Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01278-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01278-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-01278-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
5 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veint idós (20 22)
Radicación: 25000 23 42 000 2018 01278 01 (4138-2021)
Demandante: MARÍA TERESA MARTÍNEZ GÓMEZ
Demandado: A DMINISTRADORA CO LOMBIANA DE PENSIONES 1
Temas: Reliquidación pensión de vejez. Aplicación s entencia
de unificación de 2018 IBL .
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA/LEY 1437 DE 2011
ASUNTO
La Sala de Subsección A , Sección Segunda del Consejo de Estado,
decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 6 de mayo de 2021 , proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección D,
que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA 2.
La señora María Teresa Martínez Gó mez , en ejercicio d el medio de
control de nulidad y restablecimient o del derecho previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, formuló en síntesis las
siguientes:
1 En adelante COLPENSIONES
2 Folios
3 Códigode Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en adelante CPACA.
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Cal le 12 No. 7 - 65 - Tel: ( 601) 350 - 6700
Bogot á D. C. - Colom bia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000234200020180127801 (4138-2021)
Demandante: María Teresa Martínez Gómez
1.1. Pretensiones
La nulidad (a) parcial de la Resolución GNR 35062 del 14 de febrero
de 2015 por medio de la cual, COLPENSIONES le reconoció la
pensión de vejez ; (b) total de las Resoluciones GNR 297281 del 23
de septiembre de 2015 y VPB 76448 del 29 de diciembre del mismo
año, mediante las cuales COLPENSI ONES resolvió los recurso s de
reposición y apelación interpuestos , modificando la decisión
respecto al número de semanas y confirmando la decisión .
Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó condenar a la demandada a: (a) reliquidar la
pensión reconocida con la inclusión , además de la asignación
básica, de los siguientes factores: prima técnica, bonificación por
servicios prestados, prima semestral de julio y diciembre, prima de
vacaciones, prima de navidad y bonificación de junio, d evengados
en el último año de servicio , comprendido entre el 1 de enero y el
30 de diciembre de 2015 ; (b) pagar las diferencias que surjan ,
debidamente indexadas y con intereses moratorios y (c) cumplir la
sentencia , en los términos fijados en el CPACA .
1.2. Fundamentos fácticos relevantes
La demandante relató que (i) nació e l 25 de junio de 1 955 ; (ii) es
beneficiaria del ré gimen de transición ; (iii) laboró por más de 33
años en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales –IDEAM; (i v) por medio de la Resolución GNR 35062
del 14 de febrero de 2015, COLPENSIONES le reconoció una
pensión de jubilación ; (v) interpuso recursos de reposición y
apelación contra la anterior decisión , para que le incluya n todos los
factores salariales devengados en el último añ o de servicio y (vi) a
través de las R esoluciones GNR 297281 del 23 de septiembre de
2015 y VPB 76448 del 29 de diciembre del mismo año , se negó su
reclamación .
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Demandante: María Teresa Martínez Gómez
1.3. Normas violadas y concepto de violación
El actor invocó como disposiciones vulneradas las siguientes :
artículos 1, 2, 46, 53 y 58 de la Constitución Política; 21 y 24 de la
Ley 6 de 1945; 82 de la Ley 90 de 1946; 6 del Decreto 160 de 1947;
1 de la Ley 53 de 1962; 27 del Decreto 3135 de 1968; 68, 73, 75 y
99 del Decreto 1848 de 19 69; 1 y 3 del Decreto 434 de 1971; 42 del
Decreto 1042 de 1978; 3 y 45 del Decreto 1045 de 1978; 1 y 3 de
la Ley 33 de 1985; 1 de la Ley 62 de 1985; 1, literal a, 2 literal a y
3 de la Ley 4 de 1992: 11, 21 y 36 de la Ley 100 de 1993; 127 del
C.S.T., 115 de la Ley 1395 de 2010 y, 269 y 270 del CPACA ;
Circu lares 54 de 2010 y 004 de 2016 de la Procuraduría General de
la Nación y Decret o 638 de 1974.
Al desarrollar el concepto de la violación , manifestó que, por ser
beneficiaria del ré gimen de transición , le es aplicable la Ley 33 de
1985, y que con los actos demandados se desconoció ese régimen
porque no se aplicó de forma integral.
Aseveró que se atendió el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y, en
ese orden , el promedio de los salarios de los últimos 10 años, lo
cual arroja una mesada muy inferior a la que legalmente le
corresponde .
Considera que se violó lo dispuest o en la Constitución y la ley,
teniendo en cuenta que la Corte Constitucional, mediante sentencia
C-529 del 24 de noviembre de 1994, precisó que el régimen de
transición no puede desconocer derechos y prerrogativas
preestablecidas sobre las cuales el empleado tenía leg ítimas
expectativas, mucho menos en tratándose de temas pensionales.
