RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2018-01704-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01704-01

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01704-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones, pero por las razones expuestas. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. 26 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Radicado: 25000-23-42-000-2018-01704-01 (2579-2022) Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01704-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

20 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01704-01 (2579-2022)
Demandante: José David Barroso Guzmán
Demandada: Nación-Ministerio de Defensa Nacional

Tema: Marco normativo aplicable al régimen pensional de invalidez de
los miembros de la fuerza pública. Partidas computables
aplicables a la liquidación de la pensión de invalidez del personal
de las Fuerzas Militares. Pensión de invalidez. Estructuración.
Exigibilidad. Prescripción de mesadas pensionales. No reforma
en perjuicio del apelante único. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la
sentencia proferida el veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor José David Barroso Guzmán instauró demanda en contra de la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 5582 del 10 de noviembre de 2014,
por medio de la cual se modificó la Resolución No. 2926 del 13 de junio de 2014
que reconoció una pensión de invalidez a partir del 1° de mayo de 1996 y declaró
prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 14 de febrero de
2010.

Que se declare la nulidad del oficio OFI16-11846 MDNSGDAGPSAP del 23 de
febrero de 2016 que negó el reajuste de la pensión de invalidez con el IPC desde el
año 1997 a la fecha.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01704-01 (2579-2022)

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el reintegro de las
mesadas causadas y no pagadas desde el 1° de mayo de 1996 y hasta el 14 de
febrero de 2010.

Que se declare que, para efectos de prestaciones sociales, no ha existido solución
de continuidad en la prestación del servicio. Que se ordene el reconocimiento y pago
de las sumas correspondientes a sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones y
demás emolumentos dejados de percibir, inherentes al grado de sargento mayor del
Ejército Nacional.

Que se ordene a la accionada a reajustar la pensión de invalidez conforme con el
índice de precios al consumidor certificado por el DANE, desde el año 1997 y hasta
la fecha.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que solicitó al Ejército Nacional la realización de junta médica, en consideración a
que, en el año 1996, fue retirado del servicio, sin que se le practicara el examen de
retiro.

Que la petición fue negada en múltiples oportunidades, motivo por el cual interpuso
una acción de tutela que falló el Tribunal Superior del Atlántico, amparando sus
derechos fundamentales.

Que en febrero de 2013 le realizaron junta médica laboral, en la que le otorgaron un
porcentaje de disminución de la capacidad laboral del 100%, lo que le dio derecho
al 25% adicional de ayudantía por su máxima invalidez dentro del Ejército Nacional.

Que, habiendo obtenido el porcentaje mayor de invalidez absoluta, su caso se
remitió al Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa con el fin que
fueran resueltas las prestaciones económicas a las que había lugar.

Que mediante Resolución No. 2926 del 13 de junio de 2014, le fue concedida la
pensión de invalidez desde el 1° de mayo de 1996, más un 25% de incremento por
ayudantía para sus quehaceres diarios, y que se declaró la prescripción de las
mesadas comprendidas entre mayo de 1996 y febrero de 2010.

Que sin cancelar los valores dispuestos en la Resolución No. 2926 del 13 de junio
de 2014, se expidió la Resolución No. 5582 del 10 de noviembre de 2014 que
modificó a la primera.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas los artículos 2º, 6º, 25, 29 y 125 de la
Constitución Política; el artículo 279 de la Ley 100 de 1993; los artículos 14 y 142
de la Ley 238 de 1995 y el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto, según
afirma se desconocieron las obligaciones de dar protección al trabajo como derecho
fundamental del administrado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01704-01 (2579-2022)

Que se transgredieron las disposiciones de la Ley 100 de 1993, ya que las
excepciones consagradas en dicha norma no implican la negación de los beneficios
o derechos determinados para los pensionados de los sectores allí contemplados.
Que a los regímenes de excepción también le son aplicables los beneficios
consagrados en los artículos 14 y 142, por lo que no pueden ser objeto de
incrementos por debajo del índice de precios al consumidor.

