Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02407-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02407-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-02407-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
11 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02407-02 (4848-2022)
Demandante: Ángela Natalia Prieto Vargas
Demandada: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Temas: Prima especial. Su reconocimiento como componente adicional
al salario y la reliquidación de las prestaciones con el 100% de
la asignación no implica que se supere el tope de la bonificación
por compensación. Falta de congruencia del fallo apelado en lo
relacionado con el reajuste de este último emolumento.
REVOCA Y MODIFICA SENTENCIA PARCIALMENTE Y
CONFIRMA EN LO DEMÁS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Ángela Natalia Prieto Vargas instauró demanda2 contra la Nación -
Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998, ni de la prima
especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente proceso. De otro lado, mediante proveídos del
9 de abril del año en curso entre otros procesos dentro de los radicados 0276-2023, 2102-2021, 2526-
2025,2694-2023, 6334-2018; la sala declaró infundado el impedimento manifestado por el consejero Luis
Eduardo Mesa Nieves por la causal de pleito pendiente, tras considerar frente al proceso en curso que «si bien
existe coincidencia entre las partes, no integran el mismo extremo procesal en uno y otro proceso; no coincide
el medio de control bajo el cual se tramitan ni la causa y objeto que se examina en ellos».
2 Folios 23 a 37.
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PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la Resolución 3388 del 22 de marzo de 2018, por
medio de la cual la entidad demandada le negó el pago de la prima especial como
componente adicional al salario en un 30% de este último, así como la reliquidación
de sus prestaciones sociales con base en el 100% de lo devengado mensualmente,
esto es, con inclusión del mencionado emolumento descontado de su asignación y
con la bonificación por compensación.
3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene la reliquidación y pago
actualizado de las diferencias en el cálculo de sus prestaciones sociales,
cotizaciones a seguridad social y demás emolumentos que se puedan ver incididos
desde el 19 de mayo de 2016 en adelante, con base en el 100% de su sueldo básico
mensual en el que se incluya el 30% que no se había tenido en cuenta por haberse
reconocido a título de prima especial sin carácter salarial de que trata el artículo 14
de la Ley 4.ª de 1992, al igual que la bonificación por compensación prevista en el
Decreto 610 de 1998 con carácter salarial para el cálculo prestacional.
4. Que se condene a la parte accionada a reconocer y pagar desde el 19 de mayo
de 2016 en adelante, el 30% por concepto de asignación básica que se le había
descontado del salario a título de prima especial, y que además se cancele ese
mismo valor como un componente agregado o adicional a la remuneración total, a
fin de que se sigan liquidando sus prestaciones y demás haberes laborales con el
total de su sueldo básico calculado con dicho emolumento y con la referida
bonificación por compensación como factor salarial.
5. Que la demandada dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 del
CPACA y que sea condenada en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
6. Que ha prestado sus servicios a la Rama Judicial en el cargo de magistrada
auxiliar del Consejo de Estado desde el 19 de mayo de 2016, al menos hasta la
fecha de presentación de la demanda (30 de octubre de 2018). Durante este lapso
ha percibido mensualmente la prima especial y la bonificación por compensación,
pero para el cálculo de sus prestaciones sociales solo se ha tenido en cuenta el
“sueldo básico”, sin incluir dichos emolumentos en la base de liquidación.
7. El 14 de marzo de 2018 solicitó la reliquidación de sus haberes salariales y
prestacionales con base en el 100% de su asignación básica, así como el pago de
la diferencia por tales conceptos reajustados con inclusión de la prima especial
como un componente adicional y de la bonificación por compensación. Sin embargo,
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la entidad demandada negó lo reclamado mediante el acto administrativo
reprochado al asegurar que en caso de acceder a la petición se excedería el límite
legal de la remuneración mensual, además porque ha operado la prescripción y, en
todo caso, tales conceptos solo son factor salarial para el IBC del Sistema General
de Seguridad Social.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
8. Considera vulnerados: los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 53, 55 y 58 de la
Constitución Política; 2, 14 y 15 de la Ley 4.ª de 1992; 152, numeral 7.º de la Ley
270 de 1996; y el Decreto 10 de 1993.
