Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01570-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01570-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-01570-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25 000 23 42 000 2018 01570 01 (4282-2022)
Demandante: Carlos Elías Lúquez Carrillo
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Tema: Declaración de insubsistencia. Empleado libre nombramiento
y remoción.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante
contra la sentencia de 8 de julio de 2021, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte
actora.
I. ANTECEDENTES
1.1 Pretensiones de la demanda.
Primera. Anular la Resolución 754 de 31 de octubre de 2017,1 por medio de la
cual la Gerente General de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P. -en adelante, el Acueducto de Bogotá-, declaró insubsistente el
nombramiento que el demandante ostentaba en el cargo de Director
Administrativo de la Dirección Jurisdicción Coactiva, código 009, grado 08, de la
Gerencia Corporativa Financiera de esa entidad.
Segunda. Condenar a la demandada reintegrar al actor al aludido empleo y/o en
otro de igual jerarquía y remuneración y, además, pagarle los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo que permaneció
desvinculado del servicio.
Tercera. Ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos
en los artículos 187 y 192 de la Ley 1437 de 2011.
1 Folio 9 del expediente.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25 000 23 42 000 2018 01570 01 (4282-2022)
Demandante: Carlos Elías Lúquez Carrillo
1.2 Hechos que fundamentan la demanda.
El 18 de enero de 2012, el demandante se vinculó a la demandada en el cargo
de Asesor, grado 08 de la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y
Administrativa del Acueducto de Bogotá.
Posteriormente, esto es, el 1.° fue traslado al empleo denominado Jefe de la
Oficina de Investigaciones Disciplinarias, grado 08, adscrito a la Gerencia
General.
Tiempo más tarde, el 10 de diciembre de 2014, fue encargado de las funciones
de Director Administrativo, grado 08, de la Dirección de Jurisdicción Coactiva de
la Gerencia Corporativa Financiera, ocupación a la que fue trasladado
definitivamente el 22 de enero de 2015, a través de la Resolución 0040 del día
21 de ese calendario.
Durante todo ese tiempo el demandante fue eficiente en el cumplimiento de su
labor, destacándose como Director de Jurisdicción Coactiva por los incrementos
de los recaudos de cartera persuasiva y coactiva, en comparación con los
periodos anteriores a su posesión.
Mediante la decisión cuestionada se declaró insubsistente su nombramiento en
el empleo en cita, a pesar de que había puesto en conocimiento del Acueducto
de Bogotá su condición de prepensionado. Así entonces, para esa data contaba
con más de 61 años de edad y 1.426 semanas de cotización al sistema pensional,
lo que permite inferir que le faltaban menos de 9 meses para acceder a la pensión
de vejez.
1.3 Fundamentos de derecho.
Se señalaron como vulneradas las siguientes disposiciones:
• Artículos 48, 53 y 67 de la Constitución política.
• Artículos 44, 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011.
• Artículo 7.° del Decreto 2400 de 1968.
• Artículos 8, 9 y 10 del Decreto 3135 de 1968.
• Ley 100 de 1993.
• Ley 790 de 2002.
• Ley 797 de 2003
• Ley 909 de 2004.
• Decreto Ley 785 de 2005.
• Ley 996 de 2005.
• Artículos 8, 9 y 10 del Decreto 3135 de 1968
Al desarrollar el concepto de violación se invocaron las siguientes causales de
nulidad:
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• Expedición irregular. En el acto acusado no se invocó la norma que facultaba
la emisión de la decisión discrecional allí vertida, ni muchos menos se
expresaron los motivos que la soportaban, impidiendo conocer si la
insubsistencia fue adecuada a los fines de la norma que la autoriza y
proporcional a los hechos que le sirvieron de causa.
La ausencia o falta de motivación al respecto vulneró el principio de legalidad
y configuró la aludida causal de nulidad, pues restringe el control jurisdiccional
que le es propio.
• Infracción de norma superior. Para la fecha de emisión de esa
determinación, el Acueducto de Bogotá desconoció la condición de
prepensionado del demandante y, junto con ello, los principios de estabilidad
laboral y mínimo vital, en razón a que, su empleo era el origen exclusivo de
sus ingresos económicos con el que sostenía a sus hijos menores de edad.
Aquella calidad era bien conocida por la demandada, pues convocó al
accionante a talleres y programas para prepensionados.
En múltiples sentencias, la Corte Constitucional ha protegido a los empleados
públicos y privados que se encuentran en la anotada situación, cuando el retiro
del servicio pone en riesgo sus derechos fundamentales. Entre ellas, la
sentencia T-685 de 2016, pregonó que los servidores vinculados a empleos
de libre nombramiento y remoción son titulares de la pre-pensión, siempre que
les falte menos de tres años para reunir todos los requisitos de acceso a esa
prestación y, además, no estén a cargo de funciones de formulación, manejo
y dirección de políticas dimanadas de su superior jerárquico. Por tanto, como
la ocupación del señor Lúquez Carrillo no conllevaba esas actividades, le debió
ser respetada su estabilidad laboral.
