Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02064-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02064-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-02064-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02064-01 (3752-2022)1
Demandante: César Ernesto Forigua Quicasan
Demandado: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM).
Tema: relación laboral encubierta. Subtema 1: auditor asistente. Subtema 2: la parte
actora no cumplió con la carga de la prueba para acreditar los elementos de la relación
laboral.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 25
de agosto de 2021, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El accionante quien celebró contratos de prestación de servicios como auditor del
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), solicita la
nulidad del oficio que negó el reconocimiento de la relación laboral. El Tribunal negó
las pretensiones de la demanda al considerar que no acreditó el elemento de
subordinación, toda vez que no estaba sometido a la constante vigilancia de la entidad
y podía ausentarse de sus labores sin ser amonestado. El actor interpuso recurso de
apelación para reiterar que sí existió una relación laboral.
1 Expediente electrónico.
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02064-01 (3752-2022)
Demandante: César Ernesto Forigua Quicasan
Demandado: Ideam
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. César Ernesto Forigua Quicasan, mediante apoderado judicial, presentó
demanda el 10 de septiembre de 2018, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM), con las siguientes pretensiones:
2. Declarar la nulidad del oficio 2018020000841 del 2 de abril de 2018, expedido
por el IDEAM que negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, con
ocasión de los contratos de prestación de servicios 040 del 30 de enero de 2015, 063
del 19 de febrero de 2016 y 023 del 17 de enero de 2017.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene el pago de todas
las prestaciones sociales, laborales y cotizaciones a seguridad social durante el
vínculo laboral que transcurrió del 30 de enero de 2015 al 15 de diciembre de 2017; el
pago de la indemnización moratoria por el incumplimiento en la consignación de las
cesantías y por la terminación sin justa causa del contrato. Además, pidió que las
sumas adeudadas sean actualizadas y que se condene en costas a la entidad
demandada2.
2.1.1. Hechos
4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
5. César Ernesto Forigua Quicasan celebró los contratos de prestación de
servicios 040 del 30 de enero de 2015, 063 del 19 de febrero de 2016 y 023 del 17 de
enero de 2017 con el IDEAM para realizar auditorías de acreditación a los laboratorios
ambientales en agua, suelo, lodos, residuos peligrosos y aire.
6. El actor siempre laboró como auditor asistente, obedeció órdenes del evaluador
líder y de la coordinación del grupo de acreditación, acorde con el plan de trabajo que
le imponía el IDEAM, a través de los supervisores.
7. El 6 de marzo de 2018 solicitó ante el IDEAM el reconocimiento y pago de las
acreencias laborales adeudadas. La entidad mediante el oficio demandado negó todas
las peticiones con fundamento en que las actividades no podían realizarse con el
personal de planta.
2 Samai, índice 2, expediente digital, enlace one drive, ED_CORREORADI_RV250002342000(.msg) NroActua 2,
demanda, doc. 02.
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Demandante: César Ernesto Forigua Quicasan
Demandado: Ideam
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
8. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 53 y 125.
Del Decreto 1374 de 2010, el artículo 14.
De la Ley 334 de 1996, el artículo 13.
De la Ley 99 de 1993, el artículo 17.
Del Decreto 1277 de 1994, los artículos 1° y 15.
Del Decreto 1600 de 1994, el artículo 5.
De la Ley 50 de 1990, los artículos 98 y 99.
Del Decreto 1042 de 1978, el artículo 58.
Del Decreto 3135 de 1968, el artículo 5.
Del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 247.
Del Decreto 3148 de 1968, el artículo 1°.
Del Decreto 3135 de 1968, el artículo 8.
9. Al explicar el concepto de violación, la parte actora expuso que durante toda la
vinculación contractual se configuraron los elementos propios de una relación laboral,
a saber, la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación, por lo
cual la vinculación no se habría ejecutado como una simple prestación de servicios,
sino como una verdadera relación laboral. En esa línea, sostuvo que el IDEAM, en el
marco de su función de acreditación de laboratorios, requiere de manera permanente
en su planta de personal los cargos de auditor líder y auditor asistente, funciones que
se enmarcan en la actividad misional y no pueden suplirse mediante contratos por
prestación de servicios.
10. En criterio del accionante, el IDEAM ocultó la verdadera naturaleza del vínculo,
pues las actividades desarrolladas eran idénticas a las asignadas a los funcionarios de
planta de la Subdirección de Estudios Ambientales – Grupo de Acreditación.
11. Por otra parte, el señor Forigua Quicasan contaba con usuario y clave en el
sistema institucional de información y documentación ORFEO, a través del cual se le
asignaban tareas como la elaboración de informes de auditoría, la proyección de
cotizaciones a laboratorios solicitantes, la preparación de la parte técnica de actos
administrativos y la emisión de respuestas técnicas dentro del proceso de acreditación.
12. De igual forma, disponía de usuario y clave de correo institucional (ZIMBRA),
mediante el cual recibía la programación de los laboratorios a visitar. También afirmó
que tenía el deber de asistir a juntas y reuniones de trabajo, proyectar respuestas a
requerimientos y cumplir los horarios fijados por su superior, incluso ajustándose al
horario del laboratorio auditado.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-02064-01 (3752-2022)
Demandante: César Ernesto Forigua Quicasan
Demandado: Ideam
2.2. Contestación de la demanda
13. El IDEAM se opuso a las pretensiones de la demanda porque conforme los
estudios previos del contrato, en la planta de personal no existían los empleados
disponibles para ejecutar algunas actividades requeridas por el Grupo de
Acreditaciones, razón por la cual se decidió desarrollarlas mediante contratos de
prestación de servicios.
14. Indicó que dicha modalidad se adoptó para permitir el funcionamiento y el
desarrollo de las actividades institucionales, al no poder adelantarse con personal de
planta, en los términos del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, según el
cual estos contratos proceden cuando las actividades no pueden realizarse con
personal de planta o demandan conocimientos especializados.
15. Asimismo, la entidad afirmó que el demandante no fue contratado de forma
consecutiva, ya que entre los contratos existieron lapsos de interrupción (superiores a
un mes entre 2015 y 2016, y de 17 días entre 2016 y 2017), lo que, a su juicio,
evidenció que la contratación no fue permanente, sino por el término estrictamente
indispensable, y que durante los periodos intermedios el contratista permaneció al
margen de cualquier relación con la entidad, sin coordinación ni obligaciones
contractuales.
16. En cuanto a los indicios de subordinación, el IDEAM señaló que el propósito del
Código de Ética es promover una cultura ética e implementar reglas de conducta
aplicables a los auditores del Grupo de Acreditación, con independencia de si son
funcionarios o contratistas, por lo cual su observancia no acreditaría una relación
laboral. Agregó que, en el caso del demandante, los hechos no demostraban que se
le hubieran impartido órdenes sobre modo, tiempo o cantidad de trabajo, ni que
existiera permanencia de la labor o sujeción propia de un vínculo laboral encubierto,
como se afirma en la demanda.
17. De igual forma, expresó que el señor César Ernesto Forigua sí tenía un correo
institucional, pero explicó que dicha herramienta se proporcionó únicamente para
facilitar la ejecución del contrato y la comunicación necesaria para su adecuado
cumplimiento, sin que ello pueda entenderse como subordinación. Afirmó, además,
que durante la ejecución de los tres contratos no se le exigieron labores ajenas al
objeto contratado ni se le impuso asistencia obligatoria a reuniones o actividades sin
relación directa con la prestación del servicio.