Aseveró que debe atenderse lo establecido por la Procuraduría
General de la Nación en las Circulares 54 de 2010 y 004 de 2016 ,
en el sentido de que las entidades de previsión deben acoger la s
sentencia s de unificación, en este caso, la de 4 de agosto de 2010.
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2. CONTESTACIÓN DE LA DEMA NDA 4
La ADMINISTRADORA COLOMBI ANA DE PENS IONES –
COLPENSIONES se opuso a las pret ensiones de la demanda , por
carecer de sustento fáctico y legal.
Afirmó que la pensión fue liquidada con base en el régimen
prestacional correspondiente y aseveró que le fue tenido en cuenta
el último año de servicio, por lo que no es posible re liquidar ahora
con base en los últimos lineamientos establecidos por las altas
cortes en sus dif e rentes pronunciamientos . Agregó que si se
atendiera lo decidido en la sentencia SU -230 de 2015 de la Corte
Constitucional, la pensión se liquida ría con el p romedio de los
últimos diez años, lo que generaría un desmedro para la
demandante .
Respecto de los factores salariales , aseveró que «la Gerencia
Nacional de Aportes y Recaudo procederá a establecer las
diferencias que por aportes pensionales deben ser asumidas y
cobradas al empleador y al trabajador con base en los porcentajes
establecidos en el artícu lo 20 de la Ley 100 de 1993, modificado
por la Ley 797 de 2003.»
Propuso las excepciones de: (i) cobro de lo no debido ; (ii)
inexistencia del derecho reclamado ; (iii) prescripción ; (iv) buena fe
y (v) la genérica o innominada.
3. AUDIENCI A INI CIAL 5
El 25 de octubre de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial por
parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D , en la que se determinó que (i) no existe
ninguna irregularidad que deba subsanarse o que genere nulidad ;
(ii) aplazó la decisión de los medios exceptivos propuestos al fallo
por tratarse de un asunto de fondo y (iii) delimitó el problema
jurídico, en los sig uientes términos:
4 Folios 59 a 77.
5 Folios 135 a 137. Cd a folio 134.
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«Se debe det er m inar si la par t e act ora t iene der echo a que se
r eliqu ide la pensió n t eniendo en cuenta la Ley 33 de 1985. O si
t am bién es pr ocedent e que, se r ealice l a r eliqu idaci ón t enie ndo en
cuent a la Ley 100 de 1993 con el pr omedio de los últ im os 10 años
de ser vicios, par a det er m inar si aun así hay un valor super ior que
deba ser r econocido a la par t e dem andant e . »
4. SENTENCIA DE PRIMERA I NSTANCIA
Mediante sentencia del 6 de mayo de 2021, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
accedió a las pre tensiones de la demanda con sustento en las
siguientes razones:
Indicó que, de acuerdo con las manifestaciones efectuadas por las
partes en el curso del proceso, se puede inferir que la d emandante
solicitó in icialme nte la aplicación de la Ley 33 de 1985 y luego de
la Ley 100 de 1993 , en lo que tiene que ver con el IBL , por
considerar más favorable esta disposición .
De ahí que en el litigio se planteó la posibilidad de verificar cuál de
las dos disposiciones sería e n efecto más favorable a los intereses
de la actora.
Hecha esta precisión, determinó que la accionante es beneficiaria
del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
adquirió el estatus pensional «el 25 de junio de 2005, por
cumplimiento del requisito de la edad –50 años– (sic)».
Seguidamente precisó que, teniendo en cuenta las reglas
establecidas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018, proferida por el Consejo de Estado , se establece que para el
1º de abril de 1994 –fecha de entrada en vig or de la Ley 100 de
1993 para el orden nacional –, a la de mandante le faltaban más de
diez años para pensionarse . Por tal razón, el IBL aplicable
corresponde (i) a l promedio de los salarios sobre los cu ales cotizó
durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la prestación y
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(ii) a los factores e nlistados en el Decreto 1158 de 1993.
Mostró que la actora devengó los siguientes factores en el
interregno comprendido entre 2006 a 2015: asignación básica ;
vacaciones; primas de vacaciones, servicios, navidad , coordinación
y técnica; bonificaciones por servicios, recreación y de junio ;
jornada ordinaria dominical ; quinquenio y bono Decreto 1843 ; de
los cuales, se encuentran enlistados en el Decreto 11 58 de 1993
«la asignación básica, la prima técnica, el trabajo dominical y la
bonificación por se rvicios de conformidad con las certificaciones de
haberes devengados obrantes a folios 89 a 108.»