• Desviación de poder. con la expedición de la Resolución 754 de 31 de
octubre de 2017, no se buscó la satisfacción del interés público ni el
mejoramiento del servicio prestado, toda vez que las pruebas aportadas al
paginario evidenciaron la idoneidad y la eficiencia en la misión encomendada
al demandante, entre ellas, los sobresalientes índices de recaudo de cartera
durante su gestión, comparados con los periodos inmediatamente anteriores
al inicio de su ejercicio.
Además, es claro que el despido del demandante se cristalizó once días antes
del inicio de la ley de garantías electorales, en aras de burlar la prohibición
relacionada con la modificación de la planta de personal en el periodo
electoral, situación que se cumplió con el nombramiento, pocos días antes de
la primera vuelta presidencial, del nuevo titular del empleo de Director de
Jurisdicción Coactiva, sin que tal designación se ajustara a algunos de los
presupuestos señalados en esa ley, pues la vacante en el cargo se produjo a
raíz de la insubsistencia objeto de demanda.
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Finalmente, tanto la persona que fue encargada de ese empleo como la que
ingresó como titular, no reúnen las mismas calidades profesionales y de
experiencia del actor, lo que permite ratificar la teoría de que el retiro del
servicio no se fundó en razones del buen servicio.
• El cargo no es de libre nombramiento y remoción, por cuanto las
actividades que le fueron encomendadas en el respectivo manual de funciones
no se ajustan a los criterios definidos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-618 de 2015. En otras palabras, como el empleo de Director de
Jurisdicción Coactiva no implicaba el manejo y orientación institucionales y/o
la fijación de directrices o políticas, no puede ser catalogado dentro de aquella
naturaleza.
1.4 Contestación de la demanda.
Dentro de la oportunidad de ley, el Acueducto de Bogotá contestó la demanda,2
oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Con tales
fines, arguyó:
• La declaración de insubsistencia del nombramiento del demandante obedeció
a la facultad discrecional con la que estaba investida la Gerente General de la
entidad para remover a los servidores de libre nombramiento y remoción, en
aras de conformar el equipo de trabajo de su confianza.
• El acto cuestionado fue expedido dentro del marco legal y especialmente de
acuerdo con lo dispuesto por la Corte Constitucional en relación con los
funcionarios de libre nombramiento y remoción, a quienes no se les aplica la
estabilidad laboral reforzada por pre-pensión.
• La naturaleza de esos empleos -especial confianza entre el nominador y el
empleado- demanda un tratamiento distinto y, por tanto, irriga una estabilidad
laboral precaria sobre el designado, en orden a garantizar la gobernabilidad y
el cumplimiento de todos los indicadores contenidos en el proyecto de gestión
del jefe de la entidad. Por ende, de conformidad con la jurisprudencia nacional
y la Ley 909 de 2004, esa decisión, al no requerir de ninguna motivación, no se
le puede endilgar el vicio de desviación de poder.
• Con la demanda no se aportaron las pruebas que soportan las afirmaciones allí
realizadas en torno a que el acto administrativo cuestionado está viciado de
nulidad por desviación de poder, simplemente el actor se limitó a esbozar
argumentos carentes de razón jurídica suficiente para infirmar la presunción de
legalidad que orbita sobre aquel.
2 Folios 163 a 187 del expediente
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• Las personas que reemplazaron al demandante cumplían con los requisitos
mínimos para desempeñar el cargo de Director de Jurisdicción Coactiva. En
este sentido se destaca que, mientras uno de ellos superaba la formación
académica del actor, pues contaba con dos títulos de posgrados a nivel de
maestría, el otro prevalecía sobre él en cuanto a la experiencia relacionada para
ejercer dicho empleo. Así las cosas, no se avizora que a través del retiro del
servicio objeto de debate, el Acueducto de Bogotá haya provocado una
desmejora en el servicio prestado ni que tal decisión se emitió con fines distintos
al interés público.
• No se infringieron las reglas de la ley de garantías electorales, en razón a que,
tal y como se afirmó en la demanda, la desvinculación del demandante se
produjo once días antes del inicio de la restricción, por lo que tal cargo de
anulación no debe prosperar.
