noviembre de 1986.

• Las autoridades adelantaron la actuación administrativa sin informarle al actor
sobre su apertura, este solo tuvo conocimiento hasta cuando se hizo notoria la
disminución del monto de la mesada.

• Las mesadas pensionales percibidas a partir del reconocimiento de la pensión de
vejez efectuada por el ISS con la Resolución 19088 de 1996, nunca fueron
recibidas con temeridad, fraude a la ley o en contravía del principio de buena fe.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público contestó la demanda e indicó
que no participó en la expedición de las resoluciones 209 del 16 de junio de 2017
y 301 del 2 de octubre de esa anualidad, por tanto, no tenía injerencia para
cuestionar la pensión reconocida al demandante.

Además, resaltó que ese Ministerio es ajeno a la relación laboral que pudo existir
entre el demandante y la extinta fundación San Juan de Dios, razón por la cual no
les asistía causa legal ni contractual para intervenir en la demanda instaurada por
José María Briceño Laiseca.

Propuso las siguientes excepciones: i) indebida integración del contradictorio; ii)
falta de legitimación en la causa por pasiva; iii) la innominada o genérica6.

1.2.1. El Conjunto de Derechos y Obligaciones de la extinta Fundación San Juan
de Dios y Hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, liquidado se
opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en los siguientes
argumentos7:

• Los actos demandados no son susceptibles de control jurisdiccional, por tratarse
de actos de cobro coactivo.

6 Folios 197 al 216.
7 Folios 217 al 240.

4

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca

• Las actuaciones adelantadas por las entidades demandadas para recuperar los
dineros pagados «en exceso» se desarrollaron en el marco de las competencias
asignadas por la ley para este fin.

• En virtud de la «compartibilidad pensional», el pensionado no puede recibir por
parte del Conjunto de Derechos y Obligaciones de la extinta Fundación San juan
de Dios una suma superior a la devengada como consecuencia del
reconocimiento pensional efectuado por el ISS, pues en tal caso se incurriría en un
enriquecimiento sin justa causa.

• Los actos administrativos demandados fueron producto de la obligación
constitucional y legal de evitar «pagos más allá de lo debido y recuperar los recursos
públicos pagados en exceso a terceros», pues en virtud de la compartibilidad
pensional, el Conjunto de Derechos y Obligaciones de la extinta Fundación San
Juan de Dios solo estaba en la obligación de pagar el mayor valor y no el valor
total de la mesada.

Como excepciones propuso: i) buena fe; ii) fraude a la ley; iii) pago de lo debido; y
iv) de oficio.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección C,
mediante sentencia proferida el 10 de noviembre de 20218 negó las pretensiones
de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. Para tal efecto, luego de
realizar un recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al
asunto, observó lo siguiente:

• La expedición de la Resolución 209 del 16 de junio de 2017 a través de la cual el
Conjunto de Derechos y Obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios y
Hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en liquidación declaró la
compartibilidad de la pensión de José María Briceño Laiseca, le impuso la
obligación de reintegrar a favor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público las
«mesadas pagadas en exceso durante el periodo comprendido entre marzo de 1991 y
diciembre de 2016», no vulneró el debido proceso del pensionado, toda vez que fue
notificado personalmente y contra este se interpuso recurso de reposición el cual
fue resuelto con la Resolución 301 del 2 de octubre de 2017.

• Si bien es cierto que no existe prueba de la mala fe del actor, también lo es que
«no obstante la demora de la entidad en determinar la compartibilidad» era deber del
pensionado informar que estaba devengando 2 mesadas, hecho que conocía por
las consignaciones mensuales, frente a lo que guardó silencio, el cual es indicativo
de su mal actuar.

8 Folios 407 al 424.

5

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca

• Desde el reconocimiento pensional efectuado por el ISS, hasta la fecha de
expedición de los actos demandados, transcurrieron más de 21 años, tiempo en el
cual José María Briceño Laiseca devengó 2 mesadas pensionales, «y su silencio lo
aleja de la buena fe».

• Solo habrá lugar a la devolución de las mesadas durante los 3 años anteriores a
la firmeza de los actos demandados, toda vez que ocurrió el fenómeno jurídico de
la prescripción trienal previsto en el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968.

1.4. El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación en el cual manifestó lo
siguiente9:

• El tribunal realizó una indebida apreciación acerca del sustento normativo y
pruebas allegadas al proceso, toda vez que adoptó su decisión sin tener en cuenta
los argumentos referentes a «la inmutabilidad» de los actos administrativos de
contenido particular y el procedimiento previsto por la ley para que la
administración pueda retirarlo del ordenamiento.

• Para modificar o afectar los intereses reconocidos en actos de reconocimiento
pensional se debe acudir al procedimiento general previsto «Decreto 01 de 1984 hoy
Ley 1437 de 2011».

• No existe prueba que demuestre que para el reconocimiento pensional se
hubiese actuado con temeridad, fraude o cualquier motivación contraria al principio
de la buena fe.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.

1.6. El Ministerio Público

El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció.

2. Consideraciones

2.1. Problemas jurídicos

9 Folio 257 y 258.

6

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca

Consisten en determinar si para el caso concreto ¿el Conjunto de Derechos y
Obligaciones de la Extinta Fundación San Juan de Dios y Hospitales San Juan de
Dios e Instituto Materno Infantil en liquidación se encontraba facultado para
revocar directamente la Resolución 125 del 20 de febrero de 2017 y desvirtuar la
presunción de buena fe para el reconocimiento pensional efectuado a favor del
demandante y en consecuencia ordenar la devolución de los dineros pagados en
exceso?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Del principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para
devolución de prestaciones periódicas

La institución de la buena fe nace como regla moral regida por el honor y el crédito
personal, luego como regla de derecho. En su origen, en Roma, la fides hacía
referencia a las relaciones entre Dios y el hombre y se le daba su nombre cuando
había cumplido a cabalidad lo que se decía o lo que se había prometido y entre las
partes se actuaba de acuerdo con lo convenido. Es la fidelidad de la palabra al
estar ligado a su propia declaración10.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos11, «(l)a buena fe (del latín,
bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de
honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión,
o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las
partes interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina ‹principio
de probidad›», entiéndase por probidad, de conformidad con la Real Academia de
la Lengua Española12, como honradez.

La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 199513, sostuvo que «(l)a buena
fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho,
ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras
relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás
procedan en al (sic) misma forma».

El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el Código
Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció:

«Artículo 769. <Presunción de buena fe>. La buena fe se presume, excepto en los
casos en que la ley establece la presunción contraria.

10 Schulz Fritz, Principios del Derecho Romano, editorial Civitas, Madrid, 2000, página 143.
11Tesauro Interamericano de Derechos Humanos. Principio de buena fe
https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20una%
20conducta.
12 https://dle.rae.es/probidad?m=form.
13 Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.

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Demandante: José María Briceño Laiseca

En todos los otros, la mala fe deberá probarse»14.

Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 835 dispuso que «(s)e presumirá
la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una persona, o
afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo». Este
cuerpo normativo, en los artículos 863 y 871 previó el principio de la buena fe
como rector de los contratos en las etapas precontractual y contractual y su
ejecución.

A su turno, el Código Contencioso Administrativo15 en su artículo 136, numeral 2,
estableció que «(l)os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse
en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe». (Negrilla del texto
original).

El desarrollo más importante del principio de la buena fe en nuestro ordenamiento
jurídico se encuentra en artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, el cual
dispuso:

«Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquellos adelanten ante éstas».

Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que
gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional16 ha sostenido que el principio de la buena fe es aquel que
exige, tanto a las autoridades, como a los particulares acomodar sus
comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría
una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena fe presupone la existencia de
relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».

En dicha providencia la Corte Constitucional se refirió a la buena fe, así:

«La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere
fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada.
En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del particular y
constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad. La doctrina, por su
parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a la
buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire contra
factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso de
requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales
circunstancias. No es posible reducir la infracción de la buena fe a casos
tipificados legalmente. De ahí que la aplicación de este principio suponga incorporar

14 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-540-95 del 23

de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
15 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.
16 Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca

elementos ético-jurídicos que trascienden la ley y le dan su real significado, suscitando
en muchas ocasiones la intervención judicial para calificar la actuación pública según
las circunstancias jurídicas y fácticas del caso». (Resalta la Sala).

De lo transcrito se advierte que para calificar la conducta se debe analizar la
situación particular de cada caso, de cara a esos comportamientos honestos que
se espera de los particulares cuando acuden a la administración. Valga resaltar
que esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó bajo ese
principio o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el caso
concreto; empero el derrotero será siempre la verificación de un actuar honesto de
cada parte.

La Corte Constitucional en la sentencia C-131 de 200417, en cuanto a la aplicación
del principio de la buena fe, sostuvo:

«El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de
honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la
cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los
particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial
del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el
ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal
suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido
más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los
sujetos intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético de la
confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad
surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y
normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el
ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar
las lagunas del sistema jurídico». (Se resalta).

