Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02462-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02462-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-02462-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
21 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02462-01 (5211-2023)
Demandante: José Roberto Chacón Peñarette
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Docente temporal. Docente
territorial. Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio
de 2018 y del 11 de agosto de 2022. MODIFICA Y CONFIRMA
SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por
medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor José Roberto Chacón Peñarette instauró demanda en contra de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el
fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 002645 del 27 de enero de
2017, (ii) RDP 012929 del 29 de marzo de 2017, las cuales negaron el
reconocimiento de la pensión gracia a favor del demandante, y la (iii) RDP 016619
1 Folios 1 y 2.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02462-01 (5211-2023)
del 22 de abril de 2017, por medio de la cual se confirmó la negativa al resolver el
recurso de apelación.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer y
pagar la mencionada prerrogativa al actor a partir del 20 de noviembre de 2012, con
los reajustes pensionales previstos en la Ley 71 de 1988, ajustes al valor conforme
al artículo 178 del CPACA y los intereses moratorios.
Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo
en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que el señor José Roberto Chacón Peñarette cumplió 50 años el 21 de noviembre
de 2001, y que inició su carrera en el magisterio al servicio del departamento del
Huila como docente nacionalizado, desde el 11 de febrero de 1977 hasta el 31 de
enero de 1991, lapso en el cual tuvo 2 licencias ordinarias de 2 años y 8 días.
Que de manera posterior, laboró a favor del Distrito Capital de Bogotá como
educador provisional en los siguientes periodos: (i) del 15 de abril de 1991 al 30 de
noviembre de 1991, (ii) del 21 de enero de 1992 al 30 de noviembre de 1992, (iii)
del 21 de septiembre de 2005 al 2 de diciembre de 2005, (iv) del 14 de febrero de
2006 al 16 de junio de 2006, (v) del 17 de junio del 2006 al 23 de junio de 2006, (vi)
del 24 de julio de 2006 al 15 de diciembre de 2006, (vii) del 19 de febrero de 2007
al 17 de diciembre de 2007, (viii) del 11 de febrero de 2008 al 20 de junio de 2008,
(ix) del 21 de junio de 2008 al 12 de diciembre de 2008, (x) del 13 de diciembre del
2008 al 11 de diciembre de 2009, (xi) y del 12 de diciembre de 2009 al 30 de
diciembre de 2010.
Que luego fue vinculado en carrera en calidad de educador territorial, laborando
desde el 12 de julio del 2010 hasta al menos la fecha de expedición del certificado
del 8 de marzo de 2016, el cual indicó que se encontraba activo en el servicio,
empero, solicita el demandante que el tiempo prestado en virtud de la referida
vinculación inicie su cómputo desde el 1° de enero de 2011, considerando que el
último tiempo en provisionalidad fue certificado hasta el 30 de diciembre de 2010,
esto con el fin de no contabilizar un doble tiempo.
Que acreditó los 20 años de servicio el 20 de noviembre de 2012, y por este motivo,
el día 3 de mayo de 2016 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia ante
la UGPP, la cual negó el derecho mediante la Resolución RDP 002645 del 27 de
2 Folios 2 a 5.
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enero de 2017, resolviendo en el mismo sentido una segunda petición del
demandante a través de la Resolución RDP 012929 del 29 de marzo del 2017. Que
contra la primera resolución que negó, interpuso un recurso de apelación, el cual
confirmó la negativa de la prerrogativa solicitada, mediante Resolución RDP 016619
del 22 de abril de 2017.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3
La parte activa aseguró que con los actos administrativos demandados se
transgredieron: los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48 y 53 de la Constitución Política; las
Leyes 39 de 1903, 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 24 de 1947, 4 de 1966,
43 de 1975, 24 de 1984, 29 de 1989, 91 de 1989, 60 de 1993 y 1437 de 2011; y los
Decretos 1743 de 1966 y 2277 de 1979.
Que el actor acreditó que cumplió los 20 años de servicio como docente territorial y
nacionalizado, por lo que el acto que negó la pensión fundamentado en el
incumplimiento de este requisito se encuentra falsamente motivado.
Que, además, señaló la accionada que se debían anexar documentos adicionales
y que no cumplió el actor con la carga probatoria, sin embargo, el demandante
aportó con su solicitud toda la documentación que acreditaba su derecho y que la
entidad no solicitó adicionar ningún otro ni requirió pruebas de manera oficiosa.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 25 de enero 20194 y notificada a la UGPP5, quien
contestó6 que al demandante no le asiste el derecho reclamado, dado que no logró
acreditar una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 ni 20 años de servicio
como docente nacionalizado o departamental.
Que conforme a la sentencia C-143 de 2018 de la Corte Constitucional, se ratifica
el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para acceder a la pensión gracia,
antes del 29 de diciembre de 1989.
Además, señaló que los recursos con los que cancelaron los emolumentos del actor
eran de origen nacional y no pueden ser estos considerados como propios de la
entidad local, pues pese a ser cedidos a las referidas autoridades permanece la
naturaleza nacional.
Que las autoridades territoriales que hacían parte de los FER, realizaban
nombramientos como delegados del gobierno nacional, y que en todo caso
3
Folios 5 a 15.
4 Folios 375 a 376.
5 Folio 377.
6
Folios 408 a 420.
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requerían el aval del representante del MEN cuando los recursos provenían del
Situado Fiscal, esto según el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, y que por lo tanto tales
nominaciones no pueden considerarse como territoriales.