Evidenció que de los actos administrativos demandados no surge
con certeza la forma en la que la entidad realizó el cálculo
respectivo y por tanto , los factores que se tuvieron en cuenta en la
base de liquidación ; sin embargo, dada la motivación del acto
principal [ Resolución GNR 35062 del 14 de febrero de 2015] y el
resultado del monto, concluyó que «la entidad finalmente liquidó
con base en el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de
servicios, con los f actores del Decret o 1158 de 1884 (sic), pues así
lo afirmó en la parte motiva de la Resolución […]» .
Puntualizó que, mediante la Resolución VNP 76448 del 29 de
diciembre de 2015, la demandada afirmó que realizadas las
operaciones, observó que el valor a reconocer a 2015 e ra inferio r
al que se había reconocido mediante la Resolución 35062 del 14 de
febrero de 2015 y reiteró que fue obtenido con los factores del
último año y los factore s enlistados en el Decreto 1158 de 1994,
por lo que, con base en el principio de la non reformat io in pejus ,
mantuvo la reconocida sin que se explicara tampoco la forma en
que se realizaron las operaciones.
Enfatizó que en el transcurso del proceso, la accionante, al
contestar las excepciones de mérito propuestas por la entidad
demandada y teniendo en cuenta la sentencia de unificación
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proferida por el Consejo de estado el 28 de agosto de 2018, cambió
su petición para que le fueran aplicadas las reglas dis pu estas en la
Ley 100 de 1993, pues de allí re sulta un monto superior al
reconocido por Colpensiones y para sustentar la modificación,
adujo las operaciones respectivas teniendo en cuenta los factores
que se encuentran en el Decreto 1158 de 1993, entre los que
incluyó el salario básico, la prima técnica, el trabajo dominical y la
bonificación por servicios devengados en los últimos 10 años de
servicios (f l. 109), y dicho cálcu lo arrojó un valor de $4. 926.276, es
decir, que existe una diferencia de $410.392 respecto de la suma
reconocida por la entidad.
Por ello , el a quo procedió a verificar, en virtud del principio de
favorabilidad y iura no vit curia , si haciendo la liquidación con base
en dicho régimen general al año 2015 (fecha en que se realizó la
última reliquidación), «la mesada pensional tiene una diferencia
respecto de la que calculó la entidad.»
Para el efecto, el Tribunal tomó el promedio de los últimos 10 años
«y tomando en consideración los fa ctores que devengó en ese
tiempo y que se encuentran enlistados en el Decreto 1158 de 1994
(salario básico, la prima técnica, el trabajo dominical y la
bonificación por servicios) , pues no hay prueba que indique que se
hicieron cotizacio nes por otros conceptos adicionales (…)»,
estableció una suma que refleja una diferencia de $385.882,82, por
lo que en aplicación del principio de f avorabilidad , se observa una
diferencia respecto de la efectuada por la demandada .
En consecuencia, ordenó reliquid ar nuevamente la pensión
tomando como parámetro su liquidación , en aplicación del régimen
de la Ley 100 de 1993, es decir, con el promedio de los últimos diez
(10) años y con los factores del Decre to 1158 de 1994 .
Consideró que no operó el fenómeno de la prescripción ya que no
transcurrie ron los tres años consagrados en los decreto s 3135 de
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1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, desde el momento en que se
le reconoció y liquidó la pensión y en el que se presentó la demanda
–14 de junio de 2018 –.
No condenó en costas atendiendo a la interpretación subjetiva de
causación de las mismas.
5. RECURSO DE APELACIÓN 6
COLPENSIONES p idió que se revoqu e la decisión del a quo y, en
su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.
Insistió en que la pensión se liquidó con base en lo establecido en
la Ley 33 de 1985 y atendiendo el principio de favorabilidad.
Aseveró que la decisión excedió las pretensiones de la demanda y
si bien se pretendió resolver la problemática jurídica, se acudió a
una normativa que no fue objeto de debate en la etapa prejudicial
y al no encontrarse agotado el requisito de procedibilidad, no podía
ser considera da en esta instancia judicial toda vez que lo solicitado
por la demandante fue la reliquidación teniendo en cuenta todos los
factores devengados en el último añ o de servicio y el a quo aplicó
una norma distinta, es decir la Ley 100 de 1993 y los factores
previstos en el Decreto 1158 de 1994, situación que excede sus
facultades legales.
Planteó que no es procedente ejercer facultades extra petita,
máxime cuando no hay norma que las prevea para este medio de
control y con esa d ecisión se vio la el derecho de defensa y el debido
proceso y agregó que con el fallo se desconoció también el prin cipio
de congruencia al otorgar algo diferente a lo pretendido por el actor
en el medio de control.
6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y
el Ministerio Público guardaron silencio según se constata en el
aplicativo SAMAI.
6 Folios 181 a 186 Vto.
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II. CONSIDERACI ONES
1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 7, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 8 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a los argumentos e xpuestos por l a apelante.
