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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02414-01

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02414-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-02414-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

17 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02414-01 (5338-2024)
Demandante: Clarisa Inés Sosa Suárez
Demandada: UGPP

Temas: Descuento de aportes sobre factores salariales incluidos en la
reliquidación ordenada en una sentencia. / Actos administrativos
no susceptibles de control judicial. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró de oficio la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Clarisa Inés Sosa Suárez, instauró demanda contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución RDP 12297 del 24 de marzo de 2017 y
de los comunicados 201714001437191 del 11 de mayo de 2017 y
201714303157791 del 25 de octubre de 2017, por medio de los cuales la UGPP
cumplió las órdenes contenidas en una sentencia.

A título de restablecimiento del derecho: i) se efectúe una nueva liquidación de
aportes de los factores ordenados por un fallo judicial, ii) sean indexados los valores

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aplicando la fórmula del artículo 178 del CPACA, iii) se aplique la prescripción a la
acción de cobro del artículo 817 del Estatuto Tributario por ser una obligación
parafiscal, iv) se ordene la suspensión del reintegro de las mesadas que opera
desde mayo de 2017 y, en cambio, v) se ordene su devolución incluyendo los
intereses que fueron reconocidos en sentencia y vi) se ordene el pago de los
intereses moratorios de que tratan los artículos 192 y 195 del CPACA, o el artículo
141 de la Ley 100 de 1993.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la señora Clarisa Inés Sosa Suárez fue pensionada por Cajanal mediante
Resolución 55459 de diciembre 5 de 2013 y que por sentencia del Juzgado Segundo
de Descongestión de Facatativá, confirmada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, se condenó a la UGPP la reliquidación de la pensión, aplicando el
promedio del 75% de todos los factores devengados en el último año de servicio, lo
que fue cumplido en la Resolución RDP 36421 del septiembre 28 de 2016, que
ordenó reliquidar la pensión en cuantía de $1.059.061, efectiva a partir del 25 de
noviembre de 2013.

Que en Resolución RDP 12297 de marzo 24 de 2017 la UGPP efectuó dicha
liquidación y deducción de aportes por $82.454.941, estableciendo un descuento de
la mesada pensional de la demandante por valor de $20.613.735, razón por la cual
solicitó a la UGPP que informara la forma, metodología y normas aplicadas para
realizar el cálculo; y el 11 de mayo de 2017, se le informó que el cálculo se había
fundamentado en una directriz del comité de conciliación y defensa judicial de la
UGPP, por la que se decidió que a partir del 28 de febrero de 2017 se daría
cumplimiento al acta 1362 del 20 de enero de 2017.

Que el 10 de octubre de 2017 se solicitó a esa entidad efectuar una nueva
liquidación y deducción de aportes, aplicando lo dispuesto por el Consejo de Estado
en desarrollo de los artículos 178 del CCA y 187 del CPACA, pero, en respuesta del
25 de octubre de 2017, la UGPP explicó que debía remitirse a lo resuelto el 11 de
mayo de 2017.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados los artículos 2°, 13°, 25°, 29°, 48°, 53° y 58° de la Constitución
Política, artículo 21° del Código Sustantivo del Trabajo; las Leyes 4 de 966, 71 de
1988, 33 y 62 de 1985, y 100 de 1993 y los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969
y 1045 de 1978.

Como concepto de violación sostuvo que no hay justificación legal ni probatoria para
haber realizado la liquidación y deducción de aportes de la forma en que se hizo,

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pues no existe ningún certificado emitido por el empleador donde consten los
períodos en los que al trabajador no se le habían hecho deducciones en los términos
de la Ley 4° de 1966, el Decreto 1045 de 1978 y las leyes 33 y 62 de 1985. razón
por la que sostuvo la UGPP no podía descontarlos y, en consecuencia, actuó por
fuera de los parámetros delimitados en el fallo judicial, generando un pago parcial
de la obligación contenida en aquel.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta quien la remitió por competencia a la Sección Segunda1, que la admitió y
notificó2 a la demandada, quien señaló que las resoluciones RDP 036421 del 28 de
septiembre de 2016 y Resolución RDP 12297 del 24 de marzo de 2017 fueron
expedidas en cumplimiento de orden judicial, precisando que en dicho fallo se
determinó que se efectuaría el descuento de los aportes correspondientes a factores
salariales, cuya inclusión se ordenó, y sobre los cuales no se había realizado la
deducción legal, en la proporción que correspondiera, durante toda su vinculación
laboral.

Se surtió el trámite de sentencia anticipada y se corrió traslado para alegar3.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró de oficio la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda, al considerar que los actos administrativos
demandados fueron expedidos en cumplimiento de un fallo judicial y, por ende, no
son pasibles de control jurisdiccional, puesto que no constituyen actos definitivos
sino de ejecución.

