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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02475-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02475-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el consejero de Estado, doctor Juan Camilo Morales Trujillo, de conformidad con lo indicado en la parte motiva de esta decisión. En consecuencia, separarlo del conocimiento de este asunto. SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 22 de enero de 2020, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor Libardo Rafael Sierra Pacheco en contra de la Superintendencia de Notariado y Registro. TERCERO. CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2018-02475-01 (3217-2020) Demandante: Libardo Rafael Sierra Pacheco CUARTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-02475-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02475-01 (3217-2020)
Demandante: Libardo Rafael Sierra Pacheco1
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
Tema: Prima técnica automática

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección resolverá el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia de fecha 22 de enero de 2020, proferida por la
Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Con la demanda se exigió anular el acto ficto o presunto
derivado de la falta de respuesta a la petición presentada el 28 de mayo de 2015.

3. Como restablecimiento del derecho solicitó condenar a la entidad demandada a
reconocer y pagar al demandante: i) la prima técnica automática equivalente al 50%
del salario devengado desde el día de su posesión y hasta el 20 de octubre de 2016
y; ii) la indemnización de los perjuicios morales padecidos. Así mismo, pidió
condenar en costas a la superintendencia.

4. Hechos. Con el Decreto 2723 de 2014, se creó en la estructura orgánica de la
Superintendencia de Notariado y Registro el cargo de director técnico de registro
con el mismo nivel jerárquico y salarios de los empleos de secretario general y
superintendentes delegados, tal como se describe en el manual específico de
funciones contenido en la Resolución nro. 0581 de 22 de enero de 2015.

5. Mediante la Resolución nro. 2859 del 12 de marzo de 2015, el actor fue
nombrado en el empleo de director técnico de registro, código 100, grado 23.

6. La oficina de Talento Humano no aprobó la concesión de la prima técnica
automática en favor del demandante, al considerar que el cargo desempeñado por
él no se encuentra dentro de los destinatarios enlistados en los Decretos Leyes 1016
y 1624 de 1991.

1 Quien actúa en nombre propio.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02475-01 (3217-2020)
Demandante: Libardo Rafael Sierra Pacheco

7. Tal decisión desconoció lo dispuesto en el artículo 1.° del Decreto 1336 de 2003,
que estableció que la prima técnica establecida en las normas vigentes podía ser
reconocida bajo cualquiera de los criterios existentes a los servidores nombrados
en cargos del nivel directivo, entre otros, adscritos a los despachos de los ministros,
viceministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes o
directores de unidades administrativas especiales o sus equivalentes en los distintos
órganos estatales.

8. Por tal razón, el 28 de mayo de 2015, el accionante solicitó el reconocimiento y
pago de la prima técnica automática. Sin embargo, la entidad demandada guardó
silencio al respecto, con lo que se configuró el acto ficto cuestionado.

9. Según lo establecido en la Resolución 0581 de 22 de enero de 2015, contentiva
del manual específico de funciones de la entidad accionada, el empleo de director
técnico de registro ostenta la calidad de superintendente delegado, condición que
le permite acceder a la citada prima técnica.

10. No obstante, si se desconoce esa calidad, se debe aplicar la equivalencia
prevista en el artículo 1.° del Decreto 1336 de 2003, pues el cargo en mención tiene
las mismas responsabilidades, grado, categoría y salario que los empleos de
superintendentes delegados y el secretario general.

11. Finalmente, afirmó que a través de la Resolución nro. 11545 del 20 de octubre
de 2016, se le reconoció la prima técnica por formación avanzada y experiencia
altamente calificada, razón por la que la prima automática que ahora se demanda
tiene como límite la aludida fecha.

12. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículos 13 de la Constitución Política; 13 de la Ley 1755 de 2015;
83 de la Ley 1437 de 2011; Decretos 1016 y 1624 de 1991; Decreto 1336 de 2003;
Decreto 1716 de 2009 y las Resoluciones nro. 0581 y 6969 de 2015. Al exponer el
concepto de violación, alegó que:

13. Con la negativa demandada, la superintendencia brindó un trato desigual a
funcionarios que detentan las mismas calidades, categoría, derechos y
obligaciones, pues solo reconoció la prima técnica a los empleos de superintendente
delegado y secretario general, y dejó de lado al demandante, cuyo cargo fue
denominado en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales como
director técnico de registro.

