Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02820-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2018-02820-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02820-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-02820-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de mayo de 2026
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02820-02 (0695-2022)
Demandante: Clemencia Alejandrina Corredor Duarte
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02820-02 (0695-2022)
Demandante: Clemencia Alejandrina Corredor Duarte
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992.
Decisión: Revoca numeral primero para estarse a lo resuelto, modifica
numerales cuarto y quinto respecto del restablecimiento y
confirma en lo demás. No se condena en costas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Mediante auto del 1 de abril de 20251, proferido por el conjuez de la Sección
Segunda Héctor Santaella Quintero, se ordenó remitir el expediente de la
referencia al despacho de origen para que asumiera su trámite, en razón a lo
dispuesto en el artículo 116 del CPACA2, el cual señala que cuando se modifica
la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los conjueces.
2. Ahora, comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto3, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 30 de
septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda
3. La parte demandante solicitó la nulidad del Oficio No. 20175920014851 del
15 de diciembre de 20174 y de la Resolución No. 0832 del 26 de abril de 20185,
1
Índice 45 de SAMAI.
2 «Artículo 116. Posesión y duración del cargo de conjuez. […]
Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la
instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la
integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de
aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de
estos […]» [Se resalta].
3 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610, ni prima especial
del artículo 14 y 15 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente proceso.
4 Folios 5-8 del expediente físico.
5 Folios 12-20 del expediente físico.
www.consejodeestado.gov.co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02820-02 (0695-2022)
Demandante: Clemencia Alejandrina Corredor Duarte
mediante los cuales la entidad demandada negó el reconocimiento y pago del
reajuste solicitado.
4. A título de restablecimiento del derecho, peticionó: «[…] SEGUNDA.- [...]
reliquidar, reconocer y pagar […] desde el momento de su vinculación en el cargo de
fiscal, hasta la fecha en que dé cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso y
en adelante, todas sus prestaciones sociales, salariales y laborales, prima de navidad,
prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, seguridad social salud
y pensiones, bonificación por servicios prestados y demás prestaciones, emolumentos y
derechos laborales sobre los cuales tenga incidencia y que en el futuro se establezcan
y causen, durante su vinculación como fiscal de la República, teniendo como base para
la liquidación el 100% de sus sueldo básico mensual, incluyendo en la base de
liquidación el 30% de la asignación básica mensual que no se ha tenido en cuenta, por
cuanto se computo por la administración, como la prima especial sin carácter salarial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
TERCERA.- […] reconocer y pagar […] las diferencias salariales, laborales y
prestacionales existentes durante el tiempo en el que la Fiscalía liquidó con el 70% del
salario básico y el valor que resulte de liquidar debidamente el salario; esto es, con el
100% como se liquidaba antes de imputar el 30% como prima especial, cuya
implementación (no disminución) fue dispuesta por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
así como todas sus prestaciones sociales […]
CUARTA.- […] reconocer y pagar […] la prima especial de carácter salarial equivalente
al 30% de la remuneración básica que hasta ahora no se le ha reconocido, ni cancelado
como agregado, adición, incremento o sobresueldo a la remuneración mensual»6.
Hechos que fundamentan la demanda
5. La señora Clemencia Alejadrina Corredor Duarte ha laborado al servicio de
la Fiscalía General de la Nación como fiscal7.
6. La parte actora elevó petición ante la entidad demandada8 en la que solicitó
se le reconociera y reliquidara la prima especial de servicios, y el reajuste de
salarios. La cual fue resuelta de manera negativa mediante los actos
demandados.
Fundamentos de derecho
7. Para el abogado de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron el
preámbulo y los artículos 2, 4, 13, 25, 29, 53 y 209 de la Constitución Política; 2,
10 y 14 de la Ley 4 de 1992; 152 de la Ley 270 de 1996 y la Ley 332 de 1996.
8. Al desarrollar el concepto de violación, sostuvo que año tras año el ejecutivo
ha reglamentado la prima especial, y para ello excluye el 30% del salario básico
6
Transcripción literal del acápite de pretensiones.
7 En los hechos no se relacionan los tiempos de servicio de la actora.
8 En los hechos no se relaciona la fecha de la petición.
www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02820-02 (0695-2022)
Demandante: Clemencia Alejandrina Corredor Duarte
de cada funcionario y le da la denominación de dicho emolumento, con lo cual ha
venido vulnerando el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues ha desmejorado los
salarios y prestaciones sociales de los servidores del Estado.
