Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02314-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02314-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-02314-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
17 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicado : 250002342000201802314 01
No. Interno : 1300 – 2020
Demandante : JUDITH RIAÑO CUBIDES
Demandado : Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
Magisterio
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Cesantías retroactivas docente temporal
Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la sentencia proferida el once (11) de octubre de dos mil
diecinueve (2019), por medio de la cual la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó las pretensiones
de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
Judith Riaño Cubides, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del
medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la nulidad parcial
de la Resolución 7216 del 3 de agosto de 2018, expedida por la Secretaría de
Educación de Bogotá D.C., por la cual le reconoce y ordene el pago de las
cesantías definitivas anualizadas, teniendo el derecho a que se realice la
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No. Interno: 1300 – 2020
Demandante: Judith Riaño Cubides
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
liquidación y pago de las mismas, en forma retroactiva, de conformidad con lo
establecido en la Ley 91 de 1989 y la Ley 344 de 1996.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, Regional Bogotá D.C., al reconocimiento y pago de las
cesantías definitivas con retroactividad, teniendo en cuenta la totalidad del
tiempo laborado y considerado la fecha de vinculación de la docente. De la
misma forma, peticionó que se le reconozca y pague la indexación sobre las
sumas de dinero adeudadas por concepto de los reajustes solicitados acorde
con el IPC, desde el momento del reconocimiento de la cesantía y hasta que
se haga efectivo el pago; junto con la condena en costas y agencias en
derecho.
1.2. Hechos
Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda (ff. 16 – 23), en
síntesis, son los siguientes:
La señora Judith Riaño Cubides laboró como docente del magisterio con
vinculación Distrital con la Secretaría de Educación de Bogotá, desde el 23 de
febrero de 199 hasta el 1 de diciembre de 1992 a través de la Caja de Previsión
Social del Distrito, y a través del FOMAG desde el 8 de febrero de 1993 hasta
el 31 de diciembre de 2017.
Mediante petición radicada el 13 de marzo de 2018, la demandante presentó
ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de Bogotá
D.C., solicitud de reconocimiento y pago de cesantías definitivas, por los
servicios prestados como docente oficial.
La Secretaría de Educación de Bogotá, a través de la Resolución 7216 del 3
de agosto de 2018, reconoció, liquidó y ordenó el pago de las cesantías
definitivas a favor del demandante, de manera anualizada y sin retroactividad.
Acto administrativo notificado el 14 de agosto de 2018.
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Demandante: Judith Riaño Cubides
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1.3. Normas violadas
En la demanda se citan como vulnerados los artículos 2, 13, 16, 25, 29, 48,
53, 58 y 228 de la Constitución Política; Ley 334 de 1996; Ley 4ª de 1992 y
Ley 5ª de 1969; Ley 91 de 1989 y Decreto 196 de 1995.
2. Contestación de la demanda
Mediante auto del 12 de diciembre de 2018 (ff. 27 – 29 reverso), se admitió la
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, se ordenó la notificación a la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), así como al
Agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, conforme a lo establecido en los artículos 197, 198 y 199 del CPACA,
modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso.
Vencido el término concedido, la parte demandada no contestó la demanda,
como tampoco propuso excepciones, conforme se dejó registrado en la
audiencia inicial llevada a cabo el 16 de agosto de 2019 (ff. 71 – 73).
3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la sentencia proferida
el once (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), negó las pretensiones de
la demanda y se abstuvo de condenar en costas (ff. 78 – 86).
El a quo analizó el marco normativo y conceptual que gobierna al régimen de
cesantías para el personal docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, regulado a través de la Ley 91 de 1989, para
considerar que, conforme a la situación laboral de la demandante, se observa
que tuvo varias vinculaciones con el Distrito Capital, primero como docente
con vinculación temporal entre los años 1989 a 1992, y posteriormente en
propiedad a partir del 8 de febrero de 1993.
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Señaló que no se puede tener en cuenta las vinculaciones a partir de 1989,
para efectos de aplicar el régimen de cesantías retroactivas, por cuanto el
artículo 6 de la Ley 60 de 1993, en lo referente a la solución de continuidad se
entiende ocurrida cuando la interrupción presentada sea superior a 15 días.
Además, sostuvo que, en torno a la acumulación de tiempos de servicios,
producto de diferentes relaciones de trabajo, en cada una de las cuales se
haya roto la vinculación, para efectos de obtener el reconocimiento de la
cesantía, mencionó la sentencia de esta Corporación, de fecha 13 de marzo
de 2008, en la que se afirmó que cada vez que se presente retiro definitivo, se
origina un disfrute y la nueva vinculación conlleva un nuevo reconocimiento.