Así las cosas, el principio de rango constitucional de la buena fe presupone
obligaciones recíprocas relacionadas con la confianza, seguridad y credibilidad;
sin embargo, se ha considerado que este no constituye un postulado absoluto,
sino que tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría
constitucional, tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el
desarrollo de la función administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la
economía, entre otros18.

En materia de lo contencioso-administrativo, el literal c) del numeral 1 del artículo
164 del CPACA al referirse a la oportunidad para presentar la demanda en contra
de actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas,
previó que podían ser demandados en cualquier tiempo y recalcó que «no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», postulado que
tiene como fin el de amparar a quienes hayan percibido prestaciones periódicas

17 Sentencia C-131 de 2004 del 19 de febrero de 2004. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas

Hernández.
18 Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.

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Demandante: José María Briceño Laiseca

como consecuencia de decisiones adoptadas de manera errónea por la
administración.

De acuerdo con la norma, el poder público no puede defraudar la legítima
confianza que los ciudadanos esperan de su actuación, en razón a que la
expresión de la voluntad contenida en el acto de reconocimiento se fundamenta en
criterios sólidos «que indu(cen) racionalmente al administrado a confiar en la apariencia
de legalidad de una actuación administrativa concreta. No puede deducirse de manera
subjetiva o sicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas»19, en otras palabras,
el beneficiario del derecho reconocido por la administración actúa con la
convicción de que el acto está sujeto a la legalidad; razón por la cual el
ordenamiento colombiano protege a quienes se benefician de prestaciones
pagadas a particulares de buena fe.

Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que el beneficiario de
una prestación actuó en forma deshonesta al momento de reclamar el derecho, es
decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe i) ser previa a la
expedición del acto que reconoce el derecho; y ii) derivarse de un hecho concreto
en que el beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el propósito de
acceder al derecho.

Respecto de la recuperación de los dineros pagados a los particulares de buena
fe, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 6 de marzo de
200820, hizo énfasis en que la mala fe del particular debía ser probada por quien la
alega. En este fallo se dijo lo siguiente:

«Por último como el numeral 2º del artículo 136 del C.C.A. dispone que ‹Los actos que
reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la
administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe›, igualmente deberá confirmarse en este sentido la
decisión apelada, pues, el demandado está amparado por el principio de la buena fe,
ya que no se afirmó, ni demostró que hubiera incurrido en actos dolosos y de mala fe
para obtener la pensión de jubilación, por lo tanto no está obligado a devolver lo que ya
le fue pagado por este concepto21».

Posteriormente, en la sentencia del 15 de septiembre de 2016 22, la corporación
indicó:

19 Citado en Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre

de 2014. Radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013), M.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
20 Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 0488-07. Magistrado ponente: Gustavo Eduardo

Gómez Aranguren.
21 Sentencia de 21 de junio de 2007. Expediente: 0950-06. Magistrada ponente: Ana Margarita

Olaya Forero.
22 Sentencia del 15 de septiembre de 2016. Radicado 5200123-33-000-2012-00121-01(4402-13).

Magistrado ponente Camelo Perdomo Cuéter.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca

«Por ello, la Sala estima que no existen elementos probatorios suficientes para
determinar que el demandado al recibir23 la cantidad de $73.647.865, 54 actuó de mala
fe, pues, conforme al artículo 83 de la Carta Política, la buena fe se presume, y para
desvirtuar su existencia debe operar prueba en contrario porque —se repite— en el
desprendible de pago no se detallan los conceptos. Dicha suma, según se afirma en el
recurso de apelación, corresponde a mesadas pensionales atrasadas, desde el 31 de
marzo de 2008, fecha en que el fallo de tutela del Juzgado Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Pasto ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación con el 100% de la bonificación por servicios prestados (f. 309).

Sobre la buena fe, es oportuno recordar lo que la Corte Constitucional ha dicho: (…)24

Así las cosas, bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las
actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que
sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre
prueba en contrario, la presunción de buena fe que protege las actuaciones de los
particulares se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se
presuma, ni mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al margen de la presunción
que favorece a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben
atenerse al principio de constitucionalidad que informa la ley y al principio de legalidad
que nutre la producción de los actos administrativos (…)

(…)

Por lo visto, se ha de revocar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia,
puesto que el demandado, al actuar de buena fe, no tiene que reintegrar las
prestaciones que le pagaron, de conformidad con el artículo 164, numeral 1, letra c),
del CPACA».

En pronunciamiento del 18 de marzo de 202125, sostuvo:

«25. De acuerdo con lo anterior, el principio de la buena fe incorpora una presunción
legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de
menos probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error
de la administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales,
no puede permitir a la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar
un dinero que fue recibido por una persona de buena fe».

Corolario de lo dicho, en todos los actos de los particulares y de las autoridades se
presume la buena fe, razón por la cual cuando se pretenda acreditar lo contrario
se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal principio. Para ello, quien lo
alega debe direccionar su teoría del caso a demostrar una conducta deshonesta
que le permitió el acceso a un derecho a efectos de demostrar que actuó con
desconocimiento de los postulados de la buena fe.

23 «El apoderado del demandado en el recurso de apelación afirma que el señor Ramiro Valdemar

Villota sí recibió la suma de $73,647,865,54 cuando dice que «no debe perderse de vista que a mi
poderdante se le reconocieron y cancelaron en el mes de mayo de 2013, por parte de CAJANAL
unos valores generados del reconocimiento del 100% de la bonificación por servicios (…)» (F.
309)».
24 «Corte Constitucional. Sentencia C-840 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería».
25 Consejo de Estado Sección Segunda. Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia

de 18 de marzo de 2021. Radicación: 19001-23-33-000-2015-00204-01(5834-19).

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca

En ese orden, para que proceda el reintegro de las prestaciones periódicas
reconocidas y pagadas, se hace necesario que la entidad pruebe que el
pensionado incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de la
actuación administrativa que, a la postre, conllevó al reconocimiento de la pensión.

En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda
de lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras
fraudulentas, como la presentación de documentos que no gozan de veracidad, o
que contienen información que no revelan la realidad, indican una actuación
temeraria e intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no
tendría derecho sin ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con la
devolución de los dineros recibidos como consecuencia del irregular
reconocimiento de la prestación26.

Así las cosas, por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o
apócrifo dentro de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el
reconocimiento de un derecho pensional, permitiría desvirtuar la presunción de
buena fe que gobierna los actos del peticionario, haciendo viable así, la
recuperación de los dineros pagados de manera indebida.

Ahora bien, en concordancia con los postulados constitucionales y legales antes
descritos, la jurisprudencia ha protegido a los particulares que de buena fe se les
ha reconocido el pago de prestaciones periódicas como consecuencia de
decisiones tomadas de manera errónea por la administración; sin embargo, esta
protección no acontece en los casos en los que se presentan actuaciones dudosas
con la finalidad de obtener el reconocimiento de una pensión. Con todo, se hace
necesario que se demuestre la comisión de tales conductas dudosas, deshonestas
o fraudulentas que llevaron al reconocimiento de una prestación para que proceda
la devolución de esas sumas de dinero pagadas.

2.2.2. Compartibilidad pensional

26 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, Exp. 1783-01, Magistrada

Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los
dineros que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la
mala fe con que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada
presentó unas certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse
acreedor a una prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso
demostrar asaltando la buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el
torcido proceder del actor; por tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que
recibió sin tener derecho a ellas, debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo.
(Negrillas fuera de texto original).».

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca

El artículo 5 del Acuerdo 029 de 200527, aprobado por el Decreto 2879 del 4 de
octubre de esa anualidad dispuso:

«Artículo 5°Los patronos inscritos en el Instituto de Seguros Sociales, que a partir de la
fecha de publicación del decreto que apruebe este Acuerdo, otorguen a sus
trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en Convención Colectiva,
Pacto Colectivo, Laudo Arbitral o voluntariamente, continuarán cotizando para los
seguros de Invalidez, Vejez y Muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los
requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de Vejez y en este momento
el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente
el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía
siendo pagada por el patrono.

La obligación de seguir cotizando al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, de que trata
este artículo, sólo rige para el patrono inscrito en el Instituto de Seguros Sociales.

Parágrafo 1°Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva
Convención Colectiva, Pacto Colectivo, Laudo Arbitral o acuerdo entre las partes, se
haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán
compartidas con el Instituto de Seguros

Sociales.

Parágrafo 2° Las pensiones de jubilación a que se refiere esta disposición, serán
aquellas que reconozcan las empresas que tengan un capital de ochocientos mil pesos
($ 800.000.00) moneda corriente, o superior».

Posteriormente, con la expedición del Decreto 758 de 199028, respecto de las
pensiones extralegales reconocidas por los patronos registrados como tales en el
ISS, en su artículo 18 estableció:

«Artículo 18. Compartibilidad de las pensiones extralegales. Los patronos
registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus
trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva,
pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de
1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta
cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la
pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión,
siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión
otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado.

Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva
convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya
dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas no serán compartidas
con el Instituto de Seguros Sociales».

27 «Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de

Invalidez, Vejez y Muerte».
28 «Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990 emanado del Consejo

Nacional de Seguros Sociales Obligatorios».

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca

De tal manera que, las pensiones reconocidas en virtud de la compartibilidad
pensional, en un primer momento son pagadas por el empleador y posteriormente,
por la administradora de pensiones, entidad que subroga al empleador cuando el
trabajador cumpla con los requisitos mínimos exigidos por la ley para su
reconocimiento. Sin embargo, en caso de que existan diferencias, el empleador
quedará a cargo de ellas.

Ahora bien, a propósito de la compartibilidad pensional, la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, con ocasión de una consulta elevada por el
gobierno nacional a través del Ministerio de Educación Nacional en el concepto 2068
de 2012, explicó esta figura, así:

«Cuando una entidad oficial había afiliado a sus funcionarios públicos al Instituto de los
Seguros Sociales, se tenía esta situación: los servidores tenían derecho a la pensión
de jubilación pues laboraban bajo una relación legal y reglamentaria y el hecho de la
afiliación al ISS no cambiaba su régimen laboral, pero este Instituto, reconocía la
pensión de vejez, de manera que era necesario hacer compatibles los dos regímenes
pensionales, el de jubilación con el de vejez. La armonización de estos regímenes se
obtuvo aplicando a esta situación el mecanismo de la subrogación de la pensión de
jubilación o de la compartibilidad, según el cual era el empleador quien reconocía y
pagaba la pensión a que estaba obligado antes de lo previsto en los reglamentos del
Seguro quien además seguía cotizando al ISS hasta que el trabajador tuviera derecho
a la pensión de vejez, y reconocida la de vejez, el Instituto de los Seguros Sociales se
subrogaba en el pago de la pensión. Si la pensión reconocida inicialmente por el
empleador era superior a la de vejez reconocida por el ISS, entonces aquel pagaba el
mayor valor entre ambas»29.

Asimismo, en sentencia del 16 de septiembre de 202130, la Sección Segunda de
esta Corporación, sobre el particular, reiteró:

«Así las cosas, cuando se da la figura de la compartibilidad pensional el
reconocimiento y pago de la prestación social, inicialmente la asume el patrono pero
cuando se satisfagan los requisitos exigidos por el I.S.S., éste asumirá su obligación y
el patrono cesará en el pago de dicha prestación, salvo que el I.S.S. cuando reconozca
la prestación lo haga en cuantía inferior a la que, conforme al régimen general, tienen
derecho los servidores públicos en general, ante lo cual el patrono deberá cubrir la
diferencia resultante y por ello se habla de pensión compartida.

Cuando el I.S.S. asume el riesgo de vejez subroga al patrono en la obligación de
reconocer la pensión de jubilación. Así, realmente se presenta una subrogación de la
entidad encargada de asumir la obligación (aunque no tenga la misma denominación) y
es por lo que resulta improcedente que simultáneamente se pueda gozar de la pensión
de jubilación reconocida por el patrono bajo la normatividad que rige a los empleados

29 Consejo de Estado, Sala de Consulta y del Servicio Civil, concepto de 23 de febrero de 2012,

expediente 11001-03-06-000-2011-00045-00. C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de septiembre de 2021, expediente

05001-23-33-000-2017-02855-01 (6384-199) M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca

públicos y la de vejez otorgada por el Instituto de Seguros Sociales, pues ello contraría
la prohibición contenida en el artículo 128 de la Constitución Política. La ley no autoriza
que por los mismos tiempos de servicios estatales los funcionarios perciban dos
pensiones a cargo de diferentes Instituciones».

Así las cosas, es claro que en virtud de la compartibilidad pensional el empleador,
como consecuencia de una convención legal o extralegal, reconoce a su
extrabajador una pensión de jubilación en la cual se acuerda que dicha prestación
sea compartida con la que por vejez otorgue el ISS, razón por la cual continúa con
los aportes en pensión hasta cuando cumpla con los requisitos de ley para cubrir
dicha contingencia, momento en el cual el ISS otorga la pensión a su cargo.

2.2.3. Revocatoria directa de actos administrativos y devolución de
prestaciones periódicas en vigencia de la Ley 1437 de 2011

Respecto de los efectos del acto administrativo, la doctrina ha determinado un
principio básico en su estructura el cual ha sido denominado «estabilidad» que
consiste en la «prohibición de revocación de los actos que crean, reconocen o declaran
un derecho subjetivo, una vez que han sido notificados al interesado, salvo que se extinga
o altere el acto en beneficio del interesado»31; sin embargo, este no es absoluto, pues
la revocación también es una «facultad propia de la administración para dejar sin
efectos un acto administrativo de contenido particular»32, de carácter excepcional y,
que procede de oficio o a solicitud de parte siempre que se desarrolle dentro de
los límites y reglas que prevé la ley.

Lo anterior, se ve materializado en el artículo 9333 de La Ley 1437 de 2011, el
cual, de manera expresa, precisa las causales que imponen a la administración la
revocatoria directa de los actos administrativos de carácter general, al igual que
ocurre con los particulares, de oficio o a petición de parte. Tales causales son las
siguientes:

• Que se evidencie una manifiesta oposición entre el acto respectivo y la
Constitución o la ley, esto es que la oposición sea grosera, de bulto, es decir,
cualitativamente similar a la que da lugar a la suspensión provisional de los actos
administrativos, por parte de esta Jurisdicción.

• Que haya inconformidad con el interés público o social, esto es que el acto
administrativo en cuestión no consulte, o mejor, contraríe esos intereses

31 Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ed. Ciudad Argentina. Pág. 113.
32 Corte Constitucional, sentencia T-355 de 1995.
33«Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las

mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona».

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
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generales, causal respecto de la cual se ha sostenido que comporta el retiro de un
acto legalmente válido por la propia administración que lo había expedido, en
razón de la inoportunidad o inconveniencia de aquél34, vinculándose a la noción
del mérito del acto administrativo.

• Que a través del acto correspondiente se cause un agravio injustificado a una
persona.

Ahora bien, para la revocación de los actos de carácter particular y concreto, se ha
establecido en el ordenamiento jurídico la regla general contenida en el artículo 97
del CPACA, según la cual, tales actos no podrán ser revocados sin el
consentimiento previo, expreso y por escrito del respectivo titular, pues implican la
creación, modificación o reconocimiento de derechos de naturaleza individual y
determinada, esto en desarrollo del principio de inmutabilidad de los actos
administrativos -especialmente de los favorables35, estrechamente relacionado con
la presunción de legalidad, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la
protección de los derechos adquiridos. La norma señaló lo siguiente:

«Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las
excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o
ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto
o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el
consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a
la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo
demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su
suspensión provisional.

Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de
audiencia y defensa».

En relación con la figura de la revocatoria directa, esta Corporación en reiterada
jurisprudencia se ha pronunciado sobre la prohibición de revocar actos

34 Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia de mayo 5 de
1.981.
35 Entre los actos administrativos favorables estarían aquellos que amplían la esfera o el patrimonio

jurídico del destinatario, esto es, «crean o reconocen un derecho o una ventaja jurídica», como los
nombramientos, las autorizaciones, las licencias y, en general, los actos mediante los cuales la
Administración responde de manera positiva a una solicitud formulada en ejercicio del derecho
constitucional fundamental de petición, v. gr., inscripción en un registro público, reconocimiento de
una pensión, etc. Este tipo de actos se contrapone a los de gravamen en los cuales se incluyen
aquellos que inciden negativamente en la esfera jurídica del destinatario, es decir “tienen un efecto
desventajoso o perjudicial” para él, como la imposición de obligaciones, de sanciones, la
revocación de actos favorables y, en general, las respuestas negativas a las peticiones. Ver
Consejo de Estado. Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 11001-03-26-000-1994-
10227-01(10227).

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Demandante: José María Briceño Laiseca

administrativos que hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter
particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, salvo que, de
manera previa, expresa y escrita medie el consentimiento del titular del respectivo
derecho, en los siguientes términos36:

«(…) Finalmente, el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, en punto de la revocatoria de
un acto administrativo particular aclara, en primer lugar, que la denominación acto
administrativo comprende no sólo los actos expresos sino también a los fictos,
categoría esta última que no se advertía de manera expresa en el artículo 73 del
Decreto 01 de 1984.

