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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02324-02

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02324-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 31 de mayo de 2022, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Segundo: Adicionar a la anterior providencia, que la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional, deberá reliquidar y pagar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en favor de Gladys López Quevedo, desde el 7 de diciembre de 2006, teniendo como ingreso base de liquidación el 100% del salario básico mensual más el 30% correspondiente a la prima especial de servicios, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. La entidad al cumplir la sentencia debe verificar los pagos realizados con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021. En ningún caso podrá exceder los topes salariales fijados por el Gobierno nacional. Por último, lo aquí dispuesto será procedente siempre y cuando las sumas a pagar por concepto de las reliquidaciones aquí ordenadas no se hayan cancelado por la entidad previamente. Por lo que corresponde a esta hacer la verificación correspondiente. Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia. En firme esta providencia devolver el expediente al tribunal de origen. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-02324-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02324-02 (4341-2023)1
Demandante: Gladys López Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Subtema 1. Juez municipal
y de circuito. Reiteración jurisprudencial. Subtema 2: disponibilidad presupuestal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 31 de mayo de 2022, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La actora, quien ejerció el empleo de juez municipal y de circuito, solicita el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992, como un factor mensual adicional al salario básico, y la reliquidación
de las prestaciones sociales. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda. Inconforme con esta decisión, la entidad accionada solicita que se
revoque el fallo, debido a la falta de disponibilidad presupuestal.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Gladys López Quevedo, mediante apoderado judicial, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la

1 Expediente físico.

Radicación: 25000-23-42-000-2018-02324-02 (4341-2023)
Demandante: Gladys López Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el 17 de octubre de 2018, con las siguientes pretensiones2:

2.1.1. Pretensiones

2. La accionante solicitó que se declare la nulidad de la Resolución 415 del 8 de
febrero de 2018, dictada por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá y del acto ficto negativo que se configuró por la falta de respuesta
al recurso de apelación presentado el 8 de marzo de 2018, que negaron la reliquidación
y pago de las prestaciones sociales.

3. A título de restablecimiento del derecho, pidió la reliquidación del salario básico
para que corresponda al 100 %, y sobre ese valor que se reliquide el 30 % de la prima
especial de servicios, prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Así como, la
reliquidación de los demás factores salariales y de las prestaciones sociales
correspondientes, mientras ocupe el cargo de juez.

2.1.2. Hechos

4. La demandante prestó sus servicios como juez desde el 2006, sin embargo,
solo recibió como salario el 70% fijado por el Gobierno nacional, según los decretos
que reglamentan el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

5. Resaltó que la administración no le ha pagado mensualmente el 100 % de la
asignación básica ni el 30 % de la prima especial de servicios. Además, no computó
la prima como factor salarial y prestacional.

6. El 20 de noviembre de 2017, la señora Gladys López Quevedo, a través de una
petición solicitó la reliquidación y pago de la diferencia adeudada por concepto de
salarios y prestaciones, teniendo en cuenta que la prima de servicios representa un
incremento de la asignación mensual. Sin embargo, la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá negó lo pedido mediante la Resolución 415 del 8 de
febrero de 2018. La actora interpuso recurso de apelación, pero no obtuvo respuesta.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

7. La demandante citó las siguientes normas violadas:

• De la Constitución Política, el preámbulo y los artículos 2, 4, 13, 25, 26, 29, 53, 83,
136 y 150 numeral 19.
• De la Ley 4 de 1992, los artículos 2 y 14.
• Los decretos 053 y 057 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 76 y 246 de

2 Folios 1 a 8.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2018-02324-02 (4341-2023)
Demandante: Gladys López Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

1997, 64 de 1998, 44 de 1999, 2740 de 2000, 2720 de 2001, 673 de 2002, 3569 de
2003, 4172 de 2004, 936 de 2005, 389 de 2006, 618 de 2007, 658 de 2008, 723 de
2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 y
1105 de 2015, 245 y 234 de 2016, 1003 de 2017 y 338 de 2018.
• De la Ley 270 de 1996, el numeral 7 del artículo 152.
• Del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los
artículos 3, 10 y 138.
• Del Código Sustantivo del Trabajo, los artículos 127 y 128.

