Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02617-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02617-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-02617-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de julio de 2026
Radicado: 25000-23-42-000-2018-02617-01 (1351-2021)
Demandante: Álvaro Andrés Medina Barragán
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., tres (03) de julio de dos mil veintiséis (2026).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02617-01 (1351-2021)
Demandante: Álvaro Andrés Medina Barragán
Demandado: Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional
Temas: Sustitución pensional. Aplicación de la Ley 100 de 1993. No
acredita convivencia real y efectiva.
Decisión: Confirma decisión que niega las pretensiones de la demanda.
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante, contra la sentencia de 9 de octubre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Sub-Sección “E”,
que negó las pretensiones de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1.
2.1.1. Pretensiones.
2. El accionante, por intermedio de apoderado instauró demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 20112 en contra de la Universidad Nacional de
Colombia – Fondo Pensional, con el objeto de que se declare la nulidad de las
Resoluciones FP-0164 de 8 de junio de 2018 y 0273 de 23 de agosto de 2018,
mediante las cuales se negó al señor Álvaro Andrés Medina Barragán el
reconocimiento y pago de «la pensión de sobrevivientes», se resolvió el recurso
de reposición confirmando dicha decisión y, se rechazó por improcedente la
apelación; respectivamente.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la entidad
demandada el reconocimiento y pago de la «pensión de sobrevivientes» a favor
del señor Álvaro Andrés Medina Barragán, en calidad de compañero permanente,
1 Folios 565 -576 C.PAL.3
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
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Demandante: Álvaro Andrés Medina Barragán
con ocasión del fallecimiento de Ligia Barrera Becerra, ocurrido el marzo de 2017;
así como, la indexación de la primera mesada pensional de la causante desde el
tiempo transcurrido entre la fecha de retiro y la fecha de efectividad de la pensión;
junto con las mesadas retroactivas dejadas de percibir, y reajustes legales.
4. Igualmente, solicitó el reconocimiento de los intereses moratorios conforme a
los artículos 192 CPACA3 y el cumplimiento de la sentencia en los términos
legales.
2.1.2. Hechos.
5. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:
6. Ligia Barrera Becerra percibía una pensión vitalicia de jubilación reconocida
por el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia, con una mesada
de $3.264.814, y falleció el 13 de marzo de 2017.
7. Sostuvo que convivió en unión libre con la causante, por más de siete años,
desde el 1 de febrero de 2010, bajo el mismo techo y de manera continua hasta
la fecha de su fallecimiento, lapso, durante el cual, existieron vínculos de apoyo
mutuo y dependencia económica del señor Álvaro Andrés Medina Barragán
respecto de la causante.
8. Con ocasión del fallecimiento de la pensionada, solicitó ante la entidad
demandada el reconocimiento de la «pensión de sobrevivientes», la cual fue
negada mediante Resolución No. FP-0164 del 8 de junio de 2018, al considerarse
que no se acreditó la convivencia durante los cinco (5) años anteriores al
fallecimiento de la causante, pues del expediente administrativo, se concluyó que
el demandante, fungía como su cuidador. Frente a dicha decisión interpuso
recurso de reposición, y en subsidio de apelación, resuelto mediante Resolución
FP-0273 de 23 de agosto de 2018, que confirmaron la negativa.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
9. Señaló como vulnerados los artículos 23, 29, 48, 53 y 58 de la Constitución
Política, artículos 25 y ss. del C.P.T, así como las disposiciones contenidas en
las Leyes 100 de 1993, y 797 de 2003.
10. En el concepto de violación el apoderado de la parte demandante sostuvo,
en síntesis, que la Universidad Nacional – Dirección Nacional del Fondo
Pensional vulneró las normas citadas al negar el reconocimiento de la «pensión
3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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de sobrevivientes», pese a considerar acreditado su calidad de beneficiario y la
convivencia con la causante durante el tiempo exigido por la ley.
11. Adujo que la entidad lo discriminó al desconocer las pruebas allegadas al
trámite administrativo, entre ellas declaraciones juramentadas, en especial la
declaración hecha en vida por la causante, y demás documentos tendientes a
demostrar la convivencia permanente e ininterrumpida, apoyo mutuo y
dependencia económica respecto de la señora Ligia Barrera Becerra.
12. Afirmó igualmente que los actos acusados desconocieron, la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, y lo previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, así como los principios
constitucionales de seguridad social, favorabilidad, pues la negativa de la
Administración afectó su derecho a la pensión de sobrevivientes y a su mínimo
vital.
2.2. Contestación de la demanda4.
2.2.1. La Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional, por
intermedio de apoderado judicial, se opuso a las súplicas de la demanda al
considerar que el demandante no acreditó el requisito de convivencia exigido por
el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, consistente en demostrar la convivencia
efectiva y vida marital con la causante durante un periodo mínimo de cinco (5)
años continuos anteriores a su fallecimiento.
13. Indicó que, en el caso concreto, la Dirección Nacional del Fondo Pensional,
al emitir la Resolución FP 0164 del 08 de junio de 2018, realizó la valoración
probatoria de todos los documentos agregados al expediente y concluyó que, el
demandante no logró acreditar la convivencia efectiva con Ligia Barrera Becerra,
pues aunque se allegaron varias declaraciones extraprocesales afirmando la
presunta existencia de una unión marital de hecho, lo cierto es que dichas
declaraciones son contradictorias con el informe psicosocial del 10 de febrero de
2014 realizado por la Trabajadora Social de UNISALUD, en el que la causante
manifestó que el demandante era su cuidador y además, afirmó que vivía sola en
su hogar.
