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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00020-01

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00020-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Adicionar la sentencia de primera instancia del 14 de julio de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en el sentido de exhortar a la Administradora Colombiana de Pensiones para que, en adelante, en casos como el presente, cumpla con el trámite administrativo dispuesto en la Ley 1437 del 2011 para la revocatoria de los actos administrativos de carácter particular y concreto. Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia de primera instancia del 14 de julio de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del 29 Radicado: 25000 23 42 000 2019 00020 01 (2360-2023) Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín derecho iniciado por la señora Myriam Stella Bernate de Martín en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, que negó las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión. Tercero: sin condena en costas de segunda instancia. Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las respectivas anotaciones en el portal Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-00020-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

9 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., nueve (09) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2019 00020 01 (2360-2023)
Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

Temas: Reliquidación pensional. Decreto 546 de 1971.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de primera instancia del 14 de julio de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la
cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Myriam Stella Bernate de Martín formuló

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00020 01 (2360-2023)
Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, en orden a que se
declare la nulidad de las Resoluciones GNR 64897 del 6 de marzo de 2015; VPB
35953 del 21 de abril de 2015; GNR 5558 del 8 de enero de 2016; VPB 13858 del 28
de marzo de 2016; y SUB 67641 del 13 de marzo de 2018, dictadas por la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, por medio de las cuales
se reliquidó su pensión de jubilación.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
(i) declarar que tiene derecho a que se le pague la mesada pensional en cuantía de
$ 7.612.500, para el año 2014, según lo establecido en la Resolución GNR 349049
del 5 de octubre de 2014, con los incrementos anuales que correspondan a partir
del año 2015; (ii) pagar las diferencias causadas entre lo pagado por concepto de
la mesada pensional reliquidada a través de los actos demandados y la que en
realidad le corresponde, es decir, la consagrada en la Resolución GNR 349049 del 5
de octubre de 2014 e indexar dicho valor mes a mes; (iii) condenar a Colpensiones
al pago de los intereses moratorios generados por el pago incompleto de la mesada
pensional, desde el momento de su causación hasta la fecha en que se realice el
pago; (iv) pagar los intereses moratorios que se causen con ocasión del
cumplimiento de la sentencia; (v) condenar a la parte demandada al pago de costas
y agencias en derecho.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los
siguientes:

2

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00020 01 (2360-2023)
Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

i) El 5 de octubre de 2014, Colpensiones profirió la Resolución GNR 349049 por
medio de la cual le reconoció a la señora Myriam Stella Bernate de Martín una
pensión de jubilación en aplicación del Decreto 546 de 1971, en cuantía de
$ 7.612.500, cuyo pago se supeditó a la demostración del retiro definitivo del
servicio.

ii) El 14 de octubre de 2014, a través del Oficio 20143100174623, la accionante
presentó renuncia al cargo público que desempeñaba, la cual fue aceptada por parte
de la Fiscalía General de la Nación a través de la Resolución 1403 del 2 de
diciembre de 2014, a partir del 5 de enero de 2015; la citada renuncia fue puesta en
conocimiento de Colpensiones, según copia enviada por la interesada el 12 de
diciembre de ese mismo año.

iii) El 6 de marzo de 2015, Colpensiones profirió la Resolución GNR 64897 en la que,
sin agotar el trámite previo para revocar su propio acto, reliquidó la mesada
pensional de la señora Myriam Stella Bernate y redujo el monto a la suma de
$ 5.576.649, efectiva a partir del 5 de enero de 2015, es decir, con una diferencia
de $ 2.035.851 en comparación con la cifra en la que fue reconocido el derecho
inicialmente.

iv) La anterior decisión fue objeto de recurso de apelación, el cual fue desatado
desfavorablemente por medio de la Resolución VPB 35953 del 21 de abril de 2015;
Posteriormente, la demandante interpuso una solicitud de revocatoria directa que
no fue acogida por parte de Colpensiones, pues, a través de las Resoluciones GNR
5558 del 8 de enero de 2016 VPB 13858 del 28 de marzo de 2016 y SUB 67641 del
13 de marzo de 2018 se manifestó que la reliquidación pensional contenida en la
Resolución GNR 64897 del 6 de marzo de 2015 se ajusta a derecho.

3

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00020 01 (2360-2023)
Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

En el escrito inicial de la demanda se invocaron como violada la Ley 16 de 1972; el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993; el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011; y el
Decreto 546 de 1971. En desarrollo del concepto de la violación, la demandante
expuso los siguientes argumentos:1

i) La Administradora Colombiana de Pensiones incurrió en una clara vía de hecho,
pues no cumplió con el trámite correspondiente para revocar su propio acto en el
que había reconocido una mesada pensional más favorable para la accionante que
la finalmente concedida a través de los actos demandados.

ii) La entidad demandada no procuró obtener la autorización para revocar un acto
administrativo de contenido particular, como es aquel por medio del cual se
concedió la pensión de jubilación discutida ni demandó su propio acto ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo; por el contrario, sin contar con la
anuencia de la interesada, reliquidó la pensión y desmejoró su cuantía.

iii) La actuación de Colpensiones ha vulnerado el debido proceso, el principio de
favorabilidad en materia laboral, la primacía de la realidad sobre las formas, el
derecho al pago oportuno y el reajuste periódico de su mesada y el derecho a la
aplicación de normas internacionales integradas al ordenamiento jurídico nacional.