8. La demandante expuso como concepto de violación, que la decisión de la Rama
Judicial de no reconocer la prima especial de servicios como un incremento del salario
desconoce los fines esenciales del Estado Social de Derecho, el derecho a la dignidad
humana y los principios mínimos del derecho laboral.

9. Aunque la accionante recibe mensualmente la prima especial, la administración
limitó injustificadamente su alcance salarial y prestacional, lo que vulneró su derecho
a la igualdad. Señaló que para los demás trabajadores, el salario comprende no solo
la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo pago en dinero o en especie como
contraprestación directa del servicio (primas, sobresueldos, bonificaciones, horas
extras, trabajo en descanso obligatorio y comisiones), conforme a los artículos 127 y
128 del CST.

10. Para la parte actora, el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política,
desarrollado en la Ley 4 de 1992, prohíbe al Gobierno nacional desmejorar salarios y
prestaciones de los servidores públicos. Sin embargo, el Ejecutivo, mediante decretos
anuales le quitó los efectos salariales a la prima especial de servicios del 30 % y así
redujo la base de liquidación de las prestaciones de Gladys López Quevedo.

2.2. Contestación de la demanda

11. El apoderado de la entidad demandada señaló que, acorde con el fallo de
unificación del 2 de septiembre de 20193, los jueces de la república tienen derecho al
reconocimiento y pago de las diferencias causadas por concepto de la reliquidación de
las prestaciones sociales y laborales con base en el 100 % del salario básico mensual
y el 30 % adicional, por concepto de la prima especial de servicios del artículo 14 de
la Ley 4 de 1992, que no tiene carácter salarial.

12. No obstante, explicó que existía una «imposibilidad presupuestal de reconocer
los mencionados derechos, debido a que además de pagar el retroactivo, (que puede
ir por el rubro de sentencias y conciliaciones), debe pagarse a cada beneficiario el
mayor valor que se generaría mensualmente en su nómina», y el Ministerio de
Hacienda no ha asignado recursos suficientes para cubrir esas acreencias adicionales

3 Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, sentencia SUJ-016-CE-S2-2019.

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-02324-02 (4341-2023)
Demandante: Gladys López Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

de forma inmediata para todos los funcionarios judiciales activos.

13. Precisó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tiene
competencia para crear salarios y prestaciones, sino que solamente cumple con lo
ordenado por el Gobierno nacional en los decretos anuales salariales; por
consiguiente, el Gobierno debe expedir un decreto que, en los términos del fallo de
unificación, cree la prima especial como valor adicional, de conformidad con el artículo
14 de la Ley 4 de 1992.

14. En último lugar, la parte demandada sostuvo que las diferencias causadas antes
del 20 de noviembre de 2014 se extinguieron por el fenómeno jurídico de la
prescripción, toda vez que la reclamación ante la administración se interpuso el 20 de
noviembre de 20174.

2.3. Sentencia de primera instancia

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia dictada el 31
de mayo de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no
condenó en costas. En efecto, resolvió:

PRIMERO.- Estése a lo resuelto en la sentencia del 29 de abril del año 2014, proferida
por el Consejo de Estado dentro del expediente N° 2007-0087-00. CP. Dra. MARÍA
CAROLINA RODRÍGUEZ RUIZ, en cuanto declaró la nulidad por inconstitucionalidad
de algunos artículos de los decretos reglamentarios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
e inaplicar por inconstitucional todos los decretos que dieron un entendimiento diferente
en el sentido de disminuir el derecho a la prima, en cuanto no se considere un aumento
sino una disminución, y a la sentencia de Unificación –SUJ-016-CE-S2-2019, proferida
por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – Sección Segunda
– Sala Plena de Conjueces – el dos (2) de septiembre de 2019. Conjuez ponente:
Carmen Anaya de Castellanos, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO.- Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No
415 de 8 de febrero de 2018 y del acto ficto presunto que resolvió negativamente el
recurso de apelación, expedidos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
por medio de los cuales se negó a la demandante los derechos laborales reclamados,
en razón a que tiene derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de sus ingresos
mensuales, liquidados sobre la base del salario básico más el 30 % de éste, que
corresponde a la prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, en el entendido de que dichos salarios fueron liquidados sobre el 70 % de su
salario básico, para lo cual el 30 % de la prima especial de servicios se debe sumar al
salario y, en cuanto a las prestaciones sociales, deben ser liquidadas sobre la base de
todo salario básico, “sin lugar a detraer (sic) retrotraer de la misma el 30 % de la prima
especial, por lo cual si ello ocurrió así, se debe proceder a su reajuste”, durante el
periodo supra relacionado.
TERCERO.- Condénase a la Nación – Rama Judicial a pagarle a la demandante Gladys
López Quevedo, el derecho que tiene a la reliquidación y pago de sus ingresos