Que los FER hacían parte de la estructura del sector educativo nacional y su función
era la de administrar los recursos del presupuesto general de la nación destinados
a la educación y con cargo a la nación.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) prescripción, (ii) buena fe, (iii)
inexistencia de la obligación, (iv) compensación, y (v) cobro de lo no debido.
En auto del 23 de junio de 20207, el tribunal de primera instancia determinó que con
las pruebas aportadas era posible adoptar una decisión de fondo, por lo que en
virtud del artículo 13 del Decreto Ley 806 de 2020 y el numeral 4° del artículo 247
del CPACA, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión por escrito, en
orden de dictar sentencia anticipada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 10 de marzo de 2022, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda; señaló que se acreditó en el proceso que el
demandante prestó sus servicios a favor del departamento del Huila desde el 11 de
febrero de 1977 al 30 de junio de 1977 y del 1° de julio de 1977 al 1° de febrero de
1991, probando con esta labor una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980
bajo una vinculación territorial, al tener en cuenta la naturaleza del ente nominador
y del establecimiento educativo.
Fue docente territorial interrumpida, del 15 de abril de 1992 al 30 de diciembre de
2010, y luego nombrado en periodo de prueba hasta el 9 de julio de 2010, finalizando
con una nominación provisional en la planta de personal docente mediante
resolución 592 del 28 de febrero de 2011.
Concluyó que el actor cumplió los 20 años de servicio el 10 de noviembre de 2010,
desde el que se configuró su estatus, al comprobar también el cumplimiento de otros
requisitos como la buena conducta.
Señaló que operó la prescripción de las mesadas pensionales a partir del 3 de mayo
de 2013 al considerar que la solicitud de reconocimiento de pensión fue presentada
el 3 de mayo de 2016.
7
Folio 426.
8 Folios 438 a 453.
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RECURSOS DE APELACIÓN
La parte demandada9 mostró su inconformidad, solicitó que se revoque la
sentencia de 10 de marzo de 2022 para que en su lugar se nieguen las pretensiones
de la demanda.
Argumentó que el demandante no probó la vinculación laboral anterior al 31 de
diciembre de 1980, pues se encuentra que los tiempos allegados demuestran una
vinculación nacional, y que tampoco se acreditó la labor de 20 años de servicio en
la docencia oficial del orden territorial.
Que la Corte Constitucional en sentencia C- 143 de 2018 al analizar los postulados
de la pensión gracia, decidió mantener su postura frente al lleno de requisitos antes
del 29 de diciembre de 1989, exigencia que no cumplió el demandante y por lo tanto
no resulta beneficiario de la prerrogativa.
Manifestó que los recursos con los cuales se pagó la nómina del demandante eran
de origen nacional y no territorial, pues las transferencias que la nación realizaba a
las entidades territoriales en vigencia del Acto Legislativo 01 de 1968, y hasta antes
de la aplicación de la Ley 60 de 1993, por concepto de situado fiscal, se consideran
fondos nacionales y no propios, por lo tanto, desde el 19 de diciembre de 1968 hasta
el 12 de agosto de 1993, los recursos del Situado Fiscal no dejaron de pertenecer
a la nación por tratarse de una mera distribución de ingresos de la nación a los
fondos educativos regionales.
Reiteró que las autoridades territoriales realizaban nombramientos como delegados
del gobierno nacional, requiriendo el aval del representante del MEN cuando los
recursos provenían del Situado Fiscal.
Que el actor no aportó prueba alguna para acreditar el tiempo de servicio como
docente nacionalizado, incumpliendo con la carga de la prueba consagrada en el
artículo 167 del CGP.
La parte demandante10, solicitó en su recurso modificar el numeral 1° de la
sentencia señalando que la resolución que resolvió la apelación corresponde a la
RDP No. 016619 del 22 de abril de 2017 y no a la RDP No. 012929 del 29 de marzo
de 2017.
Además, requirió que se modificara la fecha del estatus pensional al considerar que
el mismo fue adquirido a partir del 20 de noviembre de 2012, y que se condene en
costas a la parte demandada y se adicione a la sentencia los intereses moratorios
de las sumas adeudadas.
9 Ver índice 24 de SAMAI Tribunal de Cundinamarca.
10
Ver índice 23 de SAMAI Tribunal de Cundinamarca.
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TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación fue admitido el 15 de septiembre de 2023, y se dispuso que,
una vez ejecutoriada la providencia, la secretaría pasaría el expediente al Despacho
para dictar sentencia, sin necesidad de traslados.
PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES
De conformidad con el numeral 4.° del artículo 247 del CPACA, una vez concedido
el recurso y hasta la ejecutoria del auto admisorio, las partes guardaron silencio.
POSICIÓN DE MINISTERIO PUBLICO
La Procuradora Segunda Delegada ante esta Corporación11, solicitó confirmar la
sentencia apelada, toda vez que, al analizar el material probatorio, constató que el
demandante demostró cumplir con la totalidad de los requisitos para acceder a la
prestación, pues laboró por más de 20 años con una vinculación territorial.
Manifestó sobre los pagos efectuados con recursos de la nación, que a pesar de
que los recursos del situado fiscal provinieran de la nación, una vez integran el
presupuesto de los entes territoriales cambian su naturaleza y son parte de los
recursos propios de las entidades territoriales.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si el actor cumplió
con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter
territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún
período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.