Contestación de la demanda
9. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda9 y se opuso a las
pretensiones en razón a que desde el año 1993 hasta la fecha, el salario de los
fiscales ha aumentado de manera progresiva, en cumplimiento de mandatos
legales y constitucionales.
10. Finalmente, propuso la excepción de «ineptitud de la demanda por falta de
los requisitos formales».
Sentencia de primera instancia
11.Mediante sentencia proferida el 30 de septiembre de 202110, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca accedió a las súplicas de la demanda.
12. Para arribar a esa decisión, el a quo concluyó que la prima especial del
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 equivale al 30% sobre el salario básico que debe
representar un incremento sobre éste.
13. Determinó que en el presente caso operó la prescripción trienal sobre las
diferencias causadas con anterioridad al 29 de noviembre de 2014, toda vez que
la petición de reconocimiento se hizo el 29 de noviembre de 2017.
14. En consecuencia, se estuvo a lo resuelto en la sentencia del 15 de diciembre
de 202011, declaró probada la excepción de prescripción de las sumas
reclamadas anteriores al 29 de noviembre de 2014 y, a título de restablecimiento
del derecho, dispuso:
CUARTO.- Condénese […] a reconocer y pagar a la demandante […]
retroactivamente, el REAJUSTE SALARIAL que corresponda al 30% del salario
básico mensual, con sus consecuencias prestacionales en la reliquidación en
idéntico porcentaje, de la prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima
de vacaciones, cesantías, seguridad social en salud y pensión, bonificación por
servicios prestados, etc., causados desde el 29 de noviembre de 2014, en
adelante, y hasta cuando funja como fiscal delegado ante jueces penales
municipales, por habérsele deducido durante los extremos temporales laborados,
computando para este ejercicio el 100% que corresponde a la asignación básica
mensual devengada correspondiente para los cargos ejercidos en ese tiempo,
luego del pago de la prima consagrada en la citada norma, ya cancelada, con la
precisión de ser factor salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación por
aportes durante toda la relación laboral […].
QUINTO. - En consecuencia, se le debe reconocer y pagar a la demandante en los
extremos temporales indicados, sus salarios y prestaciones, con los
9
Folios 74-78 del expediente.
10 Folios 121-140 del expediente.
11
Radicación: 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018).
www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02820-02 (0695-2022)
Demandante: Clemencia Alejandrina Corredor Duarte
correspondientes reajustes prestacionales anuales, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Recurso de apelación
15.Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte accionada la recurrió
en apelación.12
16. En su intervención, la entidad demandada hizo referencia a la sentencia del
15 de diciembre de 202013 proferida por la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, y señaló que en dicho fallo se analizó la
constancia de históricos devengados, en el que da cuenta que hasta el año 2002,
la Fiscalía General de la Nación pagó a los beneficiarios la prima del 30% mal
liquidada, pues del 100% del salario se tomaba dicho 30% para establecerse
como prima.
17. Sostuvo que desde el año 2003 en adelante, dicha entidad dejó de descontar
el 30% de su salario para imputarse como prima, y en cambio pago de manera
completa su asignación básica, por lo que las prestaciones sociales se liquidaron
sobre el 100% de éste.
18. Agregó que, en el presente caso si no se cuenta con la constancia de
devengados de la demandante, no es posible que el Tribunal sin pruebas haya
determinado que la liquidación de las prestaciones sociales se haya hecho sobre
el 70% de su salario, cuando desde el año 2003 a los fiscales se les reconocieron
y pagaron sobre el 100% de éste.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
19. Por auto del 6 de junio de 2023,14 se admitió el recurso de apelación de la
entidad demandada.
20. Las partes guardaron silencio.
21. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia
22.De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo15, esta Sala de
12
Folios 147-148 del expediente.
13 Radicación: 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018).
14 Índice 00022 de Samai.
15 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02820-02 (0695-2022)
Demandante: Clemencia Alejandrina Corredor Duarte
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico
23. Le corresponde a la Sala establecer si la actora tiene derecho a que se
reliquiden las prestaciones sociales con base en el 100% de su asignación como
lo determinó el Tribunal de instancia, o si por el contrario la entidad no adeuda
ningún valor por concepto de salario y prestaciones sociales. Así mismo, se
deberá determinar si tiene derecho al reconocimiento de la prima especial de
servicios.
24. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes aspectos:
1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 y el precedente jurisprudencial; y 2. Caso concreto.
La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
25. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial16 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de
que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».
26. Porsu parte, el Gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante el Decreto
53 de 1993, en el cual previó que será de obligatorio cumplimiento para quienes
se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia de este. Igualmente,
estableció que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían
optar una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese
decreto (artículo 2), con la excepción17 establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª
16 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de
junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».