1 Folios 52 al 62

4

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00020 01 (2360-2023)
Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

1.2. Contestación de la demanda

La Administradora Colombiana de Pensiones contestó la demanda y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, de acuerdo con los siguientes argumentos:2

i) Por medio de la Resolución GNR 349049 del 5 de octubre de 2014, se reconoció
a la señora Myriam Stella Bernate una pensión errada, pues se tomó como ingreso
base de cotización únicamente el aporte del mes de marzo de 2014 equivalente a
$ 10.150.000, sin hacer diferenciación alguna respecto de los factores salariales
sobre los cuales se realizaron aportes al sistema, toda vez que no se aportó
certificado que diera fe de «la forma en que se causaron».

ii) En los actos administrativos demandados se dio aplicación a lo dispuesto en el
artículo 150 de la Ley 100 de 1993, que establece que debe reliquidarse la mesada
pensional de aquellos servidores públicos a quienes se les reconoció el derecho
antes del retiro definitivo del servicio, con el propósito de tomar en consideración los
salarios o aportes causados con posterioridad a la fecha del reconocimiento.

iii) Las solicitudes de pensión que se decidan con posterioridad a la expedición de
la sentencia SU-230 de 2015, deben ajustarse a las reglas fijadas en ese precedente
jurisprudencial, en donde se reitera la interpretación plasmado en, por ejemplo, la
sentencia C-258 de 2013. Finalmente, propuso las excepciones de cobro de lo no
debido, inexistencia del derecho reclamado, prescripción y buena fe.

2 Folios 90 al 102.

5

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00020 01 (2360-2023)
Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

1.3 La sentencia apelada

1.3.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, negó las pretensiones de la demanda por medio de sentencia de primera
instancia del 14 de julio de 2022, en donde explicó lo siguiente:3

Ciertamente Colpensiones omitió el procedimiento de que trata el artículo 97 en
comento, lo que claramente se constituyó en una vulneración a un debido proceso,
pero en esta instancia judicial , en donde se vienen demandando los recursos
interpuestos contra la decisión irregular adoptada, en donde hay un amplio debate
por el procedimiento dispuesto para los procesos ordinarios, en el cual las partes
tienen la oportunidad de ejercer contradicción y su derecho de defensa; es necesario
examinar el derecho que le asiste a la parte demandante, sin que sea posible
entonces anular los actos administrativos por la vulneración aludida, porque se
podría otorgar el derecho sin que encuentre el respaldo legal que lo soporte.

Encuentra este Tribunal que la pensión reconocida a la [señora] Myriam Stella
Bernate de Martín fue reajustada sin seguir el trámite legal que correspondía, sin
que pueda ordenarse automáticamente se continúe pagando como primigeniamente
fue reconocida, ya que en verdad el valor que fue tomado no correspondía con la
asignación mensual más elevada, siendo relevante indicar que la entidad reconoció
la prestación en los términos del Decreto 546 de 1971, pero no es posible aceptar
que se aparte de la jurisprudencia reiterada tanto de la Corte Constitucional como
del Consejo de Estado, que vienen sosteniendo que el IBL se aplica conforme a la
Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Es decir, se le deben respetar a la
demandante los aspectos relacionados con la edad, el tiempo y el monto del régimen
especial conforme al citado decreto.

Al estudiar la legalidad de los actos acusados, y específicamente la Resolución GNR
64891 de 6 de marzo de 2015, es claro que el valor tomado como IBL del mes de
marzo por valor de $ 10.150.000 fue una suma que, pese a encontrarse contenido
en el historial de semanas cotizadas de Colpensiones, por el periodo del 1 de marzo
a 31 de marzo de 2014, no se compadece con la realidad salarial y prestacional de
la señora Myriam Stella Bernate en la medida que no detalló los emolumentos sobre
los cuales se efectuaron las correspondientes cotizaciones.

Lo que si se evidencia en el certificado de devengados y deducciones expedido por
la Fiscalía General de la Nación, fue que justamente para el mes de marzo se reportó

3 Folios 150 al 156 reverso.

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Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

una cotización de $ 165.500, cuya base sería la suma de $ 4.137.500, lo cual es
contrario a lo reportado en el historial de semanas cotizadas donde se indicó un
base de $ 10.150.000.

No obstante que a Colpensiones se le cuestionó el hecho de asumir un IBL a partir
de una prueba que no se compadece con la verdadera situación salarial y
prestacional de la demandante y omitir la aplicación del artículo 97 de la Ley 1437
de 2011, relativo al consentimiento con el que debió contar para modificar el valor
de la pensión que inicialmente reconoció, lo cierto es que la proposición jurídica
sustancial que respalda la presente demanda se aparta de la actual línea
jurisprudencial del Consejo de Estado en sentencia se unificación de 11 de junio de
2020 […].
[…]
En consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda, en tanto que la forma
como la demandante pretende que se le pague la pensión es tomando la cuantía
que inicialmente fue reconocida, sustentada en una irregularidad formal en la que
incurrió Colpensiones.4

1.3.2. Salvamento de voto

El magistrado Dr. Néstor Javier Calvo Chávez salvó el voto en cuanto a la sentencia
se primera instancia, de acuerdo con los siguientes argumentos:5

i) Colpensiones profirió un acto administrativo previo en el que reconoció una
pensión en favor de la demandante en cuantía de $ 7.612.500, según lo decidido en
Resolución GNR 349049 del 5 de octubre de 2014, cifra que fue reducida
unilateralmente por la administradora pensional hasta $ 5.576.649, por medio de la
Resolución GNR 64897 del 6 de marzo de 2015.

ii) De acuerdo con el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, la revocatoria directa de
un acto administrativo de contenido particular debe contar con la autorización

4 Se optó por transcribir los apartes más relevantes del fallo para no incurrir en imprecisiones frente

a las consideraciones del Tribunal.
5 Folios 157 al 159 reverso.

