Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00903-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00903-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-00903-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
8 de noviembre de 2024
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00903-01
Demandante: UGPP
Demandado: Armando José Cuadrado López
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00903-01 (6098-2022)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Armando José Cuadrado López
Tema: pensión gracia. Subtemas 1. Lesividad 2. Docente nacional 3. Devolución de
dineros 4. Inaplica por inconstitucionalidad la expresión «[…] y que estén en curso
[…]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 3 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la
cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP) solicita la nulidad de las resoluciones que reconocieron
una pensión gracia al señor Armando José Cuadrado López y la reliquidaron con la
inclusión de nuevos tiempos de servicio. Asimismo, pide que se condene al
pensionado a devolver todas las sumas de dinero pagadas. Considera que los efectos
de la declaratoria de nulidad de los actos demandados conllevan retrotraer las cosas
al estado anterior en que se encontraban al momento en que se profirió el acto
administrativo de reconocimiento pensional. Por lo tanto, el restablecimiento del
derecho es una consecuencia directa de la declaratoria de nulidad, que para el caso
concreto es la devolución de las mesadas pensionales.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1
1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, por conducto de apoderado, presentó demanda2
1 Folios 387 a 405 expediente físico
2 23 de abril de 2018
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Demandante: UGPP
Demandado: Armando José Cuadrado López
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra
del señor Armando José Cuadrado López, de acuerdo con las pretensiones, hechos y
fundamentos de derecho que a continuación se señalan.
2.1.1. Pretensiones3
2. La entidad demandante solicitó la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
3. Resolución 4176 del 15 de mayo de 1995, expedida por la extinta Caja Nacional
de Previsión Social, CAJANAL, que le reconoció una pensión gracia al señor Armando
José Cuadrado López.
4. Resolución 24555 de 4 de diciembre de 1997, por medio de la cual CAJANAL
reliquidó la pensión gracia.
5. A título de restablecimiento del derecho solicitó:
i) condenar al señor Armando José Cuadrado López a devolver todas las
sumas de dinero pagadas por concepto de las mesadas pensionales;
ii) que la condena se ajuste en los términos del artículo 187 del CPACA;
iii) que se ordene el pago de intereses comerciales y moratorios conforme el
artículo 192 ibidem;
iv) que se condene en costas a la demandada.
2.1.2. Hechos
6. La Sala sintetiza los supuestos fácticos de la demanda, así:
7. El señor Armando José Cuadrado López nació el 10 de julio de 1932, prestó sus
servicios en el departamento del Magdalena del 1° de febrero de 1953 al 15 de marzo
de 1954, en el cargo de director seccional del colegio Almirante Padilla de Santa Marta.
También laboró en el Ministerio de Educación Nacional en las siguientes fechas: del 1
de febrero de 1958 al 31 de enero de 1960, del 1° de marzo de 1960 al 30 de abril de
1976 y del 1° de mayo de 1976 al 19 de mayo de 1997.
8. El tiempo total de servicios fue de 40 años, 4 meses y 5 días como maestro
nacional y el último cargo desempeñado fue en Bogotá.
9. Dentro del proceso de depuración que realizó la Subdirección de Nómina de la
UGPP y acorde con lo informado por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel
Nacional, se detectó que el demandado tiene dos pensiones activas, una pensión
gracia y una pensión de jubilación ordinaria, por consiguiente, se dispuso la revisión
integral del expediente para validar el reconocimiento de las dos prestaciones con el
fin de determinar si tiene derecho a ambas.
3 Folios 387 a 405 expediente físico
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2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación4
10. En la demanda se citan como normas vulneradas las siguientes:
De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 6, 48 y 209.
De la Ley 1437 de 2011, el artículo 101.
La Ley 114 de 1913.
La Ley 116 de 1928,
La Ley 91 de 1989, artículo 1.
11. Al explicar el concepto de violación el accionante expone los siguientes
argumentos:
12. La pensión gracia tiene una naturaleza especial que emana de la ley, la cual fue
otorgada para los educadores oficiales que cumplan con los requisitos de la Ley 114
de 1913, y se causa únicamente para los docentes que acrediten 20 años de servicios
en instituciones del orden departamental, distrital o municipal, sin que sea posible
acumular tiempos nacionales.
