Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01190-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2018-01190-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01190-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-01190-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: María del Carmen Sánchez Sereno y la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social
Temas: Competencia para el reconocimiento de mesada pensional.
Lesividad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la Administradora
Colombiana de Pensiones1 y la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2 contra la sentencia
proferida el 1º de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Colpensiones3 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
1
En adelante Colpensiones.
2
En adelante Ugpp.
3 La demanda fue presentada el 1º de julio de 2018, folio 2.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
lo Contencioso-Administrativo4, en orden a que se declarara la nulidad de la
Resolución GNR 25303 del 24 de enero de 2014, mediante la cual le reconoció y
ordenó el pago de la pensión de jubilación a favor de María del Carmen Sánchez
Sereno.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la declaración de que Colpensiones no tenía competencia para el
reconocimiento pensional a favor María del Carmen Sánchez Sereno; ii) la
declaración de que la entidad previsional competente era la Ugpp; iii) la devolución
de las mesadas percibidas a partir de la fecha de inclusión en nómina; y iv) la
indexación de las sumas percibidas de la condena.
1.1.2. Fundamentos fácticos
5
3.Como hechos relevantes se señalaron los siguientes :
3.1. María del Carmen Sánchez Sereno nació el 24 de febrero de 1957, alcanzó el
estatus pensional el 24 de febrero de 2007, mientras estaba afiliada a la Caja
Nacional de Previsión Social6, realizó cotizaciones desde el 1º de agosto de 1982
hasta el 30 de junio de 2009.
3.2. El 19 de septiembre de 2013, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación, la cual fue reconocida a partir del 1° de febrero de 2014, mediante la
Resolución GNR 25303 del 24 de enero de 2014.
3.3. A través de los autos de pruebas APSUB 4102 del 9 de octubre y APSUB 4941
del 22 de noviembre de 2017, Colpensiones solicitó el consentimiento para revocar
la Resolución GNR 25303 del 24 de enero de 2014. La pensionada manifestó «NO
AUTORIZAR» la revocatoria del acto, mediante el radicado 2017_12097066 del 15 de
enero de 2018.
3.4. Por medio de la Resolución SUB 18993 del 23 de enero de 2018, fue remitido el
expediente administrativo a la Vicepresidencia jurídica y Secretaría General de la
Gerencia General Nacional de Defensa Judicial, con el objetivo de ejercer el medio
de control «de lesividad» contra la Resolución GNR 25303 de 2014. Decisión
confirmada mediante las resoluciones SUB 63032 del 6 de marzo de 2018 y DIR
5531 del 15 de marzo de 2018.
4 En adelante CPACA.
5 Folios 4 al 6 del expediente físico.
6 En adelante Cajanal.
2
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4.Como tales se señalaron la Constitución Política, las leyes 100 de 1993, 489 de
1998 y los decretos 813 de 1994, 2196 de 2009, 5021 de 2009 y 575 de 2013.
5.En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente7:
5.1. El acto demandado de reconocimiento pensional fue proferido por Colpensiones
sin la competencia para ello, toda vez que la beneficiaria «cumplió los requisitos de
edad y tiempo el día 24 de febrero de 2007 estando afiliada a la Caja Nacional de Previsión
Social, Cajanal EICE, - ya liquidada- hoy UGPP, anterior al 30 de junio de 2009, fecha en
la que se consolidó el traslado de los afiliados de CAJANAL al Seguro Social, considerando
que quienes hayan causado su derecho pensional con anterioridad a la referida fecha, el
reconocimiento pensional será competencia de CAJANAL hoy UGPP».
1.2. Contestación de la demanda
6.La Ugpp solicitó que se negaran las pretensiones del medio de control de acuerdo
con las siguientes razones:
6.1. El Instituto de Seguros Sociales8 hoy Colpensiones asumió el reconocimiento de
las pensiones causadas por los servidores públicos antiguamente vinculados a
Cajanal y trasladados el 1º de julio de 2009, sin que fuera relevante el tiempo de
cotización, en este sentido le correspondía a esa última entidad previsional el
reconocimiento pensional, por tratarse de la última entidad de afiliación de la
beneficiaria.
6.2. Finalmente, las excepciones procedentes son; i) falta de legitimación en la causa
por pasiva e inexistencia de la obligación; ii) prescripción y iii) innominada o
genérica.
1.3. La sentencia apelada
7.El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el
1º de agosto de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Al
respecto señaló lo siguiente:
7.1. María del Carmen Sánchez Sereno adquirió el estatus pensional el 24 de febrero
de 2007, al contar con 50 años de edad y 20 años de servicios, por su parte el
7 Folios 6 al 10 del expediente físico.
8 En adelante ISS.
3
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
traslado al ISS/Colpensiones fue efectivo desde el 1º de agosto de 2009, de manera
que el reconocimiento pensional le correspondía a la Ugpp por ser la entidad que
reemplazó a Cajanal, en cuanto al reconocimiento de obligaciones pensionales
causadas antes del traslado masivo, sin que genere algún cambio el hecho de que
Colpensiones fuera la última entidad de afiliación.
7.2. En este sentido, «si bien, por regla general, la competencia para resolver las
solicitudes de reconocimiento de los derechos pensionales es de la entidad a la cual se
encontraba afiliado el cotizante al momento de cumplir el estatus pensional, como lo alegó
la UGPP en la contestación, existen casos excepcionales que se someten a una
reglamentación especial. Uno de ellos se presenta con el Decreto 2196 de 2009, que, tras
ordenar y suprimir y liquidar a CAJANAL EICE, también prohibió la realización de
actividades relacionadas con su objeto social, lo que implicó el consecuente traslado de
afiliados al ISS/ hoy Colpensiones por ser la Entidad Administradora del Régimen de Prima
Media […] respecto de aquellos afiliados que hubieren cumplido con los requisitos de edad
y tiempo de servicio para obtener la pensión de jubilación o de vejez a la fecha en que se
haga efectivo el traslado a que se refiere el artículo 4º del presente Decreto, de acuerdo
con las normas que rigen la materia. Igualmente Cajanal […] continuará con la
administración de la nómina de pensionados, hasta cuando estas funciones sean asumidas
por la […] UGPP».
7.3. No obstante, la inclusión en la nómina de la Ugpp no será automática, por cuanto
la entidad realizará varias actuaciones previas para proferir el acto administrativo de
reconocimiento pensional, por lo que Colpensiones no podrá excluirla de su nómina
al estar «frente a un derecho sustancial del cual no fue discutida su existencia sino la
entidad responsable para su reconocimiento y pago. De disponerse la exclusión en la
nómina de pensionados de COLPENSIONES se afectarían los derechos pensionales de la
afiliada al dejarla desprotegida […] sin ingreso que le permitiera garantizar su mínimo vital».
7.4. Finalmente, concluyó que no procede la devolución de las sumas percibidas por
la pensionada, porque la presunción de buena fe de las actuaciones ejercidas por
aquella no fue desvirtuada por la demandante.
1.4. Los recursos de apelación
8.1.4.1. Colpensiones presentó recurso de apelación con base en los siguientes
argumentos9:
8.1. La buena fe presunta de las actuaciones ejercidas por la beneficiaria resultó
desvirtuada al tener conocimiento de los yerros cometidos por la entidad previsional
9
Folios 265 y 266.
4
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
y aun así negarse a autorizar la revocatoria del acto de reconocimiento pensional,
de manera que pretendió continuar con el pago de la mesada sin que la entidad
contara con la competencia para ello.
