Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01742-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01742-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-01742-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
6 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., seis (06) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000 23 42 000 2018 01742 01 (1341-2021)
Demandante: Amparo Herrera de Anduckia
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Reconocimiento de pensión gracia. Docente nacionalizado y
territorial. Períodos ejercidos con posterioridad al 1.° de enero de
1990. Requisito de honradez, dedicación y buena conducta.
Computo del tiempo laborado en la modalidad de hora cátedra.
Principio de non reformatio in pejus. Condena en costas a la parte
vencida.
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia en atención a que la
demandante acreditó el cumplimiento de todos los requisitos legales
para acceder a la pensión gracia.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de primera instancia del 24 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La parte actora, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó que se
declare la nulidad de las Resoluciones RDP 011223 del 28 de marzo de 2018, RDP
020988 del 8 de junio de 2018 y RDP 021955 del 14 de junio de 2018, mediante las
cuales la entidad demandada negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se le conceda la mencionada
prestación periódica debidamente liquidada con la inclusión de todos los factores
salariales devengados durante el año anterior al cumplimiento de los requisitos para su
otorgamiento, con fundamento en la Ley 114 de 1913 y demás normas concordantes.
3. Asimismo, solicitó la condena al pago de los intereses moratorios previstos en el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, así como la indexación de las sumas adeudadas,
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000 23 42 000 2018 01742 01 (1341-2021)
Demandante: Amparo Herrera de Anduckia
conforme a lo dispuesto en los artículos 187 y 192 del CPACA. Finalmente, requirió que
se impongan a la parte demandada las costas procesales correspondientes.
4. En respaldo de sus pretensiones, expuso que nació el 1.º de julio de 1951 y que
desde el 30 de mayo de 1979 ha prestado sus servicios al magisterio oficial en calidad
de docente territorial o nacionalizada. Indicó que adquirió el estatus de pensionada el 2
de mayo de 2012, fecha en la que completó 20 años de servicio.
5. En razón de lo anterior, formuló petición escrita ante la entidad demandada con el
propósito de obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia, de acuerdo con lo
establecido en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933. No obstante, dicha
solicitud fue denegada mediante los actos administrativos cuya nulidad se depreca.
Contestación de la demanda
5. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas
argumentando que, si bien se aportaron los actos de nombramiento y posesión
correspondientes a los servicios prestados en calidad de docente por horas cátedra
externa durante los años 1979 y 1980, expedidos por la Secretaría de Educación de
Bogotá, dichos documentos no fueron allegados en copia auténtica.
6. Del mismo modo, indicó que en el expediente no obran certificados de buena
conducta que permitan inferir, sin mayores conjeturas, que la vinculación de la actora se
produjo con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, que observó buena conducta
durante la prestación del servicio docente y que ostentaba la condición de maestra del
orden territorial o nacionalizado.
7. Igualmente, sostuvo que resulta improcedente el reconocimiento de la pensión
gracia, pues, conforme al artículo 105 de la Ley 115 de 1994, los nombramientos
docentes solo pueden efectuarse mediante decreto, dentro de la planta de personal
aprobada por la respectiva entidad territorial y previa superación de un concurso de
méritos, con el cumplimiento de los requisitos legales. Afirmó que, en el caso de la actora,
dicho nombramiento ocurrió en el año 2011, según consta en la certificación expedida
por la Secretaría de Educación de Bogotá el 2 de junio de 2016.
8. Aclaró que en el plenario no obra certificación alguna que permita establecer la
fuente de los recursos con los cuales fueron pagados los emolumentos devengados por
concepto del servicio docente prestado.
9. Agregó que, aun si se tuvieran en cuenta los tiempos de servicio laborados por la
actora, cuya vinculación se remonta al año 1979 en el ámbito distrital, para efectos del
cómputo de los 20 años requeridos para el reconocimiento de la pensión gracia, solo
deben considerarse los servicios prestados hasta el 31 de diciembre de 1989.
10. Lo anterior, en atención a que, con la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989,
a partir del 1.º de enero de 1990 se unificó el régimen pensional del magisterio, quedando
excluida la posibilidad de acceder a la pensión gracia, tal como lo estableció la Corte
Constitucional en la Sentencia C-489 de 2000.