9. Expresa que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial liquidó sus
prestaciones sociales desde su vinculación como magistrada auxiliar hasta la fecha,
sin incluir como factor salarial el 30% correspondiente a la prima especial que le era
descontada de su remuneración mensual, pese a que esta es una suma que
habitual y periódicamente recibe como contraprestación al servicio prestado, y por
tanto, constituye factor salarial, lo cual la entidad demandada desconoce al negar la
reclamación, en contravía del precedente jurisprudencial contenido en la sentencia
del 4 de agosto de 2008 (Rad. 25000 2325 000 2005 05159).
10. Manifiesta que, por su parte, el Decreto 610 de 1998 creó la bonificación por
compensación, la cual tiene como finalidad nivelar los sueldos devengados por
varios funcionarios hasta un 80% de lo percibido por los magistrados de las Altas
Cortes; sin embargo, la parte accionada afirmó que no es procedente tenerla en
cuenta como factor salarial porque superaría el monto establecido para ese fin, a
pesar de que la connotación como componente del salario no puede depender del
monto asignado, sino de la consecuencia laboral de recibir de manera habitual y
periódica los emolumentos asignados, los cuales, como lo dice la norma, tienen el
mismo alcance de la prima especial de servicios establecida en la Ley 4.ª de 1992.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
11. El 10 de marzo de 2021 fue admitida la demanda.3 La entidad accionada4
planteó que por expreso mandato del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prima
especial de servicio no tiene carácter salarial, criterio que fue reafirmado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-279 de 1996, lo que significa que dicho porcentaje
no constituye factor de salario para la liquidación de las prestaciones sociales,
aunque si para efectos de calcular el ingreso base de cotización al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones y en Salud.
3 Folio 58.
4 Folios 67 a 72.
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12. Destacó que, si bien es incuestionable que el mencionado emolumento
constituye un ingreso mensual, lo cierto es que no se puede desconocer que son
las mismas disposiciones legales las que limitan su carácter salarial, lo cual también
aplica en el mismo sentido para la bonificación por compensación.
13. Propuso como excepciones las de ausencia de causa petendi, prescripción y
genérica.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 30 de junio
de 2022 accedió a las pretensiones, por lo que declaró la nulidad del acto
demandado al estarse a lo resuelto en las providencias del 29 de abril de 2014 y del
2 de septiembre 2019 proferidas por el Consejo de Estado.
15. En virtud de lo anterior, ordenó a la entidad accionada reconocer y pagar a la
accionante retroactivamente el reajuste salarial que corresponda al 30% del salario
básico con su incidencia en la reliquidación de sus prestaciones sociales y aportes
a seguridad social en salud y pensión desde el 19 de mayo de 2016 hasta el 30 de
septiembre de 2018 cuando terminó su vinculación en el cargo de magistrada
auxiliar; lo anterior con base en el cálculo del 100% de la remuneración mensual
que corresponda al abono de la asignación básica devengada, luego del pago de la
prima especial ya cancelada.
16. Adicionalmente condenó a la parte demandada a reconocer y pagar
retroactivamente el reajuste sobre la bonificación por compensación de la que es
titular la actora durante el mismo período en mención, con su incidencia en las
prestaciones sociales, ello en un 80% de lo que por todo concepto devenga como
salario un magistrado de alta corte, teniendo en cuenta las diferencias adeudadas
por concepto de prima especial y que la liquidación debe hacerse sobre todos los
ingresos laborales totales anuales de un congresista incluidas las cesantías,
conforme el artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992. Por último, negó las demás
pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.
17. Expresó que la entidad demandada debió responder favorablemente la petición
de la reclamante, atendiendo el deber consagrado en los artículos 2 y 25 de la
Constitución Política de garantizar su derecho al trabajo en condiciones dignas y
justas en virtud de los principios de progresividad, prohibición de la regresividad, la
prevalencia del derecho sustancial, y la interpretación más beneficiosa; pues
finalmente lo que se hizo ilegalmente desde su vinculación fue reconocer la prima
especial sin carácter salarial, disminuyendo a un 70% la asignación salarial en
desmedro de su remuneración mensual y de las correlativas prestaciones sociales.