En este mismo sentido, se mantiene la prohibición de revocar actos administrativos
que: «hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y
concreto o reconocido un derecho de igual categoría» salvo que de manera previa,
expresa y escrita medie el consentimiento del titular del respectivo derecho. Advierte la
Sala que, en lo que respecta a la posibilidad con que contaba la administración para
revocar actos administrativos de carácter particular, en los eventos en los que
concurría alguna de las causales de revocatoria ya citadas, para el caso de los actos
fictos positivos, o si fuere evidente la ilegalidad en su expedición, la misma desaparece
del nuevo estatuto de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En efecto, los dos incisos finales del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 preceptúan
que en los casos en que la administración considere la inconstitucionalidad o ilegalidad
de un acto administrativo, o que su expedición tuvo lugar por medios ilegales o
fraudulentos, deberá acudir ante esta jurisdicción, para demandarlos, siempre que no
cuente con el consentimiento, previo, expreso y escrito del titular de los derechos
reconocidos en el respectivo acto administrativo (…)».

De acuerdo con las normas y jurisprudencia en cita, la administración solo podrá
revocar un acto administrativo de carácter particular, en los eventos en que se
cuente con el consentimiento de la persona. En caso contrario, deberá cuestionar
su constitucionalidad o legalidad a través del respectivo medio de control.
Entonces, solo en casos excepcionales previstos legalmente, será posible revocar
un acto sin el consentimiento del interesado. De lo contrario, las entidades tendrán
que acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar
ante un juez administrativo su propio acto; escenario en el cual también pueden
solicitar medidas cautelares para suspender los efectos perjudiciales de un acto
que consideren ilegal.

No obstante, en materia de seguridad social, existen eventos en los que la entidad
puede revocar el acto administrativo aun sin el consentimiento del beneficiario,
como es el caso de las pensiones que fueron reconocidas irregularmente. En
efecto, el artículo 19 de la Ley 797 de 200337 previó:

36 Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2015. Consejero ponente:
Gerardo Arenas Monsalve. Expediente: 760012331000200403824 02. Referencia: 0376-2007.
37
«[P]or la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca

«Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los
representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan
por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán
verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la
legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y
pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera
que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció
indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el
incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en
documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto
administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las
autoridades competentes.» [Se resalta]

Asimismo, la Ley 1450 de 2011 «por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo,
2010 – 2014», en su artículo 243 dispuso:

«Artículo 243. Protección contra prácticas corruptas en el reconocimiento de
pensiones. Cuando cualquier entidad estatal que tenga a su cargo el reconocimiento
de pensiones tenga indicios de que tales prestaciones han sido reconocidas con
fundamento en documentos falsos, presiones indebidas, inducción a error a la
administración o cualquier otra práctica corrupta, la entidad iniciará de oficio una
actuación administrativa tendiente a definir los supuestos fácticos y jurídicos de la
prestación y la existencia de la presunta irregularidad. Si como resultado de la
actuación se verifica la irregularidad total o parcial del reconocimiento, la
administración procederá a revocar o modificar el acto sin consentimiento del
particular.

(...)» [Se resalta]

Nótese que si bien la primera norma citada únicamente impuso el deber a la
administración para revocar directamente los actos administrativos de contenido
particular cuando se compruebe la irregularidad en el reconocimiento de la
prestación, fue con la segunda que condicionó tal decisión a que previamente se
adelante la actuación administrativa38 y se defina o verifique si aquella [la
irregularidad] existió.

Esto presupone que toda la actuación que se adelante antes de la revocación del
acto debe surgir de «motivos reales, objetivos, trascendentales, y desde luego

38 Al respecto, se puede consultar la sentencia SU-182 de 2019, en la cual se establecieron las

siguientes reglas: (i) solo son dignos de protección aquellos derechos que han sido adquiridos con
justo título; (ii) la verificación oficiosa del cumplimiento de los requisitos pensionales es un deber;
(iii) no es necesario aportar una sentencia penal para desvirtuar la buena fe del beneficiario de la
pensión; (iv) solo motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que pudieran enmarcarse
en un comportamiento criminal justifican la revocatoria, sin el consentimiento del afectado; (v) no
hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o inducido en error a la administración, pues
el ordenamiento jurídico sanciona a quien se aprovecha de estos escenarios; (vi) sujeción al debido
proceso; entre otras.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca

verificables»39 y respetar los derechos al debido proceso y defensa del beneficiario
de la prestación. Asimismo, como se trata de una facultad excepcional de la
administración, es en esta que recae la carga de la prueba, es decir, su deber se
circunscribe a demostrar con suficiencia la irregularidad que originó el
reconocimiento pensional, sin perjuicio de que, cuando se trate de «problemas de
interpretación del derecho; como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la aplicación
de un régimen de transición; o la aplicación de un régimen especial frente a uno
general»40, esté obligada a acudir al juez competente.

Ahora bien, cuando la administración adelanta la actuación con sujeción al debido
proceso y revoca el acto administrativo, debe determinarse cuáles son sus efectos
en el tiempo y sus consecuencias. Aunque este tema fue zanjado en la sentencia
SU-182 de 2019 por la Corte Constitucional, es necesario precisar que esta
corporación no ha sostenido un criterio pacífico, pues en ocasiones se ha
señalado que la revocatoria tiene efectos hacia el pasado [ex tunc], en otras que
tiene efectos hacia el futuro [ex nunc] y, solo en una providencia, se indicó que los
efectos dependían de cuándo ocurrió la ilegalidad. En la siguiente tabla se
muestra la tendencia de cada uno de los criterios:

La revocatoria directa tiene efectos hacia el pasado La revocatoria directa tiene efectos hacia el futuro

 3 de agosto de 198846.
 22 de agosto de 199041
 23 de octubre de 199147
 14 de noviembre de 199148
 9 de septiembre de 200049
 16 de julio de 200250
 26 de febrero de 200451
 20 de mayo de 200442
 5 de octubre de 200952
 13 de mayo de 200953

 31 de mayo de 201243
 3 de abril de 201354
 15 de agosto de 201355
 29 de enero de 201556

 13 de abril de 201544
 18 de febrero de 201657
 8 de septiembre de 201658
 17 de noviembre de 201659
 21 de abril de 201760

39 Corte Constitucional, sentencia C-835 de 2003, mediante la cual se declaró exequible el artículo

19 de la Ley 797 de 2003.
40 Ibidem.
41 Expediente 285.
42 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-1998-3963-01(5618-02), CP. Alberto Arango

Mantilla.
43 Sección Segunda, expediente 68001-23-31-000-2004-01511-01(0825-09), CP. Gerardo Arenas

Monsalve.
44 Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2000-00179-01(28347), CP. Olga Mélida Valle de

la Hoz.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca

 26 de octubre de 201761
 8 de febrero de 201862
 19 de julio de 201845
 23 de mayo de 201963
 31 de octubre de 201964
 20 de noviembre de 201965
 7 de mayo de 202066
 18 de junio de 202067
 1 de julio de 202068
 26 de noviembre de 202069
 21 de enero de 202170
 25 de enero de 202171
 22 de abril de 202172

46 Sección Segunda, expediente 1609.
47 Sección Segunda, expediente 2174.
48 Sección Tercera, expediente CE-SEC3-EXP1991-N6293, CP. Julio César Uribe Acosta.
49 Sección Primera, exp. 5733, CP. Olga Inés Navarrete Barrera.
50 Sala Plena, expediente 029, CP. Ana Margarita Olaya Forero.
51 Sección Primera, expediente 7498, CP. Gabriel Mendoza Martelo.
52 Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2003-00414-01, CP. Rafael E. Ostau de Lafont

Pianeta.
53 CP. Myriam Guerrero de Escobar.
54 Sección Tercera, expediente 52001-23-31-000-1999-00959-01(26437), CP. Mauricio Fajardo.
55 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2006-00464-01(2166-07), Gerardo Arenas

Monsalve.
56 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2011-01324-01(3077-13), CP. Sandra Lisset

Ibarra Vélez.
57 Sección Quinta, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Rocío Araújo Oñate.
58 Sección Segunda, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
59 Sección Segunda, expediente 13001-23-33-000-2013-00149-01(2677-15), CP. César Palomino

Cortés.
60 Sección Segunda, expediente 08001-23-31-000-2011-00361-01(2540-16), CP. Sandra Lisset

Ibarra Vélez.
45 Sección Segunda, expediente 68001-23-33-000-2013-00493-01(2276-16), CP. Carmelo
Perdomo Cuéter.
61 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00173-00(0749-12), CP. Carmelo
Perdomo Cuéter.
62 Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2010-01971-01(3485-15), CP. Gabriel Valbuena

Hernández.
63 Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2009-00295-01(3106-16), CP. William
Hernández Gómez.
64 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2011-00229-00(0790-11), CP. César Palomino

Cortés.
65 Sección Tercera, expediente 11001-03-26-000-2018-00028-00(61003), CP. Marta Nubia

Velásquez Rico.
66 Sección Segunda, expediente 27001-23-33-000-2013-00338-01 (4885-2014), CP. William

Hernández Gómez.
67 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2012-00014-02(2639-17), CP. Rafael Francisco

Suárez Vargas.
68 Sección Quinta, expediente 11001-03-25-000-2019-00519-00, CP. Rocío Araújo Oñate.
69 Sección Primera, expediente 47001-23-31-000-2004-01430-01, CP. Hernando Sánchez

Sánchez.
70 Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2009-00525-00, CP. Hernando Sánchez

Sánchez.
71 Sección Segunda, expediente 25000-23-42-000-2014-00045-01(1077-19), CP. Gabriel Valbuena

Hernández.
72 Sección Segunda, expediente 50001-23-33-000-2015-00635-01(1802-19), CP. Sandra Lisset

Ibarra Vélez.

