Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01696-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01696-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-01696-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Siete (07) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01696-02 (3924-2023)1
Demandante: Gloría Inés Ospina Marmolejo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios Juez (artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992)
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia del Veintinueve (29) de Julio de Dos Mil Veintidós (2022),
proferida por la Sala Transitoria2 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1) La demanda3.
1.1) Pretensiones.
1. La señora Gloria Inés Ospina Marmolejo, acudió a la jurisdicción en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en adelante), con el fin de solicitar
que, se declare la nulidad de la Resolución No. 7533 del Dieciocho (18) de
octubre de Dos mil Diecisiete (2017) proferida por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, así como del
1
Expediente híbrido.
2
Acuerdo PCSJA 22-11918 del 02 de febrero de 2022.
3
Folios 14 a 29.
2
Número Interno: 3924-2023
Demandante: Gloria Inés Ospina Marmolejo
Demandados: Nación – Rama Judicial
acto ficto configurado por el silencio administrativo negativo, frente al recurso
de apelación interpuesto contra la primera decisión; mediante las cuales, se
negó el reconocimiento de la prima especial del 30% reclamada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento
del derecho, solicitó que, se ordene a la entidad demandada: (i) reconocer el
pago de la prima especial de servicios del 30% como remuneración de carácter
salarial; (ii) reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales, salariales y
laborales, teniendo como base para la liquidación el 100% de su sueldo básico
mientras se desempeñó como juez, sin descontar el 30% correspondiente a la
prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; esto, desde el
18 de mayo de 1992 hasta la actualidad; (iii) pagar las diferencias entre la
liquidación que realizó la entidad demandada y el valor resultante de aplicar el
100% del salario base, desde el 18 de mayo de 1992; (iv) a que se dé
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 189 y 192 del
CPACA; (v) a la condena en costas a la entidad demandada.
2) Hechos
3. La señora Gloría Inés Ospina Marmolejo, refirió en la demanda que, presta
sus servicios a la Rama Judicial en el cargo de juez civil desde el Dieciocho
(18) de mayo de Dos Mil Dieciocho (2018) (sic), encontrándose vinculada al
momento de presentación de la demanda4.
4. Que, por mandato de la Ley 4ª de 1992, además de su remuneración
mensual “sueldo básico”, recibe mensualmente una prima especial
correspondiente al 30% de ese sueldo.
5. Indicó que, la entidad demandada ha liquidado las prestaciones, teniendo
en cuenta únicamente el “salario básico”; el cual, constituye el 70% de los
ingresos mensuales, dejando de lado el 30% correspondiente a la prima
especial, el cual considera, también constituye salario.
4
31 de julio de 2018. Acta de reparto folio 31.
3
Número Interno: 3924-2023
Demandante: Gloria Inés Ospina Marmolejo
Demandados: Nación – Rama Judicial
6. Expuso que, el 4 de septiembre de 2017, presentó solicitud a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca, con el
fin de obtener el reconocimiento y pago de la prima especial con incidencia
salarial, así como la reliquidación de las prestaciones sociales.
7. Su solicitud fue resuelta de forma negativa, mediante Resolución No. 7533
del Dieciocho (18) de octubre de Dos Mil Diecisiete (2017).
8. Contra la anterior decisión, propuso recurso de apelación el Veintinueve (29)
de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017); no obstante, la administración no
emitió pronunciamiento, lo que dio lugar a la configuración del acto ficto por
silencio administrativo negativo.
9. Advirtió que, la respuesta de la entidad desconoce el amplio precedente
jurisprudencial que ha reconocido la calidad de factor salarial que tiene la prima
especial de servicios, violentando con ello el derecho a la igualdad.
10. Finalmente, precisó que, presentó solicitud de conciliación prejudicial, y
que, la audiencia correspondiente se llevó a cabo el Ocho (8) de mayo de Dos
Mil Dieciocho (2018), la cual fue declarada fallida.