Marco normativo y jurisprudencial
Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su acceso
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:
11 Ver índice 12 en SAMAI.
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«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
4. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»22. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
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desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199723 señaló que:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201824
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
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de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
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nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,25 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
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acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
Al respecto, se destaca que, en la medida en que ambas partes apelaron la totalidad
de la sentencia, la competencia en segunda instancia se torna ilimitada en lo
referente al estudio de todos los puntos objeto del litigio, sin que pueda alegarse la
afectación injustificada en perjuicio de alguno de los extremos procesales con la
decisión que deba adoptarse por esta Corporación. Lo anterior se deriva del artículo
328, inciso 2° del Código General del Proceso.
Ahora bien, previo a examinar el material probatorio y verificar el cumplimiento de
los requisitos para acceder a la prerrogativa solicitada estima la Sala necesario
pronunciarse sobre los planteamientos de la demandada en su escrito de apelación,
a saber, que la consolidación del estatus pensional debía adquirirse con anterioridad
a la promulgación de la Ley 91 de 1989 (29 de diciembre de 1989).
Para la Sala, tal argumento no es compartido, ya que carece de cualquier asidero,
pues esta Corporación en la sentencia SUJ-030-CE-S2-2021, a través de la cual
unificó jurisprudencia, se precisó la regla en cuanto al entendimiento que debe
otorgarse al artículo 15, numeral 2, literal a) de la Ley 91 de 1989 para efectos de
reconocer la pensión gracia de jubilación en los siguientes términos:
«[…] Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.»
En ese sentido, contrario a lo expuesto por la accionada, no se desconoce el alcance
de la Sentencia C-489 de 2000 si se cumplen los requisitos después de la vigencia
de la Ley 91 de 1989, ya que, a partir de las apreciaciones efectuadas en la
mencionada decisión, «[...] [esta nunca] dispuso un límite temporal, consistente en que la
pensión gracia únicamente se podría reconocer a quienes hubieran reunido todos los
requisitos antes del 29 de diciembre de 1989; [cualquier] conclusión [en ese sentido] […]
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resulta[ría] contradictoria con las demás sentencias de constitucionalidad que han abordado
asuntos similares».
Por ende, el único límite temporal que se impuso radicaba en que los docentes
territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980; protegiéndose el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes que tenían la expectativa de ser beneficiarios de
aquella.
Así pues, el hecho que José Roberto Chacón Peñarette haya cumplido los 50 años
en el 2001, o que los 20 años de labor oficial los acreditara después de 1989, no
resulta un argumento plausible para considerar que no podía acceder a la pensión
gracia, pues queda claro que el cumplimiento de los requisitos podía darse con
posterioridad al 29 de diciembre de esta última anualidad.
En ese orden de ideas, el objeto de debate en esta oportunidad se circunscribe a
determinar si el reclamante tuvo una vinculación nacionalizada o territorial antes del
31 de diciembre de 1980 y si cumplió los demás requisitos aun después de la
entrada en vigencia de Ley 91 de 1989.
Pues bien, con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar
el cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para
consolidar el derecho a la pensión gracia.
Frente al primer requisito enunciado relacionado con la edad, se observa que el
señor José Chacón nació el 22 de noviembre de 195112, de modo que cumplió los
50 años el 22 de noviembre de 2001.
El segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio del
reclamante como docente territorial o nacionalizado, (el cual es punto de debate en
esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados
en la presente causa judicial.
• Periodo I: del 11 de febrero de 1977 al 1° de febrero de 1991
Del material allegado al plenario puede evidenciarse que mediante el Decreto No.
048 de 197713, el educador fue nombrado por el gobernador del Huila como profesor
del Colegio Cooperativo San José, cargo del que tomó posesión el día 11 de febrero
de 1977 conforme lo indica el acta de posesión14 y en el mismo sentido lo corroboran
los diferentes formatos para expedición de certificado de historia laboral15 aportados
12 Según copia del registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía, visibles en la página 5 y 6 del
expediente, respectivamente.
13
Folios 149 a 159.
14
Folio 81.
15
Folio 64 a 65 y 147.
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12
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y el Certificado de Información Laboral No. 29816, los cuales indican a su vez que el
periodo finalizó el 1° de febrero de 1991, y que el actor tuvo las siguientes licencias
ordinarias: (i) del 14 de marzo de 1983 al 23 de marzo de 1983 y (ii) del 1° de abril
de 1988 al 30 de marzo de 1990.
Acerca de la relación legal y reglamentaria sostenida por el demandante, contrario
a lo sostenido por la accionada al calificar la plaza como nacional, lo cierto es que,
en el mentado decreto de nombramiento no se observa que el cargo ejercido por el
reclamante haya sido de aquellos propios de la planta de personal de la Nación, o
que hubiese sido vinculado por la autoridad territorial como representante de aquella
cartera en virtud de una autorización legal, por lo que se descarta que la relación
legal y reglamentaria haya sido del orden nacional.
Contrario a lo expuesto, sí se concluye que el nombramiento del actor en este caso
tuvo lugar por decisión autónoma y directa de la autoridad nominadora, lo que logra
acreditar una calidad territorial de la actividad docente.
