Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02741-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02741-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-02741-02
Consejero ponente: Conjuez Yoana Alexandra Flechas Yavar
14 de noviembre de 2024
Radicación: 25000 23 42 000 2018 02741 02 (4368-2021)
Accionante: Yenny Marisella Soledad Guerrero
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONJUEZ PONENTE: YOANA ALEXANDRA FLECHAS YAVAR
Bogotá D. C., cinco (5) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2018 02741 02 (4368-2021)
Demandante: Yenny Marisella Soledad Guerrero
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Controversia: Prima especial del 30 %, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992-
Bonificacion por compensación Decreto 610 de 1998
Procede la Sala de Conjueces a resolver el recurso de apelación, interpuesto por el
apoderado de la demandada, contra la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca de fecha 31 de agosto de 2021, mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda1.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la
señora Yenny Marisella Soledad Guerrero, en contra de la Nación – Rama Judicial -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, presentada el 11 de diciembre de
2018 , tendiente a declarar la nulidad de la Resolución 4738 de 21 de junio de 2018
proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que resolvió no
acceder a la petición de la actora.
A título de restablecimiento del derecho solicitó:
“(…)
“3. Igualmente, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la
Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección -
Ejecutiva de Administración Judicial, a reconocer y pagar a mi procurada,
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Folios 93 a 106.
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Accionante: Yenny Marisella Soledad Guerrero
desde el 1° de diciembre de 2015, hasta la fecha de la sentencia y en
adelante, el valor de las diferencias salariales, laborales y prestacionales
existente, entre la liquidación que hasta ahora le ha realizado la
Administración con el 70% del salario básico y el valor que resulte de
reliquidar todas sus prestaciones sociales y laborales, prima de navidad, prima
de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, seguridad social en
salud y pensión, bonificación por servicios prestados y demás prestaciones,
emolumentos y derechos laborales, que se puedan ver incididos y que en el
futuro se establezcan y causen, teniendo como base para la liquidación el
100% de su remuneración básica mensual, incluyendo en la base de
liquidación, el 30% del sueldo básico mensual, que no se ha tenido en cuenta
porque se ha computado como prima especial sin carácter salarial.
4. Que igualmente a título de restablecimiento del derecho, se condene a la
Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, a reconocer y pagar a la demandante
desde el 1° de diciembre de 2015, hasta la fecha de la sentencia y en adelante
se siga pagando mensualmente, la prima especial sin carácter salarial,
equivalente al 30% de la remuneración básica que hasta ahora no se le ha
reconocido ni cancelado, como agregado adición, incremento o sobresueldo
a la remuneración mensual.
5. Que igualmente a título de restablecimiento del derecho, se condene a la
Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, a reconocer y pagar a la demandante
desde el 1° de diciembre de 2015, hasta la fecha de la sentencia y en adelante
se siga pagando el 30% de sueldo básico, que hasta ahora no se le ha
cancelado, ya que este porcentaje lo relaciona en pagos como prima, siendo
parte de la remuneración legal mensual..
(…)”.
Igualmente pidió indexar las sumas de dinero a pagar, el pago de intereses, la
aplicación de los artículos 192 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) y la condena en
costas y agencias en derecho.
Como sustento factico de su solicitud señalo que la demandante viene prestando
sus servicios a la rama judicial como Magistrada auxiliar del Consejo de Estado desde
el 1 de diciembre de 2015. Indica que la demandante ha recibido un "sueldo básico"
mensual, que se utiliza para calcular sus prestaciones en la Rama Judicial, además
de una prima especial del 30% y una bonificación por compensación, sin embargo,
solo se considera el "sueldo básico" para liquidar sus prestaciones, a pesar de que
la prima y la bonificación forman parte de su salario real como Magistrada Auxiliar.