18. En esa misma línea, sostuvo que la contraprestación pagada no constituía
salario, y reiteró que no existen documentos que evidencien llamados de atención por
incumplimiento de órdenes u horarios, ni instrucciones que desdibujen la autonomía
del contratista; por el contrario, indicó que este actuó de manera autónoma e
independiente, sin sujeción a horarios y con libertad en tiempo, modo y lugar, incluso
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Demandado: Ideam
con posibilidad de concertar la disponibilidad y realizar observaciones sobre la
programación de las visitas. En este sentido, destacó que la entrega periódica de
informes, el diligenciamiento de formatos o el apoyo técnico en documentos no
implican sujeción laboral3.
2.3. Sentencia de primera instancia
19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia del 25 de agosto de 2021, negó las pretensiones de la demanda y
no condenó en costas.
20. Como fundamento de la decisión, el Tribunal consideró acreditado que el
demandante ejecutaba la mayor parte de sus labores por fuera del IDEAM,
principalmente en los laboratorios objeto de evaluación, y que, al no permanecer en la
entidad, no estaba sometido a vigilancia constante del supervisor. Señaló, además,
que no contaba con un puesto fijo y que podía trabajar desde su casa, alimentando el
sistema documental de la entidad.
21. Indicó que dado que las auditorías se realizaban en las instalaciones de los
laboratorios, era natural que el demandante se ajustara a la jornada de esos centros,
por lo cual no se probó que el IDEAM impusiera un horario a los contratistas, sino que
este dependía de los laboratorios.
22. Agregó que el contratista podía excusarse o informar con antelación
circunstancias que afectaran la programación de visitas —como se evidenció en un
correo en el que solicitó tener en cuenta sus citas médicas—, sin que ello implicara
sometimiento estricto; también resaltó que podía ausentarse sin ser amonestado y
que, según los testimonios, los honorarios se pagaban completos.
23. Por otra parte, sostuvo que la exigencia de informes y el seguimiento por parte
de la coordinadora no acreditaban subordinación, pues eran controles propios de la
actividad de acreditación y soportes necesarios para el cobro de honorarios.
24. En este sentido, añadió que la auditoría se desarrollaba con margen de
autonomía, en tanto el auditor líder y el asistente fijaban su propio cronograma y
distribuían el trabajo. Así entonces, concluyó que los testimonios, por sí solos, no
bastaban para demostrar una relación laboral y que se requerían pruebas
documentales típicas de subordinación (órdenes sobre la ejecución, llamados de
atención, memorandos, permisos y fijación de horario, entre otras).
3 Samai, índice 2, expediente digital, enlace one drive, ED_CORREORADI_RV250002342000(.msg) NroActua 2,
doc. 05, págs. 1 a 27.
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Demandado: Ideam
25. No condenó en costas a la parte actora, al considerar que no está acreditada la
causación4.
2.4. Recurso de apelación de la parte actora
26. El accionante solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y que, en su
lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. En este sentido sostuvo que,
conforme el interrogatorio de parte y los testimonios, se acreditó que el actor laboraba
de forma permanente y continua, de lunes a viernes e incluso sábados y domingos,
debido a la elevada carga de trabajo que implicaban sus funciones como auditor
evaluador del IDEAM.
27. En esa línea, afirmó que era lógico que no pudiera presentarse diariamente a la
entidad en un horario regular, pues una parte sustancial de sus tareas se cumplía fuera
de Bogotá, en auditorías in situ, lo cual le exigía iniciar jornadas más temprano y
concluirlas más tarde, especialmente por los desplazamientos y el cumplimiento del
horario de los laboratorios visitados.
28. El apelante señaló que las declaraciones coincidieron en que las visitas debían
efectuarse dentro del horario de funcionamiento de los laboratorios, por lo general de
lunes a sábado de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Agregó que, cuando no se encontraba en
evaluación en cada laboratorio, el demandante debía presentarse a la entidad para
elaborar informes, realizar labores de revisión y, además proyectar resoluciones.
29. Por ello, controvirtió la conclusión del Tribunal según la cual el hecho de que el
demandante no permaneciera a diario en las instalaciones del IDEAM desvirtuaba la
continuidad o permanencia del servicio, dado que la naturaleza misma de la actividad
de acreditación, le exigía a los auditores los desplazamientos y visitas presenciales.
30. En ese contexto, el apelante alegó que el fallo apelado erró al exigir la presencia
diaria del actor en la entidad, pues las auditorías se ejecutan necesariamente en los
laboratorios y, cuando no se realizaban visitas, los contratistas debían asistir a la
entidad o adelantar trabajo remoto para cumplir las tareas asignadas.
31. Por otra parte, cuestionó la tarifa legal aplicada en primera instancia, al estimar
que el juez condicionó indebidamente el valor de la prueba testimonial a la existencia
de pruebas documentales como llamados de atención o planillas, como si la prueba
testimonial careciera de validez. Afirmó que ambos medios probatorios tienen entidad
autónoma, por lo que resultaba improcedente exigir la prueba documental para
convalidar lo declarado por los testigos.
4 Samai, índice 2, expediente digital, enlace one drive, ED_CORREORADI_RV250002342000(.msg) NroActua 2,
doc. 17.
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Demandante: César Ernesto Forigua Quicasan
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32. Respecto de la supuesta autonomía atribuida al actor por la forma en que se
comunicaba por correo para ausentarse del lugar de trabajo, el apelante pidió valorar
tales comunicaciones bajo las reglas de la sana crítica, advirtiendo que los estilos
comunicativos actuales pueden ser directos y amables sin que ello excluya la
subordinación.
33. Recalcó que la prueba testimonial indicó que el demandante no podía faltar a las
labores programadas, que los permisos debían solicitarse con antelación y que, una
vez fijada la programación por el coordinador, el auditor no podía rehusarse a asistir;
por ello, si existiera verdadera independencia, no tendría sentido exigir solicitudes de
permiso con anticipación ante la necesidad de ausentarse.
34. El recurrente también hizo énfasis en que el IDEAM era consciente de la
necesidad de ampliar su planta para atender las actividades de acreditación y que
habría suplido esa insuficiencia mediante la celebración de contratos de prestación de
servicios.
35. Finalmente, el apelante invocó el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
para destacar que los contratos de prestación de servicios deben celebrarse por el
término estrictamente indispensable, y sostuvo que, según los testimonios, el IDEAM
ha requerido de manera permanente de profesionales para cumplir su función
acreditadora.
36. Concluyó que no existía prueba sobre una autonomía plena, pues el demandante
se sometía al cronograma de visitas, no podía objetar la programación, debía pedir
permisos para ausentarse y, además, desarrollaba actividades propias del personal de
planta, como la proyección de resoluciones, por lo cual, a su juicio, se configuraron los
elementos de una relación laboral, es decir, la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación5.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
37. El auto del 29 de septiembre de 2022 admitió el recurso de apelación, conforme al
numeral 3 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y al no existir pruebas para decretar,
prescindió del periodo de traslado a las partes para alegar de conclusión6.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
38.El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
5 Samai, índice 2, expediente digital, enlace one drive, ED_CORREORADI_RV250002342000(.msg) NroActua 2,
doc. 19.
6 Samai, índice 4.
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primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.
3.2. Problema jurídico
39. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda corresponde a la
Sala definir si:
40. ¿El accionante cumplió con la carga de la prueba de acreditar la prestación del
servicio de forma continua, así como la configuración de todos los elementos de la
relación laboral porque no está demostrada la autonomía en la prestación del servicio?
Igualmente, se analizará si el Tribunal aplicó una tarifa legal en la prueba, cuando
consideró que faltaban pruebas documentales para acreditar el elemento de
subordinación.
41. Para resolver los problemas jurídicos se abordarán los siguientes aspectos: i)
relación laboral encubierta; ii) coordinación, subordinación y carga de la prueba; iii)
hechos probados relevantes; y iv) caso concreto.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial
42.La jurisprudencia unificada de esta corporación7 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional
han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los elementos
esenciales propios de un vínculo laboral.
43. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.
44. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado público
a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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45. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo de Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado».
46. Dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la existencia de una
relación laboral encubierta, los cuales al ser valorados en conjunto bajo los principios
de la sana crítica, permiten al juez verificar la subordinación continuada y, en
consecuencia, declarar la relación laboral oculta detrás del ropaje formal del contrato
de prestación de servicios.
47. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación son
que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la entidad,
con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se materializa
en las órdenes sobre modo, tiempo y cantidad del trabajo, la participación en reuniones
obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos. También son elementos
indicativos de la subordinación que las actividades contratadas correspondan al objeto
misional de la entidad con funciones equivalentes a los empleados de planta de
personal.
48. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario»8.
49. Asimismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son formas
de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación con el
contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de una
relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el desempeño
de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales actividades son
requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad»9.
50. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del contrato
8 Idem.
9 Idem.
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estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:
[…] Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.
88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».10
89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que
«En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».11
90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.12
91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.
51. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación del 9
de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir funciones permanentes de
la entidad, y que su objeto debe atender únicamente necesidades temporales,
contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos «no pueden suplirse, de
manera definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades, pues su
ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y reglamentarias». De tal suerte,
cuando se acredite que el contratista cumplió de forma subordinada funciones
misionales, permanentes y propias del personal de planta, debe reconocerse la
10 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo
externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado
necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
11 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la
práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el
principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154
de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que
«las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del
contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, Rad.
IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
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Demandante: César Ernesto Forigua Quicasan
Demandado: Ideam
existencia de una relación laboral encubierta.
52. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el sentido de
precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o subyacentes:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera,
con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.
53. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como «una camisa de
fuerza» que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último, que
en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren dentro del
plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí indicado».
54. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si existen
interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles. Esta regla
de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:
i) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.
ii) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción en
casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el que
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más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más adecuado para
cumplir el fin de la jurisdicción-contenciosa.
iii) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En
la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente para «para
determinar si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro
anterior, puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe la
relación laboral encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales
interrupciones, superiores, incluso, a un mes».
55. Ahora bien, en qué casos se ha establecido que el término de interrupción entre
los contratos puede ser superior a 30 días hábiles. Al respecto, la Sección Segunda,
Subsección B, en sentencia del 13 de junio de 202513, frente a un instructor del SENA,
determinó que no existió solución de continuidad en una interrupción de 34 días, con
fundamento en que coincidió con el tiempo vacacional de los aprendices.
3.3.2. Coordinación, subordinación y carga de la prueba
56. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no debe
recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que se puedan
fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o vigilancia,
siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal coordinación
en la subordinación propia del contrato de trabajo»14.
57. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202115, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede
ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de
sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados16».
58. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que implica
órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder disciplinario.
La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una relación laboral
encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas que desarrollan
los empleados de planta.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-33-000-2019-02300-01
(5263-2024), M.P Jorge Édison Portocarrero Banguera.
14 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, Rad.
IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
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59. La jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar la
subordinación: (i) uso de instalaciones de la entidad; (ii) cumplimiento de horarios
rígidos; (iii) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (iv) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración se
traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:
«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad
para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de
una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima
necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada
caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada
de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y,
por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente
requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la
existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de
la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi,17 la dirección y control efectivo de las actividades del
contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o
no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante
es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera
que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó
a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que
exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el
contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
17 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y
55.
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demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en las
que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó la
facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia.
Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de sus
servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de la entidad».
3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de subordinación
60. Cuando se trata del elemento de subordinación que el contratista debe demostrar
para que proceda la declaratoria de la relación laboral la jurisprudencia ha expuesto
una serie de indicios que prueban la subordinación oculta tras un contrato de
prestación de servicios.
61. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los supuestos
de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad judicial, por ello, ese
interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que las pruebas se practiquen
o se aporten»18, y materializa la regla procesal regulada en el artículo 167 del Código
General del Proceso consistente en que «incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Esta
norma se lee en consonancia con el artículo 164 idem que regula el principio de
necesidad de la prueba al indicar que «toda decisión judicial debe fundarse en las
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso».
62. Es importante señalar que cuando se trata de la declaratoria de la existencia de
una relación laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del
servicio, la remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en
sede de unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a demostrar la subordinación, previamente expuestos.
63. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»19, de modo
que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia debe
estar debidamente probado (art. 240 CGP) «requisito central para que a partir del
mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»20.
64. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los indicios
en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y
su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo cual remite a la
obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las reglas de la sana crítica
(art. 176 CGP).
18 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
19 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
20 Idem.
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65. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.
66. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral, se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede distribuir
la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier momento antes
de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, […], o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares».
3.4. Hechos probados relevantes
67. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se muestra
a continuación:
68. El señor César Ernesto Forigua Quicasan celebró con el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales los siguientes contratos de prestación de
servicios:
Contrato Duración Objeto
040-201521 10 meses y 28 Prestar los servicios profesionales en el grupo de acreditación de
días, sin superar laboratorios ambientales, realizando auditorías de acreditación
el 31 de inicial y/o renovación de acreditación y/o seguimiento de
diciembre de acreditación y/o verificación de acciones correctivas a los
2015, contados laboratorios ambientales en agua, suelo, lodos, residuos
desde la peligrosos, aire, y adelantar aquellas actuaciones que se generen
suscripción del con ocasión del proceso de acreditación y/o autorización de
acta de inicio laboratorios ambientales.
063-201622 10 meses y 12 Prestar los servicios profesionales como evaluador asistente
días, sin exceder definido según la Resolución 268 de 2015, para la ejecución,
el 31 de seguimiento y apoyo a las evaluaciones de laboratorios con fines
diciembre de de acreditación.
2016.
023-201723 10 meses y 29 Prestar los servicios profesionales como evaluador asistente,
días, sin que definido según la Resolución 268 de 2015, para ejecución,
pueda exceder seguimiento, y apoyo a las evaluaciones de laboratorios, con fines
el 15 de de acreditación.
diciembre de
2017.
21 Samai, índice 2, expediente digital, enlace one drive, ED_CORREORADI_RV250002342000(.msg) NroActua 2,
págs. 16 a 33.
22 Idem, págs. 34 a 42.
23 Idem, págs. 43 a 50.
15
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69. El contrato de prestación de servicios 040-2015, en la justificación de la
contratación expresó que los cargos de planta eran insuficientes para cumplir con la
función del Grupo de Acreditación, y que pese a que el IDEAM solicitó la ampliación
de la planta de personal, el Ministerio de Hacienda negó lo pedido. En efecto, el
contrato indica:
18. Por otra parte, en virtud de la Función de Advertencia expedida por la Contraloría
General de la República el 26 de marzo de 2012, referente al uso de los contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar actividades
de carácter permanente y con la cual determinó el ajuste de los gastos de funcionamiento
de la entidad tendientes a la creación de plantas de personal para ejecutar dichas
actuaciones; el IDEAM, inició los trámites para el fortalecimiento de su planta de personal,
respecto de 37 cargos adicionales a los aprobados para la convocatoria N° 318 de 2014,
sin embargo el Ministerio de Hacienda mediante memorando 2-214038453 del 9 de
octubre de 2014, negó la ampliación de la misma.
[…]
para atender las actividades específicas y necesarias para el funcionamiento del IDEAM,
se encuentra justificada la suscripción de contratos de prestación de servicios para apoyar
al Grupo de Acreditación del IDEAM, máxime si se tiene en cuenta que la planta de
personal de dicha dependencia no cuenta con personal para adelantar auditorías a
laboratorios. 22. Por lo expuesto, se puede concluir que las necesidades del Grupo de
Acreditación, no pueden ser suplidas por el personal de planta y que el mismo no será
reforzado en desarrollo de la Convocatoria N° 319 de 2014, motivo por el cual se hace
necesario suscribir contratos de prestación de servicios para garantizar el cumplimiento
de las funciones asignadas al Grupo de Acreditación.