14. Además, pasó por alto las normas que establecen que tal prima también puede
ser reconocida a aquellos funcionarios que ejercen funciones equivalentes a la de
los servidores en mención -superintendentes delegados, secretario general o
gerentes-.

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Demandante: Libardo Rafael Sierra Pacheco

15. Contestación de la demanda2. Dentro de la oportunidad de ley, la
Superintendencia de Notariado y Registro contestó la demanda. Con tal fin alegó
que el actor no puede ser beneficiario de la prima técnica reclamada, porque su
empleo no está enlistado en las normas vigentes dentro de los beneficiarios de esa
prestación.

16. Adicionalmente las excepciones que denominó «omisión de agotamiento de los
requisitos de procedibilidad y caducidad de la acción impetrada»3, para lo cual
argumentó, en relación con la primera de ellas, que dentro del expediente no estaba
demostrado el agotamiento de la conciliación extrajudicial y la presentación de los
recursos administrativos obligatorios. Así mismo, y en relación con la segunda
excepción, adujo que la demanda no se presentó dentro del plazo previsto en el
artículo 164 del CPACA.

17. Sentencia de primera instancia4. El 22 de enero de 2020, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca emitió sentencia en la que negó las pretensiones
de la demanda y no condenó en costas a la parte actora. Para ello, después de
señalar las pruebas documentales recopiladas en la actuación y de reseñar
brevemente las normas que regulan la prima técnica, concluyó que:

18. Mediante la Resolución nro. 0581 del 22 de enero de 2015 se adoptó el Manual
Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta
de personal de la demandada. En dicho acto administrativo se avizora la dirección
técnica de registro adscrita al despacho del Superintendente Delegado para el
Notariado, cuyo cargo se denomina «Superintendente Delegado» y que pertenece
al nivel directivo, con código 110, grado 23.

19. Sin embargo, a través de la Resolución nro. 11682 del 19 de octubre de 2015
se expidió un nuevo manual específico de funciones en el que dicho empleo se
registra en el nivel y con denominación «Directivo», código 0100, grado 23, adscrito
a la misma superintendencia delegada.

20. Por tanto, según el acto de nombramiento y la respectiva acta de posesión, el
demandante fue designado en el empleo de director técnico de registro, código 100,
grado 23 que, por cierto, es distinto al de superintendente delegado.

21. Así entonces, y en razón a que el accionante no demostró la calidad de
superintendente delegado, no es procedente concederle la prima técnica
automática reclamada en la demanda. Tampoco es procedente aplicar las
equivalencias previstas en el artículo 12 del Decreto 2164 de 1991, debido a que la

2 Folios 95 a 101. Aunque dentro del expediente se registra la contestación de la demanda presentada por el

Ministerio de Justicia (fls 85-90), lo cierto es que a través del Auto de fecha 9 de agosto de 2019 (fl 108), el juez
de primera instancia declaró que tal entidad no integraba la litis, por lo que ordenó a la secretaría efectuar la
comunicación respectiva.
3 Los aludidos medios de defensa fueron desestimados en la audiencia inicial llevada a cabo el 8 de octubre de

2019, tal como consta en el acta visible a folios 118 a 123 del expediente físico.
4 Folios 149-156. .

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Demandante: Libardo Rafael Sierra Pacheco

norma regula el sistema de paridades aplicable a los ministerios y departamentos
administrativos y no a las superintendencias.

22. En consecuencia, aun cuando el demandante fue titular de un cargo directivo y
tuvo como superior jerárquico al superintendente de notariado y registro, no ostentó
el cargo de superintendente delegado, razón por la cual no puede ser beneficiario
de la prima técnica automática.

