Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01827-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01827-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-01827-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
28 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2018-01827-01 (2953-2020)
Demandante : Jenny Katherine Díaz Barreto
Demandado : Nación – Ministerio de Transporte
Tema : Contrato realidad
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante
contra la sentencia de 8 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección F), que negó las
súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 268 a 287 y 379 a 388). La señora Jenny Katherine
Díaz Barreto, por conducto de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra la Nación – Ministerio de Transporte, para que se acojan las pretensiones
que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se decrete la nulidad del oficio de «17 de julio de 2017», que
negó la existencia de un contrato realidad entre las partes.
A título de restablecimiento del derecho, se declare la existencia de una relación
laboral entre las partes y se ordene a la accionada (i) reintegrar a la demandante
a un cargo igual o de superior categoría al que desempeñaba, sin solución de
continuidad; o, de no ser posible vincularla, «reparar por medio de
indemnización»; y (ii) sufragar «[…] los salarios devengados inherentes a su
cargo, dejados de percibir desde el mes de noviembre de 2016 […] hasta la
fecha de la sentencia que ponga fin al proceso»; «[…] los conceptos pagados
[…] en razón de carga prestacional y seguridad social (E.P.S., Pensiones,
A.R.L. y Caja de Compensación Familiar) correspondientes, del mes de abril
de 2016 a diciembre de 2016 […]» (sic); las cesantías y sus intereses, las
vacaciones, la prima de servicios y la bonificación de servicios, causados desde
el 18 de abril hasta el 31 de diciembre de 2016 y del 1° de enero de 2017 a la
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Jenny Katherine Díaz Barreto contra la Nación – Ministerio de
Transporte
fecha de la ejecutoria de la sentencia. Por último, indexar los montos adeudados,
pagar los respectivos intereses moratorios, dar cumplimiento a la sentencia en
los términos del CPACA y condenar en costas a la accionada.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la actora que se vinculó al Ministerio de
Transporte en condición de abogada para apoyar asuntos jurídicos, mediante
contrato de prestación de servicios profesionales 338 de 15 de abril de 2016;
fue ubicada en el grupo de control interno disciplinario y el 19 de los mismos
mes y año le asignaron, como supervisora del contrato, a la coordinadora del
grupo de control interno del ente estatal.
Dice que debía asistir todos los días a las instalaciones de la entidad en horario
laboral; el 16 de septiembre de 2016 se le fijaron funciones de servidora pública
y se condicionó el pago del contrato al cumplimiento de estas; se le devolvieron
las últimas cuentas de cobro por no contar con las actas de finalización y el paz
y salvo para la terminación del contrato, pese a haber presentado el respectivo
informe de los expedientes asignados; y, posteriormente, fue citada a audiencia
por incumplimiento del aludido contrato 338 de 15 de abril de 2016.
Que el 1° de junio de 2017 presentó reclamación con el fin de que se le
reconocieran sus prestaciones sociales, lo que le fue negado con el acto acusado.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo demandado los artículos 23, 24, 57 y 65 del
Código Sustantivo del Trabajo y 6 y 74 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social.
Asevera que «[…] tenía una relación laboral con el Ministerio del Transporte,
en atención a que […] cumplía órdenes, desarrollaba la actividad
personalmente y recibía una remuneración por las labores encomendadas»
(sic).
1.5 Contestación de la demanda (ff. 457 a 469). La Nación – Ministerio de
Transporte, por conducto de apoderado, se opuso a las pretensiones de la
demanda; frente a los hechos afirma que unos son ciertos, otros no y los demás
no le constan; y formuló la excepción denominada «falta de legitimación en la
causa por pasiva».
Arguye que la vinculación con la accionante «[…] no es como servidora o
funcionaria pública y […] por lo mismo en cumplimiento de las labores que
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realizaba rendía informes de gestión y requería la supervisión de su contrato
para las cuentas de cobro que mes a mes reclamaba, como lo reconoce en el
acápite de hechos de la demanda y para lo cual anexa los soportes
correspondientes, desvirtuando ella misma la relación laboral que ahora
reclama, cumpliéndose así la remuneración y la prestación personal del
servicio contratado. Pero en cuanto a la subordinación y dependencia
continuada, no se aprecia que este elemento esencial del trabajo, conforme al
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esté presente» (sic).