Se refirió a la nueva vinculación a partir del 8 de febrero de 1993, para concluir
que es a partir de esta fecha que se debe tener en cuenta para estudiar si la
demandante tiene derecho a que la liquidación de las cesantías se haga
conforme a las normas que regulan el régimen retroactivo de las entidades
territoriales.
Reiteró que no le asiste razón a la demandante cuando solicita se ordene la
liquidación de las cesantías por la totalidad del tiempo laborado a partir del 23
de febrero de 1989, en cuanto existió una ruptura del vínculo laboral.
Afirmó que como el último vínculo como docente de la demandante inició el 8
de febrero de 1993, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 60 de
1993, la norma que rige la forma en la cual se le deben reconocer las cesantías
es la Ley 91 de 1989, por lo que el pago de las mismas, debe efectuarse como
lo señala la norma, es decir, con el régimen anualizado, tal y como lo hizo la
entidad demandada y sin retroactividad.
Señaló que la posición del Consejo de Estado, en cuanto al régimen de
cesantías de docentes oficiales con vinculación posterior a la vigencia de la
Ley 91 de 1989, es que la liquidación debe efectuarse en forma anualizada,
siempre que la vinculación se realice con posterioridad a la vigencia de la ley,
motivo por el cual, las pretensiones de la demanda no están llamadas a
prosperar.
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4. Recurso de apelación
La parte demandante, mediante apoderado judicial, interpuso recurso de
apelación, para que se revoque la sentencia de primera instancia, con
fundamento en las siguientes razones (ff. 91 – 95):
Reiteró que, para el reconocimiento de las cesantías con retroactividad, se
debe tener en cuenta la vinculación temporal de tiempo completo, por
presentarse en la época del año lectivo en los que los estudiantes se
encuentran en las instituciones educativas, en donde no se debe entender que
hay una interrupción del vínculo laboral.
Señaló que, para el caso concreto, la demandante laboró como docente oficial
con vinculación temporal de tiempo completo desde el 23 de febrero de 1989,
realizando cotizaciones al sistema de seguridad social a través de la Caja de
Previsión Social del Distrito y realizando cotizaciones al sistema de seguridad
social a través de FOMAG, con vinculación distrital desde el 8 de febrero de
1993, conforme al certificado obrante en el expediente, motivo por el cual se
le debe reconocer y pagar las cesantías en forma retroactiva.
5. Alegatos de conclusión
La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, mediante apoderada judicial, presentó alegatos de
conclusión en el índice 12 de SAMAI, en el cual manifestó que teniendo en
cuenta que la demandante se vinculó como docente desde 1993, es evidente
que el reconocimiento y pago de las cesantías, se encuentra regulado por lo
dispuesto en el numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en la cual
dispone el régimen de cesantías anualizados a todos los docentes que se
vincularon con posterioridad al 1 de enero de 1990, motivo por el cual no es
procedente que sean liquidadas en forma retroactiva, como se pretende en la
demanda.
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Por otro lado, el apoderado de la demandante, presentó alegatos en segunda
instancia, en el índice 15 de SAMAI, en el cual reiteró los argumentos
presentados en el recurso de apelación, para sostener que la demandante
tiene derecho a que se le liquiden las cesantías en forma retroactiva, toda vez
que deben ser tenidos en cuenta los tiempos de servicios prestados como
docente temporal para los años 1989 a 1992, realizando aportes a través de
la Caja Nacional de Previsión Social del Distrito, prestando los servicios de
manera ininterrumpida por el calendario escolar desde el año 1989 hasta 2017,
fecha en que se da su retiro por renuncia, por lo que se le debe reconocer y
pagar sus cesantías de forma retroactiva, conforme lo señalado en el artículo
17 de la Ley 6ªde 1945; el artículo 1º del Decreto 2767 de 1945; el artículo 1º
de la Ley 65 de 1946; los artículos 1º y 2º del Decreto 1160 de 1947 y los
Decretos 2755 de 1966, 899 de 1991 y ley 91 de 1989.
6. Concepto del Agente del Ministerio Público
Vencido el término concedido mediante auto del 8 de julio de 2021 (f. 104) para
que presentaran los alegatos de conclusión en segunda instancia, conforme a
las disposiciones contenidas en el numeral 4 del artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo, las partes y
el Agente del Ministerio Público guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
1
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles
de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los
tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de
unificación de jurisprudencia.