14. De otro lado, y con relación a pretensión relacionada con la indexación de la
primera mesada pensional, consideró que la misma no debe prosperar, en
atención que la parte demandante no elevó petición ante la demandada en ese
sentido, por lo que, en el presente, se configuró la excepción previa de «Falta de
Reclamación Administrativa», y la consecuente inepta demanda respecto de
dicha pretensión.
4 Folios 589 y s.s. C. PAL.3
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15. Finalmente, respecto de la pretensión encaminada al reconocimiento de la
«pensión de sobrevivientes» propuso la excepción de «Inexistencia de la
obligación e imposibilidad de reconocer derechos por fuera del ordenamiento
legal, carencia del derecho reclamado y de causa para demandar cobro de lo no
debido, inexistencia del derecho y de la obligación por falta de causa y título para
demandar»; y frente a la Indexación de la primera mesada pensional, propuso
entre otras, «Improcedencia de la liquidación de la pensión con lo devengado en
el último año de servicio conforme a las sentencias de unificación del Consejo de
Estado del 25 de agosto de 2018 y de la Corte Constitucional SU395 de 2017,
SU230 de 2015 y SU427 de 2016; «Genérica» y «Prescripción».
2.3. La sentencia apelada5
16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección
“E”, mediante sentencia del 9 octubre de 2020, declaró probadas las excepciones
propuestas por la entidad demandada, salvo la de prescripción; y denegó las
pretensiones de la demanda, y condenó en costas al demandante.
17. Señaló dicha Corporación que, conforme a la Ley 100 de 1993 modificada
por la Ley 797 de 2003, la pensión de sobrevivientes exige demostrar una
convivencia real y efectiva no meramente formal o aparente, pues la finalidad de
la norma es proteger al verdadero núcleo familiar del causante.
18. En ese orden, analizó en conjunto los documentos aportados por el
demandante, así como el testimonio practicado y el informe psicosocial obrante
en el expediente administrativo y, con fundamento en ello, concluyó que tales
medios de prueba no acreditaban una verdadera relación de pareja, sino
principalmente un vínculo de acompañamiento, apoyo, confianza y cuidado,
originado en el estado de salud y las necesidades de Ligia Barrera Becerra, por
lo que, consideró que el demandante desempeñaba principalmente funciones de
cuidador de la causante, más que de compañero permanente.
19. Por último, concluyó que si bien el demandante probó una relación de
confianza con la causante, que se originó a mediados del año 2010 o 2011 como
consecuencia de su función de cuidador, la cual derivó en el deseo de afiliarlo al
servicio de salud, así como también, en asumir los costos económicos de su
compañía en los viajes que realizaron, la designación del manejo de algunos
negocios o bienes, la permanencia en su residencia, entre otros, sin que en
ningún momento estos actos puedan ser entendidos como propios de una
relación de pareja, por lo cual, determinó que el demandante no demostró la
calidad de compañero permanente supérstite y la convivencia efectiva durante
5 Folio 663 y s.s. Cuaderno principal
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por lo menos cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento, en los
términos de la Ley 797 de 2003 que modificó la Ley 100 de 1993, para ser
beneficiario de la sustitución pensional pretendida.
2.4. Recurso de apelación6
20. El apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, mediante el cual solicitó su revocatoria y, en su
lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.
21. Precisó que, que el fallador de primera instancia incurrió en una indebida
valoración probatoria, al desconocer las pruebas documentales y declaraciones
allegados al proceso, los cuales, a su juicio, demostraban de manera suficiente
la convivencia permanente bajo el mismo techo, continua e ininterrumpida entre
el demandante y la causante desde el año 2010 hasta la fecha de su
fallecimiento, lo cual, según el recurrente, constituía prueba directa de la unión
marital de hecho con efectos jurídicos.
22. De igual forma, cuestionó la conclusión del Tribunal en cuanto a que el
demandante actuaba como cuidador, señalando que dicha apreciación
desconoce el alcance de las pruebas, dado que, el acompañamiento durante la
enfermedad no excluye la existencia de una relación de pareja, por el contrario,
constituiría una manifestación propia de la convivencia.
23. Insistió en la importancia de la prueba testimonial, particularmente la
declaración de la señora Nora Esther Díaz Herrera y la del propio demandante,
afirmando que estas gozan de credibilidad y resultan suficientes para acreditar la
convivencia exigida, reprochando que el fallador no les hubiera otorgado el valor
correspondiente.
24. Concluyó que en el presente caso se acreditaron los requisitos legales para
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, tales como el apoyo mutuo la
convivencia y la vida en común durante los 5 años anteriores a la muerte del
pensionado, en cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 46 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.
2.5. Trámite en Segunda Instancia
25. El 27 de mayo de 2021 se admitió el recurso de apelación, la parte
demandante, no efectuó pronunciamiento alguno. La UNAL insistió en los
argumentos expuestos con la contestación de la demanda, y en los actos
administrativos demandados.
