RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2018-01332-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01332-01

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01332-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 17 de marzo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda promovida por la señora Luz Marina Sánchez Estrada contra la UGPP. SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01332-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., cinco (05) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000 23 42 000 2018 01332 01 (2598-2021)
Demandante: Luz Marina Sánchez Estrada
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Reconocimiento de pensión gracia. Docente nacionalizado y
territorial. Períodos ejercidos con posterioridad al 1.° de
enero de 1990. Aplicación sentencia de unificación SUJ-030-
CE-S2-2021 del 11 de agosto de 2022. Condena en costas
a la parte vencida.

Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia en atención a
que la demandante acreditó el cumplimiento de todos los
requisitos legales para acceder a la pensión gracia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 17 de marzo de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia,
solicitó la nulidad de las Resoluciones PAP 051516 del 2 de mayo de 2011 y
UGM 000339 del 28 de junio de 2011, mediante las cuales la extinta CAJANAL
le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia de jubilación.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se le reconozca dicha
prestación periódica a partir del 23 de octubre de 2009, en un monto equivalente
al 75 % del promedio de todo lo devengado durante el año inmediatamente
anterior a la fecha en que adquirió el estatus pensional, conforme a lo dispuesto
en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, en concordancia con la
Ley 4.ª de 1966 y el Decreto 1743 del mismo año.

3. De igual manera, requirió que no se declare la prescripción de las mesadas
pensionales, que se ordene el pago de intereses moratorios en los términos del
numeral 4.° del artículo 195 del CPACA y que se hagan los ajustes de valor

1
Folios 51 al 65.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 1
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000 23 42 000 2018 01332 01 (2598-2021)
Demandante: Luz Marina Sánchez Estrada

correspondientes a las sumas adeudadas con base en lo previsto en el artículo
187 ibidem. Finalmente, pidió que se condene en costas a la entidad accionada.

4. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, indicó haber nacido el 23
de octubre de 1959, por lo que, a la fecha de presentación de la demanda,
superaba los 50 años de edad.

5. Agregó que ha prestado sus servicios al Estado como docente del orden
territorial y/o nacionalizado por más de 20 años, discriminados así: i) del 1.° de
abril de 1979 al 8 de mayo de 1981, en el departamento del Caquetá; ii) del 3 de
abril de 1981 al 13 de junio de 1986, en el departamento de Cundinamarca; y iii)
del 28 de mayo de 1992 al 26 de mayo de 2011, también en Cundinamarca.

6. Asimismo, manifestó haber desempeñado sus funciones docentes con
honradez, dedicación, idoneidad y buena conducta, sin haber sido objeto de
sanciones disciplinarias. Añadió que, en la actualidad, no percibe remuneración
alguna proveniente de la Nación.

7. Por último, relató que el 12 de marzo de 2010 elevó solicitud ante
CAJANAL para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, la cual fue negada
mediante los actos administrativos acusados bajo el argumento de que su
vinculación era de carácter nacional omitiéndose la aplicación de lo establecido
en el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989.

Contestación de la demanda2

8. La entidad accionada se opuso a la prosperidad de las pretensiones
argumentando que los actos administrativos acusados gozan de presunción de
legalidad.

9. A su vez, luego de citar jurisprudencia relacionada con la pensión gracia,
propuso la excepción previa de «falta de requisitos para demandar» precisando
que no se agotaron los recursos obligatorios de ley contra el acto administrativo
acusado, tal como lo prevé el artículo 161 del CPACA.

10. Igualmente, planteó las exceptivas de fondo que denominó «falta de
requisitos pensionales (pensión gracia) o inexistencia de obligación» y
«prescripción».

