Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01330-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01330-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-01330-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
10 de abril de 2025
Radicación: 25001-23-42-000-2018-01330-01 (3608-2022)
Demandante: Elsa María Chaparro Laverde
Demandada: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01330-01(3608-2022)
Demandante: Elsa María Chaparro Laverde
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones
Tema: Efectividad de la pensión de vejez. Reiteración de jurisprudencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 11
de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
– Subsección E, mediante la cual se negaron sus pretensiones.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.La demandante Elsa María Chaparro Laverde pretende se modifique la efectividad
de la pensión de jubilación reconocida en aplicación del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 y la Ley 33 de 1985 a partir del 6 de enero de 2010 cuando se retiró
del E.S.E. Hospital Simón Bolívar Nivel III, se paguen las mesadas pensionales
causadas desde el 6 de enero de 2010 al 31 de mayo de 2013 y que no fueron
canceladas por causas atribuibles a la entidad accionada, se paguen las diferencias
entre las mesadas pensionales reconocidas desde el 1° de junio de 2013 a la fecha y
se reintegre a favor de la actora la totalidad de los aportes a pensión desde el 1° de
abril de 2010 al 31 de enero de 2013.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
2.Elsa María Chaparro Laverde, por conducto de apoderado judicial, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1 de acuerdo con las pretensiones,
hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se señalan.
2.1.1. Pretensiones
3.La demandante solicitó que se declarara la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
1
Según el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. La demanda fue presentada el 21 de junio
de 2018 ante los juzgados administrativos de Cundinamarca – Sección Segunda, de acuerdo con el «informe
secretarial de reparto» visible en el índice 7 del expediente digital de Samai, archivo
7_250002342000201801330003 2. En archivo 6_ 250002342000201801330003 en la hoja 111 se puede ver la
demanda. A través de auto del 24 de febrero de 2021 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
– Subsección “E” admitió la demanda, visible en el índice 4 del expediente digital de Samai, archivo
4_2500023420002018013300001.
1
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Radicación: 25001-23-42-000-2018-01330-01 (3608-2022)
Demandante: Elsa María Chaparro Laverde
Demandada: UGPP
1) Resolución GNR 099953 del 19 de mayo de 2013, por medio de la cual la Gerencia
Nacional de Reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones
de Colpensiones le reconoció una pensión de vejez conforme al Decreto 758 de
1990, a partir del 1 de junio de 2013, por un monto de $3.329.323.
2) Resolución GNR 198773 del 3 de junio de 2014, a través de la cual la referida
dependencia le negó, por extemporáneo, el recurso de reposición que presentó
contra la resolución anterior.
3) Resolución GNR 386192 del 4 de noviembre de 2014 por medio de la cual la
mencionada dependencia de Colpensiones le negó el recurso de reposición, que
presentó contra la Resolución GNR 198773 del 3 de junio de 2014.
4) Resolución VPB 42841 del 13 de mayo de 2015 a través de la cual la
Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones al resolver el
recurso de apelación que presentó contra la Resolución GNR 198773 del 3 de junio
de 2014, ordenó revocarla y reliquidarle la pensión conforme a la Ley 33 de 1985,
en un promedio del 75% de lo devengado en los últimos 10 años de servicio, por
un monto de $3.341.861.
4. A título de restablecimiento del derecho pidió que se condenara a Colpensiones a:
(i) reconocer y pagarle la pensión de vejez a partir del 6 de enero de 2010, fecha en la
que se retiró del servicio como empleada pública del Hospital Simón Bolívar nivel III
E.S.E.; (ii) pagarle, de manera indexadas, las mesadas pensionales correspondientes
al periodo comprendido entre el 6 de enero de 2010, fecha en la que asegura adquirió
el estatus, hasta el 31 de mayo de 2013, momento en que le empezaron a pagar la
pensión; y (iii) reintegrarle, indexados, los aportes que hizo al sistema pensional desde
el 1 de abril de 2010 hasta el 31 de enero de 2013.
2.1.2. Hechos
5. La Sala sintetiza los principales hechos del caso de la siguiente manera:
1) La demandante nació el 11 de diciembre de 1951.
2) Prestó sus servicios en las siguientes entidades2:
Entidad empleadora Desde Hasta
Clínica Infantil Colsubsidio 30 de agosto de 1976 23 de marzo de 1979
Clínica David Restrepo 14 de diciembre de 1979 15 de abril de 1989
Caja Secc Cund Seg Sociales 2 de noviembre de 1981 1 de septiembre de 1983
Hospital Simón Bolívar 7 de julio de 1983 30 de diciembre de 1995
Esc Cienc Salud Soc C Bgta 8 de marzo de 1994 1 de julio de 1994
Universidad Javeriana 1 de abril de 1995 18 de abril de 1995
Universidad Javeriana 1 de mayo de 1995 26 de mayo de 1995
Universidad Javeriana 1 de julio de 1995 26 de julio de 1995
Fundación Santafé 1 de septiembre de 1995 11 de septiembre de 1995
Universidad Javeriana 1 de marzo de 1996 26 de marzo de 1996
Universidad Javeriana 1 de abril de 1996 31 de diciembre de 1996
Elsa María Chaparro Laverde 1 de septiembre de 1997 14 de septiembre de 1997
Elsa María Chaparro Laverde 1 de octubre de 1997 30 de noviembre de 1997
Hospital Simón Bolívar 1 de enero de 1996 23 de marzo de 2001
Hospital Simón Bolívar 1 de abril de 2001 27 de enero de 2022
Hospital Simón Bolívar 1 de febrero de 2002 29 de marzo de 2004
2
Índice 6 del expediente digital de Samai, archivo 250002342000201801330003.
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Radicación: 25001-23-42-000-2018-01330-01 (3608-2022)
Demandante: Elsa María Chaparro Laverde
Demandada: UGPP
Hospital Simón Bolívar 1 de abril de 2004 27 de diciembre de 2004
Hospital Simón Bolívar 1 de abril de 2005 31 de diciembre de 2009
Fundación del Área Andina 1 de abril de 2007 21 de abril de 2007
Fundación del Área Andina 1 de mayo de 2007 1 de junio de 20007
Fundación del Área Andina 1 de septiembre de 2007 13 de septiembre de 2007
Fundación del Área Andina 1 de octubre de 2007 8 de noviembre de 2007
Fundación del Área Andina 1 de septiembre de 2008 9 de septiembre de 2008
Fundación del Área Andina 1 de septiembre de 2008 30 de noviembre de 2008
Fundación del Área Andina 1 de marzo de 2009 1 de marzo de 2009
Fundación del Área Andina 1 de abril de 2009 30 de junio de 2009
Fundación del Área Andina 1 de septiembre de 2009 17 de septiembre de 2009
Fundación del Área Andina 1 de octubre de 2009 30 de noviembre de 2009
Fundación del Área Andina 1 de abril de 2010 18 de abril de 2009
Fundación del Área Andina 1 de septiembre de 2009 10 de septiembre de 2009
Fundación del Área Andina 1 de octubre de 2010 30 de noviembre de 2010
Fundación del Área Andina 1 de febrero de 2011 15 de diciembre de 2011
Fundación del Área Andina 1 de enero de 2012 8 de enero de 2012
Fundación del Área Andina 1 de febrero de 2012 1 de junio de 2013
3) El 7 de marzo de 2008 la demandante solicitó al ISS el reconocimiento de la
pensión de vejez, con fundamento en el Decreto 758 de 1990.
4) La demandante presentó renuncia al Hospital Simón Bolívar el 16 de diciembre de
2009, del cargo de enfermera, la cual fue aceptada a través de la Resolución 452
del 18 de diciembre de 2009, con efectos fiscales a partir del 6 de enero de 2010.
