Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02052-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02052-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-02052-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
31 de marzo de 2022
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02052-01 (2689-2021)
Demandantes: Martha María Arévalo Calixto
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-002052-01 (2689-2021)
Demandante: MARTHA MARÍA ARÉVALO CALIXTO
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Temas: Reajuste de asignación básica de personal de la
Dirección General de Sanidad del Ministerio de
Defensa. Aplicación de la sentencia de unificación
del 12 de diciembre de 2019. Empleo de servidor
misional del Ministerio de Defensa no asimilable a
nivel asesor de la planta de la Rama Ejecutiva del
orden nacional.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-064-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia del 19 de noviembre de 2020 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, que denegó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Martha María Arévalo Calixto, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folio 137 vuelto)
1. Declarar que el régimen salarial previsto para la libelista, es el
contemplado en el artículo 3.°, numeral 6.° del Decreto 3062 de 1997, es
decir, el consagrado para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder
Público del orden nacional.
2. Declarar la nulidad del Oficio 5464/MDN-CGFM-DGSM-SAF-GTH-1.10.
del 27 de marzo de 2018 proferido por la Dirección General de Sanidad
Militar, mediante el cual se denegó la petición de la demandante tendiente
a obtener el reconocimiento y pago de su asignación básica conforme a lo
previsto en la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997.
1«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo», o CPACA.
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Demandantes: Martha María Arévalo Calixto
3. A título de restablecimiento del derecho se ordene a la entidad
demandada, reliquidar, reajustar y pagar la asignación básica de la
señora Martha María Arévalo Calixto, de conformidad con los preceptos
del artículo 3.°, numeral 6.° del Decreto 3062 de 1997, es decir, con el
reconocimiento de las diferencias resultantes entre lo devengado por esta
y las remuneraciones fijadas para los empleados de la Rama Ejecutiva
del orden nacional desde su ingreso a la entidad como personal civil no
uniformado, según los decretos expedidos para tal efecto anualmente
(643 de 2008, 708 de 2009, 1374 de 2010, 1031 de 2011, 853 de 2012,
1029 de 2013, 199 de 2014, 1101 de 2015, 229 de 2016 y siguientes),
bajo el entendido de que aquella se encuentra en el nivel asesor a la luz
de lo preceptuado en la Resolución 0598 del 14 de mayo de 2010.
4. Reconocer las diferencias de los salarios y de las asignaciones no
pagadas en su totalidad desde la fecha de ingreso de la libelista, así
como la reliquidación y reajustes a que haya lugar para cada uno de los
años en que ha desempeñado el cargo.
5. Conminar a la Nación, Ministerio de Defensa, Dirección General de
Sanidad Militar a indexar y ajustar las prestaciones sociales percibidas
por la demandante con base en los nuevos valores que se determinen
para su asignación básica, así como cualquier otro emolumento que
dependa de dicho ingreso mensual reliquidado.
6. Ordenar a la parte pasiva cumplir la sentencia conforme a los artículos
192 y siguientes del CPACA, así como al pago de gastos y costas
procesales a que haya lugar.
Supuestos fácticos relevantes (Folios 133 a 137 vuelto)
1. La señora Martha María Arévalo Calixto fue nombrada en el cargo de
especialista jefe de terapeuta, en la planta de personal del Ministerio de
Defensa a partir del 4 de enero de 1995. Luego, se posesionó el 1.° de
marzo de 1996 como profesional universitario, código 3020, grado 08. A
partir del 6 de febrero de 2007, ocupó el empleo de profesional
especializado, código 2028, grado 12.
2. Posteriormente fue incorporada a la Dirección General de Sanidad Militar
del Ministerio de Defensa en el empleo de servidor misional en sanidad
militar, código 2-2, grado 12, ello desde el 1.° de octubre de 2009. Por
último, fue designada en el mencionado cargo en la planta global de
personal del Ministerio de Defensa a partir del 21 de junio de 2011.
3. La libelista percibe a la fecha de presentación de la demanda (7 de
septiembre de 2018), una asignación básica determinada por los
parámetros fijados por el Gobierno Nacional en los decretos salariales
aplicables al personal civil del Ministerio de Defensa, en los cuales se
precisan ciertos valores que distan de los previstos para el personal de la
Rama Ejecutiva del orden nacional, lo cual arroja una diferencia
pendiente de pago de $346.265.010, esto es, desde el año 2011.
4. La demandante presentó petición el 12 de marzo de 2018 ante el
Ministerio de Defensa, Comando General, Dirección General de Sanidad
de las Fuerzas Militares, con el fin de que se reliquidara su asignación
básica en atención al artículo 3.°, numeral 6.° del Decreto 3062 de 1997,
es decir, con base en la remuneración mensual prevista para los
empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional.
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Demandantes: Martha María Arévalo Calixto
5. La entidad demandada dio respuesta negativa a la referida solicitud por
medio del Oficio 5464/MDN-CGFM-DGSM-SAF-GTH-1.10. del 27 de
marzo de 2018.
SOBRE LA AUDIENCIA INICIAL
En el presente proceso no se celebró dicha diligencia, en aplicación del
artículo 13 del Decreto Legislativo 806 de 20202, ello con el fin de correr
traslado para alegar de conclusión y proferir sentencia anticipada por tratarse
de un litigio de pleno derecho sin pruebas pendientes para practicar.
SENTENCIA APELADA
(Folios 200 a 211 vuelto)
El a quo profirió sentencia escrita el 19 de noviembre de 2020, por medio de
la cual denegó las pretensiones de la demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:
El tribunal de primera instancia inicialmente señaló que la Ley 352 de 1997 y
el Decreto 3062 del mismo año previeron que el régimen salarial del personal
adscrito a la Dirección General de Sanidad Militar es el contemplado para los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional. Sin embargo,
precisó que con posterioridad se expidió el Decreto Ley 092 de 2007, por
medio del cual se definió un sistema especial de nomenclatura y clasificación
para el sector defensa en punto a los salarios y prestaciones de la totalidad
del personal que lo integra.
Al respecto, sostuvo que el Decreto 092 de ibidem determinó que a los
empleados civiles no uniformados del sector defensa (incluidos los servidores
de la Dirección de Sanidad Militar y de la Policía Nacional), se les continuaría
pagando los sueldos conforme a la nomenclatura existente a la fecha de
entrada en vigencia de la mentada normativa, pero solo hasta que fueran
ajustadas las plantas de personal, que determinaran las equivalencias y se
fijaran los salarios con fundamento en dicho decreto.
En esta línea, puntualizó que de una lectura armónica de la normativa
reguladora, la asignación básica a reconocer a los empleados públicos de la
Dirección de Sanidad, es la determinada anualmente por el Gobierno
Nacional para los empleados civiles del sector defensa al cual pertenece,
toda vez que sus plantas de personal hacen parte de la planta global del
personal del Ministerio de Defensa, de conformidad con lo preceptuado en
los artículos 32 del Decreto 091 de 2007 y 23 del Decreto Ley 092 de 2007.
Bajo esa óptica, concluyó que la asignación básica a reconocer es la
siguiente: i) desde la creación de la Dirección de Sanidad y mientras los
empleados se desempeñen en el cargo correspondiente a la nomenclatura y
clasificación anterior a la determinada por el Decreto 092 de 2007, les
corresponde la asignación básica mensual prevista para los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional y; ii) desde la fecha en que
fueron incorporados a los cargos de la planta de personal ajustada, les son
aplicables los salarios para los empleados del sector defensa fijados
anualmente por el Gobierno Nacional.
2«Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las
comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la
atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica».
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Frente al caso concreto, señaló que los montos pagados a la señora Martha
María Arévalo Calixto a partir del 1.° de octubre de 2009, corresponden al
sueldo consagrado en los decretos por medio de los cuales se fijó la escala
salarial de los empleados civiles del sector defensa, lo cual se encuentra
ajustado a derecho, en consecuencia, de ninguna manera le significó una
desmejora salarial.