Ahora, si bien se encuentra en el certificado No. 298 que a partir del 1° de julio de
1977, la vinculación del docente fue nacionalizada, tal aseveración se opone
mencionado acto administrativo, y en todo caso, tampoco se encuentra en el
expediente pieza probatoria alguna que señale que la plaza territorial en la que fue
vinculado el actor en 1977 fue posteriormente nacionalizada, esto en cumplimiento
de la Ley 91 de 1989 y en consonancia con la sentencia de unificación del 2018, las
cuales establecen que el personal nacionalizado es aquel que aun ostentando una
categoría territorial antes del 1.º de enero de 1976 fue objeto del proceso de
nacionalización en virtud de la Ley 43 de 1975 o aquel que a partir del 1.º de enero
de 1976 fue vinculado a una plaza nacionalizada en cumplimiento de los requisitos
de la referida Ley, especialmente los consagrados en los artículos 6° y 10°.
Así las cosas, la categoría de la plaza derivada del acto administrativo se ajusta a
lo previsto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 en el que dispuso «Personal
territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a
partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el
artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
Dicho esto, y aunque en las certificaciones aportadas se encuentre una calificación
diferente de la plaza, no cabe duda de que al margen del tipo de vinculación que se
hubiese demostrado en este período, lo cierto y definitivo es que aquella no sería
del orden nacional, sino territorial o nacionalizado, lo cual, en cualquiera de estos
dos eventos, no cambia ni afecta la inclusión y cómputo de tales tiempos de servicio
para el reconocimiento de la pensión gracia, pues ambos permiten colmar el
requisito bajo estudio.
16
Folio 57.
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De tal manera, los extremos temporales en los que el demandante fungió como
docente territorial, esto es, del 11 de febrero de 1977 al 1° de febrero de 1991,
descontando la licencia ordinaria (11 años, 11 meses y 11 días), deben tenerse en
cuenta para computar los 20 años de servicio requeridos para acceder a la pensión
gracia.
• Periodo II: del 15 de abril de 1991 al 30 de noviembre de 1991 y del 21 de
enero de 1992 al 30 de noviembre de 1992- Docente temporal.
Se encuentra en el expediente el Decreto No. 748 del 10 de marzo de 199217, por
medio del cual el alcalde de Bogotá vinculó temporalmente al accionante como
maestro, cargo que desempeñó desde el 21 de enero de 1992 hasta el 30 de
noviembre de 1992, según los diferentes formatos para expedición de certificado de
historia laboral aportados al proceso18, los cuales también refieren que el accionante
laboró como temporal desde el 15 de abril de 1991 al 30 de noviembre de 1991 y
que fue nombrado por la Resolución 14910 del 25 de octubre de 1990; a su vez, le
asigna a todos los periodos laborados que certifica, una vinculación territorial.
Sea lo primero puntualizar que, sobre el carácter temporal de la vinculación esta
Sala reitera el análisis efectuado al respecto, en el que dispuso:
«En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la naturaleza
temporal, como una forma de proveer cargos docentes, dicha figura debe
entenderse como el mecanismo mediante el cual la administración, ante la
imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a
personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad
y urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos.
Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la administración,
en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto es, a través de la toma
de posesión de un cargo docente dando lugar, en consecuencia, a la configuración
de una relación legal y reglamentaria con carácter autónomo, tal y como ocurrió en
el caso de la demandante.
Así las cosas, estima la Sala que ante la ausencia temporal del titular de un empleo
docente, esto, con ocasión de cualquiera de las situaciones administrativas previstas
en la ley, entre ellas, la licencia, comisión o vacaciones, la administración cuenta
con la posibilidad de proveer dicho empleo en forma transitoria, a través de un
nombramiento con tal naturaleza con el fin de evitar cualquier tipo de traumatismo
en la prestación normal del servicio educativo oficial19»
17
Folios 339 a 341.
18
Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral expedido el 11 de enero de 2017, visible
a folios 28 a 29; Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral expedido el 18 de enero
de 2017, visible a folios 35 a 36; Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral expedido
el 8 de marzo de 2016, visible a folios 58 y 60; Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral expedido el 12 de octubre de 2015, visible a folios 75 a 76.
19
Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 16 de marzo de 2017, radicación: 81001-23-33-000-2013-
00285-01(2806-15).
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En cuanto al estudio de la plaza ocupada, sobre el periodo desempeñado entre el
15 de abril de 1991 al 30 de noviembre de 1991, aunque las piezas probatorias
demuestran que efectivamente se desarrolló una labor docente, no se puede
determinar con claridad la plaza ocupada, ya que, pese a constar en el certificado
que los lapsos contenidos en el documento tienen una supuesta vinculación
territorial, se evidencia en el expediente un oficio emitido por la alcaldía de Bogotá,
con asunto E-2018-105771, en el cual responde una solicitud elevada por el señor
José Roberto Chacón y manifiesta la entidad que remite copia de los actos
administrativos requeridos, para lo cual, relacionó cada uno de los actos que aportó,
y añadió la Resolución No. 14910 del 25 de octubre de 1990 (la cual coincide con
el acto de nombramiento señalado en el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral emitido el 18 de enero de 201720), aclarando que
aunque no fue solicitado, se anexaba para verificación.
