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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02370-01

Fecha
9 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02370-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F AL L A PRIMERO: REVOCAR el numeral tercero de la sentencia del 12 de febrero de 2021 y, en su lugar, se niega la condena en costas en primera instancia. SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia. CUARTO: RECONOCER personería al abogado Jhon Jairo Bustos Espinosa, portador de la tarjeta profesional 291.382 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado general de la UGPP conforme al poder que le fue otorgado mediante escritura pública visible en el índice 12 de la plataforma SAMAI. QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-02370-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02370-01 (3453-2021)
Demandante: José Nelson Varón
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación como docente
nacional. La incorporación no cambia la naturaleza de la relación
legal y reglamentaria. REVOCA Y CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el doce (12) de febrero de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, por
medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor JOSÉ NELSÓN VARÓN instauró demanda en contra de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el
fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones, (i) RDP 027457 del 27 de julio de
2016; y (ii) RDP 038748 del 13 de octubre de 2016, por medio de las cuales se negó
el reconocimiento de la pensión gracia y se desató desfavorablemente el recurso de
apelación interpuesto contra el primer acto administrativo enunciado.

1 Folios 1 a 2.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02370-01 (3453-2021)

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer y
pagar al accionante la mencionada prestación en cuantía equivalente al 75% del
promedio salarial mensual devengado en el año anterior a la consolidación del
estatus pensional, con efectividad desde ese mismo instante ocurrido el 7 de abril
de 2009, y con el debido ajuste de valor sobre las sumas adeudadas por este
concepto.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo
en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera.

Que el señor José Nelsón Varón nació el 5 de diciembre de 1944.Que en su vida
laboral estuvo vinculado al magisterio inicialmente desde el 28 de enero de 1980
hasta el 13 de abril de 1981, derivada en principio del Decreto 0018 del 28 de enero
de 1980 expedida por el intendente Nacional de Caquetá, para prestar los servicios
en calidad de rector del Colegio Cervantes del municipio de Morelia. Resaltó que
dicho tiempo fue nacionalizado en virtud de la Ley 43 de 1975.

Que posteriormente se vinculó como docente de secundaria al departamento de
Cundinamarca, mediante el Decreto 2025 del 20 de mayo de 1983, derivado de la
gobernación de Cundinamarca y que ejerció dicho cargo entre el 22 de junio de
1983 y el 11 de julio de 1989. Que la suma de los anteriores tiempos da un total de
7 años, 3 meses y 3 días, considerado de carácter «departamental», en virtud del
proceso de nacionalización.

Posteriormente tuvo una vinculación de carácter nacional como educador oficial
desde el 1. ° de diciembre de 1994 hasta el 9 de julio de 1996 derivada del Decreto
755 del 24 de noviembre de 1994 expedida por el alcalde mayor de Bogotá. Luego
dicho vinculó muto a Distrital por mandato de la ley 60 de 1993, en razón, que el
Distrito fue certificado, según resolución 6144 del 26 de diciembre de 1995 del MEN,
y le fue entregada la educación, a través de acta del 10 de julio de 1996. Como
consecuencia de la descentralización los tiempos de servicios laborados desde el
10 de julio de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2010, son de carácter territorial y
por tanto aptos para el reconocimiento de la pensión gracia.

Que el 12 de abril de 2016, la parte actora solicitó ante la UGPP el reconocimiento
y pago de la pensión gracia, a lo cual dicha entidad expidió la Resolución RDP
027457 del 27 de julio de 2016 con la que negó la prestación.

2 Folios 2 a 4.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02370-01 (3453-2021)

Que el accionante presentó recurso de apelación contra el anterior acto
administrativo, el cual fue resuelto a través de las Resolución RDP 038748 del 13
de octubre de 2016 siendo confirmada la decisión inicial.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 27 de febrero de 20193 y notificada a
la UGPP4, quien se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestó que al
demandante no le asiste el derecho reclamado, dado que no cuenta con los veinte
años en la docencia oficial de carácter departamental, distrital, municipal o
nacionalizado, teniendo en cuenta que para acceder a la prestación solicitada no es
posible computar tiempos de servicio del orden nacional.

