RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2018-01148-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01148-01

Fecha
14 de julio de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01148-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 31 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F 11 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi. 12 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]». 13 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].» Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 Radicado: 25000-23-42-000-2018-01148-01 (0634-2022) Demandante: Myriam Janette Villamizar Zúñiga que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Myriam Janette Villamizar Zúñiga contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar. Segundo: Sin condena en costa en esta instancia. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01148-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

14 de julio de 2022

1
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01148-01 (0634-2022)
Demandante: Myriam Janette Villamizar Zúñiga

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01148-01 (0634-2022)
Demandante: MYRIAM JANETTE VILLAMIZAR ZÚÑIGA
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Temas: Reajuste de asignación básica de personal de la
Dirección General de Sanidad del Ministerio de
Defensa. Aplicación de la sentencia de unificación
del 12 de diciembre de 2019. Empleo de servidor
misional del Ministerio de Defensa no asimilable a
nivel asesor de la planta de la Rama Ejecutiva del
orden nacional.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011 (Modificada por la Ley 2080 de 2021)
O-131-2022

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia del 31 de agosto de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
que denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Myriam Janette Villamizar Zúñiga en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la
Ley 1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folio 209)

1. Se declare que el régimen salarial previsto para la libelista, es el
contemplado en el artículo 3.°, numeral 6.° del Decreto 3062 de 1997, es
decir, el consagrado para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder
Público del orden nacional.

2. Que se declare la nulidad del Oficio 19410 MDN-CGFM-DGSM-SAF-GTH-
1.10 del 9 de noviembre de 2017 proferido por la Dirección General de
Sanidad Militar, mediante el cual se denegó la petición de la demandante
tendiente a obtener el reconocimiento y pago de su asignación básica
conforme a lo previsto en la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997.

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

o CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01148-01 (0634-2022)
Demandante: Myriam Janette Villamizar Zúñiga

3. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la demandada,
reliquidar y pagar la asignación básica de la señora Myriam Janette
Villamizar Zúñiga desde el año 2011, de conformidad con los preceptos del
artículo 3, numeral 6 del Decreto 3062 de 1997, es decir, con el
reconocimiento de las diferencias resultantes entre lo devengado por esta
y las remuneraciones fijadas para los empleados de la Rama Ejecutiva del
orden nacional desde su ingreso a la entidad como personal civil no
uniformado, según los decretos expedidos para tal efecto anualmente, bajo
el entendido de que aquel se encuentra en el nivel asesor.

4. Conminar a la Nación, Ministerio de Defensa, Dirección General de
Sanidad Militar a indexar y ajustar las prestaciones sociales percibidas por
la demandante con base en los nuevos valores que se determinen para su
asignación básica, así como cualquier otro emolumento que dependa de
dicho ingreso mensual reliquidado.

5. Ordenar a la parte pasiva cumplir la sentencia conforme a los artículos 192
y siguientes del CPACA, así como al pago de gastos y costas procesales
a que haya lugar.

Supuestos fácticos relevantes (Folios 205 a 209)

1. La señora Myriam Janette Villamizar Zúñiga fue nombrada en el cargo de
profesional especializado, código 2044, grado 05 en la planta de personal
del Ministerio de Defensa, empleo para el cual tomó posesión desde el 21
de noviembre de 2008. Posteriormente, aquella fue incorporada en la
Dirección General de Sanidad Militar del Ministerio de Defensa en el
empleo de servidor misional en sanidad militar, código 2-2, grado 04, ello a
partir del 27 de octubre de 2009, y luego desde el 6 de diciembre de 2013
como servidor misional en sanidad militar, código 2-2, grado 09.

2. Esta última plaza se encuentra en el nivel asesor de conformidad con el
Manual General de Funciones de Empleados Públicos de 2010, contenido
en la Resolución 0598 del 14 de mayo de dicha anualidad.

3. La libelista percibe a la fecha de presentación de la demanda (30 de mayo
de 2018), una asignación básica determinada por los parámetros fijados
por el Gobierno Nacional en los decretos salariales aplicables al personal
civil del Ministerio de Defensa, en los cuales se precisan ciertos valores
que distan de los previstos para el personal de la Rama Ejecutiva del orden
nacional.

4. La demandante presentó petición el 19 de octubre de 2017 ante el
Ministerio de Defensa, Comando General, Dirección General de Sanidad
de las Fuerzas Militares, con el fin de que se reliquidara su asignación
básica en atención al artículo 3.°, numeral 6.° del Decreto 3062 de 1997,
es decir, con base en la remuneración mensual prevista para los
empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

5. La entidad demandada dio respuesta negativa a la referida solicitud por
medio del Oficio 19410 MDN-CGFM-DGSM-SAF-GTH-1.10 del 9 de
noviembre de 2017.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»2, porque es guía y

2 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01148-01 (0634-2022)
Demandante: Myriam Janette Villamizar Zúñiga

ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 27 de agosto de 2019.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

No hubo pronunciamiento al respecto debido a que la entidad demandada no
propuso tales medios de defensa. (Índice 9 del registro en SAMAI).

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] sin entrar a efectuar un prejuzgamiento, en los 3 procesos el litigio se centra en
determinar si los actos administrativos acusados fueron expedidos con infracción de
las normas en que debían fundarse y con falsa motivación por cuanto a las
demandantes, según manifiestan, les asiste derecho al reconocimiento, pago y
liquidación de su asignación básica de acuerdo con lo previsto en la Ley 352 de 1997
y el Decreto 3062 del mismo año, esto es en aplicación de las asignaciones básicas
fijadas para los empleados de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional que se ubican
en el Nivel Asesor. […]». (Índice 9 del registro en SAMAI).

SENTENCIA APELADA
(Índice 9 del registro en SAMAI)

El a quo profirió sentencia escrita el 31 de agosto de 2021, por medio de la
cual negó las pretensiones con fundamento en las siguientes consideraciones:

El tribunal de primera instancia señaló que efectivamente la Ley 352 de 1997
y el Decreto 3062 del mismo año previeron que el régimen salarial del personal
adscrito a la Dirección General de Sanidad Militar es el contemplado para los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional. Sin embargo,
precisó que con posterioridad se expidieron la Ley 1033 de 2006 y el Decreto
Ley 092 de 2007, por medio de los cuales se definió un sistema especial de
nomenclatura y clasificación para el sector defensa en punto a los salarios y
prestaciones de la totalidad del personal que lo integra.