8.2. De no acceder a la pretensión de la devolución, se configuraría un perjuicio
inminente en contra de la estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones,
en la medida en que este debe contar con un flujo permanente de recursos, para un
adecuado funcionamiento que, a su vez, garantice el acceso a las pensiones de los
colombianos.
9.1.4.2.
La Ugpp presentó recurso de apelación con base en los siguientes
argumentos10:
9.1. El a quo pasó por alto que el acto demandado no fue proferido por esta entidad
previsional, de manera que no tiene competencia pensional, ni funcional ni la
defensa judicial, puesto que «la Unidad no cuenta con la competencia para realizar y/o
solicitar la declaración [de] nulidad de los actos administrativos expedidos por la
Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES en la acción de lesividad en
contra de la señora MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ DE SERENO por consiguiente UGPP
no tiene capacidad para actuar en los casos, y está en cabeza de COLPENSIONES y de
esta jurisdicción proceder al estudio del presente caso».
9.2. Además, si bien la entidad actúa como sucesora procesal de múltiples entidades
liquidadas, no puede asumir la titularidad de una afectación proveniente de un acto
administrativo proferido por Colpensiones, pues solo a aquella le corresponde la
responsabilidad por los vicios que se le endilguen a su propio acto.
9.3. Según lo dispuesto en el Decreto 2196 de 2009, la entidad tiene competencia
para atender las solicitudes de reconocimiento pensional de los trabajadores que
cumplieran con los requisitos antes del 1º de julio de 2009, «este supuesto tampoco
aplica a la situación pensional, pues si bien, conforme al acto de reconocimiento pensional
[…] la señora Sánchez tenía más de 20 años de servicio, según ese mismo actos, continuó
trabajando, por tanto no cumple el supuesto fáctico B por lo tanto es Colpensiones,
competente para resolver las solicitudes de personas que adquieran el estatus de pensional
con posterioridad a esa fecha».
9.4. Asimismo, existe una falta de legitimación en la causa para el pronunciamiento,
toda vez que no representa al titular de la obligación colectiva, equivalente a la
imposibilidad material para responder de fondo.
10
Folios 269 y 271.
5
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
1.5. Trámite en segunda instancia
10. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPCA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar11.
1.6. El Ministerio Público
11. El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia.
2. Consideraciones
2.1. Problemas jurídicos
12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia12, se circunscriben a
establecer ¿si la Ugpp era la competente para reconocer y pagar la pensión de
jubilación de María del Carmen Sánchez Sereno? Y de ser positiva la respuesta ¿si
procedía la devolución de las mesadas percibidas por la beneficiaria en virtud del
acto demandado?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Distribución de competencias entre la Ugpp y Colpensiones para el
reconocimiento de pensiones
13. La Ley 6ª de 194513 creó la «Caja Nacional de Previsión Social de los empleados y
11
Como se indicó en el auto del 29 de noviembre de 2024.
12
Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
13
«Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo».
6
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
obreros nacionales», entidad a la cual se le encargó el reconocimiento y pago de las
prestaciones de los «empleados y obreros» nacionales de carácter permanente. Por
su parte la Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones y para la
administración del régimen de prima media con prestación definida encargó, entre
otras entidades, al ISS, en los siguientes términos:
«Artículo 52. Entidades administradoras. El régimen solidario de prima media con
prestación definida será administrado por el Instituto de Seguros Sociales.
Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o
privado, administrarán este régimen respecto de sus afiliados y mientras dichas
entidades subsistan, sin perjuicio de que aquéllos se acojan a cualesquiera de los
regímenes pensionales previstos en esta Ley.
Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o
privado, estarán sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria».
14. Posteriormente, el gobierno nacional en el artículo 34 del Decreto 692 de 1994 14,
reiteró la anterior disposición y determinó que después del 31 de marzo de 1994 las
administradoras no podrían recibir nuevos cotizantes. Para tal efecto estableció:
«Artículo 34. Entidades administradoras del régimen de prima media. El régimen
solidario de prima media con prestación definida será administrado por el Instituto de
Seguros Sociales, así como por las cajas, fondos o entidades de previsión social
existentes al 31 de marzo de 1994, mientras subsistan. En todo caso, las entidades
diferentes del ISS, sólo podrán administrar el régimen respecto de las personas que a
31 de marzo de 1994 fueren sus afiliados, no pudiendo en consecuencia recibir nuevos
afiliados a partir de dicha fecha.
Las cajas o entidades que administren pensiones del nivel departamental, municipal o
distrital, podrán continuar afiliando trabajadores de estos niveles territoriales del sector
público, hasta el momento que señale el respectivo alcalde o gobernador, sin que exceda
del 30 de junio de 1995, fecha a partir de la cual, se regirán por lo dispuesto en el inciso
1° de este artículo».
15. Más adelante, a través de la Ley 490 de 1998 15 se transformó la naturaleza
jurídica de Cajanal y para el reconocimiento de las pensiones se determinó:
«Artículo 4. Reconocimiento y liquidación de pensiones. La Caja Nacional de Previsión
Social continuará con las funciones de trámite y reconocimiento de pensiones, así como
con el recaudo de las cotizaciones en los términos establecidos por la ley, las cuales
serán giradas mensualmente al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, entidad
que se encargará del pago de las respectivas pensiones. Las demás prestaciones
14
«Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993».
15
«Por la cual se transforma la Caja Nacional de Previsión Social de Establecimiento Público en
Empresa Industrial y Comercial del Estado y se dictan otras disposiciones».
7
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
económicas seguirán tramitándose, reconociéndose y concediéndose por Cajanal.
Las reservas que haya acumulado la Caja Nacional de Previsión Social hasta la vigencia
de la presente ley por concepto pensiones, serán entregadas al Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional.
Para atender el costo que demanden estas funciones y el pago de las primas de invalidez
y sobrevivencia, se destinará hasta el tres punto cinco (3.5) puntos de la cotización al
sistema general de pensiones establecido por la ley, previos los análisis periódicos que
permitan determinar los gastos de funcionamiento del acuerdo con los estudios
correspondientes. En todo caso, el Gobierno Nacional garantizará los aportes necesarios
para cubrir el costo que demande la administración de este sistema, en la medida en
que la reducción en el número de los afiliados disminuya los ingresos recibidos por
concepto de cotizaciones.
Las entidades públicas del orden nacional, que, de acuerdo con lo establecido en las
respectivas normas, estén obligadas a concurrir con el pago de las pensiones causadas
con anterioridad al primero de abril de 1994, suprimirán las obligaciones recíprocas que
por concepto de cuotas partes hayan asumido, efectuando en sus estados financieros
los registros contables correspondientes. Las obligaciones pensionales causadas a partir
de tal fecha, se financiarán además de los recursos previstos en la ley, con el bono
pensional o cuota parte que para el efecto deberá expedir la entidad que esté en la
obligación de concurrir en el pago de la respectiva pensión, o la que haga sus veces,
emitido a favor de la entidad encargada del pago de dicha prestación.
La Nación podrá pagar por cuenta de las entidades territoriales las cuotas obligatorias
cuando existan obligaciones recíprocas de pago de cuotas partes pensionales entre
entidades del orden nacional y entidades territoriales; procederá la compensación de las
mismas mediante convenios en los términos del Código Civil sin perjuicio que por
acuerdo de las partes puedan compensar dichas obligaciones de pagar cuotas partes
entre ellas».