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Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

expresa del titular del derecho o beneficiario, pues en caso de no contar con dicha
anuencia, la entidad deberá demandar su propio acto ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo través de la figura de la lesividad, con la posibilidad de
solicitar su suspensión provisional.

iii) Colpensiones no podía revocar unilateralmente el acto administrativo de
reconocimiento de la mesada pensional ni disminuir unilateralmente el monto del
derecho, razón por la que se aparta de la decisión adoptada por la Sala en la
sentencia de primer nivel.

1.4. El recurso de apelación

A través de memorial, visible en los folios 163 al 172, la parte demandante interpuso
recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, de acuerdo con las
siguientes razones de disentimiento:

i) Colpensiones debió solicitar la autorización por parte de la señora Myriam Stella
Bernate para poder modificar el reconocimiento de la mesada pensional, cuyas
condiciones se plasmaron en un acto que goza de presunción de legalidad y que se
encuentra en firme.

ii) Los actos administrativos por medio de los cuales se ajustó la mesada pensional
están viciados de nulidad, porque fueron proferidos con una clara violación del
debido proceso de la señora Myriam Bernate.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

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Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

Solo la parte demandante alegó de conclusión según memorial visible en el índice
12 del portal Samai, en donde reiteró los argumentos del recurso de apelación.

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público rindió concepto a través de memorial visible en el
índice 13 del portal Samai, en donde solicita que, en virtud de la sostenibilidad del
sistema, se revoque la sentencia apelada [sic].

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si la señora Myriam Stella Bernate de Martín tiene
derecho a que su pensión de jubilación sea pagada en los términos y cuantía
establecida en la Resolución GNR 349049 del 5 de octubre de 2014 y no como
Colpensiones la reliquidó en la Resolución GNR 64897 del 6 de marzo de 2015.

2.2. Marco normativo

Postura unificada en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo frente
al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del Decreto 546 de 1971
cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993

Para resolver el problema jurídico planteado, le corresponde a la Sala aplicar las
reglas jurisprudenciales fijadas por la Sección Segunda de lo Contencioso

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Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

Administrativo en la sentencia de unificación de 11 de junio de 20206, que constituye
un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y
jurídicamente iguales.

En efecto, la Sección Segunda precisó que la sentencia de unificación se aplicaría
con efectos retrospectivos «[…] (i) respecto de los asuntos similares que
actualmente se están tramitando en el seno de la administración; (ii) respecto de los
procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales
administrativos y Consejo de Estado. En consecuencia, no tiene efectos respecto
de aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los
conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y en
consecuencia resultan inmodificables. […]».

Las siguientes fueron las reglas jurisprudenciales sobre el ingreso base de
liquidación de los beneficiarios del Decreto 546 de 1971, cobijados por el régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, fijadas en la referida sentencia de unificación:

En primer lugar, definió que son beneficiarios del régimen especial de pensiones
para la Rama Judicial o Ministerio Público quienes cumplan con las condiciones
impuestas por los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 6 del Decreto 546 de 1971,
en los siguientes términos:

«[…] 4.1. El funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio
Público beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de junio de 2020,

radicación: 150012333000201600630 01 (4083-2017) CE-SUJ-S2-021-20. Demandante: Cándida
Rosa Araque de Navas. Dentro de este proceso, la Sala de Sección aceptó el impedimento
manifestado por el suscrito ponente, mediante providencia del 30 de mayo de 2019.

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la Ley 100 de 1993 adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que
se acrediten los siguientes presupuestos:

i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el
ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el
ámbito territorial, tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si
es mujer o, b) 15 años o más de servicios efectivamente cotizados.

ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial
y del Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971
para consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de
50 años si es mujer, o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de
servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de
dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 1971;7 c) de esos 20 años de
servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades.»

En este sentido, la providencia en cita destacó que el régimen de transición
contenido en la Ley 100 de 1993 no solo aplica para el grupo que se rige por las
normas generales, tales como la Ley 6 de 19458, el Decreto 3135 de 19689, Ley 33
de 198510 y la Ley 71 de 198811, sino que también opera cuando se trata de

7 Al respecto se anota que el artículo 37 de este decreto dispone que «regirá 30 días después de su

publicación en el Diario Oficial […]», y fue publicado en el Diario Oficial No. 33.339 16 de junio de
1971.
8 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones

profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo».
9 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se

regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales».
10 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las

prestaciones sociales para el Sector Público». Su régimen de transición dispone que, los empleados
oficiales que a la fecha de esta ley, que entró a regir partir del 13 de febrero de 1985, hayan cumplido
15 años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad
de jubilación que regían con anterioridad a ella. Y en todo caso, los empleados oficiales que a la
fecha de vigencia de esta ley, hayan cumplido los requisitos para obtener la pensión de jubilación,
se continuarán rigiendo por las normas que le anteceden.
11 «Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones».

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regímenes especiales, como los señalados por los Decretos 546 de 197112, 929 de
197613 y 937 de 197614.

En segundo lugar, precisó que las condiciones de edad, tiempo de servicios y tasa
de reemplazo que se deben reunir para el reconocimiento pensional son las
estatuidas por el artículo 6 del Decreto 546 de 1971. Así lo señaló:

«[…] iii) Por tanto, esa pensión se le debe reconocer con los elementos del
régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que
son: a) la edad de 50 años si es mujer, de 55 años si es hombre; b) el tiempo
de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la
vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años
lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público,
o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75% […]»

En tercer lugar, puntualizó que el ingreso base de liquidación no hace parte del
régimen de transición pensional, sino que corresponde al señalado por los artículos
21 y 36 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso. Así lo señaló la providencia en
mención:

«[…] e) el ingreso base de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso
3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso, es decir, si le faltare más de 10 años,
será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados
anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, si faltare menos de 10
años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será:
(i) El promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o
(ii) El cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior actualizado
anualmente con base en IPC certificado por el DANE; […]

12 «Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y
empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares».
13 «Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de

la Contraloría General de la República y sus familiares».
14 «Por el cual se expide el Estatuto de Personal para los empleados de la Contraloría General de la

República».