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Demandante: Amparo Herrera de Anduckia
11. Finalmente, propuso las excepciones de mérito que denominó: «legalidad de los
actos administrativos», «inexistencia del derecho» y «prescripción».
Sentencia apelada
12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia del 24 de octubre de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones
deprecadas, en el sentido de declarar la nulidad de los actos administrativos enjuiciados
y condenar a la entidad a reconocerle a la actora la pensión gracia a partir del 2 de mayo
de 2012, equivalente al 75 % del promedio de todos los factores salariales devengados
en el año inmediatamente anterior a la consolidación del derecho, con la inclusión del
sueldo y las primas especial, de vacaciones y de navidad, junto a la actualización de las
sumas adeudadas con base al IPC.
13. Para sustentar su decisión, el a quo concluyó que la libelista demostró que laboró
por más de 20 años en calidad de docente en la modalidad secundaria, que cumplió 50
años de edad el 1.° de julio de 2001 y acreditó su vinculación antes del 31 de diciembre
de 1980. Además, frente al requisito de haber laborado con honradez y buena conducta,
estimó que la entidad no alegó que ella hubiere incurrido en alguna causal de mala
conducta o ineficiencia profesional.
14. Además, precisó que del certificado de historia laboral se extrae que los recursos
con los que se sufragaron sus salarios y prestaciones provenían del ente territorial.
15. Finalmente, declaró probada la excepción de prescripción de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 26 de octubre de 2014, de conformidad con lo
previsto en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, y se abstuvo de condenar en costas
a la entidad.
Recurso de apelación
16. La entidad demandada solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, que se nieguen las súplicas de la demanda, bajo los fundamentos que se explican
a continuación.
17. Cuestionó el argumento del tribunal al manifestar que en la contestación no se
alegó lo referente al requisito de buena conducta, puesto que se mencionó que en el
expediente administrativo no reposan los certificados que demuestren esa exigencia,
empero, este fue omitido por el despacho sustanciador.
18. Refutó el razonamiento con el que el a quo tuvo por acreditado el requisito de los
20 años de servicios como docente territorial o nacionalizada en razón a que no es dable
computar los tiempos que la actora laboró del 26 de febrero al 30 de noviembre de 1992
y del 8 de febrero de 1993 al 22 de diciembre de 2016, toda vez que a partir del 1.° de
enero de 1990 solo tendría derecho a la pensión de jubilación y no a la pensión gracia.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
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Demandante: Amparo Herrera de Anduckia
19. Mediante auto del 1.° de julio de 20211, se admitió el recurso de apelación y el 30
de septiembre de 20212, se ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus
alegatos de conclusión. En el mismo sentido, se estableció poner a disposición el
expediente al Ministerio Público, para que emitiera el correspondiente concepto.
20. La parte actora3 solicitó confirmar la sentencia favorable de primera instancia,
argumentando que la demandante cumple todos los requisitos legales para acceder a la
pensión gracia y que la UGPP desconoció injustificadamente los tiempos laborados
desde 1992 con la Secretaría de Educación de Bogotá, los cuales tienen naturaleza
territorial y, por tanto, deben computarse para efectos del reconocimiento de la
prestación.
21. La entidad accionada4 reiteró los argumentos expuestos en la contestación y en el
recurso de apelación.
22. El Ministerio Público no se pronunció.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
23. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación
abordará el análisis de este litigio.
Problema jurídico
24. Conforme a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, le corresponde
a esta Sala determinar, en primer lugar, si la actora acreditó el cumplimiento del requisito
de haberse desempeñado con buena conducta y honradez en su ejercicio docente y, en
segundo lugar, si los tiempos que prestó como maestra del Distrito Capital de Bogotá
después del 1.º de enero de 1990 pueden computarse para efectos de completar los 20
años requeridos para acceder a la pensión gracia.
Análisis del problema jurídico
25. La Sala anticipa que la sentencia de primera instancia se confirmará, en atención
a los motivos que se explicarán en los siguientes párrafos.
26. Para acceder al beneficio de la pensión gracia, deben cumplirse de manera
concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente territorial o nacionalizado
1
Folio 168.
2
Folio 170.
3
Índice 12 de SAMAI.