2. Problema Jurídico
De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada , le corresponde a la Sala determinar:
➢ ¿si conforme a lo solicitado por la señora María Teresa
Martínez G ómez en el curso del p roceso , la fijación del litigio
y al contenido de los actos acusados es posible determinar
si se atendieron las previsiones y las reglas
jurisprudenciales que más le favorecen en la liquidació n de
su pensión?
7« E l C o n s e j o d e E s t a d o , e n S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o c o n o c e r á e n
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se c oncedan los extraordinarios
de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…] »
8« A R T Í C U L O 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisi ones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superio r sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
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Para resolver lo anterior, la Sala desarrolla rá el siguiente orden
metodológico: (i) precedente vinculante de la Sala Plena del
Consejo de Estado. Sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018 y (ii) análisis del caso concreto.
3. Marco normativ o y jurisprudenci al
3.1. Precedente vinculante de la Sala Plena del Consejo de
Estado. Sentencia de unificación de l 28 de agosto de 2018 9.
Inicialmente, es oportuno recordar que esta Sección en sen tencia
de unificación de 4 de agosto de 2010 consideró que no era taxativo
el listado de factores salaria les so bre los cuales se calcula el
ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación de que trata
la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 del mismo año, porque
además, se debían tener en cuenta aquellos factores que
constituían salario, independientemente de la denominación que
recibieran, es decir, todos los que se pagaran de manera habitual
como retribución directa del se rvicio y no solamente los descritos
en dicha normativa.
Luego, la Corte Constitucional en la s sentencias C -258 de 2013,
9 Esta decisión judicial cuenta con salvamento parcial de voto, con ponencia
de quien se ocupa de esta providencia, donde se analizaron temas tales como
las competencias constitucionales de las Cortes de cierre; los efectos de las
sentencias que profiere la Corte Constitucional en ejercicio del control de
constitucionalidad en abst racto y en revisión de las sentencias de tutela; la
fuerza vinculante de la interpretación de la Constitución por vía de autoridad
y como doctrina constitucional integradora; la doctrina constitucional como
criterio auxiliar de la interpretación de la ley; el caso de las sentencias de
unificación jurisprudencial; la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional
en sede de revisión de tutelas, así como las sentencias SU -230 de 2015, C-
258 de 2013, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-023 de 2018. Igualmente
se analizaron los alcances y efectos de la sentencia C -258 de 2013 y los
efectos de la sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 2010 por la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, la inescindibilidad del régimen de transición pensional y los factores
salariales que conforman la base de liquidación pensional.
A partir de allí se concluyó que en ese caso « el "régimen de transición"
previsto en la Ley 100 de 1993 protegía la expectativa legítima de la
demandante de pensionarse con sujeción al régimen general de pensiones
previsto en la Ley 33 de 1985, esto es, una pensión de jubilación liquidada
conforme lo dispuso el artículo 10 de esa ley, esto es, ni más ni menos, el
"equivalente al setenta y cinco po r ciento (75%) del salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicio".»
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Demandante: María Teresa Martínez Gómez
SU-230 de 2015, SU -395 de 2017, SU -023 de 2018, entre otras,
destacó la relación de correspondencia que existe entre los aportes
que hace el empleado a lo largo de su vida laboral ante el sistema
general de seguridad social y los p rincipios de solida ridad y de
sostenibilidad financiera del sistema pensional.
Posteriormente, en sentencia del 28 de agosto de 2018, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, unificó
su jurisprudencia en relación con el Ingreso Base de Liquidación -
IBL de las pensiones reconocidas con fundamento en el régimen de
transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 así:
«El I ngreso Base de Li qui daci ón del i nci so t ercero del
art í cul o 36 de l a Ley 100 de 199 3 hace part e del régi men de
t ransi ci ón para aquel l as personas be nef i ci ari as del mi smo
que se pensi onen con l os requi sit os de edad, ti empo y t asa
de reempl azo del régi men general de pensi ones previ st o en
l a Ley 33 de 1985 ».
De acuerdo con lo anterior, se adviert e que la Sala Plena unificó su
criterio sobre el IB L de las pensiones reconocidas bajo el régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, específicamente, fijó dos
subreglas referentes (i) al per íodo que se debe tener en cuenta
para liquidar el IBL de las mismas y (ii) los factores salariales que
se deben observar para esos efectos así:
a. La pri mera subregla dispuso que t r at ándose de per sonas qu e
al m om ent o de ent r ar en vigenci a la Ley 100 de 1993 les f alt a r e
m ás de 10 años para adquir ir el der echo pr est acional, el IBL
ser á el pr om edio de los salar ios o r ent as sobr e los cuales
hubier e cot iza do el af il i ado dur ant e los 10 años ant er ior es al
r econocim ient o de la pensión, de lo c ont r ar io, est o es, si f alt a r e
m enos de 10 años, el I BL ser á ( i) e l pr o m edio de l o deveng a do
en el t iem po que les hicier e f alt a par a ello, o ( ii) el cot izado
dur ant e t odo el t iem po, el que f uer e super ior .
b. La segunda subre gl a pr ecisó que los f act or es salar ial es a
consider ar son úni cam ent e aquellos sobr e los que se hayan
ef ect uado los apor t es o cot izaciones al Sist em a de Pensio nes y
que se encuent r en consagr ados expr esa m ent e en la ley .
