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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00018-01

Acción de habeas corpus

Fecha
22 de enero de 2019
Consejero ponente
William Hernández Gómez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00018-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: Confirmar la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Unitaria, que negó por improcedente la acción de habeas corpus interpuesta por el señor Tito Barrios Fonseca. Segundo: Por secretaría ofíciese al Órgano de Gobierno y a la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, y al Procurador General de la Nación, para que adopten las medidas pertinentes y necesarias de conformidad con sus competencias. Tercero. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-00018-01

Consejero ponente: William Hernández Gómez

22 de enero de 2019

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS / NEGACIÓN DEL HABEAS CORPUS / SOLICITUD DE AMNISTÍA – Beneficiario por ser presuntamente un actor del conflicto armado / MORA JUDICIAL JUSTIFICADA – Solicitud en turno para ser resuelta por la JEP / PROLONGACIÓN ILEGAL DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD – No configurado

El despacho acoge el anterior razonamiento porque considera que no existe una mora injustificada en este caso, porque sería tanto como reconocer que el estado de cosas inconstitucional en el que se encuentra la Secretaría Judicial de la Sala de Amnistía o Indulto se convirtiera en una causal de libertad masiva de personas privadas de la libertad. Además, implicaría una intromisión injustificada del juez constitucional sobre las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, pese a que este mecanismo protectorio de la libertad no fue establecido con esta finalidad, conforme se señaló en la primera parte de esta providencia. Ello atentaría contra el debido proceso de los demás sujetos procesales interesados en cada uno de los casos sobre los cuales versan las solicitudes. Igualmente, contra las garantías de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición que deben satisfacerse por los beneficiarios de la ley 1820 de 2016. (…) En el presente caso la restricción de la libertad del accionante tiene como fuente una determinación legítima y procesalmente idónea, como lo es la sentencia penal condenatoria que pesa sobre el actor por el delito de rebelión, respecto de la cual ningún reproche se propone. De otra parte, la prolongación de la privación de la libertad está justificada en tanto que está pendiente de resolver la petición del beneficio de la amnistía de iure por parte de la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz. La demora en la resolución se encuentra debidamente justificada dado el estado actual de represamiento en el reparto de trámites y expedientes, por la escasez de recursos técnicos y humanos para tal efecto.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 30 / LEY 1095 DE 2006 / LEY 1820 DE 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

-SALA UNITARIA-

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., 22 de enero de 2019 Hora: 2:00 p.m.

Radicación número: 25000-23-42-000-2019-00018-01(HC)

Actor: TITO BARRIOS FONSECA

Demandado: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA

Asunto: Resuelve Impugnación contra la decisión de Habeas Corpus.

ASUNTO

El despacho resuelve la impugnación formulada contra la providencia del 15 de enero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, Sala Unitaria, que negó por improcedente el amparo de habeas corpus invocado por Tito Barrios Fonseca. El peticionario argumenta que tiene derecho a su libertad por superarse el término de 10 días establecido para resolver sobre el beneficio de amnistía de iure previsto en la Ley 1820 de 2016.

El presente asunto fue repartido y entregado a este despacho el día viernes 18 de enero de 2019, hora: 5:02 p.m.

ANTECEDENTES

Identificación del accionante:

Se trata del señor Tito Barrios Fonseca, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 96.350.752, quien solicitó el amparo a través de su apoderado judicial.

Resumen de los hechos:

En su escrito el apoderado relató lo siguiente:

El peticionario está privado de su libertad desde el 24 de noviembre de 2018 y actualmente se encuentra recluido en la Cárcel La Picota de Bogotá. Esto por condena penal proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Neiva por el delito de rebelión.
El 5 de diciembre solicitó el beneficio de la amnistía de iure regulada en los artículos 15 y 19 de la Ley 1820.
Esta petición se presentó ante el juez 21 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá quien la remitió por competencia a la Sala de Amnistía o indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-.
Hasta la fecha no se ha resuelto la solicitud.

Solicita que se conceda el amparo de habeas corpus y en consecuencia se ordene su libertad inmediata. Lo anterior porque ha transcurrido un término superior a los 10 días previstos en el artículo 19 de la Ley 1820 de 2016 para resolver su solicitud. Sustenta su petición en el artículo 1 del Decreto 700 de 2017.

Decisión de primera instancia (ff. 43-53).

El a-quo negó la solicitud de habeas corpus, por improcedente.

Para ello y luego de analizar los informes rendidos por la Secretaría Judicial de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP y el magistrado Pedro Julio Mahecha Ávila, integrante de la Sala, concluyó que el solicitante se encuentra privado de la libertad en cumplimiento de una condena penal por el delito de rebelión.

