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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02412-01

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02412-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 15 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Ana Beatriz Barrera de Moreno contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con vinculación de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones); el cual quedará de la siguiente forma: «[…] SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer y pagar a favor de la señora Ana Beatriz Barrera de Moreno la pensión de jubilación a que tiene derecho de conformidad con los preceptos de la Ley 71 de 1988 y el Decreto Reglamentario 2709 de 1994, es decir, en un monto equivalente al 75% del promedio de la asignación básica percibida por la libelista durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, correspondiente al período comprendido entre el 11 de agosto de 2007 y el 11 de agosto de 2008, con efectividad desde esta última data y 17 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]». 18 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].» Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Radicado: 25000-23-42-000-2018-02412-01 (3381-2021) Demandante: Ana Beatriz Barrera de Moreno debidamente reajustada al momento de cumplimiento de esta sentencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-02412-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

28 de abril de 2022

1
Radicado: 25000-23-42-000-2018-02412-01 (3381-2021)
Demandante: Ana Beatriz Barrera de Moreno

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02412-01 (3381-2021)
Demandante: ANA BEATRIZ BARRERA DE MORENO
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO1
Vinculada: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES2

Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación por
aportes de docente oficial. Aplicación integral de
la sentencia de unificación del 25 de abril de
2019. Ingreso base de liquidación conforme a las
previsiones de la Ley 71 de 1988 y en atención a
la calidad especial de educadora estatal.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011 (Modificada por la Ley 2080 de 2021)
O-080-2022

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 15 de abril de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que
accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Ana Beatriz Barrera de Moreno en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20113, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folios 20 a 21)

1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i)
Resolución 624 del 25 de julio de 2018, por medio de la cual la Secretaría

1
En adelante FNPSM.
2 Colpensiones.
3 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

o CPACA.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02412-01 (3381-2021)
Demandante: Ana Beatriz Barrera de Moreno

de Educación del Municipio de Girardot en nombre y representación del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, negó la petición
de reconocimiento pensional presentada por la demandante el 13 de abril
de 2016; y ii) Resolución 819 del 8 de octubre de 2018 con la que la entidad
demandada al resolver el recurso de reposición interpuesto por la libelista
contra el acto primigenio, decidió confirmarlo.

2. Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la autoridad
demandada a reconocer y pagar a favor de la señora Barrera de Moreno,
una pensión de jubilación por aportes equivalente al 75% de todos los
factores salariales devengados por aquella durante el último año anterior a
la adquisición de su estatus jurídico, y con efectividad desde el 27 de
septiembre de 2010.

3. Conminar a la parte pasiva del litigio al pago de las mesadas atrasadas a
partir del momento de la consolidación del derecho hasta cuando la
demandante sea incluida en nómina y a que pague la indemnización
moratoria de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

4. Ordenar al Ministerio de Educación, FNPSM, no realizar ningún descuento
por concepto de salud sobre los valores adeudados por concepto de
retroactivo, dado que la libelista no ha recibido este tipo de servicios.

5. Dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187 y 192
del CPACA.

Supuestos fácticos relevantes de la demanda (Folios 21 a 22)

1. La señora Ana Beatriz Barrera de Moreno nació el 20 de noviembre de
1952. Durante su vida laboral realizó cotizaciones tanto al extinto ISS (hoy
Colpensiones) como al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio en calidad de docente oficial bajo la siguiente relación de
tiempos de servicio:

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2. La libelista solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación el 13 de
abril de 2016 ante la Secretaría de Educación Municipal de Girardot. Esta
entidad negó tal petición a través de la Resolución 624 del 25 de julio de
2018, en tanto exigió la acreditación de los requisitos de las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003.

3. La demandante interpuso recurso de reposición contra la mentada decisión
el 6 de agosto de 2018, el cual fue resuelto de manera desfavorable por la
entidad demandada mediante la Resolución 819 del 8 de octubre de 2018.

SOBRE LA AUDIENCIA INICIAL

En el presente proceso no se celebró dicha diligencia, debido a que conforme
al auto del 10 de diciembre de 2020 (folios 75 a 77), el a quo prescindió de
esta en aplicación del artículo 12 del Decreto Legislativo 806 de 2020, en
concordancia con el artículo 101 del CGP, ello con el fin de resolver las
excepciones previas formuladas por la entidad demandada y a su vez correr
traslado para alegar de conclusión.

SENTENCIA APELADA
(Folios 86 a 91)

El a quo profirió sentencia escrita el 15 de abril de 2021, por medio de la cual
accedió a las pretensiones de la demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:

En primer lugar, el tribunal expuso que según las pruebas obrantes en la
actuación, se encontró que la señora Barrera de Moreno ingresó al servicio
docente en virtud de una licencia de maternidad iniciada desde el 21 de julio
de 1987, y que además tuvo otros tiempos de labor oficial bajo dicho empleo
a través de vinculaciones en interinidad y como contratista. Aseguró que tales
tiempos deben ser tenidos en cuenta para efectos del reconocimiento
pensional, por lo que debe estimarse que la demandante ejerció funciones
como educadora estatal entre el 21 de julio de 1987 y el 1.º de marzo de 2011,
con interrupciones de 990 semanas.