17 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General
de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02820-02 (0695-2022)
Demandante: Clemencia Alejandrina Corredor Duarte
de 1992, que excluyó el beneficio de la prima especial.
27. El Legislador tuvo que pronunciarse sobre la prima especial del artículo 14 de
la Ley 4 de 1992, con el fin de precisar su alcance respecto de los servidores
públicos de la Fiscalía General de la Nación. En efecto, en el artículo primero de
la Ley 332 de 199618 determinó con claridad que la prima especial, en los
supuestos que resulte aplicable para la entidad, constituye parte del ingreso
básico de liquidación sólo para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación.
28. Posteriormente se profirió la Ley 476 de 1998, la cual aclaró la anterior
normativa y en su artículo primero dispuso: «Aclárase el artículo 1o. de la Ley
332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión
a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de
1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En
consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo
subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación
del salario base de liquidación de la pensión de jubilación».
29. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202019, respecto de la prima
especial de servicios concluyó lo siguiente:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.
2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación.
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de
la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de
1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica,
sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones
18 Artículo 6: «[e]l treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos
se considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal
Nacional, Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, Jefe Unidad
Regional de Fiscalía, Fiscal ante Tribunal de Distrito, Fiscal Regional, Jefe Unidad Seccional de Fiscalía,
Fiscal Seccional, Secretario General, Directores Nacionales, Directores Regionales, Directores Seccionales,
Jefes de Oficina, Jefes de División».
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez
ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-
2017-00568-01(5472-18).
www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02820-02 (0695-2022)
Demandante: Clemencia Alejandrina Corredor Duarte
sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.”
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969.
30. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias del
6 de junio de 2023,20 10 de septiembre de 202421 y 5 de noviembre 2024.22
31. Igualmente, mediante sentencia del 21 de septiembre de 202223 de la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado, se declaró la nulidad de algunos artículos
de los decretos salariales anuales, expedidos desde 1993, en los cuales señaló
que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al 30% del
salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».
Hechos probados
32. Dentro del proceso se encuentra probado24 que la actora presta sus servicios
a la Fiscalía General de la Nación como fiscal delegado ante jueces penales
municipales ininterrumpidamente desde 15 de julio de 199425, sin que a la fecha
de expedición de la certificación laboral se reporte retiro del servicio.26
33. Está demostrado que la demandante devengó desde 1998 hasta el 2002 la
remuneración mensual y las prestaciones sociales por montos inferiores a los
que tiene derecho, ya que la Administración restó la prima especial de servicios
del 100% del salario. A partir del año 2003 percibió el 100% del sueldo
correspondiente al cargo de fiscal que desempeñó y que no reporta ningún
emolumento por concepto de la prima mencionada, lo cual fue ratificado en los
actos administrativos demandados, así: 27
Ahora bien, en los decretos salariales posteriores al Decreto 685 de 2002, no se
consagró la prima especial de servicios sin carácter salarial, mientras que los
decretos salariales de ese 2002, y los anteriores, fueron objeto de revisión por
parte de la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró nulas las
disposiciones que la establecían, con la cual las sacó del ordenamiento jurídico.
A pesar de ello, en el momento en que las mencionadas disposiciones rigieron, la
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio 2023. Radicación:
05001233300020150165102 (3578-2018) CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez. Y Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
730012333000201700551 01 (2276-2019). CP: Germán Eduardo Palacio Zúñiga.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 10 de septiembre de 2024.
Radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de noviembre 2024.
Radicación: 25000-2342-000-2020-00137-01 (0687-2022). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
23 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.
24 Se dictó auto de mejor proveer el 7 de noviembre de 2023, en el cual se solicitó los tiempos de servicio
de la actora- ver índice 30 de Samai.
25 Fue posesionado como fiscal delegado ante los jueces penales municipales.
26Índice 35 de Samai. Fecha de certificación 28 de febrero de 2024.
27Folio 15 vto y s.s. del expediente.
www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02820-02 (0695-2022)
Demandante: Clemencia Alejandrina Corredor Duarte
Fiscalía General de la Nación liquidó los salarios correspondientes a los servidores
a quienes se aplicaban los decretos citados, las prestaciones sociales sin exclusión
del 30% conforme lo ordenara el Gobierno Nacional, en atención a que dichos
decretos eran entonces de obligatorio cumplimiento, conforme lo dictado por el
artículo 10 de la Ley 4 de 1992.