Propuso como excepciones que las denominó: (i) presunción de legalidad de los
actos administrativos expedidos, (ii) inexistencia de la obligación, (iii) prescripción
e, (iv) innominada o genérica.

En la audiencia inicial5 el tribunal advirtió que las excepciones propuestas no
pueden ser consideradas como previas, por tanto, serían resueltas en la sentencia.
Adicionalmente, en esta diligencia se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la
demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló
que no existía ánimo conciliatorio, se efectuó la incorporación de pruebas y de oficio
decretó otras y una vez allegadas, por auto corrió traslado para presentar alegatos
de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
mediante sentencia del 12 de febrero de 2021, declaró probadas las excepciones
de «presunción de legalidad de los actos expedidos e inexistencia de la obligación»
y no probada la de prescripción; negó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas al demandante.

Como sustento de lo anterior, argumentó que, una vez analizada la normativa
aplicable y la jurisprudencia vigente, sobre el material probatorio allegado al
plenario, destacó que inicialmente el actor acreditó una vinculación previa al 31 de
diciembre de 1980 como primer presupuesto para ser beneficiaria de la pensión
gracia.

Que, en su vida laboral, se desempeñó inicialmente como «prefecto académico» en

3 Folio 201 y 203.
4 Folio 212.
5 Folios 298 a 299.
6 Folios 323 a 332.

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el Colegio de Nuestra Señora de la Mercedes en Paujil – Caquetá, entre el 1. ° de
febrero de 1977 y el 31 de enero de 1980; luego, mediante el Decreto 18 del 28 de
enero de 1980 tuvo una vinculación nacionalizada en calidad de rector del Colegio
Cervantes en Morelia entre el 1. ° de febrero de 1980 y el 13 de abril de 1981 y, a
través del Decreto 2025 del 20 de mayo de 1983 en el Colegio Departamental de
Venecia entre el 22 de junio de 1983 y el 11 de julio de 1989.

No obstante, que por Resolución 2140 del 29 de marzo de 1989 fue nombrado por
el Ministerio de Educación Nacional como rector del Colegio Nacional Manuel
Murillo Toro en Chaparral por lo cual, se desempeñó en dicho cargo entre el 11 de
abril de 1989 y el 1. ° de diciembre de 1994.

Que por medio del Decreto 755 del 24 de noviembre de 1994, tuvo una vinculación
en propiedad como docente de tiempo completo del INEM Santiago Pérez desde el
23 de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2010, fecha en la que cumplió la
edad de retiro forzoso.

Que de acuerdo con la Ley 91 de 1989 definió en su artículo 1° al personal nacional,
en el sentido de indicar que son aquellos vinculados por el Gobierno Nacional, que
de igual manera con la Ley 43 de 1975 se dio el proceso de nacionalización gradual
de la educación primaria y secundaria y que, mediante la Ley 60 de 1993 se fijaron
servicios y competencias en materia social a cargo de las entidades territoriales y la
Nación.

Sostuvo que el régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales y
nacionalizados vinculados y que se incorporaran a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad correspondía a lo previsto en la Ley 91 de
1989, en el sentido de que no hacía modificaciones en su vinculación, en el régimen
de carrera ni en el pago de sus prestaciones.

Por lo anterior, como el docente antes del proceso de incorporación ostentaba una
vinculación de carácter nacional y la misma no vario, no acreditó el cumplimiento de
los 20 años de servicios del orden territorial o nacionalizada y por lo tanto no tenía
derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

EL RECURSO DE APELACIÓN7

La parte demandante en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia, para lo cual sostuvo que, de conformidad con la
normativa aplicable a estos asuntos, así como con los actos administrativos que
dieron cabal ejecución al proceso de descentralización en el Distrito de Bogotá,

7 Folios 341 a 357.

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respecto a la descentralización de la educación, no cabría la menor duda de que el
vínculo laboral del accionante, si bien en un principio fue nacional, mutó a territorial
a partir del 10 de julio de 1996.

Que, por lo tanto, a partir de la fecha mencionada, el señor José Nelson Varón dejó
de tener un vínculo nacional, pues los dineros con que se le pagaban sus acreencias
no eran de propiedad de la Nación, sino que desde el 10 de julio de 1996 fueron
financiados con recursos distritales, por lo que la consecuencia obvia de todo ello
es que los tiempos de carácter territorial son válidos para el reconocimiento de la
pensión solicitada.