4 Folios 81 a 90 del expediente físico.

4

Radicación: 25000-23-42-000-2018-02324-02 (4341-2023)
Demandante: Gladys López Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

mensuales, liquidados a partir del 20 de noviembre de 2014 y hasta la fecha en que
funja o fungió en el cargo de Juez u otro equivalente, sobre la base del salario básico
más el 30 % de éste, que corresponde a la prima especial de servicios contenida en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y el derecho al reconocimiento, reliquidación y pago
de sus prestaciones sociales, liquidadas sobre la base de todo salario básico, “sin lugar
a detraer (sic) retrotraer de la misma el 30 % de la prima especial, por lo cual si ello
ocurrió así, se debe proceder a su reajuste”, durante el periodo supra relacionado.
Siguiéndose para su liquidación y pago los parámetros fijados en esta sentencia, sin
que en ningún caso se supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional,
atendiendo el cargo que ocupó la demandante en el periodo supra relacionado.
Precisándose, además, que aquellos funcionarios beneficiarios de la prima especial de
servicios de que trata el artículo 14 de la ley 4ª de 1992, sometidos al régimen del
decreto 610 de 1998, no podrá superar en ningún caso el límite del 80 % de lo que por
todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo
que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Con la
precisión de que la prima especial de servicios de que trata la citada normatividad solo
tiene carácter salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la
relación laboral, así para aportes a seguridad social en salud, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de este proveído.
CUARTO.- Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción trienal respecto
a las sumas causadas antes del 20 de noviembre de 2014 y sólo reconocerá el pago
por concepto de prima especial de servicios a que tiene derecho la demandante, como
un emolumento adicional que asciende al 30 % del 100 % del salario básico y/o
asignación básica, de aquellas sumas causadas a partir del 20 de noviembre de 2014
y hasta la fecha en que funja o fungió en el cargo de Juez u otro equivalente.

16. Como fundamento de la decisión, el Tribunal consideró que los artículos 14 y
15 de la Ley 4 de 1992 crearon la prima especial de servicios sin carácter salarial.
Indicó que para el Consejo de Estado la interpretación correcta de la referida norma
consiste en que la prima debe ser entendida como un incremento, un plus, y no una
disminución de la remuneración básica de los jueces.

17. Por lo tanto, consideró que la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
equivale al 30 % adicional calculado sobre el 100 % del salario básico, en aplicación
del principio de progresividad, y no una fracción del 100 % de este. En otras palabras,
la referida prima representa un incremento del salario y no una disminución, y el
carácter salarial solo aplica para efectos de la cotización a pensión.

18. Entonces, los jueces cuyos salarios fueron liquidados sobre el 70 % del salario
básico tienen derecho al reajuste de sus ingresos mensuales con la base del 100 %.
De modo que la accionante tiene derecho al pago de la prima especial de servicios del
30 % y a la reliquidación de las prestaciones sociales calculadas sobre el 100 % del
salario básico mensual.

19. En lo que concierne a la prescripción, el Tribunal expuso que la demandante
presentó la reclamación administrativa el 20 de noviembre de 2017, por consiguiente,
las sumas causadas antes del 20 de noviembre de 2014 están prescritas.

5

Radicación: 25000-23-42-000-2018-02324-02 (4341-2023)
Demandante: Gladys López Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

20. En cuanto a la imposibilidad presupuestal para reconocer los derechos
reclamados, el fallo expuso que es una obligación de la entidad tramitar ante las
autoridades competentes los recursos para cubrir las obligaciones laborales5.

2.4. Recurso de apelación

21. El apoderado de la entidad accionada solicitó que se revoque el fallo, con
fundamento en los siguientes razonamientos:

22. La sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019,
de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, determinó
que la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 es una adición a
la asignación básica mensual, de modo que es improcedente sustraerla del salario
básico.