• Tampoco se desatendió el principio de estabilidad laboral reforzada, pues el
actor no gozaba de su protección, dado que, en primer lugar, los empleados de
libre nombramiento y remoción no son destinatarios de ese amparo y, además,
tal condición no se pregona cuando la edad es el único requisito faltante para
acceder al derecho pensional. En consecuencia, como el demandante se
encontraba vinculado a un empleo de esa naturaleza y, además, su derecho
pensional dependía del cumplimiento de la edad, tal espectro de conservación
no le era aplicable.
• Aseguró que el cargo desempeñado por el demandante si era de libre
nombramiento y remoción, pues los estatutos internos del Acueducto de Bogotá
-concebida como empresa industrial y comercial del Estado en el Acuerdo 6 de
1995- establecieron que los empleos de su planta de personal estarían
conformados por trabajadores oficiales y empleados públicos nominados bajo
aquella condición. Es decir, dentro de la planta de cargos no existen empleos
de carrera administrativa.
• Finalmente, invocó las excepciones de «legalidad del acto administrativo de
declaratoria de insubsistencia», «improcedencia de la estabilidad reforzada
derivada de la calidad de prepensionable», «inexistencia de las obligaciones»,
«cobro de lo no debido» y «prescripción».
1.5 Sentencia de primera instancia.
Mediante sentencia adiada 8 de julio de 2021,3 la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte actora.
3 Folios 286 a 299 de la foliatura.
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Demandante: Carlos Elías Lúquez Carrillo
Para arribar a esa decisión, el a quo, luego de referenciar la insubsistencia de
empleados de libre nombramiento y remoción y, particularmente, la de los que
detentan la condición de prepensionados, concluyó:
• La sentencia C-618 de 2015 -invocada por el accionante- no se erige en un
precedente jurisprudencial aplicable al asunto de marras, de modo tal que
avale la conclusión de que el empleo de Director de Jurisdicción Coactiva del
Acueducto de Bogotá es de carrera administrativa.
Lo anterior, por cuanto fue proferida dentro del juicio de constitucionalidad de
una disposición emitida en el marco del presupuesto del Sistema General de
Regalías, en el que se dispuso la creación de una planta de personal de
carácter temporal, cuyos empleos fueron catalogados como de libre
nombramiento y remoción. Entonces, como las determinaciones adoptadas en
ese fallo no guardan relación con el presente caso, no le son aplicables las
reglas allí previstas.
Adicionalmente, contrario a lo argüido por el demandante, en esa decisión, el
desarrollo de funciones de dirección y orientación institucional no fue el único
criterio fijado por la Corte Constitucional para encasillar un empleo dentro de
la denominación de libre nombramiento y remoción, pues también expresó que
tal naturaleza también se desprende de aquellas actividades y
responsabilidades que demandan confianza entre el designado y su
nominador.
En consecuencia, como el cargo ejecutado tenía como propósito principal
«[c]oordinar y controlar la gestión de la cartera misional de la EAABESP (sic),
el cobro persuasivo y coactivo, logrando una efectividad y mejoramiento
continuo del mismo», es más que clara su condición de libre nombramiento y
remoción, dada el alto grado de confianza que se exige para ello.
• Tampoco tiene aplicabilidad la sentencia T-685 de 2016, en tanto fue anulada
por la propia Corte Constitucional mediante auto 362 de 2017.
• De acuerdo con lo establecido en la sentencia SU-003 de 2018, el actor, al
desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción, no gozaba de
estabilidad laboral reforzada y, además, no reúne los requisitos para ser
considerado prepensionado, pues la edad es el único requisito que le faltaba
para acceder a la pensión de vejez.
• Dada la naturaleza de ese empleo, no se requería por parte del nominador
ninguna motivación y/o explicación de las razones que determinaron la
insubsistencia, pues así lo ha venido señalando la jurisprudencia nacional.
• No se infringió la prohibición de modificación de la nómina de personal
establecida en la ley de garantías electorales, pues la desvinculación del
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servicio se produjo antes del inicio del periodo restrictivo, lo cual fue reconocido
en la demanda.
• La negativa de la entidad demandada frente a las vacaciones solicitadas por
el actor no es prueba de la desviación de poder alegada en libelo, pues no
refleja, por ejemplo, que haya sido adoptada como una represalia contra aquél.
• No se demostró que con la declaratoria de insubsistencia se desmejoró el
servicio prestado por el Acueducto de Bogotá. El buen desempeño laboral, la
carencia de antecedentes disciplinarios o una excelente hoja no avala la
inamovilidad laboral del demandante, ni mucho menos restringe la potestad
discrecional con que contaba su nominador.