1.2. Concepto de violación.
11. La parte actora invocó como normas vulneradas, los artículos 1, 2, 4, 5,
13, 25, 53, 55 y 58 de la Constitución Política; Ley 4ª de 1992, artículo 2, 14 y
15; y Ley 270 de 1996, artículo 152 numeral 7. También los convenios 95, 100
y 111 de la OIT; la Convención Americana sobre Derechos Humanos capitulo
III Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
12. Como concepto de violación señaló que, al liquidarse las prestaciones
sociales durante su vinculación como juez, sin incluir como factor salarial el
30% correspondiente a la prima especial, se desconoció por parte de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el precedente jurisprudencial
que sobre el tema ha decantado el órgano de cierre de esta jurisdicción
contenciosa-administrativa, haciendo alusión a la Sentencia de Unificación del
4 de agosto de 2008 con ponencia del Dr. Gerardo Arenas Monsalve, la
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Número Interno: 3924-2023
Demandante: Gloria Inés Ospina Marmolejo
Demandados: Nación – Rama Judicial
sentencia del 6 de julio de 2015 con ponencia del Dr. Luis Rafael Vergara
Quintero, la sentencia de nulidad del 29 de abril de 2014 con ponencia de la
Conjuez Dra. María Carolina Rodríguez Ruiz y la sentencia del 19 de mayo de
2010 con ponencia de la Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
2. Contestación de la demanda5.
13. La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda.
Argumentó que, conforme a lo decidido en sentencia de unificación del 2 de
septiembre de 2019 proferida por la Sala Plena de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, los jueces de la República tienen derecho al
reconocimiento y pago de «las diferencias causadas por concepto de reliquidación de
prestaciones sociales y laborales con la base en el 100% del salario básico mensual, y el 30%
adicional, calculado sobre el 100% del salario básico por concepto de prima especial del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, sin carácter salarial.»
14. Afirmó que, en atención al Decreto 272 de 2021 con efectos fiscales a partir
del mes de enero de 2021, procederá con el pago por nómina mensual de la
prima especial del 30% como valor adicional a la asignación básica a partir del
mes de abril de 2021; sin embargo, resulta presupuestalmente inviable
reconocer las obligaciones anteriores al 1º de enero de 2021, ya que, no se
cuenta con la apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público que permita cubrir dichas acreencias laborales.
15. Agregó que, en este asunto, resulta necesaria la vinculación de la Nación
– Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y
del Departamento Administrativo de la Función Pública; puesto que, dichas
entidades tienen bajo sus funciones determinar las asignaciones salariales de
los servidores públicos y así mismo, ordenar la apropiación presupuestal
necesaria para que la Rama Judicial pague las condenas respectivas por estos
reajustes.
16. Resaltó que, para el caso de la accionante, las diferencias salariales
causadas por concepto de reliquidación de las prestaciones sociales y
laborales teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica mensual,
5
Folios 55 a 58.
5
Número Interno: 3924-2023
Demandante: Gloria Inés Ospina Marmolejo
Demandados: Nación – Rama Judicial
anteriores al 4 de septiembre de 2014, se encuentran afectadas por el
fenómeno de la prescripción, toda vez que, la petición ante la administración
que dio origen a los actos administrativos se radicó el 4 de septiembre de 2017.
17. Finalmente, propuso las excepciones que denominó «Imposibilidad
presupuestal de reconocer los derechos reclamados por el actor»; «Integración de
litisconsorcio necesario»; y «prescripción».
3. La sentencia de primera instancia6.
18. La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Segunda, mediante sentencia proferida el Veintinueve (29) de julio de Dos Mil
Veintidós (2022), accedió a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas, de la siguiente manera:
“PRIMERO. – Estese a lo resuelto en la sentencia del 29 de abril del año 2014 proferida
por el Consejo de Estado dentro del expediente N° 2007-0087-00. CP. Dra. MARIA
CAROLINA RODRÍGUEZ RUÍZ, en cuanto declaró la nulidad por inconstitucionalidad
de algunos artículos de los decretos reglamentarios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
e inaplicar por inconstitucional todos los decretos que dieron un entendimiento diferente
en el sentido de disminuir el derecho a la prima, en cuanto no se considere un aumento
sino una disminución y a la sentencia de Unificación -SUJ-016-CE-S2-2019, proferida
por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – Sección Segunda
– Sala Plena de Conjueces – el dos (2) de septiembre de 2019. Conjuez ponente:
Carmen Anaya de Castellanos, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO. – Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución
No. 7533 del 18 de octubre de 2017 y del acto ficto presunto negativo que dio respuesta
al derecho(sic) de apelación, expedidos por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, por medio del cual se negó a la demandante los derechos laborales
reclamados, en razón a que tiene derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de
sus ingresos mensuales, liquidados sobre la base del salario básico más el 30% de
éste, que corresponde a la prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992, en el entendido de que dichos salarios fueron liquidados sobre el 70%
de su salario básico, para lo cual el 30% de la prima especial de servicios se debe sumar
al salario y en cuanto a las prestaciones sociales, deben ser liquidadas sobre la base
de todo salario básico, "sin lugar a detraer de la misma el 30% de la prima especial, por
lo cual si ello ocurrió así, se debe proceder a su reajuste", durante el periodo supra
relacionado.