Sostuvo que el artículo 56 de la Ley 352 de 1997 y el numeral 6.° del artículo
3.° del Decreto 3062 de 1997, los cuales preveían que a los servidores del
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que se incorporaran a la planta de
personal del Ministerio de Defensa Nacional, se les aplicaría la escala salarial
propia de los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional, fueron
modificados por el parágrafo del artículo 19 del Decreto Ley 092 de 2007 que
determinó la nueva normativa en materia de remuneración del personal civil
no uniformado del sector defensa con base en la regulación que se fijara
específicamente para estos por parte del Gobierno Nacional.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01148-01 (0634-2022)
Demandante: Myriam Janette Villamizar Zúñiga

Aseveró que en vigencia del Decreto 171 de 1996, los médicos y odontólogos
del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares se encontraban en el nivel
profesional, pero en vigencia del Decreto Ley 092 de 2007, estos fueron
agrupados en el nivel asesor. Ahora, sobre el particular indicó que de acuerdo
con el artículo 4.°, numeral 4.2. del Decreto 770 de 2005, las funciones de los
empleos del nivel asesor consisten en asistir, aconsejar y asesorar
directamente a los empleados públicos de la alta dirección de la entidad, razón
por la cual no pueden asumirse como iguales dichos rangos jerárquicos
funcionales del personal en sanidad militar del sector defensa en comparación
con los servidores de la Rama Ejecutiva del orden nacional. Por ello, estimó
que la escala salarial aplicable a la demandante es la determinada
específicamente para el Ministerio de Defensa Nacional.

Precisó que en el expediente resultó probado que la libelista ingresó a la
Institución el 21 de noviembre de 2008, esto es, con posterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 1033 de 2006 que facultó al Presidente de la República
para expedir el Decreto Ley 092 de 2007, por el cual se determinó que a partir
de ese momento ya no opera la aplicación de la escala salarial propia de los
empleados de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional a los empleados que
prestaban sus servicios en el Ministerio de Defensa.

En tal sentido, aseguró que no le asiste razón a la parte activa al afirmar que
tiene derecho a que se le aplique salarialmente la escala salarial propia de los
empleados de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, porque a partir del año
2009 a los empleados civiles no uniformados de la entidad demandada les
fueron aplicados los decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional
para los empleados civiles no uniformados, pues la escala salarial de los
servidores de la salud de las Fuerzas Militares varió en virtud de la Ley 1033
de 2006 y su aplicación se configuró a partir de esa fecha.

Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia en el sentido de negar las pretensiones de la demanda.

RECURSO DE APELACIÓN
(Índice 9 del registro en SAMAI)

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada para acceder a sus
pretensiones.

Al respecto, manifestó inicialmente que el régimen salarial contenido en la Ley
352 de 1997 y el Decreto 3062 del mismo año continúan vigentes para ser
aplicados al caso de la señora Villamizar Zúñiga, toda vez que el a quo pasó
por alto que la Ley 1033 de 2006 nunca concibió facultades para reformar la
legislación sobre la remuneración del personal sometido a condiciones
especiales, sino que únicamente otorgó facultades para regular aspectos
relacionados con la nomenclatura y clasificación de los empleos que integran
el sector defensa.

Planteó que lo anterior se evidencia en la medida en que el mismo artículo 72
del Decreto 091 de 2007 mantiene vigentes los regímenes salariales como el
de los servidores que laboran en la Dirección General de Sanidad Militar, lo
cual fue ratificado por la Corte Constitucional en sentencias C-211 de 2007 y
C-753 de 2008.

Frente al asunto en particular indicó que la creación de un nuevo sistema de
nomenclatura y clasificación de cargos no puede ser fundamento para que la
administración modifique un régimen salarial, puesto que es diferente la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01148-01 (0634-2022)
Demandante: Myriam Janette Villamizar Zúñiga

estructura organizacional de una dependencia respecto de la determinación
remunerativa que rige a los funcionarios que la integran.

Seguidamente recalcó que el cargo que actualmente ocupa la libelista tiene su
fundamento en una incorporación en el sistema de la planta global del
Ministerio de Defensa de conformidad con lo previsto en la Ley 909 de 2004 y
la Ley 1033 de 2006, por ende, su situación jurídica como integrante del
personal de salud de la mentada entidad no podría haber sufrido modificación
alguna y mucho menos en su régimen salarial aplicable, esto es, el previsto
para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional
de conformidad con el Decreto 3062 de 1997.

Adujo además que, la interpretación asumida por el tribunal de primera
instancia respecto de la Ley 1033 de 2006 y el Decreto 092 de 2007, desbordó
los criterios racional y sistemático, en la medida en que no fue tenido en cuenta
el objeto con el que se concibieron dichas normas, puesto que a pesar de que
el Legislador y el ejecutivo fijaron su contenido y alcance, el a quo le atribuyó
lo propio bajo aspectos no contemplados, habida cuenta de que ajustó el
contenido literal de dicha regulación desde un contexto no previsto, al punto
de concluir erradamente que el aludido decreto consagra una unificación de
escalas salariales, lo cual termina por desaparecer el régimen remunerativo
del que gozaba el demandante y que había mantenido su vigencia según el
artículo 72 de la norma ejusdem.

Expuso que al hacer una comparación normativa entre el Decreto 092 de 2007
y el Decreto 770 de 2005, resulta evidente que sí existe igualdad frente al nivel
jerárquico asesor de la Rama Ejecutiva del orden nacional y el del sector
defensa, pues las funciones corresponden a asesorar a la alta dirección de la
entidad, lo cual le correspondía a la señora Villamizar Zúñiga en su cargo de
servidor misional conforme al manual específico de funciones contenido en la
Resolución 0598 del 14 de mayo de 2010, aspecto sobre el cual el a quo no
desarrolló argumentación alguna, lo cual desconoce el principio constitucional
que atañe al aforismo de: «a trabajo igual, salario igual».

Añadió que los destinatarios de la Ley 352 de 1997 y del Decreto 3062 de
1997, tal como asegura que es el caso de la libelista, consolidaron el derecho
a la remuneración prevista en tal normativa desde el mismo momento de su
ingreso a la Dirección General de Sanidad Militar, de manera que no se podía
afectar dicha prerrogativa con una norma posterior, al encontrarse cobijados
por el derecho fundamental al trabajo, así como por los principios a la
irrenunciabilidad de las garantías laborales, la favorabilidad, la no regresividad
y la regla del in dubio pro operario relacionado con la condición más
beneficiosa que le debe ser aplicada al trabajador, la cual en este asunto,
corresponde al régimen salarial previsto para los empleados de la Rama
Ejecutiva del Poder Público del orden nacional.

Adicionalmente, sostuvo que la inconformidad puntual con el fallo de primera
instancia, radica en que se desconoció el precedente que sobre el particular
ha desarrollado el Consejo de Estado sobre la materia en casos como el
presente, donde por ejemplo, en los procesos con radicados
2500023420020150025301 (0845-2017) y 25000234200020140433501
(2866-2016) se dictaron sentencias del 26 de octubre de 2017 y del 22 de
octubre de 2018, en las cuales se precisó que el régimen salarial aplicable a
funcionarios del área de salud del Ministerio de Defensa es especial y se
encuentra contenido en la Ley 352 de 1997.

SOBRE LA ETAPA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA
INSTANCIA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01148-01 (0634-2022)
Demandante: Myriam Janette Villamizar Zúñiga

Una vez presentado el recurso de apelación por la parte demandante, al estar
dentro del término procesal correspondiente, el Despacho ponente mediante
auto del 9 de marzo de 2022 admitió el recurso de alzada y, en concordancia
con el artículo 212 del CPACA y el ordinal 5.° del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021 a través del cual se modificó el artículo 247 del CPACA, dispuso que por
Secretaría, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de mencionada
providencia, pasara el expediente al Despacho para dictar sentencia, salvo
que las partes presenten solicitud probatoria.