Por otra parte, advirtió que no era procedente equiparar los cargos del nivel
asesor de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional
con empleos del nivel asesor del sector defensa, habida cuenta de que la
denominación, código y grado de remuneración se determinan en estricta
sujeción a la naturaleza de la entidad y al servicio que se presta.
Finalmente, condenó en costas a la parte activa de la presente litis.
RECURSO DE APELACIÓN
(índice 2 SAMAI)
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada para acceder a sus
pretensiones. Para tal fin manifestó que el problema jurídico no fue resuelto,
pues no se pudo determinar si a la libelista le pagan su asignación básica
conforme al régimen salarial previsto, según el nivel y grado que desempeña,
y el valor que legalmente corresponde.
De otro lado, señaló que el fallo de primera instancia «transcribe» en
idénticos términos las conclusiones presentadas en los fallos del 17 y 26 de
octubre de 2016, proferidas por el Consejo de Estado, en los que además de
acceder a las pretensiones, claramente se afirma que el régimen aplicable al
personal vinculado al sistema de salud de las Fuerzas Militares, depende de
la fecha de vinculación del empleado público. De esta forma, el a quo se
apartó del precedente judicial sin argumentación alguna.
Adujo además que el Decreto 092 de 2007 tuvo por objeto el ajuste en
sistema de nomenclatura y clasificación del personal adscrito al sector
defensa, pero su artículo 19 nunca implicó una modificación al régimen
salarial especial de la Dirección General de Sanidad Militar, no solo por las
facultades a través del cual fue expedido, sino porque reguló una materia
totalmente disímil, por tal motivo no pudo derogar las disposiciones previstas
en la Ley 352 y el Decreto 3062 de 1997.
Es por tal motivo que interpretar que el artículo 19 del Decreto 092 de 2007
modificó el régimen salarial, resulta lesivo y desconoce el principio de
progresividad contenido en el numeral 1.° del artículo 1.° de la normativa en
comento, de suerte que el significado que tiene el parágrafo, simplemente es
que serían unificados normativamente los sistemas de nomenclatura del
personal uniformado y civil del Ministerio de Defensa, pues de una lectura
integral con el artículo 72 del Decreto 091 de 2007, se encuentra que
mantuvo vigentes las disposiciones no reguladas en los Decretos 091 y 092
de 2007.
Añadió que si bien el Decreto 4783 de 2008 aprobó un ajuste a la planta de
personal de la Dirección General de Sanidad Militar, en todo caso no implicó
una modificación al régimen salarial de los funcionarios de dicha entidad,
dado que el propio artículo 6.° ibídem les garantizó continuar con la
remuneración que traían de la Rama Ejecutiva del orden nacional hasta que
ocuparan la nueva plaza, sin que se hubiese autorizado una visión regresiva
que les impusiera la escala de asignaciones del personal civil del sector
defensa, porque para ello no habría norma que lo habilitara.
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Arguyó que es indispensable que se acate el precedente constitucional de la
sentencia C-753 de 2008, en la cual al analizar la exequibilidad del Decreto
091 de 2007, se recordó que de las facultades otorgadas al ejecutivo en
virtud de los artículos 2 y 3 de la Ley 1033 de 2006 no incluían aspectos de
índole salarial, pues lo propio era materia de reserva legislativa.
Precisó que la inconformidad puntual con el fallo de primera instancia, radica
en que se desconoció el precedente que ha desarrollado el Consejo de
Estado frente la materia en casos como el presente, donde por ejemplo, en
los procesos con números internos 0845-2017, 2866-2016 y especialmente
en el 4650-2017 del 22 de octubre de 2018, se afirmó que el régimen salarial
aplicable a funcionarios del área de salud del Ministerio de Defensa, es
específico en punto a ser el mismo de la Rama Ejecutiva del orden nacional
de conformidad con el artículo 72 del Decreto 091 de 2007 que continúa
vigente para aquellas personas vinculadas a la entidad demandada con
anterioridad al 1.° de octubre de 2009 como es el caso de la libelista.
Aunado a ello, aludió que la decisión apelada, resulta contraria y
desconocedora del principio de inescindibilidad de la norma, de protección de
los derechos adquiridos y del principio de favorabilidad en la interpretación
de las leyes laborales, en la medida en que no puede concebirse que se le
imponga a un trabajador el régimen salarial de los empleados de la Rama
Ejecutiva, como en efecto lo ratificó el artículo 71 del Decreto 091 de 2007;
pero aplicando las escalas salariales del personal no uniformado del
Ministerio de Defensa, las cuales tienen fundamento en el título III del
Decreto 1214 de 1990.
Por último, solicitó se revoque la condena en costas impuestas en primera
instancia, toda vez que «no se puede seguir imponiendo cargas económicas
por el hecho de reclamar lo que es justo».
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante (índice 15 SAMAI): solicitó se dé aplicación a las
decisiones dictadas por el Consejo de Estado el pasado 173 y 264 de octubre
de 2017, en los cuales, según su criterio, se reiteró que los empleados
vinculados a la Dirección de Sanidad Militar con posterioridad a la expedición
del Decreto 1301 de 1994, su régimen salarial es el previsto para los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, de
conformidad con lo previsto en la Ley 352 y el Decreto 3062 de 1997.
La entidad demandada (índice 16 SAMAI): señaló que de acuerdo con la
certificación salarial expedida por el Grupo de Talento Humano aportado al
plenario, se evidenció que ni antes ni con posterioridad a la incorporación de
la demandante a la planta de personal ajustada a la nomenclatura y
clasificación prevista en el Decreto Ley 092 de 2007 para el sector defensa,
efectuada en el año 2009, ha percibido una desmejora salarial, pues, se le
mantuvo el valor que venía devengando por concepto de asignación básica
en virtud del régimen salarial de los empleados públicos de la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional.
El Ministerio Público (índice 17 SAMAI): La Procuraduría Tercera
Delegada ante el Consejo de Estado, luego de efectuar una sinopsis de lo
discurrido en el proceso y analizar el marco jurídico del régimen salarial de
los empleados públicos de la Dirección General de Sanidad Militar del
3 Radicado: 2500023420020150025301 (0845-2017).
4 Radicado: 25000234200020140433501 (2866- 2016).
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Ministerio de Defensa, emitió concepto con el fin de que confirme el fallo de
primera instancia, en la medida en que, a partir de la restructuración
administrativa de la Ley 1033 de 2006 y los Decretos Ley 091, 092 de 2007 y
4783 de 2008, los servidores públicos pertenecientes a la entidad en
comento, fueron incorporados en la nueva planta de personal, bajo el
sistema de equivalencia de cargos y sin desmejorar su salario (por lo menos
no está probado que hubiera reducción de asignaciones básicas), en cuyo
caso no parece lógico y coherente aplicar un régimen salarial que
expresamente no contempla empleos con idéntica denominación y grado,
todo lo cual surge concordante con la decisión unificadora del Consejo de
Estado.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual
forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de
segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en la respectiva alzada. En el presente caso solo presentó
impugnación vertical la parte demandante.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
resume en las siguientes preguntas:
1. ¿La señora Martha María Arévalo Calixto tiene derecho al reajuste de
su asignación básica de acuerdo con el artículo 3.°, numeral 6.° del
Decreto 3062 de 1997, es decir, bajo el régimen salarial previsto por el
Gobierno Nacional para la Rama Ejecutiva del Poder Público del
orden nacional desde el año 2007, y bajo el planteamiento de que el
cargo que ocupa en la entidad demandada como servidor misional en
sanidad militar, código 2-2, grado 14, es del nivel jerárquico asesor
para efectos de determinar el monto de la remuneración a ajustar?
2. ¿Procedía la condena en costas de primera instancia impuesta a la
demandante?
