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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01981-01

Fecha
27 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01981-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el 20 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que negó las pretensiones de la demanda presentada por Francisco Luis Valencia Carvajal en contra del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), por las razones expuestas en esta decisión. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previo a las anotaciones en el aplicativo Samai. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 38 Radicado: 25000-23-42-000-2018-01981-01 (4224-2023) Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000- 2020-00472-01 (1251-2024) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. SLVA/MAG 39

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01981-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01981-01 (4224-2023)
Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal
Demandado: Consejo Profesional Nacional de Ingeniería1

Tema: Insubsistencia. Empleo de libre nombramiento y remoción.
Desviación de poder. Ley de garantías electorales

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 20 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Francisco Luis Valencia Carvajal presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones 00403 del 26 de marzo de
2018 por medio de la cual se declaró la insubsistencia de su nombramiento en el
cargo de subdirector administrativo y financiero, código 0150, grado 21; y la 818 del
19 de junio de 2018 mediante la cual se resolvió una solicitud de revocatoria directa.

1 En adelante Copnia.
2 En adelante CPACA.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01981-01 (4224-2023)
Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó i) el reintegro al cargo que venía
ocupando o en otro de igual o superior jerarquía y remuneración; ii) el pago de todos
los emolumentos dejados de percibir, con los reajustes correspondientes, desde el
momento de su remoción y hasta cuando sea reincorporado al servicio, sin solución
de continuidad; iii) el cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en el
artículo 192 del CPACA; y iv) la condena en costas y agencias en derecho.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Francisco Luis Valencia Carvajal es contador público y prestó sus servicios al
Copnia desde el 4 de julio del 2000 en distintos cargos, realizó cursos, obtuvo
reconocimientos por su labor y nunca fue sancionado disciplinariamente. El último
cargo que ejerció fue el de subdirector administrativo y financiero, código 150, grado
21, para el cual fue nombrado mediante la Resolución 395 del 1° abril de 2016,
fecha en la que tomó posesión del cargo.

3.2. Mediante la Resolución 00403 del 26 de marzo de 2018, el director general de
la entidad declaró insubsistente el nombramiento a partir del 1° de abril de 2018. «A
la fecha de declaración de insubsistencia, la hoja de vida del funcionario cuyo último folio
era el 238, no existía anotación alguna, respecto a las razones de buen servicio por las
cuales se hace uso de la facultad discrecional para la declaratoria de insubsistencia».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como disposiciones violadas invocó los artículos 1, 2, 25, 29 y 53 de la
Constitución Política; 38 de la Ley 996 de 2005; 49, numeral 3, de la Ley 909 de
2004; 1, 3 y 138 de la Ley 1437 de 2011; 26 del Decreto 2400 de 1968; y la Ley 270
de 1996.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:

5.1. El acto acusado se produjo en vigencia de la Ley 996 de 2005, la cual en el inciso
4 del parágrafo del artículo 38, ordenó restringir las nóminas de las entidades
públicas durante los 4 meses anteriores a la realización de las elecciones para
presidente y vicepresidente de la República; de acuerdo con lo cual en ese periodo
no se podían realizar nombramientos ni desvinculaciones.

5.2. Los actos censurados fueron expedidos con desviación de poder, toda vez que
la prohibición establecida en la referida norma entró en vigencia dentro de los 4
meses anteriores a la aludida elección, es decir, a partir de las 00:00 horas del 27
de enero de 2018; y además de ilegales, desconocieron los principios de la función

3 Índice 2 del aplicativo Samai, carpeta comprimida zip, archivo «1. CUADERNO ppal», páginas 25

a 42.

2

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Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución.

5.3. El contenido de las resoluciones acusadas está afectado por falsa motivación
puesto que si bien es cierto que la potestad de remoción surge en ejercicio del poder
discrecional de quien dirige el Copnia, esa facultad no se podía apartar de los
principios constitucionales y legales, toda vez que era reglada y debió obedecer
únicamente a razones del buen servicio, las que no se establecieron en la
motivación del acto, pese a que se constituyó en una obligación en la época
preelectoral, así como tampoco se realizó anotación alguna en la hoja de vida.

5.4. Lo anterior, implicó un desconocimiento de la moralidad administrativa, pues el
director general de la entidad modificó la nómina e hizo uso la figura de encargo; y
lo cierto era que la persona que fue encargada tenía menor experiencia profesional
y sólo relacionada con el área jurídica, es decir, desconocía los temas específicos
funcionales, como lo eran los administrativos y financieros.

1.2. Contestación de la demanda

6. Copnia se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en los
siguientes argumentos4:

6.1. A través de la Resolución 362 de 2016 se determinó que correspondía al director
general del Copnia ejercer la facultad discrecional en torno al nombramiento y
remoción de los subdirectores y demás personal directivo de la entidad, con
excepción del jefe de Control Interno. Al respecto, en la planta de personal de esa
entidad se estableció que el empleo de subdirector administrativo y financiero, cargo
del cual fue retirado el demandante, es del nivel directivo y, por ende, de libre
nombramiento y remoción.

6.2. La prohibición a que aludió el inciso 4 del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996
de 2006, se encontró dirigida, tal y como pacíficamente lo ha señalado la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, a las entidades territoriales, de ahí que no
se predicó vulneración alguna por parte de la entidad demandada a esta disposición.

6.3. La administración no tenía el deber de motivar la decisión contenida en el acto
acusado. Empero, sí estuvo motivado por razones del buen servicio, toda vez que,
los informes de Control Interno, tanto definitivos como preliminares, los que además
le fueron oficializados al demandante mientras estuvo en ejercicio de sus funciones,
dan cuenta de las graves falencias administrativas y financieras en la entidad, entre
lo cual se resaltó el bajo resultado general auditado a los procesos de la
Subdirección Administrativa y Financiera, lo que le permitió tener razones
suficientes a la Dirección General para adoptar la decisión de declarar la

4 Índice 2 del aplicativo Samai, carpeta comprimida zip, archivo «1. CUADERNO ppal», páginas 122

a 161.

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Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

insubsistencia de su nombramiento.

6.4. En su lugar se encargó al entonces subdirector jurídico de la entidad, quien con
anterioridad y en varias ocasiones había ocupado temporalmente el empleo como
consecuencia de las vacaciones del titular de entonces, inclusive por sugerencia del
demandante. Esta situación administrativa no implicó «acceso definitivo a un nuevo
contenido funcional», sino que respondió a la necesidad de la administración de
sortear la ausencia temporal o definitiva del titular del correspondiente empleo
público; por ello, tampoco se podría señalar que la decisión adoptada estuvo
inspirada en fines burocráticos, pues el encargo se suplió con el personal de planta
existente dentro de la entidad y sólo para los fines de sortear la ausencia del titular.

6.5. El subdirector jurídico del Copnia, encargado de la Subdirección Administrativa
y Financiera, tenía el mismo nivel y grado salarial que tenía el demandante en su
momento (código 0150, grado 21), por lo cual cumplió iguales requisitos para ocupar
el empleo; además de que tenía 15 años de experiencia profesional, de los cuales
por lo menos 12 años fueron en la entidad en el cargo directivo; además, poseía
conocimientos en derecho administrativo, una especialización en esa área y
estudios avanzados en esa materia, de ahí que sea desacertado señalar que tenía
total desconocimiento de la entidad o que tenía competencias inferiores a las del
demandante.

7. Además, propuso las siguientes excepciones: i) ineptitud de la demanda por falta
de los requisitos formales; ii) cumplimiento del deber jurídico e inexistencia de
desviación de poder, y iii) genérica o innominada.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A en
sentencia proferida el 20 de mayo de 2021 negó las pretensiones de la demanda y
para tal efecto señaló lo siguiente5:

8.1. Parasustentar una desviación de poder en torno a la decisión de la
administración de declarar la insubsistencia de un nombramiento en un empleo de
libre nombramiento y remoción, no era suficiente aludir a las calidades o el buen
desempeño laboral del exservidor, pues era un deber del demandante «en el ejercicio
de la función pública, el cabal y debido cumplimiento de las funciones propias de su cargo».

8.2. De ahí que tal situación no podía conducir a ninguna inamovilidad ni a ningún
tipo limitación para su nominador de la facultad de haber dispuesto del empleo, pues
por tratarse de un cargo de confianza, aquél gozaba de una amplia facultad
discrecional para retirarlo del servicio, siempre que esa decisión propendiera por el

5 Índice 2 del aplicativo Samai, carpeta comprimida zip, archivo «32. Fallo 2018-01981-00 Insub.

COPNIA LNyR (1)».

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Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

interés general y las necesidades del servicio, mas no a su simple parecer o
capricho.

8.3. Era imperativo que el demandante acreditara que, por motivo de su retiro,
efectivamente se suscitó dentro del Copnia un desmejoramiento del servicio. No
obstante, en el sub examine no se contó con ningún elemento de prueba que
permitiera inferir que esa situación así aconteció, o que la persona que lo remplazó
inequívocamente tenía menos experiencia o formación para el empleo. De ahí que
verificara la configuración de causal alguna de nulidad del acto acusado por esa
circunstancia.

8.4. La prohibición de modificación de las nóminas dentro de los 4 meses anteriores
a la elección de cargos de elección popular, prevista en el inciso final del parágrafo
del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, se encontraba dirigida exclusivamente a los
entes territoriales y demás entidades descentralizadas del nivel departamental,
distrital o municipal, salvo que se tratara de la provisión de cargos por motivo de
faltas definitivas, con ocasión de la muerte o por renuncia del cargo debidamente
aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa. Sin
embargo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 286 de la Constitución Política,
únicamente ostentan la calidad de entidades territoriales los departamentos, los
distritos y los municipios, y cuando la ley así lo establezca los territorios indígenas
y las regiones y provincias; de manera que al Copnia, por tratarse de una entidad
del nivel nacional, no le resultaba aplicable tal prohibición.

8.5. No hay lugar a condenar en costas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, mediante la cual se adicionó un inciso al artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, al no verificarse que la demanda objeto de estudio se hubiese
interpuesto con manifiesta carencia de fundamento legal.

1.4. El recurso de apelación

9. Francisco Luis Valencia Carvajal interpuso recurso de apelación y lo sustentó así6:

9.1. Tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-1153 del 11 de
noviembre de 2005, la prohibición de suspender cualquier forma de vinculación que
afecte la nómina estatal hace referencia a la imposibilidad de creación de nuevos
cargos y a su provisión, salvo que se trate de solventar situaciones tales como
renuncia, licencia o muerte que sean indispensables para el cabal funcionamiento
de la administración pública, o cuando se trate de la designación de servidores
públicos en cargos de carrera por el sistema de concurso público de méritos.

9.2. El Copnia «es un órgano sui generis de naturaleza pública», que no puede ser

6 Índice 2 del aplicativo Samai, carpeta comprimida zip, archivo «35.Apelación sentencia Francisco

Valencia Carvajal 28 JUNIO 2022».

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Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

tomado como un órgano del sector descentralizado, pues la ley no le atribuyó los
elementos propios de la descentralización administrativa (personería jurídica,
adscripción o vinculación, presupuesto independiente), razón por la cual debió
ubicarse como parte del sector central de la rama ejecutiva del poder público del
orden nacional, la que se encontraba integrada no solo por los organismos y
entidades señalados en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, sino también por otros
no enumerados allí, de naturaleza pública, que de manera permanente tienen a su
cargo el ejercicio de actividades y funciones administrativas o la prestación de
servicios públicos; de manera que las restricciones contenidas en el parágrafo del
artículo 38 de la Ley 996 de 2005 le son aplicables.

9.3. Dicha prohibición entró en vigencia dentro de los 4 meses anteriores a la elección
del presidente y vicepresidente de la República; es decir, para el caso concreto, a
partir de las 00:00 horas del 27 de enero de 2018, por lo cual el acto administrativo
que declaró la insubsistencia del nombramiento en el cargo que ocupaba, fue
expedido con desviación de poder y desconoció los principios de la función
administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política.