1.6 El recurso de apelación.
Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante la recurrió en
apelación.4 En su intervención, censuró que el tribunal de primera instancia
hubiere negado las pretensiones de la demanda, pues a su juicio:
• Contrario a lo señalado por el a quo, la sentencia C-618 de 2015 si es aplicable
al presente asunto. Ello, dado que, según lo indicado por la misma Corte
Constitucional en la sentencia T-109 de 2019, una providencia adquirirá la
connotación de precedente judicial en la medida en que exista identidad entre
la regla en ella depositada y el caso que debe ser resuelto, más no por la
similitud total de los aspectos fácticos y jurídicos de ambas.
Así entonces, como quiera que los dos criterios definidos en aquella
oportunidad para identificar los empleos de libre nombramiento y remoción no
se cumplen frente al cargo ejecutado por el actor, pues las funciones de cobro
coactivo no involucran una especial relación confianza frente al nominador, ni
muchos menos implican la adopción de directrices, orientaciones y políticas
institucionales, se concluye que el cargo de Director de Jurisdicción Coactiva
del Acueducto de Bogotá no era pasible de la medida discrecional adoptada o,
lo que es lo mismo, de ser rotulado bajo aquella denominación.
• No es aceptable la tesis planteada en la providencia recurrida, según la cual
la sentencia T-685 de 2016 carece de fuerza normativa frente al caso
expuesto, por cuanto la irretroactividad solo se predica de la ley y no de la
jurisprudencia.
Lo dicho, por cuanto desconoce que en el artículo 53 superior se ordena la
aplicación del principio de favorabilidad en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales del derecho, dentro de las cuales se adscribe la
jurisprudencia. Por ende, atendiendo a que la sentencia SU-003 de 2018 es
posterior a la insubsistencia, es que procedente aplicar las reglas vigentes
4 Folios 302 a 303 del expediente.
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para entonces y que se encuentran sintetizadas, entre otras, en la decisión T-
685 de 2016.
Por lo que sigue, el actor si tiene la calidad de prepensionado, en razón a que
al momento del despido le faltaban menos de tres años para adquirir su
derecho pensional.
1.7 Trámite correspondiente a la segunda instancia.
1.7.1 La admisión del recurso.
Mediante auto adiado 14 de septiembre de 2022,5 se admitió el recurso de
apelación.
Dentro de los plazos previstos en los numerales 4.° y 6.° del artículo 247 de la
Ley 1437 de 2011, no se registraron intervenciones de las partes ni del Agente
del Ministerio Público Delegado ante esta Corporación.
1.8 El control de legalidad.6
Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte ninguna causal de nulidad
que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que procederá a resolver la
alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,7 esta Sala de Subsección del
Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
presentado.
2.2 Marco de análisis de la segunda instancia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso,8 la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el recurrente. No obstante, en caso de que ambas
partes hayan apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
5 Folio 318 del expediente.
6 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá
el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de
hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]».
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En el caso concreto es necesario pronunciarse respecto de los argumentos
expuestos por el apoderado de la parte demandante, en su condición de apelante
único.
2.3 Problemas jurídicos.
De acuerdo con los argumentos planteados en la alzada, le corresponde a la Sala
determinar:
i) ¿La sentencia C-618 de 2015 constituye un precedente judicial aplicable al
caso de marras?
ii) ¿La condición de prepensionado alegada por el actor no debe ser definida a
la luz de lo establecido en la sentencia SU-003 de 2018, sino conforme con la
sentencia T-685 de 2016?
En orden a resolver los anteriores planteamientos, la Sala abordará los siguientes
aspectos: i) el carácter vinculante de las sentencias de constitucionalidad
proferidas por la Corte Constitucional y; ii) los requisitos jurisprudenciales para la
configuración de la calidad de prepensionado.
2.4. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.
2.4.1 El carácter vinculante de las sentencias de constitucionalidad
proferidas por la Corte Constitucional.
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 241 Superior «A la Corte
Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución».
Para el ejercicio de esa especial labor se le atribuyeron una serie de funciones,
entre las que se destaca «Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad
que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por
el Gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la
Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su
formación».
Así, para robustecer esa atribución, el artículo 243 de la Constitución Política
instituyó que:
«ARTICULO 243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional
hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.
Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico
declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las
disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y
la Constitución».