16. La Ley 1151 de 200716 creó a la Administradora Colombiana de Pensiones y a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, y dispuso que el gobierno nacional realizaría todas las
acciones tendientes a la liquidación de Cajanal, Caprecom y el ISS. Al respecto
determinó:
«Artículo 155. De la institucionalidad de la seguridad social y la administración del
régimen de prima media con prestación definida. Con el fin de garantizar la actividad
de aseguramiento en pensiones, salud y riesgos profesionales en condiciones de
sostenibilidad, eficiencia y economía, se mantendrá una participación pública en su
prestación. Para el efecto, se autoriza a las entidades públicas para que se asocien entre
sí o con particulares para la constitución de sociedades que administran estos riesgos o
participen en el capital de las existentes o para que las entidades públicas enajenen
alguno o algunos de los negocios a otras entidades públicas o que los particulares
16
«Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010».
8
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
inviertan o participen en el capital de las entidades públicas.
Adicionalmente créase una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional,
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada
al Ministerio de la Protección Social, denominada Administradora Colombiana de
Pensiones, Colpensiones, cuyo objeto consiste en la administración estatal del
régimen de prima media con prestación definida incluyendo la administración de los
beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, de
acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle.
Colpensiones será una Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación
Definida, de carácter público del orden nacional, para lo cual el Gobierno, en ejercicio de
sus facultades constitucionales, deberá realizar todas las acciones tendientes al
cumplimiento de dicho propósito, y procederá a la liquidación de Cajanal EICE,
Caprecom y del Instituto de Seguros Sociales, en lo que a la administración de
pensiones se refiere. En ningún caso se podrá delegar el reconocimiento de las
pensiones.
[…]
Artículo 156. Gestión de obligaciones pensionales y contribuciones parafiscales
de la protección social. Créase la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente. Esta Unidad Administrativa tendrá a su cargo:
i) El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos
pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como auxilios
funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden
nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el
reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su
liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las gestiones inherentes a este
numeral, tales como la administración de base de datos, nóminas, archivos y
asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003;
ii) Las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y
oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social.
Para este efecto, la UGPP recibirá los hallazgos que le deberán enviar las entidades que
administran sistemas de información de contribuciones parafiscales de la Protección
Social y podrá solicitar de los empleadores, afiliados, beneficiarios y demás actores
administradores de estos recursos parafiscales, la información que estime conveniente
para establecer la ocurrencia de los hechos generadores de las obligaciones definidas
por la ley, respecto de tales recursos. Esta misma función tendrán las administraciones
públicas. Igualmente, la UGPP podrá ejercer funciones de cobro coactivo en armonía
con las demás entidades administradoras de estos recursos.
[…]
La UGPP ejercerá sus funciones de acuerdo con lo que defina la reglamentación que en
el ejercicio de sus potestades constitucionales expida el Gobierno Nacional, la cual
deberá tener en cuenta el objeto y funciones que correspondan a la Administradora de
9
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
Régimen de Prima Media a que se refiere el artículo anterior, y a las que la Unidad
Administrativa Especial le corresponda. […]». [Se resalta].
17. De otra parte, el Decreto 169 de 200817 determinó, entre otras, las siguientes
funciones a cargo de la Ugpp:
«Artículo 1°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en concordancia con el artículo 156 del Plan
Nacional de Desarrollo, Ley 1151 de 2007, tendrá las siguientes funciones:
A. En cuanto al reconocimiento de derechos pensionales y de prestaciones económicas
1. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de
las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media con
Prestación Definida del orden nacional, causados hasta su cesación de actividades
como administradoras; así como el de aquellos servidores públicos que hayan
cumplido el tiempo de servicio requerido por la ley para acceder a su
reconocimiento y se hubieren retirado o desafiliado del Régimen de Prima Media
con Prestación Definida sin cumplir el requisito de edad señalado, con
anterioridad a su cesación de actividades como administradoras. De igual manera,
le corresponderá la administración de los derechos y prestaciones que reconocieron las
mencionadas administradoras y los que reconozca la Unidad en virtud de este numeral.
2. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de
las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación,
se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté
desarrollando. También le compete la administración de los derechos y prestaciones que
las mencionadas entidades hayan reconocido y los que reconozca la UGPP en virtud de
este numeral.
Las entidades públicas del orden nacional a que se refiere el inciso anterior, continuarán
con el reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas hasta que
se asuma esta función por su traslado a la UGPP. La UGPP asumirá esta función en los
términos del Decreto 254 de 2000. […]». [Se resalta].
18. En desarrollo de las obligaciones previstas por los artículos 155 y 156 de la
mencionada Ley 1151 de 2007, el gobierno nacional suprimió y ordenó la liquidación
de Cajanal a través del Decreto 2196 de 2009 18, para lo cual dispuso, respecto de
la administración de los asuntos pensionales, lo siguiente:
«Artículo 3°. Prohibición para iniciar nuevas actividades. Como efecto de la liquidación
aquí ordenada, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación, no
podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social, por lo tanto,
17
«Por el cual se establecen las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, y se armoniza el procedimiento de
liquidación y cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social».
18
«Por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su
liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones».
10
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
conservará su capacidad jurídica únicamente para realizar los actos, operaciones y
contratos necesarios en orden a efectuar su pronta liquidación.
En todo caso, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación
adelantará, prioritariamente, las acciones que permitan garantizar el trámite y
reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines con dichos
trámites, respecto de aquellos afiliados que hubieren cumplido con los requisitos
de edad y tiempo de servicio para obtener la pensión de jubilación o de vejez a la
fecha en que se haga efectivo el traslado a que se refiere el artículo 4° del presente
Decreto, de acuerdo con las normas que rigen la materia. Igualmente, Cajanal, EICE,
en liquidación continuará con la administración de la nómina de pensionados, hasta
cuando estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, creada por la
Ley 1151 de 2007.
Para tales efectos atenderá las solicitudes y peticiones que se le presenten y celebrará
los contratos de administración u operación que sean necesarios. […] ». [Se resalta].
19. En efecto, en el artículo 4 de la referida norma se dispuso el traslado de los
afiliados de Cajanal al Instituto de Seguro Social dentro del mes siguiente a su
entrada en vigencia, esto fue el 12 de julio de 2009.
20. Más tarde, a través del Decreto 4269 de 2011 19 se repartieron las competencias
entre Cajanal y la Ugpp para los reconocimientos pensionales efectuados a partir
del 8 de noviembre de 2011, de la siguiente manera:
«Artículo 1°. Distribución de competencias. La ejecución de los procesos misionales de
carácter pensional y demás actividades afines que se indican a continuación, será
ejercida por la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en Liquidación y la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social - UGPP, en los siguientes términos:
1. Atención de solicitudes relacionadas con el reconocimiento de derechos
pensionales y prestaciones económicas.
Estarán a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, las solicitudes de
reconocimientos de derechos pensionales y prestaciones económicas, radicadas a
partir del 8 de noviembre de 2011.
A cargo de la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en Liquidación estarán
las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas,
radicadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2011.
2. Atención del proceso de administración de la nómina de pensionados.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
19
«Por el cual se distribuyen unas competencias».
11
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
de la Protección Social - UGPP será la entidad responsable de la administración de la
nómina a partir del mes de diciembre de 2011, incluido el reporte de las novedades que
se generen al Administrador Fiduciario del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel
Nacional -FOPEP- Para efectos de la incorporación de las novedades de nómina
originadas en la atención de las solicitudes que están a cargo de Cajanal EICE en
Liquidación, esta entidad deberá hacer entrega a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP de la
información completa y necesaria para que se pueda efectuar dicha inclusión.