23. La entidad tiene el deber de extender los efectos de la referida providencia de
unificación para reconocer las diferencias causadas por concepto de la reliquidación
de las prestaciones sociales con el 100 % del salario básico mensual, así como el pago
del 30 % adicional, por concepto de la prima especial de servicios, sin carácter salarial.

24. Conforme el Decreto 272 de 2021, a partir del 1°. de enero de 2021, la Rama
Judicial procedió al pago por nómina mensual de la prima especial del 30 %; sin
embargo, «resulta presupuestalmente inviable presentar fórmula conciliatoria para las
obligaciones anteriores al 1 de enero de 2021, toda vez que a la fecha no se cuenta
con la apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
que permita cubrir el reconocimiento de dichas acreencias laborales».

25. En este orden de ideas, la parte recurrente sostuvo que es improcedente asumir
obligaciones sin respaldo presupuestal, toda vez que el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público no ha asignado los recursos para cancelar los mayores valores
causados derivados del reconocimiento de la prima especial de servicios del 30 % sin
carácter salarial6.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

26. Mediante auto del 5 de marzo de 2025, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación, y dispuso que el proceso ingresara al despacho para dictar sentencia7.

5 Folios 113 a 122 del expediente físico.
6 Folios 126 a 129 del expediente físico.
7 Samai, índice 33.

6

Radicación: 25000-23-42-000-2018-02324-02 (4341-2023)
Demandante: Gladys López Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

27. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde
decidir el presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso
primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.

3.2. Problema jurídico

28. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación y teniendo
en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo
3288 del Código General del Proceso, corresponde a la Sala definir si:

¿La imposibilidad presupuestal alegada por la demandada constituye un argumento
válido para negar el derecho al pago de la prima especial y las diferencias salariales y
prestacionales causadas por la disminución de la remuneración mensual al 70 %, aun
cuando la ley reconoce el pago de este emolumento como una adición del sueldo?

29. Para resolver el interrogante se realizarán algunas consideraciones sobre la prima
especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y los pronunciamientos
proferidos en la materia, aplicables a los servidores de la Rama Judicial. Luego, se
destacarán los hechos probados más relevantes y en el acápite de análisis del caso
concreto, se resolverá el problema planteado.

3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial.

3.3.1. El régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial y la prima especial
de servicios

30. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30 % ni superior
al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales
superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados

8 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre

los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo tendrá
competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».

7

Radicación: 25000-23-42-000-2018-02324-02 (4341-2023)
Demandante: Gladys López Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ante la Rama Judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal
Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos
a partir del 1 de enero de 1993.

31. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992,
expidió el Decreto 57 de 19939 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen
a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%)
del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la
República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de
Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.

Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema
de Justicia y del Consejo de Estado.
Secretario General
Magistrado Auxiliar
[…]

32. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de
determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de
dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de
jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las
mismas limitaciones10, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas
cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del
Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores
delegados de la Procuraduría General de la Nación.

33. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y
prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima
especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%)
del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los
jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.
Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos
de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al
treinta por ciento (30%) de la «remuneración mensual».

9 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama

judicial y de la justicia penal militar».
10 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-02324-02 (4341-2023)
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34. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas
sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la Rama Judicial, esta
Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad
deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4ª de 1992 al cual se acogió
de manera fidedigna el Gobierno nacional en los apartes de los actos acusados,
consistió en “quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y
reflexionó que como toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió
denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de controversias
jurídicas»11.

35. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril de
2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el
control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el Gobierno nacional
para fijar las normas del régimen salariales y prestacional de los servidores de la Rama
Judicial, de la justicia penal militar y de la Procuraduría, «no puede de manera alguna ser
de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala
ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los
decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»12.

36. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de
nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un
30 % de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial
sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los
contenidos y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 y por lo tanto habrá necesidad
de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad
señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se
descarga «el castigo de dicho 30 % que, conforme a los términos de la norma
invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales
servidores».

37. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29 de
abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima
especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos
dictados por el Gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el
literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el Gobierno
nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores del
Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y
aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, exp. 11001-03-25-000-2003-00057-

00(121-03).
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-

00(1831-07).