70. Ahora bien, en los contratos se pactaron las siguientes obligaciones como auditor
asistente:
1) Cumplir como evaluador asistente desde el inicio, preparación, realización, informe,
finalización y seguimiento de la auditoría.
2) Informar oportunamente a la coordinación del Grupo de Acreditación, la existencia de
algún conflicto de interés con un organismo de evaluación de la conformidad (OEC), con
el fin de evitar participar en cualquier actividad o trámite relacionado con el proceso de
acreditación y/o autorización de ese OEC.
3) Preparar los documentos de trabajo (formatos y registros) de las visitas de evaluación
asignadas.
4) Actuar como evaluador asistente en las reuniones durante las visitas de evaluación
asignadas.
5) De acuerdo con las instrucciones de la coordinación del Grupo de Acreditación, actuar
como evaluador asistente en el desarrollo de la auditoría, y trabajar con el equipo
evaluador en la realización de las actividades asignadas en el plan de evaluación de las
visitas asignadas.
6) Llevar a cabo las visitas de evaluación, en las cuales deberán asegurarse de diligenciar
los formatos correspondientes, los cuales deberán estar debidamente firmados por la
entidad evaluadora y el evaluado.
16
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7) Proyectar los informes de visita de evaluación asignados.
8) Participar en la elaboración, trámite y envío de los informes de plan de acciones
correctivas y seguimiento de acciones correctivas de las evaluaciones asignadas.
9) Elaborar, revisar y corregir los cuadros de seguimiento del proceso de acreditación
asignados.
10) Proyectar y corregir, desde el componente técnico, los actos administrativos
designados, con el fin de tomar las decisiones dentro del trámite de acreditación. Para ello
deberá verificar la coherencia de la información contenida en el archivo físico y en el
sistema de gestión documental de la Entidad.
11) Proyectar desde el punto de vista técnico respuestas a peticiones, quejas y reclamos
de los laboratorios, que se generen con ocasión del proceso de acreditación.
12) Brindar asesoría técnica al área administrativa del Grupo de Acreditación, para la
elaboración de cotizaciones, en lo referente a la estimación de tiempos y personal
necesario para adelantar las visitas de auditoría.
13) Proyectar desde el punto de vista técnico las respuestas a los entes de control frente
requerimientos que se generen con el proceso de acreditación.
14) Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión
Integrado de calidad del IDEAM.
15) Proyectar y entregar el informe de gestión contractual.
16) Cumplir con las leyes, decretos, resoluciones aplicables al procedimiento de
acreditación y las demás disposiciones que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
17) Participar en los comités técnicos y reuniones del Grupo de Acreditación que le sean
convocados.
18) Las demás que sean requeridas por la Coordinación del Grupo de Acreditación que
se enmarquen dentro del objeto contractual.
71. El accionante solicitó el 6 de marzo de 2018 ante el IDEAM el reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales causadas en los años 2015, 2016 y 2017, así como
el pago de la indemnización por despido sin justa causa y que las sumas adeudadas
sean indexadas, al estimar que existió un «verdadero contrato de trabajo», en tanto, el
actor tenía idénticas funciones a las asignadas a los empleados de planta de la
Subdirección de Estudios Ambientales – Grupo de Acreditación24.
72. En respuesta a la petición del 6 de marzo de 2018, el jefe de la Oficina Asesora
Jurídica del IDEAM, negó la reclamación con fundamento en que solamente los
servidores públicos de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción del
Instituto tienen derecho al pago de las prestaciones sociales, de modo que los
contratistas no son beneficiarios de aquellas25.
73. En la audiencia de pruebas del 4 de septiembre de 2020, el Tribunal practicó el
interrogatorio de parte del señor César Ernesto Forigua Quicasan y los testimonios de
los señores Oscar Eliver Giraldo Ruíz, Rigoberto Benavides Cediel, Luz Consuelo
Orjuela y Ana María Perdomo Calambas26. La audiencia de pruebas continuó el 2 de
24 Idem, págs. 78 a 92.
25 Idem, págs. 93 a 99.
26 Samai, índice 2, expediente digital, enlace one drive, ED_CORREORADI_RV250002342000(.msg) NroActua 2,
carpeta 11Audienciadepruebas.
17
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octubre de 2020 en la cual se practicó el testimonio del señor Néstor Alejandro Gómez
Guerrero27.
3.5. Caso concreto
74. En el asunto bajo análisis, el accionante celebró contratos de prestación de
servicios como auditor del IDEAM en los años 2015, 2016 y 2017, y solicita la nulidad
del oficio que negó la existencia de la relación laboral y el pago de las prestaciones
sociales.
75. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, puesto que el interesado no
cumplió con la carga de la prueba de acreditar el elemento de la subordinación, en
tanto, cumplió con el objeto contractual de forma autónoma, ya que no estaba sujeto
a control o vigilancia por parte de la entidad, por el contrario, solamente informaba que
debía ausentarse para cumplir compromisos médicos o académicos.
76. Inconforme con esta decisión, la parte accionante interpuso recurso de
apelación y reiteró que sí existió una relación subordinada con el IDEAM, pues el actor
no contaba con autonomía en la prestación del servicio como auditor. Sostuvo que,
por la naturaleza de las labores de auditoría, debía desplazarse y permanecer fuera
de las instalaciones de la entidad en Bogotá, sin que ello desvirtúe la subordinación.
Afirmó, además, que la prueba testimonial es suficiente para acreditarla; que,
adicionalmente, el actor debía elaborar informes y proyectar actos administrativos; y
que el IDEAM requería de manera permanente profesionales auditores para la
acreditación de los laboratorios.
77. Ahora bien, con el objeto de resolver el recurso de apelación se estudiarán los
elementos de la relación laboral y los reparos del recurrente.
• Elementos de la relación laboral
78. Como se señaló en el marco normativo y jurisprudencial, para que proceda la
declaratoria de existencia de una relación laboral encubierta, la parte demandante
debe acreditar que se materializaron tres elementos, conforme al artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo: (i) la prestación personal del servicio, (ii) la
subordinación continua y (iii) la remuneración como contraprestación del servicio.
79. Respecto a la prestación personal del servicio, se encuentra acreditada con
los contratos de prestación de servicios descritos en el acápite de hechos probados,
celebrados para prestar los servicios de auditor en el IDEAM.
27 Samai, índice 2, expediente digital, enlace one drive, ED_CORREORADI_RV250002342000(.msg) NroActua 2,
carpeta 14.Continuacionaudienciadepruebas.
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80. En lo que se refiere a la remuneración, igualmente en los contratos de
prestación de servicios celebrados entre el actor y el IDEAM, las partes acordaron el
pago de honorarios a favor del contratista.
81. En cuanto a la subordinación, la parte interesada debe demostrarla de manera
fehaciente. Esta se configura cuando el empleador ejerce poder de dirección, imparte
órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de la ejecución del trabajo, aplica reglamentos
internos y puede imponer sanciones por incumplimiento, características propias de una
relación laboral y ajenas a la naturaleza autónoma del contrato de prestación de
servicios.
82. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En tales
casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estipulado, sin que tales funciones puedan asumir
un carácter permanente ni implicar integración a la estructura organizacional de la
entidad.
83. Cabe destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula una
presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación de servicios
genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, esta presunción del
legislador admite prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos, o más técnicamente, indicios que permiten inferir la existencia
de una relación laboral subordinada encubierta.
84. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto, configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso.
85. Ahora bien, la Subsección destaca que las obligaciones pactadas en los
contratos de prestación de servicios como evaluador asistente refieren la participación
en la auditoría en todas sus fases; preparar los documentos de trabajo; actuar en las
reuniones de las visitas de evaluación; cumplir el objeto del contrato según las
instrucciones de la coordinación del Grupo de Acreditación; realizar las visitas de
evaluación; participar en los comités técnicos y reuniones del grupo; proyectar actos
administrativos, así como las respuestas a peticiones y quejas, y a los requerimientos
de los entes de control; realizar el informe de gestión contractual; e informar sobre la
existencia de conflictos de intereses.
86. Por otra parte, en la audiencia de pruebas se realizó el interrogatorio de parte
del señor César Ernesto Forigua Quicasan, quien manifestó que se desempeñó
como evaluador (auditor) asistente para el IDEAM y que su función principal consistía
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en ejecutar auditorías de acreditación, las cuales se realizaban en las instalaciones del
laboratorio objeto de evaluación, en cualquier lugar del país. Precisó que, por ello, la
mayor parte del tiempo desarrollaba sus actividades fuera de la sede de la entidad,
desplazándose al domicilio del laboratorio que le fuera asignado.
87. Señaló que acudía a las instalaciones del IDEAM en diversas ocasiones. Indicó
que existía una reunión periódica, usualmente mensual, convocada por la coordinación
del Grupo de Acreditación, en la que se impartían instrucciones sobre la forma de
adelantar las auditorías y a la cual debía asistir todo el grupo, salvo casos de fuerza
mayor o cuando se encontrara ejecutando una auditoría.
88. Añadió que también asistía a la entidad para consultar archivos físicos
relacionados con las evidencias del proceso de acreditación, cuando estos no se
encontraban digitalizados. Afirmó, además, que no contaban con puestos de trabajo
asignados en la sede, dado que la labor se realizaba normalmente por fuera de las
instalaciones, y que el resto de actividades se ejecutaban en modalidad de teletrabajo
desde su domicilio, pues tenían acceso al sistema Orfeo, donde reposaban los
documentos y evidencias del grupo.
89. En relación con la programación de auditorías, expuso que esta era informada
por la coordinación mediante correo electrónico, con una antelación aproximada de
uno a dos meses, aunque dicha anticipación podía variar. Sostuvo que, al efectuar las
visitas, debían ajustarse a los horarios de funcionamiento de cada laboratorio, razón
por la cual la jornada dependía del lugar auditado; por lo general, indicó, se
desarrollaba entre 8:00 a.m. y 5:30 p.m. o 6:00 p.m., e incluso podía iniciar hacia las
7:00 a. m., según el caso, debiendo permanecer durante toda la jornada en el
laboratorio asignado.
90. Sobre las situaciones en que un auditor no pudiera efectuar una visita
programada, afirmó que, en su caso, no se negó a realizar auditorías. Explicó que solo
solicitó ajuste de programación en una oportunidad, debido a una cirugía, circunstancia
que informó por correo electrónico al coordinador del Grupo de Acreditación de la
época, Luz Consuelo Orjuela, y que se le respetó el periodo correspondiente tanto para
el procedimiento como para la recuperación.
91. Indicó que no tuvo que reponer el tiempo por esa ausencia. Añadió que presentó
dos situaciones adicionales de afectación de salud durante auditorías: una, en el
laboratorio UNICONTROL, donde continuó la visita pese a una fuerte gripa, por la
imposibilidad de retirarse en medio de la auditoría, y al día siguiente fue reemplazado
por otro auditor disponible; y otra, en la Universidad de Antioquia (Medellín), en la que
20
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tuvo un malestar estomacal severo, sin posibilidad de relevo inmediato por razones
logísticas asociadas a la programación de viáticos y comisiones con antelación.
92. Respecto de eventuales restricciones para ejercer actividades afines, indicó que
en 2017 el coordinador del momento, a quien identificó como Néstor, les solicitó firmar
un Código de Ética, en el cual se establecía que no podían prestar asesorías ni
desarrollar actividades en temas afines a la acreditación, relacionadas con el objeto de
las auditorías, por potenciales conflictos de interés.
93. Igualmente, señaló que nunca se negó, verbal o por escrito, a atender
solicitudes o trámites por falta de tiempo, salvo el permiso gestionado por la cirugía.
Añadió que, hacia finales de 2017, tenía interés en modificar su vinculación para
ascender de evaluador asistente a un rol superior; sin embargo, al iniciar el año
siguiente, el coordinador le informó que no continuarían con su contratación por
razones presupuestales.
94. En cuanto a la dirección y control sobre sus actividades, sostuvo que quien tenía
capacidad de impartirle directrices era el coordinador del Grupo de Acreditación. Indicó
que, además de las auditorías, el grupo realizaba actividades como la proyección de
resoluciones de acreditación, las cuales no estaban expresamente previstas en el
objeto contractual, aunque se justificaban en cláusulas abiertas relativas a «las demás
actividades» vinculadas al objeto.
95. En último lugar, indicó que durante el tiempo que prestó servicios al IDEAM no
celebró otros contratos con entidades distintas y afirmó que, aun en los lapsos en que
estuvo incapacitado o ausente por motivos de salud, recibió el pago correspondiente.
96. Igualmente, se practicó el testimonio del señor Oscar Eliver Giraldo Ruiz quien
manifestó ser profesional en química pura y señaló que laboró en el IDEAM como
auditor líder entre 2013 y 2017. Indicó que conoció al señor César Forigua cuando este
ingresó en 2015 a trabajar en el grupo de acreditación, en el cual compartieron labores
durante aproximadamente tres años; precisó que el señor Forigua se desempeñaba
como auditor asistente.
97. Explicó que las funciones del grupo consistían en realizar auditorías a
laboratorios químicos ubicados en diferentes ciudades del país, conforme a una
programación previa elaborada por el coordinador de acreditación, quien definía la
auditoría a efectuar, los integrantes del equipo, el número de días requeridos y el lugar
de la visita. Añadió que dicha programación se comunicaba con uno o dos meses de
anticipación, y que, una vez asignados, debían desplazarse a la ciudad o laboratorio
correspondiente y cumplir, por regla general, un horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., que
coincidía con el horario habitual de los laboratorios.
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98. Sobre las tareas específicas del auditor asistente, afirmó que debía asistir a las
visitas, diligenciar los formatos correspondientes, radicar la información en la entidad
y reportar al auditor líder los hallazgos de la auditoría, para la elaboración del informe
final que se entregaba al laboratorio. Señaló que la necesidad del servicio era
frecuente y variable, pudiendo oscilar entre dos, tres o hasta cuatro auditorías al mes,
y que cada auditoría solía durar aproximadamente una semana (de lunes a viernes).
Agregó que la labor no se agotaba en las visitas presenciales, pues también implicaba
producir documentación y atender inquietudes de clientes externos, actividades que
podían extenderse entre semana e incluso los fines de semana, dependiendo de la
demanda de los laboratorios solicitantes, los cuales se ubicaban, en su mayoría, en
ciudades principales.
99. En relación con los viáticos, indicó que se liquidaban según tablas internas,
conforme a la programación y el número de días, y que eran pagados por el IDEAM,
consignándose previamente en la cuenta para facilitar el desplazamiento. Afirmó,
además, que el señor Forigua estaba sujeto a supervisión por parte del coordinador
del grupo, quien también asignaba tareas adicionales y controlaba el cumplimiento
mediante el sistema interno Orfeo, a través del cual se impartían instrucciones y se
efectuaban asignaciones.