13. Los docentes del orden nacional cuyos nombramientos dependen del Ministerio
de Educación Nacional no tienen derecho al reconocimiento de la pensión gracia. De
lo anterior, se despende que como los tiempos de servicios del docente fueron
prestados en la referida cartera ministerial, no son aptos para el otorgamiento de la
pensión.
14. Los actos acusados desconocen la Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 91 de
1989, la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Constitución Política porque el
reconocimiento de la pensión gracia de la cual no es beneficiario el señor Armando
José Cuadrado López, atenta contra los principios, derechos y deberes de los
ciudadanos y se comprometen los recursos públicos en detrimento de la moralidad
administrativa.
2.1.4. Contestación de la demanda5
15. El señor Armando José Cuadrado López, a través de apoderado, se opuso a
las pretensiones de la demanda con las siguientes consideraciones:
16. La pensión gracia fue reconocida el 15 de mayo de 1995, mediante la
Resolución 4176, por consiguiente, han pasado más de 24 años, por ello, se superó
ampliamente el término de caducidad.
17. La Resolución 4176 de 15 de mayo de 1995 indicó que la pensión gracia sería
reconocida por la Caja Nacional de Previsión Social y que era compatible con la
pensión ordinaria de jubilación.
4 Folios 3 a 10 del cuaderno 1 del expediente físico
5 Folios 434 a 435 del expediente físico
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2.3. Sentencia de primera instancia6
18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de sentencia de 3 de
febrero de 2022 declaró la nulidad de las resoluciones 4176 de 15 de mayo de 1995 y
24555 de 4 de diciembre de 1997, negó las demás pretensiones de la demanda y no
condenó en costas, con fundamento en los siguientes argumentos:
19. La pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues
el maestro no debe recibir retribución alguna de la Nación, como requisito para que
aquella sea otorgada.
20. Del material probatorio recaudado en el proceso se estableció que la pensión
gracia reconocida mediante las resoluciones demandadas tuvo en cuenta los tiempos
servidos en el Ministerio de Educación Nacional del 1° de febrero de 1958 al 31 de
enero de 1960, del 1° de marzo de 1960 al 30 de agosto de 1978 y desde el 19 de
octubre de 1990 al 11 de febrero de 1992.
21. En consecuencia, en la pensión gracia concedida al demandado se computaron
tiempos de servicios prestados a la Nación, lo cual contraría la normativa aplicable,
puesto que para el computo de los años de servicios únicamente se pueden sumar los
prestados en el orden territorial y nacionalizado.
22. En lo que respecta a la pretensión de la UGPP para obtener la devolución de
las mesadas pensionales pagadas al demandado, se tiene que la buena fe se presume
en la actuación de los particulares ante las autoridades públicas y que la entidad no
estaba facultada para pretender unilateralmente la recuperación de las sumas de
dinero cuando fueron recibidos de buena fe por la parte, de quien no se demostró que
hubiese incurrido en comportamientos deshonestos, dolosos y de mala fe.
23. Concluyó que no es posible computar los tiempos de servicios nacionales y no
hay lugar a ordenar la devolución de las sumas de dinero pagadas al pensionado.
24. Se abstuvo de condenar en costas por haber prosperado parcialmente las
pretensiones de la demanda y al no verificarse que la actuación de la parte fuese con
manifiesta carencia de fundamento legal.
2.4. Recurso de apelación
2.4.1. Parte demandante7
25. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, mediante apoderado, solicitó que se revoque
parcialmente el fallo de primera instancia, bajo los siguientes razonamientos:
26. Requirió exclusivamente la revocatoria del numeral segundo de la sentencia
apelada, para que en su lugar se restablezca el derecho de la entidad accionante y se
6 Folios 487 a 493 del expediente físico
7 Folios 407 a 500 del expediente físico
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ordene al demandado la devolución de los dineros que le fueron cancelados de forma
irregular.
27. Los efectos de la declaratoria de nulidad de los actos demandados conllevan a
retrotraer las cosas al estado anterior en que se encontraban al momento en que se
profirió el acto administrativo, por lo cual el restablecimiento del derecho es una
consecuencia directa de la declaratoria de nulidad. Por ende, el Tribunal debe acceder
al restablecimiento del derecho, pues se perpetúa el grave detrimento patrimonial y el
perjuicio ocasionado al sistema pensional.