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2.2. Problema Jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la señora Judith Riaño Cubides tiene
derecho al reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías retroactivas, en
su condición de docente territorial, teniendo en cuenta que su vinculación se
produjo en el año 1989, y no como erradamente lo entiende la entidad que fue
a partir de 1993.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la sentencia proferida
el 11 de octubre de 2019, negó las pretensiones de la demanda.
2.3. Análisis de la Sala
2.3.1. La educación como servicio público
La Ley 43 de 1975 estableció que la educación primaria y secundaria es un
servicio público a cargo de la Nación, y que, en consecuencia, los gastos que
sufragaban los departamentos, intendencias, comisarías, el Distrito Especial
de Bogotá y los municipios correrían por cuenta de la Nación.
Ley 91 de 1989 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio” indicó que éste es una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica,
cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de
economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital.
Dicho Fondo tiene la competencia de atender las prestaciones sociales de los
docentes que se encuentren vinculados a la fecha de promulgación de la
citada ley.
Por su parte, la Constitución Política del año 1991, en el artículo 67 prescribió,
que la educación es un servicio público que tiene una función social, y que
corresponde al Estado ejercer la vigilancia de la prestación de este servicio y
garantizar el cubrimiento. Igualmente, el Constituyente precisó que “La Nación
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y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración
de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la
ley”.
Posteriormente, la Ley 115 de 19942 en el artículo tercero (modificado por el
artículo 3 de la Ley 1650 de 2013) indicó que: “El servicio educativo será prestado
en las instituciones educativas del Estado. Igualmente, los particulares podrán fundar
establecimientos educativos en las condiciones que para su creación y gestión
establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno Nacional”.
2.3.2. Regímenes de cesantías de los empleados públicos
La Ley 6 de 1945 regula el régimen de cesantías retroactivo que consiste en
liquidar esta prestación con el último salario devengado, así en el artículo 17
precisó que los empleados y obreros nacionales gozan de un auxilio de
cesantía “a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio”. Este
derecho prestacional fue extendido a los empleados de los departamentos,
intendencias, comisarias y municipios por el Decreto 2767 de 1945.
Posteriormente, la Ley 65 de 1946 modificó las disposiciones sobre cesantías,
beneficios que también fueron extendidos a los trabajadores de los
departamentos, intendencias, comisarías y municipios. Luego, el Decreto 2567
de 1946, definió los parámetros para su liquidación3. A su turno, el Decreto
1160 de 1947 “sobre el auxilio de cesantía” otorgó el derecho a percibirlo a los
empleados al servicio de la Nación de cualquier rama del poder público
independiente de su vinculación y causal de retiro de servicio, con la aclaración
de que el monto de la prestación era equivalente a un mes de salario por cada
año de servicio o proporcionalmente al tiempo laborado, si era inferior a ese
lapso. En efecto, el artículo 1º ibídem señaló:
“ARTÍCULO 1º.- Los empleados y obreros al servicio de la Nación en
cualquiera de las ramas del Poder Público, hállense o no escalafonados
en la carrera administrativa, tienen derecho a un mes de sueldo por cada
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Por la cual se expide la ley general de educación
3
El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al servicio de la Nación, los Departamentos y
los Municipios, se liquidará de conformidad con el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal
haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo
devengado en los últimos doce meses, o en todo el tiempo de servicio, si éste fuero menor de doce meses.
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año de servicios continuos o discontinuos, y proporcionalmente por las
fracciones de año, cualquiera que sea la causa de su retiro y a partir del
1 de enero de 1942.”
Visto lo anterior, este régimen de cesantías era de carácter retroactivo, por
cuanto para su liquidación se tenía en cuenta todo el tiempo de servicio y el
último salario devengado.
Por otra parte, el Decreto 3118 de 1968 “Por el cual se crea el Fondo Nacional de
Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantía de empleados públicos y de
trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones” estableció la liquidación
anual de las cesantías para los empleados públicos y trabajadores oficiales de
los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado
del orden Nacional, con excepción de las de los miembros de las cámaras
legislativas y de sus empleados, los miembros de las Fuerzas Militares, la
Policía y el personal civil del ramo de la defensa nacional.