Ante esto, la demandante solicitó que se reconocieran sus prestaciones sociales
tomando en cuenta la totalidad de sus ingresos, pero la Dirección Ejecutiva de
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Accionante: Yenny Marisella Soledad Guerrero
Administración Judicial, a través de la Resolución No. 4738, negó su solicitud,
argumentando que incluir la bonificación superaría el 80% de lo devengado por otros
magistrados y que, según el Decreto 610 de 1998, esa bonificación solo se considera
para el cálculo del ingreso base de cotización en salud y pensiones. Asimismo,
también se negó a incluir la prima del 30%, señalando que, aunque se recibe
mensualmente, su carácter salarial está limitado por las disposiciones legales
correspondientes.
Señala que la Ley 4 de 1992 establece que el Gobierno Nacional debe fijar el régimen
salarial y prestacional de la Rama Judicial, garantizando que los salarios no se
desmejoren y que se incluya una prima del 30% del salario básico para ciertos
magistrados y jueces, sin embargo, el artículo 14 de la misma ley considera esta
prima como "sin carácter salarial" para los Magistrados Auxiliares, aunque se han
expedido varios decretos que la regulan. Además, el Decreto 610 de 1998 introdujo
la Bonificación por Compensación, destinada a igualar los sueldos de los magistrados
hasta un porcentaje del 80% de lo que devengan los magistrados de las Altas Cortes,
no obstante, esta bonificación también es considerada "sin carácter salarial" para el
cálculo de prestaciones sociales, limitándose a su uso en el sistema de pensiones.
Señala que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sostiene que no se
puede incluir la Bonificación por Compensación en el cálculo salarial porque
superaría el límite del 80%, pero se argumenta que el carácter salarial no debería
depender del monto, sino de la habitualidad y periodicidad del pago de estas sumas.
Reitera jurisprudencia al respecto en donde se reconoce el carácter salaria de la rima
especial del 30% y la Bonificación por compensación, con la consecuencia de pagar
los valores dejados de reconocer por la entidad.
1.2 La contestación de la demanda
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contesta la demanda
oportunamente mediante escrito radicado 3 de febrero de 2021 , solicita se nieguen
las pretensiones de la demanda y se absuelva a la entidad de todo cargo.
Señala que no se reconoce la prima especial para los Magistrados de Tribunal y
equivalentes, toda vez que, según el Consejo de Estado, su inclusión desbordaría el
marco legal. Indica que el Decreto 610 de 1998 establece que a partir de 2001, los
ingresos de estos magistrados deben ser equivalentes al 80% de lo que devengan
anualmente los magistrados de las Altas Cortes, esto significa que sus salarios ya
están nivelados con los de los magistrados superiores, y el 80% de la bonificación
por compensación es un límite que no puede superarse con la prima especial ni otros
beneficios económicos, además, no se les puede reconocer esa prima ni la
reliquidación de las prestaciones sociales, ya que reciben anualmente el 80% de lo
que perciben los magistrados de alta Corte, conforme a los Decretos 610 de 1998 y
1102 de 2012, así como a la sentencia de unificación de 2 de septiembre de 2019.
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Radicación: 25000 23 42 000 2018 02741 02 (4368-2021)
Accionante: Yenny Marisella Soledad Guerrero
Pone de presente que la expresión "sin carácter salarial" se ha utilizado en los
decretos anuales de salarios desde 1993, siguiendo las disposiciones establecidas en
la Ley 4ª de 1992, y aparece en varios decretos hasta 2014 para regular el régimen
salarial de los servidores judiciales. Sin embargo, la Ley 332 de 1996 modificó
parcialmente esta situación al establecer que la prima especial mencionada en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 formará parte del ingreso base para la liquidación
de la pensión de jubilación de ciertos funcionarios, incluyendo a fiscales de la Fiscalía
General, que se jubilen o que ya estén pensionados y continúen en servicio.
Esto implica que, aunque la prima ha sido considerada "sin carácter salarial" en
muchos contextos, ahora tiene relevancia en el cálculo de pensiones para aquellos
que cumplen con las condiciones establecidas por la ley.