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En cuanto al principio de cosa juzgada arriba referenciado, la Corte ha expresado
que tiene doble connotación: la primera, relacionada con el impedimento de ese
tribunal para volver a examinar una disposición previamente analizada en sede
de constitucionalidad «cosa juzgada formal» y, la segunda, consistente en la
prohibición de reproducir el contenido material de la decisión declarada
inexequible mientras subsistan las disposiciones superiores que determinaron
esa decisión «cosa juzgada material».9
Pues bien, es procedente destacar que a nivel legal también se consagraron
postulados similares en orden a fortalecer el control constitucional asignado a esa
Corporación. Así, en el artículo 21 del Decreto Ley 2067 de 1991,10 se estableció
que «Las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa
juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las
autoridades y los particulares». Asimismo, en el artículo 48 de la Ley 270 de 1996,
«estatutaria de la administración de justicia», previó:
«ARTÍCULO 48. ALCANCE DE LAS SENTENCIAS EN EL EJERCICIO DEL
CONTROL CONSTITUCIONAL. Las sentencias proferidas en cumplimiento del
control constitucional tienen el siguiente efecto:
1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las
normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo del
ejercicio del control automático de constitucionalidad, sólo serán de obligatorio
cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva. La parte motiva
constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las
normas de derecho en general. La interpretación que por vía de autoridad hace,
tiene carácter obligatorio general.
2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen
carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye
criterio auxiliar para la actividad de los jueces.»
De la lectura de estas disposiciones emerge con claridad que las decisiones e
interpretaciones que ese colegiado adopta frente a los textos constitucionales y
legales en el marco de los juicios que adelanta por vía de acción, de revisión
previa o con motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, son
obligatorias y vinculantes para todas las autoridades administrativas y
jurisdiccionales.11 En lo que respecta al carácter vinculante y obligatorio de las
decisiones proferidas por la Corte Constitucional, en sentencia T-116 de 2004,
se concluyó:
«La Constitución Política es una norma. Por lo mismo, su aplicación y respeto
obliga a un constante ejercicio hermenéutico para establecer su sentido normativo.
La función definitiva en esta materia corresponde a la Corte Constitucional,
conforme se desprende del artículo 241 de la Constitución. Así, al ser guardiana
de la supremacía e integridad de la Carta, la interpretación que la Corte haga del
9 Sentencia C-820 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
10«Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse
ante la Corte Constitucional».
11 Sentencia T-116 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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texto constitucional es vinculante para todos los operadores jurídicos, sea la
administración o los jueces»
En punto a la interpretación de la «ley», en la sentencia C-820 de 2006, citada
con anterioridad, se expresó que, aunque la interpretación legal compete por
excelencia a los jueces ordinarios, es de la esencia de la función de control de
constitucionalidad de esa Corte determinar «el entendimiento racional, lógico y
práctico de la ley cuyo control de constitucionalidad debe ejercer». Más adelante,
en esa misma providencia, se concluyó:
«En consecuencia, se reitera que, a pesar de que, por regla general, no
corresponde a la Corte Constitucional determinar el sentido de las disposiciones
legales, porque ello es propio de los jueces ordinarios, en algunos casos, la Corte
no sólo “debe intervenir en debates hermenéuticos sobre el alcance de las
disposiciones sometidas a control”, sino que, además, debe fijar la interpretación
legal que resulta autorizada constitucionalmente, esto es, señala la forma cómo
debe interpretarse la ley y cómo no debe hacerse.
En tal virtud, existen algunas circunstancias en las que la Corte Constitucional debe
señalar la interpretación obligatoria de la ley. Esto se realiza, entre otras, mediante
las sentencias interpretativas y aditivas, en las cuales se busca armonizar los
principios de supremacía de la Constitución y democrático o de conservación del
derecho que pueden resultar en tensión cuando una disposición puede
interpretarse de varias formas, una de las cuales resulta contraria a la Constitución
y otras conforme a ella, o cuando el texto legal acusado presenta vacíos
normativos que, tal y como se encuentra, sería inconstitucional».
Siguiendo este derrotero, en sentencia SU-611 de 2017, ese mismo tribunal fijó
las consecuencias del desconocimiento del precedente constitucional en los
siguientes términos:
«En tal orden de ideas, la jurisprudencia constitucional se ha referido a la
procedencia de esta causal de procedibilidad de la acción de tutela a partir de la
vinculación inescindible entre la supremacía constitucional y la obligatoriedad de
la jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional. De manera que “[l]a
supremacía del precedente constitucional se deriva del artículo 241 de la
Constitución Política, el cual asigna a la Corte Constitucional la función de
salvaguardar la Carta como norma de normas – principio de supremacía
constitucional. En efecto, esta Corporación ha establecido que, como intérprete de
la Constitución, sus decisiones son obligatorias tanto en su parte resolutiva como
en su ratio decidendi, es decir, la regla que sirve para resolver la controversia”.
6.5. Lo anterior -según esta Corte- conlleva a que si una autoridad judicial
desconoce la jurisprudencia constitucional se produce “en el ordenamiento jurídico
colombiano una evidente falta de coherencia y de conexión concreta con la
Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la
normatividad y la Carta, que dificultan la unidad intrínseca del sistema, y afectan
la seguridad jurídica. Con ello se perturba además la eficiencia y eficacia
institucional en su conjunto, en la medida en que se multiplica innecesariamente la
gestión de las autoridades judiciales, más aún cuando en definitiva, la Constitución
tiene una fuerza constitucional preeminente que no puede ser negada en nuestra
actual organización jurídica”.