En relación con la liquidación de las cesantías, el artículo 27 del Decreto 3118
de 1968, estableció:
“Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de
enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos,
Superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y
comerciales del Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause
en favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá
revisarse, aunque en años posteriores varíe la remuneración del
respectivo empleado o trabajador. (…).”
Con fundamento en lo anterior, empezó en el sector público el desmonte de la
retroactividad de las cesantías, para dar paso al sistema de liquidación
anualizado, que en principio no era aplicable a los servidores públicos del
orden territorial, quienes se encontraban sujetos al régimen de cesantías
dispuesto en las Leyes 6.ª de 1945 y 65 de 1946, esto es, al retroactivo, no
obstante, con las disposiciones que modificaron su naturaleza y cobertura,
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permitieron la afiliación a este de los empleados de las entidades territoriales
y sus entes descentralizados (Ley 432 de 1998 y Decreto 1453 de 1998).
De igual forma, la Ley 50 de 1990 cambió el régimen de cesantías en el sector
privado al anualizado, y en el artículo 99 se establecieron las características
del mismo, así:
“El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio
de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del
contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12%
anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas
vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma
causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del
15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del
trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que
incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada
retardo.”
Posteriormente, la Ley 344 de 1996 “Por la cual se dictan normas tendientes a la
racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se
expiden otras disposiciones” extendió el régimen de cesantías fijado en la Ley 50
de 1990 a los servidores públicos vinculados con posterioridad a su entrada
en vigencia (31 de diciembre de 1996), dispuso la liquidación anual de los
auxilios de cesantías, indicando en el artículo 13 que quienes se vinculen a las
entidades del Estado tendrían el siguiente régimen de cesantías:
“ARTÍCULO 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo
estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente
Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado
tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio
de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la
relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre
cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que
no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.
(…)”.
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Demandante: Judith Riaño Cubides
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional,
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El régimen anualizado de liquidación de cesantías se extendió a los empleados
del nivel territorial por disposición del Decreto 1582 de 1998 “por el cual se
reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de
1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras
disposiciones en esta materia”, que en el artículo primero remitió a las normas
pertinentes sobre el auxilio anualizado de la Ley 50 de 1990 señalando:
“Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los
servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de
diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será
el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes
de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que
se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5
y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con
régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los
aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma
prevista en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998.”
En el caso de aquellos que se hubieran vinculado con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad y que se
acojan al previsto en la precitada Ley 344 de 1996, el artículo 3 del Decreto
1582 de 1998, previó el siguiente procedimiento:
“(…)
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a
la fecha de la solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la seleccionada
por el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales
podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se
acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la
liquidación de las cesantías, con las características que se señalan más
adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios para
su expedición. […]»
Lo anterior, fue acogido por esta Corporación, que en sentencia de unificación
jurisprudencial del 25 de agosto de 20164, en la cual se señaló:
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 25 de agosto de 2016.
Radicación 8001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14) CE-SUJ2-004-16.
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Demandante: Judith Riaño Cubides
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional,
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“En ese orden, se puede decir que los empleados que ingresaron a la
administración pública con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 344 de 1996, están cobijados por el régimen anualizado de
liquidación de cesantías, al igual que los vinculados con anterioridad pero
que se hubieran acogido al régimen anualizado, y para efecto de la
liquidación y pago de esa prestación se rigen por lo que en esa materia
consagra la Ley 50 de 1990 y normas concordantes, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998.”
Conforme con lo anterior, coexisten dos regímenes de cesantías, las
retroactivas, para quienes se vincularon a la administración pública hasta el 30
de diciembre de 1996 y las anualizadas creadas por la Ley 50 de 1990,
inicialmente para el sector privado, extendidas por la Ley 344 de 1996 a los
servidores públicos vinculados con posterioridad a su entrada en vigencia (31
de diciembre de 1996), incluidos los del nivel territorial.
El Decreto 1252 de 2000, en el artículo 2, preservó el derecho a conservar el
régimen de retroactividad para los servidores públicos que, al 25 de mayo de
2000, todavía lo disfrutaban. Y, el Decreto 1919 de 2002 en el artículo 3
expresó que “Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de
retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos
previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000”.
2.3.3. Régimen de cesantías aplicable a los docentes
El legislador dispuso en la Ley 43 de 1975, que la Nación se encargaría del
costo de la prestación del servicio de educación, con ello asumió los salarios
y prestaciones sociales de los docentes de primaria y secundaria, que
laboraban para los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los
municipios, las intendencias y comisarías.