Que los actos proferidos para la ejecución de una decisión jurisdiccional se
encuentran excluidos de control, dado que por medio de ellos no se decide
definitivamente una actuación administrativa, pues son expedidos para materializar
o ejecutar esa decisión judicial.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante interpuso recurso de apelación. Expresó que los actos
demandados sí son susceptibles de ser controlados jurisdiccionalmente porque, a
su juicio, son de carácter definitivo. Que en la sentencia se había facultado a la
UGPP para efectuar el descuento de los aportes correspondientes a los factores
salariales cuya inclusión se ordenaba en el fallo, y sobre los cuales no se hubiera

1 Auto del 18 de octubre de 2018. Páginas 102 a 104 del expediente físico.
2 Auto del 21 de marzo de 2019. Páginas 112 a 118 del expediente físico.
3 Auto del 18 de febrero de 2022. Página 212 del expediente físico.

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efectuado la deducción legal; destacando que esto se había hecho de forma
abstracta, es decir, sin autorizar una determinada metodología de liquidación o sin
limitar los parámetros para efectuarla, razón por la que considera que los actos en
los cuales se realizó la liquidación, extralimitaron la orden judicial.

Que aquel exceso genera «(…) una puerta interpretativa abierta utilizada por la
UGPP para la apropiación ilegal de unos montos correspondiente a diferencias de
mesadas adeudadas a través de metodología sin respaldo normativo y que no ha
sido objeto de discusión»

Finalmente agregó que como los actos demandados contienen aspectos que no
fueron discutidos en la sentencia, por los que se crea una situación jurídica nueva,
no es la vía del proceso ejecutivo la pertinente sino la vía de nulidad y
restablecimiento del derecho.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 25 de noviembre de 2024 se admitió el recurso.4 Las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La Sala debe determinar si los actos administrativos demandados son susceptibles
de control judicial por parte de la jurisdicción contenciosa y si hay lugar a confirmar
o revocar la sentencia que declaró probada de oficio la excepción de inepta
demanda.

La ineptitud sustantiva de la demanda.

La excepción previa de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales
contenida en el numeral 5 del artículo 100 del CGP, propende porque el escrito
inicial se adecúe a los requisitos legales de forma que permita su análisis de fondo.

La ausencia de requisitos formales para el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se fundamenta, entre otros, en los artículos 43, 74 y
87 del CPACA, los cuales establecen que la demanda debe dirigirse contra actos
administrativos definitivos, es decir, que decidan directa o indirectamente el fondo
del asunto y/o hagan imposible continuar con la actuación; sea porque ya se
agotaron los recursos de reposición, apelación o queja, o porque los actos quedaron
en firme.

4 Índice 12 de SAMAI.

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Esta excepción también prospera cuando no se reúnen los requisitos exigidos para
la admisibilidad de la demanda o, el contenido de esta, no se ajusta a lo dispuesto
en los artículos 161 a 164 y 166 del CAPCA.

Actos administrativos susceptibles de control judicial.

Son susceptibles de control de legalidad aquellos actos administrativos que
concluyen la actuación administrativa y producen efectos jurídicos definitivos, es
decir, los que «crean, modifican o extinguen una situación jurídica en particular».

El artículo 43 del CPACA define los actos definitivos, como aquellos que «(…)
decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la
actuación».

La jurisprudencia5 ha definido que es procedente el estudio de los actos de
ejecución de sentencias, de forma excepcional, cuando: i) la decisión de la
administración va más allá de lo ordenado por el juez, y ii) crea, modifica o extingue
una determinada relación jurídica entre el Estado y el particular, la cual no fue objeto
de debate judicial.

En relación con la última consideración, esta Sección indicó:6

«(…) La jurisprudencia ha señalado reiteradamente que el acto de ejecución
carece de control por vía de acción, lo cual se adecúa a la definición ya
expuesta, y así mismo a su tratamiento procesal dentro del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuyas reglas
adjetivas impiden que este tipo de decisiones sean susceptibles de discusión
gubernativa7

Bajo este entendido, el acto de ejecución no es pasible por regla general de
control jurisdiccional. Sin embargo, esta Corporación ha admitido que si el acto
de ejecución excede, parcial o totalmente lo dispuesto en la sentencia o en otro
acto administrativo que se pretende ejecutar – en otras palabras, si contempla
aspectos nuevos de la decisión a ejecutar -, es procedente ejercer el medio de
control de nulidad y de restablecimiento, al haberse creado, modificado o
extinguido una situación jurídica diferente y, por ende, al haberse generado un
verdadero acto administrativo susceptible del control de legalidad8.