Agregó la entidad que, la referida resolución fue expedida por el Ministerio de
Educación Nacional, declaración que en este caso genera dudas con la vinculación
establecida en los certificados laborales mencionados, toda vez que, según el
artículo 1° de la Ley 91 de 1981, al definir las categorías docentes, señaló sobre la
nacional que:
«Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional»
Al tenor de lo expuesto, hay una evidente incoherencia entre ambas piezas
probatorias, en tanto, de una se establece una vinculación nacional y de otra una
territorial, siendo opuestas la una de la otra, pues una de ellas es compatible con la
esencia de la pensión gracia y la otra no.
En ese orden de ideas, se encuentra que los certificados aportados tendientes a
demostrar la plaza ocupada en el lapso analizado, no cumplen con los requisitos
establecidos por la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, ya referida en
esta providencia, la cual claramente indicó que los medios de prueba idóneos para
acreditar la categoría de un docente, son: los actos administrativos donde conste el
vínculo y se establezca con claridad la plaza a ocupar o una certificación de la
autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca del tipo de vinculación
del educador; así las cosas, al encontrar que las pruebas obrantes en el expediente
no demuestran con claridad la plaza ocupada, se desestimará el interregno
analizado y no será incluido en el cómputo de los tiempos para acceder a la
prestación.
Sumado lo anterior, se debe precisar que, quien alega la ilegalidad es el que debe
desplegar una actividad probatoria suficiente y adecuada para lograr el efecto
20
Folios 35 a 36.
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jurídico de los preceptos que fundamentan el derecho reclamado a través de un
medio de control como el de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, lo
cual se traduce en la concreción del postulado adjetivo de la carga de la prueba al
tenor del artículo 167 del CGP21, obligación que en el caso en concreto no cumplió
el accionante.
Ahora, sobre la relación legal y reglamentaria del periodo laborado entre 21 de enero
de 1992 al 30 de noviembre de 1992, del referido acto de nombramiento (Decreto
No. 748 de 1992) no se observa una intervención directa del Ministerio de Educación
Nacional en la vinculación ni el ejercicio de la autoridad territorial en calidad de
representante de la mencionada cartera, pero sí puede advertirse que, el acto
además de ser expedido por decisión autónoma y directa de la autoridad
nominadora, sin observarse intervención alguna, señala en su artículo décimo
quinto que: «el gasto que ocasione el pago de la presente resolución, se hará con cargo a
la Secretaría de Educación (…)»
Tal situación se ajusta a lo previsto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 que
dispuso «Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en
el artículo 10 de la Ley 43 de 1975», condición que fue desarrollada en el mismo sentido
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 2018, según la cual es territorial la plaza creada de forma exclusiva por el
distrito, departamento o municipio respectivo, y cuyos gastos se cubran con cargo
a su propio presupuesto; por tanto, el lapso analizado en esta oportunidad se
concluye como territorial.
Por consiguiente, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo
laborado por el demandante como docente territorial durante el lapso transcurrido
entre el 21 de enero de 1992 al 30 de noviembre de 1992 (9 meses y 10 días),
observa la Sala que tal periodo amerita ser incluido dentro del cómputo de la
pensión.
21 «Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga
al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo
probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las
evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en
virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias
técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado
de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
[…]»
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• Tercer periodo: del 21 de septiembre de 2005 al 8 de marzo de 2016- lapsos
interrumpidos
Sobre los tiempos enunciados, se encuentran en el expediente los formatos para
expedición de certificado de historia laboral ya referidos en el análisis del periodo
anterior, los cuales también certifican los lapsos en los que el actor desempeñó su
labor, de los que también obra en el expediente el acto administrativo
correspondiente:
Desde Hasta Acto de Contenido del acto
nombramiento
21 de 2 de Resolución No. 3729 La Secretaría de Educación de
septiembre diciembre del 8 de septiembre de Bogotá nombró provisionalmente
de 200522 de 2005 200523 al docente en la planta de
personal de la entidad.
17 de abril de 16 de junio Resolución No. 1302 La Secretaría de Educación de
200624 de 200625 del 12 de abril de Bogotá nombró provisionalmente
200626 al docente en la planta de
personal de la entidad.
17 de junio de 23 de junio Resolución No. 1796 La Secretaría de Educación de
2006 de 2006 del 16 de mayo de Bogotá prorrogó los
27
2006 nombramientos provisionales de
la Resolución No. 1302 de 2006
hasta el 23 de junio de 2006.
24 de julio de 15 de Resolución No. 2530 La Secretaría de Educación de
200628 diciembre del 11 de julio de Bogotá nombró provisionalmente
29
de 2006 200630 al docente, indicando que el
mismo finalizaría el 15 de
diciembre de 2006.
19 de febrero 17 de Resolución No. 530 La Secretaría de Educación de
de 200731 diciembre del 14 de febrero de Bogotá nombró provisionalmente
de 200732 200733 al docente, en virtud de la
autorización del alcalde del
distrito en la creación de 850
cargos docentes en la planta de
22 Se encuentra también acta de posesión del cargo desempeñado en la fecha referida, visible a folio 344 .
23 Folios 342 a 343.
24 Pese a que el certificado señala el inicio de labores a partir del 14 de febrero de 2006, el acta de posesión
visible en el folio 347 demuestra que el actor tomó posesión desde el día 17 de abril de 2006.