Que en el caso objeto de estudio, existió una sustitución patronal, la cual operó por
mandato de las Leyes 43 de 1975, 60 de 1993 y 715 de 2001, proceso a partir del
cual la relación laboral entre los docentes y el estado fue transformándose y pasó
de un vínculo docente- Nación a un vínculo docente- departamento o docente-
municipio, según el caso.

Que existió una indebida valoración del acervo probatorio ya que el certificado de
Tiempo de Servicio expedido el 29 de enero de 2016 «contiene una falsedad
ideológica parcial» al no tener en cuenta que, a partir del 10 de julio de 1996, fecha
en que «ocurrió la ejecución del proceso de descentralización en el Distrito Especial
de Bogotá» hasta la fecha de su retiro, mutó a «distrital» pues se encontró laborando
en la «circunscripción territorial del Distrito Especial de Bogotá».

Que, en el certificado expedido por la Secretaría de Educación de Bogotá que fue
aportada a folios 169 y 170 «es reflejo de la falta de cuidado de la mencionada
secretaría, que autoproclamándose entidad nominadora certifiqué todo el tiempo
como nacional, como si no se hubiera producido el fenómeno de la
descentralización de la educación» y advierte que tal falsedad no merecía tacha por
solamente proceder en la falsedad material. Adicionalmente, señaló que el Colegio
en el que se encontraba al momento de su retiro «IED LA CHUCUA» dejó de ser
nacional para convertirse en una Institución Educativa del Distrito.

Que resultó desacertada la condena en costas, porque el tribunal omitió realizar un
análisis profundo de la situación del demandante pues no argumentó sobre la
posición de este en la relación laboral y el carácter dominante del patrono frente a
las precarias condiciones de los educadores.

Que además debió atender a los principios de confianza legítima y buena fe, porque
no obran pruebas que permitieran demostrar que la solicitud en el reconocimiento
de la pensión gracia, fue temeraria, sin arreglo a los procedimientos previstos en el
ordenamiento jurídico o de mala fe, pues de conformidad con la normativa
administrativa y constitucional, se procedió a la reclamación del derecho; y tampoco

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puede determinarse la causación de los honorarios en el plenario, quedando sin
sustento dicha condena.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES

De conformidad con el numeral 4° del artículo 247 del CPACA, una vez admitido el
recurso8, las partes guardaron silencio.

POSICIÓN DE MINISTERIO PUBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.9

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial
o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún período en
tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980, ello en el entendido de que tuvo una
incorporación a la planta de personal docente de una entidad territorial en virtud del
proceso de descentralización del servicio educativo.

Para resolver este problema jurídico, la Sala hará referencia a: i) los aspectos
generales de la pensión gracia aplicables al caso concreto, ii) las implicaciones de
la incorporación del personal docente a los entes territoriales en el proceso de
descentralización de la educación y finalmente, iii) resolverá el caso concreto.

Marco normativo y jurisprudencial

a. Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su
acceso

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar
cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«[l]os maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

8 Índice 3 de SAMAI.
9 Según constancia secretarial que obra a índice 8 de SAMAI.

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Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «[l]os veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]
de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»10. Con la expedición de la
Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de
establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o
adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «[c]uando se trate de servidores del
ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

10 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

(..)
2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199711 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.

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De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201812
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer

12Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.

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con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza
de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,13 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

13 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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10

Radicado: 25000-23-42-000-2018-02370-01 (3453-2021)

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

b. Incorporación personal docente a los entes territoriales en el proceso de
descentralización de la educación

En atención al proceso de descentralización planteado en la Constitución de 1991,
el Congreso de la República profirió la Ley 60 de 1993, la cual dispuso la
desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba previamente para la
prestación del servicio educativo, con el fin de que los entes territoriales estuvieran
encargados de la cobertura y la calidad de este servicio.

En el parágrafo del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería los bienes
del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos; de igual manera,
a través de dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de los
establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.