En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia del 4 de mayo de
2022, proferida por la Secretaría, visible en el índice 8 del registro en SAMAI,
en la cual se indicó que no hubo solicitud de pruebas, se procede a decidir de
fondo el asunto.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en este caso únicamente fue presentada por la parte
demandante.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
resume en la siguiente pregunta:

¿La señora Myriam Janette Villamizar Zúñiga tiene derecho a la reliquidación
de su asignación básica de acuerdo con el el artículo 3.°, numeral 6.° del
Decreto 3062 de 1997, es decir, bajo el régimen salarial previsto por el
Gobierno Nacional para la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden
nacional, ello desde el año 2008 y el planteamiento de que el cargo que ocupa
en la entidad demandada como servidor misional en sanidad militar, código 2-
2, grado 09, es del nivel jerárquico asesor para efectos de determinar el monto
de la remuneración a ajustar?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: la demandante no tiene
derecho al ajuste de su asignación salarial con base en el artículo 3.°, numeral
6.° del Decreto 3062 de 1997 para el período solicitado, toda vez que
conforme a la sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019 proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado para casos como el particular,
el pago de la remuneración a aquella por parte de la entidad demandada, se
ajusta a las reglas jurisprudenciales desarrolladas en dicha providencia. Sobre
este planteamiento se expone lo siguiente:

 Acerca de la sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-2019 del 12
de diciembre de 2019 y su aplicabilidad al presente caso

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que con base en el litigio como fue
fijado, así como en el sustento argumentativo de la demanda, la contestación
y el recurso de apelación, se infiere que la señora Myriam Janette Villamizar
Zúñiga pretende la reliquidación de la asignación básica mensual que
devenga desde el año 2008, a fin de que sea igualada a la prevista para los
empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional
conforme al artículo 3.°, numeral 6.° del Decreto 3062 de 1997.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01148-01 (0634-2022)
Demandante: Myriam Janette Villamizar Zúñiga

Por su parte, la entidad demandada sostiene que no ha existido detrimento
salarial en contra de la libelista, habida cuenta de que le ha pagado la
remuneración de acuerdo con la normativa aplicable a cada vigencia hasta
2009 cuando el marco regulatorio de su situación se concretó en el
desarrollado para el personal civil del Ministerio de Defensa, sin que se reporte
afectación alguna a las condiciones de la demandante.

Lo expuesto denota que, el objeto de la controversia en el sub lite es la
determinación del régimen salarial que gobierna las condiciones
remunerativas del servicio prestado por la demandante al Ministerio de
Defensa, Dirección General de Sanidad Militar, en calidad de empleada
perteneciente al personal civil no uniformado de la salud adscrito a la referida
autoridad de conformidad con la Ley 352 de 1997 y posteriores.

Pues bien, bajo dicho entendido se resalta que la Sección Segunda de esta
corporación expidió sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-2019 del 12 de
diciembre de 20193, por medio de la cual se fijaron las reglas jurisprudenciales
de interpretación para la resolución judicial de asuntos como el analizado en
dicha providencia y el que es objeto de examen en esta oportunidad.

En punto a los efectos de esta decisión, es válido anotar que la misma
sentencia los contempló de manera retrospectiva según el ordinal segundo de
su parte resolutiva4, ello a fin de que estos se extendieran a todas las
situaciones pendientes de definición jurídica que no hayan sido objeto de
consolidación del fenómeno de cosa juzgada, por lo que claramente su
estudio y sometimiento para resolver el asunto sub lite es pertinente y
necesario, puesto que evidentemente el proceso de la referencia se encuentra
pendiente de definición judicial en segunda instancia y se ajusta a los criterios
temáticos de dicha providencia.

De acuerdo con lo expuesto, la prelación en cuanto a la observancia de esta
línea jurisprudencial, implica que los proveídos proferidos con anterioridad al
de unificación que son traídos a colación por la demandante en su recurso, no
son válidos a título de precedentes para definir el presente litigio.

Ahora, la sentencia unificadora aludida abordó el estudio sobre la situación
jurídica laboral, salarial y prestacional del personal civil vinculado al Ministerio
de Defensa en vigencia de la Ley 100 de 1993, así como en virtud de la
organización del sistema de salud de las Fuerzas Militares conforme al
Decreto Ley 1301 de 1994, al igual que ante la supresión del Instituto de Salud
de las Fuerzas Militares y la posterior creación de la Dirección General de
Sanidad de acuerdo con la Ley 352 de 1997.

Igualmente, en la referida providencia se verificaron las consecuencias de la
unificación del régimen de administración de personal del personal civil
adscrito a los organismos y dependencias del sector defensa con base en la
Ley 1033 de 2006, y del mismo modo, los efectos del Decreto Ley 92 de 2007
que modificó el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos del
sector en comento, el cual contempló particularmente en materia salarial que,
los sueldos de los empleados civiles no uniformados del sector Defensa
continuarían regidos por la normativa anterior a este último precepto, pero
condicionado hasta que se materializara el ajuste de las plantas de personal.
3 Ídem.
4 El cual reza lo siguiente: «[…] Segundo: Adviértase a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con los temas objeto de unificación, constituyen precedente obligatorio en
los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión tanto en vía
administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos, en
atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables. […]». (Negrilla del texto original).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01148-01 (0634-2022)
Demandante: Myriam Janette Villamizar Zúñiga

Al respecto, se destaca que en lo relativo a las precisiones efectuadas en el
proveído en mención frente al marco normativo aplicable a los casos como el
particular, se señaló lo siguiente:

«[…] 53. En resumen, se tiene entonces que el Presidente de la República
organizó el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y del personal
regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, en virtud de las facultades
extraordinarias que le fueron conferidas por el artículo 248.6 de la Ley 100 de
1993.
54. El primer cuerpo normativo que se expidió en ejercicio de esa facultad
extraordinaria fue el Decreto Ley 1301 de 1994 (derogado por la Ley 352 de
1997) que creó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares como un
establecimiento público, entidad descentralizada.
55. El régimen salarial aplicable a los empleados públicos vinculados al Instituto
de Salud de las Fuerzas Militares era el regulado por el Gobierno Nacional para
los servidores vinculados a establecimientos públicos del orden nacional,
quienes, por hacer parte de un órgano descentralizado, NO se regían, en
materia salarial, por las normas establecidas para el personal civil del Ministerio
de Defensa Nacional.

56. Así pues, los empleados públicos, que al entrar en vigencia el Decreto Ley
1301 de 1994, se encontraran prestando sus servicios en el nivel central de la
estructura organizacional, esto es, en el Ministerio de Defensa, y que
ingresaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, quedaron cobijados
por el régimen salarial contemplado para dicho establecimiento público.