Resolución de excepciones previas

11. En la audiencia inicial celebrada el 27 de junio de 20193, se declaró no
probada la excepción previa de «falta de requisitos para demandar», al advertirse
que en la Resolución PAP 051516 del 2 de mayo de 2011 únicamente se indicó
la procedencia del recurso de reposición. En consecuencia, no era exigible la

2
Folios 110 al 115.
3
Minuto 6:40 del audio y video de la audiencia inicial, obrante en el folio 122.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 2
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000 23 42 000 2018 01332 01 (2598-2021)
Demandante: Luz Marina Sánchez Estrada

interposición del recurso de apelación, conforme lo dispone el inciso 2.º del
numeral 2.º del artículo 161 del CPACA.

Sentencia apelada4

12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el 17 de
marzo de 2021, mediante la cual declaró la nulidad de los actos administrativos
acusados y condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar la pensión
gracia a favor de la accionante, en cuantía equivalente al 75 % del salario
promedio mensual percibido en el año anterior a la adquisición del estatus
pensional, esto es, entre el 23 de octubre de 2008 y el 23 de octubre de 2009,
incluyendo como factores el sueldo, las horas extras y la doceava parte de las
primas de navidad y de vacaciones.

13. Con fundamento en el material probatorio, el a quo concluyó que la
demandante acreditó haber cumplido 50 años de edad el 23 de octubre de 2009.
Asimismo, que laboró como docente nacionalizada en propiedad entre el 1.° de
abril de 1979 y el 8 de mayo de 1981 (1 año, 1 mes y 7 días), como docente
territorial entre el 3 de abril de 1981 y el 2 de febrero de 1987 (5 años, 9 meses y
29 días) y nuevamente como docente territorial desde el 29 de mayo de 1992
hasta la fecha del último certificado laboral (acumulando 27 años, 2 meses y 29
días).

14. No obstante, declaró la prescripción de las mesadas causadas con
anterioridad al 21 de junio de 2015, en aplicación del artículo 102 del Decreto
1848 de 1969.

15. Finalmente, se abstuvo de imponer condena en costas a la parte vencida
al no evidenciarse actuación temeraria o de mala fe y no encontrarse demostrado
que se hubiesen causado, según lo previsto en el numeral 8 del artículo 365 del
CGP.

Recurso de apelación5

16. La entidad demandada interpuso recurso de apelación solicitando la
revocatoria de la sentencia por cuanto discrepa de la valoración realizada por el
a quo al haber computado los tiempos de servicio prestados por la actora con
posterioridad al 1.° de enero de 1990. A su juicio, dichos periodos no pueden ser
tenidos en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, en virtud
de la unificación del régimen prestacional del magisterio prevista en el artículo 15
de la Ley 91 de 1989 y conforme a la interpretación fijada por la Corte
Constitucional en la sentencia C-489 del 4 de mayo de 2000.

4
Folios 229 al 246
5
Folios 263 y 264.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 3
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000 23 42 000 2018 01332 01 (2598-2021)
Demandante: Luz Marina Sánchez Estrada

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

17. Mediante auto del 30 de septiembre de 2021 6, se admitió el recurso de
apelación de la referencia y se le advirtió a la parte demandante que tenía hasta
el término de ejecutoria de dicha providencia para pronunciarse sobre la alzada.
A su turno, se indicó que el Ministerio Público podría emitir el respectivo concepto
hasta antes de que el expediente ingresara al despacho para fallo.

18. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
fase del proceso.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

19. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así
las cosas, esta Corporación abordará el análisis de este litigio.

Problema jurídico

20. Con base en los reparos concretos sustentados en el recurso de
apelación, le corresponde a la Sala determinar si los tiempos que la demandante
prestó como maestra del departamento de Cundinamarca después del 1.º de
enero de 1990 pueden computarse para efectos de completar los 20 años
requeridos para acceder a la pensión gracia.

Análisis del problema jurídico

21. La Sala anticipa que la sentencia de primera instancia será confirmada por
cuanto los tiempos de servicio pueden ser computados de manera continua o
discontinua, sin que el 1.° de enero de 1990 constituya un límite temporal
impeditivo, conforme lo sostiene la jurisprudencia de esta Corporación. Las
razones que sustentan esta conclusión serán expuestas en los párrafos que
siguen.