En el inciso 4 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se indicó:

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«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales
sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la
Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con
pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de
vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional
de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de
la respectiva entidad territorial. […]» (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

A partir de lo expuesto, las plantas de personal comenzarían a formar parte de la
respectivas entidades territoriales, en principio departamentos y distritos y, en
consecuencia, era necesario que se adelantara un proceso de incorporación, pues
los docentes que tenían la condición de nacionales o nacionalizados, debían migrar
a los departamentos, municipios o distritos, y el régimen prestacional que
incorporaran como a los que se vincularan de forma posterior, sería el establecido
en la Ley 91 de 1989.

Ahora bien, aunque como se puso de manifiesto la intención de la norma era que
más municipios asumieran el manejo total de la administración del servicio de
educación, lo cierto es que dicha legislación únicamente habilitó a los municipios
certificados (con una población superior a 100 mil habitantes) para que se les
trasladara directamente los recursos relacionados con al sistema educativo para ser
invertidos con autonomía. Así, lo dispuso el literal b, numeral 7 del artículo 16
ibidem:
«A solicitud de los concejos de los municipios que tengan población igual o superior
a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con la aprobación del
Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas otorgar a estos municipios
autonomía para la prestación del servicio de educación y la asunción de las
obligaciones correspondientes en las mismas condiciones de los distritos.»

De forma posterior, con el fin de hacer frente al problema base de la educación del
país generado por «la duplicidad de funciones entre los niveles municipal,
departamental y nacional» y en aras a «pasar a una nueva etapa de la
descentralización, en la cual […] las entidades territoriales consolidan su autonomía
administrativa como operadores de la organización de los servicios de educación
[…]», se expidió la Ley 715 de 2001.

Dicha normativa fue expedida con el fin de asignar competencias a las entidades
territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en
sus niveles preescolar, básico y medio. Asimismo, esta ley se refirió expresamente
a la incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y 38. Tales normas
disponen:

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«ARTÍCULO 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el
artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos y
administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y
municipios.

Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de los
planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad […]

ARTÍCULO 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a
los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con
recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la
respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y
que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo. […]»

En conclusión, el proceso de descentralización del sector educativo trajo consigo
dos consecuencias: i) que las entidades territoriales debían recibir el personal
administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas
conforme a la Ley a través del procedimiento de incorporación, y ii) que los docentes
incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo de vinculación que
ostentaban de manera inicial y sin solución de continuidad.

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.

Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la
edad, se observa que el señor José Nelson Varón nació el 5 de diciembre de 1944,14
de modo que cumplió los 50 años el 5 de diciembre de 1994.

Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio
del reclamante como docente territorial o nacionalizado, (el cual es centro de debate
en esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor
acreditados en la presente causa judicial.

No obstante, se comenzará especialmente con el período en el que el actor discute
que, si bien al inicio tuvo un vínculo nacional, este mutó a nacionalizado con motivo
de sendos procesos de incorporación por la descentralización del servicio educativo
en aplicación de la Ley 60 de 1993, pues dicho interregno es el de mayor duración
y por lo tanto el más relevante en este punto, pues la determinación de su naturaleza

14 Según copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 69.

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como nacional sería suficiente para poder tener por no cumplido este requisito y por
lo tanto convalidar la negativa de las pretensiones.

• Del 1. ° de diciembre de 1994 al 31 de diciembre de 201015

Al respecto, según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral expedido el 29 de enero de 2016 por la Secretaría de Educación del Distrito
Capital,16 el demandante tuvo una vinculación directa y permanente como docente
oficial con el Ministerio de Educación Nacional durante el mencionado lapso.
Incluso, en dicha prueba se precisa que el tipo de relación legal sostenida durante
aquel interregno fue del orden nacional, lo cual el mismo señor José Nelson Varón
reconoce en el hecho quinto de la demanda17 y en su recurso de apelación, solo
que precisa que ello tuvo lugar hasta el momento en que fue incorporada a la planta
de personal del distrito, lo cual ocurrió hasta el 10 de julio de 1996.