4
Índice 15 ibidem.
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antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado servicios como docente
nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por un periodo no inferior a 20
años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber cumplido 50 años de edad; iv) haber
ejercido la docencia con honradez, consagración y buena conducta; y v) no haber recibido
ni estar recibiendo otra pensión o recompensa de carácter nacional.
27. Aclarado lo anterior, en el presente caso no está en discusión que la demandante
cumplió 50 años de edad el 1.º de julio de 20015 y que se vinculó como docente
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, cuyos servicios los prestó para el
Distrito Capital de Bogotá.
28. Por su parte, obran en el expediente copias de los Decretos 901 del 29 de mayo
de 19796 y 169 del 18 de febrero de 19807, mediante los cuales el entonces alcalde mayor
de Santa Fe de Bogotá —en calidad de presidente de la Junta Administradora del FER—
, junto con el delegado regional del Ministerio de Educación Nacional, en ejercicio de sus
atribuciones legales, nombró a la accionante como profesora por horas cátedra, durante
los interregnos comprendidos entre el 15 de febrero y el 30 de noviembre de 1979, así
como por el año lectivo de 1980, respectivamente, en el Colegio Manuela Beltrán, con
una carga académica de 10 horas semanales.
29. En cuanto a la naturaleza de la vinculación docente, cabe reiterar que esta fue de
carácter nacionalizado, toda vez que, en cada uno de los decretos anteriormente citados
se señala expresamente que el alcalde mayor de Bogotá actuó en ejercicio de sus
facultades legales y en su calidad de presidente de la Junta Administradora del Fondo
Educativo Regional.
30. Sobre este aspecto, resulta esencial traer a colación los artículos 1, 3 y 6 del
Decreto 102 de 1976, que refiere a la descentralización de la administración de los
planteles nacionales de educación, según los cuales:
Artículo 1°: Los planteles nacionales de educación, con excepción de las universidades,
serán administrados por los Fondos Educativos Regionales - FER, en las condiciones que
establece el presente Decreto. […]
Artículo 3°: Las Juntas Administradoras de los F.E.R. se integrarán así:
a) Por el Gobernador, Intendente, Comisario o el Alcalde del Distrito Especial de Bogotá,
quien será el Presidente de la Junta:
b) El delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional;
c) El Secretario de Educación de la respectiva entidad territorial;
[…]
Artículo 6°: Los Gobernadores, Intendentes, Comisarios y el Alcalde del Distrito Especial
de Bogotá serán los ejecutores de las decisiones de las Juntas Administradoras de los
F.E.R.» (negrillas de la Sala)
5
Cfr. Cédula de ciudadanía (folio 33), en la que se prueba que la actora nació el 1.º de julio de 1951.
6
Folios 28 y 29.
7
Folios 30 al 32.
5
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Demandante: Amparo Herrera de Anduckia
31. A su vez, el Decreto 378 de 1976, «por el cual se reglamenta lo dispuesto en el
Decreto extraordinario número 102 de 1976 sobre Fondos Educativos Regionales, Juntas
Administradoras de dichos Fondos y se dictan otras disposiciones», sobre las Juntas
Administradoras de los FER, estableció:
Artículo 6º: Las Juntas Administradoras de los FER presentarán al Ministro de Educación,
para su aprobación, la planta de personal del Fondo Educativo Regional respectivo, con
indicación de las funciones, clases, grados y sueldos de los cargos, de conformidad con
las disposiciones vigentes sobre la materia.
Artículo 7º: La provisión de los cargos docentes y administrativos pagados por los FER,
creados por el Gobierno Nacional o por el Gobierno departamental, intendencial, comisarial
y distrital, según el caso, se hará mediante decreto o resolución de los respectivos Jefes
de la administración seccional, en su calidad de ejecutores de las decisiones de las Juntas
Administradoras de los FER.
32. A partir de lo expuesto, resulta adecuado concluir que la plaza ocupada por la
demandante fue creada en cumplimiento de la Ley 43 de 1975, en virtud de la cual los
recursos para atender el proceso de nacionalización serían administrados por los Fondos
Educativos Regionales (FER) con sujeción a los planes que en su momento debía
establecer el Ministerio de Educación, esto considerando que el alcalde mayor de Bogotá
no actuó con autonomía en calidad de autoridad administrativa del Distrito Capital, sino
como presidente de Junta Administradora del Fondo Educativo Regional, la cual era la
encargada de la administración de los planteles educativos nacionalizados.