100. Al ser interrogado sobre la existencia de personal de planta que realizara
funciones similares, respondió que sí, en tanto había al menos dos servidores de
planta vinculados al grupo, a saber, el coordinador de acreditación y un cargo de
auditor. Precisó que, cuando los auditores tenían visitas programadas, no asistían a
las instalaciones del IDEAM; y que, en las semanas sin auditoría, se les asignaban
tareas adicionales que podían desarrollar tanto en las oficinas de la entidad como en
el lugar donde se encontraran. Añadió que en la entidad no había suficientes puestos
de trabajo, por lo que no siempre contaban con computadores en las oficinas.
101. Frente a la pregunta sobre eventuales amonestaciones al accionante por no
permanecer en las instalaciones del IDEAM, señaló que no tiene conocimiento de que
hubiera sido amonestado por tal motivo. En cuanto a las órdenes concretas impartidas
por el supervisor, reiteró que se referían principalmente a la programación de visitas,
la programación de reuniones mensuales y las tareas asignadas por Orfeo; y que,
cuando un contratista no podía asistir, lo informaba directamente a la coordinación.
Indicó que la inasistencia a las reuniones mensuales no generaba una consecuencia
formal inmediata; sin embargo, sostuvo que era entendido que la no asistencia podía
incidir en la renovación contractual para el año siguiente.
102. Finalmente, mencionó la existencia de un Código de Ética elaborado por la
coordinación de acreditación y firmado por los auditores, relacionado con la
participación en visitas externas y eventuales conflictos de interés. También señaló que
los contratistas no tenían injerencia en la programación de las auditorías. Respecto de
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los cargos de planta equivalentes, indicó que no recordaba el nombre exacto del cargo,
pero sí que las funciones —que, según dijo, fueron objeto de concurso— incluían
expresamente la realización de auditorías a laboratorios.
103. En el proceso declaró el señor Rigoberto Benavides Cediel el cual sostuvo que
laboró en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
como auditor líder entre los años 2013 y 2017.
104. Señaló que las funciones del grupo consistían en realizar auditorías a
laboratorios químicos ubicados en diferentes ciudades del país, a los cuales eran
asignados conforme a una programación elaborada por el coordinador de acreditación.
Precisó que dicha programación se organizaba con uno o dos meses de antelación, e
incluía el número de personas que debían asistir a cada visita, así como el número de
días previstos para su ejecución.
105. Agregó que, una vez asignada la visita, el personal debía desplazarse a la
ciudad y al laboratorio correspondiente y cumplir un horario de trabajo de 8:00 a. m. a
5:00 p. m., el cual, según explicó, era el que generalmente manejaban la mayoría de
los laboratorios. En ese contexto, indicó que el auditor asistente estaba obligado a
acatar el horario de la auditoría y diligenciar los formatos previstos para la visita, los
cuales debían entregarse y radicarse en las instalaciones de la entidad. Finalmente,
refirió que el auditor asistente debía informar al auditor líder los hallazgos identificados,
con el fin de elaborar el informe final que se entregaba al laboratorio auditado.
106. Por su parte, la señora Ana María Perdomo Calambas expresó que ingresó al
IDEAM en 2014 mediante contrato de prestación de servicios. Inicialmente se vinculó
como evaluadora asistente y, posteriormente, en 2016, pasó a desempeñarse como
evaluadora líder, igualmente bajo la modalidad de prestación de servicios. Señaló que
no recuerda con precisión el año en que ingresó César Forigua, pero indicó que él
también se vinculó como contratista en el rol de evaluador asistente.
107. Frente al lugar de ejecución de las labores del grupo de auditores, explicó que
estas se desarrollaban principalmente en los laboratorios programados para
evaluación, los cuales podían estar ubicados en cualquier parte del país.
108. En cuanto a la exigencia de permanencia en las instalaciones del IDEAM, afirmó
que no le consta que a los auditores se les impusiera permanecer en la entidad y
precisó que, al menos en su caso, no se lo exigieron. Agregó que tampoco tuvo
conocimiento de amonestaciones por no asistir a la entidad.
109. Respecto de la programación de auditorías, indicó que cuando un auditor no
podía atender puntualmente una visita conforme al cronograma, debía informarlo por
correo electrónico, indicando las fechas en las que no podría asistir. En tal evento, se
retiraba al auditor de la programación y se designaba a otra persona con experiencia
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y perfil similar para suplir el reemplazo. Afirmó que no conoce casos en los que se
hubieran negado este tipo de reprogramaciones a contratistas.
110. Sobre la autonomía para coordinar el cronograma, sostuvo que no era plena,
pues toda programación estaba sujeta a revisión del supervisor del contrato, que en
este caso era el coordinador del Grupo de Acreditación. Añadió que las actividades
desarrolladas se ajustaban a lo previsto en el contrato y a las directrices del supervisor,
aclarando que existía un marco de control asociado a la supervisión contractual. En
relación con eventuales consecuencias por no atender una auditoría programada,
manifestó que, según su conocimiento, no existen consecuencias legales por no asistir.
111. Finalmente, sobre los horarios en las entidades auditadas, explicó que los
laboratorios suelen operar con jornadas aproximadas de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., razón
por la cual las auditorías deben realizarse dentro de ese rango. Indicó que, por lo
general, las visitas iniciaban hacia las 8:00 a.m., incluían una hora de almuerzo y
finalizaban alrededor de las 5:00 p.m. Asimismo, señaló que la programación de
auditorías debía hacerse, en principio, con un mes de anticipación por trámites
administrativos, aunque la solicitud de exclusión de la programación podía presentarse
con antelación o incluso poco antes de la auditoría.
112. La señora Luz Consuelo Orjuela declaró que fue empleada pública del IDEAM
por más de 20 años y que, en su condición de coordinadora del Grupo de Acreditación,
ejerció la supervisión de los contratistas vinculados para apoyar las labores de
acreditación de laboratorios.
113. Indicó que el núcleo principal de las actividades desarrolladas por dichos
contratistas consistía en realizar visitas de auditoría a los laboratorios. Explicó que se
conformaban equipos con auditores líderes y demás evaluadores, atendiendo a
criterios como habilidades, formación académica y destrezas, y que, con base en la
disponibilidad, se distribuían las variables objeto de evaluación. Precisó que se hacía
un cronograma, se adelantaba la evaluación de las variables sometidas a acreditación
y, posteriormente, los evaluadores elaboraban los informes respectivos. Añadió que,
luego de los informes, cada evaluador aportaba su concepto técnico para el proyecto
o borrador de la resolución de acreditación, en el que se determinaba si se confería o
no la acreditación al laboratorio, según las variables solicitadas.
114. En cuanto a la verificación del cumplimiento contractual, sostuvo que esta se
realizaba a partir de los informes mensuales presentados por los contratistas, así como
mediante la revisión del sistema de gestión documental Orfeo, en el cual quedaban
registrados los aportes, el nombre del responsable y las fechas de radicación de
cronogramas, informes u otros documentos. Explicó que el seguimiento se soportaba
tanto en el registro digital como en el informe que debía ser firmado por el contratista
y por la supervisión para tramitar las cuentas de cobro.
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115. Afirmó que no se exigía a los contratistas acreditar el cumplimiento de horarios
de trabajo, ni se les pedía reponer tiempo por haber atendido asuntos diferentes.
Igualmente, indicó que no se les amonestaba por no encontrarse en las instalaciones
de la entidad ni por asuntos asociados a horarios.
116. Sobre la elaboración del cronograma de visitas, explicó que se estructuraba, en
general, conforme al orden de llegada de los soportes de pago por acceso al servicio,
según las resoluciones aplicables del Instituto. Señaló que, si por conveniencia se
acordaba con el laboratorio modificar la fecha de visita, se dejaba constancia y, a partir
de allí, se ajustaba el cronograma.
