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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00026-02

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00026-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, el 20 de febrero de 2024, que negó las pretensiones de la demanda presentada por Gloria Estela Forero Fresneda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia. TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. 34 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-00026-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de febrero de 2025

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00026-02 (2429-2024)
Demandante: Gloria Estela Forero Fresneda
Demandado: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00026-02 (2429-2024)1
Demandante: Gloria Estela Forero Fresneda
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: pensión gracia. Subtema: el docente nacional no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, el 20
de febrero de 2024, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La actora fue nombrada por el Ministerio de Educación Nacional como docente, a su
vez la Secretaría de Educación del Vaupés certificó que prestó sus servicios en la
calidad de maestra nacional. En el proceso solicita la nulidad de las resoluciones que
le negaron el reconocimiento de la pensión gracia, puesto que, a su juicio, la condición
de docente nacionalizado o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 no es un
requisito exigido por la normativa que regula dicha pensión.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. La señora Gloria Estela Forero Fresneda, mediante apoderado judicial,
presentó demanda2, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, con las
siguientes pretensiones:

1 Expediente híbrido:Conformado simultáneamente por documentos físicos y electrónicos, que a pesar de estar
separados, forman una sola unidad documental por razones del proceso, trámite o actuación. Acuerdo PCSJA20-
11567 de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura.
2 26 de noviembre de 2018.

1

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00026-02 (2429-2024)
Demandante: Gloria Estela Forero Fresneda
Demandado: UGPP

(i) Se declare la nulidad de la Resolución RDP 021533 del 24 de mayo de 2017,
que le negó el reconocimiento de la pensión gracia, así como de la Resolución RDP
026750 del 29 de junio de 2017 que la confirmó.

(ii) A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene que la UGPP le
reconozca y pague una pensión gracia, desde el 10 de abril de 2016.

(iii) Igualmente, pidió que las sumas adeudadas sean actualizadas con el índice de
precios al consumidor; que la entidad cumpla el fallo en los términos del artículo 192
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA) y que se ordene el pago de intereses moratorios3.

2.1.2. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

3. La señora Gloria Estela Forero Fresneda nació el 4 de agosto de 1959 e ingresó
al servicio como docente nacional, nombrada mediante la Resolución 004 del 11 de
febrero de 1980, en la Escuela Normal Superior María Reina (municipio de Mitú,
departamento del Vaupés), y laboró hasta el 6 de marzo de 1996. Luego, a juicio de la
demandante fue docente territorial en la ciudad de Bogotá, por más de 20 años,
nombrada en la Resolución 144 del 22 de febrero de 1996.

4. La actora solicitó el reconocimiento de la pensión gracia que fue negada por la
UGPP en las resoluciones RDP 021533 del 24 de mayo de 2017 y RDP 026750 del 29
de junio de 2017.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 11, 13, 23, 46 y 53.
La Ley 114 de 1913.
La Ley 116 de 1928.
La Ley 37 de 1933.
La Ley 64 de 1947.
De La Ley 91 de 1989, el artículo 15.

6. Al explicar el concepto de violación, la parte actora expuso los siguientes
argumentos:

7. Aunque la maestra comenzó su carrera en el magisterio bajo una vinculación
de carácter nacional, dicho periodo, comprendido entre el 6 de marzo de 1980 y el 30
de diciembre de 1989, no resulta necesario para completar los 20 años de servicio
requeridos para el reconocimiento de la pensión gracia. Esto se debe a que la
demandante acreditó 20 años de servicio como docente territorial en Bogotá desde el
10 de abril de 1996. Según el criterio de la actora, la Ley 114 de 1913 no exige un tipo
específico de vinculación, sino únicamente que el nombramiento haya ocurrido antes
del 31 de diciembre de 1980 y que se acrediten 20 años de servicio como docente

3 Folios 37 a 45 del expediente físico.

2

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Demandante: Gloria Estela Forero Fresneda
Demandado: UGPP

territorial. Además, la Ley 116 de 1928 permite considerar para el reconocimiento de
la pensión gracia los tiempos de servicio desempeñados en la enseñanza primaria y
como normalista.

8. Por tanto, la demandante afirmó que la entidad demandada debe reconocer la
pensión gracia desde el 10 de abril de 2016, en cuantía del 75% del salario devengado
en el año anterior a la adquisición del estatus pensional.

2.2. Contestación de la demanda

9. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda,
al indicar que la accionante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia
porque fue docente nacional del 6 de marzo de 1980 al 6 de marzo de 1996, en la
Escuela Normal Superior Indígena María Reina de Mitú, Vaupés; en consecuencia, no
cumple con el requisito de 20 años de servicios en planteles municipales o
departamentales4.