33. Además, los mencionados decretos contaron también con la firma del delegado
regional del Ministerio de Educación ante el FER de Bogotá, cumpliendo con el artículo
10 de la Ley 43 de 1975 y bajo los postulados del artículo 6. ° de dicha norma8.
34. Es adecuado resaltar que el Consejo de Estado21 ha precisado sobre la
clasificación aludida que: «El carácter nacionalizado de la designación […] encuentra
respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados
aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de
enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 43 de 1975». Adicionalmente, a través de la sentencia de unificación del CE-
SUJ-SII-11-2018 del 21 de junio de 2018, la Sala Plena de esta Sección fijó la siguiente
regla jurisprudencial:
[…]
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia
a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o
haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo; […]
8
«Artículo 6º.- Los recursos de que tratan los artículos anteriores serán administrados por los Fondos Educativos Regionales, con
sujeción a los planes que establezca el Ministerio de Educación Nacional.»
«Artículo 10º.- En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo
a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la
construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación
Nacional.»
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Radicación: 25000 23 42 000 2018 01742 01 (1341-2021)
Demandante: Amparo Herrera de Anduckia
35. Aclarado lo anterior, la Sala resolverá sobre los problemas jurídicos planteados,
así:
Requisito de honradez, dedicación y buena conducta para acceder a la pensión
gracia
36. La entidad apelante argumentó que, en el presente caso, la actora no cumple con
el requisito de haber ejercido la labor docente con honradez, dedicación y buena conducta
debido a que no obran en el expediente certificados que así lo comprueben.
37. El artículo 4 de la Ley 114 de 1913 establece que para gozar de la pensión gracia
se torna indispensable que el reclamante demuestre el requisito de ejercer la docencia
con honradez, consagración y buena conducta.
38. Sobre el particular, el artículo 46 del Decreto 2277 de 1979 establece las causales
de mala conducta e ineficiencia profesional en la actividad docente, así:
«Artículo 46. CAUSALES DE MALA CONDUCTA. Los siguientes hechos debidamente
comprobados constituyen causales de mala conducta:
a). La asistencia habitual al sitio de trabajo en estado de embriaguez o la toxicomanía;
b). El homosexualismo o la práctica de aberraciones sexuales. (Aparte tachado declarado
inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-481 de 1998 del 9 de
septiembre de 1998, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero.)
c). La malversación de fondos y bienes escolares o cooperativos;
d). El tráfico con calificaciones, certificados de estudio, de trabajo o documentos públicos.
e). La aplicación de castigos denigrantes o físicos a los educandos;
f). El incumplimiento sistemático de los deberes o la violación reiterada de las prohibiciones;
g). El ser condenado por delito o delitos dolosos;
h). El uso de documentos o informaciones falsas para inscripción o ascensos en el
Escalafón, o para obtener nombramientos, traslados, licencias o comisiones;
i). La utilización de la cátedra para hacer proselitismo político;
j). El abandono del cargo.». (Subrayado de la Sala)
39. De la misma forma, esta Corporación9 ha considerado que para hacer nugatorio el
derecho a la pensión gracia por el incumplimiento del requisito de observar buena
conducta se hace necesario acreditar:
(…)
1. Que el proceder reprochable tenga ocurrencia durante el lapso en que el infractor
se encuentre al servicio oficial docente.
2. Que el comportamiento inadecuado que se imputa esté descrito en el
ordenamiento como causal de mala conducta.
3. Que en tal virtud, la autoridad competente adelante un procedimiento de carácter
administrativo que culmine necesariamente con una sanción disciplinaria 10.
4. Que no obstante la sanción impuesta, se debe hacer un análisis objetivo acerca
de la gravedad o levedad de la falta.
5. Que la infracción censurable no sea de aquellas que la jurisprudencia estima como
un «hecho aislado», esto es, que una sola conducta considerada aisladamente como
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 13 de agosto de 2018.