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Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

Para el efecto, acogió la tesis expuesta por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 201815. Tal posición se acompasa con la anunciada
por la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-
230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-023 de 2018, según la cual el
propósito del legislador era evitar la aplicación ultractiva de las reglas del ingreso
base de liquidación de los regímenes vigentes antes de la expedición de la Ley 100
de 1993.

En cuarto lugar, se refirió a los factores salariales que deben hacer parte del ingreso
base de liquidación, para señalar que se deben computar los indicados por el
Decreto 1158 de 1994, previstos para la generalidad de los servidores públicos,
además de otros emolumentos que fueron establecidos con posterioridad pero que
también tienen incidencia pensional para los empleados y funcionarios de la Rama
Judicial. Para el efecto, se remitió a los actos de creación de tales prestaciones
económicas, los cuales dispusieron expresamente «que se constituyen en factores
de salario para efecto de determinar su ingreso base de cotización, siempre y
cuando respecto de ellos se hayan efectuado los aportes correspondientes». La
regla se dejó expuesta en los siguientes términos:

«[…] con los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto
1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la
modificación de la Ley 332 de 1996;16 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del
Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de
2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o
empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público, siempre que respecto
de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas. […]»

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de

2018, Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01, demandante: Gladis del Carmen Guerrero de
Montenegro.
16 Artículo 1.°

13

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00020 01 (2360-2023)
Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

Como fundamento de lo anterior la Sala expuso:

«[…] Vista la anterior normativa es posible colegir que, aunque a partir del 1.º
de abril de 1994 los servidores de la Rama Judicial quedaron incorporados al
sistema general de pensiones, y que, en virtud de tal incorporación a través del
artículo 6.º del Decreto 691 de 1994 modificado por el artículo 1.°17 del Decreto
1158 de 1994, fueron fijados como factores de salario para liquidar su ingreso
base de cotización la asignación básica mensual; los gastos de representación;
la prima técnica, cuando sea factor de salario; las primas de antigüedad,
ascensional de capacitación cuando sean factor de salario; la remuneración por
trabajo dominical o festivo; la remuneración por trabajo suplementario o de
horas extras, o realizado en jornada nocturna; y la bonificación por servicios
prestados, lo cierto es que estos servidores, precisamente en desarrollo de la
Ley 4ª. de 1992, que a su vez dio cumplimiento a lo establecido por el literal e)
del numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política, tienen derecho a que se
computen como factores salariales en la liquidación de su pensión los
siguientes:

Prima especial de que trata por la Ley 332 de 1996, que modificó la Ley 4ª. de
1992, para los magistrados y agentes delegados ante la Rama Judicial; la
bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de 1998 para los
magistrados y por el Decreto 1102 de 2012 para los magistrados y agentes del
Ministerio Público ante magistrados de tribunales; la prima de productividad
para los empleados judiciales ordenada por el Decreto 2460 de 2006; la
bonificación por actividad judicial establecida por el Decreto 3900 de 2008
para los jueces y procuradores judiciales 1, y la bonificación judicial instituida
por el Decreto 383 de 2013 para los servidores de la Rama Judicial, pues en
forma expresa los decretos aludidos dispusieron que se constituyen en
factores de salario para efecto de determinar su ingreso base de
cotización, siempre y cuando respecto de ellos se hayan efectuado los
aportes correspondientes. […]» (negrillas del original)

17 Artículo 1. «El artículo 6º del Decreto 691 de 1994, quedará así "Base de cotización". El salario

mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores
públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores: a) La asignación
básica mensual; b) Los gastos de representación; c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;
d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario; e) La
remuneración por trabajo dominical o festivo; f) La remuneración por trabajo suplementario o de
horas extras, o realizado en jornada nocturna; g) La bonificación por servicios prestados».

14

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Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

Como consecuencia de lo anterior, la providencia en cita consideró que
prestaciones tales como las primas de vacaciones, de servicios y de navidad no
deben ser incluidas en la liquidación de la pensión, dado que no constituyen factor
salarial.

2.3. Hechos probados

De acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, la Sala establece lo siguiente:

i) El 5 de octubre de 2014, Colpensiones profirió la Resolución GNR 349049, a través
de la cual le reconoció a la señora Myriam Stella Bernate una pensión de jubilación
de acuerdo con lo siguiente:18

El interesado [sic] acredita un total de 10.251 días laborados, correspondientes a
1.464 semanas.
Que nació el 11 de marzo de 1951 y actualmente cuenta con 63 años de edad.
[…]
[…] la forma de liquidación de la presente prestación se efectúa teniendo en cuenta
lo establecido en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, incluyendo como ingreso
base de cotización los factores salariales establecidos en el artículo 12 del Decreto
717 de 1978, en concordancia con lo establecido en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978.
[…]
Que a partir de lo anteriormente enunciado se procedió a realizar la liquidación de
la prestación reconocida, la cual se resume de la siguiente manera:
IBL: 10.150.000 × 75.00= $ 7.612.500

Nombre Fecha Status Valor IBL 1 Valor IBL 2 Mejor IBL % IBL Valor pensión Aceptada
mensual
Pensión de 1 de diciembre de 10.150.000 0.00 1 75.00 7.612.500 SÍ
jubilación 2010
funcionarios y
empleados de la
Rama Judicial y
Ministerio Público
20 años de servicio 21 de febrero de 6.729.589 0.00 1 75.00 5.047.192 NO
al Estado y 55 años 2010