5 Folios 108 a 122.
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18. Por esa razón estimó que la demandante sí consolidó el derecho al
reconocimiento y pago del 30% del salario básico faltante y del valor de los demás
ingresos laborales correspondientes a dicho porcentaje desde el 19 de mayo de
2016 hasta el 30 de septiembre de 2018, ello al igual que al 100% del sueldo
mensual de forma permanente.
19. Acerca de la bonificación por compensación, aseguró que a pesar de su
creación en virtud del Decreto 610 de 1998, el Gobierno Nacional dictó con
posterioridad el Decreto 4040 de 2004 mediante el cual estableció la bonificación
por gestión judicial que configuró un retroceso de los derechos de los trabajadores
cobijados por la primera norma, ya que les rebajó sus salarios del 80% al 70% de lo
que por todo concepto devengaba un magistrado de Alta Corte.
20. Sin embargo, el Consejo de Estado en sentencia del 14 de diciembre de 2011
declaró la nulidad de este último decreto, lo que conllevó que los beneficiarios del
referido emolumento sí tuvieran derecho a su pago en el referido 80%, con la
incidencia del artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992, por lo que a la reclamante también
se le debe reajustar este concepto.
21. Frente a la prescripción indicó que esta se debe empezar a contabilizar desde
la exigibilidad del derecho reclamado, el cual nació a partir de la ejecutoria de la
sentencia proferida por la Sección Segunda, Sala de Conjueces del Consejo de
Estado el 29 de abril de 2014, con la cual se declaró la nulidad de los artículos que
instituyeron en ellos la errónea interpretación de la liquidación y pago de la prima
especial, porque es evidente, que antes de ese pronunciamiento no existía un
referente legal para comenzar a contabilizar los términos de esta figura jurídica.
22. Sin embargo, señaló que con la sentencia del 2 de septiembre de 2019 del
Consejo de Estado, se precisó que esta excepción debe ser contabilizada desde la
creación de la prima en virtud del Decreto 57 de 1993, por lo que afirmó que en este
caso no se configura la prescripción trienal propuesta, toda vez que la accionante
se vinculó desde el 19 de mayo de 2016 y la reclamación del derecho fue presentada
el 14 de marzo de 2018, esto es, en término.
RECURSO DE APELACIÓN
23. La parte demandada6 interpuso recurso de apelación bajo el argumento de que
no hay lugar al reconocimiento de la prima especial para los magistrados de tribunal
y equivalentes, bajo el entendido de que, tal como lo manifestó el Consejo de Estado
en la sentencia del 2 de septiembre de 2019, de ordenarse la reliquidación del
salario básico y/o asignación básica de dichos funcionarios en un 30% se
desbordaría el marco legal, en razón a que como se previó en el Decreto 610 de
6 Folios 130 a 135.
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1998, se estableció para aquellos servidores una nivelación salarial hasta el 80%
de lo percibido por los magistrados de Alta Corte, límite que no puede ser superado.
24. Además, expuso que la sentencia objeto de la impugnación se encuentra
viciada por una violación al principio de congruencia, toda vez que en ella se decidió
extra petita, esto es, más allá de lo solicitado por la actora. Al respecto planteó que,
de la lectura de la demanda se encuentra que el presente medio de control persigue
el reconocimiento de la diferencia de la bonificación por compensación, pagada en
el equivalente al 80% de los ingresos devengados por los magistrados de Altas
Cortes, conforme a lo señalado en el Decreto 610 de 1998. Sin embargo, al proferir
el fallo se indicó que ese derecho reconocido a favor de la reclamante debe
liquidarse teniendo en cuenta la incidencia de la prima especial de los mencionados
servidores, reliquidada con las cesantías percibidas por los congresistas, aspecto
que no fue solicitado específicamente en las pretensiones y mucho menos en sede
administrativa.