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Radicación: 25000234200020180127801 (4138-2021)
Demandante: María Teresa Martínez Gómez
Sobre el tema la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
consideró que al tomar en cuenta solo los factores sobre los que
se han efectuado los aportes, no afecta las finanzas del sistema
ni pone en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la
pensión del resto de habitantes del territorio colombiano, cuya
asegurabilidad debe el Estado, en acatamiento de los principios
constitucionales de universalidad y eficiencia y por el contrario:
(i) se garantiza que la pensión de los beneficiario s de la
transición se liquid e conforme a los factores sobre los cuales se
ha cotizado; (ii) se respeta la debida correspondencia que en un
sistema de contribución bipartita debe existir entre lo a portado y
lo que el sistema retorna al afiliado y (iii) se asegura la viabilidad
financiera del siste ma.
4. Caso concreto
En el caso de la señora María Teresa Martínez Gómez se encuentra
acreditado lo siguiente:
a. Nació el 25 de junio de 19 55 10 y cumplió 55 años años de edad
el mismo mes y día del año 2010.
b. De acuerdo con la información consignada en los actos
administrativos demandados, se establece que laboró en el
sector oficial desde el 15 de julio de 1982 11 y hasta el 30 de
diciembre de 2015 , fecha en la que se retiró defi nitivamente del
servicio, de acuerdo con la Resolución 2322 de 26 de octubre
de 2015, emitida por el IDEAM 12. El ultimo cargo desempeñado
fue el de Subdirector General, código 0040, grado 19, de la
Subdirección de Meteorología, con sede en Bogotá.
10 Según se constata con la fotocopia de la cédula de ciudadanía en el
expediente administrativo digital allegado a folio 58, archivo GEN -ANX-CI-
2015_9213952-20150928112607.pdf
11 D e a c u e r d o c o n l o s t i e m p o s e s t a b l e c i d o s e n l a s r e s o l u c i o n e s d e m a n d a d a s
(fls. 2 a 6 y 35 Vto), en concordancia con los certificados de salario mes a mes
obrantes en el expediente administrativo digital allegado a folio 58, archivo
GEN-CSA-3B-2014_7567756-20140915180058.pdf; certificado mes a mes
GEN-CSA-F1-2015_2246176-20170406084239.pdf y el certificado de
información laboral GEN-CSA-F1-2014_8459146-20141008165655.pdf
12 E x p e d i e n t e a d m i n i s t r a t i v o d i g i t a l a l l e g a d o a f o l i o 5 8 , a r c h i v o G A F - A A R - A F -
2015_12292919-20151221141559.pdf
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Demandante: María Teresa Martínez Gómez
c. Mediante la Resolución GNR 35062 del 14 de febrero de 2015 13,
COLPENSIONES le reconoció la pensión vitalicia de vejez con
fundamento en las siguientes consideraciones :
• Acr edit a 11. 686 dí as labor ados, cor r espondient es a 1. 669
sem anas cor r espondient es al per í odo com pr endido ent r e el 15 de
j ulio de 1982 y el 1 de j ulio de 2009.
• Es benef iciar ia el r é gim en de t r ansición.
• Le es apl icab le el r égim en est ablec ido en la Ley 33 d e 198 5 , por
lo que la pens ión s e causa con: 20 años de ser vicios, 55 años de
edad, una t asa de reem plazo del 75% .
• Par a obt ener el I BL se dio aplicac ión a lo est ablecido e n los
ar t í culos 18, 19 y 21 de la Ley 1 00 de 1993, y el ar t í culo 1 del
Decr et o 1158 de 3 de j unio de 1994 .
• Alcanzó el est at us pensiona l el 25 de junio de 2010 ( 55 años de
edad)
• Est ableci ó una m es ada por valor de $4 . 515. 884 , condicio n ad a al
r et ir o def init ivo del ser vicio.
d. El 10 de marzo de 2015, la demandante presentó recurso de
reposición y en su bsidio apelación 14, argumentando que debía
aplicarse el artículo 1 de la Ley 33 de 1 985 en su totalidad y
solicitó dar aplicación a lo dispuesto en la sentencia de
unificación de 4 de agosto de 2010 «teniendo en cuenta además
de los factores ya tomados, los siguientes [devengados] en el
último año, esto es, prima técnica, prima de vacaciones, prima
de navidad, prima semestral y bonificación por recreación.»
e. A través de la Resolución GNR 297281 del 23 de septiembre de
2015 15, COLPENSIONES , en sede de recurso de rep osición,
modificó el anterior acto administrativo, en consideración al
número de semanas –pasó de 1669 a 1699 - y confirmó en todo
lo demás.