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En cuanto al carácter vinculante de los precedentes emitidos por la Corte en sede
de control concreto de constitucionalidad -revisión de acciones de tutela-, la
sentencia SU-380 de 2021 expresó:
«91. En torno a las sentencias de revisión de tutela, se produce el
desconocimiento del precedente cuando las autoridades judiciales desatienden el
alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través
de la ratio decidendi de sus sentencias de control concreto proferidas por la Sala
Plena (SU) o por las distintas Salas de Revisión (T), siempre que no existan
decisiones contradictorias en la línea jurisprudencial.12
92. En este orden de ideas, el desconocimiento del precedente constitucional
puede originarse en razón de la inaplicación de las decisiones emitidas por esta
Corporación en el marco del control abstracto de constitucionalidad o concreto de
revisión de tutelas. Dichos fallos hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza
vinculante, tanto en su parte resolutiva (erga ommes tratándose de los fallos de
control de constitucionalidad e inter partes para los fallos de tutela) y, en ambos
casos, las consideraciones de la ratio decidendi son obligatorias para todas las
autoridades públicas “en razón de la jerarquía del sistema de fuentes formales de
derecho y el principio de supremacía constitucional, que obligan a la aplicación
preferente de las disposiciones de la Carta Política y, en consecuencia, de los
contenidos normativos identificados por la jurisprudencia constitucional, en
ejercicio de su labor de intérprete autorizado del Texto Superior.”13»
De las anteriores consideraciones se extrae que:
i) Las decisiones dimanadas del ejercicio de la función de control abstracto y
concreto de constitucionalidad asignada a la Corte, incluyendo las
interpretaciones realizadas para adoptar la respectiva decisión, tienen un
carácter vinculante y obligatorio para todas las autoridades judiciales y
administrativas.
ii) Por tanto, el desconocimiento de esos precedentes, amén de constituir una
causal autónoma de procedibilidad de la acción de tutela, implica la trasgresión
al principio de seguridad jurídica, al punto de que no solo patrocina la falta de
coherencia entre la Constitución Política y la ley, sino también resta fuerza a la
unidad que debe tener el sistema normativo y;
iii) En ejercicio de esa labor, la Corte Constitucional puede fijar el alcance de una
disposición legal con la finalidad de ajustarla a los postulados constitucionales.
12 Sobre el particular, ver, entre muchas otras, las sentencias T-1092 de 2007. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto; T-597 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. AV. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; SU-113 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. AV. Alejandro Linares
Cantillo y SU-312 de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. SV. Alberto Rojas Ríos y José
Fernando Reyes Cuartas.
13 Sentencia SU-574 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. AV. Alejandro Linares
Cantillo, siguiendo a la Sentencia C-634 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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2.4.2 Requisitos jurisprudenciales para la configuración de la calidad de
prepensionado.
La Corte ha distinguido la figura del «retén social» creada con la Ley 790 de 2002
de la condición de «prepensionado» de origen jurisprudencial, para concluir, en
una primera etapa, que esta última cualidad beneficia a «…aquellos servidores
que cumplan con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez
dentro de los tres años siguientes o, en otras palabras, aquellos a los que les
falte tres años o menos para cumplir los requisitos que les permitirían acceder a
la pensión de jubilación o vejez».14
En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha pregonado que este instituto
«…protege la expectativa del trabajador de obtener su pensión de vejez, ante su
posible frustración como consecuencia de una pérdida intempestiva del empleo.
Por tanto, ampara la estabilidad en el cargo y la continuidad en la cotización
efectiva al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, para consolidar
los requisitos que le faltaren para acceder a su pensión de vejez».15 (El énfasis
es de la Sala).
No obstante, a través de la sentencia SU-003 de 2018, la Corte Constitucional
unificó su jurisprudencia en torno a esta figura, concluyendo que cuando el único
requisito faltante para acceder al derecho prestacional es la edad, no puede
pregonarse la calidad de prepensionado y, en ese orden, activar el fuero de
estabilidad laboral reforzada que de él dimana, en razón a que tal exigencia «la
edad» se cumple con el simple decurso del tiempo, sin necesidad de que exista
un vínculo laboral.