25. Añadió que la sola petición de reliquidación de la bonificación por compensación
en los términos del Decreto 610 de 1998 no implica que la interesada reclame
también la incidencia de la prima especial reajustada teniendo en cuenta lo percibido
por los congresistas por concepto de cesantías y por ende, si no se ha presentado
solicitud en sede administrativa ni en la instancia judicial, mal puede analizarse lo
relacionado con el emolumento del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
26. En todo caso precisó que, si se considera que debe confirmarse esta orden
extra petita, tendría que advertirse que las sumas adeudadas se encuentran
prescritas por contabilizarse esta figura desde la fecha de radicación de la petición,
lo que implica en el caso concreto que se extinguieron tales valores causados entre
el 19 de mayo de 2016 y el 30 de septiembre de 2018, incluidos los conceptos de
bonificación por compensación según la línea jurisprudencial para efectos
prescriptivos desarrollada en la sentencia del 2 de septiembre de 2019.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
27. El 9 de abril de 2024 se admitió el recurso de apelación.7
28. La parte demandada8 solicitó que se revoque el fallo apelado reiterando la
totalidad de los argumentos de su impugnación.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
7 Ver índice 25 de SAMAI.
8 Ver índice 29 de SAMAI.
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29. En el entendido de que solo apeló la parte demandada, deberán analizarse
únicamente los reparos de su recurso, razón por la cual el problema que estudiará
la Subsección consiste en determinar si el fallo de primera instancia presenta un
vicio por incongruencia al haber resuelto sobre la incidencia de las cesantías de los
congresistas para determinar la prima especial de los magistrados de alta corte y a
partir de ahí establecer el cálculo de la diferencia en el valor de la bonificación por
compensación de la actora, pese a que supuestamente ello no había sido objeto de
pretensión en la demanda.
30. Además, se analizará si al haberse condenado a incluir la prima especial de
servicios del artículo 14 de la Ley 4.a de 1992 como un componente adicional al
salario de la demandante, y a la vez reliquidar sus prestaciones sociales sobre el
100% de su asignación básica, se excede el tope de la remuneración a que este
tiene derecho sobre el 80% de todo lo que perciben los magistrados de altas cortes
en razón del pago de la aludida bonificación por compensación.
Marco normativo y jurisprudencial
De la prima especial. Artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
31. La Ley 4.ª de 1992 en el artículo 14 determinó que el Gobierno Nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
32. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno Nacional ha expedido anualmente
los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No obstante, aquellos
proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos por el Consejo de
Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril de 20149, al
considerar que reconocer el treinta por ciento (30%) de la asignación básica a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la remuneración total
y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al liquidarlas
sobre un setenta por ciento (70%).
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02407-02 (4848-2022)
33. Con lo que se inobserva la prohibición establecida en el artículo 2, literal a), de
la Ley 4.ª de 1992, según la cual «En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios
y prestaciones sociales», y además se desconoce que la prima «debe entenderse
como un fenómeno retributivo de carácter adicional».
34. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
septiembre de 201910, 11 de julio de 202311, 5 de septiembre de 202312, 5 de
diciembre de 202313, 6 de agosto de 202414 y 18 de diciembre de 202415. En
particular, se ha precisado que:
• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.
• No tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo cual guarda
armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279
de 1996.
• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada uno
de los cargos que perciban el referido emolumento.
• Los beneficiarios tienen derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su asignación básica, sin restarle ni sumarle a este
el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y por
tanto, no incide en la liquidación de las prestaciones sociales.
35. En esa misma línea argumentativa, esta corporación mediante sentencia del 9
de abril de 202416, declaró la nulidad de los decretos salariales proferidos entre los
años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 % correspondiente a la prima especial «no
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.
Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:
73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:
250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02407-02 (4848-2022)
puede ser deducido del salario».17
Sobre la bonificación por compensación
36. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese momento
aquellos percibían apenas el 46% de la remuneración de estos últimos.
37. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de los
funcionarios destinatarios del decreto, iniciando en 1999 con un reconocimiento
equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las altas cortes y
alcanzando el 80% en el 2001. Con ese propósito, la norma dispuso una nivelación
progresiva de sus ingresos, hasta alcanzar el 80 % de lo devengado por estos
últimos, precisando, en el inciso 2.° del artículo 1.° que el emolumento solo
constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez,
invalidez y sobrevivientes.
Resolución del caso concreto
38. Inicialmente, la Sala destaca que se encuentra configurada la alegada falta de
congruencia del fallo apelado al haber resuelto de forma «extra petita» en lo relativo
a la incidencia de la inclusión de las cesantías de los congresistas para determinar
la prima especial de los magistrados de alta corte y a partir de ahí ordenar el
recálculo de la diferencia en el valor de la bonificación por compensación de la
actora.