9.4. Laprohibición contenida en la norma aludida fue estudiada por la Corte
Constitucional que, en torno a su constitucionalidad, expresó que «las excepciones a
esta prohibición, consignadas en el inciso cuarto del parágrafo, respetan el equilibrio que
debe existir entre la guarda de la modalidad administrativa y la eficiencia de la
administración a través de la autorización de vincular en nómina (a) cuando se trate de
proveer cargos por faltas definitivas derivada de muerte o renuncia y (b) los cargos de
carrera administrativa. En efecto, si se trata de proveer un cargo por necesidad del servicio,
toda vez que quien lo desempeñaba no está en capacidad de seguirlo haciendo, es claro
que la vinculación no se tratara de un cargo creado ad hoc en épocas de campaña, sino de
una necesidad permanente de la administración que no puede dejar de ser satisfecha por
encontrarse en periodo de campaña».

9.5. Empero, los actos administrativos acusados desconocen la moralidad
administrativa, pues no demostraron las razones del buen servicio que debieron
motivarla, además de que el director general no podía, por ningún motivo, modificar
la nómina al desvincular y posteriormente nombrar mediante la figura de encargo a
persona alguna. En tal sentido, la desviación de poder se configuró en la medida en
que el nominador de la entidad actuó con una finalidad distinta a la perseguida por
la Ley 996 de 2005, la cual buscó, en su sentir teleológico, promover la
transparencia y moralidad en el actuar de la administración; aunado a que el
demandante ostentó el cargo por 32 meses, sin anotación disciplinaria alguna en su
hoja de vida, y prestó sus servicios en esa entidad por más de 15 años.

9.6. La declaratoria de insubsistencia debe estar enmarcada en la necesidad y el
mejoramiento del servicio; sin embargo, se encargó a Mario Andrés Herrera Arévalo
quien tenía menor experiencia profesional y estaba relacionada estrictamente con
el área jurídica. Además, desconocía los temas específicos funcionales como lo
fueron los administrativos y financieros, lo que evidenció la motivación subjetiva de

6

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Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

la decisión.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar7.

1.6. Concepto del Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto8.

2. Consideraciones

2.1. Problemas jurídicos

12. Se circunscriben a establecer ¿si los actos administrativos acusados fueron
expedidos con desviación de poder, en tanto que la facultad discrecional no fue
ejercida conforme con los parámetros legales y jurisprudenciales, pues obedeció a
un propósito particular, personal o arbitrario? Y ¿si el acto por el cual el Copnia
declaró insubsistente el nombramiento de Francisco Luis Valencia Carvajal en el
cargo de subdirector administrativo y financiero, código 0150, grado 21, se
encuentra viciado de nulidad por contravenir la prohibición establecida en el inciso
4 del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Aspectos generales de la función pública. Naturaleza jurídica de los
empleos públicos

13. El constituyente de 1991 reguló el ingreso, ascenso, retiro y modalidades de
vinculación del servicio público. Para tal efecto, señaló en el artículo 1259 que, por

7 Así se indicó en el auto del 23 de enero de 2024. Índice 10 del aplicativo Samai.
8 Así se extrae del informe secretarial del 20 de marzo de 2024. Índice 16 del aplicativo Samai.
9 «Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan

los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los
demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la
ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del
régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

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regla general, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera,
con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

14. Posteriormente, con el fin de desarrollar el mandato constitucional en mención,
el legislador expidió las leyes 27 de 199210, 443 de 199811 y 909 de 200412, y en el
artículo 1 de esta última normativa se determinó que hacen parte de la función
pública los empleos de i) carrera, ii) libre nombramiento y remoción, iii) período y
iv) los temporales.

15. Acorde con lo anterior, es importante precisar que la categorización y codificación
de los empleos públicos13 en la función pública goza de reserva legal, pues es del
resorte del legislador establecer las distintas categorías existentes de acuerdo con
unos criterios objetivos que permiten su clasificación dentro de la organización de
cada entidad, tales como el grado de confianza, la responsabilidad que se adquiere
en el ejercicio del cargo, la naturaleza de las funciones o atribuciones, esto es si
estas son meramente técnicas o de fijación de políticas, así como las competencias
exigidas para su desempeño, entre otros, lo que permite advertir que existe una
diferencia sustancial entre los empleos que la conforman. De esta manera se
establece la siguiente clasificación:

16. De carrera. Es la regla general de ingreso y ascenso de personal a la
administración pública, la cual permite la correcta y sistemática administración del
talento humano vinculado a la función pública. Dicho sistema de administración de
personal tiene como fin principal garantizar la materialización de los principios de
eficacia y eficiencia en el desarrollo de la función pública14, pues a través de este la
administración moderniza y racionaliza eficazmente los servicios y funciones que
están a su cargo.

17. Asimismo, este régimen es la herramienta de escogencia de talento humano

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un
empleo de carrera, su ascenso o remoción.

Parágrafo. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección
tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos,
en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue
elegido».
10 «Por la cual se desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política, se expiden normas sobre

administración de personal al servicio del Estado, se otorgan unas facultades y se dictan otras
disposiciones».
11 «Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones».
12 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia

pública y se dictan otras disposiciones».
13 El empleo público, en los términos del numeral 1 del artículo 19 de la Ley 909 de 2004 «es el

núcleo básico de la estructura de la función pública» y se ha entendido como «el conjunto de
funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas
para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los
fines del Estado».
14 Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril 1994. M.P. Valdimiro Naranjo Mesa.

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mediante la cual el Estado busca la adecuada y correcta prestación de la función
pública, dotándose de personal altamente capacitado y calificado para el ejercicio
de sus funciones. En efecto, históricamente15 este mecanismo respondió a la pugna
que se presentaba entre quienes defendían el mérito como forma de acceso a la
administración y los que consideraban que esto debía corresponder a una facultad
discrecional del nominador16; de manera que, para contrarrestar los excesos
burocráticos y el clientelismo, se definió un sistema que defendía el mérito en los
procesos de promoción y contratación estatal, en función de la capacidad del
trabajador para realizar una labor.

18. Respecto de este sistema el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 determinó:

«Artículo 27. Carrera administrativa. La carrera administrativa es un sistema técnico
de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la
administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso
y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia
en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad,
sin discriminación alguna».

19. De tal manera que, en el empleo público la regla general es el ingreso a través
del sistema técnico de carrera administrativa, el cual, entre otros garantiza la
estabilidad en el empleo en la medida en que quien se inscriba en ella goza de la
confianza de que solo podrá retirársele del cargo por «calificación no satisfactoria en
el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causales
previstas en la Constitución o la ley», es decir que mientras en el ejercicio de sus
funciones observe y cumpla con la Constitución, la ley y el reglamento interno, no
será removido de él17. Además, la administración cuenta con la seguridad de que la
función pública será prestada acorde con los principios de eficacia y eficiencia.

20. En consecuencia, es claro que la naturaleza jurídica de los empleos de carrera
está determinada por el vínculo funcional con la entidad u organismo estatal, esto
es implican el ejercicio de funciones meramente técnicas.

21. De libre nombramiento y remoción. Ahora bien, ante la necesidad de contar
con personal que requiere mayor grado de confianza en la ejecución de la función
pública, el constituyente previó esta clase de empleos que corresponden a una
excepción a la carrera. En tal sentido, es necesario que el cargo a proveer se
encuentre legalmente previsto como tal, lo que brinda al nominador la
discrecionalidad para designar (elegir o nombrar) al empleado al cual se le confiarán

15 Tal y como se advierte de las disposiciones contenidas en la Ley 165 de 1938, por la cual se creó

la carrera administrativa para los empleados nacionales, departamentales y municipales que presten
servicios administrativos permanentes y del Acto Plebiscitario de 1957, la creación de la carrera
administrativa para acceder a la función pública.
16 El «spoils system» o sistema de botín y el «merit system», Weber Max.
17 Corte Constitucional, sentencia C 479 del 13 de agosto de 1992. M.P. José Gregorio Hernández

Galindo y Alejandro Martínez Caballero.

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Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

ciertas funciones, toda vez que el cargo a ocupar exige plena confianza o implica
una decisión política18, esto es que la naturaleza de las labores que desempeñan
obedece a una relación subjetiva con el nominador quien demanda siempre de
plena confianza de sus colaboradores19. La provisión de dichos cargos responde a
la facultad discrecional de la autoridad nominadora, es decir sin sujeción a ciertas
formalidades para su designación.

22. El constituyente de 1991 enumeró algunos casos específicos, tales como el de
los ministros, los directores de departamento administrativo, el gerente o director de
establecimiento público, entre otros. Sin embargo, facultó al legislador para fijar los
criterios que permitan identificar los cargos en mención, los cuales actualmente se
encuentran previstos en el artículo 5 de la Ley 909 de 2004.

23. Así las cosas, para considerar que un empleo es de libre nombramiento y
remoción, la Corte Constitucional20 en reiteradas oportunidades, ha señalado que
el cargo a ocupar, según su naturaleza, debe reunir los siguientes requisitos: i) tener
fundamento legal, es decir que se encuentre como regla a la excepción de carrera;
ii) las funciones a ejercer deberán ser directivas, de manejo, conducción u
orientación institucional; iii) las funciones asignadas deberán tener un alto nivel de
confianza, el cual deberá ser superior al que se le puede exigir a cualquier otro
servidor.

24. A propósito de lo anterior, es necesario distinguir los empleos de libre
nombramiento y remoción según la naturaleza de las funciones encomendadas, los
cuales se pueden clasificar, a su vez, así: a) de naturaleza política, en el cual se
ejercen labores de dirección, conducción u orientación institucional, cuyo ejercicio
implica la adopción de políticas o directrices, es decir, establece lineamientos
institucionales de acción; y b) de naturaleza administrativa, aquellos que realizan
actividades profesionales de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo,
siempre que se encuentren adscritos al servicio directo e inmediato de los altos
funcionarios.

25. Sobre el particular, la Corte Constitucional señaló que «como base para determinar
cuándo un empleo puede ser de libre nombramiento y remoción, hay que señalar en primer
término que tenga fundamento legal; pero además, dicha facultad del legislador no puede
contradecir la esencia misma del sistema de carrera, es decir, la ley no está legitimada para
producir el efecto de que la regla general se convierta en excepción. En segundo lugar,
debe haber un principio de razón suficiente que justifique al legislador para establecer
excepciones a la carrera administrativa, de manera que la facultad concedida al nominador
no obedezca a una potestad infundada. Y, por último, no hay que olvidar que por su misma
naturaleza, los empleos que son de libre nombramiento y remoción son aquellos que la
Constitución establece y aquellos que determine la ley, (art. 125), siempre y cuando la

18 Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
19 Sentencia T-317 de 2013, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
20 Entre otras, las Sentencias C-195 de 1994 C-1177 de 2001, C- 161 de 2003, C-312 de 2003, C-

553 de 2010, C-284 de 2011, C-814 de 2014, entre otras.

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función misma, en su desarrollo esencial, exija una confianza plena y total, o implique una
decisión política. En estos casos el cabal desempeño de la labor asignada debe responder
a las exigencias discrecionales del nominador y estar sometida a su permanente vigilancia
y evaluación»21.

26. De período. Por mandato constitucional22 o legal23 son aquellos empleos que se
proveen por un lapso previamente establecido en el ordenamiento jurídico, en razón
a su representación política o democrática o a la independencia e imparcialidad que
se predica frente al ejercicio de sus funciones, esto es que a la administración se
ingresa para ejercer la función pública por determinado tiempo, como es el caso de
los contralores, los personeros, el fiscal general de la nación, el registrador nacional
del estado civil, el procurador general de la nación, el defensor del pueblo, el auditor
general de la nación, los rectores de universidades públicas, miembros de las
Comisiones Reguladoras, magistrados de altas corporaciones, gerentes o
directores de las empresas sociales del Estado, entre otros.

27. Según el periodo para el cual se vincularon con la administración estos se
subdividen en empleos de periodo institucional y empleos de periodo personal.

27.1. a) Los de periodo institucional son aquellos sobre los cuales se tiene certeza
de la fecha de iniciación y la de terminación de su periodo, bien porque tales fechas
se encuentren determinadas constitucional o legalmente, o bien porque dichas
fechas sean determinables a la luz de lo previsto en disposiciones de la misma
índole24.