25 El acta de posesión visible en el folio 347 también indica que el actor fue nombrado hasta la referida fecha.
26 Folios 345 a 346.
27 Folios 348 a 349.
28 Se encuentra también acta de posesión del cargo desempeñado en la fecha referida, visible a folio 352.
28 Folios 342 a 343.
29 El acta de posesión visible en el folio 352 también indica que el actor fue nombrado hasta la referida fecha.
30 Folios 350 a 351.
31 Se encuentra también acta de posesión del cargo desempeñado en la fecha referida, visible a folio 355.
32 El acta de posesión visible en el folio 355 también indica que el actor fue nombrado hasta la referida fecha.
33 Folios 353 a 354.
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personal de la entidad,
advirtiendo que el financiamiento
sería con recursos propios del
distrito capital.
11 de febrero 20 de junio Resolución No. 187 La Secretaría de Educación de
de 200834 de 200835 del 28 de enero de Bogotá nombró provisionalmente
200836 al docente, en virtud de la
autorización de la Comisión
Nacional del Servicio Civil para la
provisión de 1525 cargos
vacantes en la planta de personal
de la entidad, advirtiendo que
existía disponibilidad de recursos
propios para nombramiento de
los educadores.
21 de junio de 12 de Resolución No. 890 La Secretaría de Educación de
2008 diciembre del 26 de marzo de Bogotá prorrogó los
de 2008 200837 nombramientos provisionales de
la Resolución No. 187 de 2008
hasta el 12 de diciembre de 2008.
13 diciembre 11 Resolución No. 4379 La Secretaría de Educación de
de 2008 diciembre del 11 de noviembre Bogotá prorrogó los
de 2009 de 200838 nombramientos provisionales de
la Resolución No. 187 de 2008
hasta el 11 de diciembre de 2009.
12 de 8 de julio de Resolución No. 2804 La Secretaría de Educación de
diciembre de 201039 del 19 de noviembre Bogotá prorrogó el
2009 de 200940 nombramiento provisional del
docente hasta el día en que se
provean los cargos con un
docente en carrera o en periodo
de prueba.
9 de julio de 27 de Resolución No. 1184 La Secretaría de Educación de
201041 febrero de del 12 de mayo de Bogotá nombró al actor en
201142 201043 periodo de prueba en la planta de
personal docente de la secretaría
de educación del distrito capital.
34 Se encuentra también acta de posesión del cargo desempeñado en la fecha referida, visible a folio 357.
35 El acta de posesión visible en el folio 357 también indica que el actor fue nombrado hasta la referida fecha.
36 Folio 356.
37 Folios 358 a 359.
38 Folios 360 a 361.
39
Si bien en los formatos para la expedición de historial laboral se señala que el docente laboró en este periodo
hasta el 30 de diciembre de 2009, se encuentra un acto de nombramiento anterior a esta fecha en la cual el
docente inicia sus labores en periodo de prueba, finalizando de esta manera su provisionalidad, a partir del inicio
del nuevo nombramiento.
40
Folios 363 a 364.
41
Fecha de posesión según acta No. 4636 visible a folio 368.
42
Fecha anterior al nombramiento en carrera, en la cual finalizó el periodo de prueba.
43
Folios 366 a 367.
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28 de febrero 8 de marzo Resolución 592 del 28 La Secretaría de Educación de
de 201144 de 201645 de febrero de 201146 Bogotá nombró en carrera al
actor en la planta de personal
docente de la secretaria de
educación del distrito capital
Una vez dilucidados los periodos en los cuales el accionante ejerció su labor
docente, se pasará a analizar la plaza ocupada durante los mismos. Al respecto, en
oposición a lo señalado por la parte demandada al calificar la categoría ocupada por
el docente como nacional, se tiene que, de todos los actos anteriormente
relacionados, no se advierte que el cargo ejercido por el reclamante haya sido de
aquellos propios de la planta de personal de la Nación, o que hubiese sido vinculado
por la autoridad territorial como representante de aquella cartera en virtud de una
autorización legal, por lo que se descarta que la relación legal y reglamentaria haya
sido del orden nacional.
De igual manera, tampoco se señala en el acto en mención que esta plaza se
hubiese ocupado en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975, ni bajo los
postulados del artículo 6° de dicha norma, en virtud del cual los recursos para
atender el proceso de nacionalización serian administrados por los Fondos
Educativos Regionales (FER) con sujeción a los planes que en su momento debía
establecer el Ministerio de Educación Nacional, intervención que tampoco se
encuentra en el decreto.
Contrario a lo expuesto, se concluye que el nombramiento del actor en este caso
tuvo lugar por decisión autónoma y directa de la autoridad nominadora, quien para
el caso en concreto fue la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, lo que
logra acreditar una calidad territorial de la actividad docente.
La anterior situación se ajusta a lo previsto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 en
el que dispuso «Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
A partir de lo expuesto, es posible concluir que el demandante fue maestro oficial
territorial durante los períodos comprendidos entre el (i) 21 de septiembre de 2005
al 2 de diciembre de 2005, (ii) del 17 de abril de 2006 al 15 de diciembre de 2006,
(iii) del 19 de febrero de 2007 al 17 de diciembre de 2007, (iv) del 11 de febrero de
2008 al 8 de marzo de 2016 (9 años, 9 meses y 7 días), por lo que resulta válido
computar este lapso junto al analizado previamente, al punto de que se tiene
44
Fecha de expedición del acto que nombró al docente en carrera y que estableció que el acto comenzaba a
regir a partir de su expedición.