Sostuvo al respecto que, sumados los tiempos privados y públicos acumulados
por la libelista a lo largo de su historia laboral, estos arrojan un total de 1.265
semanas (24 años), dentro de las cuales se reportan períodos simultáneos
equivalentes a 224 semanas, las cuales al descontarse da como resultado un
monto de 1.041 semanas (20 años) de cotización a pensión.

Señaló que lo pretendido por la parte activa no es el reconocimiento de una
pensión de docente oficial, sino de una prestación con base en el sistema
ordinario, tal como lo consideró la entidad demandada en los actos
administrativos reprochados, toda vez que el fundamento jurídico de los
pedimentos es que se aplique la Ley 71 de 1988, en orden de que puedan ser
acumulados los tiempos privados y públicos.

En relación con dicha prerrogativa planteó que esta debe ser liquidada con los
factores efectivamente aportados conforme a las previsiones del Decreto 2709
de 1994, pues así lo precisó la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado mediante sentencia del 26 de noviembre de 2018, cuando analizó

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la forma de calcular el ingreso base de liquidación de la pensión por aportes
de los beneficiarios del régimen de transición.

Seguidamente expuso que la referida Alta Corte a través de providencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, coincidió con la Corte Constitucional al
expresar que el régimen de transición solo garantiza el mantenimiento de la
edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión, en tanto que para efectos
de la determinación del IBL, resulta necesario tener en cuenta las previsiones
consagradas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Acorde con los anteriores razonamientos, el tribunal de primera instancia
profirió sentencia que en su parte resolutiva se resume de la siguiente manera:
i) declaró la nulidad de los actos administrativos cuestionados, y ii) ordenó a la
entidad demandada que, a título de restablecimiento del derecho, reconociera
a favor de la señora Barrera de Moreno la pensión de jubilación por aportes
contemplada en la Ley 71 de 1998, con efectividad a partir del 1.° de febrero
de 2015 y calculada con el promedio de los factores de salario objeto de
cotización durante los últimos 10 años de servicio.

RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 97 a 98)

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente. Solicitó que esta sea revocada parcialmente, a fin de
que se liquide la prestación en litigio conforme al régimen exceptuado de los
docentes, es decir, con base en el IBL determinado por los factores de salario
percibidos durante el año anterior a la fecha de adquisición del estatus
pensional.

Para ello argumentó que, los docentes vinculados con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, tienen las prerrogativas del régimen
exceptuado del magisterio oficial con independencia de que les sea aplicada
la Ley 71 de 1988 o Ley 33 de 1985, razón por la que en el caso particular de
la libelista, se deben tener en cuenta los factores salariales percibidos durante
el año anterior a la adquisición de la prerrogativa bajo estudio, la cual incluso
puede ser compatible con el salario, tal como lo precisó el Consejo de Estado
en sentencia del 18 de febrero de 2021 en el proceso con radicado: 25000-23-
42-000-2013-06853-01(4391-2014).

En virtud de lo anterior recalcó que, según lo hallado por el tribunal de primera
instancia, la demandante ejerció funciones como educadora estatal con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que
contrario a lo expuesto por dicho juez, aquella no pertenece al Régimen de
Prima Media con Prestación Definida, de acuerdo con las previsiones del
artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

A continuación expuso que el objetivo del reconocimiento de una pensión con
base en la Ley 71 de 1988, es que las personas que no lograran acreditar
únicamente tiempos públicos para que les fuera otorgado tal derecho bajo la
égida de la Ley 33 de 1985, pudieran acumular los períodos de trabajo en el
sector privado en virtud del beneficio que en tal sentido contempló el régimen
de transición consagrado en la Ley 100 de 1993.

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No obstante, recordó que la regulación prestacional del magisterio es
exceptuada, por lo que a los maestros oficiales no los gobierna dicha norma ni
la mentada transición. Empero, tal como lo desarrolló el Consejo de Estado, si
se evidencia que el marco jurídico especial es menos favorable para un grupo
de personas que el general, se debe dar prevalencia en su observancia a este
último en razón al principio de favorabilidad laboral.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En el asunto sub examine no se presentaron alegaciones finales ni concepto
del Ministerio Público, dado que tampoco fue necesario decretar ni practicar
pruebas de segunda instancia. La ausencia de un período probatorio en esta
oportunidad tornaba improcedente agotar el referido trámite, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 247, numeral 5.° del CPACA (modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, vigente para la época de interposición del recurso
de apelación objeto de estudio).

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso fue presentada únicamente por
la parte demandante.