Entonces, si bien los actos administrativos de ejecución no son demandables
por regla general, si la administración al proferirlo se aparta del verdadero
alcance de la decisión, agregando o suprimiendo algo, resulta incuestionable
que el acto no es de simple ejecución como quiera que nace a la vida jurídica

5 Corte Constitucional. Sentencia T- 923 del 7 de diciembre de 2011 M.P: Humberto Antonio Sierra Porto;

Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 6 de marzo de 2014, Exp. 2012-00103-01
(3986-2013). M.P: Alfonso Vargas Rincón.
6 Consejo de Estado. Sección Segunda. Exp: 2014-00651-01 (3529-15). M.P: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
7 Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
8 Al respecto ver: Consejo de Estado. Sección Cuarta. Providencia del 30 de marzo de 2006. Exp. 25000-23-

27-000-2005-01131-01(15784); Providencia de fecha 6 de agosto de 2015. Exp. 41001-23-33-000-2012-00137-
01(4594-13).

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una nueva decisión de la administración que sería controvertible ante la
jurisdicción».

Resolución al caso concreto

Se encuentra probado que los actos administrativos demandados, esto es, la
Resolución RDP 12297 del 24 de marzo de 2017, la comunicación
201714001437191 del 11 de mayo de 2017 y la respuesta 201714303157791 del
25 de octubre de 2017, fueron expedidos en cumplimiento de las órdenes
contenidas en la sentencia del 24 de junio de 2016 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por la cual se confirmó parcialmente la sentencia
del 28 de abril de 2015 emitida por el Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión de Facativá. Veamos:

En aquella providencia se puso fin a la controversia surtida entre la señora Clarisa
Inés Sosa Suárez y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por la que se pretendía
la reliquidación de la pensión que la actora devengaba, incluyendo todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio9.

El marco jurídico determinado en las mencionadas sentencias comprendió lo que,
por su importancia para definir este asunto, pasa a citarse:

Sentencia del 24 de junio de 2016 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
parte resolutiva:

«(…) Primero: Confirmase parcialmente la sentencia proferida en audiencia por
el Juzgado Segundo (2°) Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de
Facativá, el veintiocho (28) de abril de dos mil quince (2015), que accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda, modificando los numerales primero,
segundo y séptimo, los cuales quedarán así:

Primero: Declarar la nulidad de las Resoluciones Nos. RDP 004079 del
6 de febrero de 2014 y RDP 007039 del 27 de febrero de 2014, mediante
las cuales se negó la reliquidación de la pensión de la accionante y se
resolvió un recurso de reposición y de apelación, respectivamente.
(numeral modificado en la sentencia del 24 de junio de 2016 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca).

Segundo: Como consecuencia de la declaración de nulidad de los actos
acusados, y a título de restablecimiento del derecho, LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
“UGPP”, reliquidará la pensión de vejez reconocida a la señora Clarisa
Inés Sosa Suárez, identificada con CC. No. 23.854.262 de Paipa, en
cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de los factores
salariales devengados en el año anterior al retiro del servicio, esto es, del
1° de mayo de 2002 al 30 de abril de 2003, es decir, sueldo básico, sueldo

9 Página 93 del expediente físico.

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por encargo (proporcional al tiempo que lo devengó), la (1/12) parte de la
bonificación por servicios, prima de alimentación, auxilio de transporte, la
(1/12) parte de la prima de vacaciones, la (1/12) parte de la prima
semestral y la (1/12) parte de la prima de navidad, a partir del 26 de
noviembre de 2013.

Séptimo: Las sumas adeudadas deben ser indexadas con base en el IPC,
tal como lo permite el inciso final del artículo 187 del CPACA, aplicando la
fórmula explicada en la parte motiva.

Igualmente, la entidad accionada efectuará el descuento de los aportes
correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena y
sobre los cuales no haya efectuado la deducción legal, en la proporción
que le corresponda a la accionante, durante toda su vinculación laboral,
debidamente indexados y sobre el monto equivalente para la financiación
de la pensión, de acuerdo al artículo 48 de la Constitución Nacional,
modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005.

Segundo: Condenar al Director General de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
“UGPP”, a que actualice trayendo a valor presente la primera mesada, esto es,
25 de noviembre de 2013 -fecha de adquisición del status-, la base de
liquidación mensual vitalicia de jubilación que le reconoció a la señora Clarisa
Inés Sosa Suárez, con todos los factores de salario por él devengados durante
el último año de servicio (1° de mayo de 2002 al 30 de abril de 2003),
descontando lo ya pagado».10 (Subrayas de la Sala).