TERCERO. - Condénase a la Nación – Rama Judicial a pagarle a la demandante
Gloria Inés Ospina Marmolejo, el derecho que tiene a la reliquidación y pago de sus
ingresos mensuales, liquidados a partir del 4 de septiembre de 2014 y hasta la fecha
en que funja o fungió en el cargo de Juez sobre la base del salario básico más el
30% de éste, que corresponde a la prima especial de servicios contenida en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 y el derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de sus
prestaciones sociales, liquidadas sobre la base de todo salario básico, sin lugar a
detraer de la misma el 30% de la prima especial, por lo cual, si ello ocurrió así, se debe
proceder a su reajuste", durante el periodo supra relacionado. Siguiéndose para su
liquidación y pago los parámetros fijados en esta sentencia, sin que en ningún caso se
6
Expediente físico, folios 70 a 78.
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Demandados: Nación – Rama Judicial
supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo que
ocupó la demandante en el periodo supra relacionado. Precisándose, además, que
aquellos funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios de que trata el
artículo 14 de la ley 4ª de 1992, sometidos al régimen del decreto 610 de 1998, no podrá
superar en ningún caso el límite del 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Con la precisión de que la
prima especial de servicios de que trata la citada normatividad solo tiene carácter
salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral
así para aportes a seguridad social en salud, conforme a lo expuesto en la parte motiva
de este proveído.
CUARTO. – Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción trienal
respecto a las sumas causadas antes del 4 de septiembre de 2014 y sólo se reconocerá
el pago por concepto de prima especial de servicios a que tiene derecho el(sic)
demandante, como un emolumento adicional que asciende al 30% del 100% del salario
básico y/o asignación básica, de aquellas sumas causadas a partir del 4 de septiembre
de 2014 y hasta la fecha en que funja o fungió en el cargo de juez.
QUINTO. – Desestímese las excepciones planteadas por la entidad demandada.
SEXTO. - Ordenar que los valores a pagar serán actualizados de conformidad con el
artículo 187 del CPACA, tomando como base la variación porcentual de los índices de
precios al consumidor, conforme a lo dicho en la parte motiva.
SÉPTIMO - Condenar igualmente al pago de los intereses comerciales moratorios si se
dan los supuestos de hecho y de derecho.
OCTAVO. - Ordenar a la demandada darle cumplimiento a esta sentencia dentro del
término previsto en los artículos 192 y 195 ibídem., acatando la Sentencia C-188 de
1999.
NOVENO. - Expídase por secretaría y entréguese al demandante, copia de esta
sentencia con la constancia de su notificación y ejecutoria. (Art. 114 núm. 2 CGP).
DÉCIMO. - Devuélvase a la parte actora el remanente que hubiese a su favor por
concepto del depósito de despensas para atender los gastos ordinarios del proceso.
DÉCIMO PRIMERO. - Sin condena en costas en esta instancia.”
19. Sostuvo el Tribunal que, la prima especial prevista en el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992, es un beneficio adicional al salario equivalente al 30% del
mismo, que debe ser sumado y nunca restado. En consecuencia, los jueces
cuyos salarios fueron liquidados sobre el 70% de su salario básico, tienen
derecho al reajuste de salarios y prestaciones sociales teniendo en cuenta
para la liquidación, el 100% de este.
20. En los anteriores términos, y encontrando acreditado que la accionante
está vinculada a la Rama Judicial desde el 11 de junio de 1990, y que en la
actualidad se desempeña como Juez, consideró que le asiste el derecho a la
reliquidación y pago de las prestaciones sociales sobre la base del 100%.