6 Folios 695 y s.s.
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26. Por su parte, el Ministerio Público, emitió concepto en el que concluyó que,
no se acreditó una relación de compañeros permanentes entre el demandante y
la causante, por el contrario, pudo evidenciar, como bien lo advirtió el a quo, que
el actor hizo las veces de cuidador de la causante, pero sin llegar a compartir
techo y lecho.
27. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
28. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1507 de la Ley 1437 de 2011.
29. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
30. En el asunto objeto de estudio el demandante es apelante único, por lo que
la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a lo expuesto en
el recurso de apelación.
3.2. Problema jurídico
31. La Sala debe determinar ¿si el señor Álvaro Andrés Medina Barragán, cumple
los presupuestos legales para acceder a la sustitución pensional, con ocasión del
fallecimiento de Ligia Barrera Becerra (Q.E.P.D.) ocurrido el 13 de marzo de
2017, específicamente, si acreditó una convivencia real, efectiva y con vocación
marital durante los cinco (5) años anteriores a su muerte?
3.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable.
3.3.1. Sustitución pensional y pensión de sobrevivientes.
32. Esta Sala de Subsección8, ha aclarado que si bien la pensión de
sobrevivientes y la sustitución pensional tienen por finalidad evitar que los
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión
o de unificación de jurisprudencia. […]».
8 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 9 de noviembre de 2017. Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
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beneficiarios de un trabajador fallecido carezcan del apoyo económico que éste
les brindaba; la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al
núcleo familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para pensionarse y fallece, en tanto que la
pensión de sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo
familiar del afiliado no pensionado, que fallece sin cumplir con los requisitos
mínimos para obtener la pensión9.
33. En materia de sustitución pensional los artículos 36 y 39 del Decreto 3135 de
196810, así como los artículos 80 y 92 del Decreto 1848 de 196911 consagraron
la posibilidad de trasmitir el derecho jubilatorio a favor de los beneficiarios del
causante únicamente en dos eventos, a saber: (i) cuando fallece el empleado
público en goce de pensión y (ii) cuando el empleado público muere con derecho
a pensión sin que en efecto se haya efectuado el reconocimiento. Esto con el
siguiente tenor:
«Decreto 3135 de 1968.
Artículo 36. Al fallecimiento de un empleado público o trabajador oficial con
derecho a pensión de jubilación, sus beneficiarios, en el orden y proporción
señalados en el artículo 34, tienen derecho a recibir de la respectiva entidad de
previsión la pensión que le hubiere correspondido durante dos (2) años, sin
perjuicio de las prestaciones anteriores.
[…]
Artículo 39. Sustitución de Pensión. Fallecido un empleado público o trabajador
oficial en goce de pensión de jubilación, invalidez o vejez, su cónyuge y sus hijos
menores de 18 años o incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o
por invalidez, que dependieren económicamente de él, tendrán derecho a percibir
la respectiva pensión durante los dos años subsiguientes. Decreto Reglamentario
1848 de 1969.
[…]
Artículo 80. Fallecimiento del empleado con derecho a pensión. Cuando fallezca
un empleado oficial que hubiere causado en su favor el derecho a pensión de
jubilación, por reunir los requisitos legales, sin haberla hecho efectiva en vida,
ese derecho se transmite a las personas señaladas en el Artículo 92 de este
Decreto, para el solo efecto de recibir de la entidad obligada el pago de la pensión
que le hubiere correspondido al causante, durante los dos (2) años a que se
refiere la citada norma legal.
[…]
Artículo 92. Transmisión de la Pensión. Cuando fallezca el pensionado por
invalidez, jubilación o retiro por vejez, su cónyuge y sus hijos menores de
dieciocho (18) años o incapacitados para trabajar por razón de estudios o por
invalidez, que dependieren económicamente del causante, tendrán derecho a
percibir la respectiva pensión durante los dos (2) años subsiguientes al
fallecimiento del pensionado. […]».
9 Sentencia T-564 de 2015.
10 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y
trabajadores oficiales.»
11 «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968».
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34. Luego, en esta misma materia se expidió la Ley 33 de 197312, la cual señaló
que para que se diera la sustitución pensional, el trabajador particular o el
empleado o trabajador del sector público, debía estar pensionado o al momento
de su fallecimiento tener el derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez.
«Artículo 1°. Fallecido el particular pensionado o con derecho a pensión de
jubilación, invalidez o vejez, o un empleado o trabajador del sector público, sea
este oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la
respectiva pensión en forma vitalicia.
[…]
Parágrafo 2°. A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o
tengan derecho causado a disfrutar, de los cinco (5) años de sustitución de la
pensión, les queda prorrogado su derecho dentro de los términos de esta Ley.»
35. Posteriormente, la Ley 12 de 197513 solo exigió que el trabajador o empleado
haya completado el tiempo de servicio, de manera que, si fallecía antes de
cumplir la edad cronológica para tener derecho a la pensión de jubilación, había
lugar a la sustitución pensional, así:
«Artículo 1° El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador
particular o de un empleado o trabajador del sector público y sus hijos menores
o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si este
falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que
hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley o en
convenciones colectivas».
36. Por lo anterior, en principio el derecho a la sustitución pensional solo surgía
para los beneficiarios de un empleado público cuando a la fecha de su
fallecimiento éste había perfeccionado o consolidado completamente el derecho
jubilatorio; solo con posterioridad el Legislador lo extendió para los casos en los
que el empleado público hubiese logrado el tiempo de servicios sin reunir o
completar la edad pensional, con el fin de amparar con tal medida el derecho de
la familia del mismo, que por la contingencia de muerte no logró consolidar
plenamente su derecho pensional.