Primer problema jurídico
¿La señora Martha María Arévalo Calixto tiene derecho al reajuste de su
asignación básica de acuerdo con el el artículo 3.°, numeral 6.° del Decreto
3062 de 1997, es decir, bajo el régimen salarial previsto por el Gobierno
Nacional para la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional desde
el año 2007, y bajo el planteamiento de que el cargo que ocupa en la entidad
demandada como servidor misional en sanidad militar, código 2-2, grado 14,
es del nivel jerárquico asesor para efectos de determinar el monto de la
remuneración a ajustar?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: la demandante no tiene
derecho al ajuste de su asignación salarial desde el año 2007 con base en el
artículo 3.°, numeral 6.° del Decreto 3062 de 1997, toda vez que conforme a
la sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019 proferida por la
Sección Segunda de esta Corporación para casos como el particular, el
pago de la remuneración a aquella por parte de la entidad demandada, se ha
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ajustado a las reglas jurisprudenciales desarrolladas en dicha providencia.
Sobre este planteamiento se expone lo siguiente:
Acerca de la sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-2019 del 12
de diciembre de 2019 y su aplicabilidad al presente caso
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que con base en el litigio como fue
fijado, así como en el sustento argumentativo de la demanda, la contestación
y el recurso de apelación, se infiere que la señora Martha María Arévalo
Calixto pretende la reliquidación de la asignación básica mensual que
devenga desde el año 2007, a fin de que sea igualada a la prevista para los
empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional
conforme al artículo 3.°, numeral 6.° del Decreto 3062 de 1997.
Por su parte, la entidad demandada sostiene que no ha existido detrimento
salarial en contra de la libelista, habida cuenta de que le ha pagado la
remuneración de acuerdo con la normativa aplicable a cada vigencia desde
su nombramiento hasta 2009 cuando el marco regulatorio de su situación se
concretó en el desarrollado para el personal civil del Ministerio de Defensa,
sin que se reporte afectación alguna a las condiciones de la demandante.
Lo expuesto denota que el objeto de la controversia en el sub lite es la
determinación del régimen salarial que gobierna las condiciones
remunerativas del servicio prestado por la libelista al Ministerio de Defensa,
Dirección General de Sanidad Militar, en calidad de empleada perteneciente
al personal civil no uniformado de la salud adscrito a la referida autoridad de
conformidad con la Ley 352 de 1997 y posteriores.
Pues bien, bajo dicho entendido se resalta que la Sección Segunda de esta
corporación expidió sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-2019 del 12 de
diciembre de 20195, por medio de la cual se fijaron una serie de reglas
jurisprudenciales de interpretación para la resolución judicial de asuntos
como el analizado en dicha providencia y el que es objeto de examen en
esta oportunidad.
En punto a los efectos de esta decisión, es válido anotar que la misma
sentencia los contempló de manera retrospectiva según el ordinal segundo
de su parte resolutiva6, ello a fin de que estos se extendieran a todas las
situaciones pendientes de definición jurídica que no hayan sido objeto de
consolidación del fenómeno de cosa juzgada, por lo que claramente su
estudio y sometimiento para resolver el asunto sub lite es pertinente y
necesario, puesto que evidentemente el proceso de la referencia se
encuentra pendiente de definición judicial en segunda instancia y se ajusta a
los criterios temáticos de dicha providencia. De acuerdo con lo expuesto, la
prelación en cuanto a la observancia de esta línea jurisprudencial, implica
que los proveídos proferidos con anterioridad al de unificación que son
traídos a colación por la demandante en su recurso, no son válidos a título
de precedentes para definir el presente litigio.
5 Ídem.
6 El cual reza lo siguiente: «[…] Segundo: Adviértase a la comunidad en general que las
consideraciones expuestas en esta providencia en relación con los temas objeto de
unificación, constituyen precedente obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102 de la
Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como
judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos,
en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los cuales ya ha operado la
cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables. […]».
(Negrilla del texto original).
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Ahora, en efecto, la sentencia unificadora aludida abordó el estudio sobre la
situación jurídica laboral, salarial y prestacional del personal civil vinculado al
Ministerio de Defensa en vigencia de la Ley 100 de 1993, así como en virtud
de la organización del sistema de salud de las Fuerzas Militares conforme al
Decreto Ley 1301 de 1994, al igual que ante la supresión del Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares y la posterior creación de la Dirección General
de Sanidad de acuerdo con la Ley 352 de 1997.
Igualmente, en la referida providencia se verificaron las consecuencias de la
unificación del régimen de administración de personal del personal civil
adscrito a los organismos y dependencias del sector defensa con base en la
Ley 1033 de 2006, y del mismo modo, los efectos del Decreto Ley 92 de
2007 que modificó el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos
del sector en comento, el cual contempló particularmente en materia salarial
que, los sueldos de los empleados civiles no uniformados del sector Defensa
continuarían regidos por la normativa anterior a este último precepto, pero
condicionado hasta que se materializara el ajuste de las plantas de personal.
Al respecto, se destaca que en lo relativo a las precisiones efectuadas en el
proveído en mención frente al marco normativo aplicable a los casos como el
particular, se señaló lo siguiente:
«[…] 53. En resumen, se tiene entonces que el Presidente de la República
organizó el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y del
personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, en virtud de las facultades
extraordinarias que le fueron conferidas por el artículo 248.6 de la Ley 100 de
1993.
54. El primer cuerpo normativo que se expidió en ejercicio de esa facultad
extraordinaria fue el Decreto Ley 1301 de 1994 (derogado por la Ley 352 de
1997) que creó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares como un
establecimiento público, entidad descentralizada.
55. El régimen salarial aplicable a los empleados públicos vinculados al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares era el regulado por el Gobierno
Nacional para los servidores vinculados a establecimientos públicos del orden
nacional, quienes, por hacer parte de un órgano descentralizado, NO se
regían, en materia salarial, por las normas establecidas para el personal civil
del Ministerio de Defensa Nacional.
56. Así pues, los empleados públicos, que al entrar en vigencia el Decreto Ley
1301 de 1994, se encontraran prestando sus servicios en el nivel central de la
estructura organizacional, esto es, en el Ministerio de Defensa, y que
ingresaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, quedaron cobijados
por el régimen salarial contemplado para dicho establecimiento público.
57. En materia pensional, los empleados públicos del Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares y del Instituto de Salud de la Policía Nacional, fueron
sometidos a la Ley 100 de 1993, y en lo relativo a las demás prestaciones
sociales, se les aplicaría el Decreto ley 2701 de 1988 y normas que lo
modificaran o adicionaran. Por otra parte, quienes se hubieran vinculado al
Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la vigencia de
la Ley 100 de 1993 continuarían bajo las disposiciones del Decreto 1214 de
1990.
58. La Ley 352 de 1997 (derogó el Decreto Ley 1301 de 1994) creó la
Dirección General de Sanidad Militar como una dependencia del Comando
General de las Fuerzas Militares y suprimió y liquidó el Instituto de Salud de
las Fuerzas Militares, creado mediante el Decreto 1301 de 1994.
59. El Decreto reglamentario 3062 de 1997 incluyó las siguientes garantías
para los servidores que laboraban en el Instituto de Salud de las Fuerzas
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Demandantes: Martha María Arévalo Calixto
Militares y que fueron incorporados a la planta de personal de salud del
Ministerio de Defensa; en materia prestacional se dispuso que los
vinculados “antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les continuará
aplicando en su integridad el título VI del Decreto 1214 de 1990 o las normas
que lo modifiquen o adicionen sobre el Régimen Prestacional y al personal
vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, se le aplicará
esta disposición” (art. 3, num.4). Y, en materia salarial señaló que a “los
empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares que se incorporen a las Plantas de Personal de Salud que
se creen en el Ministerio de Defensa Nacional se les aplicará el régimen
salarial que rige a los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público
del Orden Nacional” (art. 3, num. 6) (Resaltado fuera de texto).
60. Sin embargo, a partir de la Ley 1033 de 2006, los Decretos Ley 91 y 92
de 2007, y el Decreto 4783 de 2008 se unificó el régimen de administración
del personal civil del sector, se ajustó y modificó la planta de personal de
Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General
de Sanidad Militar, mediante la realización de las equivalencias de lo empleos
preexistentes frente la nueva planta que fue ajustada con la tabla de
organización “TO”, fijada en la Resolución 1453 de 2008. Así pues, el Decreto
4783 de 2008 ordenó la incorporación de los funcionarios de la Planta de
Personal del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad
Militar a los cargos equivalentes de la planta ajustada, frente a quienes se
dispuso que continuarían “percibiendo la remuneración correspondiente a los
empleos que desempeñan actualmente mientras ocupen el cargo en el que
serán incorporados”. […]». (Negrilla y cursiva conforme a la
transcripción).