5) El Instituto de Seguros Sociales, ISS, expidió la Resolución 019829 del 13 de junio
de 2011, por medio de la cual le reconoció una pensión de vejez del régimen de
prima media con prestación definida, RPM, conforme con el artículo 33 de la Ley
100 de 1993, con inclusión de los devengado en los últimos 10 años de servicio,
en cuantía de $2.468.012, a partir del 1 de diciembre de 2010, e indicó que su
mesada se aumentaría a $2.546.248, a partir del 1 de diciembre de 2011. Además
ordenó reconocerle un retroactivo de $17.745.248.
6) Según fue reconocido por Colpensiones en la Resolución GNR198773 de 3 de junio
de 2014, la referida Resolución 019829 del 13 de junio de 2011, mencionada en el
numeral anterior, «presentó inconsistencias «al momento de ser incluida en
nómina», razón por la cual no fue notificada y no produjo efecto alguno.
7) El 1 de abril de 2011 la demandante solicitó al ISS que le informara el estado de la
solicitud de reconocimiento pensional que presentó el 7 de marzo de 2008.
8) Mediante oficio 17415 de 08 de agosto de 2011 emitida por el Grupo de Servidores
Públicos del ISS, la entidad le informó a la demandante que en atención a que la
solicitud de pensión fue estudiada bajo los parámetros establecidos por la Ley 797
de 2003, se consultó si había lugar a reclamar cuota parte pensional al Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, FONCEP.
9) El 23 de noviembre de 2012 la demandante presentó acción de tutela, la cual
correspondió al Juzgado 12 Civil del Circuito de Medellín, despacho que mediate
sentencia del 7 de diciembre de 2012, tuteló su derecho fundamental de petición,
y ordeno a Colpensiones darle respuesta de fondo.
3
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Demandante: Elsa María Chaparro Laverde
Demandada: UGPP
10) A través de Resolución GNR 99953 del 19 de mayo de 2013 Colpensiones
reconoció una pensión de vejez de conformidad con lo establecido en el Decreto
758 de 1990, con fecha de efectividad a partir del 1 de junio de 20133.
11) El 11 de diciembre de 2013 la demandante solicitó a Colpensiones la reliquidación
de la prestación y el reintegro de los aportes que no le fueron tenidos en cuenta;
solicitud que fue reiterada el 3 de abril de 2014.
12) Por medio de la Resolución GNR 198773 del 3 de junio de 2014 Colpensiones
rechazó por extemporáneo el recurso de reposición y negó la reliquidación de la
pensión de vejez y la devolución de los aportes solicitados, para lo cual indicó que
al liquidar la pensión se tiene en cuenta hasta el último día cotizado y en la historia
laboral no se encontraba reportado el retiro en el sistema, sino que por el contrario,
ella siguió cotizando4.
13) Mediante Resolución GNR 386192 del 4 de noviembre de 2014 Colpensiones
resolvió de manera negativa el recurso de reposición interpuesto contra la decisión
anterior.
14) Posteriormente, por Resolución VPB 42841 del 13 de mayo de 2015 Colpensiones
resolvió el recurso de apelación que presentó, revocó la Resolución GNR 198773
del 3 de junio de 2014 y en su lugar reliquidó la pensión de vejez de acuerdo con
los parámetros de la Ley 33 de 1985, con una tasa de reemplazo del 75% para una
cuantía de $3.531.378, efectiva a partir del 1 de junio de 20135.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
6. La demandante citó como normas violadas las siguientes: la Constitución Política,
artículos 13, 29, 50, 53 y 228; el Decreto 1045 de 1978, artículo 45; la Ley 100 de
1993; artículo 36; y Ley 33 de 1985, artículo 1.
7. En el concepto de violación expuso que es beneficiaria del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993, por lo que se debió aplicar en su integridad lo establecido en la
Ley 33 de 1985.
8.Explicó que la entidad demandada debe reliquidar y pagar la pensión de vejez a la
demandante a partir del 6 de enero de 2010, fecha en la cual se retiró del servicio
como empleada pública del Hospital Simón Bolívar nivel III, en los términos
establecidos en la Ley 33 de 1985, aplicando en su integridad el artículo 36 de la Ley
100 de 1993.
9. Señaló que la pensión reconocida por Colpensiones «presenta un saldo a favor de
la demandante por concepto de mesadas pensionales y adicionales» a partir del 6 de
enero de 2010, teniendo en cuenta que la prestación fue reconocida con fecha de
efectividad del 1 de junio de 2013, cuando en realidad debió reconocerse a partir del
6 de enero de 2010.
10. Sostuvo que durante el tiempo en que la administradora no efectúo el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la demandante se vio obligada a seguir
laborando hasta 2013, por ende, efectuar aportes a seguridad social en aras de no
quedar desamparada en el servicio de salud. No obstante, cuando la entidad
accionada expidió el acto de reconocimiento de la pensión en virtud del régimen de
transición de la Ley 33 de 1985, tuvo en cuenta para la liquidación dichos tiempos de
3
Índice 6 del expediente digital de Samai, archivo 250002342000201801330003, hoja 37.
4
Índice 6 del expediente digital de Samai, archivo 250002342000201801330003, hoja 51.
5
Índice 6 del expediente digital de Samai, archivo 250002342000201801330003, hoja 83.
4
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Demandante: Elsa María Chaparro Laverde
Demandada: UGPP
servicios, cuando lo procedente era liquidar con los tiempos de servicios prestados
hasta el 6 de enero de 2010 en el Hospital Simón Bolívar.
11. Insiste que la liquidación de la accionada afecta ostensiblemente la cuantía de la
mesada pensional, pues los aportes realizados hasta el 6 de enero de 2010 en el
Hospital Simón son superiores a los realizados con posterioridad en la Fundación Área
Andina.
12. Por lo que indica que Colpensiones debe pagar a la demandante las mesadas
pensionales a partir del 6 de enero de 2010 hasta el 31 de mayo de 2013, y las que
legalmente le corresponden causadas desde el 1 de junio de 2013, debidamente
indexadas.
13. Expone que Colpensiones debe reintegrar los aportes que realizó la demandante,
del periodo comprendido entre el 1 de abril de 2010 al 31 de enero de 2013,
debidamente indexados.
2.2. Contestación de la demanda
14. Colpensiones defendió la presunción de legalidad de los actos administrativos
cuestionados6. En concreto, argumentó:
a) A la demandante se aplicó la norma más favorable, que es la Ley 33 de 1985, con
una tasa de reemplazo del 75% del ingreso base de liquidación de los últimos 10 años
de servicios cotizados hasta el 2013, arrojando una mesada pensional de $3.341.861
a partir del 01 de junio de 2013.
b) No es viable el reintegro de los valores por concepto de cotizaciones, teniendo en
cuenta que, al ser un régimen solidario, de acuerdo con la Ley 100 de 1993, todos los
aportes de los afiliados sirven para el sostenimiento y financiación del sistema
pensional.