23. Finalmente, los encargos ocasionales ejercidos como superintendente de
notariado y registro tampoco dan lugar al aludido derecho, pues tal función, amén
de ser transitoria -el cargo fue ejercido entre 15 y el 17 de junio de 2016 y entre el
28 y el 30 de septiembre de 2015-, fue fruto de la naturaleza colaborativa del servicio
público que demanda que en ciertos casos se ejerzan funciones que excedan las
propias.

24. Recurso de apelación5. Inconforme con la anterior decisión, la parte
demandante la recurrió en apelación. Con tales propósitos, y luego de transcribir
apartes de los argumentos invocados por el a quo para negar las pretensiones de
la demanda, arguyó que:

25. En este asunto se reclamó la prima técnica automática establecida en los
Decretos Leyes 1016 y 1624 de 1991. Con tal finalidad se exigió la aplicación de la
regla contenida en el artículo 1.° del Decreto 1336 de 2003 -más no la vertida en el
Decreto 2164 de 1991 que, además de estar derogado, no fue citado como sustento
de las pretensiones-, que establece que cualquiera de las modalidades de la prima
técnica puede ser reconocida, entre otros, a los funcionarios del nivel directivo cuyos
cargos estén adscritos al despacho de los superintendentes, entre otros, y/o a sus
equivalentes en los distintos órganos y ramas del poder público.

26. Por tanto, y en atención a que el cargo ejercido por el demandante detenta
similar jerarquía y salario y, además, demanda el cumplimiento de los mismos
requisitos que se exigen para acceder a los empleos de superintendente delegado
y/o secretario general de la entidad accionada, es más que evidente que le asiste el
derecho a la prima técnica en reseña.

27. Lo anterior, en razón a que, a la luz de lo establecido en el Decreto 1336 de
2003: i) tal empleo pertenece al nivel directivo; ii) se encuentra adscrito al despacho
del superintendente de notariado y registro; iii) su denominación en el manual de
funciones corresponde al de superintendente delegado y; iv) la prima técnica
automática es una de las tres categorías existentes en la materia.

28. Así las cosas, no le era permitido al tribunal de primera instancia aplicar con
retroactividad el manual de funciones adoptado a través de la Resolución 11682 de
19 de octubre de 2015, pues para la fecha en que fue nombrado en ese cargo regía
el manual de funciones establecido en la Resolución 0581 de 22 de enero de 2015.

5 Folios 159 a 174 del expediente físico.

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29. El a quo incurrió en error al pregonar que la prima reclamada se fundamentó en
los encargos que el accionante tuvo en el empleo de superintendente de notariado
y registro, pues la cita de tales situaciones administrativas solo tuvo por finalidad
dar a conocer el nivel jerárquico en que aquel se encontraba y que le posibilitó
acceder, bajo tal figura, al cargo de mayor nivel en la institución demandada.

30. Finalmente, sostuvo que el tribunal de primer grado pasó por alto el documento
en el que la entidad accionada, al solicitar un concepto ante el Departamento
Administrativo de la Función Pública relacionado con la prima técnica automática
para el cargo de director técnico de registro, afirmó que tal ocupación reúne las
condiciones para acceder a dicho beneficio, dadas que las calidades, requisitos,
compromisos y responsabilidades exigidas eran las mismas que se demandaban
de los superintendentes delegados.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

31. La admisión del recurso6. Mediante auto de 29 de enero de 2021 se admitió
el recurso de apelación.

32. Alegatos de conclusión7. Por auto de 20 de mayo de 2021 se corrió traslado
a las partes y al agente del ministerio público para que presentaran sus alegatos de
conclusión y concepto de fondo respectivamente. Dentro de la oportunidad
conferida solo se registraron intervenciones de las partes8, quienes reiteraron los
argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la contestación de la
demanda.

33. Control de legalidad9. Luego de las revisiones de rigor, la sala no advierte
ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

34. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,10 esta sala de
subsección es competente para resolver el recurso de apelación.

35. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados por el
apelante, a la sala le corresponde determinar si ¿El demandante satisface los

6 Folio 182.
7 Folio 184.
8 Ver índices 10 y 13 de la plataforma SAMAI.
9 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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requisitos para acceder a la prima técnica automática regulada en el Decreto Ley
1624 de 1991?