37. Posteriormente, a través de la Ley 100 de 1993, el legislador organizó el
sistema de seguridad social integral, en lo que tiene que ver con el régimen de
pensiones, cuyo objetivo fue garantizar a la población el amparo contra las
eventualidades derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la citada
ley.
38. En este sentido, se tiene que el sistema de que trataba la Ley 12 de 1975,
artículo 1.º, fue derogado de manera tácita por el señalado en los artículos 46 a
12 «Por el cual se transforman en vitalicia las pensiones de las viudas.»
13 «[Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación».
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49 y 73 a 78 de la Ley 100 de 1993, establecido con la finalidad de atender la
contingencia derivada de la muerte, donde el legislador previó a las denominadas
pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional, para suplir la ausencia
repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por
ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las
condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha
prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de
carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.
39. Ahora bien, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993,
modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán derecho a
la sustitución pensional, los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez
que fallezca, advirtiéndose tres grupos de beneficiarios excluyentes entre sí, toda
vez que a falta de uno lo sucederá el otro, así: (i) cónyuge o compañera
permanente e hijos con derecho; (ii) padres con derecho; y (iii) hermanos con
derecho.
40. El artículo 47 de la norma en mención señala quienes son los beneficiarios,
frente a los cuales establece los requisitos para que se acceda al reconocimiento
prestacional, en los siguientes términos:
«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera
o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo
vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido
no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso,
el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a
dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de
que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre
ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento
del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la
beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el
esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión
conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero
permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a
en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y
cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del
causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe
la sociedad conyugal vigente;
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
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incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten
debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones
académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras
subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se
aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho,
serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma
total y absoluta de este;
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con
derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían
económicamente de éste.
Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre,
el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil […]». (Negrilla de
la Sala).
41. De los aludidos grupos de beneficiarios la Corte Constitucional resumió los
requisitos que deben acreditar para el reconocimiento prestacional, en sentencia
C- 336 de 201414, en los siguientes términos:
Modalidad
Beneficiario Causante de la Condiciones
pensión
Cónyuge o Edad cumplida al momento del
Compañero Afiliado o fallecimiento y demuestre vida
Vitalicia
permanente mayor pensionado marital durante los 5 años anteriores
de 30 años de edad. a la muerte.
Cónyuge o
Compañero Afiliado o Temporal No haber procreado hijos con el
permanente menor pensionado -20 años- causante.
de 30 años de edad.
Cónyuge o Haber procreado hijos con el
Compañero Afiliado o causante y demuestre vida marital
Vitalicia
permanente menor pensionado durante los 5 años anteriores a la
de 30 años de edad. muerte.
Compañero Sociedad anterior conyugal no
Pensionado Cuota parte
permanente disuelta y derecho a percibir
Cónyuge y
Afiliado o Partes Convivencia simultánea durante los
Compañero
pensionado iguales 5 años anteriores a la muerte.
permanente
Inexistencia de convivencia
Cónyuge con simultánea, acreditación por parte
separación de Afiliado o Partes del cónyuge de la separación de
hecho y Compañero pensionado iguales hecho, compañero permanente con
permanente convivencia durante los 5 años
anteriores a la muerte.
42. La jurisprudencia no ha sido pacífica cuando concurren en la reclamación
prestacional la (el) compañera (o) permanente y el cónyuge supérstite, por lo que
14 Con ponencia del Magistrado Mauricio González Cuervo.
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ha distinguido los efectos jurídicos que se generan cuando: (i) existe convivencia
simultánea, (ii) cuando hay separación de hecho, (ii) cuando no existe sociedad
conyugal vigente y (ii) cuando se ha efectuado la disolución de la sociedad
conyugal con y sin convivencia simultánea.
43. En ese orden de ideas, y dado que el fallecimiento de la causante ocurrió el
5 de febrero de 2012, las normas que gobiernan la sustitución pensional debatida
son las vigentes al momento del deceso de la causante, es decir, la Ley 100 de
1993, modificada por la Ley 797 de 2003, la cual, respecto de los beneficiarios
estableció lo siguiente.
«ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
[…]
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años. En caso de que la pensión de sobrevivencia se
cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5)
años continuos con anterioridad a su muerte.
[…]»
44. Como se aprecia, a través de la norma en cita, el Legislador estableció el
requisito de la convivencia durante los últimos cinco años anteriores a la muerte
para el compañero o cónyuge supérstite, para evitar situaciones donde solo se
busca aprovechar el beneficio económico, tal como ha sido reconocido la Corte
Constitucional en varias providencias, entre las cuales debe destacarse la
sentencia C-1176 de 2001 en la que expresó:
«[…] busca favorecer económicamente a aquellos matrimonios y uniones
permanentes de hecho que han demostrado un compromiso de vida real y con
vocación de continuidad; pero también, que dicha disposición intenta amparar el
patrimonio del pensionado, de posibles maniobras fraudulentas realizadas por
personas que, con la falsa motivación de instituir una vida marital responsable y
comprometida, sólo pretenden derivar un beneficio económico de la transmisión
pensional.