18 Folios 4 al 7.

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Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

de edad (transición
frente a la Ley 33)
Legal Decreto2527
20 años de servicio 11 de marzo de 6.729.589 3.460.067 1 75.00 5.047.192 NO
al Estado y 55 años 2006
de edad transición
Ley 71 de 1988
1050 semanas 28 de julio de 6.729.539 3.430.067 1 70.54 4.747.052 NO
progresivas, 55 o 2007
60 años de edad
Ley 797 del 2003

[…]
Que se procederá a conceder la pensión de jubilación solicitada, la cual se dejará
en suspenso, por cuanto no reposa dentro del expediente el acto administrativo
mediante la cual la asegurada se retiró de la entidad pública en la que actualmente
laboral.

ii) El 2 de diciembre de 2014, la Fiscalía General de la Nación profirió la Resolución
1403, por medio de la cual aceptó la renuncia al cargo desempeñado por la señora
Myriam Stella Bernate de Martín, a partir del 5 de enero de 2015.19

iii) El 6 de marzo de 2015, Colpensiones expidió la Resolución GNR 64897, en la que
«reconoció [sic] y ordenó la inclusión en nómina de pensionados» de la
demandante. El sustento fue el siguiente:

El interesado acredita un total de 10.372 días laborados correspondientes a 1.481
semanas.
Que nació el 11 de marzo de 1951 y actualmente cuenta con 63 años de edad.
[…] la forma de liquidación de la presente prestación se efectúa teniendo en cuenta
lo establecido en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, incluyendo como ingreso
base de cotización los factores salariales establecidos en el artículo 12 del Decreto
717 de 1978, en concordancia con lo establecido en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978.
[…]
Que a partir de lo anteriormente enunciado se procedió a realizar la liquidación de
la prestación reconocida, la cual se resume de la siguiente manera:
IBL: 7.435.532 × 75.00= $ 5.576.649

Para el análisis de la pensión reconocida, se tomó en cuenta que la peticionaria

19 Folio 34.

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Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

cumple los requisitos para los siguientes tipos de pensión siendo aplicada por
favorabilidad el indicado en la columna “aceptada sistema”:

Nombre Fecha Fecha Valor IBL 1 Valor IBL 2 Mejor % IBL Valor Aceptada
Status efectividad IBL pensión
mensual
Pensión de 1 de 05 de enero 7.435.532 0.00 1 75.00 5.576.649 SÍ
jubilación diciembre de de 2015
funcionarios y 2012
empleados de la
Rama Judicial y
Ministerio
Público
20 años de 21 de 05 de enero 7.431.385 0.00 1 75.00 5.573.539 NO
servicio al febrero de de 2015
Estado y 55 años 2010
de edad
(transición frente
a la Ley 33)
Legal
Decreto2527
20 años de 11 de marzo 5 de enero de 6.975.419 3.502.310 1 75.00 5.231.565 NO
servicio al de 2006 2015
Estado y 55 años
de edad
transición Ley 71
de 1988
1050 semanas 28 de julio 5 de enero de 6.975.419 3.502.310 1 70.54 4.920.460 NO
progresivas, 55 de 2007 2015
o 60 años de
edad Ley 797 del
2003

Que es menester hacerle saber a la peticionaria que la Resolución GNR 349049 del
5 de octubre de 2014 liquidó erradamente la mesada pensional, ya que tuvo en
cuenta como ingreso base de cotización únicamente el aporte realizado en marzo
de 2014 por un valor de $ 10.150.000, cotización en la que se pagaron los diferentes
factores salariales a que tenía derecho la peticionaria como empleada de la Fiscalía
General de la Nación, pero que no podían tenerse en cuenta dado a que no se
adjuntó documento en el cual se certificaran dichos factores mes a mes con el objeto
de verificar la forma en que se causaron.

Que esta entidad procede a dar aplicación al artículo 150 de la Ley 100 de 1993 […]
Que de acuerdo con lo anterior se le hace saber a la peticionaria que para el análisis
de la presente prestación se tuvo en cuenta los IBC reportados por la historia laboral,
toda vez que no obra en el expediente administrativo certificación de factores
salariales en su totalidad, es decir hasta el 4 de enero de 2015.

No obstante lo anterior, se le hace saber a la interesada que una vez allegue a ésta
Administradora los factores salariales del último año de servicio, se procederá a
realizar la reliquidación de la pensión teniendo en cuenta los factores de la Ley 62
de 1985 a que haya lugar.

17

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00020 01 (2360-2023)
Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

iv) El 21 de abril de 2015, Colpensiones profirió la Resolución VPB 35953 en la que
resolvió el recurso de apelación propuesto por la señora Myriam Stella Bernate de
Martín con la Resolución GNR 64897 del 6 de marzo de 2015, con el que la
accionante pretendía que se dejara incólume el reconocimiento que le fue concedido
en la Resolución GNR 349049 del 5 de octubre de 2014.