57. En materia pensional, los empleados públicos del Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares y del Instituto de Salud de la Policía Nacional, fueron
sometidos a la Ley 100 de 1993, y en lo relativo a las demás prestaciones
sociales, se les aplicaría el Decreto ley 2701 de 1988 y normas que lo
modificaran o adicionaran. Por otra parte, quienes se hubieran vinculado al
Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la vigencia de
la Ley 100 de 1993 continuarían bajo las disposiciones del Decreto 1214 de
1990.

58. La Ley 352 de 1997 (derogó el Decreto Ley 1301 de 1994) creó la Dirección
General de Sanidad Militar como una dependencia del Comando General de
las Fuerzas Militares y suprimió y liquidó el Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares, creado mediante el Decreto 1301 de 1994.

59. El Decreto reglamentario 3062 de 1997 incluyó las siguientes garantías
para los servidores que laboraban en el Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares y que fueron incorporados a la planta de personal de salud del
Ministerio de Defensa; en materia prestacional se dispuso que los vinculados
“antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les continuará aplicando en su
integridad el título VI del Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen
o adicionen sobre el Régimen Prestacional y al personal vinculado con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, se le aplicará esta
disposición” (art. 3, num.4). Y, en materia salarial señaló que a “los empleados
públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares
que se incorporen a las Plantas de Personal de Salud que se creen en el
Ministerio de Defensa Nacional se les aplicará el régimen salarial que rige a
los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional”
(art. 3, num. 6) (Resaltado fuera de texto).

60. Sin embargo, a partir de la Ley 1033 de 2006, los Decretos Ley 91 y 92
de 2007, y el Decreto 4783 de 2008 se unificó el régimen de administración
del personal civil del sector, se ajustó y modificó la planta de personal de
Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de
Sanidad Militar, mediante la realización de las equivalencias de lo empleos
preexistentes frente la nueva planta que fue ajustada con la tabla de
organización “TO”, fijada en la Resolución 1453 de 2008. Así pues, el Decreto
4783 de 2008 ordenó la incorporación de los funcionarios de la Planta de
Personal del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01148-01 (0634-2022)
Demandante: Myriam Janette Villamizar Zúñiga

Militar a los cargos equivalentes de la planta ajustada, frente a quienes se
dispuso que continuarían “percibiendo la remuneración correspondiente a los
empleos que desempeñan actualmente mientras ocupen el cargo en el que
serán incorporados”. […]». (Negrilla y cursiva conforme a la transcripción).

En concreto, con base en los referidos postulados, la Sección Segunda de
esta Corporación fijó una serie de reglas jurisprudenciales de obligatoria
observancia en casos como el sub iudice, las cuales se sintetizan de la
siguiente manera:

SUPUESTO
REGLAS DE UNIFICACIÓN
NORMATIVO

(i) En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e incorporados al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se regían por las normas reguladas
por el Gobierno Nacional para los servidores de los establecimientos públicos
del orden nacional. Por lo tanto, comoquiera que estaban vinculados a un
órgano del nivel descentralizado no se regían por las normas reguladas para
el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.

(ii). En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable era el previsto
1. Entre la vigencia en la Ley 100 de 1993 para los empleados públicos que se vincularan al
del Decreto 1301 Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad
de 1994 y de la Ley Social y Bienestar de la Policía Nacional. En lo relativo a las demás
352 de 1997 prestaciones se les aplicaba el Decreto 2701 de 1988 y normas que lo
modificaron o adicionaron.

Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la
Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se
incorporaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, continuaron cobijados por
el Decreto 1214 de 1990.

2. A partir de la (i). En materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud de las
vigencia de la Ley Fuerzas Militares que fueron incorporados a la planta de personal de salud del
352 de 1997, los Ministerio de Defensa quedaron sometidos al régimen salarial previsto para
empleados los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional
públicos que antes (Artículo 3 Num.6 Decreto 3062 de 1997).
prestaban sus
servicios en el (ii). En materia prestacional los empleados públicos del Instituto de Salud de
Instituto de Salud las Fuerzas Militares incorporados a la planta de personal de Salud del
de las Fuerzas Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieran vinculado antes de la
Militares y que vigencia de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su integridad el Decreto
fueron 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
incorporados a la
planta de salud del Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993
Ministerio de se les aplicará dicha normativa. En lo no contemplado en materia prestacional
Defensa Nacional, en la Ley 100 de 1993 se les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990
dejaron de (Parágrafo artículo 55 de la Ley 352 de 1997).
pertenecer al
sector
descentralizado

3. A partir de la
(i). A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de 2007 se reajustaron
Ley 1033 de 2006
las plantas de personal, se determinaron las equivalencias y se fijaron los
se unificó el
sueldos con fundamento en la nomenclatura y clasificación especial, por ello,
régimen de
los sueldos de los empleados civiles no uniformados del sector Defensa se
administración de
empezaron a pagar con base en la nueva nomenclatura.
personal que se
aplica al personal
Los empleados civiles no uniformados del sector defensa vinculados a la
civil vinculado a
Planta de Personal del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de
los organismos y
Sanidad Militar, debieron continuar percibiendo la remuneración
dependencias del
correspondiente a los empleos que desempeñaban a la entrada en vigencia
Sector Defensa.
del Decreto 4783 de 2008 mientras ocupen el cargo en el que fueron
Por ello, los
incorporados.
empleos públicos
del personal civil
(ii). En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue
no uniformado
incorporado por disposición del Decreto 4783 de 2008, de acuerdo con la
asignados a la
nomenclatura y clasificación especial para los empleados civiles no
Dirección General
uniformados del sector defensa, empezó a devengar la asignación básica
de Sanidad Militar
fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados del
pertenecen a la
Ministerio de Defensa Nacional.
planta de personal

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01148-01 (0634-2022)
Demandante: Myriam Janette Villamizar Zúñiga

del Ministerio de Lo que quiere decir, que mientras se produjo la incorporación en el cargo
Defensa Nacional equivalente en la planta global del sector defensa, de acuerdo con el sistema
de nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor debió continuar
percibiendo la remuneración correspondiente al empleo que antes
desempeñaba, esto es, según el régimen salarial fijado por el Gobierno para
los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional.
Efectuada la incorporación al cargo equivalente en la planta global del
Ministerio de Defensa Nacional, el empleado queda sometido a la escala de
asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles
no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.

(iii). En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no introdujo ninguna
modificación, por lo tanto se mantiene el régimen prestacional fijado en la Ley
352 de 1997.

 Determinación del régimen salarial aplicable a la demandante en
atención a las reglas de la sentencia de unificación del 12 de
diciembre de 2019 y la verificación de su situación particular

De conformidad con el marco jurisprudencial de unificación descrito, la Sala
advierte que en atención al material probatorio recaudado y practicado a lo
largo del proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

 La señora Myriam Janette Villamizar Zúñiga fue nombrada en el cargo
de profesional universitario, código 2044, grado 05 de la planta de
personal del Ministerio de Defensa Nacional, ello en virtud de la
Resolución 1790 del 20 de noviembre de 2008 dictada por el director
general de Sanidad Militar. Aquella tomó posesión del mentado empleo
el 21 de noviembre de 2008, tal como se aprecia de la respectiva acta
(folio 2).