2.3. Sentencia de primera instancia
15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E
mediante sentencia del 11 de febrero de 20227 resolvió no acceder a las pretensiones
de la demanda, y condenó en costas a la parte actora, porque:
a) Si bien la accionante solicitó el reconocimiento prestacional cuando aún se
encontraba vinculada al Hospital Simón Bolívar, ante la renuencia de Colpensiones en
resolver su solicitud pensional, ella no acudió a los mecanismos judiciales de defensa
dentro de un término lógico para someter a revisión dicha situación, sino que por el
contrario esperó que el tiempo transcurriera y continúo prestando sus servicios de
forma discontinua tanto en el referido hospital como en la Fundación Universitaria Área
Andina, razón por la cual no es dable acceder a su pretensión encaminada a modificar
la fecha de efectividad de la pensión de jubilación, en atención al régimen pensional
más favorable (Ley 33 de 1985) que le fue aplicado, que exige acreditar 20 años de
servicios en el sector público y por ello excluir los tiempos de servicios prestados con
posterioridad a su retiro al Hospital Simón Bolívar.
b) Colpensiones por Resolución VPB 42841 del 13 de mayo de 2015 reliquidó la
prestación a la demandante como beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100
de 1993, por consiguiente, le eran aplicables los regímenes pensionales contenidos
en la Leyes 33 de 1985, 71 de 1988, 797 de 2003 y Decreto 758 de 1990, pero dicha
6
Índice 17 del expediente digital de Samai, archivo 25000234200020180133003, hoja 3.
7
Samai tribunales y juzgados, índice 27, archivo 2500023420002018013300001sentenciaquen.
5
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Demandada: UGPP
entidad le reconoció su pensión, por favorabilidad, con la Ley 33 de 1985, al arrojar
una mesada pensional superior, de manera que liquidó la prestación, en desarrollo de
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, conforme los
lineamientos de la Ley 100 de 1993 y teniendo en cuenta los tiempos públicos, sin que
esto dé lugar a la devolución de las cotizaciones a pensión por los tiempos de servicios
prestados en el sector privado, sin importar que sean anteriores o posteriores a los
tiempos públicos.
c) Los tiempos de servicios prestados sobre los cuales se realizaron aportes al sistema
de pensiones, pueden ser tenidos en cuenta en su totalidad sin importar el régimen
aplicable, en virtud de los establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, el cual
permite que se calcule el ingreso base sobre los ingresos de toda la vida laboral del
trabajador siempre y cuando haya cotizado como mínimo 1.250 semanas, de tal
manera que, si no son tenidos en cuenta para la liquidación y cálculo de la cuantía de
la mesada pensional, dichos aportes son empleados para financiar la propia
prestación, para sufragar esta una vez se consolida el derecho y es reconocida por la
respectiva entidad hasta que se extinga el derecho, así como también para financiar
las prestaciones de aquellos afiliados cuyos recursos resultan insuficientes, esto en
virtud de los principios de solidaridad y sostenibilidad financiera.
2.4. Recurso de apelación
16. La demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, en el que insistió en los argumentos de su demanda8, en los siguientes
términos:
a) Su pensión de vejez se deberá reliquidar teniendo en cuenta las cotizaciones
realizadas entre el 6 de enero de 2000 y el 5 de enero de 2010; pagarle las diferencias
de mesadas causadas desde el 1 de junio de 2013 hasta el momento en que se realice
el pago respectivo a título de retroactivo, junto con la indexación correspondiente o los
intereses moratorios a que se refiere el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
b) El ingreso base de cotización se debe calcular sobre los salarios y demás
emolumentos sobre los cuales cotizó la demandante durante el periodo comprendido
entre el 6 de enero de 2000 y el 5 de enero de 2010, excluyendo los aportes realizados
con posterioridad al 6 de enero de 2010 hasta el 2013.
c) Como los aportes realizados del 6 de enero de 2010 a junio de 2013 no deben ser
tenidos en cuenta para determinar el IBL, se deben reintegrar a la demandante de
manera indexada.
d) El reconocimiento pensional debe ser a partir del al 06 de enero de 2010, cuando
ella cumplió con los requisitos de edad y tiempo, con la Ley 33 de 1985.
2.5. Intervenciones en segunda instancia
17. Conforme con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 20219, no hubo traslado a las partes para alegar porque no fue
necesario el decreto de pruebas. El Ministerio Público no emitió concepto.
8
Samai tribunales y juzgados, expediente digital, índice 28 archivo 250002342000201801330003.
9
Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, Ley
1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante
la jurisdicción.
6
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Demandante: Elsa María Chaparro Laverde
Demandada: UGPP
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
18. El presente asunto es de competencia de esta Corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos.
19. Sobre el particular es importante subrayar que, en el trámite de primera instancia,
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada el 21 de junio de
2018 contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, fue repartida
en la misma fecha al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda,
Subsección E10.
20. El despacho sustanciador, al inicio del proceso, mediante auto del 29 de agosto de
201811 declaró la falta de competencia de la jurisdicción para conocer este asunto.
21. A continuación, se repartió el proceso el 12 de septiembre de 2018 al Juzgado 35
Laboral del Circuito Judicial de Bogotá12, el cual, por auto del 25 de septiembre de
2018 ordenó adecuar la demanda a los presupuestos del Código Procesal del Trabajo
y de la Seguridad Social13, y por auto del 28 de enero de 201914 dispuso admitir la
demanda.
22. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá al momento de resolver sobre la
admisión del recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia
emitida por el Juzgado 35 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, declaró la falta de
competencia de la jurisdicción ordinaria para conocer de la demanda y propuso el
conflicto negativo de competencia ante el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria15.
23. Mediante providencia del 20 de febrero de 202016 el Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria dirimió el conflicto negativo presentado
entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá. Argumentó que la demandante reclama los efectos jurídicos de una
vinculación con una entidad pública, pues la pretensión de nulidad de las resoluciones
emitidas por Colpensiones busca que no se tenga en consideración el periodo de
cotización que efectúo de forma posterior a su solicitud pensional, de conformidad con
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a efectos de establecer un régimen especial o
exceptuado, por lo que determinó asignar el conocimiento de la demanda, a la
Jurisdicción de lo Contencioso–Administrativo.
24. Además, precisó que Elsa María Chaparro Laverde estaba vinculada mediante una
relación legal y reglamentaria con el Hospital Simón Bolívar nivel III E.S.E., hasta que
le fue aceptada su renuncia mediante Resolución 452 del 18 de diciembre de 2009, y
no pretende que le tengan en cuenta cotizaciones posteriores a esta fecha, por lo cual
el juez natural del asunto no resulta ser otro que el Juez Administrativo representado
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E.
3.2. Problemas jurídicos y metodología de su resolución
10
Índice 7 del expediente digital de Samai, archivo 250002342000201801330003, hoja 1.
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Índice 8 del expediente digital de Samai, archivo 250002342000201801330004, hoja 1.
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Índice 9 del expediente digital de Samai, archivo 250002342000201801330005, hoja 1
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Índice 9 del expediente digital de Samai, archivo 250002342000201801330005, hoja 2
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Índice 9 del expediente digital de Samai, archivo 250002342000201801330005, hoja 31
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Índice 12 del expediente digital de Samai, archivo 250002342000201801330003, hoja 14
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Índice 14 del expediente digital de Samai, archivo 250002342000201801330005, hoja 19
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www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25001-23-42-000-2018-01330-01 (3608-2022)
Demandante: Elsa María Chaparro Laverde
Demandada: UGPP
25. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir del
siguiente problema jurídico: ¿Se debe modificar la fecha de efectividad de la pensión
de vejez reconocida bajo los parámetros de la Ley 33 de 1985 por Colpensiones a la
demandante, esto es, a partir del 6 de enero de 2010, fecha en la que se retiró del
servicio en el Hospital Simón Bolívar? En el evento de tener derecho a cambiar la
efectividad de la prestación, ¿Hay lugar a la devolución de los aportes realizados por
parte de la demandante, del 1 de abril de 2010 hasta el 31 de enero de 2013?
26. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala reseñará, en primer lugar,
los requisitos que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exigía para otorgar la pensión
mensual vitalicia de jubilación. En segundo lugar, se referirá al régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, luego, en tercer lugar, se referirá a la doctrina
que la corporación ha elaborado sobre el disfrute de la pensión de vejez. Por último,
estudiará el caso en concreto.