La parte subrayada de la decisión es la que genera la controversia que hoy ocupa
la atención de la Sala, pues es sobre este punto que se enfocó el recurso de
apelación al advertir que, si bien se facultó a la UGPP para descontar los aportes
omitidos sobre los factores objeto de reliquidación, lo cierto es que no se había
autorizado una metodología determinada o no se habían puesto sobre la mesa los
parámetros para realizar la liquidación11, lo cual -argumentó-, constituía un hecho
nuevo que no fue delimitado en la sentencia y, por ende, al haber hecho la
liquidación, la UGPP se extralimitó del marco definido en las sentencias.

Para la Sala no es cierta esta afirmación, puesto que el hecho de no haberse
definido una metodología o parámetros para realizar la operación aritmética que
permitiera descontar los aportes correspondientes a los factores salariales incluidos,
no quiere decir que la UGPP no pudiera realizar la liquidación ordenada en el
numeral 7 de la sentencia.

Para mejor ilustrar, se citará el artículo décimo de la Resolución RDP 12297 del 24
de marzo de 2017, por el cual se dio cumplimiento al numeral 7 de la sentencia:

«(…) ARTÍCULO DÉCIMO: Descontar de las mesadas atrasadas a las que tiene
derecho el(a) señor(a) SOSA SUAREZ CLARISA INES, la suma de VEINTE

10 Sentencias de primera y segunda instancia visibles en las páginas 63 a 97 del expediente físico.
11 Página 254 vuelto del expediente físico.

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MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
pesos ($20,613,735 m/cte) por concepto de aportes para pensión de factores
de salario no efectuados. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad se
determine que el pensionado adeuda valores adicionales o superiores por el
referido concepto, o se establezca que los aportes inicialmente descontados
deben ser objeto de la aplicación de algún tipo de actualización o ajuste en su
valor, y en consecuencia se proceda a adelantar su cobro, para lo cual se
deberá enviar una copia de la presente resolución al área competente.
Igualmente, la Subdirección de Nómina tendrá especial cuidado en deducir los
valores previamente ordenados y descontados en actos administrativos
anteriores por el mismo concepto».12 (Subrayas de la Sala).

Contrario a lo afirmado por la parte apelante, es claro que mediante la sentencia
que puso fin a esa instancia, se dispuso que la UGPP debía realizar «(…) el
descuento de los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión
se ordena y sobre los cuales no haya efectuado la deducción legal», tal como se
puede observar que se hizo en la Resolución RDP 12297 del 24 de marzo de 2017.

A su vez, en la sentencia se definió que los descuentos debían liquidarse «(…) en
la proporción que le corresponda a la accionante, durante toda su vinculación
laboral, debidamente indexados y sobre el monto equivalente para la financiación
de la pensión», lo que también se logró evidenciar que se hizo en la Resolución
RDP 12297 del 24 de marzo de 2017, lo cual fue explicado de forma detallada en la
comunicación número 201714001437191 del 11 de mayo de 2017, visible en las
páginas 30 a 34 del expediente digital.

De esta forma, se concluye que la UGPP no extralimitó las órdenes contenidas en
las sentencias, razón por la que, si la demandante consideraba que la providencia
fue acatada de manera imperfecta, debió presentar los recursos en contra de los
actos que cumplieron la orden o iniciar proceso ejecutivo.13

En relación con las comunicaciones demandadas, número 201714001437191 del
11 de mayo de 2017 y número 201714303157791 del 25 de octubre de 2017, se
destaca que fueron emitidas como respuesta de solicitudes elevadas por la actora,
relacionadas también con los aportes correspondientes a los factores salariales
cuya inclusión se ordenó en la sentencia y sobre los cuales no se hubiera efectuado
la deducción legal.

En dichas respuestas la UGPP le informó la manera en la que se había realizado el
cálculo del descuento y se estuvo a lo dispuesto en los actos emitidos de forma
previa en relación con la liquidación de aportes descontados.

De acuerdo con lo expuesto, los actos administrativos demandados se emitieron en
el marco del cumplimiento de las órdenes contenidas en un fallo judicial y, por ende,

12 Resolución RDP 12297 del 24 de marzo de 2017. Página 22 vuelto del expediente físico.
13 Sobre el alcance de la acción ejecutiva. Providencia del 30 de mayo de 2013. Expediente: 25000-23-26-000-

2009-00089-01(18057).

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al no ser objeto de control jurisdiccional, la Subsección confirmará la sentencia.

De la condena en costas en segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202114 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el catorce (14) de marzo de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones
expuestas en la parte motiva.

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia

Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

14 Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02414-01 (5338-2024)

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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