En sentencia T-253 de 2023, la Corte Constitucional, guiada por la providencia
arriba citada, concluyó:
«…5.2.2 La estabilidad laboral reforzada de los prepensionados
86. De acuerdo con la sentencia SU-003 de 2018, son prepensionados las
personas vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están próximas
(dentro de los siguientes tres años) a cumplir el número de semanas -o tiempo de
servicio- requeridos en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida o el
capital necesario en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. En esa
decisión, la Corte unificó su jurisprudencia para determinar que los
funcionarios de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad
laboral reforzada, y que no tiene la calidad de prepensionado el funcionario
al que solamente le falta cumplir el requisito de la edad para obtener la
pensión. (El énfásis es de la Subsección)
87. La calidad de prepensionado protege la expectativa de obtener la pensión de
vejez ante la pérdida intempestiva de su empleo. Por lo anterior, la estabilidad
laboral reforzada a favor del prepensionado ampara la estabilidad en el cargo y la
continuidad en la cotización efectiva al sistema general de seguridad social en
pensiones para consolidar así los requisitos que le faltan para obtener la pensión
14 Sentencia SU-897 de 2012.
15 Sentencia SU-003 de 2018.
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de vejez, que deben corresponder a la cotización equivalente a tres años o menos
(es decir a 154,44 semanas de cotización o menos, para el Régimen de Primera
Media con Prestación Definida)»
Desarrolladas las temáticas arriba planteadas, la Sala resolverá a continuación
el caso concreto.
2.5 Caso concreto.
Primer interrogante: ¿La sentencia C-618 de 2015 constituye un precedente
judicial aplicable al caso de marras?
La Sala responde que la aludida providencia si se erige en precedente judicial
aplicable al presente asunto, pues en ella se reiteraron los parámetros que
permiten adscribir un empleo bajo la denominación de «libre nombramiento y
remoción».16
Para la Corte, esos cargos surgen a partir de dos criterios particulares que
demandan «[…] cumplir un papel directivo, de manejo, de conducción u
orientación institucional, en cuyo ejercicio se adoptan políticas o directrices
fundamentales, o los que implican la necesaria confianza de quien tiene a su
cargo dicho tipo de responsabilidades»;17 el primero de ellos, ajustado a una
directriz material asociada a la naturaleza del empleo y, el segundo, adaptado a
un lineamiento subjetivo basado en la confianza.
Así entonces, aunque en la providencia impugnada se afirmó que la señalada
decisión de constitucionalidad no constituía un precedente para resolver la litis al
considerar que «[…] los argumentos y decisiones que se adoptaron en la
mencionada Sentencia C-618 de 2015, al no guardar ninguna relación con el
presente asunto, no constituyen ningún precedente jurisprudencial que permitan
soportar el empleo de Director Administrativo Grado 08 de la Dirección de
Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Corporativa Financiera […] sea de carrera
administrativa», lo cierto es que, en últimas, el a quo terminó aplicando los dos
parámetros izados en aquella oportunidad.
En efecto, después de referenciar el propósito principal de esa ocupación,
concluyó que «[…] no salta ninguna duda que, por la categoría de dicho cargo
y la importancia de las funciones ejercidas, al ser el Director de la Jurisdicción
Coactiva de la entidad demandada, se trata de un empleo que demanda un alto
grado de confianza y, por tanto, indefectiblemente se trata de un empleo de libre
nombramiento y remoción, más no de carrera administrativa» (El énfasis es de la
Subsección).
16 Sentencias T-514 de 1994, C-405 de 1995, C-808 de 2001, C-312 de 2003 y C-553 de 2010.
17 Sentencia C-618 de 2015.
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Como se aprecia, las frases resaltadas envuelven los dos criterios previamente
señalados, esto es, el material, determinado por la «categoría de dicho cargo» y
el subjetivo, precisado con la «importancia de las funciones ejercidas».
Por su parte, en la alzada, el apelante simplemente afirmó que «[…] lo cierto es
que contrario a lo que se quiere mostrar en la sentencia recurrida respecto de
dicho cargo del cual fue despedido el demandante, éste de manera alguna es de
aquellos a través de los cuales se adelanta el manejo de asuntos de la mayor
trascendencia para la entidad, habida cuenta de que por medio del mismo la
única tarea que se lleva a cabo es la de la labor mecánica de cobro ejecutivo de
las acreencias existentes a favor de aquella», sin explicitar ni probar las razones
de su dicho.
En este escenario, advierte la Sala que en el inciso segundo del artículo 5.° del
Decreto Ley 3135 de 1968 se estableció que «[l]as personas que prestan sus
servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores
oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué
actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que
tengan la calidad de empleados públicos».