[…]
Conforme con lo anterior no resulta jurídica ni presupuestalmente válido
reconocerle a su poderdante la denominada prima especial, toda vez que como se
anotó a partir del año 2003 no fueron expedidos los Decretos del Gobierno
nacional, que la consagraban.
34. Que el 29 de noviembre de 201728 la parte actora elevó petición a la entidad
demandada, solicitando el reajuste de la prima especial de servicios, de la cual
obtuvo respuesta negativa mediante los actos administrativos demandados.
Caso concreto
35. La Sala advierte, conforme lo señalado en la jurisprudencia,29 que desde el
año 2003 los decretos salariales que rigen a la Fiscalía General de la Nación no
previeron la prima especial, a pesar de que el reconocimiento de esta sí era
procedente como una adición a la asignación básica, según lo dispuesto en la
Ley 476 de 199830, por lo que a partir de dicho año reconoció el 100% de la
asignación básica, y en consecuencia liquidó las prestaciones sociales teniendo
en cuenta dicho emolumento de forma completa. No obstante, se evidencia que
no reconoció ningún concepto por prima especial de servicios del 30%.
36. Ahora bien, en los preceptos salariales que rigen a la entidad demandada,
expedidos entre 1993 y 2002, sí se estableció la prima especial, consistente en
el 30% de la asignación básica31, lo cual generó que se disminuyeran los ingresos
mensuales de los beneficiarios de esta; por lo que durante ese periodo se restó
la prima especial de servicios del 100% del salario, y por lo tanto el salario y las
prestaciones se liquidaron sobre un 70% de aquel.
37. La anterior conclusión ha sido acogida reiteradamente en diferentes fallos
proferidos por esta corporación y también fue ratificada por la Fiscalía General
de la Nación en los actos administrativos demandados y en la contestación de la
demanda.
28 Ver folios 1-3 del expediente.
29 Sentencia del 15 de diciembre de 2020, radicación 73001 23 33 000 2017 00568 01 (5472-2018)
conjuez ponente, Jorge Iván Rincón Córdoba.
30 Artículo 1o. Aclárase el artículo 1o. de la Ley 332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí
consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se
vincularen con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial
de servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan
o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la
pensión de jubilación.
31 Es oportuno aclarar que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación destinatarios de la prima
especial del 30% tienen derecho a ella a partir de la expedición de la Ley 476 de 1998; no obstante, dicho
emolumento había sido incluido en los decretos salariales emitidos entre 1993 y 2002, como una reducción
del salario básico, pues el 30% de este se tuvo como prima especial, con lo cual, se generó una merma en
el cálculo de sus prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, las cuales
debieron liquidarse sobre el 100% de la asignación básica.
www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02820-02 (0695-2022)
Demandante: Clemencia Alejandrina Corredor Duarte
38. Así las cosas, la interpretación del Tribunal de instancia resulta equivocada,
en cuanto ordenó la reliquidación y pago de las diferencias de salarios y
prestaciones sociales a partir del 2014, ya que desde el 2003 el salario fue
reconocido en el 100%, sin descontar ninguna suma respecto de la asignación
básica. En consecuencia, lo que procede es el reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico, la cual no tiene
carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones
sociales, salvo para efectos de pensión. Lo anterior, se traduce sólo en el pago
del 30% que el demandante no recibió a título de prima especial, por lo que al no
presentarse el indebido descuento del 30% del salario el restablecimiento no
comprende una reliquidación de las prestaciones canceladas.
39. Conforme a lo anterior, se advierte que le asiste razón parcialmente a la
entidad apelante, por lo que se modificarán los numerales cuarto y quinto de la
sentencia de primera instancia con el fin de reconocer y ordenar el pago de la
prima especial sin carácter salarial a la actora y eliminar el reconocimiento de
diferencias salariales y prestacionales en un periodo en que no había derecho a
ello.
40. Por otro lado, es del caso señalar que la cotización a pensión está
íntimamente relacionada con el restablecimiento del derecho, por lo que, al
ordenar el reajuste de dicho emolumento, es deber de la entidad realizar el pago
de los aportes al Sistema General de Pensiones, conformidad con la ley, por ser
un derecho irrenunciable e imprescriptible, no solo por la naturaleza parafiscal de
los mismos sino por la sostenibilidad del sistema32. Lo anterior, por cuanto en el
numeral cuarto de la providencia el a quo accedió al reajuste de los aportes a
pensión por todo el tiempo de la vinculación de la demandante, por lo que no se
afecta al apelante único.