[…]Que el propósito de la institución es proteger al pensionado y a su familia de
posibles convivencias de última hora que no se configuran como reflejo de una
intención legítima de hacer vida marital, sino que persiguen la obtención del
beneficio económico que reporta la titularidad de una pensión de vejez o
invalidez. En este sentido, es claro que la norma pretende evitar la transmisión
fraudulenta de la pensión de sobrevivientes».
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45. En concordancia con lo expuesto, esta Corporación15 ha señalado que la
convivencia «no se refiere, en forma exclusiva, a compartir el mismo techo y habitar
junto al otro, sino que los elementos que en mayor medida definen esa convivencia
se relacionan con el acompañamiento espiritual, moral y económico y el deber
de apoyo y auxilio mutuo. Además de ello, es preciso tener en cuenta el factor
volitivo de la pareja de mantener un hogar y tener la vocación y convicción
de establecer, constituir y mantener una familia».
3.4. Análisis del caso concreto
46. En el expediente se encuentra demostrado y no es objeto de controversia el
reconocimiento de la pensión vitalicia de jubilación16 y el fallecimiento de su
titular, la señora Ligia Barrera Becerra, el 13 de marzo de 2017, de acuerdo con
el registro civil de defunción con indicativo serial Nro. 0938596917.
47. Asimismo, mediante Resolución Nro. FP 0164 de 8 de junio de 201818, la
UNAL resolvió negar a favor del demandante, el reconocimiento de la sustitución
pensional con ocasión del fallecimiento de Ligia Barrera Becerra, por no
encontrarse probado el haber convivido con la causante no menos de 5 años
hasta el momento de su fallecimiento, toda vez, que de acuerdo al material
probatorio obrante en los antecedentes administrativos, se estableció que el
peticionario, era su cuidador, y no su compañero permanente.
48. Tal decisión fue confirmada mediante la Resolución Nro. FP 0273 de 23 de
agosto de 201819, la cual resolvió los recursos de reposición, y rechazó por
improcedente la apelación.
49. En esa medida, como se dijo, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 prescribe
como requisitos para que en forma vitalicia se conceda la sustitución pensional,
los que a continuación se relacionan:
i. La calidad de cónyuge o compañera (o) permanente, el cual es un
presupuesto que está relacionado con la legitimación para reclamar el
derecho, es decir, quién tiene la vocación para pretender la titularidad de
este.
ii. Tener, a la fecha de fallecimiento del causante, 30 o más años.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2020, radicado 05001 23 33 000 2015 02507 01 (2372-2018). En las
cuales citó las siguientes: sentencia del 24 de octubre de 2012, en el radicado 25000 23 25 000 2010 00860 01 (2475-11): y sentencia del 7 de abril de 2001, en
el radicado 76001 23 31 000 2005 02741 01 (0669-2008).
16 A la señora Ligia Barrera Becerra le fue reconocida una pensión vitalicia de jubilación reconocida por el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de
Colombia mediante Resolución No P.J 027 de marzo 27 de 1980, Folios 17 -18 medio magnético CD -Antecedentes administrativos
17 Folio 4 de la demanda.
18 Folios 24-30 C.PAL 1
19 Folios 42 y SS C.PAL 1
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iii. La vida marital con el causante hasta su muerte, el cual está referido a
demostrar la vida bajo un mismo techo, las situaciones de socorro y ayuda
mutua de la pareja, que constituyen elementos fundamentales de un
núcleo familiar, protegido por la Constitución y las leyes.
Por ello, quien aduzca tener la condición de beneficiario de la sustitución
pensional, debe acreditar un compromiso de vida real y con vocación de
permanencia, lo cual pretende dejar de lado aquellas conductas que
pudieran dirigirse únicamente a obtener el beneficio económico de manera
artificial e injustificada.
iv. La convivencia con el (la) fallecido (a) por no menos de 5 años continuos,
inmediatamente anteriores a su muerte. El requisito de convivencia por 5
años que trae la norma pretende evitar las convivencias de última hora con
quien está a punto de fallecer y así acceder a la sustitución pensional.
50. Así las cosas, a partir de los hechos acreditados, en el sub judice el debate
se circunscribe, a determinar si el actor acreditó una convivencia real, efectiva,
permanente y con vocación marital con la causante durante 5 años anteriores a
su muerte
51. Lo anterior, habida consideración de que, el demandante afirma que entre él
y Ligia Barrera Becerra existió una unión material de hecho desde el 01 de febrero
de 2010 hasta la fecha de su fallecimiento ocurrido el 17 de marzo de 2017, lo
cual, según su dicho, le confiere el derecho a ser beneficiario de la prestación
reclamada en calidad de compañero permanente.
52. En ese orden, la Sala advierte sendos documentos obrantes en el plenario,
que dan cuenta de inconsistencias frente a las afirmaciones efectuadas por el
demandante en lo que respecta al inicio de su presunta convivencia y su relación
de pareja con la causante, que se resumen de la siguiente manera, y atendiendo
la cronología de estas:
53. Aportó declaración extraprocesal rendida el 7 de enero de 2014 ante la
Notaría Quinta del Círculo de Bogotá, suscrita por él y la causante, en la que
manifestaron convivir de forma permanente continua e ininterrumpida,
compartiendo mesa, techo y lecho, de cuya unión no nacieron hijos20; señaló
además que, dicha prueba fue desconocida por el Juez a quo. No obstante, si
bien dicha declaración constituye una manifestación de voluntades suscrita por
el demandante y la causante, no puede ser valorada de manera directa o
aisladamente como lo pretende el recurrente, en tanto el objeto de la
controversia, radica precisamente en establecer la naturaleza de la relación que
20 Folios 6 C.PAL 1
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existió entre aquellos, esto es, si se configuró una convivencia real y efectiva con
vocación marital por los 5 años anteriores a su fallecimiento.