En cuanto a la bonificación por compensación señalo que el Gobierno Nacional, a
través del Decreto 57 de 1993, modificó la estructura salarial de los funcionarios de
la Rama Judicial, estableciendo un régimen que fue obligatorio para quienes se
vincularon después del 1 de enero de 1993 y opcional para los ya vinculados. Para
ayudar en la nivelación salarial, se emitió el Decreto 610 de 1998, que creó una
Bonificación por Compensación para ciertos funcionarios, fijando que esta
bonificación, sumada a la prima especial de servicios, representaría el 60% de los
ingresos laborales de los magistrados de las Altas Cortes, sin embargo, se determinó
que esta bonificación solo sería considerada como factor salarial para el cálculo de
pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes.
Luego, mediante el Decreto 4040 de 2004 introdujo la Bonificación de Gestión
Judicial, que también se limitó a ser un factor salarial solo para efectos de pensiones.
Sin embargo, en una sentencia del 14 de diciembre de 2011, el Consejo de Estado
declaró nulo el Decreto 4040, lo que afectó la creación de esta bonificación para los
magistrados de tribunal y otros funcionarios. Esta declaratoria de nulidad del Decreto
4040 de 2004 tuvo efectos significativos, ya que provoco la desaparición de dicho
acto y volvió a entrar en vigencia el Decreto 610 de 1998, que estipula que la
Bonificación por Compensación debe equivaler al 80% de lo que devengan
anualmente los magistrados de las Altas Cortes. Dando cumplimiento a esto, el
Gobierno Nacional emitió el Decreto 1102 de 2012, modificando la Bonificación por
Compensación para los magistrados de tribunales y cargos equivalentes. Este
decreto establece que, a partir del 27 de enero de 2012, los servidores que recibían
la bonificación tienen derecho a percibirla junto con la asignación básica, igualando
el 80% de los ingresos de los magistrados de las Altas Cortes.
Sin embargo, el Decreto 1102 también aclara que la Bonificación por Compensación
solo se considera factor salarial para efectos del ingreso base de cotización en el
sistema de pensiones y no afecta el marco legal vigente para la liquidación de otras
prestaciones sociales. Esto significa que, aunque estas bonificaciones son ingresos
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Accionante: Yenny Marisella Soledad Guerrero
laborales, no se consideran salario para el cálculo de prestaciones como vacaciones,
primas, entre otros.
Por tanto, se concluye que la bonificación no debe ser incluida en la liquidación de
prestaciones sociales, ya que el marco legal establece que "donde el legislador no
distingue, no le es dado al intérprete distinguir", implicando que su interpretación
debe ceñirse a la redacción literal de las disposiciones legales pertinentes.
Propuso las excepciones de ausencia de causa petendi, prescripción y la innominada.
1.3 La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 31 de
agosto de 2021, decidió el asunto en primera instancia, en los siguientes términos:
“ PRIMERO.- Estese a lo resuelto en la Sentencia del 29 de abril del año 2014
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces,
dentro del expediente N° 2007-0087-00. C.P. María Carolina
Rodríguez Ruíz, en cuanto declaró la nulidad por inconstitucionalidad de
algunos artículos de los decretos reglamentarios del artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, e inaplicar por inconstitucional todos los decretos que dieron un
entendimiento diferente en el sentido de disminuir el derecho a la prima, en
cuanto no se considere un aumento sino una disminución, por las razones
expuestas...."
SEGUNDO.- Estese a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en la Sentencia de Unificación SUJ-016-CE-
S2-2019 de 2 de septiembre del 2019, con ponencia de la Conjuez Carmen
Anaya de Castellanos, por las razones expuestas en el caso concreto de esta
sentencia.
TERCERO.- Declárese no probada las excepciones propuestas por la entidad
demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
sentencia.
CUARTO.- Declarar la nulidad del acto administrativo acusado
Resolución No. 4738 de 21 de junio de 2018, expedida por el Director
Ejecutivo Seccional de Administración Judicial Bogotá-Cundinamarca.