En concreto, con base en los referidos postulados, la Sección Segunda de
esta Corporación fijó una serie de reglas jurisprudenciales de obligatoria
observancia en casos como el sub iudice, las cuales se sintetizan de la
siguiente manera:
SUPUESTO
REGLAS DE UNIFICACIÓN
NORMATIVO
(i) En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e incorporados al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se regían por las normas
reguladas por el Gobierno Nacional para los servidores de los
establecimientos públicos del orden nacional. Por lo tanto, comoquiera que
estaban vinculados a un órgano del nivel descentralizado no se regían por
las normas reguladas para el personal civil del Ministerio de Defensa
Nacional.
(ii). En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable era el
1. Entre la vigencia
previsto en la Ley 100 de 1993 para los empleados públicos que se
del Decreto 1301
vincularan al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la
de 1994 y de la Ley
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional. En lo relativo a las
352 de 1997
demás prestaciones se les aplicaba el Decreto 2701 de 1988 y normas que
lo modificaron o adicionaron.
Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la
Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se
incorporaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para
la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, continuaron cobijados
por el Decreto 1214 de 1990.
2. A partir de la (i). En materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud de las
vigencia de la Ley Fuerzas Militares que fueron incorporados a la planta de personal de salud
352 de 1997, los del Ministerio de Defensa quedaron sometidos al régimen salarial previsto
empleados para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden
públicos que antes Nacional (Artículo 3 Num.6 Decreto 3062 de 1997).
prestaban sus
servicios en el (ii). En materia prestacional los empleados públicos del Instituto de Salud de
Instituto de Salud las Fuerzas Militares incorporados a la planta de personal de Salud del
de las Fuerzas Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieran vinculado antes de la
Militares y que vigencia de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su integridad el Decreto
fueron 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
incorporados a la
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planta de salud del Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993
Ministerio de se les aplicará dicha normativa. En lo no contemplado en materia
Defensa Nacional, prestacional en la Ley 100 de 1993 se les aplicará el Título VI del Decreto
dejaron de 1214 de 1990 (Parágrafo artículo 55 de la Ley 352 de 1997).
pertenecer al
sector
descentralizado
(i). A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de 2007 se
reajustaron las plantas de personal, se determinaron las equivalencias y se
fijaron los sueldos con fundamento en la nomenclatura y clasificación
especial, por ello, los sueldos de los empleados civiles no uniformados del
sector Defensa se empezaron a pagar con base en la nueva nomenclatura.
3. A partir de la
Los empleados civiles no uniformados del sector defensa vinculados a la
Ley 1033 de 2006
Planta de Personal del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de
se unificó el
Sanidad Militar, debieron continuar percibiendo la remuneración
régimen de
correspondiente a los empleos que desempeñaban a la entrada en vigencia
administración de
del Decreto 4783 de 2008 mientras ocupen el cargo en el que fueron
personal que se
incorporados.
aplica al personal
civil vinculado a
(ii). En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue
los organismos y
incorporado por disposición del Decreto 4783 de 2008, de acuerdo con la
dependencias del
nomenclatura y clasificación especial para los empleados civiles no
Sector Defensa.
uniformados del sector defensa, empezó a devengar la asignación básica
Por ello, los
fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados
empleos públicos
del Ministerio de Defensa Nacional.
del personal civil
no uniformado
Lo que quiere decir, que mientras se produjo la incorporación en el cargo
asignados a la
equivalente en la planta global del sector defensa, de acuerdo con el sistema
Dirección General
de nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor debió continuar
de Sanidad Militar
percibiendo la remuneración correspondiente al empleo que antes
pertenecen a la
desempeñaba, esto es, según el régimen salarial fijado por el Gobierno para
planta de personal
los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional.
del Ministerio de
Efectuada la incorporación al cargo equivalente en la planta global del
Defensa Nacional
Ministerio de Defensa Nacional, el empleado queda sometido a la escala de
asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles
no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
(iii). En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no introdujo ninguna
modificación, por lo tanto se mantiene el régimen prestacional fijado en la
Ley 352 de 1997.
Determinación del régimen salarial aplicable a la demandante en
atención a las reglas de la sentencia de unificación del 12 de
diciembre de 2019 y la verificación de su situación particular
De conformidad con el marco jurisprudencial de unificación descrito, la Sala
advierte que en atención al material probatorio recaudado y practicado a lo
largo del proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:
La señora Martha María Arévalo Calixto fue nombrada en el cargo de
especialista jefe-fisioterapeuta de la planta de personal del Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares, ello según acta de posesión 469 del 4
de enero de 1995 (folio 174).
Acorde con el acta de posesión 2003 del 1.° de marzo de 1996, la
señora Arévalo Calixto ocupó el empleo de profesional universitario,
código 3020, grado 08, en el mencionado Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares (folio 175).
Según acta de posesión 289 del 15 de enero de 1998, la demandante
fue incorporada desde esa fecha a la planta de personal de la
Dirección General de Sanidad Militar del Ministerio de Defensa en el
cargo de profesional universitario, código 3020, grado 08 (folio 176).
Asimismo, el acta 019 del 6 de febrero de 2007 da cuenta que la
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demandante tomó posesión en la Dirección de General de Sanidad
Militar del cargo de profesional especializado, código 2028, grado 12
(folio 177).
Luego, a partir del 1.° de octubre de 2009, fue incorporada en la planta
de personal de empleados públicos del Ministerio de Defensa,
Dirección General de Sanidad Militar, ello bajo el empleo denominado
servidor misional en sanidad militar, código 2-2, grado 12, conforme
acta de posesión 085 de la misma data (folio 178).
Posteriormente, la señora Arévalo Calixto fue nombrada en el cargo
de servidor misional en sanidad militar, código 2-2, grado 14, al
servicio de la Dirección General de Sanidad Militar en el Batallón de
Sanidad del Ejército Nacional, ello acorde con el acta de posesión
0132 del 21 de junio de 2011 (folio 179).
Mediante petición del 12 de marzo de 2018 (folios 185 a 187 vuelto), la
señora Martha María Arévalo Calixto solicitó ante el Comando
General, Dirección de Sanidad Militar, lo siguiente:
«[…] TERCERA: Se efectúe el reconocimiento, pago y liquidación de la
asignación básica de mi cliente, de conformidad con lo previsto en el
numeral 6 del artículo 3 del decreto 3062 de 1997, esto es, aplicando las
asignaciones básicas previstas para los empleados de la Rama Ejecutiva
del Orden Nacional, fijado según los decretos anualmente expedidos y
cuyo detalle se efectúa a continuación, recalcando particularmente que se
ubican en el NIVEL ASESOR de conformidad con lo previsto en el
MANUAL GENERAL DE FUNCIONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE
2010 contenido en la resolución 0598 de 14 de mayo de 2010.
CUARTA: Se efectúe la reliquidación, reajuste y pago de la asignación
básica que viene percibiendo mi cliente, dada su condición de personal
civil, perteneciente a la planta de personal de las entidades que integran
el sector defensa, aplicando debidamente lo previsto en el numeral 6 del
artículo 3 del decreto (sic) 3062 de 1997, en el sentido de reconocer un
salario equivalente al previsto para los empleados públicos de la Rama
Ejecutiva, según los parámetros fijados por el gobierno desde 2007 y
hasta que el pago se haga efectivo, con los efectos económicos
solicitados en las demás peticiones.
Con todo, la entidad deberá proceder a reconocer los saldos de las
asignaciones no canceladas en su totalidad, desde la fecha del ingreso de
mi poderdante, reconociendo para el efecto las reliquidaciones y ajustes
necesarios, para cada uno de los años en los que el individuo estudio en
el cargo.