Problema jurídico

¿La liquidación del derecho pensional de la señora Ana Beatriz Barrera de
Moreno, en calidad de docente oficial vinculada con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003 y bajo la égida de la Ley 71 de 1988, debe
hacerse conforme a las previsiones de la Ley 100 de 1993 o con base en los
postulados aplicables al régimen especial del magisterio?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: debido a la condición especial
de docente oficial que detenta la demandante, vinculada en tal empleo antes
del 27 de junio de 2003, resulta aplicable a su caso de reconocimiento
pensional la sentencia de unificación dictada por la Sección Segunda de esta
Corporación el 25 de abril de 2019, por lo que su derecho prestacional debe
liquidarse de conformidad con los preceptos de la Ley 71 de 1988, pero en
atención a su condición de maestra estatal, esto es, con inclusión solo de los
factores salariales sobre los cuales se hubiesen efectuado aportes durante el
año anterior a la adquisición del respectivo estatus jurídico, y sin
condicionamiento a la demostración del retiro definitivo del servicio, ello como
se explica a continuación:

➢ Sobre la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 2019

Al respecto se recuerda que la providencia en comento fue dictada por la
Sección Segunda de esta Corporación, con el fin de sentar jurisprudencia
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respecto del ingreso base de liquidación para determinar la pensión ordinaria
de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al FNPSM,
específicamente en cuanto a la aplicación de la subregla fijada en la sentencia
igualmente de unificación del 28 de agosto de 2018 acerca de los factores
salariales a incluir y en lo atinente a los regímenes existentes para tales
educadores en virtud de las Leyes 91 de 1989 y 812 de 2003.

Empero, al verificar las reglas jurisprudenciales planteadas en aquella
providencia, es dable considerar que esta también desarrolló postulados
claros y de obligatoria observancia sobre los regímenes pensionales
aplicables a los docentes en atención a la fecha de vinculación al magisterio
oficial, debido a la expedición de la Ley 812 de 2003.

Pues bien, la determinación de tal punto es esencial en el sub iudice, habida
cuenta de que al hallar el marco normativo que rige la situación particular de
la demandante, es posible verificar el cumplimiento de requisitos y
condiciones para estimar la procedencia o no del derecho pensional
reclamado y sus elementos constitutivos.

Acerca de los efectos de esta decisión, es válido anotar que la misma
sentencia los contempló de manera retrospectiva según su ordinal segundo
de la parte resolutiva, ello a fin de que se extendieran a todas las situaciones
pendientes de definición jurídica que no hayan sido objeto de consolidación
del fenómeno de cosa juzgada, por lo que claramente es pertinente y
necesario su estudio y sometimiento para resolver el asunto sub lite.

Ahora, en concreto, se resalta que a lo largo del proveído aludido, el Consejo
de Estado precisó que de acuerdo con el parágrafo transitorio 1.° del Acto
Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que regulan el
derecho a la pensión de jubilación para los docentes oficiales tanto
nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya aplicación está condicionada a
la fecha de ingreso al servicio educativo estatal, así:

i) Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
quienes, en virtud de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto
en la Ley 33 de 1985 y los factores que se deben tener en cuenta en el ingreso
base de liquidación, son únicamente aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
1.° de la Ley 62 de 1985.

Al respecto, la mencionada providencia fijó la siguiente regla:

«[…] En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo. […]» (Negrilla del texto original).

Así, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1.º de enero de 1981 tanto nacionales como nacionalizados, y de los

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nombrados a partir del 1.º de enero de 1990 pero en todo caso antes del 27
de junio de 2003 cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, de acuerdo con las
Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas:

• Edad: 55 años para hombres y mujeres
• Tiempo de servicios: 20 años
• Tasa de remplazo: 75%.
• Ingreso Base de Liquidación: Que comprende i) el período del último año
anterior a la adquisición del estatus y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, aplica el régimen pensional de prima media regulado en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, esto con los requisitos previstos en dicha
reglamentación, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres
y mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto 1158
de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

Sobre este grupo de docentes la sentencia de unificación fijó la siguiente regla:

«[…] Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones. […]» (Negrilla conforme a la
transcripción).

En ese orden, los parámetros que se deben atender para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados
con posterioridad a la Ley 812 de 2003, son los siguientes:

• Edad: 57 años para hombres y mujeres
• Semanas de cotización: Artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por
artículo 9 de la Ley 797 de 2003
• Tasa de remplazo: 65%-85%4
• Ingreso Base de Liquidación: Comprende i) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores
al reconocimiento de la pensión y ii) los factores salariales contemplados en
el Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual, gastos de
representación, prima técnica, cuando sea factor de salario, primas de
antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario,
remuneración por trabajo dominical o festivo, bonificación por servicios

4 Los porcentajes varían de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.

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prestados, remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o
realizado en jornada nocturna.

En suma, se colige que la aplicación de uno u otro régimen está condicionada
a la primera fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite cada
docente. Para el asunto de marras, se destaca que en razón de la
competencia del ad quem, delimitada en la presente oportunidad por la
apelación exclusiva de la libelista, no existe discusión sobre la determinación
de la data en que la señora Barrero de Moreno adquirió la mentada condición
de educadora estatal, la cual el a quo halló probada desde el 21 de julio de
1987 cuando aquella ejerció por primera vez funciones inherentes al referido
oficio, momento que en todo caso es anterior a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003).