Sobre el particular es del caso resaltar que, efectivamente conforme al Decreto 755
del 24 de noviembre de 1994 el alcalde de Bogotá D.C., nombró al señor José Varón
en el cargo de docente de tiempo completo. Además, en el acto puede evidenciarse
que dicha plaza hacía parte del «Programa de Planteles Nacionales, Jornadas
Adicionales de la secretaría de Educación de Santafé de Bogotá D.C». Que el
docente tomó posesión del cargo el 1. ° de diciembre de 1994 ante el secretario de
Educación, como se aprecia de las siguientes imágenes:

15 Fecha de renuncia por retiro forzoso.
16 Folios 169 a 170.
17 «Mi mandante se vincula con el régimen docente nacional siendo nombrado Como Docente en Propiedad de

Secundaria mediante decreto N° 755 del 24 de noviembre de 1994, proferido por el Alcalde Mayor de Bogotá
en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la ley 29 de 1989, tomando posesión del
cargo en forma legal el día 1 de Diciembre de 1994».

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02370-01 (3453-2021)

De lo anterior puede evidenciarse que, tanto del nombramiento como de la
posesión, pese a que los efectuó el alcalde municipal de Bogotá su nombramiento
se realizó para desempeñar sus servicios en el INEM Santiago Pérez, plaza a la
cual fue asignado de carácter nacional.

Así las cosas, sobre el carácter de nacional en los instituciones como en las
instituciones denominadas como «INEM», tal como lo ha expuesto esta Sala, es
posible extraer que tal relación legal y reglamentaria es del orden nacional, pues la
plaza ocupada sería de la misma condición si se tiene en cuenta que, en su
momento, a través de Decreto 1962 de 196918, se creó el programa de educación
media diversificada, con el fin de «[…] atender a la mayor demanda de educación media
y a la necesidad de mejorar su calidad en consonancia con las modernas tendencias
educativas y a las necesidades del país […]», el cual se desarrollaría en «[…]
los institutos nacionales de educación media diversificada (INEN) (sic) y en
los demás establecimientos que el Ministerio de Educación autorice […]».19

Por lo tanto, en el entendido de que probatoriamente se encuentra plenamente
demostrado que el señor José Nelson Varón detentó una vinculación como docente
oficial en virtud de un nombramiento efectuado por el alcalde de Bogotá en una
plaza del orden nacional, se concluye que el lapso comprendido entre el 1. ° de
diciembre de 1994 al 31 de diciembre de 2010 (16 años y 30 días), no podría ser
tenido en cuenta para colmar la exigencia bajo estudio necesaria a fin de acceder
al derecho en litigio, pues este tipo de relación legal y reglamentaria es incompatible
con la finalidad de la prestación conforme a los presupuestos de la Ley 114 de 1913.

Sin perjuicio de lo expuesto, tanto en el escrito petitorio como en el recurso de
apelación el demandante sostuvo que a pesar de que su nombramiento hubiese
sido realizado por la Nación, lo cierto es que la plaza que ocupaba mutó al orden
territorial (distrital) desde el 10 de julio de 1996, en la medida en que para esa fecha
fue incorporado a la planta de personal educativo del distrito capital de Bogotá, en
cumplimiento de la Resolución 6144 del 26 de diciembre de 1995 20, pues dicha
entidad había sido certificada para prestar tal servicio en ese territorio por
autorización del Ministerio de Educación, ello al punto de asegurar que la naturaleza
de su vínculo cambió al nivel territorial.

Como sustento del proceso de incorporación también se allegó al plenario, el acta
de verificación de requisitos y entrega de bienes al Distrito Capital21 y el documento

18 «Por el cual se establece la enseñanza media diversificada en el país».
19 Sobre la naturaleza jurídica del INEM, el Consejo de Estado se pronunció en sentencia del 11 de noviembre
de 2021, radicado: 63001-23-33-000-2019-00037-01(1311-20).
20 Por la cual se otorga certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Ley

60 de 1993, por parte del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá D.C. Folios 112 a 114.
21 Que en virtud a lo previsto en las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, se procedió a verificar el cumplimiento de

los requisitos y entrega al Distrito Capital de los bienes, el personal y los establecimientos educativos que le
permitan cumplir con las funciones y obligaciones recibidas. Folios 183 a 189.

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de compromisos derivados de la certificación aprobada en la Resolución 6144 de
199522, dentro de las cuales se adelantaron las actuaciones tendientes a efectuar
la administración directa de los recursos del situado fiscal y la prestación del servicio
educativo.