QUINTA. Dado que el régimen salarial aplicable a mis poderdantes es el
previsto para la Rama Ejecutiva, solicito como consecuencia de los
reconocimientos a las peticiones principales, se proceda a indexar,
reliquidar y ajustar las prestaciones sociales de cada uno de los
peticionarios, tomando como base los nuevos valores previstos para la
asignación básica, así como cualquier otro valor recibido cuyo calculo (sic)
depende de la base estipulada en la asignación básica. […]». (Negrilla y
mayúscula conforme a la transcripción).
La entidad demandada dio respuesta de forma negativa a la referida
petición, mediante Oficio 5464/MDN-CGFM-DGSM-SAF-GTH-1.10 del
27 de marzo de 2018 (folios 12 a 14), expedido por el subdirector
administrativo y financiero de Sanidad Militar, ello conforme a los
siguientes argumentos:
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«[…] Es de anotar que de acuerdo a la Resolución N° 1453 del 25 de
septiembre de 2008 “Por la cual se establece la Tabla de Organización de
los empleos de la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional –
Dirección General de Sanidad Militar”, se estableció la Tabla de
Organización de los empleos de la planta de personal del Ministerio de
Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar, de acuerdo con
la nomenclatura y clasificación de los empleos establecida en los
Decretos 091, 092 y 093, 3034 y 4803 de 2007 y 2127 de 2008, que para
el empleo de la planta global del Ministerio de Defensa, que desempeño
(sic) la señora MARTHA MARIA (SIC) AREVALO (SIC) CALIXTO, su
equivalencia fue la siguiente:
Denominación vigente nomenclatura Equivalencia de los empleos
Decreto 2489 de 2006 nomenclatura Decretos 092, 3034 y
2127 de 2008
Denominación Código Grado Denominación Código Grado
Profesional 2018 12 Servidora 2-2 14
Especializado Misional en
Sanidad
Militar
De acuerdo a lo anterior, la escala salarial aplicable en la que se le
empleó correspondiente al (sic) Servidora Misional en Sanidad Militar
Código 2-2 Grado 14, cargo perteneciente a la escala salarial del Sector
Defensa, y no a la Rama Ejecutiva, por lo que no se afectó la asignación
salarial, toda vez que para uno y otro empleo su asignación básica fue y
ha sido la misma. […]». (Mayúsculas del texto original).
Conforme a la certificación del 27 de marzo de 2018 (folio 15 anverso
y reverso), suscrita por el coordinador del grupo de Talento Humano
de la Dirección General de Sanidad Militar, la señora Martha María
Arévalo Calixto labora desde el 4 de enero de 1995 en dicha
institución, actualmente desempeña el empleo de servidor misional,
código 2-2, grado 14 y ha devengado los siguientes salarios:
DECRETO DECRETO
CORRESPONDIENT CORRESPONDIENTE SUELDO
«AÑO CÓDIGO GRADO DENOMINACIÓN CARGO
E AL SECTOR RAMA AL SECTOR BÁSICO
EJECUTIVA DEFENSA
A PARTIR DEL 01 DE MARZO
N/A SE POSESIONÓ COMO
1996 10 3020 8 $543.724,00
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
N/A 3020 8 PROFESIONAL $598.097,00
1997 31
UNIVERSITARIO
N/A 3020 8 A PARTIR DEL 15 DE
ENERO, SE POSESIONÓ $744.251,00
1998 40
COMO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
N/A 3020 8 PROFESIONAL $863.332,00
1999 35
UNIVERSITARIO
N/A 3020 8 PROFESIONAL $943.018,00
2000 2720 UNIVERSITARIO
N/A 3020 8 PROFESIONAL $994.696,00
2001 2710
UNIVERSITARIO
N/A 3020 8 PROFESIONAL $1.044.033,00
2002 660
UNIVERSITARIO
N/A 3020 8 PROFESIONAL $1.105.736,00
2003 3535
UNIVERSITARIO
N/A 3020 8 PROFESIONAL $1.163.345,00
2004 4150
UNIVERSITARIO
N/A 3020 8 PROFESIONAL $1.227.329,00
2005 916
UNIVERSITARIO
N/A 3020 8 PROFESIONAL $1.288.696,00
2006 372
UNIVERSITARIO
N/A A PARTIR DEL 06 DE $1.752.080,00
FEBRERO SE POSESIONÓ
2007 600 2028 12
COMO PROFESIONAL
ESPECIALIZADO
N/A PROFESIONAL $1.935.104,00
2008 643 2028 12
ESPECIALIZADO
PROFESIONAL $2.083.527,00
708 N/A 2028 12
ESPECIALIZADO
A PARTIR DEL 01 DE
2009
OCTUBRE, SE POSESIONÓ $2.083.527,00
738 2-2 12
COMO SERVIDOR MISIONAL
SANIDAD MILITAR
SERVIDOR MISIONAL
2010 1529 2-2 12 $2.125.198,00
SANIDAD MILITAR
SERVIDOR MISIONAL
1049 2-2 12 $2.192.567,00
SANIDAD MILITAR
2011
SERVIDOR MISIONAL
1049 2-2 14 $2.375.553,00
SANIDAD MILITAR
SERVIDOR MISIONAL EN
2012 843 2-2 14 $2.494.331,00
SANIDAD MILITAR
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 25000-23-42-000-2018-02052-01 (2689-2021)
Demandantes: Martha María Arévalo Calixto
SERVIDOR MISIONAL EN
2013 1020 2-2 14 $2.580.136.00
SANIDAD MILITAR
SERVIDOR MISIONAL EN
2014 190 2-2 14 $2.655.992,00
SANIDAD MILITAR
SERVIDOR MISIONAL EN
2015 1120 2-2 14 $2.779.762,00
SANIDAD MILITAR
SERVIDOR MISIONAL EN
2016 238 2-2 14 $2.995.750,00
SANIDAD MILITAR
SERVIDOR MISIONAL EN
2017 1007 2-2 14 $3.197.964,00
SANIDAD MILITAR
SERVIDOR MISIONAL EN
2018 326 2-2 14 SANIDAD MILITAR $3.360.741,oo»
Pues bien, al realizar el análisis comparativo de las asignaciones básicas
previstas desde 2007 a 2018 en: i) los decretos salariales de la Rama
Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, ii) los decretos salariales del
personal civil del Ministerio de Defensa y iii) la remuneración efectivamente
pagada a la libelista por ese mismo lapso, se advierte lo siguiente:
ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN
ASIGNACIÓN
BÁSICA SEGÚN BÁSICA SEGÚN
BÁSICA
AÑO CARGO DECRETOS DECRETOS DIFERENCIA
PAGADA AL
RAMA PERSONAL
DEMANDANTE
EJECUTIVA CIVIL
Profesional
DECRETO 600 DECRETO 093 $298.503 (A
2007 especializado, código $1.935.104,00
$1.830.924 $1.532.421 FAVOR)
2028, grado 12
Profesional
DECRETO 643 DECRETO 674 $242.605 (A
2008 especializado, código $1.935.104,00
$1.935.104 $1.692.499 FAVOR)
2028, grado 12
2009 (hasta Profesional
DECRETO 708 DECRETO 738 $261.213 (A
el 30 de especializado, código $2.083.527,00
$2.083.527 $1.822.314 FAVOR)
septiembre) 2028, grado 12
Servidor misional en
sanidad militar, código
DECRETO 708 $2.453.705 (EN
2-2, grado 12 (NIVEL - $2.083.527,00
2009 $4.537.232 CONTRA)
ASESOR - RAMA
(desde el
EJECUTIVA)
1.° de
Servidor misional en
octubre al
sanidad militar, código
31 de
2-2, grado 12 (NIVEL DECRETO 738
diciembre) - $2.083.527,00 $0
ASESOR - PERSONAL $2.083.527
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)
Servidor misional en
sanidad militar, código
DECRETO 1374 $2.502.779 (EN
2-2, grado 12 (NIVEL - $2.125.198,00
$4.627.977 CONTRA)
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
2010 Servidor misional en
sanidad militar, código
2-2, grado 12 (NIVEL DECRETO 1529
• $2.125.198,00 $0
ASESOR - PERSONAL $2.125.198
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)
2011
Servidor misional en
(desde el
sanidad militar, código
1.° de DECRETO 1031 $2.582.117 (EN
2-2, grado 12 (NIVEL - $2.192.567,00
enero hasta $4.774.684 CONTRA)
ASESOR - RAMA
el 20 de
EJECUTIVA)
junio)
Servidor misional en
2011 sanidad militar, código
DERETO 1049
(desde el 2-2, grado 14 (NIVEL $2.375.553,00 $0
$2.375.553
21 de junio) ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
Servidor misional en
sanidad militar, código
DECRETO 853 $3.426.512 (EN
2-2, grado 14 (NIVEL - $2.375.553,00
$5.802.065 CONTRA)
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
2012 Servidor misional en
sanidad militar, código
2-2, grado 10 (NIVEL DECRETO 0843