En tal sentido, conforme a las reglas jurisprudenciales precisadas hasta este
punto, el marco normativo aplicable a la situación jurídica de la demandante
para fijar el derecho prestacional debatido, sería en un primer acercamiento,
el consagrado en la Ley 33 de 1985. Empero, debe tenerse en cuenta el hecho
de que aquella alegó y demostró la realización de aportes derivados del
servicio prestado tanto en el sector privado como en el público a fin de
acreditar el tiempo de servicio requerido, lo cual distorsiona el ajuste de la
mentada norma al caso sub lite, pues implica una remisión para estudiar la
situación jurídica de conformidad con la Ley 71 de 1988, tal como lo estimó el
tribunal de primera instancia, sin que exista debate jurídico al respecto.

Acerca de este postulado y como se vislumbra de lo expuesto con antelación,
la sentencia unificadora aludida solo desarrolló la determinación de los
regímenes para los casos de docentes oficiales cuyo tiempo de servicio
hubiese sido prestado únicamente en el sector público. No obstante, dicha
providencia se abstuvo de plantear el supuesto cuando, por ejemplo como
sucede en el sub iudice, la docente también tiene acumulados tiempos
cotizados en el sector privado y aportados a otra administradora como lo era
el entonces ISS (hoy Colpensiones).

Para dicha clase de eventos, la normativa aplicable necesariamente
correspondía a la Ley 71 de 1988 que regulaba lo propio en lo que respecta a
la denominada «pensión por aportes» y no la Ley 33 de 1985.

Empero, sin perjuicio de lo anterior, la Subsección advierte que la falta de
pronunciamiento expreso en la sentencia de unificación bajo estudio, no
implica que aquella no pueda aplicarse o que deba resolverse el caso sin su
observancia. Esta situación lo que conlleva es el planteamiento de un ejercicio
hermenéutico sistemático y teleológico que concite tanto el marco normativo
que rige lo propio como los lineamientos jurisprudenciales existentes sobre la
materia, a fin de articular de manera coherente, posturas jurídicas que
permitan resolver el problema jurídico planteado.

Este presupuesto interpretativo ya ha sido aplicado para resolver procesos de
reconocimiento y reliquidación pensional con base en la Ley 71 de 1988, pero
con sujeción de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 que
desarrollaba fundamentos sobre la base de la Ley 33 de 1985.

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Al respecto se destacan las sentencias de esta Subsección5 que en los
asuntos en comento han precisado lo siguiente:

«[…] Por otro lado, es pertinente aclarar que si bien en la precitada sentencia
de unificación la Sala Plena hizo alusión a los parámetros de aplicación del
régimen pensional previsto por la Ley 33 de 1985, no es menos cierto que dicho
régimen no era el único reglamentado para los servidores públicos o
trabajadores oficiales que fueran beneficiarios de la transición, pues antes de
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, también se encontraban
contempladas, verbi gracia, los postulados consagrados en la Ley 71 de 1988,
los cuales fueron previstos por el legislador para quienes acumularon tiempo
de servicio al sector oficial y al sector privado, y en ese sentido, precisó que
tenían derecho a la pensión quienes acreditaran 20 años de aportes en
cualquier tiempo y acumulados en una o varias entidades de previsión social,
siempre que cumplieran 60 años en el caso de los hombres y 55 años si son
mujeres.

Aunado a ello, se tiene que el Decreto 2709 de 1994, reglamentario del artículo
7 de la Ley 71 de 1988, indicó en su artículo 6.º que: «[…] El salario base para
la liquidación de las pensiones por aportes, será el salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicios. […]».

En consecuencia, la Subsección considera que las reglas de unificación
también deben aplicarse a los beneficiarios de la pensión por aportes que a su
vez están inmersos en el régimen transición […]»

Bajo este contexto, encuentra la Sala que para los casos de docentes con
acumulación de aportes del sector público y del privado como es el de la
demandante, la regla jurisprudencial de la sentencia de unificación relativa al
régimen pensional aplicable a tales servidores, vinculados antes de la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, sería la Ley 71 de 1988. Esta última para
permitir el cómputo de los tiempos cotizados en el sector privado y público a
fin de acceder al reconocimiento de la pensión de jubilación. La aludida Ley 71
de 1988 previó para el referido efecto en su artículo 11 una integración
normativa en materia pensional para los empleados del sector público y
privado que se hicieran titulares de dicha prestación, a saber:

«Artículo 11 .- Esta ley y las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a. de 1976, 44
de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen
los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y
se aplicarán en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades
de previsión social, del sector público en todos sus niveles y de las normas
aplicables a las entidades de Previsión Social del Sector privado, lo mismo que
a las personas naturales y jurídicas, que reconozcan y paguen pensiones de
jubilación, vejez e invalidez.»

Por lo expuesto, la aplicación de la Ley 71 de 1988 en los asuntos de docentes
oficiales con acumulación de aportes en el sector privado, que solicitan el
reconocimiento o reliquidación de su pensión de jubilación, no modifica la
posición adoptada por esta Corporación mediante la sentencia de unificación
del 25 de abril de 2019. Para el caso de marras resulta necesario entonces
remitirse a la mentada norma que complementa el régimen de pensiones, en
el sentido de que esta permite el cómputo de las cotizaciones efectuadas por

5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencias del 27 de agosto de 2020 (Rad.: 25000-23-42-000-2015-01757-01 (2315-2018)) y del 30 de
enero de 2020 (Rad.: 08001233300020140119901 (2751-2017)).