Que no se reajustó su mesada pensional y que la demandada, al momento de
liquidar la pensión de invalidez, no introdujo los porcentajes legales determinados
por el índice de precios al consumidor, afectando la necesidad de mantener el poder
adquisitivo de la asignación de retiro.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo del Atlántico, admitió la demanda el 5 de octubre de
20151. Mediante memorial del 15 de diciembre de 2016, se adicionó la demanda2 y
se admitió en auto del 20 de junio de 20173.

El Ministerio de Defensa Nacional se opuso a las pretensiones, afirmando que
carecen de fundamento legal y respaldo probatorio, en virtud de la presunción de
legalidad que reviste al acto demandado, pues se expidió conforme con el régimen
vigente, específicamente, el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004 y el Decreto 1790
de 2000.

Que, respecto al ascenso por reintegro del demandante al grado de sargento mayor
del Ejército Nacional, se tiene que para la fecha en que le fue reconocida la pensión
de invalidez ─13 de junio de 2014─ él no se encontraba en actividad, pues no
pertenecía a la institución desde el 1° de mayo de 1996.

Que sanidad militar lo declaró no apto para el servicio al presentar una disminución
de la capacidad laboral en un 100%, como consecuencia de una enfermedad de
origen común. Que, por ello, no era viable el ascenso al grado inmediatamente
superior, dado que eso solo ocurre para el personal que se encuentra en actividad.

Que la prescripción decretada en el acto acusado obedeció a que el acta de la junta
médico laboral que calificó su disminución de la capacidad laboral data del 14 de
febrero de 2013, fecha en la que se estructuró la pensión de invalidez, por lo que se
actuó en derecho al declarar prescritas las mesadas causadas con anterioridad al
14 de febrero de 2010. Finalmente, propuso como excepciones las de prescripción
del derecho que se reclama, presunción de legalidad, cobro de lo no debido, buena
fe, innominada o genérica, falta de jurisdicción o competencia debido al factor
territorial e inepta demanda4.

El 4 de abril de 2018 se celebró audiencia inicial, en la que se declaró probada la
excepción de falta de jurisdicción o competencia debido al factor territorial y ordenó
la remisión del proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca 5.

1 Véase a folios 191-193.
2 Véase a folios 215-217.
3 Véase a folios 309-310.
4 Véase a folios 311-325.
5 Véase a folios 441-445.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01704-01 (2579-2022)

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró audiencia inicial el 30 de enero
de 2019, en la que se fijó el litigio y se decretaron las pruebas6. Una vez se corrió
traslado para alegar de conclusión, se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo
oportuno por el demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el
veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022), accedió parcialmente a las
pretensiones al indicar que el demandante no controvierte el régimen pensional
reconocido por la accionada con el cual se le otorgó la pensión de invalidez, sino
que su inconformidad estaba relacionada con que no se debían declarar prescritas
las mesadas pensionales causadas desde el 1° de mayo de 1996, pues no podía
atribuírsele la demora de la demandada para realizarle los exámenes de retiro y la
evaluación de la pérdida de capacidad laboral.

Que la imprescriptibilidad en el deber de la práctica de los exámenes y de la junta
médico laboral, no puede extenderse al deber que le asiste al interesado de solicitar
el reconocimiento de la prestación. Que, en todo caso, el cálculo del fenómeno
prescriptivo en atención a lo dispuesto en el Decreto 4433 de 2004, debió realizarse
teniendo en cuenta la fecha de radicación de la acción de tutela que dio origen a la
Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército, es decir, debió
contarse tres años atrás desde el 19 de abril de 2012 y no desde la fecha en que se
realizó la junta.

Que, por ende, prescribieron las mesadas causadas con anterioridad al 19 de abril
de 2009 y no las anteriores al 14 de febrero de 2010, como lo determinó la accionada
en los actos acusados.