En el año 1989, la Ley 91 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, para atender el pago de las prestaciones sociales de los docentes
nacionales y nacionalizados que se encontraran vinculados a la fecha de la
promulgación de la ley, con observancia del régimen ya señalado, y de los que
ingresaran con posterioridad a ella.
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Demandante: Judith Riaño Cubides
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En el artículo 15 la Ley 91 de 1989 precisa que “A partir de su vigencia el personal
docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero
de 1990, será regido por las siguientes disposiciones”:
“1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales,
mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad
territorial de conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1o. de enero de
1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por
las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional,
Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en
el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.
2. Pensiones:
A. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de
los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales
y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero
de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una
pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del
último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de
medio año equivalente a una mesada pensional.
3. Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un
auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario
devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso
contrario sobre el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para
los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo
con respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará
un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre
de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la
suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con
certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las
cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de
diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para
los empleados públicos del orden nacional.
4. Vacaciones:
Las vacaciones del personal docente que se vincule a partir del 1o. de enero
de 1990, continuarán regidas por lo previsto en el Decreto-Ley 2277 de 1979.
14
No. Interno: 1300 – 2020
Demandante: Judith Riaño Cubides
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Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Esta Ley no incluye la prima de vacaciones a que tienen derecho de manera
general los empleados públicos del orden nacional, de acuerdo con el Decreto
1045 de 1978.
PARÁGRAFO 1. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
cuando su situación financiera lo permita, podrá extender los servicios
asistenciales a las familias de los docentes de acuerdo con el reglamento que
se expida.
PARÁGRAFO 2. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
no pagará las siguientes prestaciones, que continuarán a cargo de la Nación
como entidad nominadora, en favor del personal nacional o nacionalizado,
vinculado antes o con posterioridad al 31 de diciembre de 1989: Primas de
navidad, de servicios y de alimentación, subsidio familiar, auxilio de
transporte o movilización y vacaciones.
En cuanto a los beneficiarios la Ley 91 de 1989, distinguió entre los docentes
nacionales, los nacionalizados y los territoriales, así:
“ARTÍCULO 1o. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes
términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial antes del 1. de enero de 1976 y los vinculados a
partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de
1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.
PARÁGRAFO. Se entiende que una prestación se ha causado cuando
se han cumplido los requisitos para su exigibilidad”.
Sobre las cesantías el numeral 3 del artículo 15 ibidem establece una
distinción entre los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989, para quienes el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio “pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de
servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario
devengado”; y los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y
los nacionales vinculados desde antes (pero solo en lo que respecta a las
cesantías que se causen desde el 1º de enero 1990), respecto de quienes el
Fondo “pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de
diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad (…)”.
15
No. Interno: 1300 – 2020
Demandante: Judith Riaño Cubides
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Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
De la lectura de estas normas, se concluyó en la sentencia del 30 de
noviembre de 2017 que: “i). los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa
vigente de la entidad territorial, es decir, el sistema de retroactividad y ii) a los
docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1 de enero de 1990 «lo que según
la definición contenida en los artículos 1 y 2, corresponde a los nacionales o
territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad, sin hacer
distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las disposiciones vigentes
para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado de
cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses”5.
En similar sentido en la providencia del 31 de mayo de 2018, se señaló que, a
todos los docentes vinculados desde el 1 de enero de 1990, se les aplica el
sistema anualizado de cesantías, así:
“60. De la norma transcrita, se concluye que respecto de los docentes
oficiales, la ley regula 2 situaciones en el tiempo atendiendo la naturaleza
de su vinculación:
1) Docentes nacionalizados, antes territoriales, vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989, quienes mantendrán el régimen prestacional que han
venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas
vigentes.
(…)
2) Docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de
1990, sin hacer distinción entre nacionales o nacionalizados, se les
aplicarán las disposiciones vigentes para los empleados públicos del
orden nacional, Decretos 3135 de 19686, 1848 de 19697 y 1045 de 19788,
o que se expidan en el futuro, esto es, la Ley 344 de 19969 que sin
perjuicio de lo previsto en la Ley 91 de 1989 consagró un sistema
anualizado, así:
(…)
62. Así, en virtud de lo dispuesto por la citada Ley 344 de 1996 y la Ley
91 de 1989, aquellos docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990,
5
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia del 30 de noviembre
de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2014-00290-01 (4992-15)
6
«Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen
prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.»