QUINTO.- Condenar a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, a reconocer y pagar a
JENNY MARISELLA SOLEDAD GUERRERO, retroactivamente, el REAJUSTE
SALARIAL que corresponda al 30% del salario básico mensual, con sus
consecuencias prestacionales en la reliquidación en idéntico porcentaje, de la
prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones,
cesantías, seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios
prestados, etc., causados desde el 1 de diciembre de 2015 hasta cuando funja
como Magistrada Auxiliar del Consejo de Estado, por habérsele deducido
durante los extremos temporales servidos, computando para este ejercicio el
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100% que corresponde a la asignación básica mensual devengada
correspondiente para ese cargo, luego del pago de la prima consagrada en el
artículo 14 de la ley 4ª de 1992, ya cancelada, con la precisión de ser el 30%
disminuido de la asignación básica factor salarial solo para la reliquidación de
la pensión de jubilación a partir que entró en vigor la Ley 4ª de 1992 y hasta
si desvinculación definitiva de la entidad, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de la presente sentencia..
En síntesis, en la decisión señala de acuerdo con lo analizado, se determina que la
demandante, debe recibir un reajuste salarial del 30% del salario básico mensual,
junto con los reajustes legales anuales y las correspondientes consecuencias
prestacionales desde el 1 de diciembre de 2015. Esto incluye la prima de navidad,
prima de servicios, vacaciones, cesantías, y seguridad social. Además, se establece
que debe recibir un reajuste correspondiente al 80% del salario básico mensual, con
los mismos ajustes y consecuencias prestacionales desde el mismo periodo, debido
a la bonificación por compensación.
Se concluye que la Rama Judicial no puede ocultar pagos que constituyen salario, y
por ello se accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda. También se
declaró la nulidad de la Resolución No. 4738 del 21 de junio de 2018.
1.4. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
La parte demandada, mediante escrito radicado el 5 de octubre de 20212, presentó
recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, señalando varios de los argumentos expuestos en el escrito de
contestación de la demanda, argumentando que los ingresos de los Magistrados de
Tribunal y equivalentes, como es el caso de la demandante, no pueden superar el
80% de los ingresos de los Magistrados de Altas Cortes. Cuestiona la decisión del a-
quo al otorgar un reajuste salarial del 30% del salario básico, ya que esto implicaría
un sobrepaso del límite establecido.
Indica en el escrito que si se accede a la solicitud de la demandante, se requeriría
recalcular las operaciones matemáticas para ajustar sus ingresos, asegurando que
no superen el 80% de lo que perciben los Magistrados de Altas Cortes, conforme a
los Decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012. Subraya que aceptar esta pretensión
modificaría un régimen salarial definido por ley, lo que no es legalmente permitido.
Por lo tanto, se reitera que no se puede reconocer el 30% adicional ni modificar las
condiciones salariales establecidas.
Señala que en el análisis del escrito de demanda, se evidencia que el medio de
control buscaba el reconocimiento y pago de todas las prestaciones sociales,
salariales y laborales a favor de la parte actora desde el 1 de diciembre de 2015
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Folios 112 a 116.
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Accionante: Yenny Marisella Soledad Guerrero
solicitando que la base de liquidación incluya el 100% del sueldo básico mensual,
así como el 30% correspondiente, que ha sido considerado como prima especial sin
carácter salarial. Sin embargo, en la sentencia de primera instancia, el a quo condenó
a la parte demandada a reconocer un reajuste del 80% del salario básico, a pesar
de que esto no fue explícitamente solicitado en la demanda, puesto que la parte
demandante únicamente buscaba el reconocimiento de la Bonificación por
Compensación como factor salarial.
Es importante señalar que, según el Decreto 1102 de 2012, estableció que la
Bonificación por Compensación ya se ha estado reconociendo al 80% desde el 27
de enero de 2012, por lo que la demandante ya ha recibido este monto desde su
ingreso como magistrada auxiliar al Consejo de Estado. Esto plantea una violación a
los derechos de la parte demandada, ya que no tuvo la oportunidad de defenderse
respecto a la deducción mencionada, ni en el ámbito administrativo ni en el judicial.