22. Para acceder al beneficio de la pensión gracia, deben cumplirse de
manera concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente
territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado
servicios como docente nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por
un periodo no inferior a 20 años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber
cumplido 50 años de edad; iv) haber ejercido la docencia con honradez,

6
Folio 273.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 4
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000 23 42 000 2018 01332 01 (2598-2021)
Demandante: Luz Marina Sánchez Estrada

consagración y buena conducta; y v) no haber recibido ni estar recibiendo otra
pensión o recompensa de carácter nacional.

23. Aclarado lo anterior, en el presente caso está demostrado que la
demandante cumplió 50 años de edad el 23 de octubre de 20097, que ejerció sus
funciones con honradez y buena conducta, que no percibe una asignación
proveniente de la Nación incompatible con la pensión gracia y que se vinculó
como docente nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, cuyos servicios
los prestó para el departamento del Caquetá.

24. Sobre este último requisito, obra en el expediente copia del Certificado de
Tiempo de Servicio del 25 de junio de 20078, emitido por el coordinador de archivo
y registro de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Caquetá, en el
que se señala expresamente que la accionante prestó sus servicios como
docente del nivel de básica primaria, con tipo de vinculación nacionalizada, en el
Centro Docente San Pedro Bajo del municipio de Albania, entre el 1.° de abril de
1979 y el 9 de mayo de 1981, en virtud del nombramiento efectuado a través del
Decreto 142 del 26 de marzo de 1979.

25. No obstante, cabe advertir que si bien en el proceso no se allegaron copias
de los actos de nombramiento y posesión, la Sala evidencia que la información
relacionada en el Certificado aludido en el párrafo anterior coincide con la
plasmada en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral del 15 de octubre de 20199, emitido por la Secretaría de Educación
Departamental del Caquetá, aclarando que si bien en este último documento se
dejó por sentado que el régimen de pensiones de la actora es nacional, ello no
representa la naturaleza de la vinculación para efectos de la pensión gracia sino
que obedece a informar sobre el régimen de seguridad social en materia de
pensión de vejez o jubilación aplicable al profesor.

26. Además, vale la pena precisar que esta Corporación, en la sentencia de
unificación SUJ-SII-11-2018 de 21 de junio de 2018, estableció una regla
jurisprudencial encaminada a la manera en la que se debe probar la calidad de
docente territorial, a saber:

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el
docente oficial es de carácter territorial. (Se resalta)

27. Por consiguiente, tal como lo concluyó el Tribunal, el Certificado de Tiempo
de Servicio del 25 de junio de 2007 da cuenta, inequívocamente, que la
accionante prestó sus servicios como docente nacionalizada antes del 31 de

7
Cfr. Cédula de ciudadanía (folio 04), en la que se prueba que la actora nació el 23 de octubre de 1959.
8
Folio 11.
9
Folios 209 y 210.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 5
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000 23 42 000 2018 01332 01 (2598-2021)
Demandante: Luz Marina Sánchez Estrada

diciembre de 1980, lo cual permite acreditar el requisito previsto en el artículo 15
de la Ley 91 de 1989.

28. Ahora bien, la entidad apelante sostiene en su recurso de apelación que
la actora no puede acreditar el requisito de 20 años de servicios como docente
territorial o nacionalizada con los servicios prestados a partir del 1.° de enero de
1990 por cuanto —a su juicio— la Ley 91 de 1989 habría unificado los regímenes
prestacionales del magisterio, fijando dicha fecha como límite temporal para el
cómputo de servicios válidos con miras al reconocimiento de la pensión gracia.