1.6 La providencia apelada (ff. 533 a 542). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (sección segunda, subsección F), en sentencia de 8 de mayo de
2020, negó las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al considerar
que el contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes tuvo una
vigencia temporal, sin vocación de convertirse en permanente y aunque la
demandante argumentó que «[…] cumplió funciones de empleados públicos
[…], nunca manifestó en relación con qué cargo, no acreditó qué funciones
eran similares a un cargo de planta en la entidad demandada, en consecuencia,
no se acreditaron los criterios de igualdad y funcionalidad» (sic).
Asimismo, sostiene que no se acreditó el elemento subordinación, dado que
«[…] la relación contractual se desarrolló en el marco de la coordinación, por
cuanto no se acreditó que la demandante cumplió órdenes e instrucciones
impartidas por la Coordinadora del Grupo de Control Interno de la Secretaría
General quien ostentaba la calidad de supervisora del contrato y era quien
junto con la demandante suscribía los informes mensuales de ejecución de los
contratos» (sic).
1.7 El recurso de apelación (ff. 545 a 552). La actora, por conducto de
apoderado, interpuso recurso de apelación, pues, a su juicio, no se estudió el
material probatorio aportado, el cual da cuenta de que el objeto contractual
pactado no se desarrolló, pues no prestó asesoría jurídica en temas de
infraestructura, sino que atendió funciones de la oficina de control interno
disciplinario, que no se pueden catalogar como nuevas dentro del ente estatal, y
se le asignaron actividades de funcionaria pública, un puesto de trabajo y
utensilios del inventario para sustanciar los procesos a su cargo. Además, la mal
llamada coordinación era en realidad un «seguimiento jerárquico funcional y
administrativo».
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II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 8 de mayo de 2020
(f. 555) y admitido por esta Corporación a través de auto 30 de noviembre de
2021 (f. 560), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de auto de 4 de abril de 2022 (f. 562), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad en la que los sujetos
procesales guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES.
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante le asiste razón
jurídica o no para reclamar de la Nación – Ministerio de Transporte el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales no devengadas durante el
tiempo que permaneció vinculada como contratista, en aplicación del principio
de «primacía de la realidad sobre formalidades»; o, por el contrario, el contrato
de prestación de servicios que celebró con dicho ente estatal se ajustó a la
normativa legal vigente, por cuanto no se configuró una relación laboral, como
lo concluyó el a quo.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
En principio, cabe precisar que respecto de los contratos estatales de prestación
de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
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personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.
Posteriormente, este artículo fue modificado por los Decretos 165 de 1997, 2209
de 1998 y 2170 de 2002, que precisaron «solo se realizarán para fines
específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio
a contratar».
Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y
que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez
que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del
contrato y de la ley contractual.
Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso
[…] generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el
precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154
de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el
de carácter laboral, así:
Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la
continuada subordinación laboral y la remuneración como
contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de
servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una
persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación
laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la
ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos
son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades
propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que
determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de
servicios, pues en el plano legal debe entenderse que quien celebra un
contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no
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puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en
caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración
contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a
la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de
trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo
con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la
denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los
términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como
contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino,
más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato
respectivo.
Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 19681, «[p]or el cual se
modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]»,
dispone:
Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la
Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente
que deben ser atendidas por una persona natural.
Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo
y que ha tomado posesión del mismo.
Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de
la República.
Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos
obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales,
como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un
trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y
no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a
sus cuadros permanentes.
Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los
empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos
de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones.
La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la
Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia,
entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una
relación laboral. Frente al tema, expuso:
1
Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.
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La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de
celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones
de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una
medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se
oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se
desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de
servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional,
concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que
no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la
entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de
planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera,
despliega los principios constitucionales de la función pública en las
relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de
funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con
el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la
administración mediante el concurso de méritos.