2.4.2. Trámite procesal
28. Mediante auto de 21 de julio de 2023 se admitió el recurso de apelación
presentado por el apoderado de la parte demandante y se prescindió del traslado para
alegar de conclusión, toda vez que no se solicitaron pruebas en segunda instancia, en
aplicación del numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 de 20218.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
29. El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Cuestión previa
30. Con ocasión de la expedición de la Ley 2080 de 2021 el legislador adoptó un
nuevo esquema en materia de resolución de las excepciones genuinamente previas y
las de naturaleza perentoria. En punto de la caducidad, como excepción perentoria,
existen dos momentos en los cuales se prevé su estudio y resolución, a saber:
i) en cualquier estado del proceso, a través de sentencia anticipada, siempre
que el juzgador la encuentre probada (artículos 175, inciso 4, parágrafo 2, y
182A, numeral 3 del CPACA9); y
ii) en la sentencia de fondo (artículo 187 del CPACA10), oportunidad esta
última en la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que encuentre probada11.
8 Folio 508 del expediente físico
9 «ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.
El nuevo texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada: […]
3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la
transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. […].»
10 «ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. […]
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. […]».
11 Sobre este particular puede verse auto de sala unitaria de 16 de septiembre de 2021. Rad. 05001-23-33-000-
2019-02462-01 (2648-2021). MP William Hernández Gómez, en el cual se precisó que: « Al respecto, se tiene que
el inciso 4.º del parágrafo 2.º del artículo 175 del CPACA (modificado por el artículo 38 de la Ley 2080) consagró
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31. Esta aclaración resulta importante si se tiene en cuenta que a través de la Ley
2381 de 2024 se introdujo una significativa modificación, por la cual se establece un
término de caducidad, frente a las demandas que la administración formula contra sus
propios actos de reconocimiento pensional.
32. Bajo estos supuestos, y teniendo en cuenta que en este asunto no hay lugar a
emitir una sentencia anticipada para declarar probada la caducidad, toda vez que dicho
término no resulta aplicable al caso concreto, como se explicará más adelante, le
corresponde a la Sala en este momento procesal pronunciarse frente a este tópico. Lo
anterior, si se tiene en cuenta que al encontrase el proceso al despacho para dictar
sentencia es procedente, en los términos de los artículos 187 y 207 del CPACA,
resolver cualquier excepción propuesta y de las que el juez eventualmente encuentre
probadas, entre ellas, la caducidad del medio de control y, adicionalmente, ejercer el
control de legalidad y saneamiento del proceso.
33. Precisado lo anterior, y como se anunció en líneas anteriores, el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024 en su primera parte estableció un término de caducidad de 5 años
«para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las
pensiones reconocidas», contado a partir del reconocimiento de la referida prestación.
Así se observa en el texto del citado artículo 86 ibidem:
«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES
ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE
LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y
contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o
con ocurrencia de algún delito a las pensiones reconocidas sobre las cuales
se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas
después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso,
se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley. Los procesos
con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser
susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.» [destacado fuera
del texto]
34. Visto lo anterior, se tiene que en el caso concreto la UGPP solicita la nulidad de
la Resolución 4176 de 15 de mayo de 1995, por medio de la cual se reconoció a la
hoy demandada una pensión gracia hace más de 29 años, por lo que es necesario
que las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la
causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos
en el numeral tercero del artículo 182A, y este determinó que podrá dictarse esta providencia, en cualquier estado
del proceso, cuando el juzgador advierta demostrada una de las perentorias citadas. A su vez, el artículo 187 ibidem
señaló que en la sentencia se pronunciará sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada.
En ese orden de ideas, la resolución de defensa materializada en las excepciones perentorias nominadas, no
pueden decidirse mediante auto antes de la audiencia inicial, ni en la citada diligencia judicial, sino que solo se
declararán fundadas por medio de sentencia anticipada, acorde con los lineamientos precisados en el numeral
tercero del artículo 182A del CPACA o, de lo contrario, esto es, cuando todavía no se encuentren probadas o
demostradas, el juzgador tendrá la opción de dirimirlas en la sentencia ordinaria que defina de fondo las
pretensiones de la demanda, conforme al artículo 187 del CPACA.» [destacado fuera del texto]
6
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establecer si hay lugar a la aplicación del nuevo término de caducidad, sin perder de
vista las reglas previstas en el ordenamiento jurídico, en materia de tránsito legislativo,
tratándose de leyes que regulan la sustanciación y las ritualidades propias de los
juicios.