7
«Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968»
8
«Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados
públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.»
9
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.»
16
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se regularán por las normas de los empleados públicos del orden
nacional, cuyo sistema se liquidación reviste las siguientes
características:
i) Destinatarios: Docentes (nacionales o nacionalizados) vinculados
desde el 1º de enero de 1990);
ii) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación,
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario
devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso
contrario sobre el salario promedio del último año;
iii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de
diciembre de cada año, más la tasa de interés que de acuerdo con la
certificación de la Superintendencia Financiera, haya sido la comercial
promedio efectiva de captación del sistema financiero durante el mismo
período”10.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, estableció que el régimen
prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales, sin solución de
continuidad, y los de las nuevas vinculaciones, será el reconocido por la Ley
91 de 1989.
Esta Corporación advirtió que la “aludida falta de distinción efectuada por el
Legislador con relación a la calidad de los docentes nombrados y posesionados a
partir del 1.° de enero de 1990, es el criterio fundamental para verificar en sede
administrativa y judicial cada caso presentado por los docentes oficiales que solicitan
la aplicación de uno u otro régimen de liquidación de cesantías, por cuanto la finalidad
de la norma para el sector educativo era precisamente unificar la situación jurídica
prestacional de sus empleados, y de manera especial dicho auxilio en razón de la
creación de un solo fondo de cubrimiento nacional para responder por estas
contingencias.”11
Es así como el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, señaló que el régimen
prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales, sin solución de
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, proceso con radicado 20001-23-
33-000-2014-00111-01 (4331-15)
11
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, proceso con radicado No.
25000234200020170081301 (1838 – 2019). Actor: Rosa Adelia Sáchica Sánchez
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continuidad, y los de las nuevas vinculaciones, será el reconocido por la Ley
91 de 1989. Por lo que, el personal docente que continuaba con vinculación
departamental, distrital y municipal12 sería incorporado al Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio y se les respetaría el régimen prestacional vigente
de la respectiva entidad territorial.
Y con la expedición del Decreto 196 de 1995, surgió la obligación de incorporar
a los docentes departamentales, distritales y municipales financiados con
recursos propios de las territoriales al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, que en el artículo 5 estableció que se debía respetar
el régimen prestacional que tuvieran los docentes al momento de su
vinculación, y conforme a lo previsto en el artículo 7 ibidem el reconocimiento
de las cesantías y los intereses sobre estas, quedaba a cargo de la entidad
territorial, cuando no se realizara dicho traslado.
2.4. De lo probado en proceso
Procede entonces la Sala a examinar las pruebas obrantes en el expediente,
en relación con la vinculación laboral de la Judith Riaño Cubides al servicio de
la Secretaría de Educación de Bogotá.
Según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
de fecha 7 de marzo de 2018, se observa que la demandante prestó sus
servicios como docente, bajo la modalidad de vinculación temporal tiempo
completo, al servicio de la Secretaría de Educación de Bogotá (ff. 8 – 9), así:
• Del 23 de febrero al 3 de diciembre de 1989
• Del 22 de enero al 3 de diciembre de 1990
• Del 21 de enero al 2 de diciembre de 1991
• Del 21 de enero al 1 de diciembre de 1992
La señora Judith Riaño Cubides fue nombrada como docente en propiedad al
12
Docentes designados por los entes territoriales sin el cumplimiento de las previsiones del artículo 10 de la Ley 43
de 1975, esto es, en plazas nuevas que no contaran con el aval de la Nación, los que conservaban el régimen
prestacional de cada entidad territorial.
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Demandante: Judith Riaño Cubides
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servicio del Distrito Capital de Bogotá, a través de la Resolución 202 del 1 de
febrero de 1993, con fecha de posesión a partir del 8 de febrero de 1993 (f. 9).
La demandante elevó petición ante la Secretaría de Educación de Bogotá, el
13 de marzo de 2018 (según se evidencia de la parte motiva de la Resolución
7216 del 3 de agosto de 2018 – ff. 3 a 4 –) con el fin de solicitar el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, en ocasión de su
vinculación como docente distrital.
A través de la Resolución 7216 del 3 de agosto de 2018, la directora de Talento
Humano de la Secretaría de Educación del Distrito, en representación del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconoció a favor de
la demandante un monto de $46.889.751 por concepto de liquidación de
cesantías definitivas, que le corresponde por el tiempo de servicios como
docente distrital.