3. Proceso de Atención al Pensionado, Usuarios y Peticionarios
A partir del 8 de noviembre de 2011, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, asumirá
integralmente el proceso de atención a los pensionados, usuarios y peticionarios, así
como la radicación de los documentos, independientemente de que los servicios
requeridos se deriven de solicitudes que deban ser tramitadas por Cajanal EICE en
Liquidación, de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en el numeral
1 del presente artículo.
Parágrafo. En aquellos casos en que en la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP se presente una
solicitud prestacional que deba ser resuelta en forma integral con una solicitud de una
prestación diferente que esté pendiente de resolver y que sea competencia de Cajanal
EICE en Liquidación, de acuerdo con lo definido en el numeral 1 del presente, artículo,
la UGPP será la entidad competente para resolver ambas solicitudes». [Se resalta].
21. Aunado a lo anterior, mediante los decretos 201120 y 201321 de 2012, se
reglamentó la entrada en operación de Colpensiones, se suprimió el ISS y se ordenó
su liquidación, respectivamente. En consecuencia, la administración del régimen
pensional de prima media con prestación definida le fue atribuida a Colpensiones.
22. Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en
reiteradas oportunidades22, ha sostenido que, para reconocer y pagar las
pensiones, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley 100 de 1993,
la distribución de competencias asignadas a la Ugpp y a Colpensiones deberá ser
entendida de la siguiente manera:
«a. Compete a la UGPP el reconocimiento de las pensiones de aquellas personas que
antes del 1º de julio de 2009 adquirieron el derecho a la pensión, es decir, cumplieron
20
«Por el cual se determina y reglamenta la entrada en operación de la Administradora Colombiana
de Pensiones – Colpensiones, y se dictan otras disposiciones».
21
«Por el cual se suprime el Instituto de Seguros Sociales, ISS, se ordena su liquidación, y se dictan
otras disposiciones».
22
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, conflicto negativo de
competencias del 24 de febrero de 2020, radicación: 11001-03-06-000-2019-00198-00. M.P. Óscar
Darío Amaya Navas; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, conflicto negativo de
competencias del 17 de febrero de 2021, radicación: 11001-03-06-000-2020-00244-00. M.P. Edgar
González López.
12
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
los requisitos de edad y número de semanas cotizadas o tiempo de servicios exigidos,
siempre y cuando estuvieran afiliadas en ese momento a Cajanal.
b. Compete también a la UGPP el reconocimiento de las pensiones de aquellas personas
que, estando afiliadas a Cajanal o a otras cajas, fondos o entidades públicas autorizadas
por el artículo 52 de la Ley 100 de 1993 para administrar pensiones en el régimen de
prima media, cumplieron el requisito de tiempo de servicios o número de semanas
cotizadas exigido por la ley, y se retiraron o desafiliaron del régimen de prima media con
prestación definida antes de la cesación de actividades de la respectiva caja, fondo o
entidad, para esperar el cumplimiento de la edad.
c. En los demás casos, el reconocimiento y pago de las pensiones en el régimen de
prima media con prestación definida compete a Colpensiones, como administradora
general de dicho régimen en la actualidad».
23. Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 12 de
junio de 2020 concluyó23:
«42. Con base en lo anterior, se puede establecer que de conformidad con las reglas
establecidas por los artículos 6º del Decreto 813 de 1994, 1º del Decreto 2527 de 2000
y 3º y 4º del Decreto 2196 de 2009, la UGPP es competente para decidir sobre una
solicitud pensional, en los siguientes eventos:
i) Cuando el afiliado cumplió el estatus jurídico de pensionado antes del 1º de julio de
2009, fecha en que se efectuó el traslado de que trata el artículo 4º del decreto 2196 de
2009 (se entiende que debía estar afiliado a CAJANAL al momento de adquirir el
estatus).
ii) Cuando el afiliado cumplió los 20 años de servicio cotizados a CAJANAL sin tener la
edad, antes del 1º de julio de 2009 y si se retiró de esta a la espera de la edad y sin
haberse afiliado al ISS o al régimen de ahorro individual.
iii) Cuando el afiliado cotizante cumplió los 20 años de servicios con CAJANAL al 1º de
abril de 1994, pero no tenía para esa fecha el requisito de edad y este último lo reunió
antes del 1º de julio de 2009, sin importar que se haya afiliado al ISS, en cualquier
momento.
iv) Cuando el afiliado cumplió en su totalidad con el estatus jurídico de pensionado, antes
del 1º de abril de 1994 en CAJANAL, así se haya trasladado con posterioridad al ISS.
43.Con base en la misma normativa, se puede determinar que COLPENSIONES es
competente para resolver la solicitud de reconocimiento pensional, cuando:
i) El afiliado completó 20 años de servicios cotizados con CAJANAL, pero cumplió el
requisito de la edad con posterioridad al 30 de junio de 2009 cotizando al ISS.
ii) El afiliado reunió el tiempo de servicios con CAJANAL, pero no tenía la edad estando
afiliado a dicha entidad, y se trasladó al ISS antes del 30 de junio de 2009, es decir,
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de junio de 2020, radicación: 88001-23-
33-000-2017-00040-01 (2116-18). M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
13
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
previo del traslado masivo al ISS producto de la liquidación de CAJANAL.
iii) El afiliado cumplió con 20 años de servicios cotizados a CAJANAL, pero a la entrada
en vigencia del sistema general de pensiones (1º de abril de 1994) no tenía la edad, y
cumplió la edad y adquirió el estatus jurídico de pensionado después del 30 de junio de
2009.
iv) El afiliado cumplió 20 años de servicios cotizados a CAJANAL, sin cumplir el requisito
de edad antes del 1º de abril de 1994, y se retiró de esta antes del 1º de julio de 2009,
por traslado voluntario al ISS, cumpliendo la edad estando afiliado a este instituto, es
decir, luego del 30 de junio de 2009.
v) Cuando el servidor público, en cualquier momento, se trasladó voluntariamente al ISS
y cumplió el estatus jurídico de pensionado cotizando con dicha entidad».
24. Así las cosas, para una mejor comprensión, la distribución de las competencias
asignadas a la Ugpp y Colpensiones para decidir sobre una solicitud pensional
quedarán así:
Competencia de la UGPP Competencia de Colpensiones
• Adquirió el estatus jurídico antes del 1° de julio de 2009. - Mientras estaba afiliado a Cajanal cumplió los 20
• Al reunir 20 años de servicio cotizados a Cajanal, antes años de servicio cotizados a esa entidad, pero
del 1° de junio de 2009 se retiró del servicio a la espera de consumo el requisito de edad con posterioridad al 30
cumplir el requisito de edad. de junio de 2009, cotizando al ISS.
• Al 1° de abril de 1994, mientras estaba afiliado a Cajanal - Mientras estaba afiliado a Cajanal cumplió con el
cumplió los 20 años de servicio, pero no cumplía con el tiempo de servicio, pero no tenía la edad y se
requisito de la edad y este último se consumó antes del 1° trasladó voluntariamente al ISS antes del 30 de junio
de julio de 2009, sin importar que se haya afiliado al ISS en de 2009.
cualquier momento. - Mientras estaba afiliado a Cajanal cumplió los 20
• Antes del 1° de abril de 1994, mientras se encontraba años de servicio cotizados a esa entidad, pero a la
afiliado a Cajanal adquirió el estatus pensional, así se haya entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no tenía
trasladado con posterioridad al ISS. la edad y adquirió el estatus pensional después del
30 de junio de 2009.