La falta de posibilidad de pronunciarse sobre la Bonificación por Compensación,
especialmente al emitirse una sentencia anticipada sin espacio para alegatos,
constituye una infracción al debido proceso y a los derechos de defensa.
Con fundamento en los anteriores argumentos, solicita que se revoque la Sentencia
de primera instancia y en su lugar, se absuelva a la entidad demandada declarando
las excepciones propuestas.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
El Consejo de Estado, en calidad de superior funcional, es competente para resolver
los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos, conforme a la preceptiva del artículo 150
del CPACA.
2.1 Cuestiones previas
Los Magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado expresaron su
impedimento para conocer de este proceso, el cual fue aceptado. Luego, agotado el
respectivo sorteo de Conjueces, le ha correspondido a esta Sala conocer en segunda
instancia de este proceso. La Sala de Conjueces, al no encontrar causal de nulidad
que invalide lo actuado, procede de conformidad.
2.2 Problema jurídico
De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, en el
presente asunto se debe establecer si es procedente la reliquidación de las
prestaciones sociales de la demandante, teniendo en cuenta, para tal efecto, como
base de liquidación el 100% de la remuneración básica mensual legal, más la prima
especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como una adición al salario
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de los servidores públicos beneficiarios de dicha prima o si la mencionada prima no
constituye una adición sino que hace parte de la remuneración básica mensual.
En lo que atañe a la bonificación por compensación debe definirse si esta constituye
factor salarial.
2.3 Fundamentos de la decisión
La argumentación de la Sala de Conjueces, que será breve porque reitera la
jurisprudencia, seguirá este orden: en primer lugar se presentará la jurisprudencia
unificada vigente y obligatoria y en segundo lugar se abordará el caso concreto.
2.3.1. El marco normativo y la jurisprudencia vigente
La prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
constituye una adición al salario de los servidores públicos beneficiarios
de la misma.
En desarrollo de la atribución constitucional prevista en el artículo 150 de la
Constitución Política, el Congreso de la República expidió la Ley 4 de 1992, en el
artículo 4 de esta Ley, se creó una prima especial de servicios.
Dijo el artículo 14:
“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni
superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto
los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la
Nación, con efectos a partir del primero (1) de enero de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente
artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del
Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de
remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre
la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de
equidad.”
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Accionante: Yenny Marisella Soledad Guerrero
La expresión según la cual la mencionada prima no tiene carácter salarial, fue
declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C- 279 de
1996.
El Gobierno Nacional, en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, ha expedido anualmente a partir de 1993, los decretos salariales de
los servidores públicos.
A través del Decreto 57 de 1993, se determinó, para el régimen de acogidos, que
“el treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores
públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial” 3. En lo referente al
régimen de los no acogidos, se dispuso que “los funcionarios a que se refieren los
artículos 5 y 6 del presente decreto tendrán derecho a una prima especial mensual
equivalente al treinta por ciento (30%) de la asignación básica y los gastos de
representación sin carácter salarial y sustituye la prima de que trata el artículo 7 del
Decreto 903 de 1992”.
La expedición de los decretos salariales de los servidores públicos generó una
interpretación de la autoridad administrativa, responsable de la aplicación de dicha
normativa, en el sentido de interpretar que el 30% de la prima especial hace parte
de la remuneración mensual.
La Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 2 de abril de 2009, Exp.
11001-03-25-000-2007-00098-00, consejero Ponente Dr. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren, precisó que el concepto de prima siempre significará una adición al
ingreso del servidor público.
Dijo la sentencia mencionada:
“(…) la noción de prima como concepto genérico emerge a título
de reconocimientos económicos adicionales para el empleado a fin
de expresar cualidades o características particulares del mismo,
que con todo, implica un aumento en su ingreso laboral, es así,
como la prima técnica, la prima de antigüedad, la prima de clima,
entre otras, representan un sistema utilizado en la función pública
para reconocer un “plus” en el ingreso de los servidores públicos,
sin importar que en la definición normativa de esencia, sea o no
definido su carácter salarial, prestacional o simplemente
bonificatorio”.