21. En cuanto a la prescripción, la Sala acogió el criterio fijado en la Sentencia
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Demandados: Nación – Rama Judicial
de Unificación SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019, según el
cual, debe aplicarse la prescripción trienal, teniendo en cuenta la fecha de la
presentación de solicitud, reconociendo hasta tres (3) años atrás. Por ello,
dado que la reclamación administrativa se presentó el Cuatro (04) de
septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017), se declaró probada la excepción de
prescripción respecto de los derechos causados con anterioridad al Cuatro
(04) de Septiembre de Dos Mil Catorce (2014).
22. En consecuencia, declaró la nulidad de las resoluciones demandadas y
ordenó reconocer la prima especial del 30% como factor salarial, junto con la
reliquidación de todas las prestaciones desde el Cuatro (04) de Septiembre de
Dos Mil Catorce (2014) y mientras continúe en el cargo. Además, se abstuvo
de condenar en costas.
4. El recurso de apelación7
23. La Nación – Rama Judicial, solicitó la revocatoria de la sentencia con base
en los siguientes argumentos:
23.1. Afirmó que, la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de
septiembre de 2019, además de analizar las generalidades de la prima
especial del 30% referida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, también
abordó lo referente al tope del 80% del Decreto 610 de 1998 para los
Magistrados de Tribunal y homólogos, así como la prescripción trienal;
destacando que, no resulta procedente ese reconocimiento a Magistrados de
Tribunal y cargos equivalentes, toda vez que, los ingresos de estos, fueron
nivelados para que, desde 2001, correspondan al 80 % de lo que devengan
los magistrados de las altas cortes.
23.2 Textualmente manifestó:
«Corolario de lo anterior, no hay lugar al reconocimiento de la prima especial para
los Magistrados de Tribunal y equivalentes y homólogos, teniendo en cuenta que
tal y como lo manifestó el Consejo de Estado en la referida sentencia de
unificación, de ordenarse la reliquidación del salario básico y/o asignación básica
7
Folios 82 a 87.
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Número Interno: 3924-2023
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Demandados: Nación – Rama Judicial
de magistrados de tribunales y homólogos en un 30%, se desbordaría el marco
legal, en razón a que como se previó en el Decreto 610 de 1998, el mismo fue
expedido en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, y en él se estableció la referida
nivelación. De manera que los ingresos laborales de sus destinatarios a partir del
año 2001 serían iguales al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de
la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, con lo cual se encuentran
ya ajustados y nivelados los salarios entre magistrados de altas cortes y
magistrados de tribunales y similares. Expresado en otras palabras, el 80% de la
bonificación por compensación para los magistrados y cargos homólogos es un
límite que no puede ser superado con el reconocimiento de la prima especial de
servicios ni de ningún otro beneficio económico laboral.»
23.3. Alegó violación al principio de congruencia de la sentencia, señalando
que en ella se decidió extra petita, pues a su juicio, de la lectura del libelo inicial
se extrae que, lo que pretende la demandante es el reconocimiento de la
diferencia de la bonificación por compensación pagada en el equivalente al
80% de los ingresos devengados por los Magistrados de Alta Corte, en
atención a lo señalado en el Decreto 610 de 1998. Sin embargo, se agregó a
la fijación del litigio que la diferencia de la bonificación debe liquidarse teniendo
en cuenta la incidencia de la prima especial reconocida a favor de los
magistrados de alta corte, lo cual, no fue solicitado en la demanda y tampoco
en sede administrativa; por consiguiente, la entidad demandada no pudo
presentar argumentos de defensa, violando el debido proceso.
23.4. Trajo a colación argumentos relacionado con la discrepancia entre la
pretensión de pago de la diferencia de la bonificación por compensación de
que trata el Decreto 610 de 1998, y la incidencia de la prima especial
reliquidada teniendo en cuenta lo percibido por los congresistas por concepto
de cesantías. También sobre el término de prescripción aplicado en este tema,
el cual, advirtió, se contabiliza a partir de la fecha en que quedó ejecutoriada
la providencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, esto es, el 26
de enero de 2012.
23.5. Finalmente, citó apartes de la Sentencia de Unificación del 18 de mayo
de 2016 proferida por la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda de
esta Corporación, con ponencia del Conjuez Jorge Iván Acuña Arrieta, así
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Número Interno: 3924-2023
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como la Sentencia de Unificación del 2 de septiembre de 2019, en lo referente
a la prescripción de la Bonificación por Compensación.