54. En ese sentido, del análisis conjunto del material probatorio, la Sala advierte
que dicha declaración coincide cronológicamente con el trámite adelantado por
la causante ante UNISALUD para la afiliación del actor como su beneficiario en
el Sistema de Salud, el cual dio lugar a la visita domiciliaria practicada por la
trabajadora Social el 20 de enero de 201421, y al Informe psicosocial elaborado
de febrero 10 del mismo año.
55. En dicho informe, entre otros aspectos, se consignó la recomendación de:
«Orientar la afiliación del señor Andrés Medina Barragán cuidador de la usuaria
al sistema de salud, Eps privada» en el marco de su rol como persona que le
brindaba apoyo a la usuaria. Lo cual, permite advertir que, en ese escenario, el
actor no fue identificado como pareja de la causante, sino como alguien de su
entorno cercano que le prestaba acompañamiento; razón por la que no se
consideró procedente su afiliación como beneficiario en dicha calidad.
56. Siguiendo la misma línea, de los antecedentes administrativos allegados por
la demandada, se advierte que el 30 de marzo de 201722 el actor solicitó de
manera urgente copia de los documentos notariales mediante los cuales la
causante había gestionado su vinculación como beneficiario en el sistema de
salud en calidad de compañero permanente. Al revisar la documentación
relacionada con dicho trámite obra la misma declaración extraprocesal rendida el
7 de enero de 201423 junto con certificado de afiliación al Sistema de Seguridad
Social en Salud, emanado de consulta al FOSYGA24, del cual se desprende que,
para esa fecha, el demandante se encontraba desafiliado.
57. Se advierte además que, ante la improcedencia de su afiliación como
beneficiario en dicha calidad, fue vinculado posteriormente, como cotizante
independiente, y conforme a consulta al ADRES de 3 de julio de 201825, figura
como afiliado al régimen contributivo en Aliansalud EPS activo desde el 1 de
agosto de 2014, circunstancia que también, fue reconocida por él durante el
interrogatorio de parte.
58. De lo anterior, es dable colegir, que, si bien el actor sostuvo que la
convivencia se inició desde el año 2010, se evidencia que la referida declaración,
fue aportada y estuvo vinculada al trámite de afiliación, por ende, limita su alcance
como prueba autónoma para demostrar la convivencia alegada, como pretende
la parte demandante.
21 Folio 523 Antecedentes administrativos - medio magnético Cd.
22 Folio 198 C.PAL 1 - Folio 520 - Antecedentes administrativos - medio magnético Cd.
23 Folio 521 - Antecedentes administrativos - medio magnético Cd
24 Folio 522- Antecedentes administrativos - medio magnético Cd. Consulta efectuada al número de cédula 79685033 el 7 de enero de 2014 a las 3.25:29 PM.
25 Folio 10C.PAL.1
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59. Si bien en el expediente obran algunos indicios de cercanía desde el año
201226 y 201327 como los viajes realizados; así como el registro por parte del
demandante de la dirección del inmueble de la causante para recibir su
correspondencia28, y solicitud de inversión CDT No 003736 en la que tanto el
demandante como la causante son beneficiarios titulares; para la Sala tales
medios, únicamente dan cuenta de una relación de confianza entre aquellos, pero
no permiten concluir a partir de los mismos, la existencia de una relación de
pareja ni la conformación de una comunidad de vida permanente desde dicha
data.
60. La Sala llega a esta conclusión, al contrastarse el material probatorio
reseñado, con el informe psicosocial de 10 de febrero de 2014, en el cual, con
base en la información suministrada por la misma causante en el año 2014, se
indicó que residía sola en su apartamento y que el actor cumplía funciones de
acompañante o apoyo al cuidador que era su sobrino, sin reconocer a Álvaro
Medina Barragán como pareja para esa época.
61. Lo cual, también se infiere por la solicitud de visado Schengen de 18 de junio
de 201429, en la que, la causante en su estado civil, se declaró persona soltera;
igualmente, en la comunicación dirigida a la Embajada de Portugal de 8 de
septiembre de 201530 se refirió al demandante como su «acompañante», razón
por la cual, asumía sus gastos.
62. Por su parte, el demandante, en la solicitud de atención medica de 24 de
septiembre de 2015 «solicitud ortopedia31» se refirió a la causante en tercera
persona como «la señora Ligia», lo que evidencia, un trato formal entre ambos, y
el manejo de asuntos personales de aquella, y la asistencia en temas de salud,
sin aludir a una relación conyugal o de pareja.
63. Aunado, se advierte autorización de 3 de junio de 201632 mediante la cual, la
causante manifestó que el demandante era la persona encargada para gestionar
sus asuntos personales y financieros; lo cual, también se evidencia de la carta
de instrucciones de septiembre 30 de 201633 suscrita por el actor, en la que según
se advierte, coordinaba y supervisaba el personal de apoyo para la atención de
Ligia Barrera Becerra.