 En virtud de la Resolución 1377 del 14 de octubre de 2009 emitida por
el director general de Sanidad Militar, la libelista fue incorporada en la
planta de personal de empleados públicos del Ministerio de Defensa,
Dirección General de Sanidad Militar, ello bajo el empleo denominado
servidor misional en sanidad militar, código 2-2, grado 04. La
demandante tomó posesión de dicho cargo el 27 de octubre de 2009
según acta de posesión de la misma data (folio 3).

 Mediante petición del 19 de octubre de 2017 (folios 4 a 5), la libelista
solicitó ante el Comando General, Dirección de Sanidad Militar, lo
siguiente: «[…] TERCERA: Se efectúe el reconocimiento, pago y liquidación
de la asignación básica de mi cliente, de conformidad con lo previsto en el
numeral 6 del artículo 3 del decreto 3062 de 1997, esto es, aplicando las
asignaciones básicas previstas para los empleados de la Rama Ejecutiva del
Orden Nacional, fijado según los decretos anualmente expedidos y cuyo
detalle se efectúa a continuación, recalcando particularmente que se ubican
(sic) en el NIVEL ASESOR de conformidad con lo previsto en el MANUAL
GENERAL DE FUNCIONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE 2010
contenido en la resolución 0598 de 14 de mayo de 2010.

CUARTA: Se efectúe la reliquidación, reajuste y pago de la asignación básica
que viene percibiendo mi cliente, dada su condición de personal civil,
perteneciente a la planta de personal de las entidades que integran el sector
defensa, aplicando debidamente lo previsto en el numeral 6 del artículo 3 del
decreto 3062 de 1997, en el sentido de reconocer un salario equivalente al
previsto para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva, según los
parámetros fijados por el gobierno desde 2007 y hasta que el pago se haga
efectivo, con los efectos económicos solicitados en las demás peticiones,
[…]». (Negrilla y mayúscula conforme a la transcripción).

 La entidad demandada dio respuesta de forma negativa a la referida
petición, mediante Oficio 19410 MDN-CGFM-DGSM-SAF-GTH-1.10 del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01148-01 (0634-2022)
Demandante: Myriam Janette Villamizar Zúñiga

9 de noviembre de 2017 (folios 6 a 8), expedido por el director general
de Sanidad Militar, ello conforme a los siguientes argumentos: «[…] Es
de anotar que de acuerdo a la Resolución N°. 1453 del 25 de septiembre de
2008 "Por la cual se establece la Tabla de Organización de los empleos de la
planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de
Sanidad Militar", se estableció la Tabla de Organización de los empleos de la
planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de
Sanidad Militar, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación de los empleos
establecida en los Decretos 091, 092 y 093, 3034 y 4803 de 2007 y 2127 de
2008, que para el empleo de la planta global del Ministerio de Defensa, que
desempeña la señora MYRIAM JANETH VILLAMIZAR ZUNIGA, su
equivalencia fue la siguiente: […]

De acuerdo a lo anterior, la escala salarial aplicable es la que se le empleó
correspondiente al Sector Defensa, como Servidora Misional en Sanidad
Militar, cargo perteneciente a la escala salarial al de Asesor del Sector
Defensa, equivalente al nivel profesional y no al de Asesor de la Rama
Ejecutiva, sin verse afectada la asignación salarial, ni prestacional toda vez
que para uno y otro empleo su asignación básica fue y ha sido la misma. […]».

 Conforme a la certificación del 8 de noviembre de 2017 (folio 9), suscrita
por el coordinador del grupo de talento humano de la Dirección General
de Sanidad Militar, la señora Myriam Janette Villamizar Zúñiga devengó
desde el año 2008 hasta el 2017 los siguientes valores:
DECRETO
DECRETO
CORRESPONDIENTE AL DENOMINACIÓN
AÑO CORRESPONDIENTE AL CÓDIGO GRADO SUELDO BÁSICO
SECTOR RAMA CARGO
SECTOR DEFENSA
EJECUTIVA
PROFESIONAL
2008 643 N/A 2044 05 $1.423.315,00
UNIVERSITARIO
PROFESIONAL
708 N/A 2044 05 $1.532.484,00
UNIVERSITARIO
A PARTIR DEL 27
DE OCTUBRE DE
2009 2009 TOMÓ
738 2-2 04 POSESIÓN COMO $1.532.484,00
SERVIDOR
MISIONAL EN
SANIDAD MILITAR
SERVIDOR
2010 1529 2-2 04 MISIONAL EN $1.563.134,00
SANIDAD MILITAR
SERVIDOR
2011 1049 2-2 04 MISIONAL EN $1.612.686,00
SANIDAD MILITAR
SERVIDOR
2012 843 2-2 04 MISIONAL EN $1.693.321,00
SANIDAD MILITAR
SERVIDOR
1020 2-2 12 MISIONAL EN $1.751.572,00
SANIDAD MILITAR
A PARTIR DEL 06
DE DICIEMBRE DE
2013
2013 TOMÓ
1020 2-2 09 POSESIÓN COMO $2.153.906,00
SERVIDOR
MISIONAL EN
SANIDAD MILITAR
SERVIDOR
2014 190 2-2 09 MISIONAL EN $2.217.231,00
SANIDAD MILITAR
SERVIDOR
2015 1120 2-2 09 MISIONAL EN $2.320.554,00
SANIDAD MILITAR
SERVIDOR
2016 238 2-2 09 MISIONAL EN $2.500.862,00
SANIDAD MILITAR
SERVIDOR
2017 1007 2-2 09 MISIONAL EN $2.669.671,00
SANIDAD MILITAR

Pues bien, al realizar el análisis comparativo de las asignaciones básicas
previstas desde 2008 a 2017 en: i) los decretos salariales de la Rama Ejecutiva
del Poder Público del orden nacional, ii) los decretos salariales del personal
civil del Ministerio de Defensa y iii) la remuneración efectivamente pagada al
libelista por ese mismo lapso, se advierte lo siguiente:

ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN
ASIGNACIÓN
BÁSICA SEGÚN BÁSICA SEGÚN
BÁSICA
AÑO CARGO DECRETOS DECRETOS DIFERENCIA
PAGADA A LA
RAMA PERSONAL
DEMANDANTE
EJECUTIVA CIVIL
Profesional universitario, DECRETO 643 DECRETO 674
2008 código 2044, grado 05 $1.423.315 $200.655 (A FAVOR)
$1.423.315 $1.222.660

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01148-01 (0634-2022)
Demandante: Myriam Janette Villamizar Zúñiga