29. Sin embargo, la Sala Plena de esta Sección, mediante la sentencia de
unificación jurisprudencial SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de 202210,
interpretó el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989, en conjunto
con lo dispuesto en las sentencias C-84 de 1999 y C-489 de 2000 de la Corte
Constitucional, estableciendo la siguiente regla jurisprudencial aplicable al
presente caso:

Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento. (Se resalta)

30. Para arribar a esa conclusión, se adujo que la citada norma no estableció
el 29 de diciembre de 1989 (momento en que entró en vigencia la Ley 91) como
fecha límite para consolidar el derecho a la pensión gracia sino que, al emplear
las expresiones «tuviesen o llegaren a tener derecho» y el verbo «reconocerá»,
permitió que los docentes vinculados antes del 31 de diciembre de 1980 pudieran
completar con posterioridad los requisitos de edad y tiempo de servicio
garantizando tanto los derechos adquiridos como las expectativas legítimas y
asegurando la vigencia del régimen especial en el tiempo.

31. También, al analizar los alcances de la sentencia C-489 de 2000 dictada
por la Corte Constitucional, estimó que no es cierto que haya fijado como límite
el 29 de diciembre de 1989 para completar los requisitos de la pensión gracia,
pues su alcance se restringió a la protección de quienes ya tenían derechos
consolidados para esa fecha.

32. Es más, se explicó que la Corte —a través de las sentencias C-954 de
2000, C-479 de 1998, C-915 de 1999, C-085 de 2002, C-084 de 1999, C-506 de
2006 y SU-014 de 2020— ha reiterado que el régimen de la pensión gracia siguió
proyectando efectos después de 1989 para quienes tenían vinculación previa a
1981 tomando en cuenta que el reconocimiento de dicha prestación responde al
carácter irrenunciable de los derechos laborales y a los principios de favorabilidad
y pro homine asegurando que los docentes nacionalizados o territoriales no vean

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación proferida dentro
del proceso 15001 23 33 000 2016 00278 01 (3018-2017).

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 6
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000 23 42 000 2018 01332 01 (2598-2021)
Demandante: Luz Marina Sánchez Estrada

frustrada la posibilidad de consolidar un beneficio que constituye una conquista
histórica del magisterio.

33. Así las cosas, aunque el fundamento de apelación asumido por la entidad
se circunscribió a que no era posible tener en cuenta los períodos que la actora
prestó con posterioridad al 1.° de enero de 1990, ello no implica que la sentencia
de unificación reseñada no sea aplicable al caso concreto, en tanto que el
sustento de tal afirmación radicó en que a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 91 de 1989 no era posible acceder a la pensión gracia, circunstancia que se
analizó en la citada providencia y de la cual esta Colegiatura fijó la regla
jurisprudencial señalada en el párrafo 30 ut supra.

34. Con base en lo anterior, comoquiera que la demandante se vinculó como
docente nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, tal como se
analizó previamente (ver párrafos 24 al 27 ut supra), el requisito de los 20 años
de servicio podía ser cumplido tanto antes como después de la expedición de la
Ley 91 de 1989.

35. Así las cosas, con el fin de acreditar el requisito objeto de apelación, se
reitera que la accionante prestó sus servicios para el departamento del Caquetá
entre el 1.° de abril de 1979 y el 9 de mayo de 1981, como docente nacionalizada,
equivalente a 2 años, 1 mes y 9 días.

36. De igual modo, se aportó copia del Decreto 00836 del 2 de marzo de
198111, a través del cual el gobernador de Cundinamarca junto al secretario de
educación departamental, en uso de sus atribuciones legales, nombraron a la
demandante como docente del municipio de Yacopí, cargo del cual tomó
posesión el 3 de abril de 198112.

37. Asimismo, obra el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral del 5 de marzo de 201813 emitido por la Secretaría de Educación
de Cundinamarca, en el que se da constancia de que la libelista prestó sus
servicios como docente de primaria en los municipios de Yacopí y Anapoima,
entre el 3 de abril de 1981 y el 2 de febrero de 1987 (5 años y 10 meses), en
virtud del nombramiento efectuado mediante el referido Decreto 836 del 2 de
marzo de 1981. No obstante, en dicho documento se dejó por sentado que
durante esa vinculación se le concedieron dos licencias no remuneradas por un
lapso equivalente a 1 año, 1 mes y 30 días.