Que el demandante no tenía derecho al ascenso al grado de sargento mayor, al no
acreditarse el requisito de estar en actividad, que constituye el presupuesto
habilitante para los demás requisitos que exige la ley; no cumplir con el tiempo de
servicio requerido, pues no se encontró inmerso en las causales excepcionales para
ascender en los casos de invalidez o de víctimas de secuestro, establecidas en los
Decretos 1211 de 1990 y 1790 de 2000; y no tener la aptitud psicofísica para ejercer
las labores propias del cargo, dado que la disminución de su capacidad laboral se
calificó en un 100%.

Que respecto a la procedencia del reajuste de la pensión de invalidez conforme con
el IPC, debía aclararse que el incremento liquidado por la entidad accionada no fue
inferior al IPC, por lo que no resultaba procedente lo solicitado dado que esto se
hizo mediante los Oficios No. OFI16-80979 MDN-DSGDAL-GCC del 11 de octubre
de 2016 y OFI16-75036 MDN-DSGDAL-GCC del 22 de septiembre de 2016.

Que se declaraban probadas, parcialmente, las excepciones de prescripción,
presunción de legalidad del acto acusado y cobro de lo no debido propuestas por la
entidad accionada; y que se declaraba probada la excepción de buena fe. Que se
declaraba la nulidad parcial de las Resoluciones No. 2926 del 13 de junio de 2014

6 Véase a folios 467-469.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01704-01 (2579-2022)

y 5582 del 10 de noviembre de 2014.

Que se declaraba que el fenómeno prescriptivo operó frente a las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 19 de abril de 2009 y, a título de
restablecimiento del derecho, se ordenaba el pago al demandante del valor de
dichas prestaciones causadas desde el 19 de abril de 2009 hasta el 14 de febrero
de 2010, teniendo en cuenta las partidas computables señaladas en la Resolución
No. 5582 del 10 de noviembre de 2014, de forma indexada7.

RECURSO DE APELACIÓN

El demandante interpuso recurso de apelación en el que manifestó que, mediante
sentencia de tutela, fue reintegrado a las fuerzas militares, motivo por el cual su
prestación debió liquidarse de acuerdo con el nuevo grado.

Que la supuesta negligencia a la que aludió el fallador de primera instancia para
reclamar la prestación económica se debió a su estado de invalidez, el cual solo
reconoció cuando la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional realizó el dictamen
de pérdida de capacidad laboral ─que tuvo como fecha de estructuración al año
1996─, deber que obvió durante varios años, configurándose un mal retiro.

Que de conformidad con el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, la prescripción de las mesadas pensionales no operó porque no
tenía el conocimiento o la obligación de hacer exigible el derecho a solicitar la
pensión de invalidez, pues ello pudo hacerlo cuando fue reintegrado a las fuerzas
militares mediante acción de tutela8.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 9 de junio de 2022 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una vez
ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin necesidad
de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto antes de
que el proceso pasara para fallo9.

Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no presentó concepto.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, los problemas jurídicos
que deberá resolver la Sala consisten en determinar: i) si el demandante tiene
derecho a que a su reconocimiento pensional no se le aplique el fenómeno
prescriptivo consagrado en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, porque no
estaba en la obligación de hacer exigible el derecho pensional, al desconocer el
verdadero estado de disminución de su capacidad psicofísica y laboral; y ii) si su
prestación debió liquidarse acorde con al grado de sargento mayor del Ejército
Nacional.

7 Véase a folios 538-558.
8 Véase a folios 567-573.
9 Véase a índice 3 de SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01704-01 (2579-2022)

Marco normativo aplicable al régimen pensional de invalidez de los miembros
de la fuerza pública

Dentro de un sistema integral de protección del derecho a la seguridad social, la
inclusión del riesgo por invalidez constituye uno de sus pilares fundamentales, en
cuanto es una contingencia que afecta la salud del empleado, así como su
desempeño al interior de la institución.