En uno de los apartes explicó que se estudió la prestación bajo
dos regímenes -Ley 33 de 1985 y 797 de 2003 -y se aplicó el «más
beneficioso es decir la Ley 33 de 1985 , con liquidación del último
año».
13 F o l i o s 6 a 6.
14 F o l i o s 8 a 10.
15 F o l i o s 1 1 a 1 4 .
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A pesar de ello, seguidamente estableció que el reconocimiento
se liquidarán «con los últimos 10 años de servicio , y no con el
último año como lo solicita la demandante […], a sí mismo los
factores salaria les que se proceden a incluir son a quellos
respecto de los cuales se hubieran efectuado los aportes al
Sistema General de Pensiones, y los solicitados por la
peticionaria no cumplen este requisito, motivo por el cual la
inclusión de factores solicitad a se niega a la
peticionaria.» (subraya del texto original )
f. Mediante la Resolución VPB 76448 del 29 de diciembre de
2015 16, la demandada resolvió el recurso de apelación en el que
realizó un nuevo estudio «de la liq uidación de la prestación
reconocida de conformidad con los factores salariales del
Decreto 1158 de 1994 de acuerdo con lo señalado en los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 (sin incluir los f actores
salariales del último año de servicio) , la cual se resu me de la
siguiente manera:
Al respecto manifestó que, efectuadas las operaciones, el valor
arrojado es inferior al reconocido en la Resolución GNR 35062 del
14 de febrero de 2015, obtenido con los factores salariales del
último año, por lo que, en aplicación del principio de la non
reformatio in pejus no se desmejorará y fijó la mesada en valor de
$4.515.884 a partir del 1 de enero de 2016.
16 F o l i o 16 a 20.
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g. De acuerdo con la certificación emitida por el IDEAM 17, durante
el año 2015 se le reconocieron y pagaron los siguientes
conceptos salariales:
• Sueldo bás ico
• Pr im a t écnica
• Bonif icac ión de j uni o
• Pr im a de vacacione s ( diciem br e)
• Bonif icac ión ser vic io s ( j ulio y diciem br e)
• Pr im a ser vicios ( j uli o y diciem br e)
• Pr im a navidad ( dic ie m br e)
• Bonif icac ión r ecr eac ión ( dici em br e )
h. Fueron allegadas las certif icacion es de factores salariales
emitidas por el IDE AM 18, respecto del p eriodo comprendido entre
el 1 de enero de 2006 y el 3 1 de diciembre de 201 5.
i. De acuerdo con el Formato No. 3 (B), Cert ificación de salarios
mes a mes, para liquidar pensiones del Régimen de Prima Media
expedida el 11 de septiembre de 2014 por parte del IDE AM 19, se
consta que en el per íodo comprendido entre el año 2006 a 2014,
la accionante cotizó so bre la asignación básica, el sueldo de
vacaciones (columna 27.1) y la casilla «30.£ Otros factores
salariales pagados en el mes certificado (Dto. 1158)».
4.2 Análisis sustancial
¿si conforme a lo solicitado por la señora María Teresa Martínez
Goméz en el curso del proceso, la fijación del litigio y al contenido
de los actos acusados es posible determinar si se atendieron las
previsiones y las reglas jurisp rudenciales que más le fa vorecen en
la liquidación de su pensión ?
Se encuentra demostrado y no es objeto de controversia en esta
instancia que la demandante es beneficiari a del régimen de
17 F o l i o22 y 23.
18 F o l i o s 90 a 108.
19 E x p e d i e n t e a d m i n i s t r a t i v o d i g i t a l a l l e g a d o a f o l i o 5 8 , a r c h i v o G E N - C S A - 3 B -
2014_7567756-20140915180058.pdf
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transición establecido en el artículo 3 6 de la Ley 100 de 1993 y, en
tal medida, tiene derec ho a la aplicación de las condiciones de
edad, tiempo de servicios y monto de la pensión dispuesto en la Ley
33 de 1985 –tal y como lo solicitó inicialmente en su demanda –, que
consagraba el régimen pensional de los servidores públicos anterior
a la Ley 10 0 de 1993, por haber cumplido con los requisitos allí
señalados para el efecto, pues prestó sus servicios como empleado
público durante más de 20 años y cumplió 55 años de edad el 25
de junio de 2010 , fecha en la que fue alcanzado el estatus
pensional.