Radicado: 73001-23-33-000-2014-00645-01(4493-15), con ponencia del doctor Carmelo Perdomo Cuéter.
10
Sobre este particular, se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección
B, sentencia de 1º de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2014-00105-01 (383-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Radicación: 25000 23 42 000 2018 01742 01 (1341-2021)
Demandante: Amparo Herrera de Anduckia
reprochable no puede tenerse en cuenta como impedimento para el reconocimiento de la
pensión gracia. Y
6. Que la actuación objeto de reproche se haya reiterado en el tiempo o que,
habiéndose consumado en una sola ocasión, afecte gravemente otros derechos y libertades
de la comunidad educativa 11.12 (…)
40. En el caso concreto, si bien es cierto le asiste razón a la parte apelante cuando
manifiesta que el Tribunal obvió que en la contestación de la demanda sí indicó que el
requisito de buena conducta no estaba probado en el expediente ya que la actora no
allegó documento alguno que así lo certificara, también lo es que en el plenario obran las
declaraciones extrajudiciales del 3 de mayo de 2017, suscritas ante la Notaría 51 del
Círculo de Bogotá, D. C13, con las que la libelista indica bajo juramento que satisface tal
exigencia, así como el Certificado Ordinario 96813688 del 7 de julio de 2017 emitido por
la Procuraduría General de la Nación, en el que se constata que la actora no registra
sanciones ni inhabilidades vigentes14.
41. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, esta Sección ha sido diáfana en establecer que
en lo referente al requisito bajo estudio debe presumirse la buena fe en las actuaciones
de la profesora, tal como lo dispone el artículo 8315 de la Constitución Política; más aún,
cuando este requisito no fue cuestionado por la entidad de previsión en los actos
administrativos enjuiciados.
42. Efectivamente, el artículo 4 de la Ley 114 de 1913 no establece la obligación de
que el docente presente una declaración juramentada o certificación que sirva como
prueba irrefutable de su honradez, dedicación y buena conducta. Al contrario, dado que
la buena fe se basa en una presunción de carácter constitucional y legal, corresponde a
la entidad demandada desvirtuarla mediante pruebas pertinentes, conducentes y útiles
que evidencien la existencia de causales de mala conducta, de acuerdo con las normas
y pautas jurisprudenciales expuestas en los párrafos anteriores.
43. De igual manera, no resulta viable establecer a través de la vía judicial un requisito
no contemplado en la ley para el reconocimiento de una pensión ya que tal facultad
corresponde exclusivamente al Legislador. Es importante señalar que los artículos 6 y 84
de la Constitución Política contemplan que los servidores públicos no tienen la facultad
de imponer ni exigir requisitos adicionales para el ejercicio de un derecho que ha sido
reglamentado de manera general.
44. De este modo, toda vez que no se logró demostrar la existencia de una falta o
conducta reprochable durante el tiempo en que la demandante ejerció como docente, la
Sala considerará cumplido el requisito estipulado en el numeral 4 del artículo 4 de la Ley
114 de 1913, que establece la honradez, dedicación y buena conducta.
11
Frente a los numerales iv), v) y vi) se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda,
subsección B, sentencia de 2 de marzo de 2017, radicación 68001-23-31-000-2011-00406-01 (4555-2014); y Consejo de Estado, sala
de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 9 de marzo de 2017, radicación 52001 -23-33-000-
2012-00044-01 (3982-2013); ambas con ponencias del consejero Carmelo Perdomo Cuéter.
12
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 24 de marzo de 2017,
radicación 08001-23-33-000-2013-00676-01 (1324-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
13
Páginas 7 y 12 de los antecedentes administrativos que obran en el CD visible en el folio 78 del expediente.
14
Página 69 ibidem.
15
«ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.»
8
Radicación: 25000 23 42 000 2018 01742 01 (1341-2021)
Demandante: Amparo Herrera de Anduckia
Requisito de haber laborado como docente territorial o nacionalizado durante 20
años: Inclusión de tiempos posteriores al 1.° de enero de 1990
45. La entidad accionante insiste en que la demandante no acredita el cumplimiento
de haber laborado como docente durante 20 años, argumentando que no es dable
computar los tiempos que prestó del 26 de febrero al 30 de noviembre de 1992 y del 8 de
febrero de 1993 al 22 de diciembre de 2016, toda vez que los docentes, a partir del 1.°
de enero de 1990, solo tendrán derecho a la pensión de jubilación y no a la pensión
gracia, ya que la Ley 91 de 1989 unificó los regímenes pensionales.