35. En efecto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en tanto establece un término
de caducidad de 5 años para el ejercicio de las «acciones administrativas y
contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas» se considera de
aquellas normas mediante las cuales se establecen las reglas de sustanciación y
ritualidades propias de los juicios, por lo que para efectos de su aplicación en el tránsito
legislativo anunciado es menester acudir a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153
de 188712.
36. Lo anterior, porque si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 señala que el
referido término de caducidad aplicará incluso para las «acciones administrativas y/o
contencioso administrativas» en curso, lo cierto es que la regulación legal de la
caducidad como instituto procesal, mediante el cual se limita el derecho de acción,
guarda una íntima relación con las formas propias de los juicios, esto es, con la
sustanciación y ritualidades previstas para regular el derecho de acceso a la
administración de justicia.
37. En tal sentido, aunque, por regla general las normas procesales se consideran
de orden público y de inmediata aplicación, lo cierto es que, el legislador de 1887 no
pasó por alto la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y
seguridad jurídica estableciendo una serie de excepciones que hacen posible, aun
frente a cambios normativos sobrevinientes, aplicar las reglas que gobiernan la
sustanciación y ritualidades en los asuntos judiciales vigentes al momento en que son
interpuestos los recursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a
contabilizarse términos como el establecido para la caducidad de los medios de
control.
38. Esos mismos principios, de confianza legítima y seguridad jurídica, que
inspiraron la adopción de este tipo de reglas en materia de tránsito legislativo en el
siglo XIX, siguen presentes en el texto constitucional de 1991, según puede verse en
los artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 8313. Así las cosas, el carácter preconstitucional de la Ley
153 de 1887 en nada contradice el espíritu de la Constitución de 1991, por el contrario,
las reglas previstas en esta ley siguen siendo una importante herramienta que
contribuye a la interpretación y aplicación de las distintas disposiciones que integran
el ordenamiento jurídico vigente.
12 «Artículo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la
demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.» [destacado fuera del texto].
13 «La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado
que este principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos
1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta». Corte Constitucional, sentencia T-502 de 2002.
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39. En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al caso concreto resulta aplicable la regulación en
materia de caducidad prevista en el texto original del literal c, del artículo 164 del
CPACA, dado que, al momento de su formulación, 9 de abril de 2014, era la disposición
que en materia de oportunidad para presentar la demanda se encontraba vigente y en
la cual, vale la pena precisar, no se tenía previsto término de caducidad alguno.
40. Esta consideración, no solo encuentra sustento en la aplicación de las reglas de
sustanciación y ritualidades propias de los juicios, previstas en la Ley 153 de 1887,
sino también en la necesidad de garantizar plenamente el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia de quien motivado por un interés general
persigue la nulidad de un acto administrativo que estima ilegal y que compromete
recursos públicos.
41. En este punto, no puede perderse de vista que, ante la imposibilidad de revocar
sus propios actos, sin el consentimiento del interesado, la administración debe estar
provista de mecanismos judiciales que le permitan discutir su legalidad como ocurre
con el presente medio de control, en el que la titular del derecho prestacional
cuestionado, en todo caso, ha visto garantizados sus derechos de defensa y
contradicción durante el trámite procesal impartido.
42. Adicionalmente, es importante recordar que la Corte Constitucional en
sentencia C-1049 de 200414, ya había señalado que «exceptuar una determinada
acción del régimen general de la caducidad no vulnera por si sola los deberes estatales
de protección ni otras normas de la Constitución, a condición de que se trate de una
medida justificada y razonable».
43. Por último, la Sala advierte que el término de caducidad establecido en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 persigue dotar de firmeza las decisiones
administrativas, a través de las cuales se reconocen derechos pensionales, sin
embargo, dicho propósito no cobija los actos de reconocimiento pensional que a la
fecha de entrada en vigencia de la mencionada Ley 2381 ya han sido cuestionados
mediante acciones judiciales formuladas bajo reglas procesales desprovistas de
caducidad. En tal sentido, corresponde al juez de lo contencioso - administrativo
determinar la aplicación de este término en atención a las particularidades de cada
caso.