45
Fecha de expedición del Formato Único para la expedición de Certificado de Historia Laboral del 8 de marzo
de 2016, en el cual consta que el docente seguía activo en el servicio, además, fue hasta la referida fecha que
el actor pretendió que se le reconociera el tiempo en la demanda.
46
Folio 369 a 371.
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demostrado que el actor sí satisfizo el requisito de cumplir más de 20 años al servicio
educativo como maestro con vinculaciones compatibles con la esencia de la pensión
gracia, pues sumados todos da un resultado total de servicio de 22 años, 5 meses
y 28 días.
De manera previa a continuar con el estudio del cumplimiento de los demás
requisitos para acceder a la pensión gracia, debe pronunciarse esta Sala respecto
a lo manifestado por la accionada en el recurso de apelación al mencionar que los
recursos con los cuales se pagó la nómina del demandante provenían de la nación
por ser cedidos por esta a la a la entidad territorial mediante el situado fiscal, esto
sin determinar a qué periodo se refería específicamente.
Sobre el particular, se tiene que en el expediente no se encontró ninguna pieza
probatoria que aludiera a un financiamiento de alguna de las plazas ocupadas por
el docente por parte de la nación, opuesto a ello, en varios actos administrativos
analizados sí se observó que los recursos con los que se pagaron los emolumentos
del docente emanaban del presupuesto propio del territorio, y aunque no en todos
se encontró la referida constancia, sí se logró determinar una naturaleza territorial
de la relación legal y reglamentaria, y no hubo prueba alguna que desvirtuara su
calidad.
Sin perjuicio de lo anterior, se precisa en este aspecto que, pese a que una plaza
docente sea pagada con recursos del Situado Fiscal (como lo menciona la
demandada, no por esta sola razón debe atribuirse una calidad docente nacional,
pues la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, en sus reglas estableció
que:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
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certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
Ahora bien, sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar alguna
vinculación en una plaza docente de iguales calidades a las mencionadas con
anterioridad, ello previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva sin dificultad
del hecho de que el demandante efectivamente se desempeñó como tal al servicio
del departamento del Huila bajo relaciones legales y reglamentarias del orden
territorial desde el 11 de febrero de 1977 al 1° de febrero de 1991, es decir, en
periodo anterior a la primera fecha en comento, por lo que se encuentra colmada la
exigencia objeto de análisis.
En punto a cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta de la accionante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa, ni en primera instancia ni mucho menos mediante el recurso de
apelación analizado en esta oportunidad, por lo que se presume la buena fe de la
interesada en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.
Con base en lo expuesto, se estima que el tribunal de primera instancia fue acertado
en el fallo apelado para acceder al reconocimiento de la prerrogativa solicitada por
la demandante, aunque hace notar esta Sala que olvida el tribunal que las
sentencias deben ser claras, expresas y exigibles, y que no puede omitir definir la
fecha de adquisición del derecho del demandante en la parte resolutiva del fallo por
cuanto es competencia de los jueces determinarlo, máxime cuando es objeto de
una pretensión y cuando se desplegó todo un análisis probatorio para establecerlo.
Se estima que la contabilización de los períodos de servicio no se encuentra
ajustada a los tiempos reconocidos, por tanto, tendrá que modificarse el ordinal
segundo respecto de la fecha de consolidación del estatus pensional.
Acerca de este punto es de precisar que, con base en el cálculo válido del servicio
prestado por la docente para adquirir la pensión gracia, el señor José Roberto
Chacón Peñarette acreditó la totalidad de requisitos previstos para el efecto solo
cuando cumplió 20 años de servicio, lo cual ocurrió hasta el 10 de septiembre de
2013 (después de los 50 años cumplidos el 22 de noviembre de 2001), contrario a
lo estimado el juez de origen y a lo solicitado por el demandante en su recurso de
apelación, tal como se aprecia del siguiente cálculo:
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
11/02/1977 17/12/2007 14 5 0
11/02/2008 10/09/2013 5 6 30
TOTAL 19+1=20 AÑOS 11 +1= 12 MESES (1 AÑO) 30 (1 MES)
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Es decir, la prerrogativa objeto de condena debe ser reconocida desde el 10 de
septiembre de 2013, lo cual será materia de modificación en el fallo impugnado,
incluyendo el análisis de la prescripción que también será modificado, pues aunque
efectivamente este fenómeno ocurrió, se debe tener en cuenta que, partiendo de la
referida fecha de exigibilidad del derecho, se observa que el demandante presentó
su última petición de reconocimiento de pensión el 24 de noviembre de 201647 y en
el término de interrupción interpuso la demanda (9 de noviembre de 201848), sin
embargo, se encuentra que la solicitud se interpuso posterior a los 3 años siguientes
a la consolidación del estatus, por lo tanto, se configuró el fenómeno en las mesadas
anteriores al 24 de noviembre de 2013, conforme a lo previsto en el artículo 102
del Decreto 1848 de 1969.
También se modificará el ordinal primero de la sentencia, que declara la nulidad de
las resoluciones demandadas, esto teniendo en cuenta la solicitud de la demandada
en su recurso de apelación respecto a la corrección de la resolución que resolvió la
apelación del acto RDP 002645 del 27 de enero de 2017.
Sobre los intereses moratorios solicitados por la parte activa
Al respecto, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 consagró el reconocimiento de
intereses en caso de mora en el pago de las pensiones de la siguiente forma.