20

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca

 6 de mayo de 202173

 5 de agosto de 202174
 10 de marzo de 202275

En el criterio minoritario, este es que los efectos de los actos administrativos son
hacia el pasado, se sostuvo que el acto administrativo se extingue cuando cesan
en forma definitiva sus efectos y puede ser revocado por razones de mérito o de
legalidad. Cuando la figura opera por esta última, al tratarse de un juicio
estrictamente lógico jurídico, los efectos serán hacia el pasado, es decir, desde el
momento de su expedición.

Por su parte, en el criterio mayoritario, existen 2 referentes principales que se
detuvieron en los efectos hacia el futuro de la revocación de los actos y que
sirvieron a decisiones posteriores, esto es los que datan del 16 de julio de 2002
[proferido por la Sala Plena] y el del 15 de agosto de 2013 [proferido por la
Sección Segunda]. Los argumentos que concuerdan en las providencias que
prohijaron esta tesis, son los siguientes:

• El acto revocatorio no puede equipararse a una sentencia de anulación, pues
aquel, en virtud de su presunción de legalidad, produjo consecuencias jurídicas.
«[R]esulta inadmisible que ese acto antiacto tenga la virtualidad de borrar hacia atrás los
efectos que en el tiempo produjo el revocado, pues como éste gozó de la presunción de
legalidad, validez o legitimidad y, por ende, fue ejecutorio, el administrado estuvo en el
deber de obedecerlo, de acatarlo, de cumplirlo (...)».

• La decisión de revocar un acto administrativo, en ningún caso, representa la
«declaración formal de ilegalidad», es decir, no afecta la presunción de legalidad que
hasta ese momento tuvo el acto administrativo, «sino tan solo [puede] evitar que lo
resuelto se materialice».

• La revocatoria directa no «restablece el orden jurídico vulnerado» ni trae consigo los
efectos propios de la declaratoria de nulidad por ilegalidad, por tal razón, la
recuperación de los dineros indebidamente pagados solo es posible lograrla por
conducto del juez. Esta figura «no vicia de nulidad el acto que bien pudo haber
generado efectos mientras rigió, ni impide que sea demandado ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, pues sigue amparado por la presunción de legalidad».

• Atribuir a la revocatoria efectos ex tunc no solo haría desaparecer del mundo
jurídico, bajo una ficción, los efectos que produjo desde el momento en que nació
a la vida jurídica, sino que implicaría un reconocimiento de perjuicios que no le
corresponden a la administración.

73 Sección Segunda, expediente 41001-23-33-000-2014-00069-01(4545-16), CP. Rafael Francisco

Suárez Vargas.
74 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00259-00(0978-12), CP. Gabriel Valbuena

Hernández.
75 Sección Segunda, expediente 2922-2020, CP. William Hernández Gómez.

21

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca

La Sala adopta la posición mayoritaria, en virtud de la separación de poderes,
aunque las ramas legislativa, judicial y ejecutiva buscan alcanzar la mayor
eficiencia para lograr los fines del Estado, la última tiene una función netamente
ejecutora de las actividades administrativas en servicio del interés general, dentro
de la cual se encuentra ejercer el control de sus propios actos y revocarlos
directamente aun sin el consentimiento del particular, pero únicamente en los
casos expresamente autorizados por el legislador.

Sin embargo, esa actividad de control y revocación directa solo tiene como
finalidad hacer cesar los efectos del acto revocado, pero en ningún modo declarar
su ilegalidad, pues conforme con la Constitución Política y la Ley 270 de 1996,
únicamente le corresponde al juez, en cumplimiento de su función de administrar
justicia, expulsarlo del ordenamiento jurídico, con efectos retroactivos, a través de
la declaratoria de nulidad.

En esa línea, como el juez de lo contencioso-administrativo es el único que puede
examinar la legalidad del acto revocado por vicios que lo afectan desde su
nacimiento y por la configuración de las causales previstas en el CPACA, nada
impide que la administración solicite la nulidad y el reembolso de las sumas
pagadas en virtud de aquel, en razón a que durante su vigencia produjo efectos
jurídicos.

Es así porque fue la voluntad del legislador disponer únicamente en la parte
segunda del CPACA [organización de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y de sus funciones jurisdiccional y consultiva] que «no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», lo cual supone que
solo la autoridad judicial podrá determinar si el beneficiario del acto revocado
acudió a maniobras fraudulentas para obtener el derecho, no la entidad en el
curso de la actuación administrativa. Lo contrario, sería tanto como aceptar que la
administración puede asumir la posición de juez y parte en el procedimiento, por
cuanto decidiría la suerte de un derecho particular y establecería el monto de los
perjuicios que causó la expedición del acto.

A más de lo expuesto, la revocatoria se realiza a través de un acto administrativo
autónomo e independiente, lo que significa que de esta se desprenden situaciones
jurídicas nuevas. De ahí la diferencia con la declaratoria de nulidad, la cual implica
«que el acto se reputa no haber existido jamás»76, es decir, ataca directamente los
elementos de la esencia y reconoce que desde su expedición estaba viciado; por
eso sus efectos son hacia el pasado o ex tunc.

76 Sección Quinta, sentencia del 6 de octubre de 2011, radicación 11001-03-28-000-2010-00120-

00.

22

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca

Incluso, esto ocurre con la derogatoria del acto administrativo de carácter general.
Aunque «tiene un régimen jurídico específico»77 y distinto del acto administrativo en
cuanto a «la protección jurisdiccional, posibilidad de revocación, jerarquía dentro del
orden normativo, publicidad o notificación, efectos de los recursos y alcance de la
vigencia»78, su derogatoria [tácita o expresa] deviene de la decisión unilateral de la
autoridad que lo expidió, también tiene efectos hacia el futuro o ex nunc y opera
cuando queda en firme la decisión sin que se afecte «lo ocurrido durante la vigencia
de la norma y sin restablecer el orden violado; la anulación lo hace ab-initio,
restableciéndose por tal razón al imperio de la legalidad»79.

En definitiva, tanto la revocatoria como la derogatoria únicamente impactan los
efectos u obligatoriedad del acto primigenio, pero no la presunción de legalidad
que corresponde únicamente al juez de lo contencioso-administrativo, quien,
además, es el único competente para restablecer las cosas a su estado anterior y,
en caso dado, ordenar las sumas pagadas con ocasión del acto anulado. Lo
expuesto se sintetiza en el siguiente cuadro:

Características Efectos
Afecta la eficacia del acto por razones de «ilegalidad». No tiene la
virtualidad de retrotraer las cosas al estado inicial.
Revocación
Hacia el futuro
directa
Procede solo con el consentimiento del ciudadano, salvo en los
casos expresamente establecidos por el legislador.
Procede por decisión unilateral y discrecional de la autoridad que lo
Derogatoria del expidió y solo afecta la eficacia. No se pueden afectar los derechos
Hacia el futuro
reglamento consolidados al amparo del que fue derogado. No restablece el
orden jurídico que se estima contrariado.
Nulidad Afecta la validez del acto desde el momento de su expedición. Hacia el pasado

2.3. Caso concreto

En atención al objeto de la apelación, en el expediente se encuentra acreditado lo
siguiente:

• Mediante la Resolución 333 del 7 de noviembre de 1986, el síndico general de la
Fundación San Juan de Dios reconoció y ordenó pagar una pensión de jubilación
a favor de José María Briceño Laiseca, por valor de $62.497, efectiva a partir del
1° de abril de 198680.

• Con la Resolución 19088 de 1996, el ISS, Seccional Cundinamarca concedió una
pensión de vejez a favor del demandante, así81:

A partir de Pensión

77 Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ed. Ciudad Argentina. Pág. 26.
78 Ibidem.
79 Expediente S-157, CP. Carlos Gustavo Arrieta Padilla.
80 Folio 42.
81 Folio 43.

23

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca

Enero 1991 51.720
Enero 1992 65.190
Enero 1993 81.510
Enero 1994 98.700
Enero 1995 120.996
Enero 1996 144.542
Retroactivo hasta noviembre de 1996 $7’870.598
Aporte salud, Ley 100 de 1993 $0
Retroactivo patrono $7’870.598
Retroactivo asegurado $0

• El anterior reconocimiento fue modificado con la Resolución 8419 del 14 de
agosto de 1998 y, en consecuencia, reliquidó la prestación, así82:

A partir de Valor pensión
Enero 1991 $116.207
Enero 1992 $146.472
Enero 1993 $183.140
Enero 1994 $221.764
Enero 1995 $271.860
Enero 1996 $324.764
Enero 1997 $395.010
Enero 1998 $464.848
Retroactivo hasta agosto de 1998 $28’428.781
Menos aporte servicio salud $2’405.781
Menos lo pagado por la Resolución $11’582.306
19088/96
Retroactivo neto a pagar $14’441.382

• A través de la Resolución 125 del 20 de febrero de 2017, el liquidador del
Conjunto de Derechos y Obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios y
Hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en liquidación declaró la
compartibilidad de la pensión reconocida a José María Briceño Laiseca por
Colpensiones y la extinta Fundación San Juan de Dios83.