36. Cuestión previa.

37. Por escrito del 25 de febrero de 2026, el doctor Juan Camilo Morales Trujillo,
consejero de Estado integrante de esta Subsección, solicitó ser separado del debate
y decisión de este proceso, al considerar que se encuentra incurso, entre otras, en
las causales de impedimento señaladas en los numerales 1.° y 12 del artículo 141
del Código General del Proceso. Con tales fines, expresó:

«En el proceso de la referencia actúa como parte accionada la Superintendencia de
Notariado y Registro, entidad de la que fui apoderado en diferentes procesos ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los periodos comprendidos entre
2018 a 2021 y 2023 a 2024. En razón a lo anterior, considero que podría estar
incurso en las causales de recusación establecidas en los numerales 1 y 12 del
artículo 141 del Código General del Proceso».

38. En vigencia del Código de Procedimiento Civil, la Sentencia C-390 de 1993
(M.P. Alejandro Martínez Caballero), al analizar la constitucionalidad del artículo 150
de dicho estatuto, precisó que la causal de impedimento consistente en «[h]aber
dejado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones
materia del proceso, o haber intervenido en éste como apoderado, agente del
Ministerio Público, perito o testigo», correspondía a aquellas clasificadas como
objetivas, esto es, aquellas respecto de las cuales basta con acreditar que en el
caso concreto se configura el supuesto de hecho consagrado en la norma.

39. Bajo la anterior noción es posible estudiar el alcance del numeral 12 del artículo
141 del Código General del Proceso, destacando que, en relación con dicho
supuesto normativo, en vigencia del Código de Procedimiento Civil esta corporación
precisó:

«(...) Ocurre que para que un juez se pueda separar del conocimiento de un asunto
sometido a su consideración aduciendo la configuración de la causal consagrada en
el artículo 150, numeral 12, del Código de Procedimiento Civil [hoy artículo 141 del
Código General del Proceso], es preciso que, en un escenario distinto del propio de
su actividad judicial, haya emitido consejo o concepto concreto sobre los puntos que
se discuten en el proceso. Es decir que el consejo o concepto como causal de
impedimento no está referido al que emite el juez en el ejercicio de su función
judicial, sino al expresado por fuera de la misma y que comprometa su criterio con
la decisión de fondo que deba adoptar.

Además, cuando la norma expresa que el consejo o concepto se haya dado sobre
‘... las cuestiones materia del proceso’, está señalando que ese consejo o concepto
se haya dado, precisamente, sobre los mismos hechos, pretensiones y fundamentos
jurídicos expuestos en la demanda que da lugar al proceso en el que se manifiesta
el impedimento y en el cual también están involucradas las mismas partes»11

11 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 19 de abril de 2005, expediente N.° 11001-03-15-000-

2005-00215-00 (IMP), C.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla.

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40. En esos términos, se concluye que la manifestación del aludido impedimento
satisface el presupuesto normativo, pues fuera de la actuación judicial, esto es, en
su calidad de asesor externo, conceptuó respecto del asunto que constituye el
objeto de la demanda, lo que en efecto puede afectar su imparcialidad y, en
consecuencia, se declarará fundada su solicitud y, consecuentemente, se le
separará del conocimiento de este asunto.

41. La prima técnica automática.

42. A través de la Ley 60 de 1990, el legislativo le otorgó facultades extraordinarias
al presidente de la República para modificar el régimen de prima técnica en las
distintas Ramas y Organismos del Sector Público, en los siguientes términos:

«Artículo 2º. De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución
Política, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el
término de seis (6) meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, para
adoptar las siguientes medidas en relación con los empleos de las distintas ramas y
organismos del poder público.