Bajo esa lógica, en razón de que la Ley 100 de 1993 en su artículo 279 excluyó a
los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, de su ámbito de
aplicación, se expidió la Ley 923 de 2004 que, en su artículo 3°, dispuso:

«Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión
de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de
estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por
el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes
elementos:

[…]

3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será
fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral
del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los Organismos Médico-
Laborales Militares y de Policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes,
teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que
originen la disminución de la capacidad laboral. En todo caso no se podrá
establecer como requisito para acceder al derecho, una disminución de la
capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión
en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas
computables para la asignación de retiro.

Podrá disponerse la reubicación laboral de los miembros de la Fuerza Pública
a quienes se les determine de conformidad con el estatuto de la capacidad
sicofísica, incapacidades e invalideces, una disminución de la capacidad laboral
que previo concepto de los organismos médico-laborales militares y de policía
así la ameriten, sin perjuicio de la indemnización a que haya lugar. […]».

La anterior ley fue reglamentada por el Decreto 4433 de 2004 que, sobre la pensión
de invalidez, preceptuaba:

«Artículo 30. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando
mediante Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y
de Policía, al personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y
personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las
Fuerzas Militares, y de Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo,
Agentes y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio
de la Policía Nacional se les determine una disminución de la capacidad laboral
igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) ocurrida en servicio activo,
tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres
meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista
la incapacidad, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, que
será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección
General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los
porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas
computables que correspondan según lo previsto en el presente decreto:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01704-01 (2579-2022)

30.1 El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) e inferior al
ochenta y cinco por ciento (85%).

30.2 El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) e inferior al
noventa y cinco por ciento (95%).

30.3 El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la
disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por
ciento (95%).

Parágrafo 1°. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado para
la prestación del servicio militar obligatorio, será el sueldo básico de un Cabo
Tercero o su equivalente en la Policía Nacional.

Parágrafo 2°. Las pensiones de invalidez del personal de Soldados
Profesionales, previstas en el Decreto-ley 1793 de 2000 serán reconocidas por
el Ministerio de Defensa Nacional con cargo al Tesoro Público.

Parágrafo 3°. A partir de la vigencia del presente decreto, cuando el
pensionado por invalidez requiera del auxilio de otra persona para realizar las
funciones elementales de su vida, condición esta que será determinada por los
organismos médico laborales militares y de policía del Ministerio de Defensa
Nacional, el monto de la pensión se aumentará en un veinticinco por ciento
(25%). Para efectos de la sustitución de esta pensión, se descontará este
porcentaje adicional».

El anterior artículo fue demandado en nulidad simple pues, a juicio del actor, «[…]
desconoció lo ordenado por la Ley 923 de 2004, al crear una disminución de
capacidad laboral del 75%, pues dicha Ley estipula, que en cualquier caso la
disminución es del 50%»10. El Consejo de Estado concluyó que «[…] el artículo 30
del Decreto 4433 de 2004 adolece de un vicio insubsanable de nulidad, pues fue
expedido por el presidente de la República fuera de la órbita competencial que
expresamente le señaló el Congreso de la República en la Ley 923 de 2004, artículo
3° numeral 3.5 y, por consiguiente, resulta contrario a derecho y carente de
validez»11.

De las partidas computables aplicables a la liquidación de la pensión de
invalidez del personal de las Fuerzas Militares

El artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 dispone así sobre la liquidación de la
pensión de invalidez del personal de las Fuerzas Militares:

«Artículo 13. Partidas computables para el personal de las Fuerzas Militares.
La asignación de retiro, pensión de invalidez, y de sobrevivencia, se liquidarán
según corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así:

13.1 Oficiales y Suboficiales:

13.1.1 Sueldo básico.

13.1.2 Prima de actividad.

13.1.3 Prima de antigüedad.

10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 28 de febrero de 2013. Exp. 11001-03-25-000-2007-

00061-00 (1238-2007). C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
11 Ibid.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01704-01 (2579-2022)

13.1.4 Prima de estado mayor.

13.1.5 Prima de vuelo, en los términos establecidos en el artículo 6° del presente
Decreto.

13.1.6 Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia.