44. En estos términos, la expresión, «[…] y que estén en curso […]», prevista en
el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 se considera incompatible con los artículos 29 y
229 de la CP y los principios constitucionales de confianza legítima y seguridad
jurídica15, motivo por el cual, la Sala con fundamento en el artículo 4 de la Constitución
14 En esa oportunidad la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» prevista
en el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
15 En sentencia C-054 de 2016, la Corte Constitucional precisó que: «el artículo 4º C.P. implica que en todo caso
debe preferirse la vigencia sustantiva de la Constitución cuando entre en contradicción con el contenido de una
norma jurídica de inferior jerarquía. Según lo han sostenido diferentes vertientes de la teoría del derecho, dicha
compatibilidad no solo se predica de las previsiones constitucionales comprendidas como reglas, sino también de
los principios, valores y postulados de moralidad política que dan sentido a la Carta Política». (Destacado fuera
del texto)
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Política16 dispondrá su inaplicación por inconstitucionalidad. En consecuencia, para el
caso concreto, no resulta aplicable el término de caducidad establecido en el artículo
86 ibidem, por lo que se procederá con el estudio del recurso de apelación formulado
por la parte demandante contra la sentencia proferida el 3 de febrero de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3.3 Problema jurídico
45. Se circunscribe a establecer de conformidad con el artículo 320 del Código
General del Proceso17, según lo expuesto en el recurso de apelación interpuesto por
la UGPP contra el fallo de primera instancia, si:
¿El señor Armando José Cuadrado López debe ser condenado a devolver las sumas
que le fueron pagadas por concepto de la pensión gracia, como consecuencia de la
declaratoria de nulidad de las resoluciones demandadas, por cuanto se causa un
perjuicio al sistema pensional y los efectos de la anulación de los actos son hacia el
pasado?
3.3.1. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1.1. La pensión gracia
46. La pensión de jubilación gracia fue establecida por el artículo 1º de la Ley 114
de 1913, para compensar a los maestros de las escuelas primarias oficiales que
hubieran servido en el magisterio por al menos 20 años.
47. La Ley 116 de 1928 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción
Pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la
inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
48. Posteriormente, la Ley 37 de 1933 extendió el beneficio de la pensión gracia de
jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
49. Por su parte, la Ley 91 de 1989 en su artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:
16 «ARTÍCULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales».
17 Artículo 320. Fines de la apelación: «El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior
revoque o reforme la decisión. […]»
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Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado
o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión
seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento
de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
50. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199718,
en los siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad (…) También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales
sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de
haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia (…).siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el
literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.
51. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21
de junio de 201819, señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es
de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la
pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula,
entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles
departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años
y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta
años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.
52. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997, Consejero ponente,
Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de junio de 2018.
radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora: Gladys Amanda Hernández
Triana.
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3.4. Hechos probados
53. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:
• Edad
54. Para efectos del reconocimiento del derecho pensional reclamado se requiere
en primer lugar haber cumplido 50 años de edad. En el caso concreto, el señor
Armando José Cuadrado López nació el 10 de julio de 1932, en consecuencia, acreditó
la edad de 50 años el 10 de julio de 1982, según la cédula de ciudadanía20.
• Tiempo de servicios y reconocimiento pensional
55. La Sección de Personal de la Gobernación del departamento del Magdalena
hizo constar que el docente prestó sus servicios, en razón del nombramiento contenido
en el Decreto 365 del 21 de abril de 1953, se posesionó con retroactividad al 1 de
febrero de 1953 y laboró hasta el 15 de marzo de 1954, para un tiempo total de 1 año,
1 mes y 14 días, en el cargo de director seccional del colegio Almirante Padilla 21.
56. El Ministerio de Educación Nacional, en certificado del 11 de febrero de 1992,
informó que revisada la hoja de vida del señor Armando José Cuadrado López prestó
sus servicios, así22:
• Profesor interino del Liceo Celedón de Santa Marta, nombrado por Decreto 550
del 29 de marzo de 1958, posesionado el 9 de abril de 1958, con efectos fiscales
al 1° de febrero de 1958 hasta el 31 de enero de 1960.
• Por Resolución 293 del 5 de febrero de 1960, se le aceptó la renuncia a partir
del 1° de febrero de 1960.