2.3. Sentencia de primera instancia

10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas a la parte actora.

11. El fallador afirmó que la demandante laboró al servicio de la Secretaría de
Educación del Vaupés como docente nacional, entre el 6 de marzo de 1980 y el 5 de
marzo de 1996, en virtud del nombramiento realizado por el Ministerio de Educación
Nacional, mediante la Resolución 004 del 11 de febrero de 1980. Igualmente, afirmó
que la docente estaba vinculada en la Normal Superior Indígena María Reina,
institución educativa de carácter nacional, conforme el artículo 1°. del Decreto 1142 de
1978, expedido por el Ministerio de Educación Nacional.

12. En este orden de ideas, concluyó que la actora no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia porque no probó que hubiese sido vinculada como
docente territorial antes del 31 de diciembre de 1980.

13. No condenó en costas a la parte accionante, comoquiera que no actuó de forma
temeraria ni incurrió en maniobras dilatorias5.

2.4. Recurso de apelación

2.4.1. Parte demandante

14. La señora Gloria Estela Forero Fresneda, mediante apoderado, interpuso recurso
de apelación para que se revoque la sentencia de primera instancia, al afirmar que la
decisión de la entidad de negarle el reconocimiento de la pensión gracia desconoce
sus derechos fundamentales.

15. La actora explicó que, si bien fue docente nacional, nombrada mediante la
Resolución 004 del 11 de febrero de 1980, lo cierto es que las normas que regulan la
4 Folios 63 a 71 del expediente físico.
5 Folios 164 a 172 del expediente físico.

3

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pensión gracia «en ninguna parte establecen la condición de que la vinculación del
docente debe ser del orden territorial». Por tanto, a su juicio, cumple con todos los
requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, a saber, 20 años de servicios
como docente territorial que corrieron desde el 10 de abril de 1996, y la vinculación a
la docencia desde antes del 31 de diciembre de 19806.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

16. Mediante auto del 26 de agosto de 20247, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación conforme el numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, y al no
existir solicitud de pruebas se prescindió del periodo para correr traslado a las partes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

17. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA8.

3.2. Problema jurídico

18. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, si:

19. ¿La demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, puesto que
solo requería acreditar la vinculación como maestra antes del 31 de diciembre de 1980,
aunque el nombramiento fue en una plaza nacional?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La pensión gracia

20. La pensión de jubilación gracia fue establecida por el artículo 1º de la Ley 114 de
19139, para beneficiar a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran
servido en el magisterio por al menos 20 años, siempre que cumplieran los siguientes
requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y consagración; y (ii) no recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional.

21. La Ley 116 de 192810 amplió este beneficio a los empleados docentes y profesores

6
Folios 182 a 184 del expediente físico.
7 Índice 5 Samai.
8 De conformidad con el artículo 74J de la Ley 2430 de 2024, que modifica la Ley 270 de 1996, «las altas cortes,

los tribunales y los jueces podrán agrupar temáticamente los procesos para fallo, aunque los expedientes no se
encuentren acumulados de acuerdo con las normas procesales. Las consideraciones del primer fallo podrán ser
reiteradas en los demás, los cuales podrán ser expedidos de manera simultánea, sin sujeción al orden cronológico
de turnos».
9 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
10 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».

4

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de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción Pública. Según el
artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios prestados en
diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, para
completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la inspección
de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.

22. Posteriormente, la Ley 37 de 193311 extendió el beneficio de la pensión gracia de
jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

23. Por su parte, la Ley 91 de 198912 en el artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado
o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión
seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento
de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.

24. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:

• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a partir de esa fecha
a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de nacionalización de la educación que
se adelantó por disposición de la Ley 43 de 1975.

• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial
a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo
1013 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a ocupar haya sido creada
exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su propio presupuesto.

25. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199714, en los
siguientes términos:

11 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
12 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
13 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con

cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional.”.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997, M.P.

Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
5

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La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales
sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de
haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia […].siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en
el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.

26. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201815, señaló
que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para
no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:

Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula,
entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles
departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años
y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta
años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.

27. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.

3.4. Hechos probados

28. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

• Edad

29. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años de edad. En el caso concreto, la señora Gloria Estela Forero Fresneda nació el
4 de agosto de 1959, como consta en el registro civil de nacimiento16, en consecuencia,
acreditó la edad de 50 años, el 4 de agosto de 2009.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
16 Folio 20, expediente físico.