• Mientras estaba afiliado a Cajanal cumplió los 20
años de servicio cotizados a esa entidad, pero a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no tenía
la edad, se trasladó voluntariamente al ISS antes del
30 de junio de 2009 y cumplió la edad luego de esta
fecha.
• En cualquier momento se traslado voluntariamente
al ISS y cumplió el estatus jurídico de pensionado
cotizando a dicha entidad.
2.2.2. Del principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para la
devolución de prestaciones periódicas
24. La institución de la buena fe nace como regla moral regida por el honor y el crédito
personal, luego como regla de derecho. En su origen, en Roma, la fides hacía
referencia a las relaciones entre Dios y el hombre y se le daba su nombre cuando
había cumplido a cabalidad lo que se decía o lo que se había prometido y entre las
14
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
partes se actuaba de acuerdo con lo convenido. Es la fidelidad de la palabra al estar
ligado a su propia declaración24.
25
25. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos , «(l)a buena fe (del latín,
bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de
honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión,
o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las partes
interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina "principio de
probidad"», entiéndase por probidad, de conformidad con la Real Academia de la
Lengua Española26, como honradez.
27
26. La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 1995 , sostuvo que «(l)a buena
fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho,
ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras
relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás
procedan en al (sic) misma forma».
27. El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el Código
Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció:
«Artículo 769. <Presunción de buena fe>. La buena fe se presume, excepto en los
casos en que la ley establece la presunción contraria.
En todos los otros, la mala fe deberá probarse»28.
28. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 835 dispuso que «(s)e
presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una
persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo».
Este cuerpo normativo, en los artículos 863 y 871 previó el principio de la buena fe
como rector de los contratos en las etapas precontractual y contractual y su
ejecución.
29
29. A su turno, el Código Contencioso Administrativo en su artículo 136, numeral
2, estableció que «(l)os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá
24 Schulz Fritz, Principios del Derecho Romano, editorial Civitas, Madrid, 2000, página 143.
25Tesauro Interamericano de Derechos Humanos. Principio de buena fe
https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20una%
20conducta.
26 https://dle.rae.es/probidad?m=form.
27 Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
28 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-540-95 del 23
de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
29 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.
15
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe» (Negrilla del
texto original).
30. Eldesarrollo más importante del principio de la buena fe en nuestro
ordenamiento jurídico se encuentra en artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, el cual dispuso:
«Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas».
31. Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que
gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional30 ha sostenido que el principio de la buena fe es aquel que
exige, tanto a las autoridades, como a los particulares acomodar sus
comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría
una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena fe presupone la existencia de
relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».
32. En dicha providencia la Corte Constitucional se refirió a la buena fe, así:
«La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere
fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada.
En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del particular y
constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad. La doctrina, por su
parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a la
buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire contra
factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso de
requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales
circunstancias. No es posible reducir la infracción de la buena fe a casos tipificados
legalmente. De ahí que la aplicación de este principio suponga incorporar elementos
ético-jurídicos que trascienden la ley y le dan su real significado, suscitando en muchas
ocasiones la intervención judicial para calificar la actuación pública según las
circunstancias jurídicas y fácticas del caso». (Resalta la Sala).
33. De lo transcrito se advierte que para calificar la conducta se debe analizar la
situación particular en cada caso, de cara a esos comportamientos honestos que se
espera de los particulares cuando acuden a la administración. Valga resaltar que
esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó bajo ese principio
30
Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
16
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el caso concreto;
empero el derrotero será siempre la verificación de un actuar honesto de cada parte.
34. La Corte Constitucional en la sentencia C-131 de 200431, en cuanto a la
aplicación del principio de la buena fe, sostuvo:
«El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de
honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la
cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los
particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial
del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el
ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal
suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más
congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos
intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético de la confianza y
significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso
concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha
producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las
facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del
sistema jurídico». (Se resalta).
35. Así las cosas, el principio de rango constitucional de la buena fe presupone
obligaciones recíprocas relacionadas con la confianza, seguridad y credibilidad; sin
embargo, se ha considerado que este no constituye un postulado absoluto, sino que
tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría constitucional,
tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el desarrollo de la función
administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la economía, entre otros32.
36. En materia de lo contencioso-administrativo, el literal c) del numeral 1 del artículo
164 del CPACA al referirse a la oportunidad para presentar la demanda en contra
de actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas,
previó que podían ser demandados en cualquier tiempo y recalcó que «no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», postulado que
tiene como fin el de amparar a quienes hayan percibido prestaciones periódicas
como consecuencia de decisiones adoptadas de manera errónea por la
administración.
31
Sentencia C-131 de 2004 del 19 de febrero de 2004. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
32
Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.
17
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
37. De acuerdo con la norma, el poder público no puede defraudar la legítima
confianza que los ciudadanos esperan de su actuación, en razón a que la expresión
de la voluntad contenida en el acto de reconocimiento se fundamenta en criterios
sólidos «que indu(cen) racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de
legalidad de una actuación administrativa concreta. No puede deducirse de manera
subjetiva o sicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas»33, en otras palabras,
el beneficiario del derecho reconocido por la administración actúa con la convicción
en que el acto está sujeto a la legalidad; razón por la cual el ordenamiento
colombiano protege a quienes se benefician de prestaciones pagadas a particulares
de buena fe.
38. Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que el beneficiario
de una prestación actuó en forma deshonesta al momento de reclamar el derecho,
es decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe i) ser previa a la
expedición del acto que reconoce el derecho; y ii) derivarse de un hecho concreto
en que el beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el propósito de
acceder al derecho.
39. Respecto de la recuperación de los dineros pagados a los particulares de buena
fe, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 6 de marzo de
200834, hizo énfasis en que la mala fe del particular debía ser probada por quien la
alega. En este fallo se dijo lo siguiente:
«Por último como el numeral 2º del artículo 136 del C.C.A. dispone que “Los actos que
reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la
administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe”, igualmente deberá confirmarse en este sentido la
decisión apelada, pues, el demandado está amparado por el principio de la buena fe, ya
que no se afirmó, ni demostró que hubiera incurrido en actos dolosos y de mala fe para
obtener la pensión de jubilación, por lo tanto no está obligado a devolver lo que ya le fue
pagado por este concepto35».
43. Posteriormente, en la sentencia del 15 de septiembre de 2016 36, la corporación
indicó:
33
Citado en Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre
de 2014. Radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013), M.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
34
Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 0488-07. Magistrado ponente: Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
35
Sentencia de 21 de junio de 2007. Expediente: 0950-06. Magistrada ponente: Ana Margarita Olaya
Forero.
36
Sentencia del 15 de septiembre de 2016. Radicado 5200123-33-000-2012-00121-01(4402-13).
18
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
«Por ello, la Sala estima que no existen elementos probatorios suficientes para
determinar que el demandado al recibir37 la cantidad de $73.647.865, 54 actuó de mala
fe, pues, conforme al artículo 83 de la Carta Política, la buena fe se presume, y para
desvirtuar su existencia debe operar prueba en contrario porque —se repite— en el
desprendible de pago no se detallan los conceptos. Dicha suma, según se afirma en el
recurso de apelación, corresponde a mesadas pensionales atrasadas, desde el 31 de
marzo de 2008, fecha en que el fallo de tutela del Juzgado Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Pasto ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación con el 100% de la bonificación por servicios prestados (f. 309).