De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a
favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en
el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía
de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de
la materia.
En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se
constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados,
propios de la actividad misional del ente estatal contratante, para ejecutarlos
en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo
sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las
necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos,
para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones
laborales2.
De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección segunda3
recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se
exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento,
2
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27
de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
3
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-
33-000-2012-00020-01 (316-2014).
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en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos,
la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora
demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y
la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás
empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia,
para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una
verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia
de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a
quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios
que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de
empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los
presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión,
elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en
cuenta para decidir el asunto sub examine.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) La accionante suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales
338 de 15 de abril de 2016 con la Nación – Ministerio de Transporte, cuyo
objeto era la «PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
APOYAR Y ASISTIR EN ASUNTOS JURÍDICOS AL MINISTERIO DE
TRANSPORTE PRINCIPALMENTE EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA
DESDE LA SECRETARÍA GENERAL», con un plazo de ejecución de 8 meses
y 15 días (ff. 3 a 7).
b) Las obligaciones de la contratista se establecieron en los estudios previos (ff.
8 a 14), así: «1) Proyectar los informes que le sean solicitados por la autoridad
competente relacionados con las actividades que se desarrollan en la dirección
infraestructura y la secretaría general del Ministerio de Transporte. 2) Prestar
acompañamiento a las capacitaciones que lleve a cabo el Ministerio Transporte
principalmente en temas jurídicos relacionados con la Dirección
Infraestructura. 3) Realizar todas las acciones tendientes a impulsar los
procesos administrativos asignados por el supervisor del contrato. 4) Preparar
y presentar los informes relacionados con el desarrollo de las actividades
propias del contrato. 5) Proyectar respuestas a solicitudes y derechos de
petición de información. 6) Verificar que los procesos se adelanten conforme a
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los procedimientos establecidos en la ley y dentro de los términos otorgados.
7) Guardar la reserva de los procesos asignados de conformidad con la ley. 8)
Responder la correspondencia asignada dentro de los términos establecidos e
descargue informar el radicado de respuesta para su descargue. 9) Asistir a las
reuniones que le sean asignadas. 10) Recibir, gestionar y actualizar las
solicitudes asignadas en el sistema de gestión documental ORFEO y demás
aplicativos que se utilicen en el Ministerio de Transporte. 11) Las demás que le
sean asignadas por el supervisor del contrato» (sic).
c) Mediante comunicación de 19 de abril de 2016 (f. 24 vuelto), la coordinadora
del grupo de control disciplinario interno de la secretaría general del Ministerio
de Transporte, en calidad de supervisora del contrato 338 de 15 de abril de 2016,
estableció los lineamientos y entregó los insumos para el desarrollo del objeto
contractual e impuso el deber de «reportar mensualmente» 10 decisiones de
fondo frente a los procedimientos disciplinarios y 5 decisiones de trámite frente
a las quejas y/o informes.
d) La demandante aportó, entre otros documentos, copia de los informes de
actividades, planillas de pago de aportes a seguridad social, cuentas de cobro,
fotografías en el lugar y con sus compañeros de labor, así como los correos
electrónicos (en forma impresa) que enviaba y recibía en desarrollo del contrato
338 de 15 de abril de 2016 (ff. 25 a 219).
e) La actora presentó reclamación ante la cartera accionada el 1° de junio de
2017 (ff. 229 a 242), en la que pide el reconocimiento de una relación laboral y
el pago de las acreencias prestacionales adeudades desde noviembre de 2016,
lo que le fue negado a través de oficio *20171300278611* de 14 de julio de
2017, para lo cual adujo que el contrato 338 de 15 de abril de 2016 se rigió por
el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y no se presentó subordinación en su
desarrollo (ff. 246 a 263).
f) Dentro de este proceso judicial se recaudó el testimonio de la señora Marisol
Cruz Corredor, quien relató circunstancias concernientes a la prestación de
servicios de la demandante en el Ministerio de Transporte, así como su
desempeño en las funciones que le encargaban, el cumplimiento de horario y la
supeditación a funcionarios superiores de dicha cartera (ff. 499 a 501, que
contiene un CD).