5. Trámite de segunda instancia
24. Mediante auto del Dieciocho (18) de mayo de Dos Mil Veintitrés (2023)8,
el Magistrado ponente, concedió el recurso de apelación propuesto por la parte
demandada.
25. El expediente fue allegado por reparto el 23 de junio de 2023 9, y mediante
auto del Veinticinco (25) de enero de Dos Mil Veinticuatro (2024)10 esta Sala
declaró el impedimento para tramitar y decidir el presente asunto.
26. Mediante auto del Veintiséis (26) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro
(2024)11 la Subsección A de esta Sección, resolvió la manifestación de
impedimento, declarándola infundada y ordenando devolver el expediente al
suscrito Consejero Ponente.
27. Por medio de auto del diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025) se
admitió el recurso de apelación.12
28. A través de escrito del Once (11) de noviembre de Dos Mil Veinticinco
(2025), el Ministerio Público emitió concepto13, en el que señaló: «[…] se
advierte que la apelación interpuesta no guarda congruencia con el fallo impugnado, pues no
presenta coincidencia con lo decidido en la actuación judicial, lo que impide adoptar decisión
alguna sobre el fondo del asunto.» «[…] el a quo no ordenó la reliquidación de la bonificación
por compensación incluyendo en las diferencias la prima especial. En ninguna parte del fallo
impugnado se aborda el tema de la bonificación por compensación ni se adopta decisión
alguna que afecte su liquidación en relación con la prima especial.» «[…] los argumentos
esgrimidos por la parte recurrente carecen de fundamento fáctico y jurídico suficiente para ser
acogidos. Bajo tales premisas, no se advierte que se hayan planteado reparos sustanciales
que cuestionen la validez de la sentencia objeto de apelación. En consecuencia, se solicita la
confirmación de la providencia recurrida, toda vez que el a quo realizó una adecuada
8
Folio 90.
9
Folio 92.
10
Folio 94 a 95.
11
Índice 14 de Samai.
12
Índice 20 de Samai.
13
Índice 25 ibidem.
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valoración probatoria que sustenta las decisiones adoptadas.»
29. Mediante auto del Dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticinco
(2025) se hizo uso de la facultado oficiosa y se requirió a la demandada que
aportara unas pruebas.
30. La demandada aportó la documentación el Cinco (5) de diciembre de Dos
Mil Veinticinco (2025), de la cual se dio traslado a las partes.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
31. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia
este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA. De igual forma, según el artículo 32814 del Código General
del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2 Problemas jurídicos.
32. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar:
32.1. ¿El recurso de apelación interpuesto por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial contra la sentencia del veintinueve (29) de julio de dos
mil veintidós (2022), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, que accedió a las
pretensiones de la demanda, cumple con los parámetros de sustentación y
congruencia necesarios para proferir un fallo de mérito de segunda instancia?
14
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»
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2.3. Asunto preliminar – De la sustentación del recurso de apelación
33. El artículo 247 del CPACA establece el trámite del recurso de apelación
contra las sentencias proferidas en primera instancia por los juzgados y
tribunales administrativos, de la siguiente manera:
Artículo 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA
SENTENCIAS. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en
primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la
providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término
también aplica para las sentencias dictadas en audiencia.
[…]
3. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos
legales, se concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente
al superior. Recibido el expediente por el superior, este decidirá sobre su
admisión si encuentra reunidos los requisitos.
[…] (Énfasis de la Sala).
34. El Código General del Proceso (CGP), en su artículo 320, prevé que el
recurso de apelación tiene como objeto «[…] que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión»; el cual, será
interpuesto por la parte a la que aquella le haya sido desfavorable, con lo que
se materializa el principio de doble instancia contenido en el artículo 31 de la
Carta Política.
35. Ahora bien, en lo concerniente al requisito de sustentación del recurso de
apelación, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación 15 ha
dicho:
De conformidad con lo expuesto, se advierte que en atención a que la parte
demandada no controvirtió en absoluto la sentencia de primera instancia, esta
Corporación no puede resolver a su favor el recurso, en vista de que los argumentos
de la decisión que emitió el fallador de primera instancia ni siquiera fueron objeto
de confrontación dentro del recurso de apelación interpuesto.