Igualmente, que la solicitud de amnistía de iure se encuentra pendiente de reparto a la Sala, al igual que otros 6350 radicados en su secretaría. Por esta razón, pese a que hay una tardanza en la solución de la petición, esta se justifica por la evidente congestión al interior de este órgano de la JEP. Ello impide aplicar el beneficio de habeas corpus conforme el decreto 700 de 2017.

De otra parte, adujo que para la aplicación de la amnistía de iure el art. 19 de la Ley 1820 regula como condición que el peticionario haya suscrito la correspondiente acta formal de compromiso de que trata el artículo 36, sin que obre prueba de ello en este trámite. Por esta razón el peticionario no cumple los requisitos para obtener el beneficio deprecado.

Impugnación (ff. 61-63).

El apoderado del accionante impugnó la decisión de primera instancia y solicitó se conceda el habeas corpus a su prohijado.

Argumentó que la congestión judicial de la Sala de Amnistía o Indulto no justifica la mora en la decisión de la amnistía solicitada y vulnera gravemente el derecho fundamental a la libertad personal del señor Barrios Fonseca, lo cual sustentó en los artículos 4 y 7 de la Ley 270, 228 de la Constitución Política y 42 del CGP.

Asimismo, precisó que cumple con el requisito exigido por la Ley 1820 de 2016. En efecto, aduce que con la solicitud de amnistía allegó copia del acta formal de compromiso suscrita por el señor BARRIOS FONSECA, la cual no requiere ser suscrita por el Secretario de la JEP. Esta situación debió verificarse por el funcionario judicial de primera instancia.

Arguye que el acta suscrita es la prevista en el anexo II del Decreto 277 de 2017 y no es exigible la regulada en el artículo 36 de la Ley 1820, como lo hizo el a-quo, porque esta solo aplica al beneficio de libertad previsto en el artículo 35 ib. Allegó copia de la petición de amnistía y los anexos presentados, entre ellos el acta referida.

CONSIDERACIONES

El problema jurídico principal se centra en dilucidar si es procedente el amparo de habeas corpus cuando se argumenta que la autoridad judicial penal competente dilata en forma injustificada el término legalmente concedido para resolver la solicitud del beneficio de la amnistía de iure consagrado en la ley 1820 de 2016, con la consecuente libertad del peticionario.

Si la respuesta al anterior problema es positiva, deberá determinarse si para el caso concreto existe dilación injustificada de términos en la resolución del beneficio deprecado.

Por último, de ser positiva la respuesta a este segundo interrogante, el despacho deberá concretar si procede la protección solicitada a través de habeas corpus por cumplir todos los requisitos de la amnistía de iure.

Para tal efecto se analizará a) la naturaleza de este derecho y acción constitucional, b) su procedencia cuando frente a los beneficios de libertad previstos en la Ley 1820 de 2016 c) el caso concreto.

Naturaleza del Habeas Corpus

La Constitución Política de 1991 contempla el derecho fundamental a la libertad personal y en su artículo 30 consagró el derecho de Habeas Corpus, como derecho y acción pública de carácter fundamental. Este artículo, dice:

«[…] Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas […]».

Al respecto la Corte Constitucional ha expuesto:

«[…] De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el habeas corpus además de ser un derecho fundamental, es al mismo tiempo, la acción tutelar de la libertad.

‘El derecho consagrado en el artículo 30 de la Constitución puede también interpretarse como una acción, de igual naturaleza a la acción de tutela de que trata el artículo 86 superior, que tiene toda persona contra cualquier acto expedido por autoridad judicial, sea este auto o inclusive sentencia, pudiendo ser esta última de cualquier instancia, para pedir su libertad en aquellos casos en que creyere estar ilegalmente privado de ésta. Se puede afirmar, en otros términos, que se trata de una ‘acción de tutela de la libertad’, con el fin de hacer efectivo este derecho’ [...]»

Ahora bien, el artículo 1.º de la Ley 1095 del 2 de noviembre de 2006, define la naturaleza y alcance del habeas corpus de la siguiente manera:

«[...] El habeas corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine.

El habeas corpus no se suspenderá, aun en los Estados de Excepción […]».

De acuerdo con la normativa vigente sobre el tema y el desarrollo jurisprudencial y doctrinario respecto de la acción constitucional de habeas corpus, en principio, se pueden distinguir unos supuestos o hipótesis en los cuales ella tiene procedencia:

Cuando una autoridad priva de la libertad a una persona en lugar diferente al sitio destinado de manera oficial para la detención de personas.

Cuando se priva a la persona sin mandamiento escrito de autoridad judicial competente.

Cuando la orden de captura no cumple las formalidades previstas en la ley o contiene un motivo que no esté definido en esta.

Cuando se detiene en flagrancia a una persona y no se le pone a disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas siguientes.

Cuando la autoridad pública mantenga privada de la libertad a una persona después de que se ha concedido su libertad por una autoridad judicial.

Cuando la autoridad judicial prolonga la detención por un lapso superior al permitido por la Constitución y la ley.