6

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• Vinculación docente

30. Según el «Formato Único Para la Expedición de Certificado de Historia Laboral»,
expedido el 15 de diciembre de 2016, la Secretaría de Educación del Vaupés certificó
que la señora Gloria Estela Forero Fresneda fue docente nacional en la Escuela
Normal Superior María Reina, nombrada mediante la Resolución 4 del 11 de febrero
de 1980, se posesionó el 6 de marzo de 1980 y la renuncia fue aceptada, a través de
la Resolución 1068 del 6 de marzo de 199617.

31. Obra en el proceso la copia del acta de posesión del 6 de marzo de 1980 ante la
Alcaldía de Mitú, Vaupés, de la accionante en el empleo de profesora, nombrada con
Resolución 4 del 11 de febrero de 198018.

32. Acorde con la copia de la Resolución 6851 del 5 de junio de 1981, proferida por el
Ministerio de Educación Nacional, «por el cual se ratifica el nombramiento en la
Prefectura Apostólica de Mitú, Vaupés, de acuerdo con los procedimientos y normas
legales vigentes en la educación contratada», se ratificó el nombramiento de la
docente a partir del 11 de febrero de 198019.

33. La docente renunció el 6 de febrero de 1996 al cargo de profesora de la Normal
Indígena Nacional de Mitú, aceptada mediante la Resolución 1068 del 22 de marzo de
1996, proferida por el Ministerio de Educación Nacional, «por la cual se causan
novedades de personal en la Coordinación de Educación Contratada de Mitú
(Vaupés)20.

34. El 22 de febrero de 1996, la Secretaría de Educación de Bogotá, a través de la
Resolución 144, nombró como docente de tiempo completo a la señora Gloria Estela
Forero Fresneda, en el área de orientación21, se posesionó en el cargo el 9 de abril del
mismo año22 y estaba activa para el 20 de noviembre de 201823.

• Actos demandados

35. Mediante la Resolución RDP 021533 del 24 de mayo de 2017, la UGPP le negó a
la señora Gloria Estela Forero Fresneda el reconocimiento de la pensión gracia con
fundamento en que fue docente nacional24. Esta decisión fue confirmada en la
Resolución RDP 026750 del 29 de junio de 2017 al considerar que los docentes
nacionales no tienen derecho al reconocimiento de la pensión gracia 25.

3.5. Caso concreto

36.En el asunto bajo análisis, la actora solicita la nulidad de los actos administrativos
que le negaron el reconocimiento de la pensión gracia por tratarse de una docente
nacional, puesto que, en su criterio, desconocieron que la Ley 114 de 1913 no exige

17 Folios 15 a 16, expediente físico.
18 Folio 4, expediente físico.
19 Folio 6, expediente físico.
20 Folios 7 a 8, expediente físico.
21 Folios 9 a 12, expediente físico.
22 Folio 13, expediente físico.
23 Folio 19, expediente físico.
24 Folios 27 a 29, expediente físico.
25 Folios 33 a 25, expediente físico.

7

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Demandado: UGPP

un tipo específico de vinculación, sino únicamente que el nombramiento haya ocurrido
antes del 31 de diciembre de 1980 y que se acrediten 20 años de servicio como
docente territorial.

37. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda al considerar que la demandante
laboró como docente nacional al servicio de la Secretaría de Educación del Vaupés
entre 1980 y 1996, bajo un nombramiento del Ministerio de Educación. Al estar
vinculada a una institución de carácter nacional, no cumplió con el requisito de haber
sido vinculada como docente territorial antes del 31 de diciembre de 1980, razón por
la cual no tiene derecho a la pensión gracia.

38. Inconforme con esta decisión, la accionante interpuso recurso de apelación
insistiendo en que cumple los 20 años de servicios como docente territorial, desde el
10 de abril de 1996, en virtud del nombramiento de la Secretaría de Educación de
Bogotá. La actora argumentó que, aunque fue nombrada docente nacional en 1980,
las normas de la pensión gracia no exigen que la vinculación sea de carácter territorial.

39. En primer lugar, con el objeto de resolver el recurso de apelación, es importante
destacar que el docente es un empleado público vinculado a la administración pública,
a través de una relación legal y reglamentaria, de modo que la autoridad nominadora
expide un acto administrativo de nombramiento y aquel debe tomar posesión del cargo,
tal como lo dispone el artículo 3 del Decreto Ley 2277 de 197926, al indicar que
«los educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales de orden nacional,
departamental, distrital, intendencial, comisarial y municipal son empleados oficiales
de régimen especial que, una vez posesionados, quedan vinculados a la
administración por las normas previstas en este decreto».