46. Pues bien, esta Sección, mediante la sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2021 del 11 de agosto de 202216, interpretó el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley
91 de 1989, en conjunto con lo dispuesto en los fallos C-84 de 1999 y C-489 de 2000 de
la Corte Constitucional, estableciendo la siguiente regla jurisprudencial, la cual resulta
aplicable al presente caso:
Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre
de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento. (Se resalta)
47. Para arribar a esa conclusión, se adujo que la citada norma no estableció el 29 de
diciembre de 1989 (momento en que entró en vigencia la Ley 91) como fecha límite para
consolidar el derecho a la pensión gracia, sino que, al emplear las expresiones «tuviesen
o llegaren a tener derecho» y el verbo «reconocerá», permitió que los docentes
vinculados antes del 31 de diciembre de 1980 pudieran completar con posterioridad los
requisitos de edad y tiempo de servicio garantizando tanto los derechos adquiridos como
las expectativas legítimas y asegurando la vigencia del régimen especial en el tiempo.
48. También, al analizar los alcances de la sentencia C-489 de 2000 dictada por la
Corte Constitucional, estimó que no es cierto que esta haya fijado como límite el 29 de
diciembre de 1989 para completar los requisitos de la pensión gracia pues su alcance se
restringió a la protección de quienes ya tenían derechos consolidados para esa fecha.
49. Es más, se explicó que la Corte —a través de las sentencias C-954 de 2000, C-
479 de 1998, C-915 de 1999, C-085 de 2002, C-084 de 1999, C-506 de 2006 y SU-014
de 2020—, ha reiterado que el régimen de la pensión gracia siguió proyectando efectos
después de 1989 para quienes tenían vinculación previa a 1981 tomando en cuenta que
el reconocimiento de dicha prestación responde al carácter irrenunciable de los derechos
laborales y a los principios de favorabilidad y pro homine asegurando que los docentes
nacionalizados o territoriales no vean frustrada la posibilidad de consolidar un beneficio
que constituye una conquista histórica del magisterio.
50. Así las cosas, aunque el fundamento de apelación asumido por la entidad se
circunscribió a que no era posible tener en cuenta los períodos que la actora prestó con
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación proferida dentro del proceso
15001 23 33 000 2016 00278 01 (3018-2017).
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Radicación: 25000 23 42 000 2018 01742 01 (1341-2021)
Demandante: Amparo Herrera de Anduckia
posterioridad al 1.° de enero de 1990, ello no implica que la sentencia de unificación
reseñada no sea aplicable al caso concreto, en tanto que el sustento de tal afirmación
radicó en que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989 no era posible
acceder a la pensión gracia, circunstancia que se analizó en la citada providencia y de la
cual esta Colegiatura fijó la regla jurisprudencial señalada en el párrafo 19 ut supra.
51. Con base en lo anterior, comoquiera que la demandante se vinculó como docente
nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, tal como se analizó
previamente (ver párrafos 28 al 33 de esta providencia), el requisito de los 20 años de
servicio podía ser cumplido tanto antes como después de la expedición de la Ley 91 de
1989.
52. En consecuencia, se reitera que la accionante prestó sus servicios para el Distrito
Capital de Santa Fe de Bogotá entre el 15 de febrero y el 30 de noviembre de 1979 y del
18 de febrero al 30 de noviembre de 1980, como docente nacionalizada, en la modalidad
de hora cátedra, con una intensidad de 10 horas a la semana, en virtud de los
nombramientos efectuados mediante los Decretos 901 del 29 de mayo de 197917 y 169
del 18 de febrero de 198018, emitidos por el entonces alcalde mayor de Bogotá.
53. Con el fin de calcular el tiempo real laborado en la mencionada modalidad, la Sala
debe aplicar la fórmula establecida en el artículo 1.° de la Ley 33 de 198519, que consiste
en sumar las horas de trabajo real y dividir el total entre cuatro (4) para determinar los
días efectivamente trabajados. Además, se deben añadir los días de descanso
remunerado correspondientes (sábados y domingos) y las vacaciones (7 semanas
anuales), en proporción al periodo en que se prestó el servicio bajo dicha modalidad.