Alcance del Habeas Corpus cuando existe un proceso penal en curso.

La acción de habeas corpus está llamada a garantizar el derecho a la libertad de las personas en dos eventos concretos: (i) cuando se está privado de la libertad de manera ilegal o, (ii) cuando el derecho a la libertad se limita en un lapso mayor al permitido por el ordenamiento jurídico, es decir, cuando la privación de ese derecho fundamental es ilegalmente prolongada.

Esta última situación materializa el derecho humano de toda persona detenida a ser «[…] juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso […]» (art. 7-5 Convención Americana de Derechos Humanos, integrado a la Constitución por vía del bloque de constitucionalidad (93 inc. 1.º).

Ahora bien, el amparo del habeas corpus no puede sustituir el trámite del proceso penal ordinario. Por lo tanto, en aquellos casos donde la persona ha sido puesta a órdenes de una autoridad judicial competente en el curso de una actuación penal, la libertad debe solicitarse a través de los mecanismos procesales existentes dentro de la misma actuación.

En efecto, la Corte Suprema de Justicia en providencia del 25 de mayo de 2010, proceso núm. 34246, reiteró que el referido amparo constitucional no es un mecanismo sustitutivo del procedimiento ordinario, ni tiene el carácter de instancia adicional de las legalmente establecidas. Tampoco es un mecanismo de revisión de las pretensiones de libertad, cuando estas han sido negadas por los funcionarios judiciales competentes.

También ha precisado el Tribunal de cierre de la justicia ordinaria, que la acción de habeas corpus no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades cuando existe un proceso o actuación judicial en trámite:

«[…] (i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; (ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieran el derecho a la libertad personal; (iii) desplazar al funcionario judicial competente; y (iv) obtener una opinión diversa —a manera de instancia adicional— de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de la persona […]»

En este orden, a partir del momento en que se impone la medida de aseguramiento o se dicta sentencia de condena con pena privativa de la libertad, todas las peticiones que tengan relación con la libertad del procesado deben elevarse al interior del proceso penal, no a través del mecanismo constitucional de habeas corpus, pues esta acción no está llamada a sustituir el trámite del proceso penal ordinario.

Beneficio de libertad para condenados a pena privativa de la libertad, previsto de la Ley 1820 de 2016.

Beneficios – requisitos y trámite -.

El Congreso de la República expidió la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 en desarrollo del procedimiento legislativo especial para la paz consagrado en el artículo 1.º del Acto Legislativo 1 del 7 de julio de 2016, en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Su objeto es regular la amnistía, el indulto y otros tratamientos penales especiales aplicables, entre otros, a todos los miembros de un grupo armado en rebelión que haya firmado un acuerdo de paz con el Gobierno en los términos de esa ley. Entre estos beneficios se encuentran (i) la amnistía de iure, (ii) la libertad condicionada y (iii) el traslado a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización.

Son beneficiarios de esta regulación quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado y hubiesen sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo final.

El Título III, Capítulo IV de esta ley reguló el régimen de libertades. En los artículos 34 y 35 consagró el derecho a la libertad inmediata y definitiva o condicional, según el caso, como consecuencia de la amnistía o de la renuncia a la persecución penal debidamente reconocidas.

En lo que respecta a este asunto, esta Sala encuentra que el artículo 15 ib. reguló la amnistía de iure como aquel beneficio que se concede por ministerio de la ley a partir de su entrada en vigor (art. 17 ib.), por los delitos políticos de “rebelión”, “sedición”, “asonada”, “conspiración” y “seducción”, usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que son conexos con estos, a quienes hayan incurrido en ellos.

Esta amnistía se aplica a nacionales o extranjero autores o participes de estos delitos en grado de tentativa o consumación, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos según lo previsto en los artículos 17 y 18 ibidem:

Que los delitos por los cuales fue condenado el peticionario hayan sido cometidos antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz.
Que la providencia judicial condene, procese o investigue por pertenencia o colaboración con las FARC-EP.
En defecto de lo anterior, que en la providencia se indique, o de esta esta o la investigación penal se pueda deducir que el condenado, procesado o investigado pertenece a este grupo, aunque no se le haya condenado por un delito político. Esto siempre y cuando el delito por el que haya resultado condenado cumpla los requisitos de conexidad establecidos en esta ley.
Que la persona integre el listado entregado al Gobierno Nacional por esa organización armada y haya sido verificada conforme lo establecido en el Acuerdo final de Paz.
El solicitante integrante de las FARC-EP que por estar encarcelado no se encuentre en posesión de armas, debe concluir el proceso de dejación de las armas conforme a lo dispuesto en el artículo 18 ibidem.