Artículo 141. Intereses de mora. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora
en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad
correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su
cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el
momento en que se efectué el pago.
Por su parte, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-601 del 24 de mayo
de 2000 declaró la exequibilidad de esta norma, y a la vez señaló que tal
indemnización se debe cancelar incluso cuando se trata de las pensiones que se
encuentren en las excepciones previstas en el artículo 279 de la ley en cita.
Por consiguiente, el mandato constitucional del artículo 48 superior atinente a
garantizar «el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales»,
no distingue entre los diferentes tipos de pensiones legales. El artículo 53 de la
Constitución Política obliga al Estado y a las entidades de previsión social a
garantizar «el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales»,
premisa que no distingue la fuente legal o el tipo de prestación.
47 Según parte considerativa resolución RDP 012929 del 29 de marzo de 2017 (folio 312).
48
Según sello de radicación visible a folio 20 y acta de reparto visible a folio 373.
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De hecho, la Sección Segunda del Consejo de Estado49 ha considerado en otros
asuntos que, «el reconocimiento de los intereses de mora tiene aplicación en los casos en
los que el pago de las mesadas pensionales no se discute porque está en firme el
reconocimiento de la prestación a quien ostenta la calidad de pensionado y lo que se
presenta es una negativa de la entidad a efectuar el pago».50
Bajo aquel contexto, es claro que los intereses moratorios no proceden en relación
con las mesadas causadas con anterioridad al reconocimiento de la prestación, es
decir, sobre el retroactivo pensional generado entre la fecha en que se adquirió el
estatus jurídico respectivo y la de ejecutoria del acto que reconoció el derecho, así
como tampoco cuando la prerrogativa se encuentra en discusión.51
Por lo tanto, dado que precisamente lo que será objeto de condena es el
reconocimiento de la pensión que estaba en litigio y su retroactivo, en la medida en
que no se había determinado de manera definitiva el derecho a favor del
demandante, tampoco resulta procedente ordenar el pago de los intereses
moratorios reclamados por este, de suerte que se denegará lo propio.
De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia
Procederá la Sala a analizar lo relacionado con la solicitud que realiza la
demandante en su recurso de apelación acerca de la imposición en costas a la parte
demandada, en cumplimiento del artículo 188 del CPACA.
Para el caso de análisis de las costas, tanto en primera como en segunda instancia,
es importante aclarar que si bien la jurisprudencia de la Subsección A del Consejo
de Estado venía aplicando el mencionado criterio objetivo valorativo consagrado en
el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, dicho criterio fue variado con la adición
introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la
condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida
obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, mas no con base en el artículo 366 del CGP como lo adujo el
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de agosto de 2018. Consejero
Ponente: William Hernández Gómez. Exp: 50001-23-33-000-2014-00523-01(1543-16) y Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 2 de mayo de 2018. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra
Vélez. Radicación número: 25000-23-42-000-2013-05069-01(0505-17); entre otras.
50 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de agosto de 2018, expediente: 05001-
23-33-000-2014-00523-01 (1543-16).
51 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de diciembre de 2020, radicado:
25000-23-42-000-2016-04672-01(3170-2019) y del 6 de mayo de 2021, radicado: 17001-23-33-000-2015-
00014-01 (1599-2018).
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02462-01 (5211-2023)
demandante en su apelación, pues para estos efectos existe la referida norma
especial que debe ser aplicada en su integridad.
Por ello, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha situación a la luz de
la normativa vigente, así:
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos de la contestación de la demanda y del recurso de apelación
presentado por la parte demandada no presentan una carencia de fundamentación
legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, ambos extremos del
litigio manifestaron planteamientos razonables para la defensa jurídica de sus
intereses. En consecuencia, se confirmará el fallo apelado en este punto sobre la
decisión de condena en costas de primera instancia a cargo de la accionada y no
se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR EL ORDINAL PRIMERO de la sentencia apelada, el cual
quedará de la siguiente forma:
«[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones No. RDP 002645 del
27 de enero de 2017, por la cual se niega el reconocimiento y pago de una pensión
gracia, la RDP 016619 del 22 de abril del 2017 por medio de la cual se resuelve el
recurso de apelación, y la RDP 012929 del 29 de marzo del 2017, la cual negó
nuevamente la solicitud de pensión ante una nueva solicitud elevada por el
demandante; todas expedidas por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP.
SEGUNDO: MODIFICAR EL ORDINAL SEGUNDO de la sentencia apelada, el cual
quedará de la siguiente forma:
«[…] SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGP, a reconocer y pagar la
pensión gracia de jubilación al señor José Roberto Chacón Peñarette, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.880.852 con el 75% del promedio de los factores de
salario devengados en el último año anterior a la adquisición del estatus de
pensionado, es decir del 10 de septiembre de 2012 al 9 de septiembre de 2010,
prestación efectiva a partir del 10 de septiembre de 2010, pero con efectos fiscales
a partir del 24 de noviembre de 2013, por prescripción trienal.
TERCERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
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CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
accionada según lo manifestado en las consideraciones de la sentencia.
QUINTO: SE ACEPTA LA RENUNCIA como apoderado de la UGPP al abogado
Jhon Jairo Bustos Espinosa, portador de la tarjeta profesional 291.382 del Consejo
Superior de la Judicatura, de conformidad con el memorial obrante en el índice 15
de la plataforma SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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