27.2. b) Los de periodo individual o personal se diferencian de los primeros, toda
vez que las fechas de iniciación y terminación no han sido definidas y tampoco son
determinables; no obstante, la fecha de finalización del empleo público se encuentra
dada por aquella en la que la persona toma posesión del empleo. Asimismo, este
tipo de cargos encuentra sustento en los principios de independencia e
imparcialidad en donde los procedimientos establecidos para la designación son
variados25.

28. Los temporales. Como una categoría especial de empleos al que se vinculan
con la administración de forma excepcional para cumplir funciones que, por uno u
otro motivo, no realiza el personal de planta, bien porque no forma parte de las

21 Sentencia C-195 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
22 “Artículo 125. […] PARÁGRAFO. <Artículo 125 […] Parágrafo. Adicionado por el artículo 6º del

A.L. 01 de 2003 así: Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de
elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales
cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual
este fue elegido.
23 A manera de ejemplo ver los: artículos 12 de Decreto Ley 1210 de 1993; 21 de la Ley 143 de 1994;

15, 34, 44, 53,76 de la Ley 270 de 1996; 20 de la Ley 1797 de 2016, entre otros.
24 Consejo de Estado, Sala de consulta y del Servicio Civil, consulta del 12 de marzo de 2012,

expediente 11001-03-06-000-2012-00022-00, M.P. William Zambrano Cetina.
25 Consejo de Estado, Sala de consulta y del Servicio Civil, consulta del 8 de octubre de 2020,

expediente 11001-03-06-000-2020-00158-00, M.P. Álvaro Namén Vargas.

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actividades permanentes de la entidad, o también, porque por las necesidades del
servicio lo requiere, como en aquellos casos en los que por hechos excepcionales
existe sobrecarga laboral. Al respecto el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 previó:

«Artículo 21. Empleos de carácter temporal.

1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les
aplica la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal
empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder a una de las
siguientes condiciones:

a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las
actividades permanentes de la administración;
b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada;
c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos
excepcionales;
d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no
superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza
de la institución.

2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá contener la
motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad presupuestal
para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales.

3. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> El ingreso a estos empleos se
efectuará con base en las listas de elegibles vigentes para la provisión de empleos de
carácter permanente, sin que dichos nombramientos ocasionen el retiro de dichas listas.
De no ser posible la utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación de las
capacidades y competencias de los candidatos.

4. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El nombramiento en los empleos temporales se
efectuará mediante acto administrativo en el que se indicará el término de su duración,
al vencimiento del cual quien lo ocupe quedará retirado del servicio automáticamente.
Sin embargo, antes de cumplirse dicho término, el nominador en ejercicio de la facultad
nominadora podrá declarar la insubsistencia del nombramiento, cuando el servidor no
cumpla las metas del proyecto o actividades que dieron lugar a la creación de los
mismos, de acuerdo con la evaluación que se establezca para el efecto y mediante acto
administrativo motivado; o darlo por terminado, cuando no se cuente con las
disponibilidades y apropiaciones para financiar el empleo de carácter temporal, como
consecuencia de los ajustes a los montos aprobados para su financiación.

De igual manera, el retiro del servicio de los empleados temporales se podrá efectuar
por las causales consagradas en los literales d), h), i), j), k), m) y n) del artículo 41 de la
Ley 909 de 2004».

29. En esas condiciones, la naturaleza jurídica de los empleos públicos está
determinada por las funciones, deberes y responsabilidades asignadas al cargo o
el grado de confianza que ha de depositarse en el servidor público 26, esto es que
guarda relación directa con el modo como se ha estructurado el empleo en la
entidad y las tareas oficiales que se le asignan27; de ahí que exista una diferencia

26 Corte Constitucional, sentencia C-553 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
27 Corte Constitucional, sentencia C-408 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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sustancial entre uno que se exhibe como de carrera y otro de periodo, no solo por
las razones aquí anotadas, sino por el límite en el tiempo para el ejercicio de sus
labores; esto es así, pues el primero exige continuidad y permanencia y las causales
de retiro están expresamente determinadas en la ley, es decir, se rigen por los
principios de especificidad o taxatividad, en tanto que los de periodo tienen una
fecha cierta de inicio y finalización prevista en la Constitución o la ley, o determinable
en relación con la fecha de su posesión, lo que hace que corresponda a un elemento
objetivo del empleo28 y conlleva a que este sea estable y perentorio, es decir, que
no se extiende más allá del lapso fijado para su culminación29.

2.2.2. Formas de provisión de los empleos

30. Ahora bien, el legislador definió las formas de ingreso y ascenso al empleo
público, esto es, que las vacancias definitivas y temporales existentes en las
respectivas plantas de personal de las entidades y organismos del Estado deben
proveerse a través de las figuras definidas para el efecto.

31. i) Por nombramiento de carácter ordinario para los empleos cuya naturaleza
jurídica es de libre nombramiento y remoción, tal y como lo disponen los artículos
23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1. del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 30.
En todo caso, el servidor debe acreditar los requisitos exigidos para el desempeño
del cargo.

32. ii) En encargo es un derecho preferencial que le asiste a los servidores que
ocupan empleos de carrera. En efecto, el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, con las
modificaciones que le introdujo el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019 31, autoriza a
efectuar encargos en empleos de carrera administrativa con vacancia definitiva,
mientras se surte el proceso de selección. Así las cosas, esta modalidad opera para
quienes a) se encuentren inscritos en el régimen de carrera, b) acrediten los
requisitos de ley para su ejercicio, c) posean aptitudes y habilidades propias del
cargo a acceder, d) no hayan sido sancionados en el último año de servicio; y
e) hayan obtenido una calificación sobresaliente en la última evaluación de
desempeño.

33. En relación con este último requisito, la norma señala que, de no existir
empleados de carrera con evaluación sobresaliente, debe examinarse el personal
de planta que tenga las más altas calificaciones descendiendo del nivel
sobresaliente al satisfactorio; en todo caso, el empleado deberá reunir las
condiciones y requisitos previstos en la ley.

28 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2095 del 12 de marzo de 2012,

radicado 11001-03-06-000-2012-00022-00, C.P. William Zambrano Cetina.
29 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1860 del 6 de diciembre de 2007,

C.P. Gustavo Aponte Santos.
30 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».
31 «Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras

disposiciones».

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34. De esta manera, la jurisprudencia ha señalado que esta modalidad se constituye
en una medida o mecanismo para garantizar la protección de los derechos del
personal de carrera32.

35. iii) Laprovisionalidad es una medida «subsidiaria y excepcional que procede
cuando no fuere posible la provisión de los empleos vacantes en las plantas de personal de
las entidades públicas, bajo la modalidad de encargo con servidores de carrera
administrativa»33.

36. Al efecto, el Decreto 1227 de 2005 dispuso que mientras se elabore la lista de
elegibles para el cargo vacante, la Comisión Nacional del Servicio Civil puede
autorizar el nombramiento en provisionalidad. Esto señala la norma:

«Artículo 8. Mientras se surte el proceso de selección convocado para la provisión de
los empleos, estos podrán ser provistos mediante encargo a empleados de carrera, de
conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004.

El término de duración del encargo no podrá ser superior a seis (6) meses, salvo
autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil cuando el concurso no se hubiere
culminado en el término previsto en el presente decreto, caso en el cual este se
extenderá hasta que se produzca el nombramiento en período de prueba.34

Parágrafo transitorio. [Modificado por el Decreto Nacional 3820 de 2005, Modificado
por el art. 1, Decreto Distrital 1937 de 2007, Modificado por el Decreto Distrital 4968 de
2007] La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos y nombramiento
provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de
reestructuración, fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de
estricta necesidad del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el encargo
o el nombramiento provisional no podrán superar los seis (6) meses, término dentro del
cual se deberá convocar el empleo a concurso. El nombramiento provisional procederá
de manera excepcional cuando no haya personal que cumpla con los requisitos para ser
encargado y no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada.

Artículo 9°. De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de vacancias
temporales los empleos de carrera podrán ser provistos mediante nombramiento
provisional cuando no fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores
públicos de carrera, por el término que duren las situaciones administrativas que las
originaron.

Tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejerza un empleo de
libre nombramiento y remoción que en virtud de la ley se convierta en cargo de carrera.
El carácter se adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del
cargo, el cual deberá ser provisto teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido
en el presente decreto, mediante acto administrativo expedido por el nominador».

32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2021, radicado

11001-03-25-000-2012-00795-00 (2566-2012), M.P. César Palomino Cortés.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2021, radicado

11001-03-25-000-2012-00795-00 (2566-2012), M.P. César Palomino Cortés.
34 El texto tachado fue declarado NULO mediante sentencia del 12 de abril de 2012, proferida por la

Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso con radicado 11001-03-25-000-2005-
00215-01(9336-05), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

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37. De tal manera que la provisionalidad, como forma de proveer un cargo, es una
excepción o una forma de provisión extraordinaria y puede darse mientras se surte
el proceso de selección convocado para la provisión del empleo cuya
naturaleza es de carrera administrativa.

38. Esta forma de provisión del empleo público ha sido desarrollada en el
ordenamiento jurídico colombiano a través de las siguientes normas: Decreto Ley
2400 de 1968, el Decreto reglamentario 1950 de 197335, las leyes 61 de 1987, 27
de 1992, 443 de 1998, 909 de 2004, en las cuales se previó que ante la imposibilidad
de proveer el cargo de carrera administrativa a través del sistema del mérito, se
garantizaría la continuidad en la prestación del servicio público con personal
vinculado en provisionalidad hasta cuando se pueda realizar tal provisión con uno
de carrera, pues no puede existir solución de continuidad en el servicio por
falta de personal.

39. iv) Por nombramiento en período de prueba, la entidad nominadora, con sumo
respeto del orden de elegibilidad, y en consideración a las normas que informan la
carrera, designa de la lista de elegibles a las personas que superaron las etapas del
respectivo concurso de méritos, con el fin de que aquella pueda «evaluar los méritos
en relación con las condiciones de ingreso a la carrera judicial y con el desempeño
de las funciones»36 del empleado en su capacidad de adaptación, sus
competencias, habilidades y aptitudes para el ejercicio de la función pública. Una
vez finalizado dicho lapso, el servidor será inscrito en el registro público de carrera
o en caso contrario se declarará insubsistente su nombramiento.

40. v) Por nombramiento en propiedad se vincula con la administración a aquellas
personas que, además de cumplir con los requisitos generales y especiales para
desempeñar el cargo, han superado las etapas del concurso de méritos o que
siendo de libre nombramiento y remoción lo «desempeñe en propiedad»37.

2.2.3. Sobre la naturaleza jurídica del Consejo Profesional Nacional de
Ingeniería y del cargo de subdirector

41. La Constitución Política de 1991 reconoce como un derecho fundamental la
libertad de escoger profesión u oficio, en los siguientes términos:

«ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir
títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio
de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica
son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.

35 «Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre

administración del personal civil»
36 Corte Constitucional, sentencias C-295 de 2002 y T-488 de 2004.
37 Consejo de Estado, Sala de Consulta y del Servicio Civil, concepto del 12 de diciembre de 2002,

expediente 1477. M.P. Susana Montes de Echeverri.

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Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura
interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos.

La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles».

42. Derecho anteriormente contenido en el artículo 44 de la Constitución de 1986 38
y que otorgó al legislador la facultad para reglamentar el ejercicio de las profesiones
u oficios y la posibilidad de exigir títulos de idoneidad para tal propósito.

43. Así pues, el artículo 639 de la Ley 94 de 193740 creó el Consejo Profesional
Nacional de Ingeniería al que le correspondía verificar la inscripción de los
ingenieros que cumplieran con los requisitos establecidos en dicha ley y otorgar las
matrículas para el ejercicio de la profesión, así como para su cancelación de
comprobase su mal uso por razones de notoria incompetencia41. Posteriormente, el
Decreto 1782 de 1954 reglamentó el ejercicio de las profesiones de ingeniería y
arquitectura, y con la Ley 64 de 197842 el Consejo Profesional Nacional de
Ingeniería continuó su funcionamiento como la entidad encargada del control y
vigilancia de dichas profesiones y de aquellas que le fueran auxiliares y le otorgó la
facultad de expedir el Código de Ética Profesional.