En consecuencia, un escrito de apelación que no contenga argumentos tendientes
a desvirtuar las razones que fundamentan el fallo de primera instancia, impide un
reexamen de los mismos de carácter oficioso por parte de la segunda instancia, por
15
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 1º de agosto de 2018, expediente: 73001-23-
31-000-2014-00160-01 (3026-2015); consejero ponente: William Hernández Gómez. Al respecto, ver también fallos
de 28 de junio de 2018, expediente: 44001-23-33-000-2013-00068-01 (3393-2015), C. P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y 15 de marzo de 2018 y 9 de noviembre de 2017, expedientes: 25000-23-42-000-2012-00914-01 (2666-
2014) y 18001-23-33-000-2015-00214-01 (1050-2017), respectivamente.
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cuanto, tal como ya se ha dicho, en el sub lite, la impugnante se refiere en su
recurso a unos fundamentos y consideraciones diferentes de los adoptados por el a
quo para proceder a ordenar la indexación de la primera mesada del demandante.
En este sentido y de acuerdo con la finalidad del recurso de apelación, resulta
necesario no sólo que el recurrente sustente la decisión, sino que lo haga de la
forma adecuada, indicando en concreto los motivos de inconformidad respecto del
fallo del a quo, los cuales determinarán el objeto de análisis del ad quem y su
competencia frente al caso. Lo anterior requiere un grado de congruencia entre el
fallo recurrido y la fundamentación u objeto de la apelación, fuera de lo cual, se
estaría ante una trasgresión al debate jurídico y probatorio que fundamentó la
decisión del juez de primera instancia, así como la finalidad y objeto mismo de la
segunda instancia.
[…]
En este sentido, no es dable al juez asumir cargas que corresponden a las partes
procesales, ello desvirtuaría su papel imparcial en el juicio, esto es, en el evento en
que una de las partes está inconforme con la sentencia, es su responsabilidad
atacar la decisión poniendo en conocimiento, tanto del juez como de la parte
favorecida con la sentencia, las razones que en su criterio, dejan sin fundamento la
providencia judicial, de manera que la parte no recurrente pueda exponer, en
ejercicio de su derecho de defensa, las razones por las cuales considera que la
decisión merece ser confirmada.
36. En el mismo sentido, más recientemente, esta Colegiatura sostuvo que
«[…] no basta con la sola interposición del recurso, sino que se hace necesario que se realice
la sustentación con el propósito de que el juez que conoce de la apelación tenga el marco que
delimita su decisión, pues los aspectos de la providencia que no sean recurridos adquieren
firmeza y son ajenos a la competencia del ad quem»16.
37. Por tanto, conforme a las normas y jurisprudencia antes referidas, resulta
claro que la sustentación suficiente y adecuada del recurso de apelación es un
presupuesto procesal indispensable, sin el cual no resulta viable que el
superior funcional de una determinada autoridad judicial estudie la aptitud legal
y constitucional de lo decidido en una sentencia de primera instancia.
2.3. Caso concreto
38. En el asunto sub examine, la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, mediante sentencia del veintinueve (29)
de julio de dos mil veintidós (2022), accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, declarando la nulidad de los actos administrativos acusados
y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó reconocer, reliquidar y pagar
los ingresos mensuales de la señora Gloria Inés Ospina Marmolejo, teniendo
16
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B; auto de 9 de septiembre de 2024; expediente 63001-23-33-
000-2016-00147-02 (4040-2023); consejero de Estado: Juan Enrique Bedoya Escobar.
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en cuenta para ello, el 30% correspondiente a la prima especial de servicios
contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; lo anterior, desde el 4 de
septiembre de 2014 en aplicación de la prescripción trienal.
39. Esta decisión fue apelada por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial. Sin embargo, analizado el recurso de alzada, advierte la sala que
aquel resulta fallido, en tanto la parte demandada confundió el tema principal
del asunto, pues argumentó que, el reconocimiento de la prima especial resulta
improcedente para Magistrados de Tribunales y equivalentes, y en tal sentido,
se opuso a la reliquidación de la bonificación por compensación teniendo en
cuenta la incidencia de la prima especial reconocida a favor de los Magistrados
de alta corte; no obstante, este aspecto no fue tratado en el presente asunto,
e incluso, la demandante nunca refirió haber ejercido como Magistrada.