De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que (i) la demandante
suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales 338 de 15 de abril
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de 2016 con la Nación – Ministerio de Transporte, cuyo objeto era la
«PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y
ASISTIR EN ASUNTOS JURÍDICOS AL MINISTERIO DE TRANSPORTE
PRINCIPALMENTE EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA DESDE LA
SECRETARÍA GENERAL», con un plazo de ejecución de 8 meses y 15 días; y
(iii) el 1° de junio de 2017 la actora reclamó de la cartera accionada el
reconocimiento de una relación laboral y el pago de las acreencias
prestacionales adeudades desde noviembre de 2016, lo que le fue negado con el
acto acusado.
Ahora bien, se encuentra demostrada, con la copia del contrato de prestación de
servicios, la existencia de dos de los elementos de la relación laboral, por un
lado, (i) la prestación personal del servicio, por cuanto efectivamente la
demandante fue contratada directamente por el Ministerio de Transporte para
prestar sus servicios como abogada, según el objeto contractual ya relatado, lo
que implica que fue quien prestó el servicio; por otro, (ii) la remuneración por
el trabajo cumplido, comoquiera que en dichos contratos de prestación de
servicios se estipuló un «valor del contrato y forma de pago» con cargo a los
recursos presupuestales del ente estatal, es decir, la suma de dinero que tenía
derecho a recibir y la modalidad del pago, lo que comporta la remuneración
pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de su
denominación (honorarios o salario), que le era pagada de manera mensual,
según el monto acordado.
En lo concerniente a (iii) la subordinación, como último elemento de la
relación laboral, resulta procedente examinar la naturaleza de las funciones
desempeñadas por la actora en el ente demandado y su verdadero alcance, con
el fin de establecer si existió o no.
Según los estudios previos del contrato de prestación 338 de 15 de abril de 2016,
las obligaciones de la contratista consistían en: «1) Proyectar los informes que
le sean solicitados por la autoridad competente relacionados con las
actividades que se desarrollan en la dirección infraestructura y la secretaría
general del Ministerio de Transporte. 2) Prestar acompañamiento a las
capacitaciones que lleve a cabo el Ministerio Transporte principalmente en
temas jurídicos relacionados con la Dirección Infraestructura. 3) Realizar
todas las acciones tendientes a impulsar los procesos administrativos
asignados por el supervisor del contrato. 4) Preparar y presentar los informes
relacionados con el desarrollo de las actividades propias del contrato. 5)
Proyectar respuestas a solicitudes y derechos de petición de información. 6)
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Verificar que los procesos se adelanten conforme a los procedimientos
establecidos en la ley y dentro de los términos otorgados. 7) Guardar la reserva
de los procesos asignados de conformidad con la ley. 8) Responder la
correspondencia asignada dentro de los términos establecidos e descargue
informar el radicado de respuesta para su descargue. 9) Asistir a las reuniones
que le sean asignadas. 10) Recibir, gestionar y actualizar las solicitudes
asignadas en el sistema de gestión documental ORFEO y demás aplicativos que
se utilicen en el Ministerio de Transporte. 11) Las demás que le sean asignadas
por el supervisor del contrato» (sic).
En desarrollo de lo anterior, el 19 de abril de 2016 la coordinadora del grupo de
control disciplinario interno de la secretaría general del Ministerio de
Transporte, en calidad de supervisora del contrato, estableció los lineamientos
y entregó los insumos para el desarrollo del objeto contractual e impuso el deber
de «reportar mensualmente» 10 decisiones de fondo frente a los procedimientos
disciplinarios y 5 decisiones de trámite frente a las quejas y/o informes, tarea
que si bien no era específica de la dirección de infraestructura, sí lo era de la
secretaría general de la referida cartera, a la cual pertenecía el grupo de control
interno disciplinario.