Conforme este artículo, se entenderá dejación de armas cuando el destinatario haya suscrito un acta de compromiso de no volver a utilizar armas para atacar al régimen constitucional y legal vigente. Esta acta de compromiso se corresponderá con el texto definido para el proceso de dejación de armas. Según el artículo 6, ordinal 1.º del Decreto 277 de 2017, en estos casos solo se requerirá el aporte del acta de compromiso prevista en el citado artículo.

Según el artículo 7.º del mismo decreto, el acta deberá suscribirse por el interesado y se hará llegar a la autoridad judicial competente junto a la solicitud de amnistía de iure presentada. La norma precisa que el acta deberá contener únicamente lo siguiente:

El compromiso de quien fuera a resultar beneficiario de amnistía de iure de terminar el conflicto y no volver a utilizar las armas para atacar el régimen constitucional y legal vigente, y
La declaración de que conoce el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera suscrito el 24 de noviembre de 2016, y los compromisos de contribuir a las medidas y los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición conforme a lo establecido en la Ley 1820 de 2016.

El modelo de esta Acta será el contemplado en el Anexo 1, que forma parte de ese decreto.

Quienes crean cumplir las condiciones anteriores deben adelantar y culminar el procedimiento previsto en el artículo 19 de la ley en estudio. Este regula los pasos siguientes respecto de las personas privadas de la libertad por condena penal, como sucede en el presente caso:
Será competente el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad a cargo del caso, excepto después entrar en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz, en cuyo caso corresponderá a la Sala de Amnistía e Indulto (art. 40, ib).
El beneficio se otorgará por recomendaciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, igualmente de oficio o a petición de parte. (Ver igualmente el Decreto 277 de 2017, art. 5, inciso segundo).
Según lo regulado en el artículo 19 de la Ley 1820, el parágrafo 3 del artículo 8.º del Decreto Ley 277 de 2017 y el artículo 2.2.5.5.1.1. del decreto reglamentario 1252 de 2017, el trámite completo hasta la decisión judicial de cualquiera de los beneficios de la Ley 1820 no podrá ser mayor a diez (10) días, contados a partir del momento en que se presente la solicitud del beneficio.
Su trámite será preferente sobre cualquier otro asunto de la oficina judicial (art. 5 del Decreto Ley 277 de 2017).
Una vez proferida la resolución que otorgue la amnistía o el indulto, será remitida a la autoridad judicial que conozca de la causa penal para que le dé cumplimiento y materialice los efectos de extinción de la acción penal, de la responsabilidad penal y de la sanción penal según corresponda.
Para hacer efectiva la libertad debe suscribirse el acta formal de compromiso regulada en el artículo 36 ibidem ante el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz y una vez comunicada la concesión del beneficio a la secretaría de esta jurisdicción (Artículo 2.2.5.5.1.5. del decreto reglamentario 1252 de 2017). El acta contendrá el compromiso de sometimiento y puesta a disposición de esta, la obligación de informarle todo cambio de residencia y no salir del país sin previa autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Una vez en firme la decisión hará tránsito a cosa juzgada y solo podrá ser revisada por el Tribunal para la Paz.
De considerarse que no procede la amnistía o indulto, la Sala de Amnistía e Indulto remitirá el caso a la de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas o a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, para que con base en la determinación ya adoptada tome la decisión correspondiente de acuerdo con sus competencias.
De acuerdo con lo anterior, el legislador reguló las condiciones necesarias e ineludibles que deben reunir quienes aspiren obtener la libertad transitoria condicionada o definitiva con ocasión de la amnistía o indulto, específicamente y para lo que compete a este asunto, respecto de personas privadas de la libertad en cumplimiento de sentencia penal condenatoria.

En estos casos se deben suscribir dos actas de compromiso, una contenida en el Anexo I del Decreto Ley 277 de 2017 que se adjunta a la solicitud del beneficio; la otra contenida en el Anexo III que se suscribe una vez comunicada la concesión de la amnistía o indulto. En estos casos, la libertad sólo puede hacerse efectiva cuando la respectiva Sala de Amnistía o Indulto de la JEP comunique al juez de ejecución de penas de la causa que el beneficiado cumple las condiciones legales para estos efectos.
La acción de habeas corpus en el marco de la Ley 1820 de 2016.
El Decreto 700 de 2017 regula que la acción de habeas corpus procede con el fin de evitar la dilación injustificada de los términos establecidos para la resolver sobre los beneficios de libertad previstos en la Ley 1820 de 2016 y Decreto Ley 277 de 2017. Indica la norma:
«Artículo 1°. Acción de habeas corpus. La dilación u omisión injustificada de resolver, dentro del término legal, las solicitudes de libertad condicional a la que se refieren la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2017, darán lugar a: la acción de habeas corpus bajo los parámetros y el procedimiento establecido en eI artículo 30 de la Constitución Política y en la Ley 1095 de 2006, que la desarrolla».