En tal sentido, el demandante argumenta esencialmente que, al margen de haber
detentado una relación legal y reglamentaria del orden nacional, esta solo tuvo lugar
del 1. ° de diciembre de 1994 al 9 de julio de 1996, pues desde el día siguiente hasta
la fecha de su retiro ocurrido el 31 de diciembre de 2010, el servicio prestado fue
como educador territorial (distrital), por lo que estimó que tal tiempo de labor oficial
sí debía computarse para consolidar el derecho a la pensión gracia.

No obstante, si bien es cierto que la descentralización educativa en Colombia
conllevó el traslado e incorporación del personal docente a las entidades territoriales
certificadas en educación, y que por lo tanto la administración del servicio y de
dichos empleados terminó radicada en las referidas autoridades, no lo es menos
que tales condiciones no generaron un cambio en la naturaleza de la vinculación
inicial de los educadores que habían sido nombrados con anterioridad a dicho
proceso, particularmente para aquellos que continuaron su relación legal y
reglamentaria sin interrupción como es el caso del actor.

Esto halla sustento en virtud del artículo 6° de la Ley 60 de 1993 que planteó lo
siguiente,

«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91
de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones
o cualesquiera otras clases de remuneraciones. […]». Subrayado y negrilla de la
Sala.

En tal sentido, es claro que el fenómeno en comento no es un fundamento válido
para afirmar que en virtud de las denominadas incorporaciones (que no
corresponden a nuevos vínculos derivados de relaciones legales diferentes), los
docentes que desde el principio eran nacionales y continuaron en ejercicio de su
cargo sin solución de continuidad en las plantas de personal de las entidades
territoriales, pueden modificar la naturaleza de su primera y única vinculación con
desconocimiento de las características y condiciones jurídicas que se configuraron
para ellos desde el mismo instante en que fueron nombrados por una autoridad en

22 Folios 138 A 140.

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ejercicio de su facultad nominadora como lo es, por ejemplo, el Ministerio de
Educación Nacional.23

Lo propio deberá afirmarse para el caso del demandante, en el que, si bien se
observa que tuvo una incorporación a la planta de personal del Distrito de Bogotá,
ello en cumplimiento del artículo 6º de la Ley 60 de 1993, lo cierto es de esta no
generó el cambio en la naturaleza de su relación legal y reglamentaria original
generada con la Nación, pues la plaza ocupada seguía siendo la misma durante los
extremos temporales bajo estudio.

En todo caso, aun si se plantea que con motivo de la mencionada incorporación el
centro de costos para asumir las acreencias laborales del personal docente
corresponde al SGP a través del FER, debe precisarse que como se adujo en la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, el origen de los recursos
destinados a financiar los pagos de los maestros oficiales no es criterio suficiente
ni indispensable para determinar la calidad del vínculo laboral de aquellos, pues
para el efecto lo que resulta necesario es identificar cómo fue el nombramiento del
educador en lo que respecta a la entidad que lo haya designado como tal, así como
la plaza materialmente ocupada por este, de manera que tampoco sería adecuado
afirmar que se dio un cambio de relación legal por las anteriores razones, habida
cuenta de que como quedó demostrado en esta causa judicial, esta se dio por
decisión directa de la Nación a través del Ministerio de Educación.

Respecto del cambio patronal al que hace referencia el demandante en el recurso
de alzada, debe señalarse que, en tratándose de las leyes 60 de 1993 y 715 de
2001, el traspaso o entrega del personal a los entes territoriales debía producirse
ineludiblemente mediante un proceso de incorporación, el cual como se dijo antes,
suponía de un lado que, los departamentos, distritos y/o municipios se debían
reajustar su estructura para cumplir con los fines del servicio educativo y, de otro,
que la inclusión del personal en la nueva planta debía tomarse sin solución de
continuidad, esto es, manteniendo el aspecto formal de los empleos, como lo es la
naturaleza de su vinculación.

Por otra parte, advierte la Sala que la parte recurrente argumenta en su recurso que
existió una indebida valoración de la prueba pues, sobre la certificación del tiempo
de servicio emitida por la Secretaría de Educación de Bogotá el 29 de enero de
2016, recae una falsedad ideológica, al catalogarse en ella como nacional todo el

23 Como respaldo de este postulado pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sección Segunda,

Subsección B del 5 de agosto de 2010, radicación 2079-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de
marzo de 2012, radicación 1146-2010 C.P. Gerardo Arenas Monsalve y del 16 de junio de 2015, radicación
68001233100020040276201.