Sobre la buena fe, es oportuno recordar lo que la Corte Constitucional ha dicho: (…)38
Así las cosas, bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las
actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que
sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba
en contrario, la presunción de buena fe que protege las actuaciones de los particulares
se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni
mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al margen de la presunción que favorece
a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al
principio de constitucionalidad que informa la ley y al principio de legalidad que nutre la
producción de los actos administrativos (…)
(…)
Por lo visto, se ha de revocar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia,
puesto que el demandado, al actuar de buena fe, no tiene que reintegrar las prestaciones
que le pagaron, de conformidad con el artículo 164, numeral 1, letra c), del CPACA».
44. En pronunciamiento del 18 de marzo de 202139, sostuvo:
«25. De acuerdo con lo anterior, el principio de la buena fe incorpora una presunción
legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos
probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error de la
administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales, no
Magistrado ponente Camelo Perdomo Cuéter.
37
«El apoderado del demandado en el recurso de apelación afirma que el señor Ramiro Valdemar
Villota sí recibió la suma de $73,647,865,54 cuando dice que «no debe perderse de vista que a mi
poderdante se le reconocieron y cancelaron en el mes de mayo de 2013, por parte de CAJANAL
unos valores generados del reconocimiento del 100% de la bonificación por servicios (…)» (F. 309)».
38
«Corte Constitucional. Sentencia C-840 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería».
39
Consejo de Estado Sección Segunda. Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia
de 18 de marzo de 2021. Radicación: 19001-23-33-000-2015-00204-01(5834-19).
19
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
puede permitir a la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un
dinero que fue recibido por una persona de buena fe».
40. Corolario de lo dicho, en todos los actos de los particulares y de las autoridades
se presume la buena fe, razón por la cual cuando se pretenda acreditar lo contrario
se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal principio. Para ello, quien lo
alega debe direccionar su teoría del caso a demostrar una conducta deshonesta
que le permitió el acceso a un derecho a efectos de demostrar que actuó con
desconocimiento de los postulados de la buena fe.
41. En ese orden, para que proceda el reintegro de las prestaciones periódicas
reconocidas y pagadas, se hace necesario que la entidad pruebe que el pensionado
incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de la actuación
administrativa que, a la postre, conllevó al reconocimiento de la pensión.
42. En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda de
lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras fraudulentas,
como la presentación de documentos que no gozan de veracidad, o que contienen
información que no revelan la realidad, indican una actuación temeraria e
intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no tendría derecho sin
ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con la devolución de los dineros
recibidos como consecuencia del irregular reconocimiento de la prestación40.
43. Así las cosas, por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o
apócrifo dentro de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el
reconocimiento de un derecho pensional, permitiría desvirtuar la presunción de
buena fe que gobierna los actos del peticionario, haciendo viable así, la
recuperación de los dineros pagados de manera indebida.
44. Ahora bien, en concordancia con los postulados constitucionales y legales antes
descritos, la jurisprudencia ha protegido a los particulares que de buena fe se les ha
reconocido el pago de prestaciones periódicas como consecuencia de decisiones
40 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, exp. 1783-01, Magistrada
Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los dineros
que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala fe con
que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas
certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una
prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la
buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por
tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas,
debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo. (Negrillas fuera de texto original)».
20
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
tomadas de manera errónea por la administración; sin embargo, esta protección no
acontece en los casos en los que se presentan actuaciones dudosas con la finalidad
de obtener el reconocimiento de una pensión. Con todo, se hace necesario que se
demuestre la comisión de tales conductas dudosas, deshonestas o fraudulentas que
llevaron al reconocimiento de una prestación para que proceda la devolución de
esas sumas de dinero pagadas.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
25.En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
25.1. María del Carmen Sánchez Sereno nació el 24 de febrero de 195741 y laboró
en la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá desde el 1°
de septiembre de 1979 hasta el 30 de abril de 2015 y realizó aportes en Cajanal
desde el 1° de septiembre de 1979 hasta el 31 de julio de 200942 .
25.2. El 5 de agosto de 201343, la Dirección Ejecutiva, mediante el formato 1 para la
información laboral, certificó que realizó aportes en Cajanal desde el 1º de agosto
de 1982 hasta el 31 de julio de 2009 y en el ISS desde el 1º de agosto de 2009
hasta la fecha del certificado.
25.3. El
5 de septiembre de 2013, la Rama Judicial, Dirección Seccional de
Administración Judicial, mediante el formato 1 para la información laboral, certificó
que prestó sus servicios desde el 1º de marzo de 2002 hasta el 31 mayo de 2004,
tiempo en el cual realizó aportes a la Cajanal.
25.4. Mediante la Resolución GNR 25303 del 24 de enero de 2014, Colpensiones
reconoció el pago de una pensión de jubilación a favor de María del Carmen
Sánchez Sereno por $3’270.745 a partir del 1º de febrero de 2014, cuyo estatus
pensional fue alcanzado el 24 de febrero de 2007, con fundamento en las
disposiciones del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y de los decretos 546 de 1971,
717 de 1978 y 1045 de 1978.
25.5. El
30 de abril de 2015, el juez segundo penal municipal de Girardot
[Cundinamarca] aceptó la renuncia presentada por María del Carmen Sánchez
41 Folio 1, CD1.
42 Certificado proferido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá, el 5
de febrero de 2018, a través del formato 1 para la información laboral.
43
Folio 1, CD1.
21
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
Sereno quien desempeñó en propiedad el cargo de secretaria del juzgado.
25.6. A
través de la Resolución APSUB 4941 del 22 de noviembre de 2017,
Colpensiones solicitó el consentimiento a la beneficiaria para revocar la Resolución
GNR 25303 del 24 de enero de 2014, al considerar lo siguiente:
«Que según los FORMATOS No. 1 anexos al expediente se evidencia que el asegurado
desde el 01 de agosto de 1982 hasta el 30 de junio de 2009 con el empleador RAMA
JUDICIAL NIT. 800165862, realizó cotizaciones a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL –
CAJANAL- (hoy Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales -UGPP).
Que la señora SÁNCHEZ SERENO MARÍA DEL CARMEN, cotizó más de 20 años de servicio a
CAJANAL (hoy Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP), los
cuales se acreditaron en el año 2002, además cumplió la edad requerida para acceder
a la pensión de vejez el 24 de febrero de 2007.
Que de conformidad con las normas precitadas se concluye que COLPENSIONES no tenía
la competencia para resolver la solicitud de pensión vejez solicitada…
Que adicional a lo anterior la prestación se liquidó erradamente dando como resultado
un mayor valor de mesada pensional, toda vez que se liquidó con IBC de la historia
laboral sin tener en cuenta factores salariales por doceavas partes».
25.7. Por medio del auto de pruebas APSUB 4102 del 9 de octubre de 2017 fue
solicitado nuevamente el consentimiento, para revocar la Resolución GNR 25303.
25.8. El 23 de enero de 2018, Colpensiones profirió la Resolución SUB 1899344 a
través de la cual fue remitido el expediente a la Vicepresidencia Jurídica y Secretaría
General – Gerencia Nacional de Defensa Judicial de Colpensiones, con el fin de
ejercer el medio de control de lesividad en contra de la Resolución GNR 25303 del
24 de enero de 2014. Decisión confirmada por las resoluciones SUB 63032 del 6 de
marzo de 2018 y DIR 5531 del 15 de marzo de 2018.