Lo anterior, para resaltar que, con la contestación de la demanda, el Acueducto
de Bogotá aportó el Acuerdo 11 de 13 de septiembre de 201018 «[p]or el cual se
adopta un nuevo marco estatutario para la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá - ESP», el cual, en su artículo 2919 dispuso lo siguiente:
«ARTÍCULO 29º- Clasificación y forma de vinculación del personal. Las
personas vinculadas a la planta de personal de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá – ESP, se clasifican como empleados públicos y
trabajadores oficiales. La vinculación y retiro de los servidores de la Empresa se
regirá por la ley.
Tienen el carácter de empleados públicos de libre nombramiento y remoción del
Gerente General quienes desempeñen los siguientes cargos: el Secretario
General, los Gerentes de Área, los Asesores de Gerencia, los Directores de Área,
los Gerentes de Zona y los Jefes de Oficina, quienes se vincularán mediante
resolución administrativa y se posesionarán de sus cargos ante su nominador. Los
demás servidores son trabajadores oficiales, quienes se vincularán mediante
contrato de trabajo.
PARÁGRAFO. El personal de la empresa estará sujeto al régimen de conflicto de
intereses, inhabilidades e incompatibilidades previsto en las leyes, en especial en
la Ley 142 de 1994.»
Así pues, es claro que, para el 21 de enero de 2015, fecha en la que el accionante
tomó posesión como Director Administrativo, grado 08 de la Dirección de
Jurisdicción Coactiva, se encontraban vigentes las reglamentaciones arriba
18 Folios 257-264.
19 Mediante el Acuerdo 10 de 27 de junio de 2012 (fls 268-269), se modificó el aludido artículo, en el sentido
de adicionar los cargos de Secretaria Ejecutiva código 425, Auxiliar Administrativo código 407 y Conductor
código 480.
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anotadas que incluyeron tal ocupación dentro de la denominación de los empleos
de libre nombramiento y remoción.
Corolario, el cargo formulado en este sentido no prospera.
Segundo interrogante: ¿La condición de prepensionado alegada por el actor no
debe ser definida a la luz de lo establecido en la sentencia SU-003 de 2018, sino
conforme con la sentencia T-685 de 2016?
Para la Sala, la calidad de prepensionado del demandante si debió ser definida
conforme con la regla depositada en la sentencia SU-003 de 2018 y no la vertida
en la providencia de tutela 685 de 2016. Ello, por cuanto:
• Las sentencias de unificación producen efectos generales e inmediatos, pero
retrospectivos -salvo que en la respectiva decisión se exprese lo contrario-, lo
que implica que, en principio, sus reglas sean aplicadas para la resolución de
casos con supuestos fácticos y jurídicos similares.
Lo anterior, en razón a que, como bien lo señaló la Corte Constitucional en la
sentencia SU-406 de 2016, el juez debe examinar si la aplicación de la nueva
medida jurisprudencial adoptada en la providencia unificadora no afecta los
derechos fundamentales de los sujetos procesales.
• Por tanto, el cambio de precedente contenido en la sentencia SU-003 de 2018,
produjo efectos retrospectivos que abarcan todos los casos judiciales que
comparten identidad fáctica y jurídica y que se encuentran pendientes de
resolución.
• Tal como lo declaró el a quo, la decisión de tutela 685 de 2016 -cuya aplicación
fue exigida por el censor- fue anulada por la Sala Plena de la Corte
Constitucional mediante Auto 362 de fecha 19 de julio de 2017, esto es, mucho
antes de que el demandante fuera retirado del servicio.
• Por tanto, la “ratio decidendi” allí vertida dejo ser exigible y aplicable a partir
de esa fecha. Ante ese panorama, resultan vinculantes y obligatorias las reglas
jurisprudenciales contenidas en la señalada sentencia de unificación 20 según
las cuales: i) los cargos de libre nombramiento y remoción no son gozan de la
estabilidad laboral reforzada y; ii) no se tiene la calidad de prepensionado
cuando la edad es el único requisito faltante para acceder a la pensión de
vejez.
En consecuencia, y como quiera que las pruebas incorporadas en el expediente
evidenciaron que el demandante se encontraba vinculado a un empleo de “libre
nombramiento y remoción” y, además, que a la fecha del retiro del servicio
20 Sentencia SU-380 de 2021.
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contaba con más de 1.400 semanas cotizadas, se concluye que el amparo
derivado de la condición de prepensionado no le es aplicable.
Por tanto, este cargo tampoco prospera.
Corolario, y como quiera que no triunfaron los reproches depositados en la
alzada, deviene procedente confirmar en su totalidad la decisión de primera
instancia.
2.6 Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar
a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia
de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica.
En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego
de revisar los argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el
contrario, se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus
intereses, por lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 8 de julio de 2021, proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda promovida
por Carlos Elías Lúquez Carrillo contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá ESP.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en
esta providencia.
TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
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Demandante: Carlos Elías Lúquez Carrillo
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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