117. Frente a la eventual indisponibilidad de un contratista para atender una
auditoría, indicó que se solicitaba al evaluador remitir un correo electrónico a la
persona encargada de apoyar la elaboración de los cronogramas, a fin de que fuera
reemplazado por otro evaluador con perfil idóneo. Añadió que se modificaba el
cronograma y, si este ya se había comunicado al laboratorio, se informaban los
cambios correspondientes.
118. Al ser interrogada específicamente sobre si a los contratistas —en particular, al
señor César Ernesto Forigua — les era posible negarse a ser programados sin
justificación, la testigo manifestó que no lo recuerda con precisión, pero que, de haber
ocurrido, lo usual era que mediara una comunicación por correo electrónico informando
la indisponibilidad. Igualmente, indicó que, dado que la mayor parte del trabajo se
ejecutaba fuera de la oficina o desde la casa, no era necesario exigir reposición de
tiempo y que no se descontaban días por inasistencia a las instalaciones, pues el
control se ejercía mediante la programación de visitas y el seguimiento a los productos
documentales cargados al sistema Orfeo.
119. Sostuvo que el cumplimiento se verificaba con base en los tiempos internos
asignados para la entrega de informes, revisión de evidencias y demás productos, y
mediante la trazabilidad del sistema de gestión documental, sin que resultara
determinante el lugar o momento exacto en que el contratista realizara dichas
actividades, en la medida en que se evidenciara el avance y entrega de los productos
exigidos contractualmente.
120. El señor Néstor Alejandro Gómez Guerrero expuso que llegó al IDEAM el 6
de diciembre de 2016, en virtud de nombramiento en período de prueba derivado del
concurso de méritos, y fue asignado al Grupo de Acreditación de Laboratorios de la
Subdirección de Estudios Ambientales. Indicó que en dicho grupo conoció al señor
César Forigua, quien, durante el tiempo en que ambos estuvieron vinculados
simultáneamente, prestó sus servicios aproximadamente por un año, pues laboró
durante 2017 y, para 2018, no le fue renovado su contrato de prestación de servicios
profesionales. Señaló que no recuerda con precisión desde cuándo el demandante
venía contratado con anterioridad.
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121. Explicó que el Grupo de Acreditación contaba con una planta reducida —
aproximadamente cuatro personas— y que se apoyaba en contratistas por prestación
de servicios que cumplían roles de evaluador líder y evaluador asistente, dentro de los
cuales se ubicaba el señor Forigua. Precisó que la misión del grupo consistía en
acreditar laboratorios ambientales, lo cual se materializaba mediante evaluaciones o
auditorías realizadas directamente en los laboratorios objeto de acreditación.
122. Relató que, al iniciar sus funciones, se apoyaba en una contratista para la
programación de las visitas. Señaló que, por regla general, las evaluaciones se
realizaban con la participación de un evaluador líder y un evaluador asistente, y que
su función consistía en coordinar y ajustar la agenda de ambos para programar las
visitas. Añadió que la logística era asumida por los evaluadores, quienes se
comunicaban con el laboratorio y coordinaban el transporte. En cuanto a los viáticos,
indicó que, aunque eran financiados por los laboratorios, los recursos ingresaban al
IDEAM, por lo que él debía garantizar el trámite para su pago.
123. En relación con las actividades del evaluador asistente, explicó que este
colaboraba con el evaluador líder en la planeación de la auditoría y en la distribución
interna de responsabilidades para ejecutar la evaluación. Agregó que, una vez
programada, el evaluador asistente debía asistir al laboratorio y cumplir la jornada
correspondiente a su funcionamiento. No obstante, precisó que no existía un horario
para prestar servicios en la entidad, por cuanto se trataba de contratistas vinculados
mediante prestación de servicios y, por ende, no estaban sujetos al cumplimiento de
una jornada institucional; sin embargo, las visitas se realizaban dentro del horario
laboral del laboratorio, usualmente de lunes a viernes, en jornadas de
aproximadamente ocho horas diarias, en los términos que se coordinaban con cada
laboratorio.
124. Frente a la exigencia de permanencia en las instalaciones del IDEAM, respondió
que no se imponía tal obligación, y sostuvo que evitaba cualquier forma de
subordinación respecto de los contratistas. Indicó que, si bien podían existir
obligaciones puntuales —como asistir a reuniones del grupo, por lo general una vez al
mes—, la inasistencia por motivos personales no generaba consecuencias. Asimismo,
afirmó que los contratistas no tenían puesto fijo de trabajo, ni cubículo asignado, ni
estación de trabajo permanente, lo cual incluso representaba una dificultad operativa
para el grupo.
125. Concluyó que el señor Forigua no debía cumplir un horario institucional, ni asistir
regularmente a las instalaciones del IDEAM, pues ello no correspondía al objeto de su
contrato. Finalmente, sobre la disponibilidad para auditorías o visitas, sostuvo que los
contratistas informaban oportunamente cuando no podían atender una programación
—por razones como citas médicas, compromisos familiares u otros—, caso en el cual
él procedía a reprogramar las visitas.
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126. A partir del análisis de las anteriores pruebas testimoniales, la Sala debe decir
que en el proceso existe un grupo de testigos, Oscar Eliver Giraldo Ruiz, y Rigoberto
Benavides Cediel, los cuales afirman que el accionante, en la calidad de auditor
asistente sí estaba sometido a las órdenes del coordinador del Grupo de Acreditación
del IDEAM, quien determinaba de forma unilateral el cronograma mensual de las
auditorías y de las visitas a los laboratorios. Igualmente, señalaron que las labores
eran asignadas a través de ORFEO, que sí tenían un horario de trabajo impuesto por
la entidad, y que debían prestar sus servicios de forma exclusiva al Instituto, puesto
que firmaron un Código de Ética. También hicieron énfasis en que la planta de personal
de la entidad no contaba con los cargos de planta para desarrollar las funciones de
auditoría que se requerían para la acreditación de los laboratorios ambientales.
127. Lo afirmado por estos testigos es reiterado por el accionante, en el interrogatorio
de parte, al señalar que debía asistir a las reuniones mensuales, que estaba sometido
a un horario de trabajo, aunque prestara sus servicios fuera de Bogotá, y que
solamente en ocasiones excepcionales por motivos de salud solicitó el cambio de la
programación de las auditorías. Destacó que debía proyectar resoluciones de
acreditación, pese a que dicha labor no hacía parte de las obligaciones de los
contratos.
128. En contraposición, los testigos Ana María Perdomo Calambas, Luz Consuelo
Orjuela y Néstor Alejandro Gómez Guerrero28, expresaron que el accionante y los
demás auditores tenían autonomía frente a la programación que realizaba el
coordinador del Grupo de Acreditación, de modo que solo debían informar a través de
un correo electrónico en qué días no tenían disponibilidad, sí tenían que atender
reuniones del colegio de sus hijos, citas o procedimientos médicos. Resaltaron que los
auditores en ocasiones viajaban fuera de Bogotá para realizar las evaluaciones de los
laboratorios, y que cuando estaban en la entidad no tenían puestos de trabajo para
todos.
129. En efecto, Ana María Perdomo Calambas al responder si el IDEAM les exigía
permanecer en las instalaciones o cumplir un horario, expresó que «no me consta y
pues a mí no me lo exigieron» y que no eran amonestados por estos motivos. También
aseveró que si un auditor se excusaba de asistir «se les retiraba de la programación y
se incluía otra persona que tuviera similares características».