[…]

3. Modificar el régimen de la prima técnica, para que además de los criterios
existentes en la legislación actual, se permita su pago ligado a la evaluación del
desempeño y sin que constituya factor salarial. Para el efecto, se determinará el
campo y la temporalidad de su aplicación, y el procedimiento, requisitos y criterios
para su asignación. […] »

43. En cumplimiento de esa atribución, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley
1016 de 1991, en el que creó una prima técnica para los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Tribunal Disciplinario. Tal
emolumento ha sido identificado como “prima técnica automática”, pues el único
requisito para su disfrute es el ejercicio del cargo de magistrado en una de esas
corporaciones.

44. Aunque en sentencia C-279 de 1996, la Corte Constitucional afirmó que «[...]
las normas que establecieron la "prima técnica" regulada en el Decreto 1016 de
1991 fueron derogadas tácitamente[...]», lo cierto es que tal conclusión solo abarca
a los servidores que, señalados en aquella primigenia disposición, fueron
posteriormente incluidos como destinatarios de la prima especial de servicios
regulada en el artículo 15 de la Ley 4.° de 1992 -a los que se sumaron los empleos
de Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal
General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado
Civil-.

45. En este contexto, no se puede pasar por alto que a través del Decreto 1624 de
1991 y dentro del plazo conferido por la Ley 6.° de 1990, el Gobierno Nacional
extendió la prima técnica automática a otros altos servidores del Estado, dentro de
los que se cuentan los superintendentes y los superintendentes delegados. Esta
norma, como bien lo pregonó la Sala de Consulta y Servicio Civil de

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esta corporación en el concepto 2358 de 9 de julio de 2025 -expediente
11001030600020240012500- se mantiene vigente, pues no fue derogada por la
Ley 4.° de 1992 ni resulta contradictoria de sus disposiciones. En los apartados de
ese concepto se puede leer:

«[...] Así, conforme a la interpretación realizada por la Corte en sede de
constitucionalidad, se concluye que actualmente la prima técnica automática
introducida por el Decreto Ley 1016 de 1991 para los funcionarios de la Rama
Judicial se encuentra derogada y regulada por el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.

Por su parte, a juicio de la Sala, la prima técnica automática extendida por el
Decreto Ley 1624 de 1991 a determinados funcionarios de la Rama Ejecutiva del
Nivel Central se encuentra vigente. Lo anterior, teniendo en cuenta que este
decreto no fue derogado expresamente por la Ley 4 de 1992, ni resulta contrario a
sus previsiones, entre especial a (sic) las normas que regulan la prima técnica
automática para otros funcionarios, razón por la cual produce todos sus efectos.

Así lo confirma, además, la reiterada remisión y complementación que ha realizado
el Gobierno nacional de esta normativa, en ejercicio de las facultades
constitucionales y legales (ley marco 4 de 1992) que le han sido atribuidas para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos del nivel
nacional.

Al respecto, vale la pena destacar las siguientes conclusiones a las que llegó la
Sección Segunda de esta Corporación, en la sentencia antes referida, en sede de
análisis de la facultad del Gobierno nacional para fijar y modificar el régimen de la

[...]

En este orden de ideas, se advierte que, con posterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991 y de la Ley 4 de 1992, el Gobierno nacional expidió el Decreto
737 de 199310 - 11, mediante el cual extendió la prima técnica automática prevista
en el Decreto Ley 1624 de 1991 para el cargo de Negociador Internacional Código
0088.

De igual manera, el Gobierno nacional expidió el Decreto 46 de 1993, mediante el
cual amplió la referida prima regulada por el Decreto 1624 de 1991, a los
secretarios generales de los establecimientos públicos. Asimismo, mediante
Decreto 1927 de 1996, «Por el cual se adiciona el Decreto 1624 de 1991», el
Gobierno nacional extendió la prima técnica automática al Contador General de la
Nación. Posteriormente, mediante los decretos anuales de actualización de las
remuneraciones de los empleados públicos que, a su vez, derogan el decreto del
año inmediatamente anterior, el Gobierno nacional ha venido adicionando los
funcionarios que tienen derecho a la prima técnica regulada en el Decreto Ley 1624
de 1991 [...]»