40. En efecto, el escrito de apelación se enfocó en explicar que, en principio,
las pretensiones de la demanda estaban orientadas a obtener el
reconocimiento de la diferencia de la bonificación por compensación pagada
en el equivalente al 80% de los ingresos devengados por los Magistrados de
Alta Corte; advirtiendo además que, la sentencia presentó una incongruencia,
y falló extra petita, al incluir el análisis de la incidencia de la prima especial
reliquidada teniendo en cuenta lo percibido por los congresistas por concepto
de cesantías; punto que a su juicio, nunca fue reclamado por la actora.
41. A todas luces, los argumentos de la recurrente se apartan de la fijación del
litigio definida en el sub-lite, evidenciando una manifiesta incongruencia. La
demandada no enfocó sus argumentos al contenido sustancial de la pretensión
de la demanda, y consideró que se reclamaba la bonificación por
compensación, cuando dicha prestación jamás se mencionó dentro del escrito
de la demanda. Además, la entidad no tuvo presente el cargo con el cual la
señora Gloria Inés Ospina Marmolejo se presentó al proceso como
demandante, y no advirtió que, mediante certificado DESAJBOCER17-5966
del 21 de septiembre de 2021, adjunto a los anexos de la demanda 17; solo ha
ostentado la calidad de Juez Civil de diferentes Despachos, y nunca el cargo
de Magistrada.
17
Folio 8 expediente físico.
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42. Frente a ello, debe señalarse que, conforme al inciso final del artículo 320
del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del
CPACA, «[…] podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable
la providencia». Ello implica que solo puede recurrir aquella parte que resulte
vencida o que sufra un agravio jurídico concreto con ocasión de la decisión
adoptada.
43. En el presente asunto, advierte la Sala que, conforme al principio
de congruencia, la competencia del juez de segunda instancia se encuentra
limitada a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales
deben guardar coherencia con lo alegado en la demanda y su contestación,
con el fin de salvaguardar el derecho de defensa y contradicción de las
partes. Esta regla encuentra respaldo en el artículo 328 del Código General
del Proceso, que dispone: «COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».
44. A esta altura del análisis del presente proceso, la Sala precisa que, el
extremo apelante tuvo la oportunidad de referirse a todos y cada uno de los
argumentos expuestos por la primera instancia, con la finalidad de señalar los
yerros que consideraba se habían cometidos, con miras a obtener una
decisión favorable a sus intereses. Sin embargo, no se advierten tales
reproches, pues, se reitera, el recurso de alzada omite pronunciarse frente
a lo decidido en la sentencia primera instancia, y confunde el problema
jurídico tratado, como si la demandante ostentara la calidad de magistrada y
reclamara el reconocimiento y pago de las diferencias adeudadas por
concepto de bonificación por compensación.
45. Conforme a las normas procesales relativas al deber de sustentación del
recurso de apelación interpuesto contra sentencias dictadas en procesos
ordinarios, y, especialmente, conforme al citado principio de congruencia,
entiende esta Sala de Decisión que, en el escrito de apelación debe
expresarse de forma concreta y breve los argumentos, por los que la parte
recurrente estima que la providencia fue desacertada, para efectos que el
superior jerárquico centre su estudio en dichos reparos. Situación que no se
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cumple correctamente en este caso.
46. En consecuencia, al no controvertir el recurso aspectos decididos por el
tribunal, que configuren además un perjuicio para la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, se impone declararlo fallido y, en consecuencia,
mantener incólume la sentencia de primera instancia.
47. Por lo hasta aquí expuesto, la Sala mantendrá incólume la sentencia de
primera instancia, que resolvió declarar la nulidad de los actos demandados,
y, en consecuencia, ordenó el reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios y la reliquidación de sus ingresos mensuales teniendo como base el
100% del salario básico.
2.5 Condena en costas
48. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios
intereses, es decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011, por lo tanto, no se impondrá condena en costas
en esta instancia.
49. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR FALLIDO el recurso de apelación presentado por la
Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de
conformidad con las consideraciones de este proveído.
SEGUNDO: MANTENER INCÓLUME la sentencia del Veintinueve (29) de
julio de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
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TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen
previas las anotaciones de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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