39. Al respecto, basta con revisar la redacción de las pretensiones,18 con base en
las cuales es claro que la accionante en ningún momento ha solicitado el reajuste y
17 En dicha providencia se precisó que: «la nulidad que se declara no implica que la prima especial sin carácter
salarial del 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo
jurídico, sino que, tal como se desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede
ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la norma legal, artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992».
18 «[…] 2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de Restablecimiento del Derecho solicito que se ordene
a la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
a reliquidar, reconocer y pagar a mi poderdante desde el 19 de mayo de 2016 hasta la fecha de la sentencia y
en adelante, todas sus prestaciones sociales, salariales y laborales, prima de navidad, prima de servicios,
vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios
prestados y demás prestaciones, emolumentos y derechos laborales, que se puedan ver incididos y que en el
futuro se establezcan y causen, teniendo como base para la liquidación el 100% de su sueldo básico mensual
legal, incluyendo en la base de liquidación el 30% de la asignación básica mensual, que no se ha tenido en
cuenta, porque se ha computado por la administración, como la prima especial sin carácter salarial, prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, así como la bonificación por compensación sin carácter salarial, prevista en
el Decreto 610 de 1998.
3. Igualmente, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Nación - Rama Judicial - Consejo
Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a reconocer y pagar a mi procurado
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pago de la diferencia en el monto de la bonificación por compensación entre el valor
del Decreto 610 de 1998 y el previsto en el Decreto 4040 de 2004 a título de
bonificación de gestión judicial debido a la declaratoria de nulidad de este último
acto; así como tampoco la incidencia de las cesantías percibidas por los
congresistas en la determinación de la prima especial para reliquidar el primer
emolumento en mención. Sobre dicho haber laboral se destaca que
específicamente lo que la reclamante pretende es que este (en el valor en el que le
ha sido pagado), sea considerado como un factor salarial para la liquidación de sus
prestaciones sociales.
40. Por el contrario, la pretensión principal claramente ha sido que la entidad
demandada le reconozca el 30% de su sueldo mensual que le había sido
descontado a título de prima especial, de manera que se fijen sus prestaciones con
base en el 100% de su remuneración, junto con el pago de ese mismo concepto
laboral como un componente adicional a la asignación, lo cual si bien eventualmente
podría incidir en el monto de la bonificación por compensación, esto ocurriría dentro
del marco normativo y los límites que le sean aplicables, sin que ello implique que
parte de la reclamación de la demandante era la reliquidación de este ingreso.
41. Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que el tribunal de origen abordó todo el
estudio del reajuste de la mencionada bonificación y ordenó lo propio, pese a que,
tal situación jurídica nunca fue planteada en sede administrativa ni judicial como una
solicitud formal. Por lo mismo, es claro que en primera instancia se efectuó un
análisis adicional y sorpresivo para la entidad demandada, el cual estuvo por fuera
de lo pretendido, de manera que, tal como lo aseguró la parte recurrente, con la
(sic), desde el 19 de mayo de 2016, hasta la fecha de la sentencia y en adelante, el valor de las diferencias
salariales, laborales y prestacionales existente, entre la liquidación que hasta ahora le ha realizado la
Administración con el 70% del salario básico y el valor que resulte de reliquidar todas sus prestaciones sociales
y laborales, prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, seguridad social
en salud y pensión, bonificación por servicios prestados y demás prestaciones, emolumentos y derechos
laborales, que se puedan ver incididos y que en el futuro se establezcan y causen, teniendo como base para la
liquidación el 100% de su remuneración básica mensual, incluyendo en la base de liquidación, el 30% del sueldo
básico mensual, que no se ha tenido en cuenta porque se ha computado como prima especial sin carácter
salarial.
4. Que igualmente a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Nación - Rama Judicial - Consejo
Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a reconocer y pagar a la demandante
desde el 19 de mayo de 2016, hasta la fecha de la sentencia y en adelante se siga pagando mensualmente, la
prima especial sin carácter salarial, equivalente al 30% de la remuneración básica que hasta ahora no se le ha
reconocido ni cancelado, como agregado adición, incremento o sobresueldo a la remuneración mensual.