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tiempo de servicio prestado por el demandante aun cuando operó el fenómeno de
la descentralización de la educación.

Sin embargo, a juicio de la Sala no se aportó prueba que desvirtúe de manera
inequívoca el contenido del documento para que pueda resultar avante el reproche
efectuado en esta instancia y, en todo caso, se debe resaltar que esta corporación
ha sido consistente en concluir que, siempre que la vinculación primigenia sea de
carácter nacional por provenir del Ministerio de Educación Nacional y de forma
posterior, en virtud de la Ley 60 de 1993 y/o de la Ley 715 de 2001, se dé una
incorporación de dicha plaza a una entidad de carácter territorial, la naturaleza
nacional de la vinculación permanecerá incólume.

Por lo tanto, al evidenciar que la vinculación más larga y relevante del demandante,
(sostenida desde el 1. ° de diciembre de 1994 al 31 de diciembre de 2010 (16 años
y 30 días), no resulta computable para adquirir una pensión gracia, se concluye que
tampoco satisfizo el requisito de acreditar mínimo 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizada, de manera que este solo hecho le impide al actor
consolidar el derecho prestacional solicitado.

Ahora, si bien es cierto el señor José Nelson Varón también detentó varios vínculos
como maestro oficial entre el 1. ° de febrero de 1980 y el 13 de abril de 198124 y
entre el 22 de junio de 1983 al 11 de julio de 198925, este período no será objeto de
análisis respecto de la procedencia de su inclusión a fin de colmar la presente
exigencia normativa, por cuanto tal relación legal y reglamentaria, así hubiese sido
de naturaleza nacionalizada o territorial, solo equivale en tiempo a 7 años, 3 meses
y 1 día, los cuales resultan insuficientes para efectos del reconocimiento de la
prerrogativa bajo estudio.

Bajo tal contexto, en el entendido de que el señor José Nelson Varón no cumplió
este requisito que es esencial para adquirir el beneficio pretendido, resulta inane
verificar los demás preceptos señalados previamente, pues ante este primer análisis
se corrobora la necesidad de negar el reconocimiento de la prestación reclamada,
de manera que se confirmará la providencia apelada.

De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia.

Procederá la Sala a analizar lo relacionado con la condena en costas impuesta en
primera instancia, en consideración a que, para el demandante, no se vislumbra una
conducta inapropiada de su parte, por lo que considera debe ser revocada en este
aspecto.

24 Según Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral, visible a folios 165 a 166.
25 Según Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral, visible a folios 167 a 168.

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En lo que respecta a este punto de impugnación, la Sala en el caso particular acudirá
a la tesis que se ha sostenido a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de
2021, teniendo en cuenta la fecha de expedición de la sentencia de primera
instancia (12 de febrero de 2021).

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en
el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar
si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No
obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y
cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

Por ello, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha situación a la luz de
la normativa vigente, así:

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que los
fundamentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación presentados
por la parte demandante, no revisten una carencia de fundamentación legal que dé
lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte interesada en su escrito indicó
razones en defensa jurídica de sus intereses, por tal razón al no encontrarse
acreditado tal presupuesto normativo se revocará la condena en costas impuesta
en primera instancia y a su vez, se dispondrá no condenar en costas en segunda
instancia.

En tal sentido, se revocará parcialmente el fallo apelado, para ordenar que no
procedía la condena en costas de primera instancia a cargo del accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02370-01 (3453-2021)

F AL L A

PRIMERO: REVOCAR el numeral tercero de la sentencia del 12 de febrero de 2021
y, en su lugar, se niega la condena en costas en primera instancia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandante según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.

CUARTO: RECONOCER personería al abogado Jhon Jairo Bustos Espinosa,
portador de la tarjeta profesional 291.382 del Consejo Superior de la Judicatura, en
calidad de apoderado general de la UGPP conforme al poder que le fue otorgado
mediante escritura pública visible en el índice 12 de la plataforma SAMAI.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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