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-02324-02 (4341-2023)
Demandante: Gladys López Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la
Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad»13. La nulidad dispuesta en
esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del 2 de abril de 2009 14.

38. Por último, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, reiteró la tesis expuesta en las sentencias que
declararon la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima especial, al
considerar que, «a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de 1993; 104,
106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos», el Gobierno
nacional ha considerado como prima «lo que en realidad constituye el 30 % del salario
de los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad
de que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario básico y/ o asignación básica»15.
En este escenario, fijó las reglas de interpretación del artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
en el siguiente orden:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia,
los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, exp. 11001-03-25-000-2007-00087-

00(1686-07). «Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los siguientes
Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto
104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º
del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de
1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto
76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y
13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734
de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto
1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001;
9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del
Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto 3569
de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto 4172 de 2004; 8º,
10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936 de 2005; 9º del Decreto 388 de
2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de 2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto
618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
14 «(…) es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin

carácter salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la época
en que tuvo vigencia el Decreto, sea del 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de
descargar el castigo de dicho 30%, que conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje
las consecuencias prestacionales de tales servidores».
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-2016-00041-
02(2204-18).

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-02324-02 (4341-2023)
Demandante: Gladys López Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100%
de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había
sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80 %, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.

3.4. Hechos probados

39. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá (Cundinamarca)
certificó el 23 de noviembre de 2017 la vinculación de la señora Gladys López
Quevedo, al señalar que desde el 7 de diciembre de 2006 fue nombrada juez de
circuito y luego juez municipal, por periodos discontinuos, hasta la fecha de expedición
del certificado16. Igualmente, obra en el proceso la certificación de salarios pagados a
la demandante desde el año 2013 a 201717.

40. Acorde con la certificación del 17 de agosto de 2018, expedida por la coordinadora
del Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
Bogotá (Cundinamarca), la señora Gladys López Quevedo desempeñaba para la fecha
el cargo de juez municipal de Ubaque (Cundinamarca), perteneciente al régimen
salarial acogido18. Para el 28 de enero de 2021, la demandante continuaba ejerciendo
el cargo de juez, según la certificación del 28 de enero de 202119.

41. El 20 de noviembre de 2017, la actora interpuso reclamación administrativa ante
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá (Cundinamarca),
para obtener el reconocimiento de la prima especial de servicios del 30 %, como
adición al salario básico, así como la reliquidación de las prestaciones sociales,
tomando el salario básico mensual del 100 % y adicionando como factor salarial la
prima especial.

16 Folios 15 a 16 del expediente físico.
17 Folios 17 a 31 del expediente físico.
18 Folio 14 del expediente físico.
19 Folio 80 del expediente físico.

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-02324-02 (4341-2023)
Demandante: Gladys López Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

42. A través de la Resolución 415 del 8 de febrero de 2018, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá (Cundinamarca) negó lo pedido por la
señora Gladys López Quevedo al indicar que los salarios de los cargos de la Rama
Judicial no pueden ser modificados por ninguna autoridad administrativa 20. Mediante
el escrito del 8 de marzo de 2018, la accionante interpuso recurso de apelación contra
la Resolución 415 del 8 de febrero de 201821. Sin embargo, no obtuvo respuesta.

3.5. Caso concreto

43. En el asunto bajo estudio, la accionante prestó sus servicios como juez municipal
y de circuito desde el 7 de diciembre de 2006, por periodos discontinuos, y solicita el
reconocimiento de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
equivalente al 30 % del salario y la reliquidación de las prestaciones sociales con el
100 % de la remuneración.

44. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, puesto que
declaró la nulidad de los actos acusados y ordenó el reconocimiento de la prima
especial de servicios desde el 20 de noviembre de 2014, en virtud de la prescripción.
Igualmente, dispuso la reliquidación de las prestaciones sociales desde la misma
fecha, teniendo en cuenta el 30 % que había sido descontado por la entidad
empleadora.

45. Inconforme con esta decisión, la entidad accionada solicita que se revoque el fallo,
toda vez que no existe disponibilidad presupuestal para el pago de las prestaciones y
de la prima especial de servicios causada antes del 2021, puesto que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público no ha asignado el rubro correspondiente. Resaltó que si
bien el Decreto 272 de 2021 ordenó el pago de la prima especial de servicios en el
valor del 30 % adicional al salario, en todo caso, es inviable pagar las obligaciones
anteriores al 1°. de enero de 2021.