La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 29 de abril de 2014, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz,
Exp. No. 11001-03-25-000-2007-00087-00, declaró la nulidad parcial de los decretos
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Artículo 7 del Decreto 57 de 1993
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Accionante: Yenny Marisella Soledad Guerrero
dictados por el Gobierno Nacional entre los años 1993 a 2007, mediante los cuales
se había fijado en el 30% la prima especial creada en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992, al considerar que los decretos interpretaron erróneamente y aplicaron
indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la
Constitución y la Ley.
La Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda, profirió el 2 de septiembre de
2019, sentencia de UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL4 y definió las siguientes reglas
respecto de la “prima especial”:
“La Sala unifica jurisprudencia en relación con la prima especial
consagrada en el art. 14 de la Ley 4ª de 1992 en los siguientes
términos:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico
y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta.
En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de
esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por
concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo
constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la
Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la
prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o
asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a
que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial
o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación
de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o
asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no
estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración
podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.
4
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia de 2 de septiembre de 2019, Conjuez
Ponente Dra. CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS, Exp. No. 41001-23-33-000-2016-00041-02
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Radicación: 25000 23 42 000 2018 02741 02 (4368-2021)
Accionante: Yenny Marisella Soledad Guerrero
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la
prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha
de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se
reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad
con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos
equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por
todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte,
que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas,
incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
La reliquidación de la bonificación por compensación procede
respecto a los magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre
que, en la respectiva anualidad, sus Ingresos anuales efectivamente
percibidos NO hayan alcanzado el tope del ochenta por ciento (80%)
de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte,
incluido en ello las cesantías de los congresistas. Sin embargo, en ese
caso, la reliquidación debe efectuarse únicamente hasta que se
alcance el tope del 80% señalado.
7. Procede la prescripción de la bonificación por compensación entre
el 5 de septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior
es la regla general. Esa regla tiene una excepción, que consiste en
que si la persona logra demostrar en el expediente, con pruebas
documental, que antes del 3 de diciembre de 2004 había
interrumpido la prescripción conforme a la ley. En ese caso la
prescripción va más allá del 4 de diciembre de 2004 y se retrotraería
hasta la fecha de presentación de esa interrupción, fecha entonces
que debe ser posterior al 25 de septiembre de 2001 y anterior al 3 de
diciembre de 2004.Esta excepción, como toda excepción, es de
aplicación restrictiva.
8. La sentencia de unificación que hoy se adopta no implica que se
está variando o modificando el régimen salarial y prestacional de los
servidores beneficiaros de la prima especial de servicios del artículo
14 de la Ley 4 de 1992- jueces, magistrados y otros funcionarios-, en
la medida en que en ningún caso se superan los porcentajes máximos
o topes fijados por el Gobierno Nacional.”
Queda así definido conforme a la sentencia de unificación ya mencionada, que la
prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica
de los servidores públicos beneficiarios de ésta y que la prima especial sólo
constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
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Accionante: Yenny Marisella Soledad Guerrero
2.3.2. El caso concreto
Probado está en el expediente, respecto de Yenny Marisella Soledad Guerrero :
• Que ingresó a la Rama Judicial a laborar como magistrada auxiliar del Consejo
de Estado el 1 de diciembre de 2015 hasta la fecha.
• Desde el año 2015, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha venido
liquidando y pagando a la actora el 70% de la remuneración fijada en los
decretos expedidos por el Gobierno Nacional en forma anual, a título de
asignación básica y el 30% restante, a título de prima especial, es decir,
disminuyó la remuneración en un 30%. Así mismo, se advierte que devenga
la bonificación por compensación.
• Que el día 14 de junio de 20185 la demandante realizó la petición a la entidad
demandada.