44. Entre tanto, el Decreto 2171 de 1992, por el cual se reestructuró el Ministerio de
Obras Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte, en su artículo 163
dispuso que «[l]os costos que demande el funcionamiento del Consejo Profesional
Nacional de Ingeniería y Arquitectura y de sus respectivas seccionales serán cubiertos con
los ingresos que por los derechos de expedición de matrícula, tarjeta de matrícula
profesional, certificados y constancias fije el Consejo. El Consejo tendrá su planta de
personal propia de acuerdo con la determinación del mismo, con cargo a los fondos a que
se hace referencia en el presente artículo. El remanente de dichos ingresos será entregado
a la Sociedad Colombiana de Arquitectos y a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en la
proporción que el Consejo determine».

38 «Artículo 44. Toda persona podrá abrazar cualquier oficio u ocupación honesta sin necesidad de

pertenecer a gremio de maestros o doctores.
Las autoridades inspeccionarán las industrias y procesiones en lo relativo a la moralidad, la
seguridad y la salubridad públicas.
La ley podrá exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones médicas y de sus
auxiliares».
39 «Artículo 6°. Para verificar la inscripción y para los demás efectos pertinentes, créase en Bogotá

el Consejo Profesional de Ingeniería, integrado por el Decano de la Facultad de Matemáticas e
Ingeniería de la Universidad Nacional, un ingeniero nombrado por el Ministerio de Educación
Nacional, el Ministro de Obras Públicas, o un ingeniero delegado por él, y el presidente de la
Sociedad Colombiana de Ingenieros. El Consejo así formado, elegirá un Secretario. A excepción
hecha del Decano de la Facultad y del Ministro de Obras Públicas, ningún otro miembro del Consejo
podrá elegirse consecutivamente para un periodo mayor de un año».
40 «Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de ingeniería».
41 «ARTÍCULO 10°. El Consejo profesional Nacional de Ingeniería podrá cancelar la matrícula a los

individuos comprendidos en el artículo 5° y en el inciso segundo del artículo 8° de la presente Ley,
cuando se compruebe el mal uso que de dicha matrícula se hubiere hecho por razones de
notoria incompetencia».
42 «Por la cual se reglamenta el ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y profesiones auxiliares».

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45. Finalmente, la Ley 435 de 199843 reglamentó el ejercicio de la profesión de
arquitectura y sus profesiones auxiliares, creó el Consejo Profesional de
Arquitectura y reestructuró el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura en
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares.

46. Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia C-078 del 200344 analizó los
cargos de infracción al artículo 154 de la Constitución presentados por el gobierno
al proyecto de ley «por el cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la Ingeniería,
de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética
Profesional y se dictan otras disposiciones» porque, a juicio de este, al definirse al
Consejo Profesional como un ente autónomo con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera, y con organización interna propia como lo pretendía el
proyecto, se estaba modificando la estructura de una entidad pública del nivel
nacional sin contar con la iniciativa legislativa del Ejecutivo, en contravía de lo
establecido en el artículo 154 de la Constitución Política.

47. En aquella oportunidad, la Corte adujo que el proyecto de ley había introducido
una nueva configuración institucional al Consejo Profesional, al definirlo como un
ente autónomo con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y
organización interna propia, características propias de una entidad descentralizada
del orden nacional, según los artículos 38 y 68 de la Ley 489 de 1998 y que, en
consecuencia, el legislador estaba trasladando la entidad del sector central al
descentralizado de la administración pública, al conferirle un nuevo estatus jurídico
como ente autónomo. Este argumento fue reforzado, además, al asignarle recursos
del presupuesto general de la nación. En tal sentido, la Corte consideró que se
generaría un cambio estructural en la organización de la administración pública
nacional (creación de una entidad descentralizada) el cual está reservado al
Congreso con la participación del gobierno nacional, de conformidad con el artículo
150-7 de la Constitución45, y debe contar con iniciativa del Ejecutivo según el artículo
154 ibidem. Razones por las que encontró fundadas las objeciones sobre el
particular.

43 «por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus profesiones auxiliares,

se crea el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se dicta el
Código de Etica Profesional, se establece el Régimen Disciplinario para estas profesiones, se
reestructura el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura en Consejo Profesional
Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares y otras disposiciones».
44 «Por la cual se estudiaron las objeciones presidenciales a los artículos 25, 26, 27, 28 y 80 del

proyecto de Ley No. 44 de 2001 - Senado de la República-, 218 de 2002 -Cámara de Representantes
“Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la Ingeniería, de sus profesiones afines y
de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras
disposiciones”»
45 ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las

siguientes funciones:
7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del
orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar la creación y
funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomía;
así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del estado y
sociedades de economía mixta.

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48. Al margen de lo expuesto, lo cierto es que al realizar el anterior análisis la Corte
reafirmó que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería es una entidad de
naturaleza pública, creada por el legislador con el objeto de ejercer funciones
administrativas de inspección, control y vigilancia sobre el ejercicio profesional de la
ingeniería y afines, conforme con el artículo 26 de la Constitución Política. Criterio
que ya había sido acogido en la Sentencia C-964 de 1999, que calificó al consejo
como una entidad pública por su integración mixta («funcionarios públicos y
particulares»), sus funciones públicas y su financiación con recursos estatales. Para
llegar, a dicha conclusión, señaló:

«[E]l Consejo Profesional Nacional de Ingeniería fue creado por el legislador para ejercer
funciones administrativas de inspección y vigilancia de dicha profesión; que tal Consejo
siempre ha estado conformado por funcionarios públicos y particulares; y que además
para su funcionamiento dependía de los recursos públicos asignados por el Ministerio
de Obras Públicas, lo que permite concluir que se trata de una entidad de naturaleza
pública.
(…)
Naturaleza pública que significa que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería no
es una entidad de carácter privado que ejerza funciones administrativas -como parece
proponerlo el Senado de la República en su insistencia-, sino que es un ente público,
pues pese a que también está conformado por particulares su creación legal no
responde a una necesidad asociativa de sus miembros sino a la decisión expresa
del legislador de constituirlo como un ente encargado de ejercer la inspección y
vigilancia de la profesión de ingeniero, función ésta de naturaleza administrativa que
difiere de la que desarrollan las asociaciones establecidas al amparo del derecho de
asociación consagrado en el artículo 38 de la Carta para el desarrollo de las distintas
actividades que las personas realizan en sociedad, cuya finalidad principal es la de
representar y defender intereses privados.

Por lo anterior no cabe duda que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería en el
momento en que se presenta el proyecto de ley bajo análisis reúne un conjunto de
características que permiten catalogarlo como un órgano del nivel central del orden
nacional, puesto que fue creado por el legislador como una entidad conformada por
autoridades públicas y particulares, que ejerce funciones administrativas y cuyos gastos
de funcionamiento han sido sufragados con recursos públicos»46 (sic). [Se resalta].

49. Con tales previsiones, se expidió la Ley 842 de 200347 que denominó al entonces
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares: Consejo
Profesional Nacional de Ingeniería cuyo acrónimo sería Copnia, como la entidad
pública que tiene la función de controlar, inspeccionar y vigilar el ejercicio de la
profesión de ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares
en general, en el territorio nacional.

50. Finalmente,
la Ley 1325 de 2009 asignó funciones al Consejo Profesional
Nacional de Ingeniería relacionadas con la inspección, vigilancia y control del

46 sentencia C-078 del 2003
47 «Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines

y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras
disposiciones»

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ejercicio profesional de los Ingenieros Agrícolas, Ingenieros Forestales, Ingenieros
Agrónomos, Ingenieros Pesqueros, Agrónomos y Agrólogos, y sus profesiones
afines y auxiliares, que se regiría por las disposiciones establecidas en la Ley 842
de 2003 y sus normas reglamentarias y complementarias.

51. En conclusión, el Copnia es una entidad pública del sector central, cuyas
funciones de inspección y vigilancia profesional tienen sustento constitucional en el
artículo 26. Así pues, comoquiera que, no está clasificada dentro de los organismos
o entidades tradicionalmente previstos en la estructura del estado se ha considerado
como una entidad sui géneris o especial e independiente y, en todo caso, de
derecho público del orden nacional, por voluntad expresa del legislador,
clasificación permitida por la Constitución que en el numeral 7 del artículo 150 alude
a que corresponde al congreso «[d]eterminar la estructura de la administración nacional
y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos
y estructura orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones
Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la
constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía
mixta» con lo cual se reconoce la existencia de otras entidades diferentes a las
enunciadas.

52. Por su parte, el artículo 26 de la Ley 842 de 2003 estableció las funciones
específicas de la entidad, entre ellas, el literal o) prevé que le corresponde «adoptar
su propia planta de personal de acuerdo con sus necesidades y determinación». De
acuerdo con lo cual ha expedido diferentes instrumentos de reglamentación interna
en las que ha adoptado y ajustado el manual de funciones y competencias laborales,
reclasificado empleos y modificado su planta de personal; en los cuales, ha
señalado que las personas que prestan sus servicios al Copnia son servidores
públicos, cuyos empleos son provistos bajo el principio del mérito y el procedimiento
de vinculación de funcionarios vigente, en desarrollo de las normas que reglamentan
el empleo público y las disposiciones especiales contenidas en el artículo 26 literal
o) de la Ley 842 de 2003 y el Decreto 2171 de 1992, salvo aquellos cuya naturaleza
jurídica es de libre nombramiento y remoción y que comprenden 3 categorías:

i) por nivel jerárquico: director general, subdirectores de planeación, control
y seguimiento, jurídico, y administrativo y financiero, jefes de oficina de
control interno y de control interno disciplinario;
ii) por nivel de especial confianza, administración y manejo directo de
bienes, dineros y/o valores del estado: profesionales de gestión; y
iii) por criterio de dirección, conducción y orientación, cuyo ejercicio implica
la adopción de políticas institucionales, el nivel de confianza requerido y
por su adscripción a la subdirección de planeación control y seguimiento,
subdirección jurídica y dirección general, respectivamente: profesionales
de gestión y especializado, y secretario regional/seccional.

53. Ahora bien, tal y como se indicó en líneas anteriores, el artículo 5 de la referida

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Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

Ley 909 de 2004 clasificó los empleos, así:

«Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y entidades regulados
por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de:

1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política y la
ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las
comunidades indígenas conforme con su legislación.

2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes
criterios:

a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la
adopción de políticas o directrices así:

En la Administración Central del Nivel Nacional:

Ministro; Director de Departamento Administrativo; Viceministro; Subdirector de
Departamento Administrativo; Consejero Comercial; Contador General de la Nación;
Subcontador General de la Nación; Superintendente, Superintendente Delegado e
Intendente; Director y Subdirector de Unidad Administrativa Especial; Secretario General
y Subsecretario General; Director de Superintendencia; Director de Academia
Diplomática; Director de Protocolo; Agregado Comercial; Director Administrativo,
Financiero, Administrativo y Financiero, Técnico u Operativo; Subdirector
Administrativo, Financiero, Administrativo y Financiero, Técnico u Operativo, Director
de Gestión; Jefes de Control Interno y de Control Interno Disciplinario o quien haga sus
veces; Jefe de Oficina, Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, Planeación, Prensa o de
Comunicaciones; Negociador Internacional; Interventor de Petróleos, y Capitán de
Puerto.

En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, además, los siguientes:
Agregado para Asuntos Aéreos; Administrador de Aeropuerto; Gerente Aeroportuario;
Director Aeronáutico Regional; Director Aeronáutico de Área y Jefe de Oficina
Aeronáutica.