26 Folio 226 y Ss C.PAL 1
27 Folio 254 y Ss C.PAL 1
28 Año 2013 Folio 181 y Ss C.PAL 1, y año 2014 Folios 48 y Ss
29 Folio 239 C.PAL 1
30 Folio 307 C.PAL. 2
31 Folio 194 C.PAL. 1
32 Folio 201 C.PAL. 1
33 Folio 192 C.PAL. 1
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64. Igualmente en la comunicación y solicitud médica de fecha 7 de febrero de
201734, el demandante se presentó como «familiar a cargo» para solicitar
atención médica domiciliaria debido al estado de salud de Ligia Barrera Becerra,
lo cual, confirma su intervención y asistencia en la gestión de los asuntos
personales relacionados con la salud de la causante.
65. Dentro del plenario obran certificados de depósito a término (CDT) suscritos
conjuntamente por el demandante y la causante en su mayoría desde el año 2014
hasta 201635; pólizas de accidentes personales con Ace Seguros S.A de 201436,
201537, y en 201638, en las que se identifican como compañeros; comprobantes
de pago de la administración del inmueble de la causante al edifico Santa Paula
-PH, efectuados por el demandante en los años 2015, 2016, y de enero a marzo
de 201739; recibos de compras de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 en
supermercados y droguerías; y sendas erogaciones compartidas, que en primera
medida indican una relación de mucha confianza, pero que revisadas de manera
integral, no son producto de una vida como pareja.
66. Corolario a lo anterior, si bien en las pólizas de seguros se identifican como
compañeros, del contenido de estas, se observa que fueron tomadas para
amparar viajes internacionales, lo cual, tiene relación directa con los viajes
realizados, y que, de acuerdo con manifestación hecha por la misma causante,
el demandante fungía como acompañante en los mismos.
67. En cuanto a las fotografías allegadas40, los viajes internacionales y nacionales
realizados o las actividades compartidas, tampoco permiten acreditar, la
existencia de la unión marital alegada por la parte actora, por cuanto, para la Sala
solo reflejan la interacción social y cercanía personal entre el demandante y la
causante, sin que de ello pueda inferirse una relación de pareja; máxime cuando,
en el caso de las fotografías no se tiene certeza sobre la fecha de creación, ni
sobre las circunstancias en que ocurrieron, más allá de la descripción manuscrita
efectuada por el actor.
68. Asimismo, obra declaración extraprocesal de 26 de febrero de 201841, rendida
por María Enriqueta Ballen Ballesteros, quien manifestó conocer al demandante,
y afirmó que éste convivió en unión libre con Ligia Barrera Becerra durante 7 años
desde el 1 de febrero de 2010, hasta la fecha de su fallecimiento compartiendo
techo, lecho mesa de forma permanente e ininterrumpida; sin embargo, la Sala
34 Folio 210 C.PAL. 1
35 Folios 107 y Ss C.PAL. 1
36 Folio 45-47 C.PAL. 1
37 Folios 56-63 C.PAL. 1
38 Folios 64 y Ss C.PAL. 1
39 Folios 142-167 C.PAL. 1
40 Folios 510-564 C.PAL. 3
41 Folios 9 C.PAL 1
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observa que dicha manifestación no fue objeto de ratificación en sede judicial, lo
cual, limita su alcance probatorio, pues no fue objeto de contradicción, de tal
manera que, si bien constituye un elemento probatorio, su valoración debe
realizarse de manera conjunta con los demás medios de prueba que obran en el
plenario.
69. De igual forma, reposa declaración extraprocesal de 8 de marzo de 2018 42,
rendida por el demandante, ante la Notaria Primera del Círculo de Bogotá, en la
que reiteró haber convivido con la causante durante más de siete años, en forma
permanente e ininterrumpida, compartiendo techo, lecho y mesa desde el día 01
de febrero de 2010 hasta la fecha de su fallecimiento, afirmando además que
dependía económicamente de ella.
70. En audiencia de pruebas celebrada el 29 de enero de 202043 el demandante
rindió interrogatorio de parte, durante el cual, reiteró que convivió con Ligia
Barrera Becerra desde 2010 hasta su fallecimiento, y sostuvo también que
dependía económicamente de ella, indicando que, por solicitud de la misma se
retiró de su trabajo como periodista, se dedicó a su cuidado, y que siempre estuvo
con ella en reuniones; no obstante, tales manifestaciones, no resultan suficientes
para acreditar la existencia de una convivencia con vocación marital, pues al ser
valoradas con el resto del acervo probatorio, permiten a la Sala inferir que la
relación entre el demandante y la causante se caracterizó, en mayor medida, por
una relación de asistencia y apoyo, la cual era retribuida económicamente por la
causante - recuérdese que asumía los gatos personales del demandante, sin que
ello sea compatible con dependencia económica.
71. En cuanto a las manifestaciones del demandante dirigidas a desvirtuar el
informe psicosocial, en el sentido de que su resultado, fue producto de la
intimidación de la trabajadora social, y los prejuicios morales, razón por la cual,
fue afiliado por la causante a Aliansalud EPS; no obstante, para la Sala, este tipo
de afirmaciones son subjetivas y solo buscan justificar un resultado adverso,
dado que, no se evidencia en el plenario elementos materiales probatorios que
desvirtúen su contenido o respalden dicha afirmación.