25.9. El 5 de febrero de 2018, la coordinadora del área de talento humano de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá certificó la
siguiente información:
Cargo Despacho Fecha de inicio Fecha de retiro
Citador III Juzgado 1 Penal Municipal Tocaima - 1979-09-01 1979-10-15
Cundinamarca
Citador III Juzgado 2 Penal Municipal Tocaima – 1979-10-16 1989-05-30
Cundinamarca
Citador IV Juzgado 1 Penal Municipal Tocaima - 1989-05-01 1989-05-31
Cundinamarca
Citador III Juzgado 2 Penal Municipal Tocaima - 1989-09-01 1989-09-03
44
En la presente resolución se indicó que mediante el radicado 2017_12097066 del 15 de enero de
2018, María del Carmen Sánchez Sereno manifestó NO AUTORIZAR la revocatoria de la Resolución
GNR 25303 del 24 de enero de 2014. Folio 1, CD1.
22
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
Cundinamarca
Citador III Juzgado 1 Penal Municipal Tocaima - 1989-09-04 1989-11-06
Cundinamarca
Secretario municipal Juzgado 1 Penal Municipal Tocaima - 1989-11-07 1993-10-10
Cundinamarca
Secretario municipal Juzgado 3 Penal Municipal Girardot - 1993-10-11 1994-02-10
Cundinamarca
Secretario municipal Juzgado 1 Penal Municipal Tocaima - 1994-02-11 1995-02-15
Cundinamarca
Secretario municipal Juzgado 3 Penal Municipal Girardot - 1995-02-16 1995-11-15
Cundinamarca
Secretario municipal Juzgado 1 Penal Municipal Tocaima - 1995-11-16 1997-01-10
Cundinamarca
Secretario municipal Juzgado 2 Promiscuo Municipal 1997-01-11 1997-09-03
Cajicá - Cundinamarca
Secretario municipal Juzgado 2 Penal Municipal Girardot – 1997-09-04 2002-02-28
Cundinamarca
Secretario municipal Juzgado 2 Penal Municipal Girardot – 2002-03-01 2015-04-30
Cundinamarca
Histórico de fondos
Fondo de pensión Fecha de afiliación Fecha desafiliación
ISS 2009-08-01
Cajanal 1994-05-01 2009-07-31
2.4. Análisis sustancial
26. A efectos de abordar los problemas jurídicos planteados, se advierte que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar que María del
Carmen Sánchez Sereno adquirió el estatus pensional el 24 de febrero de 2007, al
contar con 50 años de edad y 20 años de servicios. Por su parte el traslado al
ISS/Colpensiones fue efectivo desde el 1º de agosto de 2009, de manera que el
reconocimiento pensional le correspondía a la Ugpp, por ser la entidad que
reemplazó a Cajanal, en cuanto al reconocimiento de obligaciones pensionales
causadas antes del traslado masivo, sin que genere algún cambio el hecho de que
Colpensiones fuera la última entidad de afiliación.
27. Colpensiones pidió se revocara parcialmente la decisión de instancia, en cuanto
negó la pretensión de devolución de las sumas pagadas a la pensionada, al
considerar que la buena fe de las actuaciones ejercidas por la beneficiaria resultó
desvirtuada, toda vez que tuvo conocimiento de los yerros cometidos por la entidad
previsional, pese a lo cual negó la autorización para la revocatoria del acto de
23
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
reconocimiento pensional, de manera que pretendió continuar con el pago de la
mesada sin que la entidad contara con la competencia para ello.
28. La Ugpp solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, porque, en
primer lugar, el acto demandado no fue proferido por esta entidad previsional, de
manera que no tiene competencia pensional, ni funcional ni la defensa judicial,
puesto que «la Unidad no cuenta con la competencia para realizar y/o solicitar la
declaración [de] nulidad de los actos administrativos expedidos por la Administradora
Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES en la acción de lesividad en contra de la señora
MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ DE SERENO por consiguiente UGPP no tiene capacidad para
actuar en los casos, y está en cabeza de COLPENSIONES y de esta jurisdicción proceder al
estudio del presente caso».
29. En segundo lugar, según lo dispuesto en el Decreto 2196 de 2009, la entidad
tiene competencia para atender las solicitudes de reconocimiento pensional de los
trabajadores que cumplieran con los requisitos antes del 1º de julio de 2009, «este
supuesto tampoco aplica a la situación pensional, pues si bien, conforme al acto de
reconocimiento pensional […] la señora Sánchez tenía más de 20 años de servicio, según
ese mismo actos, continuó trabajando, por tanto no cumple el supuesto fáctico B por lo tanto
es Colpensiones, competente para resolver las solicitudes de personas que adquieran el
estatus de pensional con posterioridad a esa fecha».
30. Asimismo, existe una falta de legitimación en la causa para el pronunciamiento,
toda vez que no representa al titular de la obligación colectiva, equivalente a la
imposibilidad material para responder de fondo.
31. En ese orden se precisa que, inicialmente se verificará si la Ugpp es la entidad
competente para el reconocimiento de la pensión de jubilación a favor de María del
Carmen Sánchez Sereno, luego se estudiarán los demás argumentos en los que se
sustentaron los recursos de apelación.
32. 2.4.1. Sobre la competencia para el reconocimiento del derecho pensional
33. De acuerdo con las reglas de competencia establecidas en el Decreto 2196 de
2009 y desarrolladas por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado45, la definición de la competencia para el reconocimiento de pensiones entre
Colpensiones y la Ugpp exige la valoración de información como la fecha en que se
causó el derecho, entendido como el momento en que concurrieron el cumplimiento
de los requisitos de edad y tiempo de servicio exigibles al trabajador.
45
Concepto del 18 de julio de 2016 en consulta con radicado 2016-00206-00.
24
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
34. Para establecer lo anterior, debe tomarse en consideración que los términos del
reconocimiento pensional a favor de María del Carmen Sánchez Sereno, previstos
en la Resolución GNR 25303 del 24 de enero de 2014, no fueron cuestionados en
el presente asunto, de manera que el monto reconocido [$3’270.745], la fecha de
efectividad [1º de febrero de 2014], del estatus pensional [24 de febrero de 2007], y
el régimen aplicable [el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los decretos 546 de
1971, 717 de 1978 y 1045 de 1978], no serán objeto de estudio en esta oportunidad.
35. Asimismo, en virtud de las certificaciones proferidas el 5 de febrero de 2018 y 5
de agosto de 2013, la Dirección Ejecutiva certificó la realización de los aportes a
Cajanal entre el 1° de septiembre de 1979 y el 31 de julio 2009 y al ISS
[Colpensiones] entre el 1° de agosto de 2009 y el 30 de abril de 2015, durante el
tiempo en el que asumió Colpensiones la administración de los aportes del ISS.
36. En tales condiciones, el causante cumplió la totalidad de requisitos para adquirir
el derecho a una pensión antes del traslado de las obligaciones pensionales de
Cajanal al ISS, esto es el 24 de febrero de 2007. En consecuencia, de conformidad
con las reglas de competencia explicadas en el acápite del marco normativo y
jurisprudencial, la Sala estima que, tal como lo consideró Colpensiones en el auto
APSUB 4941 del 22 de noviembre de 2017 y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la sentencia de primera instancia, era la Ugpp la llamada a
reconocer y pagar el derecho pensional causado.