5. Que igualmente a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Nación - Rama Judicial - Consejo
Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a reconocer y pagar a la demandante
desde el 19 de mayo de 2016, hasta la fecha de la sentencia y en adelante se siga pagando el 30% de sueldo
básico, que hasta ahora no se le ha cancelado, ya que este porcentaje lo relaciona en pagos como prima, siendo
parte de la remuneración legal mensual.
6. Que luego de la sentencia y en adelante, se condene a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a seguir liquidando y pagando al demandante, todas
sus prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales, con base en el 100% de su
remuneración básica mensual legalmente establecida, incluyendo el 30% de la asignación básica mensual, que
hasta ahora no se computa como salario, sino como prima especial sin carácter salarial, así como la bonificación
por compensación, la cual es devengada mensualmente como remuneración de carácter habitual sin carácter
salarial. […]» (Líneas intencionales).
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sentencia impugnada se vulneró el principio de congruencia previsto en el artículo
281 del CGP.19
42. En consecuencia, se revocará el ordinal sexto del fallo apelado para en su lugar
abstenerse de emitir una decisión sobre la reliquidación de la bonificación por
compensación.
43. Ahora bien, la entidad demandada en su calidad de única apelante también
circunscribió sus reparos contra la providencia censurada a analizar si la condena
que le fue impuesta en relación con la prima especial implica superar el tope de
ingresos previsto en el Decreto 610 de 1998.
44. Aclarado lo anterior, conviene precisar que la aludida bonificación se fija como
un porcentaje de lo que por todo concepto reciben los magistrados de altas cortes
y, según lo consagra la norma en mención, corresponde al valor que resulte
necesario para que, sumados la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley
4.a de 1992 y los demás conceptos laborales de los beneficiarios de dicha norma,
se alcance el 80% de la remuneración de los referidos funcionarios judiciales.
45. Por lo mismo, en cuanto al planteamiento de la entidad apelante, la Subsección
no encuentra fundamento que permita concluir la superación del tope referido, pues
se trata de emolumentos distintos. La prima especial de servicios a la que alude la
entidad es un pago adicional al salario que perciben los destinatarios del artículo 14
de la Ley 4.a de 1992, mientras que la bonificación por compensación tiene como
finalidad garantizar que la remuneración total de los beneficiarios del Decreto 610
de 1998 alcance el porcentaje fijado frente a lo que devengan los magistrados de
las altas cortes.
46. Sin perjuicio de lo expuesto, lo cierto es que efectivamente la orden proferida
en primera instancia no puede implicar que se acceda al pago de estos
emolumentos sin ninguna limitación, pues efectivamente los ingresos de los
magistrados auxiliares como la accionante se encuentran sometidos a un valor
máximo permitido que se calcula con base en la bonificación por compensación.
47. En tal sentido, como en primera instancia no se dispuso este condicionamiento
en la parte resolutiva de la sentencia, se modificará el ordinal quinto para incluir la
previsión de que la parte demandada deberá verificar que, una vez efectuados los
reajustes salariales y prestacionales ordenados, no se exceda el tope de la
19 Sobre el principio de congruencia, ver la sentencia del 20 de noviembre de 2025 dictada por esta misma
Subsección en el proceso con radicado 25000-23-42-000-2018-02616-02 (1553-2022), en la que se señaló que:
«[…] este es un postulado de carácter procesal, pero de contenido sustancial, en la medida en que con el mismo
se busca garantizar el derecho fundamental al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de las partes bajo el
supuesto de que, en desarrollo de un proceso sometido a unas reglas claras y conocidas, se debe proferir una
providencia que sea coherente y ajustada a los puntos de debate jurídico establecidos a través del límite fijado
por las pretensiones, las excepciones y las pruebas practicadas, sin que sea procedente emitir
pronunciamientos que desborden el marco de decisión. […]»
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02407-02 (4848-2022)
remuneración total de la reclamante, particularmente en el entendido de que esta
no puede superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de alta corte.