• $2.375.553,00 $0
ASESOR - PERSONAL $2.375.553
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)
Servidor misional en
sanidad militar, código
DECRETO 1029 $3.421.521 (EN
2-2, grado 14 (NIVEL - $2.580.136.00
$6.001.657 CONTRA)
ASESOR - RAMA
2013 EJECUTIVA)
Servidor misional en
sanidad militar, código DECRETO 1020
• $2.580.136.00 $0
2-2, grado 14 (NIVEL $2.580.136
ASESOR - PERSONAL
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 25000-23-42-000-2018-02052-01 (2689-2021)
Demandantes: Martha María Arévalo Calixto
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)
Servidor misional en
sanidad militar, código
DECRETO 199 $3.522.114 (EN
2-2, grado 14 (NIVEL - $2.655.992,00
$6.178.106 CONTRA)
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
2014 Servidor misional en
sanidad militar, código
2-2, grado 14 (NIVEL DECRETO 190
• $2.655.992,00 $0
ASESOR - PERSONAL $2.655.992
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)
Servidor misional en
sanidad militar, código
DECRETO 1101 $ 3.686.244 (EN
2-2, grado 14 (NIVEL - $2.779.762,00
$6.466.006 CONTRA)
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
2015 Servidor misional en
sanidad militar, código
2-2, grado 14 (NIVEL DECRETO 1120
• $2.779.762,00 $0
ASESOR - PERSONAL $2.779.762
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)
Servidor misional en
sanidad militar, código
DECRETO 229 $3.972.665 (EN
2-2, grado 14 (NIVEL - $2.995.750,00
$6.968.415 CONTRA)
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
2016 Servidor misional en
sanidad militar, código
2-2, grado 14 (NIVEL DECRETO 238
• $2.995.750,00 $0
ASESOR - PERSONAL $2.995.750
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)
Servidor misional en
sanidad militar, código
2-2, grado 14 (NIVEL DECRETO 999 $4.240.820 (EN
$3.197.964,00
ASESOR - PERSONAL $7.438.784 CONTRA)
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)
2017
Servidor misional en
sanidad militar, código
2-2, grado 14 (NIVEL DECRETO 1007
$3.197.964,00 $0
ASESOR - PERSONAL $3.197.964
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)
Servidor misional en
sanidad militar, código
2-2, grado 14 (NIVEL DECRETO 330 $4.456.678 (EN
$3.360.741,oo
ASESOR - PERSONAL $7.817.419 CONTRA)
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)
2018
Servidor misional en
sanidad militar, código
2-2, grado 14 (NIVEL DECRETO 326
$3.360.741,oo $0
ASESOR - PERSONAL $3.360.741
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)
Acorde con lo evidenciado previamente, se encuentra que la demandante fue
vinculada en un principio al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares desde
el 4 de enero de 1995, esto bajo el cargo de especialista jefe-fisioterapeuta,
según acta de posesión 469 de la mentada fecha (folio 174). Igualmente, se
observa que la señora Arévalo Calixto fue nombrada en el empleo de
profesional universitario, código 3020, grado 08, conforme Resolución 0113
del 1.° de marzo de 1996 (folio 175) e incorporada en ese mismo cargo en la
planta de personal de la Dirección General de Sanidad Militar del Ministerio
de Defensa, a partir del 15 de enero de 1998 (folio 176).
De manera posterior, fue nombrada como profesional especializado, código
2028, grado 12, desde el 6 de febrero de 2007 (folio 177), el cual desempeñó
hasta el 30 de septiembre de 2009.
Según el cuadro elaborado anteriormente, para este último período aludido
que corresponde a una parte del que es objeto de demanda y sobre el cual
existen pruebas relacionadas con los pagos efectuados por concepto de
salario a la libelista (2007 a 30 de septiembre de 2009), se evidencia que
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esta percibió efectivamente como asignación básica mensual, la prevista
para el referido nivel y grado del cargo en los diferentes decretos anuales
expedidos por el Gobierno Nacional destinados al personal de la Rama
Ejecutiva del orden nacional, toda vez que, como se aprecia, los valores en
comparación son idénticos, e incluso, el monto abonado resulta ser más
favorable que el fijado normativamente para el personal civil no uniformado
del Ministerio de Defensa en dicho lapso.
Bajo dicho entendido, se infiere que la demandante devengó la remuneración
correspondiente al empleo que desempeñaba desde 2007 hasta un período
del año 2009 (profesional especializado, código 2028, grado 12), la cual
estaba prevista en el régimen salarial fijado para los cargos de la Rama
Ejecutiva del Poder Público del orden nacional7, lo que a su vez implica que
la entidad demandada respetó la garantía contenida en el artículo 3°,
numeral 6.° del Decreto 3062 de 1997, tal como se deprecó en la demanda y
como se planteó en la sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019
en clave de regla jurisprudencial respecto del segundo supuesto normativo
enunciado en la tabla de referencia elaborada anteriormente8.
Ahora bien, del material probatorio enunciado, también se desprende que a
partir del 1.° de octubre de 2009, la señora Martha María Arévalo Calixto fue
incorporada a la planta de personal reestructurada de la Dirección General
de Sanidad Militar en calidad de servidor misional en sanidad militar, código
2-2, grado 12, según acta de posesión 085 de la citada data (folio 178), ello
con ocasión de la expedición del Decreto 4738 de 2008 que aprobó el ajuste
y la modificación de la aludida estructura de servidores del Ministerio de
Defensa, de conformidad con el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de
empleos especial de dicho sector, contemplado en los Decretos 092, 3034,
4803 de 2007 y 2127 de 2008.
Por último, la señora Arévalo Calixto fue nombrada en el cargo de servidor
misional en sanidad militar, código 2-2, grado 14, al servicio de la Dirección
General de Sanidad Militar en el Batallón de Sanidad del Ejército Nacional,
ello acorde con el acta de posesión 0132 del 21 de junio de 2011 (folio 179).
Por consiguiente, según la regla jurisprudencial de la sentencia de unificación
del 12 de diciembre de 2019 prevista para el tercer supuesto normativo 9 y
anunciada en la tabla referida, la cual se cumple en el presente caso con
base en lo relatado anteriormente, es dable asegurar que, a partir del 1.° de
octubre de 2009, la asignación básica de la demandante, en efecto
correspondía a la fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles
no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional10. Lo expuesto, dado que
desde esa fecha la libelista se posesionó en el empleo al que fue incorporada
de acuerdo con la nomenclatura y clasificación especial para los
mencionados servidores.
De acuerdo con este análisis, es posible asegurar que el 30 de septiembre
de 2009 fue el último día en el que la señora Arévalo Calixto desempeñó el
7 Decretos 600 de 2007, 643 de 2008 y 708 de 2009.
8 (i). En materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares que fueron incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa
quedaron sometidos al régimen salarial previsto para los empleados de la Rama Ejecutiva
del Poder Público del Orden Nacional (Artículo 3 Num.6 Decreto 3062 de 1997).