En la Administración Descentralizada del Nivel Nacional:

Presidente, Director o Gerente General o Nacional; Vicepresidente, Subdirector o
Subgerente General o Nacional; Director y Subdirector de Unidad Administrativa
Especial; Superintendente; Superintendente Delegado; Intendente; Director de
Superintendencia; Secretario General; Directores Técnicos, Subdirector Administrativo,
Financiero, Administrativo y Financiero; Director o Gerente Territorial, Regional,
Seccional o Local; Director de Unidad Hospitalaria; Jefes de Oficinas, Jefes de Oficinas
Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o Comunicaciones; Jefes de Control
Interno y Control Interno Disciplinario o quien haga sus veces; asesores que se
encuentren adscritos a los despachos del Superintendente Bancario y de los
Superintendentes Delegados y Jefes de División de la Superintendencia Bancaria de
Colombia. […]» [Se resalta].

54. De acuerdo con lo anterior, se advierte que el empleo de subdirector
administrativo y financiero de la planta global de personal administrativo del Copnia
entidad pública del sector central del orden nacional, es de libre nombramiento y
remoción.

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Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

2.2.4. Sobre la estabilidad laboral de los empleados de libre nombramiento y
remoción

55. La estabilidad laboral es aquella garantía de orden constitucional y legal por la
cual se logra la integración social de los empleados, se cumple con las exigencias
emanadas del principio de solidaridad social y la cláusula del estado social de
derecho, se protege a aquellos empleados susceptibles de ser discriminados en la
relación laboral y que se concreta en la seguridad de permanecer en el empleo, a
menos que exista una «justificación o [esté] relacionada con su condición»48.

56. Dicha regla fue incorporada en nuestro ordenamiento colombiano antes de la
expedición de la Constitución de 1991 y acorde con los focos de protección al
trabajador desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo 49, entre los
que se encuentran los Convenios 158 de 198250, 159 de 198351 y la Recomendación
166 de 198252, entre otros, según los cuales la terminación de la relación laboral no
debe obedecer a prácticas clientelistas, ni ser producto de la arbitrariedad del
empleador.

57. Posteriormente este principio, encontró sustento normativo en los artículos 1, 13,
25 y 53 de la Constitución Política, que resaltan la obligación constitucional del
Estado de adoptar medidas protectoras a favor de los empleados y especialmente
de aquellos grupos en condiciones de debilidad o vulnerabilidad.

58. Sin embargo, esta garantía constitucional no es absoluta y no se predica de
aquellos empleos de libre nombramiento y remoción, pues frente a estos se
constituye una excepción que se sustenta en la naturaleza de las funciones, pues,
como se explicó en líneas anteriores, exigen plena confianza o implican una
decisión política. De otra parte, con el propósito de que esta facultad discrecional
que ostenta el nominador para la provisión y desvinculación de estos cargos no se
convierta en la regla general, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en
señalar que para que un empleo público sea de libre nombramiento y remoción
debe: i) tener fundamento legal, es decir que se encuentre como regla a la
excepción de carrera; ii) las funciones a ejercer deberán ser directivas, de manejo,
conducción u orientación institucional; iii) las funciones asignadas deberán tener un
alto nivel de confianza, el cual deberá ser superior al que se le puede exigir a
cualquier otro servidor.

59. Al respecto esta Corporación ha señalado que «[l]a declaratoria de insubsistencia
de un empleado de libre nombramiento y remoción, como el demandante, es procedente

48 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia T-141 del 28 de marzo de 2016. M.P. Alejandro

Linares Cantillo; sentencia T-434 del 1° de octubre de 2020. M.P. Diana Fajardo Rivera; sentencia
SU-087 del 9 de marzo de 2022. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
49 En adelante OIT.
50 Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo.
51 Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas invalidas).
52 Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo.

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de forma inmotivada, sin procedimientos o condiciones, y goza de presunción de legalidad
tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado53».

60. Asimismo, la Corte Constitucional, al estudiar la estabilidad laboral de quienes
ocupan cargos de libre nombramiento y remoción, explicó que, por regla general,
estos servidores no ostentan estabilidad laboral54:

«Según el primer criterio, son de libre nombramiento y remoción los empleos “de
dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de
políticas o directrices” (literal a) o, como los denomina el literal siguiente, “los altos
funcionarios del Estado”. Esta categoría de servidores públicos, en los términos del
artículo 5.2.a de la Ley 909 de 2004, integra a los empleos públicos de más alto nivel
jerárquico al interior de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de los Órganos de Control,
en la administración central y descentralizada del nivel nacional, en la administración
central y órganos de control del nivel territorial, y en la administración descentralizada
del nivel territorial. Dada esta condición, les corresponde la dirección, conducción y
orientación de las entidades estatales de las que hacen parte. En atención a su alta
calidad y elevadas responsabilidades, se trata de los empleos públicos que exigen el
máximo grado de confianza por parte de sus nominadores y, por tanto, de
discrecionalidad en cuanto a su nombramiento y remoción»

61. Ahora bien, en relación con el retiro de estos empleados, el artículo 41 de la Ley
909 de 2003, dispuso:

«Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa
se produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;
b) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del
resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de
carrera administrativa;
c) [Literal INEXEQUIBLE]
d) Por renuncia regularmente aceptada;
e) [Literal condicionalmente exequible] Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación
o vejez;
f) Por invalidez absoluta;
g) Por edad de retiro forzoso;
h) Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario;
i) [Literal condicionalmente exequible] Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso
de abandono del mismo;
j) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño
del empleo, de conformidad con el artículo 5o. de la Ley 190 de 1995, y las normas que
lo adicionen o modifiquen;
k) Por orden o decisión judicial;
l) Por supresión del empleo;
m) Por muerte;
n) Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.
PARÁGRAFO 1o. [Parágrafo INEXEQUIBLE]

53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 1º de noviembre de 2007, Expediente No. 250002325000199902672 01 (4249-2004).
54 Corte Constitucional, sentencia SU-003 de 2018.

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PARÁGRAFO 2o. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de
conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá
efectuarse mediante acto motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y
remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado»

62. De la norma en cita se advierte que el legislador diferenció el retiro del servicio
con ocasión de la declaratoria de insubsistencia del nombramiento cuando se trata
de empleados de libre nombramiento y remoción [literal a], por cuanto estableció
como excepción que esta facultad se efectuaba a través de un acto no motivado.
Sin embargo, su ejercicio, aunque es discrecional, debe adecuarse a «los fines de la
norma, del Estado y de la función administrativa, y ser proporcional a los hechos que le
sirven de causa, de lo cual deberá dejarse constancia en la hoja de vida del funcionario de
manera suficiente, concreta, cierta y concurrente al acto que origina el despido, sin acudir
a razones genéricas o abstractas que no expongan con claridad los hechos55».

2.2.5. La desviación de poder en el ejercicio de la potestad discrecional.
Causal de nulidad de los actos administrativos. Carga de la prueba

63. Según lo dispone el artículo 137 del CPACA se podrá solicitar la nulidad del acto
administrativo, cuando se expide «con desviación de las atribuciones propias de quien
los profirió», esto es cuando el acto si bien fue expedido por órgano o autoridad
competente y con las formalidades debidas, en realidad persigue fines distintos a
los que ha fijado el ordenamiento jurídico56.

64. En igual sentido, esta corporación ha definido esta causal como el «vicio que
afecta la finalidad del acto administrativo, bajo el entendido de que el propósito que el acto
persigue configura un requisito que hace a su legalidad y que debe hallarse en el marco de
la función administrativa y del ordenamiento jurídico; y por tanto, se configura cuando se
está ante la presencia de una intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que
actúa a nombre de la administración en la búsqueda de un fin opuesto a las normas a las
que debe someterse»57.

65. Esto es, se configura cuando se acredita que el fin perseguido con su expedición
es distinto del interés general y desconoce los deberes establecidos constitucional
y legalmente, tal y como se desprende de la lectura del artículo 121 de la
Constitución Política según el cual «ninguna autoridad del Estado podrá ejercer
funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley». Por tanto, los
pronunciamientos de la administración deben sujetarse a dichas atribuciones,
dirigirse a cumplir los fines del estado y propender por la «buena marca de la

55 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 18 de febrero de 2021,
radicado 68001-23-33-000-2017-00193-01
56 Berrocal Guerrero, Luis Enrique Manual del acto administrativo, Librería ediciones del profesional

LTDA, Bogotá, Colombia, 2014, página 547.
57 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2009,

radicado 27001-23-31-000-2003-00471-02 (1385-2009), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01981-01 (4224-2023)
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administración»58, puesto que «el propósito de todo acto administrativo no lo fija la
administración, sino el constituyente y el legislador, quienes lo entienden emitido para
cumplir los fines previstos en el artículo 2 constitucional y 1.° del CPACA, esto es, el buen
servicio público, la buena marcha de la administración y el interés general»59.

66. Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, quien invoque
esta causal de nulidad debe demostrar que el acto acusado tuvo una intención
diferente del buen servicio o de las finalidades previstas en las normas que debían
aplicarse, y de tal forma llevar al juez a la «convicción plena de que la intención de quien
profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los
previstos por la norma»60, pues es a la parte actora «a quien le corresponde el deber de
probar los supuestos de hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer para
destruir la presunción de legalidad el acto acusado»61, lo cual se encuentra en línea con
lo dispuesto en los artículos 167 del CGP y 103 del CPACA.

67. De acuerdo con lo anterior, en aquellos asuntos en los que ambas partes aluden
a circunstancias particulares preste al retiro del servicio del trabajador vinculado en
un empleo de libre nombramiento y remoción, esta corporación ha señalado que a
cada una le corresponde probar dichos supuestos, pero no para invertir la carga de
la prueba o para hacerla dinámica, sino para reafirmar justamente que quien alega
un hecho debe acreditarlo62.

68. Así las cosas, la decisión discrecional de retiro del servicio de una persona
nombrada en un empleo de libre nombramiento y remoción se caracteriza por su
«inmotivación», decisión revestida de presunción de legalidad y expedida por
razones del buen servicio. Por ello, es deber de quien argumenta su ilegalidad, en
torno a la causal de desviación de poder, acreditar que sus fines no fueron los del
buen servicio.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

69. En el expediente se encuentra demostrado que:

69.1. Mediante la Resolución 582 del 20 de mayo de 201563 el director general del
Copnia «en ejercicio de las facultades que le otorga el literal o), del artículo 3, de la

58 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de enero de 2020, radicado

54001-23-33-000-2014-00135-01 (3598-2015) M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
59 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de julio de 2020, radicado

25000-23-42-000-2013-01241-01 (2334-2017), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
60 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2011,

radicación 17001-23-31-000-2003-01412-02 (0734-10), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
61 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de enero de 2020, radicado

54001-23-33-000-2014-00135-01 (3598-2015) M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
62 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de mayo de 2000,

expediente 2459-99, M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado.
63 Por medio de la cual se hace un nombramiento ordinario

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Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

Resolución Nacional N° 1899 del 2012 y el Manual Especifico de Funciones y de
Competencias Laborales vigente» nombró a Francisco Luis Valencia Carvajal en el
empleo de subdirector administrativo y financiero, código 0150, grado 2164; y a
través de la Resolución 395 del 1° de abril de 2016 fue incorporado con igual cargo
a la planta global del personal establecida en el artículo 1 de la Resolución Nacional
363 del 30 de marzo de 201665.

69.2. A través de la Resolución 403 del 26 de marzo de 2018, suscrita por el director
general del Copnia se declaró la insubsistencia del nombramiento efectuado al
demandante en el cargo de subdirector administrativo y financiero, código 0150,
grado 21, de la planta de personal de esa entidad, a partir del 1° de abril de 201866,
en los siguientes términos:

«El Director General del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, en
ejercicio de las facultades establecidas en el Artículo 4° de la Resolución 362 de 2016,
modificado por la Resolución 795 de 2017, en concordancia con el Manual de específico
de funciones y competencias laborales vigente,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declárase Insubsistente el nombramiento efectuado a
FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL, Identificado con cédula de ciudadanía
79.961,709, en el cargo de Subdirector Administrativo y Financiero; Código 0150, Grado
21, de la Planta de Personal del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA
a partir del 1 de abril de 2018» (sic).