3.3. La pensión mensual vitalicia de jubilación de la Ley 33 de 1985
27. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es
decir, el de los empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, estableció:
«Artículo 1. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
[…]».
28. Así las cosas, quienes en esa condición acumularan 20 años de servicios y contaran
con 55 años de edad podrían acceder a la pensión de jubilación equivalente al 75%
del salario promedio percibido en el último año de servicios. En relación con la base
de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado por el artículo 1° de la Ley 62
de 1985) dispuso que estaría constituida por los siguientes factores: «asignación
básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones de los empleados
oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los factores que hayan
servido de base para calcular los aportes».
3.4. La sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala
Plena del Consejo de Estado
29. La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 201817 fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
17
Expediente 4403-2013.
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30. A juicio de la Sala Plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los
regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y
otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos para sus afiliados
y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional «[t]ales elementos son la edad,
el tiempo de servicios y el monto de la pensión»:
«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100
de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que
cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos
que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de
solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura
del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de
transición abarcaría varias décadas.
[…] 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior
a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad
por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este
grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para
el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables […]».
31. En tal virtud, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al periodo
para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho de
acuerdo con las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo):
«[…]
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
[…]».
32. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos:
«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden
incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el
tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones
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sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
las cotizaciones (…)».
33. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el IBL para quienes
son beneficiarios de la transición es el previsto en el inciso 3 del artículo 36 o el del
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se pensionan
con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de
pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
34. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento de
garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a pensionarse
al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma anterior los requisitos
de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de retorno; pues, el IBL en
sus componentes periodo y factores, son definidos a partir de las disposiciones de
aquella normativa y sus reglamentos.
35. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente vinculante
y obligatorio18 en la resolución de «todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en
los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica,
resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.
3.5. Disfrute de la Pensión de Vejez
36. El artículo 13 del Decreto 758 de 1990, establece:
«Causación y disfrute de la pensión por vejez. La pensión de vejez se reconocerá a
solicitud de parte interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo
anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda entrar a
disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana
efectivamente cotizada por este riesgo».
37. A su vez el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 4 de la Ley
797 de 2003, señala:
«Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral y del
contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los
regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores
y contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos
devenguen.
La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para
acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o
anticipadamente.
Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar efectuando el
afiliado o el empleador en los dos regímenes».
38. De acuerdo con lo expuesto, la pensión se disfruta o se empieza a percibir, a partir
de la desafiliación al sistema pensional, entendiéndose por desafiliación, incluso, dejar
de efectuar cotizaciones, lo que implica que la prestación empieza a pagarse, a partir
del día siguiente al último aporte realizado por el afiliado, siendo obligatorio al momento
18
La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del artículo 102 de la
Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de Estado, precisó: «(…) sólo a la
jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto órganos de cierre de las jurisdicciones -
constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y
en virtud de ella, las autoridades judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos
fáctica y jurídicamente iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no
conduce a la negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en el
ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las
autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el precedente judicial emanado de las cortes
jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de determinadas condiciones (…)».
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de la liquidación que se tengan en cuenta la totalidad de cotizaciones efectuadas hasta
ese momento.
39. El criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia señala la diferencia
respecto a la causación del derecho a la pensión y la fecha de disfrute de la misma, lo
que indica que la causación corresponde al momento en que se adquiere el derecho
a la prestación por el cumplimiento de los requisitos para la pensión, esto es, cumplir
las exigencias de edad y tiempo de servicio, semanas cotizadas; el disfrute se refiere
al momento a partir del cual se empieza a percibir el pago de las mesadas pensionales.
En ese sentido, es preciso destacar que esto último, el disfrute de la pensión, ocurre
cuando se verifica la desafiliación al régimen y/o a partir del momento en que se dejan
de efectuar cotizaciones, de tal manera que para efectos de la liquidación de la
prestación se tiene en cuenta hasta el último día de cotización19.
40. A través de sentencia del 26 de noviembre de 2020, la Subsección A de esta
Sección, señaló lo siguiente en un caso similar al presente:
« … en relación con el momento a partir del cual debe recibirse el pago de la prestación
conviene señalar que de manera general, las disposiciones que regulan la materia
prevén que las mesadas se pagarán a partir del momento en el que se demuestre el
retiro del servicio, incluso se ha configurado en justa causa para dar por terminado el
contrato de trabajo o la terminación de la relación legal y reglamentaria, según el
parágrafo 3.º del artículo 33 de la Ley 100 de 199320 y el artículo 4121 de la Ley 909 de
2004.
Igualmente, de acuerdo con las normas anteriores al sistema general de seguridad
social que resultan aplicables por disposición del artículo 3122 de la citada Ley 100 de
1993, el pago de la pensión de jubilación o vejez debe tener lugar a partir del día
siguiente del retiro del servicio, así lo prevén el artículo 7623 del Decreto 1848 de 1968
modificado por el Decreto 625 de 1988 y el artículo 8 de la Ley 71 de 198824.
(…)
Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de advertirse es que el
demandante (i) prestó sus servicios en el sector privado y público por 1690 semanas o
19
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, sentencia SL-1781-2022, del 24 mayo de 2022.
20
«PARÁGRAFO 3o. (Parágrafo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE) Se considera justa causa para dar por
terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor
público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El empleador podrá
dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la
pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones. Transcurridos treinta (30) días después
de que el trabajador o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho
a la pensión, si este no la solicita, el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel.
Lo dispuesto en este artículo rige para todos los trabajadores o servidores públicos afiliados al sistema general de
pensiones.»
21
El literal i.) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, que incluye como causal de retiro: «Por declaratoria de vacancia
del empleo en el caso de abandono del mismo» fue declarado condicionalmente exequible en la sentencia C-501
de 2005 «en el entendido de que no se pueda dar por terminada la relación laboral sin que se le notifique
debidamente su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente»
22
ARTÍCULO 31. CONCEPTO. El régimen de Prima Media con Prestación Definida es aquel mediante el cual los
afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización,
previamente definida, de acuerdo con lo previsto en el presente Título.
Serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo
del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley.
23
«la pensión de jubilación se comienza a pagar, previo reconocimiento de la misma, a partir del día siguiente a la
fecha en que se acredite el retiro del servicio oficial»
24
ARTICULO 8. Las pensiones de jubilación, invalidez y vejez una vez reconocidos, se hacen efectivas y deben
pagarse mensualmente al pensionado desde la fecha en que se haya retirado definitivamente del servicio, en caso
de que este requisito sea necesario para gozar de la pensión.
Para tal fin la entidad de previsión social o el I.S.S., comunicarán al organismo donde labora el empleado, la fecha
a partir de la cual va a ser incluido en la nómina de pensionados, para efecto de su retiro del servicio. Para cobrar
su primera mesada el pensionado deberá acreditar su retiro, mediante copia auténtica del acto administrativo que
así lo dispuso o constancia expedida por el Jefe de Personal de la entidad donde venía laborando, o de quien haga
sus veces.
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32.38 años; (ii) para el 1° de abril de 199425 ya contaba con más de 15 años de servicio,
por lo que es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993; (iii) adquirió
su estatus pensional el 5 de febrero de 201226; y (iv) fue sujeto de un reconocimiento
prestacional por parte de Colpensiones, conforme a la Ley 33 de 1985 y demás
disposiciones concordantes [GNR 275271 de 4 de agosto de 2014], por favorabilidad y
porque reunió 20 años laborados como servidor público.