54. Aunado a ello, para la liquidación del tiempo efectivamente laborado, es
fundamental tener en cuenta los siguientes criterios: i) de acuerdo con el artículo 33 de
la Ley 100 de 1993, «se entiende por semana cotizada el período de siete (7) días
calendario»; b) en el ámbito laboral, el salario se calcula sobre la base de un mes,
equivalente a 30 días, lo que, al multiplicarse por los 12 meses del año, resulta en un total
de 360 días anuales20; iii) asimismo, es importante entender que un año laboral está
compuesto por 51,42 semanas, lo cual se obtiene al dividir los 360 días entre los 7 días
calendario que conforman una semana21.
55. De tal forma que, en el presente caso, se tendrá que la demandante laboró como
docente hora cátedra, por un lapso de 7 meses y 21 días, tal como se detalla en la
siguiente gráfica:
17
Folios 28 y 29.
18
Folios 30 al 32.
19
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de enero de 2023, radicado 08001 23 33 000 2016
00149 01 (4526-2021).
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 1999, radicado 12503.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de octubre de 2016, radicado 05001 23 33 000 2014 01754
01 (5073-15).
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Radicación: 25000 23 42 000 2018 01742 01 (1341-2021)
Demandante: Amparo Herrera de Anduckia
Horas al
Días
mes Horas Días laborados
laborados
Horas Meses (horas laboradas Semanas + días de
(horas Días de
Desde Hasta Días cátedra (días / cátedra (de meses * laboradas para 23 descanso
cátedra vacaciones
semana 30) * 4,29 horas al vacaciones 22 remunerado y
laboradas)
semana mes) vacaciones
/4)
)
15/02/1979 30/11/1979 286 10 9.533 42.900 408.980 102.245 1.988 13.917 116.16
18/02/1980 30/11/1980 283 10 9.433 42.900 404.690 101.173 1.967 13.771 114.94
Total, días laborados: 231.10 (Aproximados a 231)
Total: 7 meses y 21 días 24
56. Ahora, se aportó copia de la Comunicación del 21 de febrero 199225, emitida por
el jefe de División de Personal de la Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de
Santa Fe de Bogotá, a través de la cual se le informó a la accionante que había sido
vinculada para desempeñar el cargo de docente temporal desde la fecha de presentación
por el año lectivo.
57. Con respecto a la mencionada vinculación, a pesar de que en el plenario no se
indicó ni obra copia del acto administrativo de nombramiento, el aludido interregno fue
certificado por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá como de naturaleza
territorial-distrital mediante el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral del 2 de junio de 201726, en el que, a su vez, se estableció que dicha relación
legal y reglamentaria transcurrió entre el 26 de febrero y el 30 de noviembre de 1992 (9
meses y 5 días), tiempo que es computable para efectos de la pensión gracia.
58. Asimismo, se allegó copia de la Resolución 202 del 11 de febrero de 199327,
suscrita por el alcalde mayor de Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, en ejercicio de sus
facultades legales, a través de la cual se nombró a la accionante como docente de tiempo
completo de la Zona Urbana de dicha ciudad. Del cargo tomó posesión el 5 de febrero de
1993 ante el secretario de educación de Bogotá y el jefe de División de Personal de esa
dependencia, pero con efectos a partir del 8 de febrero siguiente 28.
59. Con relación al aludido acto de nombramiento, en su parte considerativa se
mencionó que este se expidió a partir de la creación de una planta de personal docente
para el sector educativo del Distrito Capital, establecido mediante el Acuerdo 08 de 1992,
con un total de 7.120 maestros (Acuerdo 029 de 1993) y que a través del Acuerdo 40 de
1992 se aprobó dentro del presupuesto un rubro expresamente dedicado al pago de dicho
personal.