41. Ahora, si bien la actora ostentó el empleo de fiscal desde el año 1994, lo
cierto es que a partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998, los empleados
públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el
Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad, como
es el caso de la demandante, tienen derecho desde 199833 a la prima especial
de servicios como un incremento del salario básico, por lo que solo es posible el
reconocimiento de las diferencias de los mencionados aportes a partir de dicha
fecha.
42. A su vez, aunque a partir del 2003 los decretos salariales no previeron la
mencionada prima, el reconocimiento de esta sí era procedente como una adición
a la asignación básica, en los términos ordenados por el a quo34, por lo que a
32 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
33 Ley 476 de 1998 entró en vigor el 9 de septiembre de 1998.
34 En el numeral cuarto dispuso «[…] con la precisión de ser factor salarial para la reliquidación de la pensión
de jubilación por aportes durante toda la relación laboral».
www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02820-02 (0695-2022)
Demandante: Clemencia Alejandrina Corredor Duarte
partir de dicho año las diferencias de los aportes pensionales deben liquidarse
respecto de la prima especial del 30%, bajo el entendido de que, en su momento,
se hicieron los aportes de ley sobre el 100% de la asignación básica.
43. Con base en lo expuesto, se ordenará que el reajuste de aportes con destino
al Sistema de Seguridad Social en Pensiones desde el 9 de septiembre de 199835
hasta el 31 de diciembre de 2002, se haga con base en el 100% de la asignación
básica, es decir, incluyendo el 30% del salario que fue descontado para tenerlo a
título de prima especial, y a partir del 1o de enero de 2003 respecto de la prima
especial del 30% hasta que desempeñe el cargo de fiscal delegado ante los
jueces municipales, y/o equivalente. En todo caso, al realizar tal liquidación se
deberá descontar los aportes que ya se hubieren realizado por el concepto antes
indicado36.
44. Por otro lado, se dispondrá revocar el numeral primero del fallo impugnado
que se estuvo a lo dispuesto en la providencia del 15 de diciembre de 2020, para
estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 202237 de la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de algunos artículos
de los decretos salariales anuales, expedidos entre 1993 y 2017 en los cuales
señaló que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al
30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».
Además, se declaró la nulidad de la siguiente previsión «ninguna autoridad podrá
establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas
del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la
Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no
creará derechos adquiridos».
45.De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) revocar el numeral primero,
y en su lugar estarse a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022
dentro del radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018); ii) modificar los
numerales cuarto y quinto frente al restablecimiento del derecho; y iii) se
confirmará en lo demás la sentencia apelada.
Condena en costas
46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
35 Fecha en que entró en vigor la Ley 476 de 1998.
36
Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda-
Subsección A- Sentencia del 22 de enero de 2026, radicado 25000 23 42 000 2022 00698 01 (4891-2024),
magistrado ponente Juan Camilo Morales Trujillo.
37 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.
www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02820-02 (0695-2022)
Demandante: Clemencia Alejandrina Corredor Duarte
47. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.
48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
49. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que el recurso de apelación está siendo concedido de manera parcial, por
manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en
el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.
50.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Avocar conocimiento del presente asunto, conforme a las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. REVOCAR el numeral primero, y en su lugar ESTARSE a lo
resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022 dentro del radicado 11001 03
25 000 2018 01101 00 (3974-2018), de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO. MODIFICAR los numerales cuarto y quinto de la sentencia
impugnada, los cuales quedarán en un solo numeral, así:
A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad
demandada a: i) Reconocer y pagar la prima especial del 30% prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un valor adicional a la remuneración
mensual, desde el día 29 de noviembre de 2014 y de ahí en adelante
hasta que desempeñe el cargo de fiscal delegado ante los jueces
municipales, y/o equivalente. La mencionada prima solo constituye factor
salarial para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de
jubilación. ii) Reliquidar los aportes al Sistema de Seguridad Social en
www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02820-02 (0695-2022)
Demandante: Clemencia Alejandrina Corredor Duarte
Pensiones teniendo en cuenta lo siguiente: desde el 9 de septiembre de
1998 hasta el 31 de diciembre de 2002, se haga con base en el 100% de la
asignación básica, es decir, incluyendo el 30% del salario que fue
descontado para tenerlo a título de prima especial, y a partir del 1o de enero
de 2003 respecto de la prima especial del 30% hasta que desempeñe el
cargo de fiscal delegado ante los jueces municipales, y/o equivalente. En
todo caso, al realizar tal liquidación se deberá descontar los aportes que ya
se hubieren realizado por el concepto antes indicado.
CUARTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 30 de septiembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones y con
las precisiones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
QUINTO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.
SEXTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
www.consejodeestado.gov.co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.