38. Ahora, en cuanto a la naturaleza de la vinculación referida, para la Sala es
claro que corresponde al orden territorial-departamental en tanto que el acto
administrativo de nombramiento solo fue suscrito por el gobernador de
Cundinamarca y el secretario de educación de ese departamento, sin que se
evidencie la intervención del Ministerio de Educación Nacional; lo cual se

11
Folio 162.
12
Cfr. Acta de posesión núm. 09299 del 3 de abril de 1981 (folio 163).
13
Folio 47.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 7
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000 23 42 000 2018 01332 01 (2598-2021)
Demandante: Luz Marina Sánchez Estrada

acompasa con la definición que trata el artículo 1.° de la Ley 91 de 1989, según
el cual son territoriales «los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».

39. Además, se aclara que el hecho de que en el formato de certificado de
historia laboral analizado en el párrafo anterior se haya señalado con una equis
la casilla que indica que el régimen de pensiones es nacional, debe reiterarse que
este no es un elemento concluyente para determinar la naturaleza jurídica del
vínculo docente, pues está orientada a informar sobre el régimen de seguridad
social en materia de pensión de vejez aplicable a la profesora, cuestión que dista
de los requisitos especiales para acceder a la pensión gracia que son de interés
para la Sala.

40. Por consiguiente, el tiempo en el que la actora prestó sus servicios como
docente territorial para el departamento de Cundinamarca, entre el 3 de abril de
1981 y el 2 de febrero de 1987, equivalente a 4 años, 8 meses y 1 día14, es
computable para efectos de la pensión gracia.

41. Finalmente, se aportó copia del Decreto 061 del 12 de mayo de 199215, a
través del cual el alcalde del municipio de Pacho (Cundinamarca), —en uso de
sus atribuciones legales, en especial, las conferidas en los artículos 9.° de la Ley
29 de 1989, 10 y 16 del Decreto 1706 de 1989 y 5.° del Decreto 2277 de 1979—
nombró a la accionante como docente de la Escuela Rural El Florido de dicho
ente territorial.

42. Conviene indicar que en la parte considerativa del acto de nombramiento
se precisó que el alcalde asumió la administración del personal directivo docente
de esa localidad el 15 de julio de 1991 y que para proveer el cargo existía
certificación de disponibilidad presupuestal y de la plaza vacante, expedida por
la delegada del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo Educativo
Regional (FER) de Cundinamarca.

43. Lo anterior, permite establecer que dicha vinculación es de carácter
nacionalizado puesto que el nombramiento lo efectuó el alcalde del municipio de
Pacho (Cundinamarca) y se contó con la aprobación presupuestal y de vacancia
por parte del Ministerio de Educación, en virtud de lo previsto en el artículo 10 de
la Ley 43 de 1975, ajustándose tal circunstancia a lo previsto en el artículo 1.° de
la Ley 91 de 1989 según el cual son nacionalizados «los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los
vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley 43 de 1975».

14
Sobre este aspecto, vale la pena indicar que el tiempo equivalente referenciado corresponde a lo laborado por la actora
entre el 3 de abril de 1981 y el 2 de febrero de 1987, restándole el tiempo relativo a las licencias no remuneradas que se
le concedieron a la actora entre el 15 de septiembre de 1986 y el 13 de noviembre de 1987, que suman 1 año, 1 mes y
30 días, según se certificó en el formato que obra en el folio 47 del expediente.
15
Folios 18 y 19.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 8
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000 23 42 000 2018 01332 01 (2598-2021)
Demandante: Luz Marina Sánchez Estrada

44. Adicionalmente, el fundamento normativo por el cual el alcalde de Pacho
nombró a la parte demandante fue la Ley 29 de 1989. Esta ley asignó a los
representantes legales de las entidades territoriales la función de nombrar,
trasladar, remover, controlar y, en general, administrar el personal docente y
administrativo de los establecimientos educativos nacionales y nacionalizados.