Sumado a esta prueba documental, fue atendido en audiencia de pruebas el
testimonio de la señora Marisol Cruz Corredor, quien laboraba como secretaria
en el grupo de control disciplinario interno del Ministerio de Transporte para la
época de los hechos objeto de litis, asignaba el puesto de trabajo y los utensilios
de propiedad de la entidad y llevaba el control de los procedimientos
disciplinarios que se entregaban a la demandante para que los sustanciara,
realizara práctica de pruebas y proyectara decisiones definitivas, adujo que la
actora trabajaba en las instalaciones del Ministerio, en general «la veía» en el
mismo horario de los empleados de planta, «comunicaba» a la coordinadora del
grupo cuando debía ausentarse y, respecto de las órdenes que esta última le
impartía, solo informó que era quien «asignaba el trabajo» y le «pedía
colaboración frente a las capacitaciones impartidas».
Pese a lo anterior, de la testimonial antes citada no se puede inferir que la
demandante (i) recibía órdenes de sus superiores en el desarrollo del objeto
contractual, (ii) cumplía horarios o no podía desarrollar la actividad
contractual fuera del ente estatal, (iii) era objeto de potestad disciplinaria o (iv)
si tenía libertad de contratar con otras entidades u empleadores.
Frente al argumento de la presunta asignación de funciones no pactadas en el
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contrato de prestación de servicios, se observa que el grupo de control
disciplinario interno es una dependencia de la secretaría general del Ministerio
de Transporte y en el objeto del contrato de prestación 338 de 15 de abril de
2016 específicamente se determinó que la labor de la contratista era «[…]
APOYAR Y ASISTIR EN ASUNTOS JURÍDICOS AL MINISTERIO DE
TRANSPORTE PRINCIPALMENTE EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA
DESDE LA SECRETARÍA GENERAL» (se resalta) y, en cuanto a las
actividades a desarrollar, se puntualizaron, entre otras, las de «[…] 2) Prestar
acompañamiento a las capacitaciones que lleve a cabo el Ministerio Transporte
principalmente en temas jurídicos relacionados con la Dirección
Infraestructura. 3) Realizar todas las acciones tendientes a impulsar los
procesos administrativos asignados por el supervisor del contrato. 4) Preparar
y presentar los informes relacionados con el desarrollo de las actividades
propias del contrato» (subrayas de la Sala). En esa medida, no encuentra la Sala
que se haya desnaturalizado el objeto contractual porque este no se hallaba
restringido a temas de infraestructura, además de que, como lo dijo el a quo, pese
a que algunas de las tareas desempeñadas por la demandante hayan sido
misionales del Ministerio no tuvieron vocación de permanencia más allá del
plazo de ejecución del contrato, que fue de 8 meses y 15 días.
Así las cosas, los medios de prueba permiten evidenciar la concurrencia de dos
de los elementos propios de una relación de trabajo, prestación personal y
remuneración, pero no el de subordinación, por lo que no se desvirtúa que la
actora haya prestado la labor contratada en forma independiente respecto del
empleador, lo cual conduce a concluir que solo existía una relación de
coordinación en el desarrollo del objeto contractual.
Resulta oportuno recordar que, según el marco jurídico que antecede, la
previsión normativa del artículo 32 (inciso 3º) de la Ley 80 de 1993 se trata de
una presunción que debe ser desvirtuada y, por ende, analizado el material
probatorio conforme a las reglas de la sana crítica, esta Corporación colige que
no le asiste razón a la actora en reclamar la existencia de una relación laboral
con la cartera accionada, toda vez que no se probó la configuración del elemento
de la subordinación, por ausencia de órdenes en el desarrollo directo de sus
actividades, circunstancia esta connatural a dicho elemento4, sino que, por el
contrario, cumplió el objeto contractual pactado.
4
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 11 de mayo de 2020, expediente 20001-23-
31-000-2011-00341-01 (2001-13).
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Expediente 25000-23-42-000-2018-01827-01 (2953-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jenny Katherine Díaz Barreto contra la Nación – Ministerio de
Transporte
Se aclara que el principio de coordinación, ínsito en los contratos de prestación
de servicios, consiste en la sincronización de las actividades que ejerce el
contratista con las directrices que imparte el contratante para la ejecución
eficiente y eficaz, por lo que es indispensable que exista una concertación
contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, sin embargo,
en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte,
respecto de las cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto
suscrito.