48. Adicionalmente, en atención a que la legalidad de los decretos que incorporaron
la prima especial del treinta por ciento (30%) como parte de la remuneración para
el período objeto de litigio fue definida por esta corporación mediante la sentencia
del 9 de abril de 2024, en la cual se declaró la nulidad de tales disposiciones, tendrán
que modificarse los ordinales primero y segundo de la providencia recurrida, para
unificarlos en uno solo en el que se disponga estarse a lo resuelto en el fallo citado
y no en los enunciados por el juez de primera instancia, pues fue en la aludida
sentencia en la que se precisó que la prima especial constituye una adición al
salario.
49. Por último, en lo relacionado con el fenómeno de la prescripción, la Sala
concuerda con el estudio realizado por el tribunal de origen, en el entendido de que
entre la fecha de exigibilidad del derecho por parte de la actora en virtud de su
primera vinculación como magistrada auxiliar (19 de mayo de 2016),20 la
presentación de la petición ante la entidad demandada (14 de marzo de 2018)21 y
la radicación de la demanda (30 de octubre de 2018);22 no transcurrieron más de 3
años, lo que implica que no se configuró esta excepción, y por tanto, los valores
adeudados deben ser reconocidos desde que fue titular del derecho reclamado, esto
es, a partir del 19 de mayo de 2016, tal como se declaró en primera instancia.
50. Estos argumentos son suficientes para revocar y modificar parcialmente la
providencia apelada en los puntos mencionados anteriormente, y confirmarla en
todo lo demás que no fue materia de apelación.
Condena en costas de segunda instancia
51. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
52. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
20 Ver acto administrativo demandado a folio 8.
21 Ver sello de radicación a folio 2.
22 Ver sello de radicación a folio 42.
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en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
53. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
54. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia a la parte
recurrente, por cuanto con la revocatoria y modificaciones ordenadas en esta
oportunidad, se entiende que prosperaron parcialmente los argumentos de su
recurso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR el ordinal sexto de la sentencia proferida el treinta (30) de junio
de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
medio de la cual se accedió a las pretensiones, y en su lugar, abstenerse de
pronunciarse sobre el reajuste de la bonificación por compensación.
Segundo. MODIFICAR los ordinales primero, segundo y quinto de la providencia
recurrida, los cuales quedarán de la siguiente forma:
«[…] Primero y segundo: ESTARSE a lo resuelto en la sentencia dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 9 de abril de 2024,
bajo el radicado: 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019), de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
[…] Quinto: Condenar a la Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, a reconocer y pagar a la señora Ángela Natalia Prieto
Vargas, retroactivamente, el reajuste salarial que corresponda al 30% del salario
básico mensual, con sus consecuencias prestacionales en la reliquidación en
idéntico porcentaje, de la prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima
de vacaciones, cesantías, seguridad social en salud y pensión, bonificación por
servicios prestados, etc., causados desde el 19 de mayo de 2016 hasta el 30 de
septiembre de 2018 fecha en la que estuvo vinculada a la Rama Judicial en el cargo
de magistrada auxiliar del Consejo de Estado, por habérsele deducido ese monto
durante los extremos temporales servidos. Para este ejercicio se computará el 100%
que corresponde a la asignación básica mensual devengada correspondiente para
ese cargo, luego del pago de la prima consagrada en el artículo 14 de la ley 4ª de
1992, ya cancelada, con la precisión de ser el 30% disminuido de la asignación
básica factor salarial solo para la reliquidación de la pensión de jubilación a partir
que entró en vigor la Ley 4ª de 1992 y hasta su desvinculación definitiva de la
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02407-02 (4848-2022)
entidad, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.
En todo caso, la demandada deberá pagar únicamente la diferencia entre los valores
previamente reconocidos, si existieren, y los que resulten de las liquidaciones
ordenadas previamente, bajo la precisión adicional de que al momento de realizar
los ajustes salariales y prestacionales objeto de condena, se tenga en cuenta el tope
legal de la remuneración de la reclamante, particularmente en el entendido de que
esta no puede superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los magistrados de alta corte. […]»
Tercero. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia apelada.
Cuarto. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia.
Quinto. Reconocer personería para actuar como apoderado de la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al abogado Jaime Alberto
Arenas Arenas, portador de la tarjeta profesional 345.693, en los términos y para
los fines del poder obrante en el índice 29 de SAMAI.
Sexto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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