Para tal efecto, la entidad tuvo en cuenta como fecha de vinculación al servicio
docente de la demandante el 8 de febrero de 1993, y sus cesantías fueron
liquidadas conforme al régimen anualizado previsto en la Ley 91 de 1989, tal
como lo precisó el referido acto, teniendo en cuenta los periodos laborados
desde 1993 hasta el 28 de noviembre de 2017 (por renuncia), y con el
descuento de las cesantías parciales previamente reconocidas a su favor, por
valor de $16.150.208.
En el cuaderno de antecedentes administrativos, obra certificación expedida
por el Grupo de Certificaciones Laborales – Antecedentes expedido por
FONCEP, de fecha 30 de septiembre de 2009 (f. 238 Cuaderno 2) en el cual
se advierte que la señora Judith Riaño Cubides, le fueron cancelados ciertos
valores por concepto de auxilio de cesantías definitivas, de la siguiente forma:
RESOLUCIÓN (No. – PERIODO VALOR TIPO CESANTÍA
AÑO)
4573 - 1991 23/2/1989 a 3/12/1989 $72.996.00 DEFINITIVA
12664 – 1992 22/1/1990 a 2/12/1990 $99.471.00 DEFINITIVA
16975 – 1993 21/1/1991 a 21/12/1991 $121.338.00 DEFINITIVA
22769 – 1994 21/1/1992 a 2/12/1992 $152.536.00 DEFINITIVA
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En virtud de lo anterior, se advierte que, si bien la demandante prestó sus
servicios como docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91
de 1989, dichas vinculaciones tuvieron el carácter de temporales, lo cual no
comporta permanencia en el cargo de manera ininterrumpida y discontinuas,
por lo que existió una solución de continuidad de la relación laboral cuando la
demandante terminó el cubrimiento del cargo e iniciara otro en una fecha
posterior.
Así se estableció del certificado allegado al expediente, en el que se pudo
constatar que entre cada vinculación temporal transcurrió un lapso de 1 mes y
20 días en el primer caso (3 de diciembre de 1989 al 22 de enero de 1990), 1
mes y 19 días, en el segundo caso (3 de diciembre de 1990 al 21 de enero de
1991), y un mes y 20 días, en el tercer caso (2 de diciembre de 1991 al 21 de
enero de 1992), motivo por el cual no existe certeza de la continuidad entre
estos y el cargo del cual la demandante tomó posesión el 8 de febrero de 1993,
pues fue a partir de esta fecha que prestó sus servicios sin interrupción que
implique la culminación del vínculo laboral.
Esta Corporación, en un caso de similares contornos al presente, aclaró que:
“la interrupción del tiempo de servicio prestado resulta óbice para la inclusión de
dichos periodos en la liquidación del auxilio de cesantías, pues si bien el Legislador
ha sido diáfano en prever que el trabajador tiene derecho al pago de este beneficio
por el tiempo laborado de manera continua o discontinuamente, mal se haría al
extender esta posibilidad cuando la relación legal y reglamentaria se ha disuelto por
la ausencia de los elementos materiales y formales que configuran el vínculo laboral.
Aspecto que ha sido desarrollado por la Sección Segunda de esta Corporación13, al
sostener que:
«[…] El mentado derecho no es dable deprecarse cuando ocurran
situaciones de rompimiento del vínculo laboral por retiro del servicio y
reingreso al mismo. Precisamente, el artículo 5° del decreto 1160 de 1947
define como “servicio discontinuo” para los efectos del auxilio de cesantía
a que se refieren los artículos 1º y 2º de la ley 65 de 1946, aquel que
realiza el empleado oficial dentro de una misma relación jurídica de
trabajo aunque haya suspensiones o interrupciones en la labor autorizada
por la ley, como licencias, incapacidades, servicio militar, enfermedad,
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 19 de agosto de 2010. Número interno: 1004-2007.