(…)
Ahora bien, la efectividad de las pensiones en el sector público, por lo general, está
supeditada al retiro del servicio; sin embargo, en este caso, el demandante luego de
que se desvinculó del municipio de Chipaque -11 de enero de 2012- y consolidó su
estatus pensional -5 de febrero de 2012-, continuó cotizando hasta el 31 de julio de
2014, tal como lo corroboró y estableció el a quo en el reporte de semanas cotizadas
de 22 de julio de 2016.
Como no se puede tener la calidad de afiliado y pensionado en un mismo período, la
Sala considera que, en este caso, la efectividad de la prestación surge desde el día
siguiente -1º de agosto de 2014- en que el actor dejó de cotizar al sistema -31 de julio
de 2014-, tal como lo fijó Colpensiones en la Resolución demandada GNR 275271 de
2014 y lo concluyó el Tribunal. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia
T-626 de 2014, señaló que cuando el afiliado cumple los requisitos para la prestación
y decide continuar realizando aportes al Sistema General de Pensiones «queda diferido
el derecho a disfrutar de las mesadas pensionales, puesto que para el efecto se
requiere del retiro del servicio o la desafiliación del sistema, lo que necesariamente
implica la no realización de aportes o cotizaciones»27.
Así las cosas, no hay lugar a reconocerle al accionante el retroactivo que reclama y, en
esa medida, se confirmará la decisión del a quo que negó las pretensiones de la
demanda.
Lo anterior, no sin antes precisar que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 consagra
el reconocimiento de intereses moratorios cuando hay retardo en el pago de las
mesadas pensionales, así:
ARTÍCULO 141. INTERESES DE MORA. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso
de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad
correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su
cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el
momento en que se efectué el pago (negrita con subrayas fuera del texto).
Como se observa, dicha normativa no prevé intereses moratorios por la tardanza en el
reconocimiento de la pensión de jubilación o las mesadas acumuladas, por ello y
porque se negó el reconocimiento del retroactivo solicitado por el demandante no es
procedente disponer su pago.
Por último, no sobra señalar que las cotizaciones son contribuciones parafiscales, pues
se cobran de manera obligatoria para una destinación específica: satisfacer las
necesidades en salud o en pensiones y, por tanto, no pueden ser empleadas para fines
diferentes a la seguridad social.
Concretamente, los aportes de los afiliados al régimen de prima media con prestación
definida (i) ingresan a un fondo común de naturaleza pública manejado por una entidad
administradora [ISS, Cajas, Fondos y entidades de previsión del sector público]; (ii)
garantizan el beneficio de la pensión, solo si se satisfacen estrictamente los requisitos
25
Tenía para esa fecha estaba vinculado al Banco Popular, en el sector público nacional, y acreditó más de 15
años de servicio [16 años y 12 días]
26
El demandante adquirió el estatus de pensionada el 5 de febrero 2012, fecha en la que cumplió los 55 años de
edad -nació el 5 de febrero de 1957-, momento para el cual ya contaba con los 20 años de servicios exigidos para
acceder al beneficio pensional, de acuerdo con la Ley 33 de 1985.
27
Corte Constitucional, sentencia T-626 de 2 de septiembre de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
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de edad y tiempo de servicio, por lo que el derecho a su obtención no depende de la
cantidad de dinero aportado; y (iii) no son objeto de devolución.
Así las cosas, el actor tampoco tendría derecho a que se le devuelvan los aportes que
efectuó desde el sector privado, por cuanto son contribuciones parafiscales que
subsidiaron el régimen, a través del cual obtuvo su pensión de jubilación.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con
las reglas de la sana crítica, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones».
41. De acuerdo con lo expuesto, como no se puede tener la calidad de afiliado y
pensionado en un mismo período, la efectividad de la prestación surge desde el día
siguiente en que se deja de cotizar, de manera tal que, cuando el afiliado cumple los
requisitos para la prestación y decide continuar realizando aportes al Sistema General
de Pensiones queda diferido el derecho a disfrutar de las mesadas pensionales, puesto
que para el efecto se requiere del retiro del servicio o la desafiliación del sistema, lo
que necesariamente implica la no realización de aportes o cotizaciones.
3.6. Caso en concreto
3.6.1. Hechos probados
42. La Sala encuentra acreditado lo siguiente28:
1) Elsa María Chaparro Laverde nació el 11 de diciembre de 1951 y cumplió 55años
el 11 de diciembre de 2006.
2) El 7 de marzo de 2008 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación,
y el 16 de diciembre de 2009 presentó su renuncia al cargo de enfermera que venía
desempeñando en el Hospital Simón Bolívar, la cual fue aceptada por la entidad en
mención mediante la Resolución 452 del 18 de diciembre de 2009 a partir del 6 de
enero de 2010.
3) El 1 de abril de 2011 la demandante, Elsa María Chaparro Laverde, presentó
solicitud tendiente a que fuera informada en qué estado se encontraba su solicitud
de reconocimiento pensional, la cual no fue resuelta por la entidad accionada.
4) Mediante la Resolución 019829 del 13 de junio de 2011 expedida por el Instituto de
los Seguros Sociales I.S.S., hoy Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, se reconoció la pensión de jubilación a la demandante Elsa María
Chaparro Laverde en cuantía equivalente a $ 2.468.012, a partir del 1° de diciembre
de 2010, aplicando una tasa de liquidación del 64,80 % en virtud de lo dispuesto
en la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, de la siguiente forma:
«(…) Que así las cosas no siendo la asegurada beneficiaria del régimen de transición,
previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, por las razones antes de anotadas,
corresponde entonces realizar el estudio en atención al artículo 33 de la citada ley,
modificado por el artículo 9 de la ley 797 de 2003. A saber “1. Haber cumplido cincuenta
y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre. A partir del 1o.
de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad
para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre. 2. Haber cotizado un mínimo
de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. A partir del 1o. de enero del año 2005 el
28
Las pruebas obran en Samai Consejo de Estado, expediente 25000-23-42-000-2018-01330-01, índice 2, archivo
zip «ED_25000234200020180133(.zip) NroActua 2», archivo pdf
«6_250002342000201801330002expedientedigiexpediente20210316141343.pdf».
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número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se
incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.
Que por lo anterior corresponde realizar el estudio de la prestación con base en el
artículo 33 de la ley 100, modificado por el artículo 9 de la ley 797 de 2003, que exige
como requisito 55 años de edad para mujeres, y 1175 semanas de cotización para las
personas que adquieran el derecho en el año 2010.
Que sumado el tiempo laborado al sector público y el cotizado al ISS la asegurada
cuenta con un total de 8.651 días equivalentes a 24 años y 11 días.
Que el asegurado, reúne los requisitos exigidos en el artículo 33 de la ley 100,
modificado por el artículo 9 de la ley 797 de 2003, al acreditar más de 1.175 semanas
para el año 2010, por tanto, es procedente su reconocimiento.
(…)
Que la liquidación para el reconocimiento de la pensión de vejez del asegurado,
obedeció al promedio de los salarios o renta sobre los cuales ha cotizado durante los
últimos diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizado
anualmente con el Índice de Precios al Consumidor certificado por el Departamento
Nacional de Estadística - DANE, arrojando un ingreso base de liquidación de
$3,808,660,00 al cual se le aplicó un porcentaje del 64.80% dando un quantum inicial
mensual de pensión de $ 2,468,012 a partir del 1° diciembre de 2010.
(…)».
5) Reposa comunicación del 15 de junio de 2011 emitida por el Instituto de los
Seguros Sociales I.S.S., hoy Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, informando que su solicitud había sido atendida y debía acercarse
a un centro de atención pensional, sin embargo, no milita constancia de notificación
de la Resolución 019829 del 13 de junio de 201129.