46. En conclusión, la Sala acoge la tesis anteriormente expuesta y, en
consecuencia, reitera que la prima técnica concebida en el Decreto Ley 1624 de
1991 en favor de los superintendentes y superintendentes delegados se mantiene
vigente en la actualidad.

47. Así las cosas, se destaca que el Decreto Ley 1624 de 1991 fue objeto de las
adiciones contenidas en los Decretos 737 de 19 de abril de 1993 y 1927 de 25 de
octubre de 1996, en el sentido de incluir como destinatarios de ese estipendio a
quienes ejercieran los cargos de negociador internacional código 0088 del Ministerio
de Relaciones Exteriores y contador general de la nación respectivamente.

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48. Ahora bien, se debe resaltar que las disposiciones contenidas en los Decretos
1661 y 2164 de 1991 y 1336 de 2003 -este último invocado por la parte actora como
sustento de su pretensión- no se aplican a la prima técnica automática en estudio,
pues expresamente establecieron que las reglas en ellas depositadas -relacionadas
con las primas técnicas por evaluación del desempeño y de formación avanzada y
experiencia altamente calificada- no cobijarían «[a] los beneficiarios de la prima
técnica de que tratan los Decretos-ley 1016 y 1624 de 1991.»

49. El caso concreto. Interrogante único ¿El demandante satisface los requisitos
para acceder a la prima técnica automática regulada en el Decreto Ley 1624 de
1991?

50. En el expediente se encuentran probadas las siguientes situaciones de hecho,
relacionadas con la reclamación de la citada prima técnica automática:

51. Que mediante Resolución nro. 2859 de 12 de marzo de 2015 (fl 2), el accionante
fue nombrado como «Director Técnico de Registro código 100 grado 23» de la
entidad demandada; empleo del que tomó posesión el día 20 de ese mismo
calendario (fl 1).

52. Que en el manual de funciones contenido en la Resolución 0581 de 22 de enero
de 2015, el aludido cargo se denominó «Superintendente Delegado» y fue
clasificado en el nivel directivo con código 0110, grado 23 adscrito a la
Superintendencia Delegada para el Registro (fls 5-6).

53. Que el 28 de mayo de 2015 (fls 3 y 4), el actor solicitó el reconocimiento y pago
de la prima técnica automática, petición que no fue contestada por la
superintendencia.

54. Que el demandante permaneció en la institución accionada y en el aludido cargo
hasta el 3 de mayo de 2017, pues así lo certificó la directora de Talento Humano de
esa institución (fl 67).

55. Que al solicitar la reconsideración del concepto nro. 20156000126671 de 28 de
julio de 2015, emitido por el Departamento Administrativo para la Función Pública
(fls 8-10), el jefe de la oficina asesora jurídica de la superintendencia demandada,
luego de reseñar brevemente el proceso de reestructuración administrativa
adelantado en esa entidad -Decretos 2723 y 2724 de 29 de diciembre de 2014 que,
en su orden, fijaron la estructura orgánica institucional y la planta de personal de
esa entidad-, así como los pormenores que condujeron a la creación del empleo
ejercido por el demandante, afirmó que este tenía derecho a la prima técnica
automática, por el hecho de que se encontraba en el mismo nivel jerárquico de los
superintendentes delegados.

56. Que mediante Resolución nro. 6969 del 24 de junio de 2015 (fls 39-42), la
entidad demandada adoptó la política de prevención del daño antijurídico en
relación con las reclamaciones por concepto de prima técnica por los criterios de

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evaluación del desempeño y formación avanzada y experiencia altamente
calificada.

57. Por Resolución nro. 11545 del 20 de octubre de 2016 (fls 35-38), la
superintendencia le reconoció al actor la prima técnica por formación avanzada y
experiencia altamente calificada a partir de esa fecha.

58. A través del Acuerdo 06 de 2 de agosto de 2018, la entidad accionada determinó
los empleos destinatarios de la prima técnica bajo dos criterios específicos: i)
evaluación del desempeño y; ii) formación avanzada y experiencia altamente
calificada.