130. En cuanto al control del contrato, Luz Consuelo Orjuela relató que como
coordinadora del Grupo de Acreditación, «el cumplimiento de las obligaciones se
verificaba en los informes mensuales y en esos informes uno podía verificar, digamos
que los evaluadores señalaban correctamente sus aportes, se verificaba en el sistema
de gestión documental que todo quedaba registrado en magnético, el sistema de
gestión Orfeo. Ahí se verificaba en qué fechas ellos allegaban un cronograma, un
28 Estas declaraciones fueron pedidas por la entidad demandada.
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informe, lo que fuera, se verificaba con el informe físico, que era el que ellos tenían
que firmar y nosotros también para poder pasar las cuentas de cobro.
Entonces se hacía el seguimiento en el informe físico y en todo el sistema de gestión
documental que dejaba grabadas las fechas y los aportes de las personas que estaban
implicadas en los informes» (sic).
131. En lo que respecta a la sujeción de la programación realizada por el coordinador
del Grupo de Acreditación, el señor Néstor Alejandro Gómez Guerrero indicó que
«cuando se divulgaba la programación, si el evaluador no podía asistir a la auditoría o
fuera de la ciudad o dentro de la ciudad, yo reprogramaba. Y algunas veces yo asistía
a cubrir esos vacantes porque no había personal suficiente para, digamos, para cubrir
toda la demanda del servicio. Entonces sí era factible que en algunos casos ellos no
pudieran asistir. Entonces se lo reprogramaba y les daba la autonomía que ellos tenían
para poder realizar otras actividades». Asimismo, destacó que «cuando ellos por algún
motivo no podían asistir, sencillamente no pasaba nada».
132. Ahora bien, en lo que respecta al propósito del Código de Ética precisó que él
lo había implementado para que no existieran conflictos de intereses de los auditores
frente a los laboratorios evaluados, para que los contratistas no los asesoraran o les
hicieran consultorías, dado que ello afectaría la imparcialidad del auditor.
133. En consecuencia, la Subsección debe decir que el accionante es quien tiene la
carga de la prueba de demostrar el elemento de subordinación, en los términos del
artículo 167 del Código General del Proceso que señala «incumbe a las partes probar
el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen».
134. En la sentencia del 6 de noviembre de 2020 de la Subsección B 29, en el caso de
un vigilante contratado por la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, señaló
que, a diferencia de la presunción regulada en el artículo 24 del CST 30 que gobierna
la justicia ordinaria, en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo sí se debía
desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo, con la carga de acreditar
fehacientemente que existió una relación subordinada con la entidad pública.
135. Por consiguiente, si bien los testimonios de los señores Oscar Eilever Giraldo
Ruiz y Rigoberto Benavides Cediel describen que seguían lo dispuesto por la
programación del coordinador y que hacían las auditorías en el horario de 8 a.m. a 5
p.m. por regla general, lo cierto es que a partir de la valoración en conjunto de las
pruebas y conforme las reglas de la sana crítica, se observa que los testimonios se
refieren en general a la prestación del servicio de los contratistas y no detallan las
particularidades del desempeño del accionante.
29 Proceso con radicado 66001-23-33-000-2016-00944-01(4953-18), M.P. César Palomino Cortés.
30 Código Sustantivo del Trabajo. Art. 24. Presunción: Se presume que toda relación de trabajo personal está regida
por un contrato de trabajo.
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136. Por otra parte, la labor de auditoría en los términos explicados por los testigos,
denota que el coordinador les informaba la programación y ellos igualmente le
indicaban la disponibilidad que tenían, lo que evidencia una relación de coordinación.
Adicionalmente, es de anotar que el auditor asistente, en los términos de las
obligaciones contractuales debía asistir a los laboratorios los cuales podían estar fuera
de la ciudad, por lo tanto, como lo dijo la testigo Luz Consuelo Orjuela, el control del
cumplimiento del objeto contractual no era el horario ni la asistencia a la entidad, sino
la entrega de resultados de la auditoría, conforme la asignación dada.
137. Nótese que lo afirmado por los testigos pedidos por la parte accionada se
acredita también con las copias de los correos electrónicos aportados al proceso, en
los que el actor no solicita permiso para ausentarse del lugar de trabajo o para las
reuniones, sino que informa que tiene otros compromisos, programada una cirugía o
que tiene que asistir a un evento académico, así31:
31 Samai, índice 2, expediente digital, enlace one drive, ED_CORREORADI_RV250002342000(.msg) NroActua 2,
carpeta01.ContenidoCD.
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138. Entonces, contrario a lo reprochado en el recurso de apelación, no se trata de
que el Tribunal exigiera una tarifa probatoria para no valorar los testimonios pedidos
por el accionante, sino que al hacer el estudio en conjunto de todas las pruebas, no
existen indicios demostrativos de la subordinación, como que la prestación del servicio
sea en las oficinas y con todos los implementos de la entidad o que existan llamados
de atención para que se cumpla el horario. Es de anotar que en el asunto bajo análisis,
el contratista tenía su propio computador portátil que llevaba a la entidad, no tenía un
puesto de trabajo fijo, y aunque existía una programación, podía informar que no
asistiría, sin que estuviera sujeto a un control disciplinario por parte del IDEAM.
139. Tampoco se considera que la obligación contractual de realizar informes de la
auditoría, proyectar respuestas a derechos de petición o elaborar la parte técnica de
las resoluciones de acreditación demuestre con el grado de certeza que se configuró
el elemento de subordinación, toda vez que la valoración completa de los términos en
que se dio el desarrollo del contrato no permiten inferir que existió una relación
subordinada, tal como se explicó anteriormente.
140. Por último, es cierto que en la justificación de los contratos de prestación de
servicios el IDEAM advirtió que no tenía el personal de planta para adelantar las
labores de auditoría, pese a solicitar la ampliación de la planta ante el Ministerio de
Hacienda. Sin embargo, la valoración aislada de este hecho no lleva a establecer la
30
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existencia de una relación laboral, toda vez que, impera tener en cuenta en qué
circunstancias se ejecutó el contrato, para poder determinar si la administración utilizó
el instrumento contractual con el propósito de ocultar una relación laboral y evadir el
pago de las prestaciones sociales, lo cual no se demostró en este proceso.
141. Cabe anotar que frente a la labor de los auditores en el IDEAM, la Subsección
A de esta Sección, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que32:
(v) En punto a la demostración de la subordinación debe recordarse que, de acuerdo
con la jurisprudencia del Consejo de Estado, no toda relación de servicios implica
necesariamente la existencia de este elemento, ya que entre contratante y contratista
puede existir una relación de coordinación de actividades, donde el segundo es libre
de someterse a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad
encomendada, como: a) un horario; b) el hecho de recibir una serie de instrucciones
de sus superiores y, c) tener que reportar informes sobre sus resultados, pero ello no
significa necesariamente la configuración de un elemento de subordinación.
142. Por consiguiente, para la Subsección el accionante no cumplió con la carga de
la prueba para demostrar la existencia de una relación laboral, puesto que las
condiciones en que se ejecutaron los contratos evidencian autonomía del accionante.
4. Conclusión
143. El señor César Ernesto Forigua Quicasan no acreditó la existencia de una
relación laboral en la ejecución de los contratos de prestación de servicios 040 del 30
de enero de 2015, 063 del 19 de febrero de 2016 y 023 del 17 de enero de 2017, en
tanto, no debía pedir permisos sino que solo informaba mediante correo electrónico la
reprogramación de las auditorías o la inasistencia a las reuniones, tampoco tenía un
puesto de trabajo fijo en la entidad ni un computador asignado, ni se demostró que
estuviera sujeto al poder disciplinario del IDEAM.
5. Costas
144. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 33 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 25000-23-42-000-2018-01830-01.
M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
33 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
31
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02064-01 (3752-2022)
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presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
instancia no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte vencida haya
incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 25 de agosto de 2021, que negó
las pretensiones de la demanda.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-02064-01 (3752-2022)
Demandante: César Ernesto Forigua Quicasan
Demandado: Ideam
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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