La administradora manifestó que no es posible acceder a lo pedido por la
demandante debido a que de «una nueva reliquidación de la prestación, y una vez
efectuadas las operaciones aritméticas a que hubo lugar, se observa que el valor
arrojado es igual al inicialmente reconocido, por lo que en aplicación del principio de
favorabilidad se niega la reliquidación de la pensión y se procederá a seguir en
nómina de pensionados con la resolución No. 64897 del 6 de marzo de 2015».20

v) El 8 de enero de 2016, Colpensiones emitió la Resolución GNR 5558 en la que
negó una reliquidación pensional solicitada por la señora Myriam Stella Bernate. En
el citado acto la demandada indicó que un nuevo estudio del caso de la accionante
dio como resultado una mesada pensional en cuantía de $ 5.332.277, cifra inferior
a la que para ese momento devengaba la pensionada que para ese momento era
$ 5.576.649; sin embargo, en virtud del principio de non reformatio in pejus no se
ajustaría el valor de la mensualidad.21

vi) El 28 de marzo de 2016, Colpensiones profirió la Resolución VPB 13858, en la
que resolvió negativamente un recurso de apelación interpuesto por la demandante,
a partir de los mismos argumentos en el acto recurrido, es decir, que un nuevo
cálculo de la mesada pensional arrojaba un valor inferior al efectivamente percibido

20 Folios 13 al 15 reverso.
21 Folios 17 al 20 reverso.

18

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00020 01 (2360-2023)
Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

por la interesada.22

vii) El 29 de diciembre de 2017, la demandante elevó una reclamación administrativa
ante Colpensiones en la que pretendió que se revocaran los actos administrativos
GNR 64897 del 6 de marzo de 2015, VPB 35953 del 21 de abril de 2015, GNR 5558

del 8 de enero de 2016 y VPB 13858 del 28 de marzo de 2016 y que, en
consecuencia, se pague la pensión en el monto consignado en la Resolución GNR
349049 del 5 de octubre de 2014.23

viii) El 13 de marzo de 2018, Colpensiones expidió la Resolución SUB 67641 en la
que resolvió el requerimiento citado en el numeral anterior y señaló que el actual
valor de la pensión de la demandante es superior al que en derecho le corresponde,
y que el monto concedido en la Resolución GNR 349049 del 5 de octubre de 2014
no es vinculante para la entidad, debido a que ese es un reconocimiento preliminar,
que no había sido incluida en nómina debido a que la interesada aún no se había
retirado del servicio, por lo que el actual monto de la mesada corresponde a la
reliquidación que correspondía efectuar en virtud del artículo 150 de la Ley 100 de
1993.24

ix) De acuerdo con el certificado de salarios expedido por la Fiscalía General de la
Nación, la señora Myriam Stella Bernate, entre enero y diciembre de 2014, devengó
un valor neto de $ 113.492.085 correspondientes a sueldo, sueldo de vacaciones,
gastos de representación, prima de navidad, prima de servicios, bonificación por
servicios, bonificación por actividad judicial y bonificación judicial, para un salario

22 Folios 22 al 25 reverso.
23 Folios 38 al 43.
24 Folios 27 al 32.

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Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

promedio mensual de $ 7.172.802 [sin tener en cuenta emolumentos como prima
de navidad, prima de vacaciones y prima de servicios].25

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

Para resolver el problema jurídico planteado, es necesario tomar en consideración
que en el presente proceso no se discute la aplicación de los beneficios del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, el régimen pensional del Decreto 546 de 1971
ni asuntos relacionados con los factores salariales o la conformación del ingreso
base de liquidación; de ese modo, las pretensiones de la demandante están
dirigidas a que, a partir de la declaratoria de nulidad de las Resoluciones GNR 64897
del 6 de marzo de 2015, VPB 35953 del 21 de abril de 2015, GNR 5558 del 8 de enero
de 2016, VPB 13858 del 28 de marzo de 2016 y SUB 67641 del 13 de marzo de 2018,
se ordene el pago de su mesada pensional en la cuantía establecida en la
Resolución GNR 349049 del 5 de octubre de 2014, es decir, $ 7.612.500 para esa
fecha.

Así, del estudio íntegro del expediente de la referencia, se advierte que la posición
de la accionante se sostiene en que, a su juicio, la expedición de los actos
administrativos demandados implicó una reliquidación «unilateral» de la pensión
reconocida en la Resolución GNR 349049 del 5 de octubre de 2014, que contenía
condiciones pensionales más favorables, sin el cumplimiento de los requisitos
legales previstos en el artículo 97 del C.P.A.C.A., mientras que la demandada
sostiene que la disminución del valor de la mesada obedeció a la reliquidación del
derecho que le está permitida en virtud del artículo 150 de la Ley 100 de 1993.

25 Folio 36.

20

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Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia objeto de
apelación, acogió la postura relativa a que, a pesar de que Colpensiones incurrió en
un error en el trámite de expedición de los actos acusados, pues en efecto no contó
con la autorización expresa de la demandante para modificar el monto de la pensión,
los términos de la mesada contenidos en la Resolución GNR 64897 del 6 de marzo
de 2015 son los que en derecho corresponden, pues se adecúan tanto a las reglas
de unificación previstas por el Consejo de Estado como al monto real del salario
percibido por la demandante durante el último año de servicio.

Pues bien, los actos administrativos más significativos para la solución del presente
caso resultan ser las Resoluciones GNR 349049 del 5 de octubre de 2014 y GNR
64897 del 6 de marzo de 2015, por ser aquellos en los cuales se explican los
términos del reconocimiento y reliquidación de la mesada pensional de la señora
Myriam Bernate, respectivamente. De ese modo, llama la atención el hecho de que,
a pesar de existir una diferencia sustancial en el valor a pagar por concepto de
pensión, ambos documentos cuentan con el mismo sustento normativo y fáctico, es
decir, el número de semanas es muy similar,26 la aplicación de los beneficios del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 es consistente y el régimen pensional
es idéntico, esto es, el consignado en el Decreto 546 de 1971.

Por tal razón, es, cuando menos, curioso que bajo los mismos preceptos en una
resolución se haya concedido una pensión de $ 7.612.500 mientras que en la otra
haya sido de $ 5.576.649, esto es, una diferencia de alrededor de 2 millones. La

26 Si bien en la Resolución GNR 64897 del 6 de marzo de 2015 el número de semanas es mayor, ello

se debe a la actualización de la fecha de retiro del servicio de la demandante respecto de la
Resolución GNR 349049 del 5 de octubre de 2014 y, con ello, el ajuste del número de semanas
cotizadas.