59. Pues bien, desde ya, la Sala responde que el actor no cumple con los requisitos
para ser acreedor de la prima técnica automática reclamada, por las siguientes
razones:

59.1 Según lo establecido en el Decreto Ley 1624 de 1991 -que adicionó el
Decreto 1016 de ese mismo año- y en tratándose de las superintendencias, la
prima técnica automática solo puede ser recibida por quienes ejerzan los
cargos de superintendente y superintendente delegado.

59.2 En el acto administrativo de nombramiento y la respectiva acta de
posesión del demandante, se consignó que el empleo a él asignado
correspondía al de «Director Técnico de Registro código 0100, grado 23».

59.3 Para el 12 de marzo de 2015, fecha en que se realizó el nombramiento
del accionante, se encontraba vigente el manual de funciones contenido en la
Resolución nro. 0581 de 22 de enero de 2015.

59.4 Aunque en dicho documento ese empleo se denominó
«Superintendente Delegado» vinculado al nivel «Directivo» con el código
«0110» grado «23», lo cierto es que tal clasificación obedeció a un error de
transcripción pues:

i) Ese manual de funciones fue emitido en cumplimiento de los
parámetros fijados en el Decreto 2724 de 2014 «por el cual se modifica
la planta de personal de la Superintendencia de Notariado y Registro
y se dictan otras disposiciones»;

ii) Ese decreto ley estableció en su artículo segundo que en la
dependencia «Despacho del Director Técnico de Registro» se creó el
cargo de «Director Técnico» código «100» grado «23». De manera
que la denominación y código de ese empleo nunca correspondieron
a los señalados en el referido manual de funciones.

iii) En consecuencia, se descarta que el actor haya fungido como
«superintendente delegado».

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60. Se debe resaltar que aunque el nombramiento del demandante se hizo en
vigencia del manual de funciones arriba señalado, lo cierto es que para el 20 de
marzo de 2015, fecha en que tomó posesión del empleo, se encontraba vigente el
manual de funciones previsto en la Resolución 2963 de 16 de marzo de 2015 -que
también invocó como sustento el Decreto Ley 2724 de 29 de diciembre de 2014-, el
cual clasificó el empleo en cita como «Director Técnico de Registro Grado 23»
código «0100» con denominación «Directivo».

61. Es decir, con claridad se aprecia que el empleo que el actor ejerció al interior de
la entidad accionada nunca correspondió al de superintendente delegado, código
0110, grado 23, sino al de director técnico de registro, código 0100, grado 23.

62. Así las cosas, y como quiera que el cargo arriba señalado no está enlistado en
el artículo 1.° del Decreto Ley 1624 de 1991 como beneficiario de la prima técnica
automática, es más que procedente reiterar que al accionante no le asiste derecho
sobre ese emolumento.

63. Por consiguiente, y aun cuando en la alzada la parte actora reclamó la
aplicación de las equivalencias previstas en el artículo 1.° del Decreto 1336 de 2003,
lo cierto es que, tal y como se dejó consignado en párrafos superiores, esta Sala no
puede avalar dicha tesis, pues en el artículo 5.° de esta última disposición se
estableció que «[a]rtículo 5º. Lo dispuesto en los artículos anteriores no se aplicará
[…] f) [a] los beneficiarios de la prima técnica de que tratan los Decretos-ley 1016 y
1624 de 1991.»

64. Así las cosas, carece de relevancia: i) que el cargo ejercido por el actor detente
el mismo nivel jerárquico y salarial de los superintendentes delegados -afirmación
realizada en la solicitud de reconsideración presentada ante el Departamento
Administrativo para la Función Pública por el asesor jurídico de la superintendencia,
como quedó dicho antes- o; ii) que con ocasión de esa labor haya suscrito un
acuerdo de gestión con el otrora superintendente de notariado y registro y/o haya
intervenido en las sesiones del comité directivo de esa institución.

65. Lo anterior, por cuanto, se reitera, el derecho a esa prima surge por el
desempeño exclusivo y directo -no por equivalencias, porque tal criterio no es
aplicable en este asunto, por las razones arriba señaladas- del cargo de
superintendente de notariado y registro y/o superintendente delegado, empleo que,
se reitera, el demandante nunca ejerció.