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Demandante: Ana Beatriz Barrera de Moreno

el trabajador cuando aquel hubiese laborado en entidades de orden público y
privado con el propósito de acceder a dicho beneficio pensional. Lo anterior,
en observancia de los requisitos de edad, tiempo y monto pensional previstos
en la Ley 33 de 1985, como en efecto se consideró en la mentada providencia.

De ello, que el Sistema Integral de Seguridad Social no puede concebirse
como un conjunto de postulados normativos aislados entre sí, pues aquel
corresponde a una articulación de preceptos que atienden la constante
transformación de las realidades sociales en las cuales interactúan sus
afiliados. Como en efecto lo consideró la doctrina nacional especializada en la
materia, el doctor Gerardo Arenas Monsalve en cuanto a la aplicación de la
Ley 71 de 1988 para aquellos casos en que los trabajadores que se hicieron
beneficiarios del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, pues si bien esta norma «[…] no constituye propiamente un régimen
anterior; pero su aplicación por transición es válida e interesa, como se ha señalado
con acierto, “a aquellas personas que a la entrada en vigencia de la Ley 100, después
de ésta, no reunían los requisitos para pensionarse con base en la Ley 33/85 o con
el Decreto 758/90, esto es, que no tenían 20 años de servicio público, en el primer
caso, ni quinientas semanas cotizadas al ISS en los últimos veinte años al
cumplimiento de la edad o 1000 semanas en cualquier tiempo, en el segundo caso,
pero que sumando los tiempos cotizados en ambos sectores, éstos arrojan no menos
de veinte años de aportes […]» 6.

Aun con esta línea de intelección esbozada, es imperioso aclarar que tal como
se contempló en la providencia objeto de referencia, los docentes a quienes
les aplica este régimen anterior al 27 de junio de 20037, se encuentran
exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por mandato del artículo
279 de la Ley 100 de 1993. Por esa misma razón, aquellos no son beneficiarios
del régimen de transición estipulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y
tampoco están sometidos a las condiciones que en materia de ingreso base
de liquidación pensional desarrolló el artículo 21 ibídem, contrario a lo aducido
por el a quo en la parte motiva de la sentencia recurrida.

En este sentido, al no resultar regentes para el caso de los aludidos
educadores oficiales las previsiones que sobre el ingreso base de liquidación
formuló la Ley 100 de 1993, evidentemente el período para la determinación
de tal concepto no podría ser el correspondiente al del artículo 21 de la norma
ejusdem, sino el previsto en la Ley 33 de 1985, tal como lo señaló la mentada
sentencia de unificación, lo cual, además es concordante con las
estipulaciones que sobre la materia previó la Ley 71 de 1988 (en este caso
particular de pensión por acumulación de aportes privados y públicos)8, esto
es, el señalado en el artículo 6.° del Decreto 2709 de 19949 que indicó lo
siguiente:

«Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios,
salvo las excepciones contenidas en la ley.

6 Gerardo Arenas Monsalve. El régimen de transición pensional. En: derecho colombiano de la
seguridad social, p. 293.
7 Fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
8
Esta conclusión ya fue advertida en sentencia de esta Subsección proferida el 18 de febrero de 2021
en un proceso de reliquidación pensional bajo el radicado: 25000-23-42-000-2013-06853-01 (4391-
2014).
9 Reglamentario del artículo 7.° de la Ley 71 de 1988.

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Demandante: Ana Beatriz Barrera de Moreno

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario
base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho
instituto deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período
correspondiente.» (Líneas fuera de texto).

Ahora bien, tal como se resaltó en la norma trasuntada, el período que debe
tenerse en cuenta para calcular el IBL de la pensión por aportes es el del
último año de servicios. Sin embargo, dicho presupuesto contempla la
excepcionalidad legal que le sea propia, y por tal motivo, al verificar que el
presente caso se trata de una pensión por aportes de una docente oficial,
claramente se presenta una divergencia que atañe a que el período aludido
es el del año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus jurídico
pensional y no el de la última anualidad de labores.

A este punto se arriba en la medida en que precisamente, la condición
especial de los educadores estatales, implica que estos pueden percibir dos
asignaciones del tesoro público como serían específicamente el salario y la
pensión ordinaria de jubilación, tal como lo contempla el artículo 19, literal g)
de la Ley 4.ª de 1992, así como el artículo 5.° del Decreto 224 de 1992 y el
artículo 70 del Decreto 2277 de 1979.

Aquel planteamiento supone que no era necesaria la demostración ante el
FNPSM del retiro definitivo del servicio para hacer efectiva su prestación, pues
a pesar de tratarse de una pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988,
la calidad de docente oficial es preponderante y genera la aplicación de
previsiones excepcionales como esta.

Por último, en cuanto a los factores salariales a incluir en el cálculo del ingreso
base de liquidación de la pensión por aportes a que tienen derecho los
maestros oficiales con acumulación de cotizaciones del sector público y
privado, debe señalarse que estos efectivamente corresponden únicamente a
aquellos sobre los cuales se demuestre que se efectuaron los descuentos
respectivos, especialmente los que se encuentren enlistados en el artículo 1.º
de la Ley 62 de 1985.