13.1.7 Subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha
de retiro.

13.1.8 Duodécima parte de la Prima de Navidad liquidada con los últimos
haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.

13.2 Soldados Profesionales:

13.2.1 Salario mensual en los términos del inciso primero del artículo 1° del
Decreto-ley 1794 de 2000.

13.2.2 Prima de antigüedad en los porcentajes previstos en el artículo 18 del
presente decreto.

Parágrafo. En adición a las partidas específicamente señaladas en este
artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y
compensaciones, serán computables para efectos de asignación de retiro,
pensiones y sustituciones pensionales».

Para entender quiénes pertenecían a la categoría de oficiales y suboficiales, debe
hacerse remisión a lo que entonces regulaba el Decreto 1211 de 1990 que, en su
artículo 5°, establecía lo siguiente:

«ARTICULO 5o. Jerarquía. La jerarquía y equivalencia de los Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares para efectos de mando, régimen interno,
régimen disciplinario y justicia penal militar, lo mismo que para todas las
obligaciones y derechos consagrados en este Estatuto, comprende los
siguientes grados en escala descendente:

I. OFICIALES

Ejército

a. Oficiales Generales: General, Mayor General, Brigadier General

b. Oficiales Superiores: Coronel, Teniente Coronel, Mayor

c. Oficiales Subalternos: Capitán, Teniente, Subteniente

[…]

II. SUBOFICIALES

Ejército

Sargento Mayor, Sargento Primero, Sargento Viceprimero, Sargento Segundo,
Cabo Primero, Cabo Segundo […]».

Generalidades de la prescripción

La prescripción es definida por la jurisprudencia como la acción o efecto de «[…]
adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o acción de cualquier clase por el
transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley “o en otra acepción”
como concluir o extinguirse una carga, obligación o deuda por el transcurso del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01704-01 (2579-2022)

tiempo […]»12. Dicho fenómeno hace alusión directa a la pretensión, esto es, al
derecho, y constituye el término particular para adquirirlo o extinguirlo 13. Sobre el
particular, el Consejo de Estado indicó:

«[…] la prescripción, en términos generales, hace referencia a la consecuencia
jurídica por la que el ejercicio de un derecho se adquiere o se extingue con el
paso del tiempo de acuerdo a las disposiciones normativas en cada situación
particular. En sí, la prescripción extintiva está ligada a la inactividad del
asociado frente a la reclamación de sus derechos en el tiempo que la ley
establece para ello, cuya consecuencia jurídica es la perdida de la oportunidad
para ejercerlos o en su defecto, la desaparición de este en su patrimonio»14.

Ahora bien, tratándose de la prescripción en materia laboral, la jurisprudencia ha
dado un tratamiento especial a las prestaciones sociales periódicas, al atribuirles un
carácter de irrenunciables e imprescriptibles, como es el caso del derecho a la
pensión15. No obstante, la Sala aclara que, si bien este beneficio pensional no se ve
afectado por el fenómeno prescriptivo, no sucede lo mismo respecto a las mesadas
pensionales causadas, pues estas pueden extinguirse si no son reclamadas dentro
del término previsto por el legislador.

Respecto a ello, la Corte Constitucional ha sostenido:

«[…] Particularmente, en relación con la prescripción de las acciones laborales,
esta Corporación ha advertido que el derecho a la pensión es imprescriptible,
sin embargo, el Congreso puede fijar la prescripción extintiva de los derechos
que surgen en virtud de un derecho fundamental.