A la luz de la argumentación arriba expuesta, se concluye lo siguiente:
Primero, Yenny Marisella Soledad Guerrero tiene derecho al reconocimiento,
reliquidación y pago de sus ingresos mensuales, liquidados sobre la base del salario
básico más el 30% de éste, que corresponde a la prima especial de servicios
contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como bien lo señaló el a quo.
Segundo, Yenny Marisella Soledad Guerrero tiene derecho al reconocimiento,
reliquidación y pago de sus prestaciones sociales, liquidadas sobre la base de todo el
salario básico, sin restarle ni sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de
servicios no tiene carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las
prestaciones sociales, como lo consideró el a quo.
Tercero, frente al fenómeno jurídico de la prescripción, es del caso recordar que la
sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019, la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
señaló:
“Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969.”
Así mismo la sentencia de unificación en cita señalo:
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Accionante: Yenny Marisella Soledad Guerrero
“Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de los servidores
públicos cobijados por la Ley 4 de 1992 -acogidos al Decreto 57 de 1993- se actualiza
anualmente, de manera que el Gobierno Nacional expide año tras año un nuevo
decreto que señala los porcentajes y escalas salariales que regirán durante su vigencia.
Ello implica que al tratarse de una norma de carácter general y de orden público, sus
beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley y, anualmente, de
su reiteración, de manera que, de presentarse alguna inconformidad con su contenido,
contaron desde el inicio con las herramientas jurídicas para objetarlo ante la autoridad
administrativa encargada de su aplicación.
Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama
se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente
la Ley 4 de ·1992. es decir. a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en
vigencia del Decreto 57 de 199343. En consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 los
interesados podían haber interrumpido la prescripción trienal. Expresado en otras
palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió
el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa.”
Conforme a lo expuesto, la parte demandante tiene derecho a que se le pague la
diferencia entre lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir, desde el día 1 de
de diciembre de 2015 (día en que se posesionó como magistrada auxiliar)
y desde ese día en adelante hasta el día en que se desempeñe en el cargo.
Recuérdese que la petición de la prima especial de servicios vino a hacerla el 14 de
junio de 2018, lo cual quiere decir que en el presente caso no operó el fenómeno
jurídico de la prescripción.
En consecuencia, la Sala llega a las siguientes conclusiones en lo que atañe a la
prima especial:
I. A la demandante se le desmejoró su salario en un 30%, dándole a este
30% el carácter de prima especial, decisión que repercutió en la liquidación
de sus prestaciones sociales, la cuales se le liquidaron sobre el 70% de su
remuneración y no sobre el 100%, razón por la cual, se restablecerá su
derecho para que su salario y sus prestaciones sociales se liquiden sobre
el 100% de su remuneración.
II. El restablecimiento del derecho se traduce en el pago del 30% que la
demandante no recibió a título de prima especial y en el pago de las
diferencias que resulten de la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100% de la remuneración, sin restarle ni sumarle a éste el
30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y por
tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones sociales.
En consecuencia, se confirmará en este aspecto la sentencia de primera instancia.
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-De la bonificación por compensación.
Respecto de la bonificación por compensación en el año 1998, el Gobierno Nacional
expidió el Decreto 610 de 1998 y en su artículo 1 creó la llamada bonificación por
compensación, el cual dispuso:
“ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo
2o del presente decreto, una Bonificación por Compensación, con
carácter permanente, que sumada a la prima especial de
servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al
sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto
perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de
Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.
La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor
salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez,
invalidez y sobrevivientes, en los mismos términos de la prima
especial de servicios de los Magistrados de las Altas Cortes.
…” (Subrayas y negrillas fuera de texto).
El Decreto 610 de 1998, definió y así lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Sala
que la bonificación por compensación sólo constituirá factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, razón por la cual en
ese aspecto la sentencia recurrida será confirmada.