Ahora bien, e n asunto sub judice , CO LPENSIONES se encuentra en
desacuerdo respecto de la decisión del a quo, instancia que resolvió
dar aplicación a lo establecido en la Ley 100 de 1993 y accedió a
las pretensiones de la demandante . Lo anterior, porque excedió sus
facultades, si se atiende que eso no fue lo pretendido en el escrito
inicial del proceso (reliquidación de la pen sión con la aplicación
integral de la Ley 33 de 1985) .
En este punto, resulta pertinente evidenciar que la demanda nte
solicitó, inicia lmente, la reliquidación de su pensión con la inclusión
de los factores salariales devengados en el último año de servicio ;
sin embargo, e sta pretensión fue modificada en la audiencia inicial
en vista de que el nuevo panorama jurisprudencial fijó reglas
respecto del ajuste que persigue . Al respecto, la parte actora, a
folio 136 del proces o, señaló:
«Com o el pr oceso s e inic ió ant es de la sent encia de l 28 de agost o
de 2018, el pet it um cam bia sust ancialm ent e. En vist a del cam bio se
hizo una nueva liqu idaci ón y t om ando en cuent a los f act or es del
Decr et o 1158 de 1 99 4 devengados por la dem andant e en los ú lt im os
diez años, r esult an do una dif er enc ia r espect o de la liqu i dació n
ef ect uada por Colpensiones. Así , com o la sent encia f ue una
sor pr esa par a los int er eses de est a par t e, se dej a en conside r ación
del Despacho, de conf or m idad con la Const it ución, m odif icar el
pet it um par a no t ener que iniciar ot r o pr oceso y hacer ef ect ivos los
pr incip ios de celer id ad y econom í a pr ocesal. »
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Seguidamente , la parte demandada fue consultada respecto de
dicha manifestación y solicitud, a lo que se mostró «conforme con
lo dicho» , por lo que el litigio se fijó incluyendo dicha variable , en
los siguientes términos:
«Se debe det er m inar si la par t e act ora t iene der echo a que se
r eliqu ide la pens ión t eniendo en cuent a la Ley 33 de 1985. O si
t ambi én es procedent e que, se reali ce l a rel i qui daci ón teni endo
en cuent a l a Ley 10 0 de 1993 con el promedi o de l os úl t imos 10
años de servi ci os, para det ermi nar si aun así hay un val or
superi or que deba ser reconoci do a l a part e demandant e. »
( negr it a f uer a del t ext o) .
En el artículo 180 del CPACA, se señalan las reglas a las que se
debe sujetar la audiencia inicia l y en el numeral 7 se e stableció lo
relativo a la fijación del litigio, el cual consiste en determinar de
manera precisa los puntos de desacuerdo de las partes, porque en
torno a estos se dirigirá la dinámica probatoria y, por ende, la
resolución del conf licto. Conforme co n la fijación de lit igio, el juez
debe identificar y formular el problema jurídico que se va a resolver
en la sentencia, en el marco de las normas aplicables al caso
concreto. De esta manera, la resolución del problema jurídico es la
que orienta la motivac ión de la sentencia, tal y como lo ha reiterado
esta Sala en pluralidad de sentencias al afirmarse que «La fijación
del litig io es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación
entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo, porque es guía
y ajuste de esta última 20.»
Así se sostuvo en la exposición de motivos del proyecto de Ley 198
de 2009 21:
«La audienc ia de f ij ación del lit ig io, conf or m e al ar t í culo 176 se
const it uye en el escenar io nat ur al par a que el j uez encauce el
pr oceso, y par a ello se pr opone dot ar lo de los poder es n ece sar ios.
Así , el j uez indagar á a las par t es sobr e los hechos en los que est án
de acuer do, y los dem ás ext r em os de la dem anda o de su r ef or m a,
de la cont est ación o de la r econvención, si ha ello hu bier e l ugar , y
20 Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda (2015).
Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB
21 E x p o s i c i ó n d e m o t i v o s . P r o y e c t o d e L e y 1 9 8 / 2 0 0 9 . G a c e t a d e l C o n g r e s o
1.173, noviembre 17 de 2009, pág. 64.
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con f undam ent o en l as r espuest as pr oce der á a la f ij ación d el lit i gio.
Es decir , señalar á cuales son los punt os so br e los que r ecaer á la
pr áct ica de pr uebas , por que las par t es no est án de acuer do con
ellos »
En concordancia con lo anterior, en sentencia T -873 de 2001, la
Corte Constitucion al 22 manifestó:
«[ …] el ej er cicio de la f unción j udicial en m at er ia contencios o
adm inist r at iva 23, la com pet encia del j uez al m om ent o de f allar no le
per m it e decidir u lt r a pet it a o ext r a pe t it a , por que la r es oluci ón
j udicia l que se ext ienda m ás allá de lo p edido o que se t om e f uer a
del pet it um de la de m anda, a m ás de r esult ar violat or ia de l der echo
de def ensa de la co nt r apar t e ser í a contr ar ia a la est r uct ur a m ism a
del pr oceso que en est a m at er ia se guía por el pr incipio de que la
m at er ia del lit igio se def ine por las par t es y, est as al hacer lo,
delim it an la com pet encia del j uzgador .