En concreto, la jurisprudencia ha expresado que los créditos o mesadas
pensionales, deben ser reclamados durante un lapso determinado de tres años,
so pena de perder el derecho a recibirlos:

“Cabe agregar, que dada la naturaleza periódica o de tracto sucesivo y vitalicia
de las pensiones, la prescripción resulta viable, exclusivamente, respecto de
los créditos o mesadas pensionales que no se hubiesen solicitado dentro de los
tres años anteriores al momento en que se presente la reclamación del
derecho”.

24. En consecuencia, es posible concluir que el derecho a la pensión tiene un
carácter imprescriptible, no obstante, a los créditos o las mesadas pensionales
sí les aplica la prescripción»16 (cursivas y negrillas originales).

Bajo ese entendido, están afectadas por la regla general de la prescripción las
mesadas pensionales que no se soliciten dentro del término previsto por la ley,
porque al atribuírseles el carácter de periódicas, ello conlleva la configuración de
dicha excepción de las mesadas causadas cuando su reclamación no se efectúe en
el momento oportuno.
Tratándose del régimen pensional de los miembros de la fuerza pública, la
prescripción de derechos está regulada por el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004,
que prevé:

12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Exp. 3404-

2013.
13 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 18 de octubre de 1996. Exp. 7934. C.P. Consuelo Sarria

Olcos.
14 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 15 de julio de 2021. Exp. 05001-23-33-

000-2016-01984-01 (4825-2019). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
15 Corte Constitucional. Sentencia C-230 de 1998. M.P. Hernando Herrera Vergara.
16 Corte Constitucional. Sentencia SU-298 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01704-01 (2579-2022)

«Artículo 43. Prescripción. Las mesadas de la asignación de retiro y de las
pensiones previstas en el presente decreto prescriben en tres (3) años contados
a partir de la fecha en que se hicieron exigibles.

El reclamo escrito recibido por la autoridad competente sobre un derecho,
interrumpe la prescripción, por un lapso igual.

Los recursos dejados de pagar como consecuencia de la prescripción de que
trata el presente artículo, permanecerán en la correspondiente entidad
pagadora y se destinarán específicamente al pago de asignaciones de retiro en
las Cajas o de pensiones en el Ministerio de Defensa Nacional o en la Dirección
General de la Policía Nacional, según el caso».

Por su parte, el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral también regula el
término de la prescripción, así:

«ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes
sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador,
recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente
determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual».

Como puede observarse, la anterior norma es concordante con el artículo 43 del
Decreto 4433 de 2004 en cuanto al término que tiene el empleado o trabajador para
acudir a la autoridad competente para reclamar un derecho, lo cual se hace a través
de las respectivas acciones contempladas en el ordenamiento legal
correspondiente.

Resolución del caso concreto

A fin de determinar la fecha de configuración del fenómeno prescriptivo, aspecto
debatido por la parte demandante en su impugnación, la Subsección encuentra
probados los siguientes hechos:

De acuerdo con la certificación del 5 de julio de 2013, el demandante prestó sus
servicios al Ejército Nacional desde el 4 de septiembre de 1991 hasta el 1° de mayo
de 1996. El último cargo desempeñado fue el de cabo primero17.

La Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal, mediante fallo de tutela del
11 de julio de 2012, confirmó lo decidido por el Tribunal Superior Barranquilla que
ordenó «[…] a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, practicar los exámenes
médicos que determinen la existencia de secuelas y pérdida de capacidad laboral
como consecuencia de la prestación del servicio militar […], en el término de 10
hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia»18.

A través del Acta de la Junta Médica Laboral No. 57124 de la Dirección de Sanidad
del Ejército Nacional del 14 de febrero de 2013, se determinó que el demandante
presentaba 100% de disminución de la capacidad laboral y que era imputable al
servicio, por tratarse de una enfermedad profesional19.