• Con el informe de auditoría a la anterior resolución, el gerente de Consultorías y
Sistemas en Representación de Servicios y Consultoría de Negocios S.A.S.,
informó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que «los valores ordenados a
reintegrar en este acto administrativo son incorrectos; adicionalmente, existen errores de
forma y de fondo, tanto en el texto de la resolución, como en el anexo que soporta los
cálculos» por lo que recomendó devolver a la entidad dicho acto para efectos de
que se realizaran los ajustes correspondientes84.

• En consecuencia, por medio de la Resolución 208 del 16 de junio de 2017 el
liquidador del Conjunto de Derechos y Obligaciones de la extinta Fundación San
Juan de Dios y Hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en
liquidación dejó sin efectos las resoluciones 125 del 20 de febrero de 2015, 155,

82 Folios 45 al 47.
83 Folios 48 al 51
84 Folios 52 al 54.

24

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca

157, 158 y 159 del 27 de abril de 2017 con los cuales se declaraba la
compartibilidad de la pensión del demandante85.

• Posteriormente, mediante la Resolución 209 del 16 de junio de 2017 el liquidador
del Conjunto de Derechos y Obligaciones de la extinta Fundación San Juan de
Dios y Hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en liquidación
declaró la compartibilidad de la pensión reconocida por el ISS y la Extinta
Fundación San Juan de Dios, y en consecuencia, ordenó al pensionado reintegrar
a la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público la suma de $237’576.798,
por concepto de mesadas pensionales pagadas en exceso «del periodo
comprendido de marzo de 1991 a diciembre de 2016»86.

• El gerente de Consultorías y Sistemas en Representación de Servicios y
Consultoría de Negocios S.A.S, con informe del 22 de junio de 2017 le informó al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público que los valores ordenados a reintegrar en
la anterior resolución son correctos87.

• Con Resolución 301 del 2 de octubre de 2017 el liquidador del Conjunto de
Derechos y Obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios y Hospitales
San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en liquidación resolvió «el recurso de
reposición presentado contra la Resolución 209 del 16 de junio de 2017». Para confirmar
dicha decisión, la entidad consideró lo siguiente88:

«19. Que en su escrito de reposición, el señor José María Briceño Laiseca acude al
principio de la buena fe como fundamento para desvirtuar el cobro ordenado a través
de la resolución No. 0209 de junio 16 de 2017, por concepto de mesadas pensionales
pagadas en exceso.

20. Que de conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia de
tutela T-715 de septiembre de 2014, el principio de buena fe debe entenderse así:

‹una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la
palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades
públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un
soporte esencial del sistema jurídico (…), de tal suerte que las disposiciones
normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes
legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el
comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la
misma (…). La buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el
hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus
efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en
casos análogos› (subrayado y negrilla fuera de texto)

85 Folio 55.
86 Folios 6 al 60.
87 Folios 61 y 62.
88 Folios 63 al 66.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca

21. Que el recurrente, señor, José María Briceño Laiseca, desde la notificación del acto
administrativo a través del cual se reconoció pensión legal de vejez a su favor, tuvo
conocimiento de que estaba percibiendo el pago completo de dos mesadas
pensionales.

22. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero la Resolución No.
08419 de agosto 17 de 1998 proferida por el Instituto de Seguros Sociales, hoy
Administradora colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, se giró a favor del
recurrente, el señor José María Briceño Laiseca, el valor retroactivo de Catorce
Millones cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Trecientos Ochenta y Dos pesos Moneda
Legal Colombiana ($14.441.382).

23. Que el recurrente, señor José María Briceño Laiseca, no informó al proceso
liquidataria de la Extinta Fundación San Juan de Dios hoy en liquidación, el
reconocimiento de la pensión legal de vejez realizado por el Instituto de Seguros
Sociales, hoy Administradora colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, así como
tampoco el giró del valor retroactivo reconocido y ordenado por ese mismo. Instituto
por la suma de Catorce Millones cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Trecientos Ochenta y
Dos pesos Moneda Legal Colombiana ($14.441.382), como consecuencia de la
reliquidación de la pensión de vejez en cuestión.

24. Que el principio de la buena fe invocado por la recurrente, también se predica del
comportamiento leal, fiel y honesto de los particulares para con la administración,
situación que no se ve reflejada del actuar del señor José María Briceño Laiseca, toda
vez que no informó al proceso liquidatario de la Extinta Fundación San Juan de Dios
hoy en liquidación, acerca del reconocimiento de la pensión legal de vejez, así como
tampoco del retroactivo que a su favor ordenó y pagó el Instituto de Seguros Sociales,
hoy Administradora colombiana de Pensiones, COLPENSIONES

25. Que el recurrente, señor José María Briceño Laiseca, a través del recurso de
reposición que aquí se tramita, o desvirtúa la obligación declarada por el proceso
liquidatario de la Extinta Fundación San Juan de Dios hoy en liquidación, a través del
acto administrativo denominado Resolución No. 0209 de junio 16 de 2017; razón por la
cual, forzoso es que se confirme la decisión proferida dentro del acto objeto de
controversia (…)» (sic).

• Mediante sentencias del 20 de noviembre de 201789 y del 9 de febrero de 201890
proferidas por el Juzgado 22 Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, respectivamente, se tuteló el
derecho al debido proceso del pensionado y en consecuencia se ordenó la
suspensión de los efectos jurídicos de la devolución de dineros contenida en la
Resolución 209 del 6 de junio de 2017, hasta tanto, la jurisdicción contenciosa
administrativa definiera si dichas sumas fueron percibidas de buena fe.

• Con certificación 0023/2021 el Conjunto de Derechos y Obligaciones de la extinta
Fundación San Juan de Dios y Sus Hospitales San Juan de Dios e Instituto
Materno Infantil, liquidado, manifestó que «consultadas las bases de pagos

89 Folios 91 al 96.
90 Folios 97 al 107.

26

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca

efectuados a los jubilados» se encontró que entre 1986 y 2017 a José María Briceño
Laiseca se le efectuaron los siguientes91:

Año Mesada pagada por FSJD
1986 $358,932.80
1987 $759,726.14
1988 $942,212.32
1989 $1,207,162.46
1990 $1,522,473.30
1991 $2,015,145.58
1992 $2,555,607.60
1993 $3,197,838.00
1994 $3920,546.00
1995 $4,806,200.00
1996 $5,741,484.00
1997 $6,983,368.00
1998 $8,218,028.00
1999 $9,597,840.00
2000 $10,475,640.00
2001 $11,392,262.00
2002 $12,263,776.00
2003 $13,121,010.00
2004 $13,972,560.00
2005 $14,741,048.00
2006 $15,455,986.00
2007 $16,148,426.00
2008 $17,067,274.00
2009 $18,3766,330.00
2010 $18,743,858.00
2011 $19,338,032.00
2012 $20,059,340.00
2013 $20,548,794.00
2014 $20,947,430.00
2015 $21,714,112.00
2016 $23,184,168.00
2017 $11,578,314.00

Así las cosas, de acuerdo con el material probatorio allegado al expediente se
advierte que i) mediante Resolución 333 del 7 de noviembre de 1986 la Fundación
San Juan de Dios reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación a favor
de José María Briceño Laiseca. Para la fecha de dicho reconocimiento, el
pensionado tenía 55 años de edad, toda vez que nació el 10 de agosto de 1930;
ii) en ese día y mes del año 1990 cumplió 60 años; iii) a través de la resolución
19088 del 16 de noviembre de 1996 el ISS le reconoció una pensión de vejez,
efectiva a partir del 3 de enero de 1991, por prescripción trienal, toda vez que el
derecho solo se reclamó el 3 de enero de 1995; iv) con posterioridad, el Conjunto
de Obligaciones de la Extinta Fundación San Juan de Dios y Hospitales San Juan
de Dios e Instituto Materno Infantil, en liquidación, con la Resolución 209 del 16 de
junio de 2017, declaró la compartibilidad de las pensiones reconocidas al
demandante, correspondiente a la diferencia por el mayor valor desde el 1° de

91 Folio 340.

27

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00853-02 (1595-2022)
Demandante: José María Briceño Laiseca

marzo de 1991 y le ordenó al beneficiario de la prestación reintegrar a favor del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público las mesadas pagadas en exceso por el
período comprendido entre marzo de 1991 y diciembre de 2016, esto es por una
suma de $237’576.798.