• Profesor en el Instituto Andrés Bello de Bogotá, nombrado por Resolución 952
del 11 de marzo de 1960, posesionado el 7 de abril de 1960, con efectos fiscales
al 1° de marzo de 1960 hasta el 30 de abril de 1976.
• Profesor de enseñanza secundaria en el Colegio Nacional Sergio Arboleda de
Bogotá, trasladado por Resolución 1750 del 8 de abril de 1976, se posesionó el
10 de mayo de 1976, y con efectos fiscales al 1° de mayo de 1976, hasta el 30
de agosto de 1978.
• Por Resolución 11166 del 24 de agosto de 1990, se levantó la suspensión
provisional del profesor del colegio nacional Sergio Arboleda de Bogotá y se
trasladó al Colegio Nacional Nicolás Esguerra de Bogotá, con posesión el 19
de octubre de 1990. Cargo que desempeñaba para la fecha de la expedición de
la certificación.
20 Folio 31 del expediente físico
21 Folio 25 del expediente físico.
22 Folio 23 del expediente físico
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57. La Secretaría de Educación de Bogotá, mediante el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral, indicó que el señor Armando José
Cuadrado López fue docente nacional y prestó sus servicios de forma discontinua
desde el 1° de febrero de 1958 hasta el 21 de septiembre de 1978 y a partir del 19 de
octubre de 1990 al 19 de mayo de 199723. A través de la Resolución 4560 del 15 de
junio de 1997, el secretario de educación de Bogotá aceptó la renuncia al cargo de
docente de tiempo completo en el colegio nacional Nicolás Esguerra 24.
58. La Caja Nacional de Previsión, a través de la Resolución 004176 de 15 de mayo
de 1995, reconoció al señor Armando José Cuadrado López una pensión gracia con
fundamento en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, por haber prestado
sus servicios en el departamento del Magdalena del 1° de febrero de 1953 al 15 de
marzo de 1954; y en el Ministerio de Educación Nacional del 1° de febrero de 1958 al
30 de enero de 1960, del 1° de marzo de 1960 al 30 de agosto de 1978 y del 19 de
enero de 1990 al 11 de febrero de 1992, para un total de 23 años, 8 meses y 8 días25.
• Reliquidación por nuevos tiempos de servicio
59. CAJANAL en la Resolución 024555 del 4 de diciembre de 1997 reliquidó la
pensión gracia con la inclusión de nuevos tiempos de servicios del 12 de febrero de
1992 al 19 de mayo de 199726.
3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
60. En el asunto bajo estudio, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) solicita la
nulidad de las resoluciones que reconocieron una pensión gracia al señor Armando
José Cuadrado López y la reliquidaron con la inclusión de nuevos tiempos de servicio.
Así mismo, pidió que se condenara al pensionado a devolver todas las sumas de dinero
pagadas.
61. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda al considerar que el accionado prestó sus servicios como
docente nacional, sin embargo, negó el restablecimiento del derecho pedido por la
UGPP, con fundamento en que no desvirtuó la presunción de buena fe del pensionado.
62. Inconforme con la decisión del Tribunal que negó el restablecimiento del
derecho, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) solicita que se modifique la sentencia
apelada. Considera que los efectos de la declaratoria de nulidad de los actos
demandados conllevan retrotraer las cosas al estado anterior en que se encontraban
al momento en que se profirió el acto administrativo de reconocimiento pensional. Por
lo tanto, el restablecimiento del derecho es una consecuencia directa de la declaratoria
de nulidad.
23 Folio 151 del expediente físico
24 Folio 83 del expediente físico
25 Folios 65 a 68 del expediente físico
26 Folio 312, CD antecedentes administrativos, documento 64.
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63. Descendiendo al asunto bajo análisis, el pronunciamiento en segunda instancia
se limitará a resolver los planteamientos del recurso de apelación, de conformidad con
el principio de congruencia de la sentencia regulado en el artículo 281 del Código General
del Proceso27 y el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo relativo al contenido de la sentencia28. En efecto, una
manifestación del referido principio de congruencia consiste en que la competencia del
juez está condicionada por las pretensiones del recurrente y la voluntad de interponer el
recurso, así lo expuso la Corte Constitucional en la sentencia SU -327 de 199529:
[…] las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la
competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus
derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: “Tantum
devolutum quantum appellatum”. Es decir, que para que el juez de segundo grado pueda
pronunciarse, no sólo debe mediar un recurso válido, sino que él debe ser presentado por
parte legítima, esto es, aquélla que padezca un perjuicio o invoque un agravio y persevere
en el recurso.