2009 (hasta el Profesional universitario, DECRETO 708 DECRETO 738
código 2044, grado 05 $1.532.484 $216.045 (A FAVOR)
26 de octubre) $1.532.484 $1.316.439
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 708 $1.116.983 (EN
2, grado 04 (NIVEL - $1.532.484
$2.649.467 CONTRA)
2009 (desde el ASESOR - RAMA
27 de octubre EJECUTIVA)
al 31 de Servidor misional en
diciembre) sanidad militar, código 2-
DECRETO 738
2, grado 04 (NIVEL - $1.532.484 $0
$1.532.484
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 1374 $1.139.323 (EN
2, grado 04 (NIVEL - $1.563.134
$2.702.457 CONTRA)
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
2010
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 1529
2, grado 04 (NIVEL - $1.563.134 $0
$1.563.134
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 1031 $1.175.439 (EN
2, grado 04 (NIVEL - $1.612.686
$2.788.125 CONTRA)
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
2011
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 1049
2, grado 04 (NIVEL - $1.612.686 $0
$1.612.686
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 853 $1.234.211 (EN
2, grado 04 (NIVEL - $1.693.321
$2.927.532 CONTRA)
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
2012
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 0843
2, grado 04 (NIVEL - $1.693.321 $0
$1.693.321
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
$1.276.668 (EN
CONTRA
Servidor misional en
COMPARADO CON
sanidad militar, código 2-
2013 (hasta el DECRETO 1029 DECRETO 1020 RÉGIMEN RAMA
2, grado 04 (NIVEL $1.751.572
5 de diciembre) $3.028.240 $1.751.572 EJECUTIVA) - $0
ASESOR - RAMA
(COMPARADO CON
EJECUTIVA)
RÉGIMEN DEL
PERSONAL CIVIL)
$2.764.193 (EN
CONTRA
Servidor misional en
COMPARADO CON
2013 (desde el sanidad militar, código 2-
DECRETO 1029 DECRETO 1020 RÉGIMEN RAMA
6 hasta el 31 2, grado 09 (NIVEL $2.153.906
$4.515.765 $2.153.906 EJECUTIVA) - $0
de diciembre) ASESOR - RAMA
(COMPARADO CON
EJECUTIVA)
RÉGIMEN DEL
PERSONAL CIVIL)
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 199 $2.431.298 (EN
2, grado 09 (NIVEL - $2.217.231
$4.648.529 CONTRA)
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
2014
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 190
2, grado 09 (NIVEL - $2.217.231 $0
$2.217.231
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 1101 $2.544.597 (EN
2, grado 09 (NIVEL - $2.320.554
$4.865.151 CONTRA)
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
2015
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 1120
2, grado 09 (NIVEL - $2.320.554 $0
$2.320.554
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 229 $2.742.312 (EN
2, grado 09 (NIVEL - $2.500.862
$5.243.174 CONTRA)
ASESOR - RAMA
2016
EJECUTIVA)
Servidor misional en
DECRETO 238
sanidad militar, código 2- - $2.500.862 $0
$2.500.862
2, grado 09 (NIVEL

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01148-01 (0634-2022)
Demandante: Myriam Janette Villamizar Zúñiga

ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 999 $2.927.418 (EN
2, grado 09 (NIVEL - $2.669.671
$5.597.089 CONTRA)
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
2017
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 1007
2, grado 09 (NIVEL - $2.669.671 $0
$2.669.671
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)

Acorde con lo evidenciado previamente, se encuentra que la demandante fue
vinculada en un principio a la planta de personal de la Dirección General de
Sanidad Militar en el cargo de profesional universitario, código 2044, grado 05,
ello según el acta de posesión del 21 de noviembre de 2008 (folio 2).
Posteriormente, desde el año 27 de octubre de 2009, aquella desempeñó la
plaza de servidor misional en sanidad militar, código 2-2, grado 04 , tal como
se indicó en la respectiva acta de posesión (folio 3).

Según el cuadro elaborado anteriormente, para este último período aludido
que corresponde a una parte del que es objeto de demanda y sobre el cual
existen pruebas relacionadas con los pagos efectuados por concepto de
salario a la libelista (2008 a 26 de octubre de 2009), se evidencia con claridad
que esta percibió efectivamente como asignación básica mensual, la prevista
para el referido nivel y grado del cargo en los diferentes decretos anuales
expedidos por el Gobierno Nacional destinados al personal de la Rama
Ejecutiva del orden nacional, toda vez que, como se aprecia, los valores en
comparación son idénticos, e incluso, el monto abonado resulta ser más
favorable que el fijado normativamente para el personal civil no uniformado del
Ministerio de Defensa en dicho lapso.

Bajo dicho entendido, se infiere que la demandante devengó la remuneración
correspondiente al empleo que desempeñaba desde 2008 hasta un período
del año 2009 (profesional especializado, código 2044, grado 05), la cual estaba
prevista en el régimen salarial fijado para los cargos de la Rama Ejecutiva del
Poder Público del orden nacional5, lo que a su vez implica que la entidad
demandada respetó la garantía contenida en el artículo 3°, numeral 6.° del
Decreto 3062 de 1997, tal como se deprecó en la demanda y como se planteó
en la sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019 en clave de regla
jurisprudencial respecto del segundo supuesto normativo enunciado en la tabla
de referencia elaborada anteriormente6.

Ahora bien, del material probatorio enunciado también se desprende que a
partir del 27 de octubre de 2009, la señora Myriam Janette Villamizar Zúñiga
fue incorporada a la planta de personal reestructurada de la Dirección General
de Sanidad Militar en calidad de servidor misional en sanidad militar, código 2-
2, grado 04 y luego grado 09, según la Resolución 1377 del 14 de octubre de
2009 de acuerdo con el acta de posesión respectiva (folio 3), ello con ocasión
de la expedición del Decreto 4738 de 2008 que aprobó el ajuste y la
modificación de la aludida estructura de servidores del Ministerio de Defensa,
de conformidad con el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de empleos
especial de dicho sector, contemplado en los Decretos 092, 3034, 4803 de
2007 y 2127 de 2008.

Con base en este contexto, según la regla jurisprudencial de la sentencia de
unificación del 12 de diciembre de 2019 elaborada para el tercer supuesto
5 Decretos 600 de 2007, 643 de 2008 y 708 de 2009.
6 (i). En materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que fueron

incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa quedaron sometidos al régimen
salarial previsto para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional (Artículo
3 Num.6 Decreto 3062 de 1997).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01148-01 (0634-2022)
Demandante: Myriam Janette Villamizar Zúñiga

normativo7 y anunciada en la tabla referida, la cual se cumple en el presente
caso en virtud de lo relatado anteriormente, es dable asegurar que, a partir del
27 de octubre de 2009, la asignación básica de la libelista es la fijada por el
Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio
de Defensa Nacional8. Lo expuesto, dado que desde esa fecha aquella se
posesionó en el empleo al que fue incorporada de acuerdo con la
nomenclatura y clasificación especial para los mencionados servidores.

De acuerdo con este análisis, es posible asegurar que el 26 de octubre de
2009 fue el último día en el que la señora Villamizar Zúñiga desempeñó el
cargo de profesional universitario, código 2044, grado 05 de la Dirección
General de Sanidad Militar. Por ello, hasta esa data la demandante tuvo
derecho a la aplicación de los decretos salariales de la Rama Ejecutiva del
orden nacional, sin que tal situación sea prorrogable o de aplicación extensiva
para anualidades posteriores como se insta en la demanda, debido al cambio
de su situación jurídica con el nuevo nombramiento en un empleo regulado por
su propia normativa expresa, lo cual se encuentra avalado
jurisprudencialmente.