En primer lugar, se advierte que tal y como se reseñó en el marco normativo de
esta decisión, las leyes 797 de 2003 y 1450 de 2011 imponen el deber a la
administración de iniciar de oficio los trámites tendientes a definir los supuestos
fácticos y jurídicos que dieron lugar al reconocimiento de la prestación y la
existencia de la presunta irregularidad a efectos de proceder a revocar
directamente los actos administrativos de contenido particular cuando se
compruebe una irregularidad.

En tal sentido, tal y como se evidenció en esta decisión, la entidad inició la
investigación aludida, la cual culminó con un informe de auditoría a la Resolución
125 del 20 de febrero de 2017, en la que se informó al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público que «los valores ordenados a reintegrar en este acto administrativo son
incorrectos; adicionalmente, existen errores de forma y de fondo, tanto en el texto de la
resolución, como en el anexo que soporta los cálculos» por lo que recomendó devolver
dicho acto a la entidad para que realizara los ajustes correspondientes.

A partir de lo anterior, se emitió la Resolución 208 del 16 de junio de 2017 por la
cual se dejó sin efectos las resoluciones 125 del 20 de febrero de 2015, 155, 157,
158 y 159 del 27 de abril de 2017 con los cuales se declaraba la compartibilidad
de la pensión del demandante, y posteriormente, mediante la Resolución 209 del
16 de junio de 2017 se declaró nuevamente la compartibilidad de la pensión
reconocida por el ISS y la extinta Fundación San Juan de Dios, pero además
ordenó la devolución de unas sumas de dinero.

Ahora bien, esa decisión la adoptó la administración con fundamento en la
irregularidad que se había presentado al haber reconocido dos pensiones con
fundamento en igual situación fáctica, esto es los servicios prestados por José
María Briceño Laiseca a la Fundación San Juan de Dios, que previamente le había
reconocido la prestación a partir del 1° de abril de 1986, de forma que lo que
correspondía al ISS era reconocer la pensión (en el año 1996) pero en forma
compartida con la fundación, y al no hacerlo de esa manera, incurrió en el error
que a la postre le implicó la revocatoria de la decisión.

Hecha la anterior anotación, resulta necesario precisar que mediante sentencia del
8 de marzo de 200592, la Sala Plena de esta Corporación decretó la nulidad de los
decretos 29093 y 137494 de 1979 y 37195 de1998, a través de los cuales el

92 Consejo de estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de marzo de

2005, expediente IJ 11001-03-24-000-2001-00145-01, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
93 «Por el cual se suple la voluntad del fundador y se adoptan disposiciones en relación con la

Fundación San Juan de Dios».

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Demandante: José María Briceño Laiseca

gobierno nacional facultó al Hospital San Juan de Dios y al Instituto Materno
Infantil la naturaleza de una fundación regida por el derecho privado, de ahí que
dichas entidades volvieron a su naturaleza primigenia, es decir, «establecimientos
de beneficencia estatales pertenecientes a la Beneficencia de Cundinamarca», adscritos
al sistema nacional de salud.

En relación con los efectos de la anterior decisión, la Corte Constitucional, en
sentencia del 15 de mayo de 200896 señaló:

«Acorde con la evolución normativa de la Fundación San Juan de Dios expuesta
anteriormente (ordinal 3. i) es del caso traer a colación fundamentalmente, la sentencia
proferida por el Consejo de Estado de 8 de Marzo de 2005 que decidió declarar la
nulidad de los Decretos 290 y 1374 de 1979 y 371 de 1998, normas nacionales que,
según lo expresa la sentencia, no podían otorgar al Hospital San Juan de Dios la
naturaleza jurídica de una fundación de utilidad común, siendo que, en realidad, se
trataba de una institución de salud departamental.

Conforme al fallo del Consejo de Estado, la Fundación desapareció del mundo jurídico,
volviendo las entidades que la conformaron a lo que eran antes del 15 de febrero de
1979, o sea establecimientos de beneficencia del Estado, pertenecientes a la
Beneficencia de Cundinamarca y adscritos al Sistema Nacional de Salud, como
entes prestadores de servicios médico asistenciales.

Para la Corte, las consecuencias derivadas de dicha sentencia se deben tener como
producidas a partir de la expedición de los decretos anulados mediante la misma, toda
vez que antes de ellos, la mencionada institución hospitalaria venía siendo un
establecimiento de salud de orden departamental, y si a partir de esos decretos entró a
ser objeto de unos efectos jurídicos distintos, justamente lo fue en virtud del nuevo
carácter o naturaleza jurídica que ilegalmente éstos le habían dado, los cuales la
desligaron del Departamento.

En consecuencia, a raíz de la Sentencia del Consejo de Estado – Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo – de ocho (8) de marzo de dos mil cinco (2005), en la cual
se declaró la nulidad de los decreto Nos 290 de 15 de febrero de 1979 ‹Por el cual se
suple la voluntad del fundador y se adoptan disposiciones en relación con la fundación
San Juan de Dios›, el decreto 1374 de 8 de junio de 1979 ‹Por el cual se adoptan los
estatutos del hospital San Juan de Dios› y el decreto (sic) 371 de 23 de febrero de
1998 ‹por el cual se suple la voluntad del fundador y se reforman los estatutos de la
Fundación San Juan de Dios› expedidos por el Gobierno Nacional; las entidades que
conforman la Fundación San Juan de Dios regresaron a la Beneficencia de
Cundinamarca» (sic).

Así las cosas, con la anulación de los citados decretos, los actos y actuaciones
dictados por la Fundación San Juan de Dios con fundamento en estos, quedaron
sin sustento jurídico, de tal suerte que los empleados públicos del Hospital San

94 «Por el cual se adoptan los estatutos de la Fundación San Juan de Dios».
95 «por el cual se suple la voluntad del fundador y se reforman los estatutos de la Fundación San

Juan de Dios».
96 Corte Constitucional, sentencia SU-484 del 15 de mayo de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Demandante: José María Briceño Laiseca

Juan de Dios no podían beneficiarse de ninguna convención de trabajo pactada
con anterioridad97.

Ciertamente, si bien la Resolución 333 del 7 de noviembre de 1986, se expidió con
fundamento en «el Decreto 1374 de 1979 y el Acuerdo 5 de 1980, de la Junta Directiva
de la Fundación San de Dios», también lo es que en vida José María Briceño Laiseca
percibió dicho reconocimiento precedido de los principios de confianza legitima y
buena fe, toda vez que, en su momento, fue la administración con su actuar la que
le creó expectativas favorables.

Con todo, en este punto, el objeto del debate se centra en la obligación de
devolución de dineros impuesta por el Conjunto de Obligaciones de la Extinta
Fundación San Juan de Dios y Hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno
Infantil, en liquidación, con la Resolución 209 del 16 de junio de 2017 y no frente a
la posibilidad de beneficiarse de una situación convencional.

Al respecto, en cuanto a la devolución de «sumas pagadas en exceso» como
consecuencia de la declaratoria de compartibilidad pensional, ordenada en la
Resolución 209 del 16 de junio de 2017, el a quo consideró que José María
Briceño Laiseca no actuó acorde con el principio de la buena fe al recibir dos
mesadas pensionales que a la postre correspondían a una pensión compartida,
toda vez que su deber era «informar que estaba devengado dos mesadas, hecho que
conocía por las consignaciones mensuales, frente a lo que guardó silencio».

Dicho argumento, no es de recibo para esta Sala, comoquiera que no se demostró
que el pensionado hubiese acudido a la administración precedido de un actuar
desleal o deshonesto al solicitar el reconocimiento pensional, por el contrario, en
este trámite el intercambio de información corresponde entre el empleador y el
fondo de pensiones con el fin de que no concurra un doble pago, de forma que el
error imputable a la administración no puede redundar en una sanción para el
causante de la prestación.

Sobre el intercambio de información entre el empleador que reconoció la pensión
de jubilación y el ISS o quien haga sus veces y la obligación de informar al
empleador sobre el reconocimiento, la Corte Constitucional en sentencia SU-542
del 5 de octubre de 2016 dispuso:

«52. A su vez, la jurisprudencia ha establecido que cuando se presenta un caso de
pensión compartida es necesario realizar un intercambio de información entre la
empresa que reconoció la pensión y el Instituto de Seguros Sociales o quien haga sus
veces, con el fin de que el empleador conozca la pensión reconocida por el I.S.S. y
proceda a hacer los reajustes correspondientes. Sin embargo, la ley no dispuso sobre
quien recae la obligación de informar al empleador sobre el reconocimiento de la

97 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de abril de 2012, expediente 25000-23-

25-000-2009-00152-01 (0316-2011) M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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Demandante: José María Briceño Laiseca

pensión que hace el I.S.S. Para abordar este punto, la sentencia T-1117 de 2003,
estableció tres alternativas posibles, que son:

‹(…) 1. “Que la obligación de informar sobre el nuevo reconocimiento pensional al
antiguo empleador corresponda al beneficiario mismo de la pensión, dado que es quien
puede decir con certeza si tanto su ex empleador como la entidad de seguridad social
están cumpliendo con sus obligaciones en cuanto al pago de las mesadas pensionales.