En otros términos, la apelación siempre se entiende interpuesta en lo desfavorable, tanto
que una alzada propuesta contra una decisión que de ninguna manera agravia, tendría
que ser declarada desierta por falta de interés para recurrir, pues tal falta afecta la
legitimación en la causa. Por tanto, tratándose de apelante único, esto es, de un único
interés (o de múltiples intereses no confrontados), no se puede empeorar la situación del
apelante, pues al hacerlo se afectaría la parte favorable de la decisión impugnada, que
no fue transferida para el conocimiento del superior funcional.
64. Ahora bien, con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte actora se destaca que la sentencia que anula un acto administrativo tiene efectos
ex tunc, es decir, hacia el pasado. En este sentido, la jurisprudencia de esta Corporación
ha considerado que la declaratoria de nulidad conlleva una consecuencia restitutoria, por
la cual, las partes tienen derecho «para ser restituidas al mismo estado en que se
hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo», como lo señala el artículo 1746
del Código Civil, por ello, el acto ilegal es retirado del ordenamiento jurídico y las
situaciones particulares deberían retrotraerse30.
65. Sin embargo, debe hacerse una interpretación armónica para el presente caso
junto con el artículo 164 numeral 1º literal c) del Código de Procedimiento
27 Código General del Proceso, artículo 281. Congruencias: «La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con
las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. […]»
Aplicable por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011
28 Ley 1437 de 2011, artículo 187: «La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la
demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y
doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión
y citando los textos legales que se apliquen […]»
29 Corte Constitucional, sentencia SU 327 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Segunda Especial de Decisión, sentencia
del 5 de mayo de 2020, proceso con radicado 08001-33-31-006-2007-00010-01(AP)REV. En el mismo sentido, ver
fallo del 13 de agosto de 2021, Sala Novena Especial de Decisión, proceso con radicado 66001-33-33-001-2012-
00141-01 (AG) REV.
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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el cual prevé que cuando la
demanda «[s]e dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas […] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe».
66. Al respecto, la Corte Constitucional consideró que la facultad de la
administración de demandar en cualquier tiempo los actos administrativos que
reconocen prestaciones periódicas, no vulnera los principios de confianza legítima y
seguridad jurídica, por cuanto el legislador no está partiendo de la mala fe de los
administrados31. En efecto, la Corte explicó que «la administración no recuperará las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe»32.
67. El artículo 83 de la Carta Política prevé la presunción de buena fe, relacionada
con una conducta leal y honesta, caracterizada por la «confianza, rectitud, decoro y
credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas
actuaciones de las autoridades, la cual se presume»33 , así34:
Respecto del principio de buena fe, éste ha sido definido por la jurisprudencia
constitucional como aquel que “exige a los particulares y a las autoridades públicas
ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las
actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”35. En este
contexto, la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con
trascendencia jurídica, y se refiere a la ‘confianza, seguridad y credibilidad que otorga
la palabra dada.’36”37
68. En el caso concreto y a la luz del mandato constitucional se presume la buena
fe del señor Armando José Cuadrado López en la actuación de solicitar el
reconocimiento pensional y la reliquidación; no obstante, dicha presunción admite
prueba en contrario, lo cual obliga a remitirse al artículo 167 del Código General del
Proceso según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
69. Entonces se colige que la UGPP tiene la carga de la prueba de demostrar los
hechos con ocasión de los cuales presuntamente se acreditaría que la conducta del
señor Armando José Cuadrado López fue contraria a los postulados de la buena fe,
en su actuación ante la administración pública. Sin embargo, a partir del análisis de la
prueba documental recaudada en el proceso, es decir, los certificados de tiempo de
servicios y las resoluciones de reconocimiento y reliquidación pensional, no se infiere
que el pensionado haya inducido en error a la Caja Nacional de Previsión Social,
mediante la utilización de documentos falsos.