9 (ii). En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue incorporado por
disposición del Decreto 4783 de 2008, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación
especial para los empleados civiles no uniformados del sector defensa, empezó a devengar
la asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no
uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
10 Decretos 738 de 2009, 1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de
2014, 1120 de 2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018 y 1012 de 2019
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cargo de profesional especializado, código 2028, grado 12 de la Dirección
General de Sanidad Militar. Por ello, hasta esa data la demandante tuvo
derecho a la aplicación de los decretos salariales de la Rama Ejecutiva del
orden nacional, sin que tal situación sea prorrogable o de aplicación
extensiva para anualidades posteriores como se insta en la demanda, debido
al cambio de su situación jurídica con el nuevo nombramiento en un empleo
regulado por su propia normativa expresa, lo cual se encuentra avalado
jurisprudencialmente.
Lo anterior, en la medida en que desde el 1.° de octubre de 2009, aquella fue
incorporada a la planta de personal de empleados públicos del Ministerio de
Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, en el cargo de
servidor misional en sanidad militar, código 2-2, grado 12 y 14,
respectivamente, que corresponde al nivel asesor (artículo 11 del Decreto
Ley 92 de 2007), plaza con base en la cual, según se aprecia del cuadro
comparativo desarrollado anteriormente, percibió la remuneración fijada por
el Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados del
Ministerio de Defensa Nacional conforme al precitado nivel y grado
correspondientes, sin que se reporte ningún tipo de diferencia entre el monto
de la asignación fijada y la pagada efectivamente, lo cual se ajusta a la
señalada regla de unificación interpretativa, y por lo tanto convalida la
legalidad del acto administrativo cuestionado al negar la reliquidación
reclamada.
Sobre el punto, basta con reiterar que en razón de la incorporación de la
libelista en el referido cargo derivado de la reestructuración de la planta de
personal del Ministerio de Defensa, para aquella se generó una nueva
situación laboral que enervó la posibilidad de continuar sometida al régimen
salarial de los funcionarios de la Rama Ejecutiva, tal como se precisó en la
sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019. Por tal motivo, lo
atinente a su remuneración pasó a regirse conforme a la normativa que se
expidiera específicamente para los servidores civiles no uniformados de la
aludida entidad.
Empero, al margen de lo esbozado hasta este punto, lo cierto es que la
demandante en su recurso sostuvo que la situación particular que debe
tenerse en cuenta desde el año 2007 para efectos salariales conforme a sus
pretensiones, es que el último cargo desempeñado por la demandante
corresponde al de servidora misional en sanidad militar, cuyo nivel es el de
asesor según el Manual General de Funciones de Empleados Públicos de
2010, contenido en la Resolución 0598 del 14 de mayo de 2010, por lo que
aseguró que debía tenerse en cuenta el valor de la asignación de aquella,
orden jerárquico y grado prevista por el Gobierno Nacional en los decretos
que fijan la remuneración de los empleados de la Rama Ejecutiva del orden
nacional y no el señalado para el personal civil no uniformado del Ministerio
de Defensa.
Al respecto, en primer lugar se destaca que tal pedimento no tiene respaldo
fáctico puntualmente para el período solicitado en la demanda desde el año
2007 hasta el 30 de septiembre de 2009, toda vez que no sería posible
reliquidar el salario devengado por la libelista como profesional
especializado, código 2028, grado 12, (que según las pruebas era el empleo
para el que esta fue nombrada durante dicho lapso), ello con base en la
remuneración de la plaza de servidor misional en sanidad militar, código 2-2,
grado 12 y 14, la cual se resalta que solo comenzó a ejercer desde el 1.° de
octubre de 2009 conforme a lo demostrado en la actuación. Asumir tal
planteamiento sería tanto como predicar una nivelación salarial, que al
mismo tiempo implica la acreditación por parte de quien la alega de una
vulneración al principio de igualdad en materia laboral, basada en un
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tratamiento discriminatorio ante una situación concreta equiparable en
materia de funciones, condiciones, requisitos y características concretada en
la existencia de dos empleos similares en tales aspectos, pero con
remuneración diferente.
Ahora, desde el 1.° de octubre de 2009 en adelante, efectivamente la señora
Arévalo Calixto ha ejercido el empleo de servidora misional que se encuentra
ubicado en un nivel jerárquico asesor según el artículo 11 del Decreto Ley
092 de 2007. Sin embargo, tal circunstancia no conlleva la prosperidad del
argumento impugnativo de la recurrente al sostener que bajo aquel entendido
el salario que le corresponde es el previsto para dicho orden funcional en la
normativa que regula los empleos de la Rama Ejecutiva del orden nacional.
Sobre el punto, basta con reiterar que en razón de la incorporación de la
libelista en el referido cargo derivado de la reestructuración de la planta de
personal del Ministerio de Defensa, para aquella se generó una nueva
situación laboral que enervó la posibilidad de continuar sometida al régimen
salarial de los funcionarios de la Rama Ejecutiva, tal como se precisó en la
sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019. Por tal motivo, lo
atinente a su remuneración pasó a regirse conforme a la normativa que se
expidiera específicamente para los servidores civiles no uniformados de la
aludida entidad.
Lo propio aconteció y se demostró en el cuadro comparativo elaborado
previamente, en el que se vislumbra sin hesitación que, desde el 1.° de
octubre de 2009 en adelante, el salario que la demandante percibió era
exactamente igual al que se fijó en los decretos realmente aplicables para el
nivel asesor del sector defensa y para el grado del empleo en el cual esta fue
nombrada.
De otro lado, si bien de acuerdo con el ejercicio de comparación aludido,
efectivamente se advierte una diferencia sustancial entre los valores de la
asignación básica de un empleo del nivel asesor en grados 12 y 14 de la
Rama Ejecutiva del orden nacional, contrastados con los montos pagados
por ese mismo concepto a la señora Martha María Arévalo Calixto, ello se
justifica en la razón previamente esgrimida. No obstante, si el fundamento de
la parte activa para solicitar el reajuste de su remuneración es el hecho de
que ejerció un cargo con funciones de asesor y que por lo tanto deben ser
equiparadas sus condiciones económicas a las de su par en la aludida planta
de personal, se arribaría a la misma conclusión de improcedencia que se
expuso con antelación frente a tal pedimento para el período de 2007 al 1.°
de octubre de 2009, esto es, que en esencia, lo que se busca es una
nivelación salarial y no una reliquidación por mandato expreso legal o
reglamentario.
Este mismo postulado fue advertido por la Sección Segunda de esta
corporación en la referida sentencia de unificación del 12 de diciembre de
2019, puesto que en el análisis concreto del caso analizado en dicha
oportunidad (el cual comparte idénticos supuestos fácticos y jurídicos a los
del asunto de marras), se aseguró lo siguiente: «Contrario a lo afirmado en la
demanda, no es viable el pago de la asignación básica de la actora con la
remuneración fijada en los decretos salariales de la Rama Ejecutiva del nivel
nacional para el empleo de asesor grado 14, porque tal como se indicó en el acto
acusado, si bien, cambiaron la denominación, el código y el grado del cargo de la
accionante, lo cierto es que mantuvo su sueldo, “por lo tanto, no se puede aplicar el
código y el grado del sector defensa para equipararlo con el código y el grado del
Decreto de la Rama Ejecutiva del orden nacional, porque se estaría frente a una
nivelación salarial no establecida legalmente”.». (Cursiva del texto original).
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Según la referida intelección, la Sala reitera que en el sub examine no es
posible verificar una eventual equiparación salarial como la reclamada,
habida cuenta de que en la demanda no se formularon postulados fácticos y
jurídicos ni se aportaron medios de prueba en clave de parangón, para
evidenciar una alegada desigualdad remunerativa en detrimento de los
intereses de la libelista, bajo el presupuesto esgrimido por esta, atinente a
que desempeñó el cargo como asesor en iguales condiciones a las de su
equivalente nominal en la Rama Ejecutiva según el Manual General de
Funciones de Empleados Públicos de 2010.