21

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00020 01 (2360-2023)
Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

explicación manifestada por Colpensiones ante la anterior inconsistencia fue
incluida en la parte final de la Resolución GNR 64897 del 6 de marzo de 2015, según
la cual dicha diferencia se debió a que, inicialmente, se tomó como ingreso base de
liquidación lo percibido por la demandante en el mes de marzo de ese año sin
examinar cuáles factores salariales debían o no conformar el IBL.

La anterior afirmación cobraría sentido si se tiene en consideración lo dispuesto en
el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, que consagra lo siguiente:

Artículo 6º. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán
derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y
cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 hayan sido exclusivamente
a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión
ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más
elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades
citadas.

[negrillas de la sala]

De acuerdo con lo anterior, guarda sentido que la primera liquidación pensional
efectuada obedeciera, de manera estricta, a las condiciones descritas en el artículo
citado, es decir, que se hubiera tomado como IBL el salario más alto devengado por
la accionante durante el último año de servicio, esto es, entre el 6 de enero de 2014
y el 5 de enero de 2015, posición que, además, se acompasaría con la posición
expuesta por la Corte Constitucional en sentencias tales como las T-631 de 2022,
T-169 de 2003, T-158 de 2006, T-251 de 2007, T-180 de 2008, T-430 de 2011 y T-
860 de 2012 y por el Consejo de Estado en sentencias del 7 de febrero de 2013,27

27 Sentencia del 7 de febrero de 2013, radicado interno 1723-2012.

22

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00020 01 (2360-2023)
Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

21 de mayo de 2013,28 11 de julio de 2013, 29 12 de mayo de 2014,30 10 de julio de
2014,31 6 de mayo de 201532 y del 9 de febrero de 2017,33 entre otras.

Los antecedentes judiciales citados fueron consistentes en sostener que las
personas beneficiarias del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y, a su vez,
del Decreto 546 de 1971, tenían derecho a que les fuera respetado, de manera
íntegra, el régimen pensional especial del que son titulares; en virtud de lo señalado,
la mesada pensional debía ser liquidada, entre otros aspectos, en cuantía del 75 %
del salario más alto devengado durante el último año de servicio.

No obstante, al revisar el certificado de salarios visible en el folio 36 y citado en el
hecho probado número ix, se observa que la mesada más alta de la señora Myriam
Stella Bernate en realidad fue la del mes de diciembre de 2014, por una suma de
$ 15.384.137, mientras que la del mes de marzo fue de $ 3.565.086, lo que implica
que no es cierto que la primera liquidación de la mesada pensional discutida haya
obedecido ni a la mensualidad más alta ni a la del mes de marzo de 2014.

Lo anterior quiere decir que no existe certeza del origen del ingreso base de
liquidación utilizado por Colpensiones para calcular el monto de la pensión en la
Resolución GNR 349049 del 5 de octubre de 2014, esto es, no se conoce de dónde
obtuvo Colpensiones el valor del IBL utilizado, toda vez que dicha cifra no obedece
ni a la mesada más alta, ni a la del mes alegado, es más, la cifra no concuerda con
ninguno de los salarios percibidos por la interesada durante el año 2014.

28 Sentencia del 2 de mayo de 2013, radicado interno 1208-2012.
29 Sentencia del 11 de julio de 2013, radicado interno 0102-2012.
30 Sentencia del 12 de mayo de 2014, radicado interno 1770-2012.
31 Sentencia del 10 de julio de 2014, radicado interno 2763-2012.
32 Sentencia del 6 de mayo de 2015, radicado interno 4183-2013.
33 Sentencia del 9 de febrero de 2017, radicado interno 2489-2015.

23

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00020 01 (2360-2023)
Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

Ahora bien, la posición jurisprudencial citada anteriormente, y que podría respaldar
una liquidación con un IBL más alto del promedio salarial de la accionante, fue
reconsiderada tanto por la Corte Constitucional, en sentencias C- 258 de 2013 y
SU-230 de 2015 (que incluso ya había emitido una decisión similar y previa a través
de la sentencia C-168 de 1995), como por el Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020, en donde se consignó la
actual posición de las citadas altas cortes frente al particular.

Así, en cuanto al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 546 de 1971, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han adoptado una postura pacífica
alrededor de la idea de que dicho aspecto no se encuentra sometido al citado
régimen de transición y, en consecuencia, tal como se describió en la sentencia
SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020, ese elemento debe atender los parámetros
de los artículos 21 y 36 del régimen general de seguridad social.

En virtud de lo anterior, bajo las actuales reglas jurisprudenciales en materia
pensional del Decreto 546 de 1971, el IBL debe conformarse a partir del promedio
de lo devengado por el trabajador durante los 10 años anteriores a la adquisición
del derecho, o del tiempo que le hiciere falta para adquirirlo, según corresponda,
contados desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, lo que da como
resultado una mesada pensional más acorde con la realidad salarial del interesado,
es decir, ya no es posible acudir como ingreso base de liquidación a la mesada más
alta devengada durante el último año de servicio como se consideraba en el pasado.

24

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00020 01 (2360-2023)
Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

A partir de la anterior explicación, y de la revisión del certificado de salarios citado
en el hecho probado ix, se encontró que la señora Myriam Bernate devengó, durante
el último año de servicio, $113.492.085 por concepto de salarios, conformados por
factores como sueldo, sueldo de vacaciones, gastos de representación, prima de
navidad, prima de servicios, bonificación por servicios, bonificación por actividad
judicial y bonificación judicial y que si se extrajera de ese monto, los factores de
sueldo de vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad,
los cuales no tienen la idoneidad legal de conformar el IBL, el salario mensual
promedio fue de $ 7.172.802, cifra que resulta ser más cercana a la base liquidatoria
utilizada en la Resolución GNR 64897 del 6 de marzo de 2015.