2. “Que la obligación de informar sobre el nuevo reconocimiento pensional a su
antiguo empleador corresponda a la entidad de seguridad social que hace el
reconocimiento, pues conociendo que un empleador ha venido haciendo aportes
respecto de uno de sus ex trabajadores, estaría obligada a informarle a éste sobre el
nuevo reconocimiento, con el único fin de que dicho empleador tome las previsiones,
de acuerdo con la ley, para ajustar su obligación a las nuevas circunstancias.

3. “Que sea el antiguo empleador que hizo el primer reconocimiento, quien deba
informarse acerca de cuáles de sus ex trabajadores están próximos a obtener el
reconocimiento de la pensión de vejez por parte de la entidad de seguridad social, a la
cual sigue cotizando, para así adelantar las gestiones que le permitan reducir,
modificar o extinguir por completo su obligación pensional.”

53. Fruto del intercambio de información entre el empleador y el Instituto de Seguros
Sociales o de la información suministrada por el beneficiario, es posible establecer el
monto prestacional a cargo de cada una de las entidades, lo que permite determinar si
el empleador aún tiene alguna obligación, o si la misma fue asumida por la otra
entidad. Una vez definida dicha situación, el empleador podrá expedir un acto
administrativo u oficio que ‹deberá contener cuando menos la siguiente información:
Indicar el nuevo valor de la pensión a su cargo; reseñar el acto de reconocimiento de la
pensión hecho por la entidad de seguridad social así como el monto exacto que ésta
reconoce; y los recursos que proceden contra dicha decisión›.

54. Por lo tanto, si la entidad que expidió el acto administrativo de reconocimiento
de un derecho pensional, expide un segundo acto modificando el primero en lo
atinente al monto, no se trata de una revocatoria unilateral de dicho acto, pues en
ningún momento se ha puesto en discusión o se ha desconocido el derecho
pensional reconocido, sino que se ha ajustado la obligación económica a la
realidad.

55. Es decir, que en este tipo de eventos en los que se pretende aumentar el monto y
no disminuirlo, la entidad no requiere obtener previamente el consentimiento del
beneficiario para expedir un nuevo acto administrativo, como si ocurre en los actos de
revocatoria unilateral o de suspensión de actos administrativos que reconocer
situaciones de carácter particular y concreto, que afectan los intereses del titular de los
derechos reconocidos en dicho acto. ‹En todo caso, y con el fin de garantizar el debido
proceso, en dicho acto deberá informar al beneficiario las entidades responsables de
continuar con el pago la pensión, los montos a cargo de cada entidad y los recursos
que caben contra esa decisión›»98. [se resalta].

98Corte Constitucional, sentencia SU-542 del 5 de octubre de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.

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Demandante: José María Briceño Laiseca

Así entonces, la Sala observa que en la Resolución 19088 de 1996 el ISS dispuso
girar al «patrono el valor del retroactivo» la suma de $7’870.598 y «[e]l valor del
retroactivo al asegurado, por concepto de incrementos más la mesada pensional del mes
de diciembre se girará a través de el ISS entidad pagadora, con la respectiva pensión que
viene recibiendo del Instituto-Patrono y que tiene la calidad de compartida con la pensión
aquí concedida» (sic). Por tanto, no es posible afirmar que aquel haya obrado de
mala fe para obtener la pensión de vejez, ni mucho menos atribuirle el defectuoso
intercambio de información entre el empleador y el fondo de pensiones, pues no
se encuentra probado que el pensionado hubiese incurrido en conductas
deshonestas o fraudulentas para su reconocimiento.

En este punto, se recuerda que para que resulte procedente ordenar el reintegro
de los valores recibidos por aquellas personas a las que se les haya reconocido
una prestación social sin tener derecho a ella, deberá estar acreditada la mala fe
con que pudieron actuar para obtener el pago de los beneficios pensionales
otorgados, en atención a que la buena fe es una presunción que requiere ser
desvirtuada. Además, se resalta que la recuperación de los dineros indebidamente
pagados solo es posible lograrla por conducto del juez a través del medio de
control previsto por la ley para tal fin, toda vez que la revocatoria directa no tiene el
poder de restablecer el orden jurídico vulnerado ni trae consigo los efectos propios
de la declaratoria de nulidad por ilegalidad.

En línea con lo expuesto, se reitera que el juez de lo contencioso administrativo es
el único facultado para examinar la legalidad de los actos administrativos e
imponer sanciones como consecuencia de su ilegalidad, pues a las autoridades
administrativas, el legislador solo las invistió para hacer cesar sus efectos en
casos expresamente autorizados.

Ciertamente, si bien el Conjunto de Derechos y Obligaciones de la Extinta
Fundación San Juan de Dios y Hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno
Infantil en liquidación estaba facultado para declarar la compartibilidad de la
pensión y revocar «la pensión reconocida irregularmente» también es cierto que, en
virtud de dicha facultad, no le era permitido decir sobre la buena fe del beneficiario
de la pensión ni mucho menos se le autorizó para recuperar los dineros pagados
indebidamente, en tanto conforme con la Constitución Política y la Ley 270 de
1996, únicamente le corresponde al juez, en cumplimiento de su función de
administrar justicia, expulsarlo del ordenamiento jurídico, con efectos retroactivos,
a través de la declaratoria de nulidad.

En efecto, por medio de las resoluciones 209 y 301 del 16 de junio y 2 de octubre
de 2017, respectivamente, el liquidador del Conjunto de Derechos y Obligaciones
de la extinta Fundación San Juan de Dios y Hospitales San Juan de Dios e
Instituto Materno Infantil en liquidación declaró la compartibilidad de la pensión
reconocida por el ISS y la extinta Fundación San Juan de Dios, y por encontrar
que José María Briceño Laiseca faltó con el principio de la buena fe, le ordenó

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reintegrar a la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público la suma de
$237’576.798, por concepto de mesadas pensionales pagadas en exceso.

De otra parte, la Sala no encuentra probado, actuación administrativa alguna
tendiente a definir los supuestos fácticos y jurídicos de la prestación y la existencia
de la presunta irregularidad para revocar o modificar sin el consentimiento del
pensionado el acto de reconocimiento.

En consecuencia, acorde con lo expuesto en el marco normativo de la presente
decisión y en consideración a las pruebas allegadas al plenario, la Sala encuentra
que con la orden de devolución de dineros pagados en exceso por concepto de
mesadas pensionales, el Conjunto de Derechos y Obligaciones de la Extinta
Fundación San Juan de Dios y Hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno
Infantil en liquidación se extralimitó en su competencia, toda vez que al determinar
si el beneficiario de la compartibilidad pensional acudió a maniobras fraudulentas
para obtener el derecho usurpó la competencia atribuida constitucional y
legalmente a los jueces de la república, razón por la cual se revocara la sentencia
apelada y en su lugar, se dispondrá a declarar la nulidad de los actos enjuiciados.

2.5. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.99

99En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: José María Briceño Laiseca

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se
causaron dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte vencida
actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular
en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que con la expedición de los
actos demandados, el Conjunto de Derechos y Obligaciones de la Extinta
Fundación San Juan de Dios y Hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno
Infantil extralimitó su marco de competencias, toda vez que como autoridad
administrativa solo le era permitido revocar el reconocimiento de la pensión
reconocida irregularmente, pero no para determinar si el beneficiario de la
compartibilidad pensional acudió a maniobras fraudulentas para obtener el
derecho y como consecuencia de ello, imponerle la carga de devolver las sumas
de dinero percibidas, en principio, de buena fe. Estas razones llevan a la Sala a
declarar la nulidad parcial del acto demandado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 10 de noviembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que
negó las pretensiones de la demanda interpuesta por José María Briceño Laiseca
contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Conjunto de derechos y
obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios; Hospitales San Juan de
Dios e Instituto Materno Infantil liquidado; y Administradora Colombiana de
Pensiones, de acuerdo con las razones expuestas en la presente providencia.

Segundo. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 209 del 16 de junio de
2017, proferida por el liquidador del Conjunto de Derechos y Obligaciones de la
extinta Fundación San Juan de Dios y Hospitales San Juan de Dios e Instituto
Materno Infantil en liquidación, en lo que atañe a la orden de reintegro del valor
por concepto de las mesadas pagadas en exceso del periodo comprendido desde
marzo de 1991 a diciembre de 2016.

Tercero. Declarar la nulidad de la Resolución 301 del 2 de octubre de 2017, a
través de la cual el liquidador del Conjunto de Derechos y Obligaciones de la

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Demandante: José María Briceño Laiseca

extinta Fundación San Juan de Dios y Hospitales San Juan de Dios e Instituto
Materno Infantil en liquidación rechazó el recurso de reposición interpuesto por
José María Briceño Laiseca contra la Resolución 209 del 16 de junio de 2017.

Cuarto. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Quinto. No condenar en costas.

Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DMGT

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