El texto precitado fue inicialmente inaplicado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia porque todo contenido relacionado con el habeas corpus es reserva de ley estatutaria y por tanto le estaba prohibido al gobierno regular esta manera como lo hizo a través del Decreto 700 de 2017. Así lo indicó la Corte:

«En esa medida, se evidencia que cabe la excepción de inconstitucionalidad frente a los referidos decretos (277 y 700 de 2017) en punto de la regulación relacionada con el derecho fundamental de la acción de habeas corpus.

Con todo, se debe resaltar que la regulación del habeas corpus en los Decretos 277 y 700 de 2017 era innecesaria, pues, en la Sentencia C-187 de 2006, la Corte Constitucional, como se recordó en el capítulo anterior de esta decisión, concluyó que la acción de habeas corpus procede cuando se “omite resolver dentro de los términos legales la solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene derecho” y, a su vez, también es viable si en “la respuesta se materializa una vía de hecho cuyos efectos negativos sea necesario conjurar inmediatamente”.

En esa medida, este asunto se resolverá con fundamento en la Ley Estatutaria 1095 de 2006 y el alcance dado a ella por la Corte Constitucional en la Sentencia C-187 del mismo año».

Por esta razón el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria optó por inaplicar dicho decreto y atender los postulados generales que sobre dicho instituto jurídico regula la Ley 1095 de 2006. Esta posición también fue asumida por el Consejo de Estado.

Ahora bien, el Decreto 700 de 2017 fue revisado por la Corte Constitucional en virtud de la competencia judicial de control especial, integral y automático que le corresponde frente a los decretos expedidos por el Gobierno Nacional al amparo de las facultades presidenciales previstas en el Acto Legislativo 01 de 2016.

La Corte encontró ajustado a la Constitución Política el texto del citado decreto y dejó claro que omitir o dilatar de manera injustificada un pronunciamiento respecto de las solicitudes de libertad previstas en la Ley 1820 de 2016 y en el Decreto 277 de 2017, es un supuesto que encuadra en la hipótesis de prolongación ilegal de una privación de la libertad susceptible de impugnarse a través del habeas corpus. Por lo tanto, esta posibilidad no surge per se por la expedición de Decreto Ley 700 de 2017 sino del ordenamiento preexistente, esto es, del artículo 1.º de la Ley 1095 de 2006 y de la jurisprudencia constitucional que fijó su alcance.

También precisó que el decreto revisado no vulnera la reserva de ley estatutaria. En efecto, señaló que «[…] La reserva de ley estatutaria -comprendida como una excepción a la regla general de aprobación de leyes según el procedimiento ordinario y por ello de interpretación restrictiva- no cubre todas las regulaciones que se relacionan, en algún sentido, con el ejercicio de los derechos fundamentales o la protección de la libertad. Como se dijo, dicha reserva alcanza únicamente -a fin de no desconocer la cláusula general de competencia del Congreso- las normas que regulan de manera integral un derecho fundamental o que se vinculan a las posiciones más relevantes o importantes del derecho, configurándolas o limitándolas. […]».

Conclusión. En respuesta al primer interrogante planteado concluye esta Sala Unitaria que Sí procede el mecanismo constitucional del habeas corpus por dilación injustificada de la autoridad judicial penal competente para resolver la solicitud del beneficio de amnistía de iure consagrado en la ley 1820 de 2016.

Como consecuencia de lo anterior, se procederá a establecer si conforme lo probado en este caso existe una dilación injustificada para resolver la solicitud presentada por el accionante.

d- Caso concreto.

Ascendiendo al caso concreto y con el fin de concretar si en este caso se dan los fundamentos para conceder el amparo decretado, el despacho deberá establecer i) si la solicitud de amnistía de iure y la consecuente libertad del condenado ha sobrepasado el término legal; ii) de ser ello así, determinará si la demora en la resolución está justificada, o no; iii) finalmente, de encontrar acreditada una dilación injustificada en la resolución de la solicitud, deberá determinarse si el peticionario cumple con los presupuestos de la amnistía de iure y así establecer si es dable ordenar su libertad inmediata.

Tiempo transcurrido desde la solicitud.

Como se indicó en la primera parte de esta providencia, para resolver sobre las solicitudes de los beneficios consagrados en la Ley 1820 de 2016, en este caso de la amnistía de iure y la consecuente libertad del condenado, la autoridad judicial competente cuenta con un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud.

Según lo demostrado en este trámite y que fue aceptado por las autoridades judiciales que rindieron informe, la petición del beneficio fue radicada por el señor Tito Barrios Fonseca el 6 de diciembre de 2018 ante el Juzgado 21 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Ese despacho la remitió a la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP el mismo día, y fue asignado internamente a esa Sala el 18 de diciembre siguiente.

Según lo informado por las dependencias de la JEP, a la fecha no ha sido resuelta la petición y aún está pendiente de reparto entre sus magistrados – folios 21 y 23 -. Esta información fue actualizada por orden de este despacho de segunda instancia y se corroboró que actualmente el trámite se encuentra en el mismo estado ante la JEP.