6) La demandante interpuso una acción de tutela con el objeto que se amparara su
derecho fundamental de petición, la cual fue repartida al Juzgado 12 Civil del
Circuito de Medellín quien mediante sentencia del 7 de diciembre de 2012 ordenó
resolver de fondo la solicitud, pero frente al incumplimiento de la orden de tutela
interpuso el incidente de desacato, el cual fue resuelto por la autoridad judicial en
referencia.
7) Mediante la Resolución 099953 del 19 de mayo de 2013 proferida por la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, notificada el 16 de julio
del mismo año, se ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a
favor de la demandante Elsa María Chaparro Laverde, en virtud de lo dispuesto en
el Decreto 758 de 1990 en armonía con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, aplicando una tasa de reemplazo del 90%, en una cuantía de $3.329.323,
efectiva a partir del 1° de junio de 2013; al arrojar un mayor valor en la mesada
pensional que la que le otorga la Ley 797 de 2003.
8) La demandante Elsa María Chaparro Laverde presentó el 11 de diciembre de 2013
solicitud de pago de las mesadas pensionales del 7 de marzo de 2008 al 19 de
mayo de 2013, debidamente indexadas y con el pago de intereses, y que a las
anteriores sumas adeudadas no le sea aplicable el fenómeno prescriptivo, así
mismo solicitud de reliquidación de la pensión con el ingreso reportado hasta la
fecha en la que se presentó la solicitud de reconocimiento pensional inicial,
teniendo en cuenta que para dicha época el empleador era el Hospital Simón
29
No obstante, través de la Resolución GNR 198773 del 03 de junio de 2014 Colpensiones en sus consideraciones
señala que el reconocimiento efectuado por el ISS, a través de la Resolución 019829 del 13 de junio de 2011, al
momento de ser incluida en nómina presentó inconsistencias, razón por la cual no fue notificada y no produjo efecto
alguno.
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Bolívar, y el reintegro de los aportes realizados a pensión como consecuencia de
la demora en el reconocimiento de la prestación comprendidos desde febrero de
2010 hasta su última cotización.
9) El 3 de abril de 2014 la demandante Elsa María Chaparro Laverde reiteró la
solicitud presentada el 11 de diciembre de 2013 encaminada a la reliquidación de
la pensión y el reintegro de los aportes realizados a pensión como consecuencia
de la demora en el reconocimiento de la prestación.
10) Las solicitudes del 11 de diciembre de 2013 y del 3 de abril de 2014 fueron resueltas
mediante la Resolución GNR 198773 del 3 de junio de 2014 proferida por la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, notificada el 24 de junio
del mismo año, aclarando que la solicitud inicial fue radicada en el formato
correspondiente como recurso de reposición, siendo este extemporáneo por lo que
fue rechazado. Sin embargo, la entidad analizó el caso como un nuevo estudio
indicando que la prestación fue reconocida en virtud del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993 y el Decreto 759 de 1994, teniendo en cuenta para la liquidación
las cotizaciones efectuadas hasta su último día laborado (31 de enero de 2013),
que las semanas de cotización adicionales a las mínimas exigidas permiten un
aumento porcentual y progresivo de la tasa de remplazo, que la efectividad se
otorgó a corte de nómina dado que no existía novedad de retiro, y negó el pago de
intereses de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1003 pues se reconocieron
las mesadas a las que tenía derecho, y la devolución de aportes de las semanas
cotizadas adicionales a las mínimas en virtud de lo dispuesto en el sistema general
de pensiones. No obstante, en el expediente no hay prueba de que se hubiera
efectuado devolución alguna.
11) El 8 de julio de 2014 la demandante Elsa María Chaparro Laverde interpuso los
recursos de reposición y apelación en contra de la Resolución GNR 198773 del 3
de junio de 2014.
12) Colpensiones resolvió el recurso de reposición a través de la Resolución GNR
386192 del 4 de noviembre de 2014, notificada el 25 de noviembre de 2014
confirmando en todas sus partes la anterior, bajo los siguientes argumentos:
«(…) no es posible hacer devolución de dinero o aportes que están destinados a
financiar las prestaciones ya que como está diseñado el sistema general de pensiones
elevado a rango constitucional, es un sistema donde prevalece la solidaridad, la
integridad y la unidad como principios fundamentales del sistema, es por eso que
devolver los aportes de los afiliados que tengan cotizaciones superiores a las mínimas
requeridas por realizadas con posterioridad el tiempo en el que se debieron hacer, se
empezaría desmoronar gradualmente el delicado diseño técnico, financiero y actuarial
del sistema, que de tal manera, en promedio, sea dable pagar pensiones en forma que
no se imponga una carga excesiva sobre el sistema que pondría en riesgo los derechos
profesionales de la gran mayoría y quienes sí contribuyen. La renuncia voluntaria la
pensión de vejez implicaría, por ejemplo, la desaparición de la obligación de cotizar al
sistema, con grave riesgo para el fondo común y solidario en qué se basa el sistema
de prima media, y también para la satisfacción de las garantías ofrecidas por el sistema
de ahorro individual, el cual, por lo demás, también tiene un componente solidario que
depende de la disciplina en los aportes.(…)».
13) Por medio de la Resolución VPB 42841 del 13 de mayo de 2015 proferida por la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, se resolvió el recurso de
apelación y se dispuso revocar la Resolución GNR 198773 del 3 de junio de 2014,
y en su lugar se ordenó la reliquidación de la prestación en cuantía equivalente a
$3.341.861 a partir del 1° de junio de 2013, y negó la devolución de los aportes por
el período comprendido del 1° de febrero de 2010 a julio de 2013, porque
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«verificando la historia laboral de la asegurada se evidencia que cotizó al sistema
general de pensiones en calidad de cotizante dependiente hasta el periodo de julio
de 2013 con el empleador Fundación Universitaria del Área Andina identificada con
el NIT 860,500 17302, fecha posterior a la efectividad de la prestación económica
reconocida a través de la Resolución 99953 del 19 de mayo de 2013, por lo cual
se le informa a la demandante que debe solicitar la devolución de dichos aportes
ante la Gerencia Nacional de Aportes y Recaudo de Colpensiones, por ser la
dependencia encargada de realizar dicho trámite». En consecuencia dispuso:
«(…)
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. GNR 198773 del 3 de junio de 2014,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reliquidar la pensión de VEJEZ reconocida a favor del (a)
señor(a) CHAPARRO LAVERDE ELSA MARIA, ya identificado(a), en los siguientes
términos y cuantías:
El disfrute de la presente pensión será a partir de 1 de junio de 2013
2013 3,341,861,00
2014 3,406,693,00
2015 3,531,378,00
(…)».
3.6.2. Análisis sustancial
43. La demandante Elsa María Chaparro Laverde pretende se modifique la efectividad
de la pensión de jubilación reconocida en aplicación del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 y la Ley 33 de 1985 a partir del 6 de enero de 2010 cuando se retiró
del E.S.E. Hospital Simón Bolívar Nivel III; se paguen las mesadas pensionales
causadas desde el 6 de enero de 2010 al 31 de mayo de 2013 y que no fueron
canceladas por causas atribuibles a la entidad accionada; se paguen las diferencias
entre las mesadas pensionales reconocidas desde el 1° de junio de 2013 a la fecha y
se reintegre a favor de la actora la totalidad de los aportes a pensión desde el 1° de
abril de 2010 al 31 de enero de 2013.