45. En otras palabras, el ejercicio de esta facultad lleva a concluir que el
nombramiento realizado mediante el Decreto 061 del 12 de mayo de 1992 solo
pudo ser nacional o nacionalizado. De tal suerte que, según lo estipulado en el
ya mencionado artículo 1.° de la Ley 91 de 1989, el personal nacional se refiere
a los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional, situación
que no se ajusta al caso objeto de estudio; por lo tanto, al descartarse el carácter
nacional, se confirma que tal designación ostentó naturaleza nacionalizada.

46. Además, obra copia del Formato Único para la Expedición de Certificado
de Historia Laboral del 19 de julio de 201916 emitido por la Secretaría de
Educación Departamental de Cundinamarca, en el que se da constancia de que
la actora ha estado vinculada como docente de básica secundaria para ese ente
territorial a partir del 28 de mayo de 1992, en atención al nombramiento efectuado
mediante el ya estudiado Decreto 061 del 12 de mayo de 1992, sin que se
evidencia pérdida de continuidad en el ejercicio de sus funciones como
educadora, certificando un total de 27 años, 1 mes y 22 días de servicios, los
cuales son computables para efectos del reconocimiento de la pensión gracia
pretendida.

47. De acuerdo con lo anterior, está demostrado que la accionante sirvió como
docente territorial y nacionalizada para los departamentos del Caquetá y
Cundinamarca durante 33 años, 11 meses y 3 días, tal como se muestra en la
siguiente gráfica:

Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Años Meses Días
Nacionalizada 01/04/1979 09/05/1981 2 1 9
Territorial-distrital 03/04/1981 02/02/1987 4 8 217
Nacionalizada 28/05/1992 19/07/201918 27 1 22
TOTAL 33 11 3

48. En este orden de ideas, la actora cumplió con la totalidad de los requisitos
exigidos para acceder a la pensión gracia, por lo que hay lugar a confirmar la
sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

16
Folio 159.
17
Tiempo equivalente al tiempo total laborado durante el 3 de abril de 1981 y el 2 de febrero de 1987, menos el tiempo
en el que a la actora se le concedió una licencia no remunerada entre el 15 de septiembre de 1986 y el 13 de noviembre
de 1987.
18
Fecha en la que se expidió el certificado de historia laboral obrante en el folio 159.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 9
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000 23 42 000 2018 01332 01 (2598-2021)
Demandante: Luz Marina Sánchez Estrada

49. De igual modo se comparte, por un lado, la decisión de establecer que el
estatus pensional de la libelista surgió el 23 de octubre de 2009, fecha en la que
cumplió 50 años de edad, la cual es posterior al momento en que completó 20
años de servicios como docente territorial y nacionalizada (27 de octubre de
200519); y, por el otro, la declaratoria de la prescripción de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 21 de junio de 2015.

50. Lo anterior, por cuanto si bien la petición de reconocimiento de la
prestación periódica se presentó dentro de los 3 años después de que surgió el
derecho pensional (12 de marzo de 201020), lo cierto es que la demanda se
interpuso hasta el 21 de junio de 201821, lo que indica que no se cumplieron los
plazos trienales establecidos en los artículos 41 y 102 de los Decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969, respectivamente.

Condena en costas

51. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

52. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

53. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

54. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad accionada, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

19
Fecha que surge de restarle al 19 de julio de 2019 (día en que se expidió el certificado de historia laboral) lo equivalente
a 13 años, 11 meses y 3 días, tiempo que excede los 20 años de servicios requeridos.
20
Fecha tomada de la Resolución PAP 051516 del 2 de mayo de 2011, acto administrativo demandado (folio 33).
21
Folio 65, revés.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 10
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000 23 42 000 2018 01332 01 (2598-2021)
Demandante: Luz Marina Sánchez Estrada

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 17 de marzo de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la
demanda promovida por la señora Luz Marina Sánchez Estrada contra la UGPP.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP,
las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 11
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.