En lo que hace a la manifestación del apelante en el sentido de advertir que de
ordenarse la reliquidación de las prestaciones sociales de la demandante al
considerar que la prima especial es una adición al salario, la demandante superaría
el 80% de la asignación de un Magistrado de Alta Corte, basta con reiterar lo definido
en la sentencia de Unificación del 2 de septiembre de 2019 que en este aspecto dijo
lo siguiente:
“6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos
equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por
todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte,
que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas,
incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
La reliquidación de la bonificación por compensación procede
respecto a los magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre
que, en la respectiva anualidad, sus Ingresos anuales efectivamente
percibidos NO hayan alcanzado el tope del ochenta por ciento (80%)
de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte,
incluido en ello las cesantías de los congresistas. Sin embargo, en ese
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Accionante: Yenny Marisella Soledad Guerrero
caso, la reliquidación debe efectuarse únicamente hasta que se
alcance el tope del 80% señalado.
En consecuencia, la entidad demandada deberá verificar que para la demandante,
efectuada la liquidación de sus prestaciones como se ordena en esta sentencia, y
tal como lo dispuso el artículo 1 del Decreto 610 de 1998, el total de la Bonificación
por Compensación, con carácter permanente, que sumada a la prima
especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales, iguales al
ochenta por ciento (80%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura, no devengue suma superior a
ese 80%, pues como lo anotó la sentencia de unificación de 2 de septiembre de
2019, ese 80% es un piso y un techo6.
De conformidad con lo anterior, se, se ordenará estarse a lo resuelto por las
sentencias de unificación jurisprudencial citadas y procederá a confirmar la sentencia
de primera instancia. Esta Sala se abstendrá de condenar en costas y agencias en
derecho, porque no se aprecia una mala fe o una deslealtad procesal de la
demandada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley.
FALLA:
PRIMERO: ADICIÓNASE la sentencia apelada en el sentido de estarse a lo
dispuesto en la sentencia de Unificación Jurisprudencial del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces, proferida dentro del expediente No.
250002325000201000246-02 (0845-15) de 18 de mayo de 2016, siendo
demandante Jorge Luis Quiroz Alemán y otros y Conjuez Ponente el doctor Jorge
Iván Acuña Arrieta, respecto de la regla de prescripción del derecho al reajuste o
reliquidación de la bonificación por compensación, con las precisiones
efectuadas por Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
6
Ver sentencias en las que se adoptaron una decisión similar:
-Consejo de Estado - Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda -
consejera ponente: Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez), dos (2) de febrero de dos
mil veintiuno (2021). Radicación número: 25000-23-25-000-2011-00668-02(2919-18)
Actor: Manuel Alfonso Zamudio Mora.
• Consejo De Estado- Sala De Lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda – Sala
De Conjueces- Conjuez Ponente: Nubia González Cerón- siete (7) de junio de dos mil
veintidós (2022) - radicación: 25000-23-42-000-2017-00598-02 (6111-2019),
demandante: Diana Lucía Sánchez Serna.
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Radicación: 25000 23 42 000 2018 02741 02 (4368-2021)
Accionante: Yenny Marisella Soledad Guerrero
Estado mediante sentencia de 23 de mayo de 2018; y a lo dispuesto por la
sentencia de Unificación Jurisprudencial del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Sala de Conjueces del 2 de septiembre de 2019 (Ponente CARMEN ANAYA DE
CASTELLANOS, Exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18)CE-SUJ-016-S2-19,
Actor: JOAQUÍN VEGA PÉREZ) [entiéndase incluido el auto de la misma Sala de
Conjueces del 7 de octubre de 2019 que la aclaró parcialmente y la corrigió], de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo la sentencia del 31 de agosto de 2021 expedida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por la señora Yenny Marisella Soledad Guerrero, en contra de
la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
TERCERO. - NO CONDENAR en costas
Ejecutoriada esta providencia, regístrese en la plataforma SAMAI y devuélvase el
expediente al tribunal de origen.
La anterior decisión fue estudiada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
YOANA ALEXANDRA FLECHAS YAVAR
Conjuez ponente
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA
Conjuez Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala de
Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con
el artículo 186 del CPACA.
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