Por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a estos, puesto que tal
presupuesto fue objeto de definición de regla jurisprudencial de manera
general en la sentencia de unificación objeto de estudio para esta clase de
servidores, sin que por el hecho de consolidarse este caso en una pensión por
aportes o por la condición de educadores, ello pueda variar para contabilizar
todos los emolumentos de tipo remunerativo que se hubiesen percibido.

➢ De la situación particular de la libelista

Con base en lo expuesto hasta este punto, se procede a verificar cuáles son
los presupuestos aplicables en materia de liquidación pensional frente a la
situación jurídica de la señora Barrera de Moreno, ello conforme a las reglas
de unificación aludidas previamente:

PERÍODO PARA LIQUIDAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
«Decreto 2709 de 1994 (regulatorio del artículo 7.° de la Ley Consolidación del estatus La pensión de jubilación se
71 de 1988). Artículo 6º. Salario base para la liquidación de pensional: el 11 de agosto de debe liquidar con el salario
la pensión de jubilación por aportes. El salario base para la 2008 cuando la demandante promedio que sirvió de
liquidación de esta pensión, será el salario promedio que cumplió los 20 años de base para los aportes

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Demandante: Ana Beatriz Barrera de Moreno

sirvió de base para los aportes durante el último año de cotizaciones efectuadas ante durante el año anterior a la
servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley 10. Colpensiones y el FNPSM, por fecha de adquisición del
servicios prestados en el estatus jurídico pensional,
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el sector privado y en el público esto es, del 11 de agosto
promedio del salario base sobre el cual se efectuaron los como docente oficial 11 (tiempo de 2007 al 11 de agosto de
aportes durante el último año y dicho instituto deberá previsto como requisito legal 2008.
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el conforme al artículo 7.° de la
período correspondiente.» (Subrayado fuera de texto). Ley 71 de 1988). Lo anterior,
dado que la exigencia etaria
de la referida norma, es decir,
los 55 años de edad, aquella
ya los había acreditado desde
el 12 de mayo de 2006, pues
nació el 12 de mayo de 195112.

FACTORES SALARIALES A INCLUIR EN LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y MONTO
«[…] En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación Factores devengados y El único factor a incluir en
de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley cotizados14 asignación básica el IBL es el salario o
812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión y prima de navidad. asignación básica
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden mensual. El monto de la
nacional previsto en la Ley 33 de 198513, los factores que pensión será el 75% de
se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que Tasa de reemplazo tal concepto devengado
se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con aplicable: 75% del salario en el año anterior a la
el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se base de liquidación. fecha de adquisición del
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el estatus pensional.
mencionado artículo.»

Factores del artículo 1.° de la Ley 62 de 1985: a)
asignación básica, b) gastos de representación; c) primas
de antigüedad, d) técnica, ascensional y de capacitación; e)
dominicales y feriados; f) horas extras; g) bonificación por
servicios prestados; y h) trabajo suplementario o realizado
en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

«Decreto 2709 de 1994 (regulatorio del artículo 7.° de la Ley
71 de 1988). Artículo 8º. Monto de la pensión de
jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75% del salario
base de liquidación. El valor de la pensión de jubilación por
aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho
salario, salvo lo previsto en la ley.».

10 Tal como se expuso anteriormente, para el caso de los docentes oficiales el período de liquidación de

la pensión por aportes corresponde al año anterior a la fecha de adquisición del estatus jurídico
respectivo.
11 Esta fecha se calcula en la medida en que entre el 1.° de julio de 1986 y el 30 de noviembre de 1998,

la demandante tenía acumulados 10 años, 3 meses y 20 días de servicio discontinuo tanto en el sector
privado como en el público, tal como se observa del reporte de semanas cotizadas a Colpensiones
obrante a folio 16 del plenario, en conjunto con el certificado de historia laboral expedido por la Secretaría
de Educación del Municipio de Girardot que reposa de folios 11 a 13 del expediente. En tal sentido a la
libelista le hacían falta 9 años, 8 meses y 10 días para completar 20 años de aportes en las diferentes
entidades de previsión, los cuales contados desde el 1.° de diciembre de 1998 cuando todavía estaba
vigente el vínculo de aquella como educadora del Estado, correspondería a la data límite del 11 de agosto
de 2008, tal como se evidencia en la siguiente tabla:

DESDE HASTA A M D
01/07/1986 30/11/1998 10 3 20
01/12/1998 11/08/2008 9 8 10
TOTAL 20 AÑOS

12 De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía que reposa a folio 19.
13 Entiéndase Ley 71 de 1988 para efectos del caso sub examine.
14 Conforme a la certificación de salarios de la demandante obrante a folio 14.