44. Por su parte, la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, sostuvo
que resolvió reconocer la prestación en virtud del régimen de transición de la Ley 100
de 1993 y la Ley 33 de 1985, efectiva a partir del 1° de junio de 2013 (a corte de
nómina), liquidada en un 75 % del ingreso base de liquidación de los últimos diez años
de servicios cotizados hasta 2013, arrojando una mesada pensional de $3.531.378,
razón por la cual es improcedente el cambio de efectividad de la prestación, del
retroactivo pensional solicitado a partir del 6 de enero de 2010 al 31 de mayo de 2013
y el pago de diferencias a partir del 1° de junio de 2013, pues revisada su historia
laboral se encuentra que prestó sus servicios en la Fundación Universitaria Área
Andina y tiene aportes a pensión de este empleador hasta julio de 2013 sin que obre
novedad de retiro, y también aunque accedió al reintegro o devolución de aportes, no
existe prueba de que ello hubiese ocurrido.
45. Para esta corporación es claro, que para resolver sobre la procedencia de las
pretensiones, es necesario analizar las circunstancias que rodearon el reconocimiento
prestacional.
46. Según el reporte de tiempos de servicios registrados en el último acto emitido por la
entidad accionada obrante en el expediente (Resolución VPB 42841 del 13 de mayo
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de 2015), la demandante Elsa María Chaparro Laverde prestó sus servicios de la
siguiente forma:
Entidad Desde Hasta Total
Clínica infantil Colsubsidio 30-08-1976 23-03-1979 24 días, 6 meses y 2 años
Clínica David Restrepo 14-12-1979 15-04-1989 2 días, 4 meses y 9 años
Caja Seccional de Cundinamarca 02-11-1981 01-09-1983 10 meses y 1 año
Hospital Simón Bolívar 07-07-1983 30-12-1995 24 días, 5 meses y 12 años
Escuela Ciencias de la Salud 08-03-1994 01-07-1994 24 días y 3 meses
Universidad Javeriana 01-04-1995 18-04-1995 18 días
01-05-1995 26-05-1995 26 días
01-06-1995 26-06-1995 26 días
Fundación Santafé 01-09-1995 11-09-1995 11 días
Hospital Simón Bolívar 01-01-1996 23-03-1996 23 días y 2 meses
Universidad Javeriana 01-03-1996 26-03-1996 26 días
01-04-1996 31-12-1996 9 meses
Elsa María Chaparro Laverde 01-09-1997 14-09-1997 14 días
Hospital Simón Bolívar 01-04-2001 27-01-2002 27 días y 9 meses
01-02-2001 29-03-2004 29 días, 1 mes y 3 años
01-04-2004 27-12-2004 27 días y 8 meses
01-01-2005 31-12-2009 5 años
Fundación Universitaria Área Andina 01-04-2007 21-04-2007 21 días
01-05-2007 01-06-2007 1 mes
01-09-2007 12-09-2007 12 días
01-10-2007 08-11-2007 8 días y 1 mes
01-02-2008 03-06-2008 3 días y 4 meses
01-09-2008 09-09-2008 9 días
01-10-2008 30-11-2008 2 meses
01-03-2009 01-03-2009 1 día
01-04-2009 30-06-2009 3 meses
01-09-2009 17-09-2009 17 días
01-10-2009 30-11-2009 2 meses
01-04-2010 18-04-2010 18 meses
01-09-2010 10-09-2010 10 días
01-10-2010 30-11-2010 2 meses
01-02-2011 15-12-2011 10 meses y 15 días
01-01-2012 08-01-2012 8 días
01-02-2012 01-06-2013 4 meses y 1 año
47. Así la cosas, la señora Elsa María Chaparro Laverde presentó solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación el 7 de marzo de 2008, fecha para
la cual se encontraba laborando de forma simultánea en el Hospital Simón Bolívar y
en la Fundación Universitaria Área Andina, y el 16 de diciembre de 2009 presentó su
renuncia en el Hospital Simón Bolívar, aceptada por la entidad a partir del 6 de enero
de 2010. Si bien la renuncia al cargo en el Hospital Simón Bolívar se aceptó a través
de la Resolución 452 del 18 de diciembre de 2009 con efectos fiscales a partir del 6 de
enero de 2010, lo cierto es que en el reporte de tiempos o historia laboral reposan
cotizaciones a pensión hasta el 31 de diciembre de 2009. Sin embargo, dicha
diferencia u omisión en realizar el aporte, es decir, la mora patronal en las cotizaciones,
no es objeto de controversia en la presente oportunidad, razón por la cual la Sala no
emitirá pronunciamiento alguno al respecto.
48. Transcurridos 3 años desde la presentación de la solicitud inicial la demandante
radicó una petición el 1 de abril de 2011 para conocer el estado de ese trámite. El
entonces Instituto de los Seguros Sociales I.S.S., hoy Administradora Colombiana de
Pensiones, Colpensiones, expidió la Resolución 019829 del 13 de junio de 2011 por
medio de la cual señaló que era procedente el reconocimiento de la pensión de
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jubilación en virtud de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, no obstante dicho acto no
surtió efectos y no ingresó a la nómina de pensionados.
49. Así mismo se evidencia que la demandante Elsa María Chaparro Laverde acudió a
la acción de tutela para obtener el amparo de su derecho fundamental de petición, y
en consecuencia, el reconocimiento de la pensión bajo los parámetros del Decreto 758
de 1990, la cual fue resuelta por el Juzgado 12 Civil del Circuito de Medellín quien
mediante sentencia del 7 de diciembre de 2012 ordenó al Instituto de los Seguros
Sociales I.S.S. remitir el expediente pensional a la Administradora Colombiana de
Pensiones, Colpensiones, para que esta resolviera de fondo la solicitud pensional.
50. Es así que la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, expidió la
Resolución 099953 del 19 de mayo de 2013 por medio de la cual ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a favor de la demandante, en virtud
de lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990 en armonía con lo dispuesto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, a partir del 1 de junio de 2013 en cuantía equivalente a $
3.329.323.
51. Ahora bien, según el reporte de tiempos de servicios registrados en la Resolución
VPB 42841 del 13 de mayo de 2015, la demandante Elsa María Chaparro Laverde
prestó sus servicios en la Fundación Universitaria Área Andina desde el 1 de abril de
2007 al 1 de junio de 2013 de forma interrumpida, es decir que para la fecha de la
presentación de la solicitud inicial, la reiteración de la misma, la presentación de la
acción de tutela y el reconocimiento pensional, la accionante se encontraba activa
laboralmente, percibiendo durante los períodos laborados remuneración por sus
servicios.
52. Luego para esta corporación resulta claro que el Instituto de los Seguros Sociales
I.S.S. (liquidado) y la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones,
incurrieron en una omisión al no resolver la solicitud en virtud de lo establecido en el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003, el cual dispuso que los fondos encargados
reconocerán la pensión en un tiempo no superior a 4 meses después de radicada la
solicitud por el peticionario.
53. No obstante, frente a dichas demoras u omisiones de las entidades de previsión
social, en este caso el Instituto de los Seguros Sociales I.S.S. (liquidado) y la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, la demandante contaba con
las acciones judiciales ordinarias para hacer efectivo su derecho y/o acudir a la acción
de tutela como en efecto ocurrió. Sin embargo, fue solo hasta pasados 4 años, 8 meses
y 17 días desde que presentó la petición inicial y pasados 2 años, 10 meses y 18 días
desde que se retiró del Hospital Simón Bolívar que acudió a la acción de tutela, como
consta en el escrito de tutela del 23 de noviembre de 2012.