69.3. El subdirector administrativo y financiero del Copnia certificó que Francisco Luis
Valencia Carvajal laboró al servicio de la entidad desde el 4 julio del 2000 hasta el
31 de marzo de 2018 y desempeñó como último empleo el de subdirector
administrativo y financiero, código 0150, grado 21. Asimismo, que los empleados de
la entidad ostentan la calidad de servidores públicos y su vinculación es de libre
nombramiento y remoción67.

69.4. El demandante solicitó la revocatoria directa del anterior acto administrativo; sin
embargo, mediante Resolución 818 del 19 de junio de 2018 el Copnia resolvió
desfavorablemente dicha petición con fundamento en que el empleo que
desempeñaba era de nivel directivo y, por ende, de libre nombramiento y remoción,
facultad que podía ejercer el director general de conformidad con la Resolución 362
del 201668; y que la entidad es del orden nacional, por lo tanto, no le es aplicable la
prohibición establecida en el inciso 4 del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de

64 Índice 2 del aplicativo Samai, carpeta comprimida zip, carpeta 15.pruebas, archivo «CD3
CUADERNO No 1 CERTIFICADO PROCESOS DISCIPLINARIOS», Página 253
65 Índice 2 del aplicativo Samai, carpeta comprimida zip, carpeta 15.pruebas, archivo «CD3

CUADERNO No 1 CERTIFICADO PROCESOS DISCIPLINARIOS», Página 255
66 Índice 2 del aplicativo Samai, carpeta comprimida zip, archivo «1. CUADERNO ppal», página 9
67 Índice 2 del aplicativo Samai, carpeta comprimida zip, archivo «1. CUADERNO ppal», páginas 22

y 23.
68 Por la cual se modifica la estructura orgánica del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería,

Copnia, y se adoptan las funciones de las dependencias y áreas.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01981-01 (4224-2023)
Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

200569 el cual está dirigido para las entidades territoriales. Además, que los informes
preliminares y definitivos de Control Interno y otros que le fueron oficializados al
demandante mientras estuvo en ejercicio de sus funciones, dieron cuenta de las
graves falencias administrativas y financieras en la entidad; hechos que llevaron a
la Dirección General a adoptar la decisión70.

69.5. Se aportó la hoja de vida de Mario Andrés Herrera Arévalo, quien se
desempeñaba en el cargo de subdirector jurídico y fue encargado de las funciones
de subdirector administrativo y financiero a partir de la declaración de insubsistencia
del nombramiento del demandante71. Asimismo, se allegó la hoja de vida de José
Octavio Duque Flores, quien fue nombrado en el cargo de subdirector administrativo
y financiero a partir de agosto de 201872.

69.6. De conformidad con el decreto de pruebas ordenadas en la audiencia inicial
celebrada el 9 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, el Copnia allegó los siguientes documentos73:

69.6.1. Informe bajo declaración juramentada en la que dio respuesta a las siguientes
preguntas: 1) «¿Manifieste si durante el 27 de enero a 17 de junio de 2018, se realizó
alguna contratación directa por parte del COPNIA?», al respecto indicó que se había
suscrito el contrato 40-2018 «[p]ara la adquisición de insumos para la impresora datacard
cp80 plus del Copnia y servicio de mantenimientos preventivo y correctivo ilimitados que
incluye repuestos» sin embargo, no se aprobó la garantía única de cumplimiento por
lo que no se cumplieron los requisitos para su ejecución y se liquidó
anticipadamente por mutuo acuerdo; y 2) «¿Manifieste si durante el 27 de enero a 17
de junio de 2018, se desvinculó a algún funcionario o contratista [y a] quién?», sobre el
particular, señaló que dentro de ese periodo se cumplieron los plazos de ejecución
de diferentes contratos de prestación de servicios con personas naturales los cuales
fueron relacionados, y se desvincularon a los siguientes «funcionarios» Diana

69 Artículo 38. Prohibiciones para los servidores públicos.

(…)
Parágrafo. Los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y
directores de Entidades Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital, dentro de
los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos
para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las
entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas,
en o para reuniones de carácter proselitista en las que participen los candidatos a cargos de elección
popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.
(…)
La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro (4)
meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de
cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente
debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa.
70 Índice 2 del aplicativo Samai, carpeta comprimida zip, archivo «1. CUADERNO ppal», páginas 11

a 21.
71 Índice 2 del aplicativo Samai, carpeta comprimida zip, Carpeta «20. CDS CUADERNO PPAL»,

archivo «CD3 CUADERNO No. 1 HOJA DE VIDA MARIO»
72 Índice 2 del aplicativo Samai, carpeta comprimida zip, Carpeta «20. CDS CUADERNO PPAL»,

archivo «CD3 CUADERNO No. 1 HOJA DE VIDA JOSE O.»
73 Índice 2 del aplicativo Samai, carpeta comprimida zip, carpeta 15. Pruebas

26

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01981-01 (4224-2023)
Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

Esperanza Orozco Parra, Hendrich Friedrich Vargas Umaña y Darío Fernando
Paguay Mora por motivo de renuncia y al demandante por declaración de
insubsistencia.

69.6.2. El jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario certificó que Francisco Luis
Valencia Carvajal se encuentra vinculado en calidad de investigado en los
siguientes procesos disciplinarios: «i) Proceso Disciplinario No. NAL-ID-2015-00001 -
Estado: Pendiente fallo de primera instancia; ii) Proceso Disciplinario No. NAL-ID-2018-
00012 - Estado: Investigación disciplinaria; iii) Proceso Disciplinario No. NAL-ID-2017-
00009 - Estado: Auto de cargos; y iv) Proceso Disciplinario No. NAL-ID-2019-00001 -
Estado: Investigación disciplinaria. Igualmente, a la fecha el exfuncionario no ha sido
sancionado disciplinariamente por parte de esta Oficina de Control Interno Disciplinario»
(sic).

69.6.3. Declaraciónjuramentada presentada por Rubén Darío Ochoa Arbeláez,
director general del Copnia, ante la Notaría 40 del Círculo de Bogotá, en la que se
manifestó sobre los hechos y motivos de la declaración de insubsistencia, así:

«La Dirección General expide el acto administrativo por el cual declara insubsistente el
nombramiento del señor Francisco Luis Valencia Carvajal en el cargo de libre
nombramiento y remoción, por pertenecer al nivel directivo de la entidad, de Subdirector
Administrativo y Financiero del Copnia.

4.- El empleo del nivel directivo del Copnia, que ocupaba el señor Francisco Luis
Valencia Carvajal, como Subdirector Administrativo y Financiero del Copia es de libre
nombramiento y remoción y por lo mismo, el referido acto administrativo no requiere
motivación alguna, en términos de la normatividad legal vigente, reglamentación interna
y uniforme doctrina jurisprudencial.
5.- El acto administrativo que declaró la insubsistencia del nombramiento del señor
Francisco Luis Valencia Carvajal como Subdirector Administrativo y Financiero del
Copnia, no vulnera el inciso 4, del parágrafo 38 de la Ley 996 de 2005, pues tal como lo
han señalado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el parágrafo del artículo 38
de la Ley 996 de 2005, sólo es aplicable a las entidades territoriales. Acá debemos
resaltar que el Copia no es una entidad territorial y, por lo tanto, al acto administrativo
que declaró la insubsistencia de su nombramiento no le es aplicable, para ningún efecto
legal la citada normatividad.
(…)
6.- Por este motivo, la declaración de insubsistencia del nombramiento del señor
Francisco Luis Valencia Carvajal, la tome sin ninguna represalia o motivo personal,
estando soportada únicamente en razones de buen servicio, pues recibí informes de la
Oficina de Control Interno, tanto definitivos como preliminares, que le fueron oficializados
al señor Valencia Carvajal, mientras estuvo en ejercicio de sus funciones, que dan
cuenta de las graves falencias administrativas y financieras en que incurrió, que me
llevaron a la pérdida de la confianza como subdirector.
7.- Declaro bajo la gravedad del juramento, que no hubo ninguna violación a los derechos
al trabajo, igualdad o buen nombre del señor Francisco Luis Valencia Carvajal y que
obré, dentro de la más profunda moralidad administrativa en beneficio de la entidad,
respaldado de los elementos objetivos que hicieron perder la credibilidad y confianza
que le tenía para el desempeño de sus funciones.
8.- Mediante memorando NAL-CI-2018-00256 del 30 de enero de 2018, la Oficina de
Control Interno reportó la evaluación de gestión por dependencias para el año 2017 y
determinó la siguiente evaluación para la Subdirección Administrativa y Financiera:

27

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01981-01 (4224-2023)
Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

Criterio Resultado
Avance del plan de acción de la SAF 75%
Resultados de auditoria (promedio) 54%
Total (promedio) 65%

Este resultado obtenido por la Subdirección, es incorporado a la evaluación de
desempeño de cada uno de los funcionarios del área con un peso del 10% dentro de la
misma y constituye para la Dirección General la medida de la gestión a cargo del
Subdirector Administrativo y Financiero para el período respectivo.

La Dirección General, encontró muy bajo el resultado de las auditorías a los procesos
auditados de la Subdirección Administrativa y Financiera, los cuales fueron así:

Proceso Resultado
Nómina 47%
Gestión documental 33%
Gestión financiera 40%
Administración de bienes y servicios 56%
Gestión humana 55%
Contratación 66%
Sistema de seguridad y salud en el 79%
trabajo
Promedio 54%

El resultado es particularmente relevante frente la visión de la entidad y a los objetivos
del Plan Estratégico adoptados por la Junta Nacional de Consejeros, cuya efectividad
fue puesta bajo mi responsabilidad, debiendo garantizar por intermedio de los
subdirectores de las distintas áreas, el cumplimiento estricto de los objetivos allí
trazados. En efecto, el Copia propende por la excelencia de su función y, en tal sentido,
se propuso como objetivos i) mejorar la cobertura, oportunidad y calidad de sus procesos
misionales, para lo cual se comprometió a ii) fortalecer su modelo de gestión, incluidos
los procesos de apoyo a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera, con el fin
de que ello redunde en iii) lograr el reconocimiento del Copnia como ente público
nacional que autoriza, inspecciona, vigila y controla el ejercicio de la ingeniería en
Colombia.

Aunado a lo anterior, y con base en la información preliminar personalmente presentada
el 26 de marzo de 2018, por la Jefe de Control Interno -de ese entonces-a esta Dirección
General, la cual, además, se socializó directamente con el Presidente de la Junta
Nacional de Consejeros —mi superior jerárquico- como miembro activo del Comité de
Control Interno de la entidad, con motivo del análisis de la información recopilada dentro
del marco de la Auditoria 03-18 adelantada al proceso de Gestión Financiera y
Presupuestal anunciado al demandante desde el 28 de febrero de 2018 (memorando
NAL-CI-2018-00649), se pudo establecer, con base en el análisis del registro del log de
auditoría del sistema de control de dichas operaciones, que la mayoría de las
operaciones presupuestales y de tesorería de la entidad durante el año 2017, se estaban
registrando posteriormente al hecho económico correspondiente.

En efecto, la oficina de control interno objetivamente evidenció, del análisis de la
información de Log de auditoría de la cadena presupuestal, lo siguiente para la vigencia
fiscal del año 2017:

Tipo de Total, vigencia Total, con fecha porcentaje
documento 2017 de aplicación
diferente

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01981-01 (4224-2023)
Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

Solicitud CDP 125 14 11%
CDP 683 467 68%
Compromiso 1046 791 76%
Obligación 2219 156 68%
egreso 2169 2166 99,86%

Debe recordarse que el Copia es una entidad pública del orden nacional que está
instituida para preservar a la sociedad del riesgo que implica el ejercicio inadecuado de
la ingeniería, por lo que sus recursos están destinados únicamente a dicho fin, y en ese
sentido, dado que sólo se financia con las tasas que provienen del cobro de los servicios
por los derechos de matrícula, el control adecuado y oportuno de sus recursos cuya
competencia recae en la Subdirección Administrativa y Financiera, es un activo
principalísimo que la Dirección General no puede permitirse soslayar, pues ello estaría
en contravía del interés general involucrado cuando el Estado instituyó ya desde 1937
(Ley 94) al Copnia para en el desarrollo de las funciones y potestades asignadas
legalmente de autorización, inspección, vigilancia y control del ejercicio profesional de la
ingeniería en el país.