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Demandante: Ana Beatriz Barrera de Moreno

En resumen, la señora Ana Beatriz Barrera de Moreno en su calidad de
docente oficial afiliada al FNPSM, con acumulación de aportes privados y
públicos, y por haber ejercicio dicha actividad como educadora antes de la
vigencia de la Ley 812 de 2003, acreditó los requisitos y condiciones para que
le sea reconocida una pensión de jubilación ordinaria con base en los
preceptos de la Ley 71 de 1988 y su Decreto Reglamentario 2709 de 1994,
efectiva desde la fecha de adquisición del estatus jurídico respectivo y
liquidada en un monto equivalente al 75% del IBL calculado con el promedio
de la asignación básica devengada durante el año anterior a la referida
circunstancia, es decir, del 11 de agosto de 2007 al 11 de agosto de 2008.

Pues bien, en el presente asunto se verifica que la libelista formuló petición
de reconocimiento prestacional el 13 de abril de 2016 (folio 3), frente a la cual
la entidad demandada resolvió denegarla mediante la Resolución 0624 del 25
de julio de 2018 (idem), esto con base en la siguiente motivación:

«[…] Que la Fiduprevisora S.A. mediante oficio .No. 20180170967541 de fecha 03
de Julio de 2018 y hoja de revisión devuelve expediente con nota de NEGADA "ya
que la docente presenta en base tiempos laborados a partir del 20 de Marzo de 1995
y allega reporte de semanas cotizadas a COLPENSIONES, los cuales suman un total
de 6.299 días. Sin embargo no cumple con el requisito de los 7.200 días aportados
para la Pensión de Jubilación por aportes, por lo que no procede la prestación" […]».
(Mayúscula y negrilla del texto original).

De acuerdo con lo expuesto, es evidente que la parte pasiva consideró que la
situación jurídica de la demandante, en efecto, se regía por las condiciones
del régimen previsto en la Ley 71 de 1988, puntualmente en lo atinente al
requisito de acreditación de 7.200 días o 20 años de servicio cotizados entre
Colpensiones y el FNPSM, exigencia que en su momento estimó no
satisfecha.

Por su parte, el tribunal de primera instancia adujo que a la señora Barrera de
Moreno no solo le era aplicable la mentada ley, sino que, contrario a lo
anterior, sí había acreditado los requerimientos propios para acceder a la
prestación deprecada. Empero, en punto a la forma de liquidación de dicha
prerrogativa, aquel consideró que debía someterse lo propio a los preceptos
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en
el sentido de que el IBL tendría que ser determinado con el promedio del
salario objeto de aportes que hubiese devengado la libelista durante los
últimos 10 años anteriores a la fecha de adquisición del estatus jurídico
pensional, la cual fijó desde el 1.° de febrero de 2015 por haber sido la última
data reportada ante Colpensiones para tal efecto.

Pues bien, la referida postura jurídica en materia liquidatoria de la prestación
debatida, resulta ser inadecuada en este caso como lo adujo la apelante,
debido a que, según lo planteado líneas atrás, era necesario tener en cuenta
la calidad especial de docente oficial que detenta la demandante para
determinar el régimen que regula su caso de manera integral. En virtud de
esta circunstancia, el a quo debió advertir que por la excepcionalidad que
representa el hecho de que la señora Barrera de Moreno era educadora
estatal, aquella no podía ser sometida al régimen de transición de la Ley 100
de 1993 y mucho menos a las previsiones generales de tal normativa, sino
que por tener una vinculación anterior como maestra, a la entrada en vigencia

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de la Ley 812 de 2003, como lo fue desde el 21 de julio de 1987, su derecho
pensional debía consolidarse plenamente sobre la base de la Ley 71 de 1988.

Aunado a esto, tenía que asumirse que, con motivo del tratamiento diferencial
en comento, el período de liquidación no podía ser el último año de servicio
descrito en un reporte de semanas cotizadas, sino que correspondía a la
anualidad anterior a la adquisición efectiva del estatus respectivo, toda vez
que la apelante podía percibir simultáneamente tanto la pensión ordinaria de
jubilación como el salario de docente oficial en virtud de la excepcionalidad
legal que así lo permite y que se encuentra consagrada en el artículo 19, literal
g) de la Ley 4.ª de 1992 y el artículo 19 de la Ley 334 de 1996.15

Por ello, debe tenerse en cuenta que, con base en la argumentación
precedente, la educadora en mención reunió y acreditó con suficiencia los
requisitos consagrados en la Ley 71 de 1988 a fin de obtener el derecho a
percibir la prestación en litigio, pues cumplió 55 años de edad y además
acumuló más de 20 años de cotizaciones derivadas de servicios prestados
tanto en el sector público como en el privado, los cuales, contrario a la fecha
hallada por el juez de origen (1.° de julio de 2015), en realidad fueron
acreditados a partir del 11 de agosto de 2008 de acuerdo con la precisiones
descritas en el cuadro precedente.

Al respecto, es válido aclarar que dicha prerrogativa debe sujetarse a las
reglas de unificación jurisprudencial fijadas en la sentencia SUJ-014-CE-S2-
2019 del 25 de abril de 2019 proferida por la Sección Segunda de esta
Corporación. De este modo, la pensión tendrá que ser calculada en un 75%
del ingreso base de liquidación, que en el sub examine corresponde al
promedio de la asignación básica percibida por la libelista durante el año
anterior a la consolidación efectiva del derecho, esto es, desde el 11 de agosto
de 2007 hasta el 11 de agosto de 2008, ello con efectividad a partir de esta
última fecha y sin que sea del caso examinar el fenómeno prescriptivo que el
a quo estimó no probado, toda vez que dicho aspecto no fue materia de
impugnación por la apelante única, quien delimitó la competencia en esta
instancia exclusivamente a la forma de calcular su prestación.