70. Nótese que el fundamento del recurso de apelación de la UGPP consiste en
que como consecuencia de los efectos de la declaratoria de nulidad de los actos
31 Corte Constitucional, sentencia C-1049 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
32 Ídem
33 Corte Constitucional, sentencia C-131 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
34 Corte Constitucional, sentencia C-504 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
35 Ver Sentencia T-475 de 1992
36 Ibídem.
37 Ver sentencia C-1194 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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administrativos particulares y concretos, es imperativo ordenarle al demandado que
devuelva los dineros pagados por concepto de las mesadas pensionales. Argumento
que se desestima, toda vez que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en el artículo 164, regula expresamente en una norma
especial que para el caso de prestaciones periódicas no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe. Este ingrediente normativo
introducido por el legislador obliga a que la UGPP cumpla con la carga procesal de
desvirtuar la presunción de buena fe.
71. A pesar de la referida carga procesal, la UGPP solamente reprocha que se
causa un perjuicio al sistema pensional, frente a lo que debe decirse que el Acto
Legislativo 01 de 200538 ordena al Estado garantizar la sostenibilidad financiera del
sistema pensional. Por otra parte, el Acto Legislativo 01 de 2011 indica que las
autoridades administrativas, legislativas o judiciales bajo ninguna circunstancia podrán
invocar la sostenibilidad fiscal «para menoscabar los derechos fundamentales,
restringir su alcance o negar su protección efectiva»39.
72. En este orden de ideas, en atención a que en el proceso la UGPP únicamente
acreditó que el demandado fue docente nacional y pese a ello le reconoció y reliquidó
la pensión gracia, se concluye que es improcedente atribuirle que actuó con mala fe.
En la medida que, tal como se expresó en el marco normativo y jurisprudencial, la
pensión gracia ha tenido una progresión en su interpretación normativa y
jurisprudencial que ha imposibilitado su reconocimiento a los docentes nacionales, sin
que por ese solo hecho se pueda concluir que frente a las pensiones reconocidas
proceda automáticamente la devolución de las mesadas pagadas a particulares de
buena fe.
73. En síntesis, se reitera que de las pruebas documentales no se logra desvirtuar
la presunción de buena fe en la actuación del señor Armando José Cuadrado López,
en tanto no obran elementos de juicio en el plenario que demuestren la existencia de
una conducta contraria a la honestidad, para defraudar a la administración, como la
utilización de un documento fraudulento, falso o apócrifo dentro de la actuación
administrativa.
74. Por consiguiente, se desestiman los argumentos del recurso de apelación
presentado por la parte demandante y se impone confirmar la sentencia de primera
instancia.
38 Artículo 1, que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política: […] El Estado garantizará los derechos, la
sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el
pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se
expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad
financiera de lo establecido en ellas. […]
39 Artículo 1, parágrafo, que modificó el artículo 334 de la Constitución Política: […] Al interpretar el presente artículo,
bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la
sostenibilidad fiscal para menoscabar Los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección
efectiva […].
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3.6. Conclusión de la decisión
75. A partir del estudio de la normativa que regula la pensión gracia, de los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y acorde con la valoración en
conjunto de las pruebas recaudadas en el proceso que fueron relacionadas en el
acápite de hechos probados, según los principios de la sana crítica, se concluye que
la UGPP no desvirtuó la presunción de buena fe del señor Armando José Cuadrado
López, por tanto, no hay lugar a modificar el fallo de primera instancia para ordenar la
devolución de las mesadas pensionales pagadas con ocasión del reconocimiento de
la pensión gracia.
4. Costas
76. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prevé que «[s]alvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil», remisión que en la
actualidad es al Código General del Proceso. El referido artículo fue adicionado por la
Ley 2080 de 2021, que agregó un segundo inciso en el sentido que «En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»40.
77. En punto de esta adición al texto del artículo 188 del CPACA se concluye que
por regla general es improcedente la condena en costas en los procesos en que se
ventile un interés púbico, sin embargo, si la demanda presentada contiene una
manifiesta carencia de fundamento normativo, el fallador puede imponerlas.
78. En este orden de ideas, comoquiera que en el presente caso la UGPP es la
entidad recurrente y el propósito del recurso de apelación es la recuperación de los
recursos públicos, no se impondrá condena en costas en la segunda instancia.
79. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. - INAPLICAR por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que estén en
curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
40 Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.
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SEGUNDO. - CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 3 de febrero de 2022, en la que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda dentro del proceso promovido por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social contra Armando José Cuadrado López, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. - Sin condena en costas en la segunda instancia.
CUARTO. – Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
ACLARACIÓN DE VOTO
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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