17 Véase a folio 352, vuelto.
18 Véase a folios 479 vuelto-485.
19 Véase a folios 349-350.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01704-01 (2579-2022)

La Resolución No. 2926 del 13 de junio de 2014 le reconoció al accionante la
pensión de invalidez, a partir del 1° de mayo de 1996, y declaró prescritas las
mesadas pensionales causadas con anterioridad al 14 de febrero de 2010 20. Dicho
acto administrativo fue modificado por la Resolución No. 5582 del 10 de noviembre
de 2014, en el sentido de indicar que las partidas computables para la pensión
corresponden a las allí señaladas y no como se indicó en la resolución inicial21.

En atención a lo anterior, la Sala pone de presente que la Corte Constitucional ha
concluido que las autoridades de sanidad de la fuerza pública, en virtud del artículo
8 del Decreto 1796 de 2000, están en la obligación de practicar el examen de retiro
a su personal, el cual tiene carácter definitivo para todos los efectos legales y debe
realizarse dentro de los dos meses siguientes al acto administrativo que produce la
novedad, siendo de carácter obligatorio en todos los casos22.

Si bien en este caso, el retiro del demandante se dio en 1996, es decir, cuando no
estaba vigente el Decreto 1796 de 2000, el Ejército Nacional, igualmente, estaba en
dicha obligación, dado que el artículo 166 del Decreto 1211 de 1990, aplicable para
la época, prescribía:

«ARTICULO 166. Exámenes por retiro. Los Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares que sean retirados o separados del servicio tienen la
obligación de presentarse a la Sanidad de la respectiva Fuerza para la práctica
de los correspondientes exámenes físicos, dentro de los sesenta (60) días
calendario siguientes a la fecha de la disposición que produjo la novedad; si no
lo hicieren, el Tesoro Público queda exonerado del pago de las indemnizaciones
a que pudiesen tener derecho. […]».

Ahora, el acervo probatorio da cuenta de que al demandante no se le practicó el
examen dentro del plazo otorgado por la norma, pero en el expediente tampoco
obró prueba que él hubiera requerido, directamente, la realización de este, pues si
el referido plazo se incumplió presuntamente por causas imputables a la
demandada, ello no era óbice para que el demandante lo solicitara, porque la
superación del periodo legal no genera, en modo alguno, la pérdida o fenecimiento
del derecho de quien deja de pertenecer a las filas de ser examinado y el correlativo
deber de calificar por parte de las autoridades médicas competentes.

Al no haber obrado prueba de su reclamación, el fallador de primera instancia estimó
que la fecha de solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez sería aquella
en la que interpuso la acción de tutela, es decir, el 19 de abril de 2012, lo cual la
Sala estima como desacertado porque, tratándose de la pensión de invalidez:

«[…] no es simplemente la fecha de la producción del daño o afectación a la
salud e integridad de la persona o trabajador, reconocida en términos
normativos como fecha de estructuración, esto es, como aquella en que «se
genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma
permanente y definitiva» […], la que permite tornar tal condición en ‘exigible’
respecto de las prestaciones económicas pensionales previstas a cargo de los
entes de seguridad social, sino que, adicional a ello, […] se requiere que dicha
condición sea ‘determinada’, es decir, definida o diagnosticada por la autoridad
técnica y científica autorizada por la ley para tal efecto, de suerte que, en tanto
ello no ocurra, dicho daño a la salud e integridad de la persona o trabajador no

20 Véase a folios 16-19.
21 Véase a folios 22-23.
22 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01704-01 (2579-2022)

puede calificarse jurídicamente como ‘cierto’, en otros términos, no es dable
tener a la persona o trabajador afectado en su salud e integridad personal como
‘declarada en estado de invalidez’»23 (cursivas originales).

En otras palabras: la certidumbre del daño a la salud e integridad del trabajador solo
tiene trascendencia jurídica cuando «[…] la persecución de las prestaciones
asistenciales y económicas del sistema de seguridad social […] se exterioriza en
virtud de los mecanismos previstos en la ley»24, es decir, cuando el trabajador
adquiere, válidamente, conciencia sobre el grado de su incapacidad.