Conclusión. Es evidente que se han sobrepasado los términos legalmente establecidos para resolver sobre el beneficio solicitado. Estos vencían el 21 de diciembre de 2018 porque el mismo 6 de diciembre se radicó el trámite en la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP.

Justificación de la demora en la resolución del beneficio solicitado.

Las autoridades judiciales de la JEP que rindieron informe en este asunto indicaron que el trámite de la petición radicada con el número 20181510393142, aún continúa en la secretaría judicial de la Sala de Amnistía o Indulto – SAI - por cuanto a la fecha de la certificación – 14 de enero de 2019 -, estaban pendientes de reparto un total de 6350 registros de información. Se certificó, además, que según el orden de ingreso, a esa fecha se estaban tramitando las solicitudes radicadas en julio de 2018. Es de resaltar que, con corte al 21 de enero de 2019, los registros pendientes de reparto incrementaron a 6461.

Estas respuestas indicaron que los tiempos con que funciona el sistema de reparto de la Sala se dan bajo un plazo razonable porque el ejercicio de sus funciones, la organización racional y depurada de los asuntos que ingresan a la JEP, versus los recursos técnicos y humanos disponibles, dificulta evacuarlos en forma célere. En efecto, según las respuestas allegadas el 21 de enero, la única funcionaria a cargo del reparto manual de las solicitudes es la secretaria judicial de la JEP, quien, además, tiene otras funciones asignadas. La citada servidora judicial señaló que conforme lo ordenado por el a-quo en este trámite constitucional se dará prioridad al reparto de la petición presentada por el señor Barrios Fonseca.

Sobre este tópico se recalca que la concesión de la libertad a través del habeas corpus, tiene como requisito indispensable que la dilación u omisión se califique como «injustificada» en el trámite de la solicitud de libertad, según lo indica expresamente el artículo 1.º del Decreto 700 de 2017. Esto implica que es posible que en estos trámites se presente dilación justificada, como se ha dicho en este caso, lo cual no puede conllevar a la prosperidad de la petición liberatoria.

En efecto, como lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia «[…] Si el proceso tiene acciones y recursos para intentar la protección de su derecho fundamental a la libertad, debe [el interesado] primero hacer uso de ellos, sólo una vez advertido el funcionario competente y ante su obstinación en prolongar ilegalmente la restricción de la libertad más allá de los términos legales, sería ahí sí, necesaria y urgente la intervención del Juez constitucional”. (negrillas fuera de texto). Lo contrario implica deformar la garantía constitucional de habeas corpus que está previsto únicamente ante actuaciones u omisiones negligentes, obstinadas e injustificadas.

La situación que ocupa al despacho en este caso no es ajena a otros asuntos de similar naturaleza. En efecto, la Corte Suprema de Justicia se pronunció respecto de un caso donde la solicitud de amnistía no había sido repartida al interior de la JEP. En la decisión proferida el 25 de septiembre de 2018 aquella corporación negó la petición de amparo, entre otros, con base en la siguiente consideración:

«[…] el expediente no ha sido repartida (sic) a los despachos de los magistrados que conforman la referida sala, en virtud del número de solicitudes recibidas; situación que llevó a la Secretaría Judicial de la Sala a implementar un procedimiento para efecto del reparto, donde tienen prioridad las solicitudes más antiguas, de tal manera que hasta tanto no se efectúe el correspondiente reparto no empiezan a correr los términos para resolver las peticiones, trámite al que se debe someter el accionante, sin que los mismos signifiquen una vulneración de sus derechos y garantías constitucionales. […]»

El despacho acoge el anterior razonamiento porque considera que no existe una mora injustificada en este caso, porque sería tanto como reconocer que el estado de cosas inconstitucional en el que se encuentra la Secretaría Judicial de la Sala de Amnistía o Indulto se convirtiera en una causal de libertad masiva de personas privadas de la libertad.

Además, implicaría una intromisión injustificada del juez constitucional sobre las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, pese a que este mecanismo protectorio de la libertad no fue establecido con esta finalidad, conforme se señaló en la primera parte de esta providencia.

Ello atentaría contra el debido proceso de los demás sujetos procesales interesados en cada uno de los casos sobre los cuales versan las solicitudes. Igualmente, contra las garantías de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición que deben satisfacerse por los beneficiarios de la ley 1820 de 2016.

Conclusión. Respecto del segundo interrogante formulado la Sala Unitaria encuentra que pese a que existe una dilación en la resolución de la petición de amnistía de iure deprecada por el accionante, esta se encuentra justificada por el estado de represamiento que presenta la secretaría judicial de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP.

Cumplimiento de los requisitos de la amnistía de iure.