De ese modo, es claro que la liquidación contenida en la Resolución GNR 349049
del 5 de octubre de 2014 obedeció a interpretaciones legales y jurisprudenciales en
materia pensional distintas a las actualmente acogidas en materia del régimen
especial de la rama judicial, pues utilizó un ingreso base de liquidación distinto al
promedio salarial de la accionante y, por el contrario, se basó en un IBL que es,
incluso, superior a la mayoría de las contraprestaciones salariales de la accionante.

Ahora bien, la Subsección no desconoce el hecho de que Colpensiones, con
ocasión del error en el que incurrió en el primer acto, varió el valor del ingreso base
de liquidación de la demandante y, con ello, el monto final de la mesada sin haber
solicitado la autorización de que trata el artículo 97 del C.P.A.C.A. Sobre este
aspecto ha de decirse que, tal como lo sostiene la apelante, los actos
administrativos de carácter particular y concreto no pueden ser revocados o
modificados de forma unilateral por la autoridad que lo expidió sin la previa y
expresa autorización del titular del derecho, lo que quiere decir que, en este caso,
Colpensiones procedió de forma irregular.

25

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00020 01 (2360-2023)
Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

Aún así, la Sala estima que, en primer lugar, el contenido normativo de ambos actos
es idéntico, es decir, no se incurrió en una modificación del régimen pensional o de
los requisitos para el reconocimiento del derecho y, en segunda medida, la
utilización del IBL consignado en la Resolución GNR 349049 del 5 de octubre de
2014 es abiertamente contrario a la verdad probatoria y salarial de la demandante,
por lo que se considera contrario a los propósitos de la justicia admitir la vigencia de
un acto en el que se reconoció un derecho a partir de una irregularidad matemática,
como sería la utilización de una cifra de IBL que no tiene sustento probatorio, o
jurídica, como la interpretación y aplicación inadecuada del Decreto 546 de 1971, lo
que puede llevar a la generación de un impacto significativo y negativo en el área
fiscal del sistema pensional.

De ese modo, los actos administrativos no contienen un sustento normativo erróneo,
pues ambos acudieron a la Ley 100 de 1993 y al Decreto 546 de 1971; por el
contrario, es la Resolución GNR 349049 del 5 de octubre de 2014, cuya aplicación
solicita la demandante, la que contiene la aplicación de un IBL del que no se
encuentra sustento alguno y que podría ser considerado como una imprecisión que,
si bien le es favorable, no sería correcto avalarla por vía judicial, pues ello podría,
incluso, abarcar las líneas del aprovechamiento de un error de la administración, lo
que resulta ser contrario a los preceptos constitucionales de buena fe y justicia
material.

De acuerdo con lo expuesto, es cierto que Colpensiones pudo incurrir en un
desconocimiento del debido proceso al no solicitar la autorización de la demandante
para corregir la grave imprecisión que cometió; no obstante, la Sala considera que
el citado derecho puede ceder en la balanza jurídica frente a otros principios en

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Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

juego tales como la justicia material, la prevalencia del derecho sustancial y la
primacía del derecho sustancial sobre las formas. Lo anterior es así porque al
revisar cuidadosamente los argumentos expuestos por la parte demandante se
observa que se centran únicamente en el no agotamiento del tan citado requisito de
autorización, pero nunca se hace alusión a que la disminución del valor de la
mesada responda a una incorrecta liquidación de la mesada, o una indebida
conformación del ingreso base de liquidación.

Dicho de otro modo, la parte accionante ha sustentado su defensa en un asunto
que, dadas las condiciones jurídicas del caso, podría considerarse como
meramente administrativo o procesal, pero no se ha referido de ningún modo a
aspectos sustanciales de su derecho pensional, tales como los factores salariales,
la interpretación o aplicación de la norma o las reglas de unificación alrededor de
esta clase de pensiones. Por tal razón, el estudio completo del proceso permite
concluir que, en esta oportunidad, es justo y vale la pena que los criterios procesales
y administrativos cedan ante el valor jurídico del derecho sustancial, pues debe
tomarse en consideración que la liquidación contenida en la Resolución GNR 64897
del 6 de marzo de 2015 se ajusta de mejor manera a la actual posición del Consejo
de Estado.

Así las cosas, a pesar de que en efecto Colpensiones procedió incorrectamente, lo
cierto es que, en aras de garantizar un derecho pensional acorde con las
circunstancias laborales de la demandante, con la ley y con la jurisprudencia, se
confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.

2.5 De la condena en costas

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Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que, para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,34 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se

34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.

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Radicado: 25000 23 42 000 2019 00020 01 (2360-2023)
Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al que ahora es objeto de estudio, y en el acervo
probatorio, la Sala considera que la sentencia de primera instancia, objeto de
apelación, debe ser confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Adicionar la sentencia de primera instancia del 14 de julio de 2022,
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, en el sentido de exhortar a la Administradora Colombiana de
Pensiones para que, en adelante, en casos como el presente, cumpla con el trámite
administrativo dispuesto en la Ley 1437 del 2011 para la revocatoria de los actos
administrativos de carácter particular y concreto.

Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia de primera instancia del 14 de
julio de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del

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Radicado: 25000 23 42 000 2019 00020 01 (2360-2023)
Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín

derecho iniciado por la señora Myriam Stella Bernate de Martín en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, que negó las
pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
considerativa de esta decisión.

Tercero: sin condena en costas de segunda instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las respectivas
anotaciones en el portal Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
MLBC

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

30

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