54. La Sala reitera que la accionante solicitó el reconocimiento prestacional cuando aún
se encontraba vinculada con el Hospital Simón Bolívar y prestaba de igual forma sus
servicios en la Fundación Universitaria Área Andina, pero ante la renuencia de la
entidad en resolver su solicitud pensional no acudió a los mecanismos judiciales dentro
de un término razonable para someter a revisión dicha situación, sino que por el
contrario esperó que el tiempo transcurriera y continuó prestando sus servicios de
forma discontinua en la Fundación Universitaria Área Andina, razón por la cual no es
dable acceder a su pretensión encaminada a modificar la fecha de efectividad de la
pensión de jubilación, con miras a que se le aplique un régimen pensional en
apariencia más favorable, como lo es la Ley 33 de 1985, que exige acreditar 20 años
de servicios en el sector público, y por tanto, excluir los tiempos de servicios prestados
con posterioridad a su retiro del Hospital Simón Bolívar, que es en esencia lo
pretendido en la demanda.
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55. Se debe resaltar que la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones,
indicó en la Resolución VPB 42841 del 13 de mayo de 2015 que resolvió el recurso de
apelación en contra de la Resolución GNR 198773 del 3 de junio de 2014, que la
demandante es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y por
ende de los regímenes pensionales contenidos en las Leyes 33 de 1985, 71 de 1988
y 797 de 2003 y el Decreto 758 de 1990, reconociéndole por favorabilidad la Ley 33
de 1985 al arrojar una mesada pensional superior, liquidando la prestación conforme
los lineamientos de la Ley 100 de 1993 y teniendo en cuenta únicamente los tiempos
públicos, sin que esto de lugar a la devolución de las cotizaciones a pensión por los
tiempos de servicios prestados en el sector privado, sin importar que sean anteriores
o posteriores a los tiempos públicos.
56. Lo anterior se sustenta en que el régimen de prima media del sistema general de
pensiones se caracteriza por ser solidario, y por exigir de forma obligatoria la afiliación
de los trabajadores y los aportes o cotizaciones al riesgo de vejez por parte de los
afiliados, empleadores y contratistas, y esta última obligación cesa en el momento en
el que el afiliado reúne los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez o
cuando le sea reconocida la pensión de invalidez, ello sin perjuicio de los aportes
voluntarios que decida continuar efectuando el afiliado o empleador en los dos
regímenes.
57. Luego, si un empleado continúa prestando sus servicios aun cuando consolidó y le
fue reconocido el derecho a la pensión de vejez, se mantiene la obligación de efectuar
aportes a los demás riesgos (salud y riesgos laborales), y deberá desafiliarse del
sistema pensional para reclamar el pago de las mesadas pensionales, o dicho de otro
modo, para disfrutar de la prestación debe demostrar el retiro efectivo del servicio
público.
58. Resulta lógico que si la demandante continuó prestando sus servicios, bien fuera en
el sector público o privado, y recibió una contraprestación o remuneración por ello,
incluyendo el cubrimiento de los riesgos a salud, pensión y riesgos laborales, el
empleador se encontraba en la obligación de realizar los respectivos aportes al sistema
en el porcentaje que le corresponde a cada una de las partes, máxime si se tiene en
cuenta que no se había efectuado el reconocimiento de la pensión de vejez, para que
la trabajadora estuviera cesante.
59. Ahora bien, es preciso señalar que la causación del derecho a la pensión y su
disfrute son dos aspectos diferentes, pues el primero es el momento en el cual el
afiliado cumplió con los requisitos mínimos de edad y tiempo de servicios, es decir
cuando consolidó el derecho, y el segundo es el momento a partir del cual comienza
a disfrutar de la mesada pensional, situación que como quedó expuesta, se condiciona
al retiro del sistema.
60. De acuerdo con lo anterior se concluye, que la demandante al 06 de enero de 2010
ya contaba con los 20 años de servicio y tenía 58 años de edad, es decir, acreditaba
los requisitos para la pensión, sin embargo, como quiera que continúo laborando y
efectuando aportes al sistema hasta el ciclo de junio de 2013, la pensión de vejez
solamente podrá ser pagada o disfrutada a partir de la última cotización; razón por la
cual no es posible acceder a la solicitud de cambiar la efectividad de disfrute de la
pensión.
61. Ahora bien, la seguridad social se concibe en desarrollo del principio de solidaridad,
pues surge del esfuerzo mancomunado de los afiliados con el propósito común de
cubrir las contingencias individuales (en pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia)
y se materializa a través del aporte o cotización. De igual forma, la seguridad social va
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de la mano con otros principios y valores como lo son los de sostenibilidad financiera,
eficiencia y garantía de los derechos fundamentales.
62. Para su funcionamiento el régimen de prima media requiere obtener recursos para
el financiamiento de las prestaciones de los afiliados cuyos recursos son insuficientes
(sector más vulnerable), de tal forma que también incorpora dentro de su esquema la
participación del Estado que en su condición de garante de los derechos de los
coasociados está comprometido a prestar el apoyo necesario para garantizar la
efectividad de los derechos.
63. Por consiguiente, los tiempos de servicios prestados sobre los cuales se realizaron
aportes al sistema de pensiones, pueden ser tenidos en cuenta en su totalidad sin
importar el régimen aplicable, en virtud de lo establecido en el artículo 21 de la Ley
100 de 1993, el cual permite que se calcule el ingreso base sobre los ingresos de toda
la vida laboral del trabajador siempre y cuando haya cotizado como mínimo 1.250
semanas, y por otro lado, si no son tenidos en cuenta para la liquidación y cálculo de
la cuantía de la mesada pensional, dichos aportes son empleados para financiar la
propia prestación la cual es cancelada una vez se consolida el derecho y es reconocida
por la respectiva entidad hasta que se extinga el derecho, así como también para
financiar las prestaciones de aquellos afiliados cuyos recursos resultan insuficientes,
esto en virtud de los principios de solidaridad y sostenibilidad financiera.
64. Así las cosas, al negarse el cambio en la efectividad de la pensión de jubilación
reconocida en aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y la Ley 33
de 1985 (por favorabilidad) a partir del 6 de enero de 2010 cuando se retiró del E.S.E.
Hospital Simón Bolívar Nivel III, por las razones expuestas, también resultan
improcedentes las demás pretensiones de la demanda.
65. De conformidad con lo expuesto, la demandante no tiene derecho a que se
modifique la fecha de efectividad de la prestación, porque para la liquidación de la
pensión tomaron todos los tiempos de servicios efectivamente cotizados, por
consiguiente, la prestación se empieza a pagar a partir de la desafiliación al sistema,
esto es a partir del día siguiente al último aporte realizado.
66. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.
3.7. Conclusión
67. Con fundamento en lo expuesto, la respuesta al problema jurídico planteado es que
la demandante no tiene derecho a que la pensión de vejez sea efectiva a partir del 06
de enero de 2010, por cuanto realizó cotizaciones al sistema al 1 de junio de 2013.
68. Por lo tanto, en la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la sentencia de
primera instancia, y, en consecuencia, los actos administrativos demandados,
conservan su presunción de legalidad.
3.8. Costas
presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario30 de la
69. La
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
30
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
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Radicación: 25001-23-42-000-2018-01330-01 (3608-2022)
Demandante: Elsa María Chaparro Laverde
Demandada: UGPP
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, se
revocará la condena en constas impuesta por el a quo, y en esta oportunidad no se
condenará en costas, porque no se advierte que la parte demandante, y en esta
instancia recurrente, haya incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia proferida el 11 de
febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda –
Subsección E, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda
presentada por Elsa María Chaparro Laverde.
Segundo. Revocar la condena en costas impuesta por el a quo. No condenar en
costas en esta instancia.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Demandada: UGPP
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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