En relación con este ítem la jurisprudencia constitucional ha concluido que no basta con que se haya presentado una mora en la solución de las peticiones de libertad para que proceda el beneficio del habeas corpus. Es necesario, además, analizar que los requisitos de libertad se encuentran cumplidos. Solo en este caso se produce una prolongación ilegal de la privación libertad que hace posible conceder el habeas corpus.

No obstante, como este despacho encontró en el acápite anterior que existen razones que justifican la tardanza en el reparto y decisión de la solicitud del señor Barrios Fonseca, resulta inane verificar el cumplimiento de los requisitos de la amnistía de iure.

Síntesis.

El artículo 1.º de la Ley 1095 de 2006 regula el derecho fundamental y acción constitucional de habeas corpus como garantía de la inviolabilidad de la libertad personal destinado a los eventos en los que:

La persona es privada de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, y
La privación de la libertad se prolonga ilegalmente.

En el presente caso la restricción de la libertad del accionante tiene como fuente una determinación legítima y procesalmente idónea, como lo es la sentencia penal condenatoria que pesa sobre el señor Tito Barrios Fonseca por el delito de rebelión, respecto de la cual ningún reproche se propone.

De otra parte, la prolongación de la privación de la libertad está justificada en tanto que está pendiente de resolver la petición del beneficio de la amnistía de iure por parte de la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz. La demora en la resolución se encuentra debidamente justificada dado el estado actual de represamiento en el reparto de trámites y expedientes, por la escasez de recursos técnicos y humanos para tal efecto.

Por lo anterior se confirmará la decisión el a-quo que negó el habeas corpus deprecado por improcedente.

Exhortos

El despacho evidencia un estado de cosas inconstitucional respecto del reparto de asuntos para trámite en la secretaría judicial de la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo cual ha conllevado a un creciente represamiento en el reparto de solicitudes al interior de la secretaría judicial de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP que hoy en día asciende a 6461 radicados en el sistema ORFEO, así:

Según lo evidenciado por la Corte Suprema de Justicia en providencia del 1.º de noviembre de 2018 existían 3800 solicitudes represadas y pendientes de reparto, según lo decidido en providencia AHL4742-2018 radicado número 00073.
En el radicado número 00081-2018, providencia AHL5128-2018 del 29 de noviembre de 2018, se estableció que en ese momento el represamiento era de 5100 asuntos.
Dentro del presente expediente se certificó un incremento en el cúmulo de radicados pendientes que pasó de 6350 radicados con corte al 14 de enero, a un total de 6461 el día 21 de enero de 2019.

A la fecha y conforme lo certificado en el expediente, se están repartiendo los asuntos recibidos en julio de 2018 en estricto orden de ingreso pese a que se ha aplicado un plan para agilizar este trámite según lo reportado en respuestas remitidas por la secretaría judicial y por una de las magistradas de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP. Es decir, de continuar la situación actual y si no se adoptan otras medidas urgentes y de choque para solventar esta situación, pasarán varios meses sin que casos como el presente sean, al menos, repartidos a los magistrados de la Sala de Amnistía o Indulto para su análisis.

Como consecuencia de lo anterior se requerirá al Órgano de Gobierno y a la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz para que en un término no mayor a diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la respectiva comunicación, gestionen los recursos humanos y técnicos necesarios y elaboren un plan de acción concreto para superar el estado de represamiento actual en el reparto de asuntos y proceder a la solución de las peticiones a cargo de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP. Este plan deberá priorizar el reparto de las peticiones sobre beneficios de libertad regulados en las normas citadas, para que proceda su análisis al interior de la Sala en mención.

Igualmente, se oficiará al señor Procurador General de la Nación con el fin de que designe un funcionario de la entidad para que haga un seguimiento a la situación que ha sido constatada en el trámite de este amparo constitucional. Con base en ello el órgano de control podrá hacer las gestiones y peticiones que correspondan ante la JEP, el Gobierno Nacional y las demás autoridades que tengan capacidad de acción y decisión para superar la crisis presentada y garantizar los derechos fundamentales y el orden jurídico que puedan ser conculcados a raíz de la situación en comento.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, Sala Unitaria:

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Unitaria, que negó por improcedente la acción de habeas corpus interpuesta por el señor Tito Barrios Fonseca.

Segundo: Por secretaría ofíciese al Órgano de Gobierno y a la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, y al Procurador General de la Nación, para que adopten las medidas pertinentes y necesarias de conformidad con sus competencias.