46. Ahora bien, en el proceso se acreditó que la señora Gladys López Quevedo ejerció
los cargos de juez de circuito y municipal desde el 7 de diciembre de 2006, por periodos
discontinuos, encontrándose activa para el 28 de enero de 202122. Igualmente está
probado que devengó los conceptos de sueldo básico, prima especial de servicios,
vacaciones, bonificación judicial, prima de navidad, prima de vacaciones y bonificación
por actividad judicial23. En punto del reconocimiento y pago de la prima especial, y la
reliquidación de prestaciones, la actora presentó reclamación administrativa el 20 de
noviembre de 2017. Petición que fue negada por la entidad en los actos acusados.

20 Folios 6 a 9 del expediente físico.
21 Folios 10 a 13 del expediente físico.
22 Folio 80 del expediente físico.
23 Folios 17 a 31.

12

Radicación: 25000-23-42-000-2018-02324-02 (4341-2023)
Demandante: Gladys López Quevedo
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47. Cabe anotar que a la demandante se le pagaron los salarios y las prestaciones
con una base salarial del 70 %, pues el 30 % se reconocía a título de prima especial,
fraccionamiento que la entidad estimó procedente porque los decretos salariales
expedidos por el Gobierno nacional lo establecían, por consiguiente, este aspecto no
es discutido por las partes.

48. Hecho que se corrobora con la ratio decidendi de la sentencia de simple nulidad
del Consejo de Estado que anuló parcialmente los decretos salariales en cuanto
redujeron el salario al imputar el 30% a título de la prima especial de servicios sin
carácter salarial, donde consideró:

De acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992,
es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con
la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a)
del artículo 2º de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían
desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos
demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de
1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente
para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar
su nulidad24.

49. En el mismo sentido se pronunció la Sala de Conjueces, en el fallo de 2019 25, al
indicar que «para la sala, demostrado está que a partir de la expedición de los Decretos
51, 54 y 57 de 1993; 104, 106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996
y sucesivos, el Gobierno nacional año tras año, hasta hoy, al establecer el régimen
salarial de los empleados de la Rama Judicial, ha dado la denominación de prima
especial establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, a lo que en realidad
constituye el 30 % del salario de los funcionarios y empleados que tienen derecho a
ella, quitándoles la posibilidad de ese 30 %».

50. Entonces, solo con la expedición del Decreto 272 de 2021, el Gobierno nacional
estableció que la prima especial de servicios sería adicional a la asignación básica.

51. Así pues, para dar respuesta al problema jurídico, nótese que la demandante se
encuentra en una situación fáctica y jurídica análoga a la que dio origen a la sentencia
proferida por la Sala de Conjueces del 2 de septiembre de 2019. En consecuencia, le
asiste el derecho al reconocimiento de la prima especial de servicios del 30 %
contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, y a la reliquidación y pago de sus
ingresos mensuales, calculados sobre la base del 100 % del salario básico.

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, proceso con radicado 11001-03-25-000-2007-00087-

00 (1686-07), M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-2016-00041-
02(2204-18).

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-02324-02 (4341-2023)
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52. Al respecto, es del caso reiterar que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 previó la
creación de una prima no inferior al 30 % ni superior al 60 % del sueldo básico, sin
carácter salarial. La Ley 332 de 1996, que modificó la Ley 4 de 1992, estableció que
la prima especial formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión
de jubilación. Asimismo, los decretos anuales dictados por el Gobierno nacional para
fijar las normas del régimen salarial y prestacional reiteraron que la prima especial es
un emolumento sin carácter salarial, equivalente al «treinta por ciento (30 %) del salario
básico mensual». En el mismo sentido, esta Sección, en la sentencia del 2 de
septiembre de 2019, señaló que «la prima especial sólo constituye factor salarial para
efectos de la pensión de jubilación».

53. Debe decirse también que los aportes a pensión sobre la prima especial son
procedentes desde la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, en la medida en que
dicha prestación es factor de cotización únicamente para pensión, y hasta su
permanencia en los cargos que le otorguen el reconocimiento, siempre que la entidad
no los hubiese realizado.