60. Lo anterior, permite establecer que dicha vinculación es territorial-distrital, puesto
que, se reitera, el nombramiento lo efectuó el alcalde mayor de Bogotá, sin que hubiese
intervenido el delegado del Ministerio de Educación Nacional, sumado a que los
emolumentos serían pagados con rubros propios del Distrito Capital, lo cual se acompasa
con lo previsto en el artículo 1.° de la Ley 91 de 1989, según el cual el personal territorial
«[s]on los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de
22
Surge de multiplicar el número de días laborados por el 7 y dividirlo en 360.
23
Surge de multiplicar el número de semanas de vacaciones, domingos y festivos, por 49 (correspondiente al número de días laborales
que hay en 7 semanas) y dividirlo en 7.
24
Tomando como base que un año laboral equivale a 360 días y un mes laboral, a 30 días.
25
Folio 22.
26
Folios 19 y 20.
27
Folios 24 al 27.
28
Cfr. Acta de posesión del 5 de febrero de 1993, visible en el folio 23.
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Radicación: 25000 23 42 000 2018 01742 01 (1341-2021)
Demandante: Amparo Herrera de Anduckia
enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43
de 1975».
61. Finalmente, el ya mencionado Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral del 2 de junio de 201729, emitido por la Secretaria de Educación Distrital
de Bogotá, da constancia de que la accionante prestó sus servicios para el Distrito Capital
como docente territorial-distrital en los siguientes interregnos: i) del 15 de febrero al 30
de noviembre de 1979, en la modalidad de hora cátedra; ii) del 18 de febrero al 30 de
noviembre de 1980, en la modalidad de hora cátedra; iii) del 26 de febrero al 30 de
noviembre de 1992, con una vinculación temporal de tiempo completo; y iv) del 8 de
febrero de 1993 al 23 de diciembre de 2016, en propiedad.
62. De acuerdo con lo anterior, está demostrado que la accionante sirvió como
docente nacionalizada y territorial al servicio del Distrito Capital de Bogotá, durante 25
años, 3 meses y 12 días, tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Carácter de la plaza ocupada Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Años Meses Días
Nacionalizado (hora cátedra) 15/02/1979 30/11/1979 0 3 26
Nacionalizado (hora cátedra) 18/02/1980 30/11/1980 0 3 25
Territorial-distrital 26/02/1992 30/11/1992 0 9 5
Territorial-distrital 08/02/1993 23/12/2016 23 10 16
TOTAL 25 3 12
63. En este orden de ideas, la actora cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos
para acceder a la pensión gracia.
64. No obstante, cabe precisar que el a quo y la actora indican que cumplió el
requisito de tiempo de servicios el 2 de mayo de 2012. Sin embargo, este cálculo difiere
del realizado por esta Subsección en los apartados anteriores, puesto que al haber
completado 25 años, 3 meses y 12 días el 23 de diciembre de 2016, la fecha del estatus
pensional surgió a partir del 9 de octubre de 201130. Sin embargo, dado que dicho aspecto
no fue objeto del recurso de apelación y en aplicación del principio de la non reformatio
in pejus respecto de la apelante única al modificarse la fecha en con que debe calcularse
el ingreso base de liquidación de la prestación, se confirmará también este punto.
65. Por último, la Sala confirma la decisión del tribunal de declarar la prescripción
de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 26 de octubre de 2014, por
cuanto la petición de la prestación periódica que hoy es objeto de reconocimiento se
presentó más de 3 años después de que surgió el derecho pensional (26 de octubre de
2014) y la demanda se interpuso el 8 de agosto de 2018, lo que indica que no se
cumplieron los plazos trienales establecidos en los artículos 41 y 102 de los Decretos
3135 de 1968 y 1848 de 1969, respectivamente.
29
Folios 19 y 20.
30
Día en que cumplió los 20 años de servicios, el cual surge de restar 5 años, 3 meses y 12 días al 23 de diciembre de 2016.
12
Radicación: 25000 23 42 000 2018 01742 01 (1341-2021)
Demandante: Amparo Herrera de Anduckia
Condena en costas
66. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
67. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
68. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
69. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad accionada, por cuanto no
prosperó ninguno de los reparos propuestos en el recurso de apelación. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 24 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho incoada por la señora Amparo Herrera de Anduckia contra
la UGPP.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Radicación: 25000 23 42 000 2018 01742 01 (1341-2021)
Demandante: Amparo Herrera de Anduckia
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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