En ese orden de ideas, no es de recibo para esta Sala manifestar
en sede de apelación , que el Tribunal tomó una decisión “ extra
petita” que viola el derecho de defensa al haber acudido a una
normatividad que “no fue objeto de debate en la etapa prejudicial ”
y que por no encontrarse agotada en el requisito de procedibilidad,
no podía ser considerada en esta instancia judicial, toda vez que ,
como se explicó ut supra, la entidad demandada no solo no presentó
objeción alguna cuando tuvo la opor tunidad procesal para hacerlo,
sino que permitió y dio aceptación expresa para que continuara
tramitándose bajo esos nuevos lineamientos , tal y como se constata
en el acta y CD contentivo s de la audiencia inicial . De modo que,
con intervención de las partes se fijó el litigio y la e ntidad fue
partícipe de dicha decisión, por lo que no se violó el derecho de
defensa ni mucho menos el de congruencia al momento de resolver .
Precisado lo anterior, se tiene que COLPENSIONES , a través de la
Resolución GNR 35062 del 14 de febrero de 2015, reconoció la
22 C o r t e C o n s t i t u c i o n a l , s e n t e n c i a T - 8 7 3 / 0 1 , M . P . J a i m e A r a u j o R e n t e r í a , 1 6 d e
agosto de 2001.
23 A c e r c a d e l p r o c e s o c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o C f r . B E T A N C U R J A R A M I L L O ,
Carlos. Derecho procesal administrativo, Cuarta ed. 4a. reimpresión. Señal
Editora. Medellin : 1998, pags. 196 y ss
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pensión de jubilación de la demandante conforme a las previsiones
de la Ley 33 de 1985, por ser beneficia ria del régimen de transición.
Luego, en la Resolución GNR 297281 del 23 de septiembre d e 2015,
enfatizó que el régimen más beneficioso para la actora es el de la
Ley 33 de 1985 ; así que al atenderlo, en armonía con las
previsiones de la Ley 100 de 1993, precisó que la liquidación
prestacional se efectúa « con los últimos 10 años de servicio , y […]
los factores salariales […] respecto de los cuales se hubieran
efectuado los aportes al Sistema General de Pensiones» .
Por último, en la Resolución VPB 76448 del 29 de diciembre de
2015 24, efectuó un análisis de la situación pensional de la señora
Martínez Gómez de cara a las disp osiciones que le podrían ser
aplicables, esto es, las Leyes 33 de 1985, 71 de 1988 y 797 de 2003
y determinó que el cálculo efectuado en la Resolución GNR 35062
de 2015 es el más favorable a la antes nombrada, por ello, no es
procedente modificarlo.
El a quo, atendiendo la Ley 100 de 1993, las previsiones de la
sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 y el contenido de
los actos administrativos atrás referenciados , efectuó un a nueva
liquidación prestacional, tomando el período de los últimos 10 años
previos al retiro y los factores enlistados en el Decreto 1158 de
1994, respecto de los cuales se efectu aron aportes al Sistema
General de Pensiones (salario básico, la prima técnica , el trabajo
dominical y la bonificación por servicios) , fórmula que arrojo una
suma superior a la determina da en las Resoluciones G NR 35062 y
VPB 76448 de 2015 . De ahí que , en aplicación del principio de
favorabilidad, ordenó reliquidar la pre stación.
La Sala considera que como el cálculo efectuado por el Tribunal
está acorde con la normativa rectora y las reglas f ija das en la
24 F o l i o 16 a 20.
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sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 y, efectivamente,
posibilita obtener un mayor monto pensional en beneficio de la
demandante , hay lugar a mantener la orden de reliquidación.
En esa medida, se confirmará la sentencia apelada.
5. Conclusión
Por las consideraciones expuestas, la Sala confirmará la sentencia
del 6 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que accedió a las
pretensiones del medio de control .
6. Condena en costas
De conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 8 del artículo
365 del Código General del Proceso, en el presente caso no hay
lugar a imponer co ndena en costas de segunda instancia, pues la
presente decisión es el resultado del cambio jurisprudencial
ocurrido durante el curso del proceso.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFI RMAR la sentencia del 6 de mayo de 2021 ,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, que accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por MARÍA TERESA MARTÍ NEZ GÓMEZ
contra la ADMINI STRADORA COL OMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES .
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SEGUNDO: S in condena en costas de segunda instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el
programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AUSENTE EN COMISIÓN
21
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