De hecho, contrario a lo anterior, al analizar las actividades y cargas
consagradas en el referido manual desarrollado en la Resolución 0598 del 14
de mayo de 2010 traída a colación por la libelista en el hecho segundo de la
demanda (folio 133 anverso y reverso), y al mismo tiempo, al cotejar tales
elementos con la esencia del nivel funcional de asesor de la Rama Ejecutiva
del orden nacional de acuerdo con el artículo 4.° del Decreto 770 de 2005 11,
no se presenta una teleología común entre ambos extremos, habida cuenta
de que el cargo ocupado por la libelista en la Dirección General de Sanidad
Militar, implica la ejecución de acciones asistenciales y de atención en salud,
pero no contempla obligaciones relacionadas con asesoría o consejería a
funcionarios directivos de la entidad.
Por esta razón, en todo caso y sin perjuicio de lo planteado con anterioridad,
sería inviable sostener que se configura en el presente asunto una
discriminación salarial injustificada en razón del nivel jerárquico ocupado por
la demandante que eventualmente permitiera acceder a sus pretensiones. Lo
propio ya ha sido analizado por esta Subsección en sentencia del 25 de
febrero de 202112 donde se precisó la improcedencia de aquel argumento de
la parte activa al resolver un proceso similar al sub iudice, en el cual se indicó
lo siguiente:
«[…] Por último, la parte apelante manifiesta que los cargos del nivel asesor del
Ministerio de Defensa y del nivel asesor de la rama ejecutiva del orden nacional
son equivalentes, toda vez que cumplen similares funciones de aconsejar y
asesorar a la entidad. Adujo que ello es evidente al comparar el contenido de los
Decretos 770 de 2005 y 092 de 2007 y la Resolución 0598 de 2010 que fijan sus
funciones. Con este argumento solicita aplicación del régimen salarial de los
empleados de la rama ejecutiva del orden nacional.
Al respecto, la Sala debe precisar que el análisis que solicita la demandante en
nada varía su situación laboral, dado que su vinculación a la Dirección General
de Sanidad Militar como «servidor misional» se produjo con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 1033 de 2006 y los Decretos 91 y 92 de 2007 y
4783 de 2008, y, en tal medida, su situación salarial se reguló desde un principio
por la escala de asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los
empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
De igual manera, comparadas las funciones de los cargos se puede concluir que
son distintas. Así, el artículo 4.° del Decreto 770 de 2005 indica que el nivel
asesor de la rama ejecutiva nacional «agrupa los empleos cuyas funciones
consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos
de la alta dirección de la rama ejecutiva del orden nacional».
11 «[…] ARTÍCULO 4º. Naturaleza general de las funciones. A los empleos agrupados en
los niveles jerárquicos de que trata el artículo anterior, les corresponden las siguientes
funciones generales: […] 4.2 Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten
en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección
de la rama ejecutiva del orden nacional. […]». (Negrilla conforme a la transcripción).
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A. Sentencia del 25 de febrero de 2021. Radicado: 25000-23-42-000-2016-05941-01(5623-
18).
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Entretanto, la Resolución 0598 de 14 de mayo de 2010, respecto del empleo de
servidor misional de sanidad militar, código 2-2, grado 14, señaló que las
funciones específicas relacionadas con el cargo están encaminadas a la
prestación del servicio de salud. […]».
Con base en lo desarrollado hasta este punto, se hace palmaria la sujeción
de legalidad del acto administrativo demandado que negó la reliquidación de
la asignación básica devengada por la señora Arévalo Calixto, quien
solicitaba la aplicación del régimen salarial de los empleados de la Rama
Ejecutiva del orden nacional conforme al artículo 3.°, numeral 6.° del Decreto
3062 de 1997. Por ello, es necesario confirmar el fallo apelado que denegó
las pretensiones de la parte activa.
En conclusión: la demandante no tiene derecho al reajuste de su
asignación básica desde el año 2007 de acuerdo con el el artículo 3.°,
numeral 6.° del Decreto 3062 de 1997, es decir, bajo el régimen salarial
previsto por el Gobierno Nacional para la Rama Ejecutiva del Poder Público
del orden nacional, habida cuenta de que según la sentencia de unificación
del 12 de diciembre de 2019 proferida por la Sección Segunda de esta
Corporación para el desarrollo interpretativo de casos como el particular, la
normativa referida solo aplicaba hasta el 30 de septiembre de 2009, tal como
se evidencia que ocurrió al haberse pagado el salario correspondiente a tal
precepto durante dicho lapso.
Ahora, desde el 1.° de octubre de 2009, aquella fue incorporada en la nueva
planta de personal civil de la entidad demandada, por lo que se encontraba
sometida al régimen salarial que se expidiera para tales servidores en
particular, sin que se reporte un detrimento en la remuneración que devenga
desde el 2007 hasta el 2018 como fue deprecado, y sin que por el nivel
asesor del cargo que ocupa como servidor misional de sanidad militar,
código 2-2, grado 12 y 14 respectivamente, este pueda asimilarse
salarialmente a un empleo de igual jerarquía en la Rama Ejecutiva del orden
nacional, al no preverse ni configurarse una nivelación en tal sentido.
Segundo problema jurídico
¿Procedía la condena en costas de primera instancia impuesta a la
demandante?
Frente a este interrogante la Subsección tendrá la tesis de que: sí resultaba
procedente la aludida condena en primera instancia en contra de la libelista,
tal como se sustenta a continuación, tal como se sustenta a continuación:
De la condena en costas
Al respecto esta Subsección13 sentó posición en vigencia del CPACA, en
aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de condena en costas por lo siguiente:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo»
–CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
13Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Demandante:
María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero
Bardi.
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c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la
mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea
la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP14, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto,
con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público15.
Así mismo, de la lectura del artículo 365 del Código General del Proceso, se
observa que varias de las situaciones por las que se impone el pago de las
costas del proceso, están relacionadas con el hecho de que una de las
partes resultó vencida en el juicio, sin que para tal efecto se indique que
adicionalmente debe verificarse mala fe o temeridad.
En el caso de marras, el a quo condenó en costas a la demandante, por
considerar que fue vencida en el proceso a la luz de lo preceptuado en el
CPACA y en el CGP, en virtud a que se denegaron las pretensiones (folio
211).
Al respecto, resulta claro que contrario a lo aludido por la libelista las costas
sí se causaron, dado que en primera instancia se negaron las pretensiones
encaminadas al reajuste de la asignación básica de conformidad con lo
previsto en el artículo 3.°, numeral 6.° del Decreto 3062 de 1997, aunado a
ello, la entidad demandada debió concurrir a una defensa a través de
apoderado, para contestar la demanda, asistir a las audiencias del proceso y
presentar alegatos, aspectos que, bajo el criterio objetivo valorativo
enunciado, hacen necesaria la condena en costas en su contra, por cuanto
dicho supuesto se enmarca en el previsto por el artículo 365, numeral 1.° del
CGP, esto es, incurrió en gastos en la defensa técnica asignada para este
asunto.
En conclusión: sí resultaba procedente la condena en costas en primera
instancia en contra de la señora Martha María Arévalo Calixto, en tanto
resultó vencida en el presente proceso, y la entidad demandada tuvo que
14 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de
manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única
instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o
notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas: […]»
15 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].»
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acudir a la defensa técnica durante el curso del proceso, lo cual se ajusta al
criterio objetivo valorativo requerido para su imposición, luego de verificar
que tal circunstancia se encuentra prevista en el artículo 365, numeral 1.° del
CGP.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia proferida el 19 de
noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, habida cuenta de que no prosperaron los
argumentos del recurso de apelación de la parte demandante.
De la condena en costas en segunda instancia
De conformidad con lo señalado en el acápite anterior, bajo ese hilo
argumentativo en el presente caso se condenará en costas a la demandante
en esta instancia, porque resultó vencida dado que se confirmará en su
totalidad la sentencia proferida por el a quo y se observó la actividad
desplegada por la entidad demandada por cuanto presentó alegatos de
conclusión en sede de apelación, ello de acuerdo a los numerales 1.° y 8.°
del artículo 365 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D
que denegó las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la
señora Martha María Arévalo Calixto contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Dirección General de Sanidad Militar.
Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la demandante y a
favor de la entidad demandada. Las cuales se liquidarán por el tribunal de
origen según el artículo 366 del Código General del Proceso.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en la plataforma SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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