Lo anterior, en la medida en que desde el 27 de octubre de 2009, aquella fue
incorporada a la planta de personal de empleados públicos del Ministerio de
Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, en el cargo de
servidor misional en sanidad militar, código 2-2, grado 04 y 09 respectivamente
que corresponden al nivel asesor (artículo 11 del Decreto Ley 92 de 2007).

Plaza con base en la cual, según se aprecia del cuadro comparativo
desarrollado anteriormente, percibió la remuneración fijada por el Gobierno
Nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa
Nacional conforme al precitado nivel y grados correspondientes, sin que se
reporte ningún tipo de diferencia entre el monto de la asignación fijada y la
pagada efectivamente, lo cual se ajusta a la señalada regla de unificación
interpretativa, y por lo tanto convalida la legalidad del acto administrativo
cuestionado al negar la reliquidación reclamada.

Empero, al margen de lo esbozado hasta este punto, lo cierto es que la parte
apelante en su recurso sostuvo que la situación particular que debe tenerse
en cuenta desde el año 2008 para efectos salariales conforme a sus
pretensiones, es que el último cargo desempeñado por la demandante
corresponde al de servidor misional en sanidad militar, cuyo nivel es el de
asesor según el Manual General de Funciones de Empleados Públicos de
2010, contenido en la Resolución 0598 del 14 de mayo de 2010, por lo que
aseguró que debía tenerse en cuenta el valor de la asignación de aquel orden
jerárquico y grado prevista por el Gobierno Nacional en los decretos que fijan
la remuneración de los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional y
no el señalado para el personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa.

 ¿El empleo de servidor misional en sanidad militar en el que fue
incorporada la demandante tiene la misma remuneración salarial
fijada para el nivel asesor de la rama ejecutiva del orden nacional?

Al respecto, en primer lugar se destaca que tal pedimento no tiene respaldo
fáctico puntualmente para el período solicitado en la demanda desde el año
2008 hasta el 26 de octubre de 2009, toda vez que no sería posible reliquidar

7 (ii). En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue incorporado por disposición del

Decreto 4783 de 2008, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación especial para los empleados
civiles no uniformados del sector defensa, empezó a devengar la asignación básica fijada por el Gobierno
Nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
8 Decretos 738 de 2009, 1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de 2014, 1120

de 2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018 y 1012 de 2019

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01148-01 (0634-2022)
Demandante: Myriam Janette Villamizar Zúñiga

el salario devengado por la libelista como profesional universitario, código
2044, grado 05, (que según las pruebas era el empleo para el que esta fue
nombrada durante dicho lapso), ello con base en la remuneración de la plaza
de servidor misional en sanidad militar, código 2-2, grado 04 y 09, la cual se
resalta que solo comenzó a ejercer desde el 27 de octubre de 2009 conforme
a lo demostrado en la actuación.

Asumir tal planteamiento sería tanto como predicar una nivelación salarial, que
al mismo tiempo implica la acreditación por parte de quien la alega de una
vulneración al principio de igualdad en materia laboral, basada en un
tratamiento discriminatorio ante una situación específica equiparable en
materia de funciones, condiciones, requisitos y características concretada en
la existencia de dos empleos similares en tales aspectos, pero con
remuneración diferente.

Pues bien, tal postulado no fue esgrimido desde el punto de vista de una
nivelación u homologación de salarios y cargos, y mucho menos fue discutido
o probado en ese sentido a lo largo de la actuación, por lo que, a todas luces
resulta inviable deprecar un reajuste salarial con fundamento en un cargo que
no se ocupaba para la época pretendida. Ahora, desde el 27 de octubre de
2009 en adelante, efectivamente la señora Villamizar Zúñiga ha ejercido el
empleo de servidor misional que se encuentra ubicado en un nivel jerárquico
asesor según el artículo 11 del Decreto Ley 92 de 2007.

Sin embargo, tal circunstancia no conlleva la prosperidad del argumento
impugnativo de la recurrente al sostener que bajo aquel entendido el salario
que le corresponde es el previsto para dicho orden funcional en la normativa
que regula los empleos de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

Sobre el punto, basta con reiterar que, en razón de la incorporación de la
libelista en el referido cargo derivado de la reestructuración de la planta de
personal del Ministerio de Defensa, para aquella se generó una nueva
situación laboral que enervó la posibilidad de continuar sometida al régimen
salarial de los funcionarios de la Rama Ejecutiva, tal como se precisó en la
sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019.

Por tal motivo, lo atinente a su remuneración pasó a regirse conforme a la
normativa que se expidiera específicamente para los servidores civiles no
uniformados de la aludida entidad. Lo propio aconteció y se demostró en el
cuadro comparativo elaborado previamente, en el que se vislumbra sin
hesitación que, desde el 27 de octubre de 2009 en adelante, el salario que la
demandante percibió era exactamente igual al que se fijó en los decretos
realmente aplicables para el nivel asesor del sector defensa y para el grado
del empleo en el cual esta fue nombrada.

De otro lado, si bien de acuerdo con el ejercicio de comparación aludido, se
advierte una diferencia sustancial entre los valores de la asignación básica de
un empleo del nivel asesor en grado 12 de la Rama Ejecutiva del orden
nacional respectivamente, contrastados con los montos pagados por ese
mismo concepto a la señora Villamizar Zúñiga, ello se justifica en razón a su
incorporación a la planta ajustada y las equivalencias fijadas en la Ley 1033
de 2006 y el Decreto 4783 de 2008, en virtud de lo cual no le es aplicable el
Decreto 3062 de 1997 como lo pretende en la demanda, aunado a ello, el
legislador tampoco autorizó una nivelación salarial del sector defensa respecto
de la Rama Ejecutiva.

No obstante, si el fundamento de la parte activa para solicitar el reajuste de su
remuneración es el hecho de que ejerció un cargo con funciones de asesor y
que por lo tanto deben ser equiparadas sus condiciones económicas a las de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01148-01 (0634-2022)
Demandante: Myriam Janette Villamizar Zúñiga

su par en la aludida planta de personal, se arribaría a la misma conclusión de
improcedencia que se expuso con antelación frente a tal pedimento para el
período de 2008 al 26 de octubre de 2009, esto es, que en esencia, lo que se
busca es una nivelación salarial y no una reliquidación por mandato expreso
legal o reglamentario.