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Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional,
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accidente de trabajo y demás situaciones laborales que no impliquen
terminación del vínculo laboral, de modo que opera la presunción legal
de que no ha existido solución de continuidad. […]» (Subraya la Sala).14
Conforme con lo anterior, la Sala observa que la señora Judith Riaño Cubides,
en su condición de docente oficial, no tiene derecho a beneficiarse del régimen
retroactivo de cesantías, por haber sido nombrado por la Secretaría de
Educación de Bogotá D.C., como docente en el año 1993, con fecha de
posesión el 8 de febrero de 1993, en donde este nombramiento se realizó:
i) Con posterioridad al proceso de nacionalización desarrollado por la Ley 43
de 1975, que inició el 1.º de enero de 1976 y finalizó el 31 de diciembre de
1980, y, en esa medida, se le aplica el régimen prestacional y salarial de los
docentes del orden nacional señalado en la Ley 91 de 1989, toda vez que las
Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, mantuvieron las previsiones contempladas
en la Ley 91 de 1989, para todos los docentes que se incorporen sin solución
de continuidad y las nuevas vinculaciones a las plantas departamentales y
distritales a partir del 1 de enero de 1990.
ii) Con las facultades legales otorgadas por el artículo 9 de la Ley 29 de 1989
a los alcaldes y gobernadores para nombrar, trasladar, remover, controlar y,
en general administrar el personal docente y administrativo de los
establecimientos educativos nacionales o nacionalizados y cuyo
nombramiento contaba con el aval del Ministerio de Educación Nacional.
iii) De igual manera, no es posible equiparar las condiciones salariales y
prestacionales de docentes a las de los demás empleados del régimen general
territorial o a aquellos que conservaron esta condición con anterioridad a la
Ley 91 de 1989, en tanto, que los docentes ostentan un régimen especial y en
esa medida gozan de unas previsiones especiales en cuanto a ingreso,
ascenso y prestaciones, independientemente de su condición de empleado
público.
Por consiguiente, la Sala reitera que la demandante no tiene derecho a
beneficiarse del régimen retroactivo de cesantías, ya que en aplicación de las
14
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normas de la Ley 91 de 1989, por haberse vinculado a la docencia en el 8 de
febrero de 1993, esto es, después del 1 enero de 1990, la liquidación de sus
cesantías se realiza cada año.
De igual forma, esta Corporación no encontró demostrado que en el curso del
proceso se haya demostrado que las suspensiones o interrupciones en la labor
temporal realizada por la demandante, fueron con ocasión a licencias,
enfermedad, accidentes de trabajo o cualquier otra situación laboral que no
conlleve de manera inexorable a la solución de continuidad de la relación
laboral.
Advierte la Sala, que el auxilio de las cesantías reconocidas a la demandante,
fueron liquidadas durante el período comprendido entre 1993 a 2017, esto es,
en fecha posterior a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, por lo que se
reitera, que el sistema que corresponde para liquidar la prestación es el
anualizado, ante la imposibilidad de tener en cuenta las vinculaciones
laborales bajo la modalidad de temporales, más aún, cuando estos tiempos,
ya fue debidamente reconocido y liquidado una vez terminado cada período,
conforme a las pruebas que obran dentro del plenario.
Unido a lo anterior, se aclara que los docentes tienen una regulación en
materia de cesantías contenida en la Ley 91 de 1989, que por ser norma
especial prima frente a la Ley 344 de 1996, que contempló el régimen
anualizado de cesantías para las personas que se vinculen a los órganos y
entidades del Estado. Además, la misma Ley 344 de 1996 en el inciso primero
del artículo 13 sostiene que el referido régimen anualizado se aplica “Sin
perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir
de la publicación de la presente Ley”.
“ARTÍCULO 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo
estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente
Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado
tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio
de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la
relación laboral;
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b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre
cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que
no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.
<Inciso 3o. INEXEQUIBLE>
PARÁGRAFO. El régimen de cesantías contenido en el presente artículo
no se aplica al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional”.
Así las cosas, se entiende que la implementación de la liquidación anual de
las cesantías para los empleados públicos regulados por la Ley 344 de 1996,
se hizo sin perjuicio de lo que ya había ordenado sobre el particular la Ley 91
de 1989, para los docentes.
III. DECISIÓN
La Sala confirmará la sentencia proferida el 11 de octubre de 2019, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negó las
pretensiones incoadas, teniendo en cuenta que la demandante se vinculó el 8
de febrero de 1993, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 91 de 1989, en cuanto los tiempos prestados con vinculación temporal, no
pueden ser tenidos en cuenta, motivo por el cual, el reconocimiento de sus
cesantías se rige por el régimen anualizado, sin retroactividad, tal y como así
lo estableció el a quo en la sentencia objeto de censura.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO.- CONFIRMESE la sentencia proferida el once (11) de octubre de
dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las súplicas de la demanda promovida por la señora
JUDITH RIAÑO CUBIDES en contra de la Nación, Ministerio de Educación
23
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Demandante: Judith Riaño Cubides
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
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