37. Ahora bien, respecto a la falta de legitimación por parte de la Ugpp que le impiden
materialmente responder de fondo respecto del reconocimiento pensional emitido
por Colpensiones, la Sala advierte que, en ejercicio del derecho de contradicción, la
entidad previsional contestó la demanda, a través de la cual propuso la excepción
de «falta de legitimación en la causa por pasiva», que fue resuelta por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A por medio del
auto del 15 de abril de 2024, declaró no probada la excepción, con fundamento en
que:
«el problema jurídico versa sobre cuál es la entidad llamada a reconocer la pensión
comoquiera que, según se narra en la demanda, la tercera interesada cumplió los
requisitos de tiempo y edad el 24 de febrero de 2007, época para la cual, se encontraba
afiliada a la extinta CAJANAL – hoy UGPP-; bajo ese entendido, argumenta la accionante
que la entidad en quien reposa la obligación de pagar la prestación no sería
COLPENSIONES sino la UGPP.
No debe perderse de vista que el restablecimiento del derecho se encuentra encaminado
a que sea la UGPP quien reconozca y asuma el pago de la pensión de vejez que
actualmente percibe la tercera, habida cuenta que de acuerdo al recuento fáctico
contenido en el escrito demandatorio, la señora SÁNCHEZ SERENO hizo parte del traslado
25
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
masivo efectuado al ISS hoy COLPENSIONES en virtud del artículo 4° del Decreto 2196 del
2009.
Es por eso que, en caso de acceder a las pretensiones, la UGPP se vería afectada de
manera directa, situación que inevitablemente obliga a hacerla parte de la controversia
para que pueda ejercer su derecho a la contradicción y defensa en concordancia con el
derecho al debido proceso» [sic].
38. Asimismo, esta providencia fue notificada mediante mensaje de datos el 23 de
abril de 202446, sin que fuera interpuesto recurso alguno por parte de los sujetos
procesales, de manera que al quedar en firme la anterior decisión fue amparada por
el principio de confianza legítima. Entonces, para la Sala no tiene asidero que a
través del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida en
la primera instancia se objete una decisión que no hizo parte de esa providencia,
comoquiera que fue definida y cobró firmeza con anterioridad. De lo contrario,
se vulnerarían los principios constitucionales de confianza legítima y seguridad
jurídica, en virtud de los cuales no es posible defraudar los intereses de las
personas, en el caso del demandante, que han confiado en las decisiones
judiciales, como resultado de un cambio inesperado que sustituye la expectativa
creada.
39. En adición a lo anterior, la garantía de la confianza legítima se encuentra ligada
al principio de la seguridad jurídica que protege la Constitución Política y que supone
una garantía de certeza sobre una situación particular de cara a la regulación
jurídica que la rodea26. Así, esa confianza consiste en «la expectativa genuina que
alberga el particular, de que las reglas establecidas por el Estado para el ejercicio de una
actividad o el reconocimiento de un derecho no sean variadas súbitamente. De acuerdo
con ello, este principio se ve defraudado cuando la autoridad produce un cambio abrupto
en sus comportamientos y decisiones, cambio que resquebraja la esperanza legítima que
el administrado se ha fijado»47 (se resalta).
40. Por otro lado, en cuanto a lo manifestado en el recurso respecto del retiro del
servicio de la beneficiaria el 30 de abril de 2015, como punto de partida para
determinar la competencia de las entidades previsionales, este tampoco es
procedente, toda vez que como ya se mencionó en párrafos anteriores lo que indica
la norma como factor determinante es la fecha de la adquisición del estatus previa
al 1° de julio de 2009, como en efecto ocurrió en el presente asunto [24 de febrero
de 2007], no el momento de efectividad del reconocimiento pensional.
46 Folios 241 y 242.
47 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 7 de mayo de 2015, radicado 11001-03-24-
000-2014-00108-00, M.P. Guillermo Vargas Ayala.
26
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
41. 2.4.2. Devolución de las sumas percibidas por la beneficiaria
42. Ahora bien, Colpensiones apeló la decisión proferida por el tribunal de primera
instancia al considerar que en virtud del acto demandado fue reconocida una
pensión de jubilación sin contar con la competencia para ello. En este sentido,
consideró que la mala fe resultó probada con la negativa por parte de María del
Carmen Sánchez Sereno a la solicitud del consentimiento para la revocatoria del
acto administrativo de reconocimiento, a pesar de tener conocimiento de la falta de
competencia de la entidad, comoquiera que fue informado mediante el auto de
pruebas APSUB 4941 del 22 de noviembre de 2017.
43. Sobre el particular, se observa que si bien la beneficiaria, mediante el radicado
2017_12097066 del 15 de enero de 2018, manifestó su voluntad en cuanto a no
autorizar la revocatoria de la Resolución GNR 25303 del 24 de enero de 2014, lo
cierto es que ello no evidenció alguna conducta temeraria o fraudulenta que indujera
al error a la entidad previsional, además el yerro en el cual incurrió Colpensiones
tuvo ocasión en el 2014, sin que para esa época resultara acreditada actuación
alguna por parte de la beneficiaria que desvirtuara la buena fe que acompañaba el
ejercicio de sus conductas.
44. En otras palabras, no puede endilgarse la responsabilidad de la falta de
competencia de Colpensiones a la pensionada cuando aquella entidad no logró
advertir dicha circunstancia, la cual pudo haber sido subsanada con el
procedimiento previsto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 48. Así las cosas,
María del Carmen Sánchez Sereno agotó la solicitud frente a quien consideró que
ostentaba la idoneidad para resolver de fondo su requerimiento, sin que la entidad
se percatara de su falta de competencia, profirió la Resolución GNR 25303 del 24
de enero de 2014 de reconocimiento de la prestación solicitada.
45.Adicionalmente, es pertinente recordar que para que resulte procedente ordenar
el reintegro de los valores recibidos por aquellas personas a las que se les haya
reconocido una prestación social sin tener derecho a ella, primero se debe acreditar
esto último, sin embargo, en el sub judice la discusión no se planteó en torno a la
aptitud legal frente al derecho pensional, por lo que no se da el primer supuesto
para pretender la devolución de las mesadas pensionales por parte de la
beneficiaria. De otra parte, en gracia de discusión, tampoco se acreditó que la
48
ARTÍCULO 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la
competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco
(5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir
funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a
partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.
27
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
beneficiaria hubiese actuado de manera deshonesta.
46.Finalmente, lo anterior no obsta para que cuando las entidades de previsión den
cumplimiento a la orden impartida en el presente asunto, adelanten las gestiones
pertinentes para que los aportes efectuados durante la vida laboral de la demandada
financien la prestación, así como que se adopten las medidas para que la estabilidad
financiera de estas no se vea afectada.
47.Así las cosas, se impone confirmar en lo demás la sentencia proferida el 1° de
agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, puesto que como se concluyó María del Carmen Sánchez Sereno
alcanzó el estatus pensional antes del 1° de julio 2009, de manera que le
correspondía a la Ugpp el reconocimiento pensional. Asimismo al no cuestionarse
el derecho pensional y no advertirse conducta contraria a la buena fe, resulta
improcedente la devolución de las mesadas por ella percibidas.
2.5. Costas
48. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
49. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
50. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma49.
49En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
28
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
51. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
52. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
53.Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la Ugpp es la entidad que
debe asumir el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de María del
Carmen Sánchez Sereno, sin que deba devolver las mesadas reconocidas por
Colpensiones, sin ostentar la competencia para ello, por no resultar desvirtuada la
buena fe de sus actuaciones.
54.Como consecuencia de lo anterior se confirmará la sentencia proferida el 1° de
agosto de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida del 1° de agosto de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual
se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones en contra de María del
Carmen Sánchez Sereno y de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, Ugpp.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
29
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01190-01 (6059-2024)
Demandante: Colpensiones
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
VMT
30
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.