72. También se practicó el testimonio de la señora Nora Esther Díaz Herrera,
quien afirmó conocer al demandante y a la causante desde el año 2010, indicó
haberlos visto en diversas ocasiones juntos, y algunas veces, la invitaron a
almorzar; mencionó que en un viaje que hicieron el demandante y Ligia Barrera
Becerra a Estados Unidos se hospedaron en casa de su hermana, y que ella
misma, algunas veces, los transportó al aeropuerto. Manifestó que los
consideraba pareja, a partir de comportamientos, tales como tomarse de la mano,
42 Folios 7 C.PAL 1
43 Folio 643 C.PAL 3
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sostenerse del brazo y mantener una relación cercana; mencionó que la causante
asumía los gastos del demandante, por cuanto él se dedicó a acompañarla de
manera permanente, especialmente en sus citas médicas, y permaneció atento
a sus tratamientos, al personal de apoyo, y que estuvo con ella hasta el momento
de su fallecimiento.
73. Para la Sala, si bien dicho testimonio, da cuenta de una relación cercana entre
el demandante y la causante, al punto de que la testigo los percibía como pareja,
de su propio relato se desprenden elementos que permiten advertir que el vínculo
también se manifestó, principalmente, a través del acompañamiento en asuntos
personales y de salud, así como la gestión de sus necesidades cotidianas, lo
cual, se infiere, justifica la asunción de gastos del demandante por parte de la
causante.
74. Pese a que la testigo afirmó conocerlos «desde 2010», también indicó que el
vínculo inicial se dio en un lugar en el que laboró durante ocho meses; y si bien
manifestó que mantuvo contacto posterior, no precisó las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que permitan establecer de manera continua y directa su
conocimiento sobre la relación en los años siguientes, lo cual, valorado en
conjunto, impide tener por acreditada, la existencia de una convivencia efectiva,
real y permanente desde esa fecha.
75. En este punto, y en virtud del argumento del recurrente, sobre la prueba
testimonial, la Sala precisa que la misma debe apreciarse de manera conjunta
con los demás elementos materiales probatorios conforme a las reglas de la sana
crítica, dado que su eficacia, también depende de la coherencia y
correspondencia con los mismos en virtud del principio de valoración integral de
la prueba.
76. Así las cosas, en el sub-lite, el acervo probatorio obrante en el plenario no
acredita la existencia de una convivencia real, efectiva y permanente con
vocación marital entre el demandante y Ligia Barrera Becerra. En efecto, si bien
de las pruebas recaudadas se advierte una relación de confianza y cercanía entre
ambos, reflejada en el manejo de los recursos económicos de la causante por
parte del demandante, viajes compartidos, así como en la asistencia y
colaboración que se brindaban, tales circunstancias, valoradas en conjunto, no
resultan suficientes para demostrar la configuración de una comunidad de vida
en los términos exigidos por la Ley 100 de 1993.
77. Lo anterior, por cuanto, de las declaraciones y demás medios de convicción
se colige que el demandante asumía la gestión de algunos asuntos personales
de la causante y le prestaba acompañamiento, especialmente durante sus
quebrantos de salud, al tiempo que aquella contribuía con los gastos personales
de éste; sin embargo dichas actuaciones solo evidencian una relación de apoyo,
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solidaridad y confianza recíproca, pero no permiten inferir, con el grado de
certeza requerido, la existencia de una convivencia con carácter marital, estable
y permanente como pareja.
78. Ahora, tal como lo afirma el recurrente, el acompañamiento durante la
enfermedad no descarta la existencia de una relación de pareja, sin embargo, de
los medios probatorios allegados y valorados en conjunto, no se acredita que la
cercanía existente ente el actor y la causante trascendieran a una verdadera
comunidad de vida con vocación de permanencia propia de una unión marital de
hecho, ni se advierte que el juez de primera instancia hubiese incurrido en error
al concluir que las pruebas allegadas no acreditaban ese presupuesto.
79. Por lo dicho, y si en gracia de discusión se admitiera una relación diferente a
la asistencial y de confianza, los medios de prueba reseñados tampoco resultan
suficientes para acreditar el cumplimiento del requisito temporal de la convivencia
alegada, toda vez que como se dijo, tampoco permiten establecer de manera
continua e ininterrumpida una convivencia real por el lapso mínimo exigido por el
artículo el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la
Ley 797 de 2003, pues para el año 2014, la misma causante manifestó ser
soltera, y reconoció al demandante como su acompañante de viajes.
3.5. De la condena en costas en segunda instancia
80. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
81. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
82. En tal virtud, se impondrá condena en costas a la parte actora; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02617-01 (1351-2021)
Demandante: Álvaro Andrés Medina Barragán
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 9 de octubre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, Subsección “E”,
mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda instaurada por el
señor Álvaro Andrés Medina Barragan, en contra de la Universidad Nacional de
Colombia – Fondo Pensional, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO.- CONDENAR en costas de segunda instancia al demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda, Subsección “E”.
TERCERO.- Reconózcase personería jurídica a la abogada Carmen Anaya De
Castellanos, identificada con la cédula de ciudadanía No.26.757.050 y tarjeta
profesional No. 107.479 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada
sustituta de la parte demandante, en los términos del poder conferido.44
CUARTO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
44 Índice 11 SAMAI
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