Precisamente preservar el interés público en la forma señalada implica el especial
cuidado que la Subdirección Administrativa y Financiera debe poner en el manejo
adecuado del registro y control del presupuesto y de los recursos del Copia que apenas
alcanzan para sufragar los gastos y las inversiones requeridas para el cumplimiento de
la misión constitucional (Artículo 26) y legal (Ley 842 de 2003) y que se resquebraja
cuando los hechos económicos que afectan el presupuesto de la entidad son registrados
posteriormente al día efectivo de su realización» (sic).

69.6.4. En la audiencia de pruebas celebrada el 15 de octubre de 2019, se recibió el
testimonio de Natalia Román Duque, quien es abogada, especialista en derecho
administrativo, y se desempeña como profesional especializada en carrera
administrativa en el distrito, y quien señaló lo siguiente74:

69.6.5. Francisco Luis Valencia Carvajal fue su jefe directo en el Copnia, quien reunió
a su equipo de trabajo del cual ella hacía parte, y les informó de la notificación de la
declaración de insubsistencia de su nombramiento, sin que manifestara los motivos
de tal decisión y sin que con posterioridad ella tuviera conocimiento de las razones.

69.6.6. Luegode la desvinculación de aquel, estuvo encargado en el cargo de
subdirector administrativo y financiero Mario Andrés Herrera Arévalo;
posteriormente, un militar cuyo nombre no recuerda; y, finalmente, Maricela Oyola,
quien fue su última jefe mientras estuvo vinculada a la entidad.

69.6.7. En el área de contratación se aplicaba la ley de garantías electorales, la cual
estaba vigente en el momento en el que se expidió el acto administrativo que declaró
la insubsistencia del demandante.

69.6.8. Francisco Luis Valencia Carvajal cumplía con su horario laboral, con las
obligaciones de su cargo, realizaba reuniones y permitió su desempeño laboral de
manera autónoma por la experiencia en el área de contratación que ella tenía.

74 Índice 2 del aplicativo Samai, carpeta comprimida zip, video «25.RADICACIÓN_
25000234200020180198100 AUDIENCIA DE PRUEBAS».

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01981-01 (4224-2023)
Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

69.6.9. Era subdirector administrativo y financiero, por lo que, a su juicio, pertenecía
al nivel directivo.

2.3.2. Análisis sustancial

70. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado la Sala encuentra necesario
recordar que el tribunal negó las pretensiones de la demanda con fundamento en
que no bastaba con alegar el buen desempeño del exservidor para probar una
desviación de poder en la declaratoria de insubsistencia de un nombramiento en un
cargo de libre nombramiento y remoción como el que desempeñaba Francisco Luis
Valencia Carvajal, por cuanto, el nominador tenía amplia discrecionalidad para
retirar a un empleado de confianza, siempre que la decisión respondiera al interés
general y no a la voluntad particular. En todo caso, al demandante le correspondía
demostrar que su salida afectó negativamente el servicio en el Copnia, lo cual no
se acreditó. Además, la prohibición de modificar nóminas antes de elecciones solo
aplica a entidades territoriales, no a entidades del orden nacional como la
demandada.

71. Por su parte, el demandante alegó que no se acreditó que la decisión obedeciera
a razones objetivas de mejoramiento del servicio, pues tenía más de 15 años de
trayectoria institucional, sin antecedentes disciplinarios, y ocupó el cargo por
alrededor de 32 meses; contrario a ello, el servidor encargado luego de su
desvinculación contaba con una menor experiencia profesional, y formación
únicamente en el área jurídica, sin experticia en los asuntos administrativos y
financieros propios del cargo, lo que evidenció una motivación subjetiva.

72. Asimismo, insistió en que de acuerdo con lo establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia C-1153 de 2005, la prohibición de modificar la nómina
estatal durante los 4 meses previos a las elecciones presidenciales [prevista en el
parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005] se orienta a impedir el uso indebido
de la administración pública en favor de intereses electorales y que el Copnia, de
naturaleza pública, no ostenta los elementos propios de la descentralización
administrativa (como personería jurídica o presupuesto independiente), por lo que
debe entenderse adscrita al sector central de la rama ejecutiva del orden nacional
y, en consecuencia, le es aplicable la mencionada restricción. Por ende, la
declaratoria de insubsistencia, expedida el 27 de enero de 2018 [fecha en que entró
en vigencia la prohibición legal], constituyó un acto administrativo viciado por
desviación de poder, al haberse adoptado en contravención de los principios de
transparencia, moralidad y eficacia previstos en el artículo 209 de la Constitución.

73. Delimitado el marco de la decisión de esta corporación, se pasará a resolver los
problemas jurídicos planteados.

2.3.2.1. En relación con la desviación de poder

30

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01981-01 (4224-2023)
Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

74. Se advierte que Francisco Luis Valencia Carvajal se encontraba vinculado en un
empleo de libre nombramiento y remoción, tal y como se advirtió en el marco
normativo de esta decisión y no fue objeto de reproche por las partes. De acuerdo
con esto, y en atención a lo dispuesto en el artículo 88 del CPACA, el acto
administrativo se presume legal y aquel tenía la carga de demostrar que con su
expedición la intención del nominador en el ejercicio de la facultad discrecional no
fue la de mejorar el servicio, sino que la motivó una circunstancia eminentemente
ajena. Por lo tanto, esta Sala encuentra necesario analizar las pruebas obrantes en
la actuación, de cara a los argumentos expuestos por el demandante en el recurso
de apelación.

75. Así, de acuerdo con lo expuesto, la declaración de la testigo no brindó elementos
de juicio que permitieran advertir que el ejercicio de la facultad discrecional no fue
la de mejorar el servicio, en tanto Natalia Román Duque afirmó no conocer los
motivos de la desvinculación. Asimismo, aunque aseguró que Francisco Luis
Valencia Carvajal cumplía con las obligaciones de su empleo y con su horario
laboral, también lo es que los servidores públicos están al servicio del Estado y de
la comunidad y es su deber ejercer las funciones propias de su cargo en la forma
prevista por la Constitución, la ley y el reglamento (artículo 123 de la Constitución
Política). En esa medida, como lo ha considerado la jurisprudencia de esta
Corporación, esta situación no le otorga estabilidad en el cargo, sino que se trata de
un presupuesto natural de quien accede a la función pública, esto es, cumplir con
diligencia, eficiencia e imparcialidad las funciones que le sean asignadas.

76. Luego, la declaración no resulta útil para demostrar la desviación de poder en
que se pretende fundar la causal de nulidad alegada, comoquiera que el empleo
que ejercía el demandante era de aquellos de los que se requiere de cierto grado
de confianza y que permite al nominador, en forma discrecional disponer libremente
de su nombramiento y remoción y, por ende, no basta con una prueba que indique
que el demandante cumplía con las funciones a su cargo, pues se insiste, eso es lo
que se espera de todos los trabajadores al servicio del Estado.

77. En este punto, resulta necesario resaltar que la estabilidad en este tipo de
empleos es precaria en atención a la naturaleza de las labores que cumplen, ya que
requieren siempre de la plena confianza del nominador, la cual se enmarca en la
afinidad funcional e ideológica entre el superior y el trabajador que le permita a aquel
definir y ejecutar de manera mancomunada las políticas elaboradas hacia
determinado propósito. De ahí que la jurisprudencia de esta corporación haya
señalado en reiterados pronunciamientos que «hay eventos en los que la
administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus empleados en
atención a la trascendencia de las funciones que desempeñan y el grado de confianza que
se exige para ello»75.

75 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero de 2018, radicación 25000-23-42-

000-2013-01223-02 (4578-16).

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01981-01 (4224-2023)
Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

78. En ese sentido, también se ha señalado que «un empleado en tal cargo que no esté
en sintonía con el representante y responsable de la institución pública, al margen de sus
capacidades y desempeño, bien puede ser separado del empleo, ya que en la dinámica
administrativa, la facultad discrecional está instituida, entre otras, para ese tipo de
situaciones, sin que ello suponga sanción o juicio de valor a la actividad laboral»76,
situación que impide cuestionar la decisión de quien ha perdido la confianza en su
colaborador.

79. Ahora, si bien es cierto que el acto de insubsistencia no fue motivado, esto
obedeció justamente a que el retiro del servicio de una persona nombrada en un
empleo de libre nombramiento y remoción se funda en la facultad de su nominador
pues aquella no es una exigencia para el ejercicio de esa discrecionalidad. Con
todo, la Resolución 818 del 19 de junio de 2018 que resolvió desfavorablemente la
solicitud de revocatoria directa del citado acto y en la declaración juramentada
presentada por Rubén Darío Ochoa Arbeláez, director general del Copnia, se
expresaron los motivos por los que se habría perdido la confianza en Francisco Luis
Valencia Carvajal y que constituyeron las razones de buen servicio por las que fue
retirado.

80. En tales documentos, los cuales no fueron desvirtuados por la parte demandante,
se expuso que durante el ejercicio de sus funciones se presentaron falencias de
orden administrativo y financiero en la entidad. Lo anterior se fundamentó en
informes elaborados por la Oficina de Control Interno, dentro de los cuales se
destaca el memorando NAL-CI-2018-00256 del 30 de enero de 2018, en el que se
reportó la evaluación del desempeño de gestión por dependencias para el año 2017.
En dicho informe, respecto de la Subdirección Administrativa y Financiera, se
evidenció un porcentaje de cumplimiento del 65%. Asimismo, se consignó que el
resultado general de las auditorías practicadas a los procesos a cargo de dicha
dependencia fue calificado como bajo, con un promedio de cumplimiento del 54%.

81. En consecuencia, se precisó que los resultados señalados eran de gran
relevancia frente a la visión institucional y los objetivos estratégicos definidos por la
entidad, comoquiera que su accionar estaba orientado al cumplimiento con
excelencia de la función pública a ella encomendada. Por lo que los resultados
deficientes evidenciados en los informes no solo reflejaban un incumplimiento de
los estándares internos de calidad y eficiencia, sino que además comprometían el
cumplimiento de los fines estratégicos de la entidad y afectaban negativamente su
imagen institucional.

82. Adicionalmente, se indicó que «con base en la información preliminar y
personalmente presentada por la Jefe de Control Interno del Copia a la Dirección General
(26 de marzo de 2018), la cual, además, socializó directa y personalmente con el Presidente
de la Junta Nacional de Consejeros como miembro activo del Comité de Control Interno de

76 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de enero de 2020, radicado

54001-23-33-000-2014-00135-01 (3598-2015) M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01981-01 (4224-2023)
Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

la entidad y que conformara en el informe final al proceso de gestión financiera, información
que obtuviera con motivo de la auditoria 03-18 adelantada al proceso de gestión financiera
y presupuestal anunciado al solicitante desde el 28 de febrero de 2018 (NAL-CI-2018-
00649), se pudo establecer del análisis del registro del log de auditoría del sistema de
control de dichas operaciones que la mayoría de las operaciones presupuestales y de
tesorería de la entidad durante el año 2017 se estaban registrando posteriormente al hecho
económico correspondiente» con lo cual el director general encontró que, debido a
que el Copnia es una entidad pública que se financia, además de los recursos
públicos que en actualidad posea, o que haya adquirido la nación para su
funcionamiento, con las tasas provenientes del cobro de los servicios por los
derechos de matrícula, certificados y constancias del ejercicio de las funciones
profesionales de ingeniería, era indispensable el control adecuado y oportuno de
sus recursos, competencia que recaía en la dependencia que estaba a cargo del
demandante, y que garantizaba el cumplimiento de las funciones de la entidad. Es
así que, ante las falencias advertidas y la pérdida de confianza en aquel, adoptó la
decisión ahora cuestionada.

83. Si bien estos motivos no se reflejan de la lectura del acto administrativo acusado,
no pueden pasar inadvertidos, aunque no sean presupuesto para la validez del acto,
pero sí reflejan la intención del nominador, de cara a desvirtuar el argumento según
el cual, su expedición obedeció a un propósito particular, personal o arbitrario.