Este mismo postulado fue advertido por la Sección Segunda de esta
corporación en la referida sentencia de unificación del 12 de diciembre de
2019, puesto que en el análisis concreto del caso analizado en dicha
oportunidad (el cual comparte idénticos supuestos fácticos y jurídicos a los del
asunto de marras), se aseguró lo siguiente:

«[…] Contrario a lo afirmado en la demanda, no es viable el pago de la asignación
básica de la actora con la remuneración fijada en los decretos salariales de la Rama
Ejecutiva del nivel nacional para el empleo de asesor grado 14, porque tal como se
indicó en el acto acusado, si bien, cambiaron la denominación, el código y el grado
del cargo de la accionante, lo cierto es que mantuvo su sueldo, “por lo tanto, no se
puede aplicar el código y el grado del sector defensa para equipararlo con el código
y el grado del Decreto de la Rama Ejecutiva del orden nacional, porque se estaría
frente a una nivelación salarial no establecida legalmente”[…]». (Cursiva del texto
original).

Según la referida intelección, la Sala reitera que en el sub examine no es
posible verificar una eventual equiparación salarial como la reclamada, habida
cuenta de que en la demanda no se formularon postulados fácticos y jurídicos
ni se aportaron medios de prueba en clave de parangón para evidenciar una
alegada desigualdad remunerativa en detrimento de los intereses de la
libelista, bajo el presupuesto esgrimido por esta, atinente a que desempeñó el
cargo como asesor en iguales condiciones a las de su equivalente nominal en
la Rama Ejecutiva según el Manual General de Funciones de Empleados
Públicos de 2010.

De hecho, contrario a lo anterior, al analizar las actividades y cargas
consagradas en el referido manual desarrollado en la Resolución 0598 del 14
de mayo de 2010, y a su vez cotejar tales elementos con la esencia del nivel
funcional de asesor de la Rama Ejecutiva del orden nacional de acuerdo con
el artículo 4.° del Decreto 770 de 20059, no se presenta una teleología común
entre ambos extremos, habida cuenta de que el cargo ocupado por la señora
Villamizar Zúñiga en la Dirección General de Sanidad Militar, implica la
ejecución de acciones asistenciales y de atención en salud, pero no contempla
obligaciones relacionadas con asesoría o consejería a funcionarios directivos
de la entidad.

Por esta razón, en todo caso y sin perjuicio de lo planteado con anterioridad,
sería inviable sostener que se configura en el presente asunto una
discriminación salarial injustificada en razón del nivel jerárquico ocupado por
la demandante que eventualmente permitiera acceder a sus pretensiones. Lo
propio ya ha sido analizado por esta Subsección en sentencia del 25 de febrero
de 202110 donde se precisó la improcedencia de aquel argumento de la parte
activa al resolver un proceso similar al sub iudice, en el cual se indicó lo
siguiente:

«[…] Por último, la parte apelante manifiesta que los cargos del nivel asesor del
Ministerio de Defensa y del nivel asesor de la rama ejecutiva del orden nacional

9 «[…] ARTÍCULO 4º. Naturaleza general de las funciones. A los empleos agrupados en los niveles jerárquicos de
que trata el artículo anterior, les corresponden las siguientes funciones generales: […] 4.2 Nivel Asesor. Agrupa los
empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta
dirección de la rama ejecutiva del orden nacional. […]». (Negrilla conforme a la transcripción).
10Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 25 de febrero de 2021. Radicado: 25000-23-42-000-2016-05941-01(5623-18).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01148-01 (0634-2022)
Demandante: Myriam Janette Villamizar Zúñiga

son equivalentes, toda vez que cumplen similares funciones de aconsejar y
asesorar a la entidad. Adujo que ello es evidente al comparar el contenido de
los Decretos 770 de 2005 y 092 de 2007 y la Resolución 0598 de 2010 que fijan
sus funciones. Con este argumento solicita aplicación del régimen salarial de
los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional.

Al respecto, la Sala debe precisar que el análisis que solicita la demandante en
nada varía su situación laboral, dado que su vinculación a la Dirección General
de Sanidad Militar como «servidor misional» se produjo con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 1033 de 2006 y los Decretos 91 y 92 de 2007 y
4783 de 2008, y, en tal medida, su situación salarial se reguló desde un
principio por la escala de asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para
los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
De igual manera, comparadas las funciones de los cargos se puede concluir
que son distintas. Así, el artículo 4.° del Decreto 770 de 2005 indica que el nivel
asesor de la rama ejecutiva nacional «agrupa los empleos cuyas funciones
consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleados
públicos de la alta dirección de la rama ejecutiva del orden nacional».

Entretanto, la Resolución 0598 de 14 de mayo de 2010, respecto del empleo
de servidor misional de sanidad militar, código 2-2, grado 14, señaló que las
funciones específicas relacionadas con el cargo están encaminadas a la
prestación del servicio de salud. […]».

Con base en lo desarrollado hasta este punto, se hace palmaria la sujeción de
legalidad del acto administrativo demandado que negó la reliquidación de la
asignación básica devengada por la señora Villamizar Zúñiga, quien solicitaba
la aplicación del régimen salarial de los empleados de la Rama Ejecutiva del
orden nacional conforme al artículo 3.°, numeral 6.° del Decreto 3062 de 1997.
Por ello, es necesario confirmar el fallo apelado que denegó las pretensiones
de la parte activa.

En conclusión: la demandante no tiene derecho a la reliquidación de su
asignación básica desde 2008 de acuerdo con el el artículo 3.°, numeral 6.°
del Decreto 3062 de 1997, es decir, bajo el régimen salarial previsto por el
Gobierno Nacional para la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden
nacional, habida cuenta de que según la sentencia de unificación del 12 de
diciembre de 2019 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado
para el desarrollo interpretativo de casos como el particular, la normativa
referida solo aplicaba hasta el 26 de octubre de 2009, tal como se evidencia
que ocurrió al haberse pagado el salario correspondiente a tal precepto
durante dicho lapso.

Ahora, desde el 27 de octubre de 2009, aquella fue incorporada en la nueva
planta de personal civil de la entidad demandada, por lo que se encontraba
sometida al régimen salarial que se expidiera para tales servidores en
particular, sin que se reporte un detrimento en la remuneración que devenga
desde su vinculación y sin que por el nivel asesor del cargo que ocupa como
servidor misional de sanidad militar, código 2-2, grado 09, este pueda
asimilarse salarialmente a un empleo de igual jerarquía en la Rama Ejecutiva
del orden nacional, al no preverse ni configurarse una nivelación en tal sentido.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia proferida el 31 de
agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F que denegó las pretensiones de la demanda, ello
habida cuenta de que no prosperan los argumentos del recurso de apelación
formulado por la libelista.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01148-01 (0634-2022)
Demandante: Myriam Janette Villamizar Zúñiga

De la condena en costas en segunda instancia

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201611, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP12, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público13.

No obstante, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se
condenará en costas a la parte demandante, ello al no observarse su
causación de acuerdo con el numeral 8.° del artículo 365 del CGP, en razón a
que no hubo intervención de la entidad demandada en esta instancia porque
no se surtió la etapa de alegatos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 31 de agosto de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F

11 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
12 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera

concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
13 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01148-01 (0634-2022)
Demandante: Myriam Janette Villamizar Zúñiga

que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la
señora Myriam Janette Villamizar Zúñiga contra la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar.

Segundo: Sin condena en costa en esta instancia.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.