Con base en ello, la Sala no comparte la determinación que hizo el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca respecto a la fecha a partir de la cual debía
computarse la prescripción porque, teniendo en cuenta que el accionante tuvo
conocimiento cierto de su estado de invalidez una vez se profirió el acta de la junta
médica laboral —14 de febrero de 2013—, fue correcto el proceder de la entidad
demandada al determinar que el fenómeno prescriptivo aplicaba a las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 14 de febrero de 2010, puesto que el
plazo prescriptivo corre:

«[…] desde que el afectado ha tenido ‘conocimiento acabado’ de su estado de
invalidez laboral, o sea, no simplemente desde cuando se causa el infortunio o
se advierten los primeros síntomas de la afectación a la salud o integridad de la
persona o trabajador, sino desde cuando queda firme la ‘determinación’ de la
incapacidad o invalidez laboral»25.

No obstante, pese a que el cómputo de la prescripción se hizo de forma equívoca
por parte del Tribunal, en virtud del artículo 328 del Código General del Proceso, la
Sala confirmará la decisión adoptada dado que no puede hacerse más desfavorable
la situación del apelante único, en la medida que la fecha a partir de la cual se
computó la prescripción por la primera instancia, esto es, 19 de abril de 2012, le
fue más favorable al demandante.

Ahora, en lo que tiene que ver con los reparos concretos de la apelación, la Sala
manifiesta que tampoco comparte las inconformidades esgrimidas en el recurso de
alzada, toda vez que: i) pareciera que la parte demandante concluyó, erróneamente,
que al haber imprescriptibilidad del reconocimiento pensional, ello se extiende al
pago de la pensión de invalidez, pues si bien el derecho pensional tiene dicho
carácter, lo que legalmente se somete al término prescriptivo es el derecho
al cobro de las respectivas mesadas pensionales.

En este caso, como el actor no presentó, propiamente, una solicitud de
reconocimiento de la pensión de invalidez una vez se retiró de la institución, el
término prescriptivo nunca se vio interrumpido, y fue solo cuando se dio la
determinación del estado de invalidez, a través de la junta médica laboral, que nació
la posibilidad de reclamar tal derecho, pero sujeto a la consecuencia jurídica que se
desprende de la inactividad como acreedor de las mentadas prestaciones del
sistema.

23 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 6 de mayo de 2015. Exp. SL5703-2015

(53600). M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas.
24 Ibid.
25 Ibid.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
12

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01704-01 (2579-2022)

Y ii) la prestación no debía liquidarse con el grado de sargento mayor del Ejército
Nacional pues, al momento del retiro, el accionante ostentaba la calidad de cabo
primero. En todo caso, teniendo presente que el Decreto 1211 de 1990 fue derogado
en algunos de sus acápites por el Decreto 1790 de 2000, debe prestarse atención
al hecho que este dispuso, en su artículo 51, que los ascensos se confieren a los
oficiales y suboficiales de las fuerzas militares que se encuentren en actividad, una
vez satisfagan los requisitos legales y de acuerdo con las vacantes existentes
conforme al decreto de planta respectivo.

Tampoco sería posible acceder a ello, dado que no es cierto que la sentencia de
tutela lo haya reintegrado a las fuerzas militares, pues el problema jurídico allí
resuelto no versó sobre dicha materia y, en todo caso, el fallo aportado a este
proceso no dio cuenta de ello, máxime que el señor José David Barroso Guzmán
debía encontrarse activo para que fuera ascendido.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia proferida el veinticinco
(25) de febrero de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones,
pero por las razones acá expuestas, pues aun cuando la prescripción del pago de
las mesadas pensionales derivadas del estado de invalidez opera a partir de la
determinación o certidumbre legal de dicho estado, no puede reformarse en peor al
apelante único.

De la condena en costas en segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202126 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veinticinco (25) de febrero de dos
mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de
la cual se accedió parcialmente a las pretensiones, pero por las razones expuestas.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

26 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En
todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
13

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01704-01 (2579-2022)

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
14

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.