Diferente es la subordinación, en virtud de la cual existe una sujeción del
trabajador hacia su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento
con la posibilidad de disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la
obligación correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las
condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o
instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que le asista
ningún tipo de independencia.
Por consiguiente, en el presente caso puede hablarse de coordinación, habida
cuenta de que el desempeño de las funciones por parte de la accionante no estaba
sujeto a la imposición de medidas y/o órdenes del ente estatal demandado (sin
tener la posibilidad de disponer del trabajo de aquella), lo que demuestra, se
insiste, la ausencia del elemento de la subordinación.
Así las cosas, actividades como presentar informes mensuales o el uso de
instalaciones o bienes muebles del ente contratante respecto de la ejecución del
contrato dentro de la organización de una dependencia no pueden considerarse,
per se, circunstancias que comportan el elemento de la subordinación, en la
medida en que hacen parte de la ejecución y de las relaciones de coordinación
propias de los contratos de prestación de servicios, a la luz de lo establecido en
el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, norma que también prevé una presunción
iuris tantum, tal como lo ha determinado esta Corporación5:
Dicha normatividad contempló una presunción iuris tantum, al establecer
que en ningún caso estos contratos- entiéndase contratos de prestación de
servicios- generan relación laboral ni reconocimiento de prestaciones
sociales.
Las presunciones generan una de dos situaciones: quien alega la
presunción para fundar su derecho desplaza la carga de la prueba en cabeza
de su adversario o bien que quien alega la presunción le niegue a su
5 Sección segunda, subsección B, sentencia de 25 de mayo de 2017, expediente 66001-23-33-000-2013-00468-
01 (2093-15).
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Expediente 25000-23-42-000-2018-01827-01 (2953-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jenny Katherine Díaz Barreto contra la Nación – Ministerio de
Transporte
adversario por entero la facultad de acudir a prueba alguna que demuestre
la no existencia del hecho decisivo.
De esta suerte, las presunciones relevan de la carga probatoria a los sujetos
a favor de quienes operan. Una vez demostrado aquello sobre lo cual se
apoyan, ya no es preciso mostrar valiéndose de otros medios de prueba lo
presumido por la ley. En ese orden, el artículo 166 del Código General del
Proceso aplicable por remisión del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011,
regula las presunciones establecidas por ley señalando que “… el hecho
legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en
contrario cuando la ley lo autorice.”
Así las cosas, la presunción contenida en el artículo transcrito al no tener
el carácter de ser iuris et de iure, es decir, de pleno derecho, puede ser
controvertida y desvirtuada, de tal manera que, en asuntos como el
presente, quien pretenda la declaratoria de existencia de una relación
laboral que subyace de la ejecución de contratos de prestación de servicio,
con base en el principio consagrado en el artículo 53 de la Carta Superior
de la primacía de la realidad sobre las formas, tiene el deber de acreditar
los elementos configurativos de la relación laboral en especial, la
subordinación a fin de poder quebrantar la presunción que sobre esta
modalidad de contrato estatal recae.
A guisa de corolario de lo que se deja consignado, se tiene que la accionante,
en su condición de contratista, no logró acreditar las condiciones para la
existencia del denominado «contrato realidad» que invoca, pues no demostró
que a través de los contratos u órdenes de prestación de servicios suscritos se
desdibujaron las características propias de este tipo de vínculos, para convertirse
en una relación laboral distinguida por la permanencia y continuidad en su
ejecución y la correspondiente subordinación.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, se confirmará el fallo de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°. Confírmase la sentencia de 8 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección F), que negó las
súplicas de la demanda incoada por la señora Jenny Katherine Díaz Barreto
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Expediente 25000-23-42-000-2018-01827-01 (2953-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jenny Katherine Díaz Barreto contra la Nación – Ministerio de
Transporte
contra la Nación – Ministerio de Transporte, por las razones expuestas en la
parte motiva.
2°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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