Tercero. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Magistrado

Folios 1-3. Sentencia C – 620 de 2001. Sentencia T – 1315 de 2001. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 26 de junio de 2008, radicación n.º 30066. Habeas Corpus 42383 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2 de octubre de 2013.
«Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera». Aplicable a quienes sean procesados o hayan sido condenados por delitos de “rebelión”, “sedición”, “asonada”, “conspiración” y “seducción”, usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que son conexos con estos. Aplicable a las personas cuyos delitos no sean susceptibles de amnistía de iure y hayan cumplido al menos 5 años de prisión. Cobija a las personas cuyos delitos no sean susceptibles de amnistía y no hayan cumplido al menos 5 años de prisión, evento en el cual procede el traslado a las ZVTN por decisión del juez o fiscal para que, bajo custodia del INPEC, continúen cumpliendo su pena o privación de la libertad en dicho lugar. Art. 2, Ley 1820 de 2016. Art. 2, Ley 1820 de 2016. Por el cual se precisa la posibilidad de interponer la acción de hábeas corpus en casos de prolongación indebida de la privación de la libertad derivados de la no aplicación oportuna de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2017. CSJ AHP, 26 jun. 2008, rad. 30066. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, decisión de habeas corpus de 5 de junio de 2017, Rad. 50402. También pueden consultarse el radicado AHP3559-2017, providencia de fecha 5 de junio de 2017 y auto en auto de 31 de agosto de 2017 (AHP5709-2017). Decisión proferida por este despacho en decisión del 18 de agosto de 2017, radicado 25000-23-42-000-2017-03802-01 Solicitante: Juan Carlos Sarmiento Rojas
Sentencia 038 de 2018. Ver resumen de las consideraciones en los párrafos 41 a 46 de la providencia. En particular, refiriéndose a la reserva de ley estatutaria en materia de derechos fundamentales este Tribunal precisó, en la sentencia C-035 de 2015 “que la reserva debe ser interpretada de manera restrictiva, pues toda regulación legal podría, eventualmente, “tocar”, afectar o regular en alguna medida un derecho fundamental”. En ese mismo sentido se encuentran, por ejemplo, las sentencias C-818 de 2011 y C-007 de 2017. La Corte se refirió a esta categoría bajo la denominación de criterio de integralidad señalando, en la sentencia C-818 de 2011, que “la exigencia de ley estatutaria sólo se aplica a la regulación que tenga la pretensión de ser “integral, completa y sistemática, que se haga de los derechos fundamentales” en tanto dicha regulación, se precisó en esa misma ocasión se refiera a los elementos estructurales del derecho. En ese sentido, por ejemplo, la sentencia C-910 de 2004 indicó: “Sobre este particular la Jurisprudencia ha señalado que resulta imperativo tramitar por la vía de las leyes estatutarias aquellas disposiciones que contengan cláusulas que desde el punto de vista material afecten, restrinjan, limiten o condicionen de modo significativo el alcance de los derechos fundamentales, o contengan una regulación integral de los mismos”. Ver consideración final del párrafo 29.1 de la providencia citada. La Corte concluyó que el decreto revisado no prevé una regla con un contenido inédito o desconocido en materia de habeas corpus que modifique, complemente o derogue la legislación estatutaria previa, ni introduce una hipótesis novedosa, ni cambia las normas ya existentes en la materia. La norma se limitó a declarar un contenido normativo preexistente en varias disposiciones invocadas por el artículo 1 del Decreto Ley 700 de 2017. Artículo 19 de la Ley 1820; parágrafo 3 del artículo 8.º del Decreto Ley 277 de 2017 y artículo 2.2.5.5.1.1. del decreto reglamentario 1252 de 2017.

Folios 19, 21 y 23
Ver CD serial P431081210340611, que contiene respuesta dada por la secretaria judicial de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP a lo ordenado el día 21 de enero de 2019, folio 86. Según lo certificado a folios 19, 21 y documentos magnéticos de que trata la cita anterior. Estos corresponden a peticiones propias de las y los comparecientes a esa Sala, así como respuestas allegadas por diferentes entidades o los requerimientos hechos por la SAI. Ver documentos en mensaje de datos relacionados anteriormente
Ver folio 2 del oficio No. SAI-OI 234 del 21 de enero de 2019 contenido en la respuesta magnética a que hace referencia la cita anterior. Así lo estableció también la Corte Suprema de Justicia en auto del 1° de junio de 2017, expediente radicado AHL3517-2017. CSJ Sala de Casación Penal 3 de mayo 2007, rad. 00002-2007, reiterado en AHL4003-2018 Radicación n.° 00054 el 18 de septiembre de 2018. AHL4128-2018, radicación n.° 00060
Este razonamiento y la crisis de reparto en la Sala de Amnistía o Indulto también fueron expuestos en providencias del 1 de noviembre de 2018 proferida por la Corte Suprema de Justicia en el asunto AHL4742-2018, Radicación No. 00073 y 29-11-2018 asunto AHL5128-2018 Radicación n. °00081-2018.Bogotá, D.C., primero (01) de noviembre de dos mil dieciocho (2018
Ver oficio de fecha 21 de enero de 2019 recibido en respuesta al radicado 20193150029381, visible a folios 87 a 89 del expediente.

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