66. Finalmente, y en cuanto a los reparos formulados en la alzada relacionados con:
i) la cita del Decreto 2164 de 1991 como sustento para negar las pretensiones; ii)
la aplicación retroactiva del manual de funciones contenido en la Resolución 11682
de 19 de octubre de 2015 y; iii) la afirmación según la cual la parte actora
fundamentó su reclamo en las situaciones administrativas de encargo como
superintendente de notariado y registro, la Sala responde:

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67. Aunque el tribunal de primer grado afirmó que el actor invocó el uso del artículo
12 del Decreto 2164 de 199112 y a partir de ahí concluyó que tal regla no le era
aplicable porque estaba dirigida a los ministerios y departamentos administrativos,
tal yerro no conduce a revocar la sentencia de primer grado y conceder las súplicas
del libelo.

68. Lo anterior, por cuanto la tesis de la equivalencia formulada por el actor al
amparo del artículo 1.° del Decreto 1336 de 2003 fue desestimada al considerar que
sus reglas no son aplicables a los destinatarios de la prima técnica automática
regulada en los Decretos 1016 y 1624 de 1991.

69. Similar conclusión amerita el segundo reproche pues, aunque el tribunal
referenció el manual de funciones contenido en la Resolución nro. 11682 de 19 de
octubre de 2015 -que clasificó el cargo de director técnico de registro con el código
0100, grado 23, del nivel directivo-, en la presente decisión se analizaron dos
características de ese empleo -denominación y código- a la luz del Decreto 2724 de
2014 -que modificó la planta de personal de la superintendencia- y los manuales de
funciones expedidos con base en aquella disposición y que se encontraban vigentes
para dos fechas precisas, esto es, la correspondiente al nombramiento del actor y
la que atañe a la de toma de posesión del empleo.

70. Tal y como fue resuelto con anterioridad, esta Subsección advirtió que el cargo
ejercido por el demandante siempre fue catalogado con el código 0100, grado 23,
perteneciente al nivel directivo y que su denominación correspondió en todo
momento al de director técnico de registro.

71. En consecuencia, la errada aplicación del manual de funciones depositado en
la Resolución nro. 11682 de 19 de octubre de 2015, no produce la revocatoria de la
sentencia apelada y la consecuente concesión de las pretensiones de la demanda.

72. Finalmente, es cierto que el accionante no soportó el reclamo de la prima
técnica automática en las situaciones administrativas de encargo como
superintendente de notariado y registro. Sin embargo, y dado que en esta
oportunidad se resolvió su aspiración de cara a la norma citada en la demanda
-artículo 1.° del Decreto 1336 de 2003-, deviene improcedente revocar por este
motivo la sentencia apelada.

73. Por lo que sigue, y con sustento en todo lo expresado, la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia, pero con base en las razones que aquí fueron
expuestas.

12 Según la cual «[e]n los Ministerios y Departamentos Administrativos, la determinación de los cargos
equivalentes a que se refiere el parágrafo 2º del artículo 10 del Decreto-ley 1661 de 1991, la hará el
Departamento Administrativo del Servicio Civil, previa la realización del estudio técnico correspondiente a
solicitud motivada del Ministro o del Director de Departamento Administrativo respectivo. La prima técnica que
se otorgue a los empleados titulares de dichos empleos, se sujetará a los límites establecidos en el inciso 2º del
literal e) del artículo 1º del Decreto-ley 1624 de 1991.»

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74. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

75. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

76. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

77. En consecuencia, se impondrán costas a la parte actora, por cuanto se niegan
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el consejero de
Estado, doctor Juan Camilo Morales Trujillo, de conformidad con lo indicado en la
parte motiva de esta decisión. En consecuencia, separarlo del conocimiento de este
asunto.

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 22 de enero de 2020, a través de
la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho presentó el señor Libardo Rafael Sierra Pacheco en contra de la
Superintendencia de Notariado y Registro.

TERCERO. CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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Demandante: Libardo Rafael Sierra Pacheco

CUARTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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