En atención a lo expuesto, la Subsección encuentra que, efectivamente se
configuró una expedición irregular respecto de los actos administrativos
cuestionados por desconocimiento de las normas en que debieron fundarse,
en la medida en que sí procedía el reconocimiento pensional deprecado por
la libelista. No obstante, a pesar de que en la sentencia censurada se declaró
la nulidad de dichas decisiones, lo cierto es que el restablecimiento del
derecho no podía fijarse como se hizo, en el sentido de calcular el IBL con el
promedio salarial de la señora Barrera de Moreno durante los últimos 10 años
de servicio y con efectividad desde el 1.° de febrero de 2015, sino a lo largo
de la anualidad anterior a la adquisición del estatus pensional y con
reconocimiento a partir del 11 de agosto de 2008.

En conclusión: la liquidación del derecho pensional de la señora Ana Beatriz
Barrera de Moreno, en calidad de docente oficial vinculada con anterioridad a

15 Dicha posición frente a casos como el particular, fue objeto de pronunciamiento en sentencia del 12

de noviembre de 2020, dictada por la Sección Segunda, Subsección A de esta corporación en el proceso
con radicado 15001-23-33-000-2015-00620-01 (0496-2017), el cual si bien versa sobre un litigio de
reliquidación de pensión de un docente, conlleva el mismo análisis en lo relativo a la normativa aplicable
a esta clase de servidores públicos.

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la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y bajo la égida de la Ley 71 de
1988, no debe someterse a las previsiones de la Ley 100 de 1993, sino a los
postulados aplicables al régimen especial del magisterio del que es
beneficiaria por aplicación integradora y analógica de la sentencia de
unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado proferida el 25 de
abril de 2019.

En tal sentido, dicha prestación debe calcularse en un 75% del ingreso base
de liquidación, el cual corresponde al promedio de la asignación básica
percibida por la libelista durante el año anterior a la adquisición de aquel
derecho, esto es, desde el 11 de agosto de 2007 hasta el 11 de agosto de
2008, ello con efectividad a partir de esta última fecha y con el respectivo
reajuste para su actualización al momento en que se dé cumplimiento a la
presente providencia.

Decisión de segunda instancia

Según lo expuesto, se impone modificar el ordinal segundo de la sentencia
apelada, proferida el 15 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, la cual accedió a las
pretensiones de la demanda, esto a fin de que en la orden de restablecimiento
del derecho, se determine la liquidación pensional con base en la calidad
especial de docente oficial de la libelista, esto es, conforme al promedio de la
asignación básica devengada por esta durante la anualidad anterior a la
consolidación de aquella prerrogativa, efectiva desde ese mismo momento. Lo
anterior habida cuenta de que prosperan los argumentos de impugnación
presentados por la parte activa en su recurso de alzada.

De la condena en costas

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201616, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

16 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

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e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP 17, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público18.

Ahora, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará
en costas a la entidad demandada, en la medida que a pesar de haber
resultado vencida, conforme el numeral 8.º del artículo 365 del CGP no es
posible la comprobación de dicha carga, en tanto no hubo intervención de las
partes en segunda instancia ante la ausencia de un período probatorio y el
consecuente traslado de alegatos de conclusión según lo previsto en el artículo
247, numeral 5.° del CPACA (modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de
2021), tal como se indica en la constancia secretarial visible a folio 105 del
plenario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 15 de abril
de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso
que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovió la señora Ana Beatriz Barrera de Moreno contra la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, con vinculación de la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones); el cual quedará de la siguiente forma:

«[…] SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, reconocer y pagar a favor de la señora Ana Beatriz
Barrera de Moreno la pensión de jubilación a que tiene derecho de conformidad
con los preceptos de la Ley 71 de 1988 y el Decreto Reglamentario 2709 de
1994, es decir, en un monto equivalente al 75% del promedio de la asignación
básica percibida por la libelista durante el año anterior a la adquisición del
estatus jurídico, correspondiente al período comprendido entre el 11 de agosto
de 2007 y el 11 de agosto de 2008, con efectividad desde esta última data y

17
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
18 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17
Radicado: 25000-23-42-000-2018-02412-01 (3381-2021)
Demandante: Ana Beatriz Barrera de Moreno

debidamente reajustada al momento de cumplimiento de esta sentencia.

En razón de lo expuesto, se condena a la parte demandada a pagar las
mesadas adeudadas en favor de la señora Barrera de Moreno desde el 11 de
agosto de 2008 hasta la inclusión de aquella en la respectiva nómina de
pensionados, esto de manera actualizada de conformidad con el inciso 4.° del
artículo 187 del CPACA, es decir, con base en la siguiente fórmula:

R= Rh x índice final
Índice inicial».

Segundo: Confirmar en todo lo demás la providencia apelada.

Tercero: Sin condena en costas de segunda instancia.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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