84. Lo anterior, por cuanto la desviación de poder se dirige a demostrar que con su
actuación el nominador pretendía satisfacer intereses personales o de terceros que
se distanciaban de la prestación eficiente, oportuna y correcta del servicio, lo que,
se insiste, exige al demandante llevar al juez a esa convicción, pues no puede
reclamársele a la entidad que pruebe que su actuar estuvo ajustado a la legalidad
porque, en virtud de la ley, esta se presume. Empero esta Sala no puede inferir que
existieron motivos ocultos distintos al buen servicio y, por lo tanto, la conclusión ha
de dirigirse a que Francisco Luis Valencia Carvajal, directamente interesado en la
anulación del acto, no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara al
acto.

85. El recurrente argumentó que igualmente hubo afectación del servicio por motivo
de la declaratoria de insubsistencia puesto que la persona a quien se encargó de la
subdirección, Mario Andrés Herrera Arévalo, tenía menor experiencia profesional y
relacionada con el área jurídica. Sobre el particular, se advierte que Mario Andrés
Herrera Arévalo cumplía con los requisitos del cargo, en tanto que, según el manual
de funciones y competencias laborales vigentes, se requería la siguiente formación
académica: título profesional en disciplina académica del núcleo básico de
conocimiento de ingenierías; administración; derecho; contaduría pública,
economía, con tarjeta profesional relacionada en los casos requeridos por la ley. Así
como opción 1: título de posgrado en la modalidad de maestría en áreas
relacionadas con las funciones del empleo, u opción 2: título de posgrado en la
modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo;
y en cuanto a experiencia opción 1: 56 meses de experiencia profesional

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01981-01 (4224-2023)
Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

relacionada, u opción 2: 68 meses.

86. Por su parte, Mario Andrés Herrera Arévalo ingresó a la entidad el 1° de marzo
de 2004, y en el empleo de subdirector jurídico desde el 2 de junio de 2015, es
abogado, especialista en derecho administrativo. En consecuencia, no se advierte
un desconocimiento de los requisitos exigidos para el desempeño de las funciones
en la modalidad de encargo que le fueron asignadas a este para cubrir la vacancia
en el empleo de subdirector administrativo y financiero y, contrario a lo expuesto por
el demandante, no se cuenta con ningún elemento de prueba que permita inferir la
afectación del servicio.

87. Así las cosas, en criterio de esta Sala no se demostró que el motivo para declarar
la insubsistencia del nombramiento de Francisco Luis Valencia Carvajal se dirigió a
satisfacer un interés personal del director del Copnia, o que con esa decisión se
desmejorara la prestación del servicio.

2.3.2.2. En torno a la prohibición establecida en el inciso 4 del parágrafo del
artículo 38 de la Ley 996 de 2005

88. Con la Ley 996 de 2005, el Congreso de la República fijó el marco en el que debe
desarrollarse la elección del presidente de la República y, para cumplir con ese
propósito, estableció los criterios para garantizar que las elecciones se desarrollen
en condiciones equitativas y democráticas, de manera que todos los candidatos
tengan igualdad de oportunidades de participar en la contienda, así como de manera
igualitaria y transparente para los electores.

89. Dentro de las referidas garantías y como mecanismo para evitar el uso indebido
del poder en favor de un determinado candidato y/o campaña electoral, el artículo
32 ejusdem estableció la suspensión «dentro de los 4 meses anteriores al citado
certamen electoral y hasta la realización de la segunda vuelta» de toda forma de
vinculación en las plantas de personal de las entidades adscritas a la rama ejecutiva.
La disposición textualmente refiere:

«Artículo 32. Vinculación a la nómina estatal. Se suspenderá cualquier forma de
vinculación que afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público,
durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización
de la segunda vuelta, si fuere el caso. Se exceptúan de la presente disposición, los casos
a que se refiere el inciso segundo del artículo siguiente. Parágrafo. Para efectos de
proveer el personal supernumerario que requiera la organización electoral, la
Registraduría organizará los procesos de selección y vinculación de manera objetiva a
través de concursos públicos de méritos» [se resalta].

90. Limitación que no puede ir en contra de intereses públicos cuya garantía debe
propender el ejecutivo y que fueron previstas en las excepciones para la prohibición
de contratación (artículo 33), que protegen eventos apremiantes como la defensa y
seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las
emergencias educativas, sanitarias y desastres, los utilizados para la reconstrucción

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01981-01 (4224-2023)
Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en
caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres
naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias
y hospitalarias.

91. Ahora bien, el inciso 4 del parágrafo del artículo 38 de la citada regulación prevé:

«Artículo 38. Prohibiciones para los servidores públicos. A excepción de los empleados
del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control
y de seguridad, a los demás servidores públicos autorizados por la Constitución, les está
prohibido:
(…)
Parágrafo. Los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios,
Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden Municipal,
Departamental o Distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones,
no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos
públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo,
como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para
reuniones de carácter proselitista en las que participen los candidatos a cargos de
elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.
(…)
La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de
los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que
se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia
irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de
aplicación de las normas de carrera administrativa»77 [se resalta].

92. Por su parte, la Corte Constitucional al analizar la constitucional del texto
transcrito y que ahora interesa, señaló78:

«Por último, la Sala también encuentra ajustada a la Carta la prohibición de modificar
la nómina de los entes territoriales que dirijan o en los cuales participen
Gobernadores, Alcaldes, Secretarios, Gerentes y directores de Entidades
Descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital durante los cuatro
meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, pues esto garantiza
que no se utilice como medio para la campaña electoral en la cual pueden llegar a
participar los funcionarios públicos autorizados por la Carta para actuar en política y, por
tanto, promueve la transparencia del actuar administrativo.

Ahora bien, las excepciones a esta prohibición, consignadas en el inciso cuarto del
parágrafo, respetan el equilibrio que debe existir entre la guarda de la moralidad
administrativa y la eficacia de la administración, a través de la autorización de vincular
en nómina (a) cuando se trate de proveer cargos por faltas definitivas derivada de muerte
o renuncia y (b) los cargos de carrera administrativa.

En efecto, si se trata de proveer un cargo por necesidad del servicio, toda vez que quien
lo desempeñaba no está en capacidad de seguirlo haciendo, es claro que la vinculación
no se tratará de un cargo creado ad hoc en épocas de campaña, sino de una necesidad
permanente de la administración que no puede dejar de ser satisfecha por encontrarse
en periodo de campaña. De otra parte, si con la prohibición de modificación de nómina

77 Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-

1153 de 2005.
78 Íbidem

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01981-01 (4224-2023)
Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

pretende evitar la vulneración de la moralidad administrativa, las vinculaciones que se
presenten aplicando las normas de carrera administrativa serán admisibles por todas las
garantías de transparencia y objetividad que deben rodear el régimen de carrera.

Por último, el límite de tiempo para la prohibición de modificación de nómina es
razonable, pues en los cuatro meses indicados, época de campaña, es que se presentan
el mayor riesgo de aprovechamiento del cargo público para fines políticos.

Por tanto, el inciso cuarto del parágrafo del artículo 38 será declarado exequible» (sic)
[se resalta].

93. Es decir, la Corte consideró ajustada a la Constitución la prohibición de modificar
la nómina en las entidades territoriales durante los 4 meses previos a elecciones,
ya que evita el uso de cargos públicos con fines electorales y garantiza la
transparencia administrativa. Así como las excepciones permitidas (por faltas
definitivas y cargos de carrera) que aseguran la continuidad del servicio y respetan
los principios de mérito y objetividad.

79
94. Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al
resolver una consulta sobre si las restricciones a la vinculación a la nómina estatal
y a la contratación pública son aplicables a las entidades territoriales y a las
asociaciones entre entidades públicas señaló que «[e]n relación con el parágrafo del
artículo 38 de la ley 996, es claro que su campo de aplicación se refiere a las entidades
territoriales pues en su parte inicial menciona una serie de autoridades del orden territorial
y como se dijo, su alcance se refiere a elecciones en general, tanto territoriales como
nacionales». Es decir, la prohibición contenida en el inciso 4 del parágrafo del artículo
38 de la Ley 996 de 2005 aplica para la nómina de las entidades territoriales durante
todos los procesos electorales (nacionales y territoriales).

95. Por consiguiente, no hay duda de que la disposición alegada como desconocida
por el demandante está dirigida a prohibir la modificación de la nómina de personal
de los entes territoriales o entidades descentralizadas de ese orden, es decir, del
nivel departamental, distrital o municipal, al que no pertenece el Copnia, que como
se estableció en el marco normativo es una entidad pública del sector central.

96. Ahora bien, tal y como lo señaló el recurrente el citado consejo no puede ser
considerado como órgano del sector descentralizado y así lo señaló la Corte
Constitucional en la sentencia C-078 de 2003 anteriormente citada, sin embargo,
ello no implica, como lo pretende Francisco Luis Valencia Carvajal, que deba
ubicarse como parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional,
pues esa no fue la intensión del legislador y, en todo caso, la propia Constitución
avala la creación de «otras entidades del orden nacional» y en cuyo caso la función

79 Del 10 de junio de 2010, radicado 11001-03-06-000-2010-00066-00 (2011) C.P. William Zambrano

Cetina (E)

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01981-01 (4224-2023)
Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

atribuida al Copnia es independiente de dicha rama del poder80.

97. Así pues, comoquiera que la disposición alegada como desconocida consiste en
una prohibición, su interpretación debe realizarse de manera restrictiva, pues si la
finalidad de la norma era cubrir a otro tipo de entidades, así debió precisarse de
manera expresa.

98. De conformidad con lo expuesto, en criterio de esta Sala tampoco se advierte
que la decisión de declarar insubsistente a Francisco Luis Valencia Carvajal en el
cargo de subgerente administrativo y financiero del Copnia contraviniera la
prohibición establecida en el inciso 4 del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de
2005, en tanto, no le resultaba aplicable.

2.4. Costas

99. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

100. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

101. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma21.

102. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

80 «El COPNIA, es de carácter sui-generis y no hace parte de la rama ejecutiva del poder público, ni

está adscrito a ningún ministerio u otra entidad del Estado y por ley, tiene autonomía administrativa
y financiera, con domicilio principal en Bogotá, D. C. y desarrollo de sus competencias en el ámbito
nacional a través de 17 secretarías regionales o seccionales en aplicación de la figura jurídica de la
desconcentración administrativa y así ha sido la interpretación del ordenamiento Jurídico y la
Jurisprudencia sobre la naturaleza jurídica del COPNIA a lo largo de su historia. (Directriz Jurídica
001-2017)»

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01981-01 (4224-2023)
Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

103. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condena en costas en esta instancia.

3. Conclusión

104. Por las razones anotadas en precedencia, se confirmará la sentencia apelada,
toda vez que no se demostró que los actos administrativos acusados hubiesen sido
expedidos con desviación de poder, por haber ejercido la facultad discrecional por
fuera de los parámetros legales y jurisprudenciales, o que obedeciera a un propósito
particular, personal o arbitrario. Además, se demostró que al Copnia no le era
aplicable la prohibición contenida en el inciso 4 del artículo 38 de la Ley 996 de
2005, por cuanto, no es una entidad del orden territorial y tampoco pertenece a la
Rama Ejecutiva del Poder Público. En consecuencia, y según las facultades
otorgadas a la entidad para determinar su planta de personal (artículo 26 de la Ley
842 de 2003) el cargo desempeñado por Francisco Luis Valencia Carvajal, esto es
subdirector administrativo y financiero tenía la naturaleza de un empleo público cuya
competencia para efectuar la remoción es discrecional y podía realizarse mediante
acto no motivado, pues atendía a una prerrogativa del nominador que no le imponía
la necesidad de adelantar procedimientos o condiciones para ello.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 20 de mayo de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que negó las
pretensiones de la demanda presentada por Francisco Luis Valencia Carvajal en
contra del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), por las razones
expuestas en esta decisión.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previo a las anotaciones en
el aplicativo Samai.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01981-01 (4224-2023)
Demandante: Francisco Luis Valencia Carvajal

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-
2020-00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SLVA/MAG

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