54. Por esta razón, y visto que el Tribunal omitió considerar la naturaleza especial de
los referidos aportes, la Sala adicionará la sentencia apelada para ordenar a la parte
demandada que, en caso de no haberlos efectuado, realice el pago de las cotizaciones
al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, teniendo en cuenta como
ingreso base de liquidación el 100% del salario básico mensual, más el 30%
correspondiente a la prima especial de servicios26, por el tiempo en que la actora
ejerció el cargo de juez, en consonancia con lo ordenado por la Ley 332 de 1996, que
incluyó la prima especial de servicios en el ingreso base de cotización pensional.

55. Ahora bien, en lo que respecta a la imposibilidad presupuestal alegada por la
entidad demandada, para realizar los pagos de las obligaciones anteriores al 1°. de
enero de 2021, la Sala recuerda que las restricciones presupuestales no constituyen
una causa válida para negar el reconocimiento de un derecho prestacional27. Es decir,
las dificultades financieras o de ejecución presupuestal no eximen a la administración
del deber de reconocer y pagar los derechos que hayan sido debidamente causados.
En este sentido la Corte Constitucional28 ha reiterado que «la situación económica y
presupuestal que afrontan un gran número de entidades públicas no justifica el
incumplimiento de las obligaciones laborales»29.

56. Por consiguiente, se desestima lo alegado en el recurso de apelación interpuesto

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencias del

5 de septiembre de 2023, rad. núm. 73001-23-33-000-2017-00344 -01 (6074-2018) y del 4 de julio del 2024, rad.
núm. 05001 23 31 000 2003 01216 01 (0450-2014).
27 En similares términos se pronunció la Subsección en la sentencia del 10 de julio de 2025, M.P. Elizabeth Becerra

Cornejo, sentencia del 10 de julio de 2025, proceso con radicado 76001-23-33-004-2016-01696-02 (3631-2024).
28 Ver sentencias T-399 de 1998, SU-995 de 1999, SU-484 de 2008.
29 En este mismo, sentido se pronunció esta Subsección en sentencia del 8 de agosto de 2025, M.P. Elizabeth

Becerra Cornejo, proceso con radicado 05001-23-33-000-2016-00255-02 (6600-2024).

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-02324-02 (4341-2023)
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por la entidad accionada y se impone confirmar parcialmente el fallo apelado para
ordenar el pago de aportes a pensión.

4. Conclusión

57. En respuesta al recurso de apelación, la Subsección concluye que la satisfacción
de los derechos laborales y, en concreto, el pago de la prima especial de servicios del
30 % adicional al salario, para los periodos causados antes de la expedición del
Decreto 272 de 2021 (desde el 20 de noviembre de 2014, por prescripción), así como
la reliquidación de las prestaciones sociales para los periodos en que se redujo el
salario en un 30 %, no puede verse menoscabado por los trámites presupuestales que
deben realizar las entidades junto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
acorde con el principio de colaboración armónica, para materializar el pago de las
condenas judiciales.

5. Costas

58. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 30 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar a imponer dicha condena, en atención
a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

30 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia
en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-02324-02 (4341-2023)
Demandante: Gladys López Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FALLA:

Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca del 31 de mayo de 2022, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

Segundo: Adicionar a la anterior providencia, que la Nación, Rama Judicial, Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional, deberá reliquidar y pagar las
cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en favor
de Gladys López Quevedo, desde el 7 de diciembre de 2006, teniendo como ingreso
base de liquidación el 100% del salario básico mensual más el 30% correspondiente
a la prima especial de servicios, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
La entidad al cumplir la sentencia debe verificar los pagos realizados con ocasión de
la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021. En ningún caso podrá exceder los topes
salariales fijados por el Gobierno nacional.

Por último, lo aquí dispuesto será procedente siempre y cuando las sumas a pagar por
concepto de las reliquidaciones aquí ordenadas no se hayan cancelado por la entidad
previamente. Por lo que corresponde a esta hacer la verificación correspondiente.

Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.

En firme esta providencia devolver el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-02324-02 (4341-2023)
Demandante: Gladys López Quevedo
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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