40. En segundo lugar, en cuanto a la prueba del tiempo de servicio y la vinculación
para tener derecho al reconocimiento de la pensión gracia, la jurisprudencia de la
Sección ha precisado que se deben analizar los tiempos de servicios, el cargo
desempeñado, la dedicación, clase de plantel y si la vinculación fue nacionalizada,
departamental, distrital y municipal, precisándose que «los certificados que se expidan
para acreditar estos requisitos deben ser precisos en los datos fundamentales que
exigen las leyes especiales que regulan esta clase de pensión»27.

41. En el mismo sentido, la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 determinó
que la calidad de docente oficial se prueba con la copia de los actos de nombramiento,
o en su defecto, con la certificación de la autoridad nominadora que informe de manera
inequívoca sobre el tipo de vinculación.

42.En este orden de ideas, se tiene que en el proceso se acreditó que: (i) la señora
Gloria Estela Forero Fresneda fue vinculada por el Ministerio de Educación Nacional
como docente, desde el 6 de marzo de 1980, por disposición de la Resolución 4 del
11 de febrero de 1980, para laborar en Mitú (Vaupés)28; (ii) renunció el 6 de febrero de
1996, cuando trabajaba en la Normal Indígena Nacional de Mitú, como consta en la

26 Por el cual se adoptan normas del estatuto docente.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de abril de 2017, proceso con radicado

52001 23 31 000 2014 00270 01 (0585-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, que cita la sentencia del 19 de
enero de 2006, expediente 6024-05, Consejero Ponente Tarsicio Cáceres Toro.
28 Folios 15 a 16, expediente físico.

8

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00026-02 (2429-2024)
Demandante: Gloria Estela Forero Fresneda
Demandado: UGPP

Resolución 1068 del 22 de marzo de 199629; y (iii) el 22 de febrero de 1996, la
Secretaría de Educación de Bogotá, a través de la Resolución 144, la nombró como
docente de tiempo, empleo en el que estaba activa para el 201830.

43. Por tanto, la actora fue docente nacional desde 6 de marzo de 1980 y renunció en
la misma calidad, el 6 de febrero de 1996; lo cual se concluye a partir de la valoración
en conjunto del acta de posesión del 6 de marzo de 1980, así como de la Resolución
6851 del 5 de junio de 1981, proferida por el Ministerio de Educación Nacional, «por el
cual se ratifica el nombramiento en la Prefectura Apostólica de Mitú, Vaupés, de
acuerdo con los procedimientos y normas legales vigentes en la educación
contratada», y del «Formato Único Para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral», expedido el 15 de diciembre de 2016.

44. En este orden de ideas, en respuesta al problema jurídico se establece que la
demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que los
tiempos de servicios como docente nacional no se pueden computar, como quiera que
la referida pensión exige que se cumplan 20 años de servicios como maestro
nacionalizado, territorial o municipal. En este sentido, se pronunció la Sala Plena de lo
Contencioso -Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de
agosto de 199731, al considerar que «dentro del grupo de beneficiarios de la pensión
gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
nacionalizados».

45.En el mismo sentido, la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de
201832, determinó que para el reconocimiento de la pensión gracia se requiere haber
prestado los servicios por 20 años en planteles departamentales, distritales o
municipales.

46. Por consiguiente, los reparos presentados por la apelante no son de recibo
porque la jurisprudencia de unificación33 de esta corporación ha considerado que para
tener derecho al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la vinculación
docente en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 en
planteles departamentales, distritales o municipales, sumar 20 años de servicios,
cumplir 50 años de edad y desempeñarse con honradez, consagración y buena
conducta. Empero en el presente caso, la docente no acreditó 20 años de servicios en
centros educativos departamentales, distritales o municipales, puesto que fue maestra
nacional, tal como se explicó en precedencia, siendo innecesario estudiar los demás
requisitos para el otorgamiento de la pensión.

47. En consecuencia, se confirmará el fallo del Tribunal que negó las pretensiones
de la demanda.

29
Folios 7 a 8, expediente físico.
30 Folios 13 y 19, expediente físico.
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997,

Consejero ponente, Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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Demandante: Gloria Estela Forero Fresneda
Demandado: UGPP

3.6. Conclusión

48. A partir del estudio de la normativa que regula la pensión gracia, de los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y acorde con la valoración en
conjunto de los hechos probados en el proceso, según los principios de la sana crítica,
se concluye que la señora Gloria Estela Forero Fresneda no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, dado que su vinculación con la docencia oficial
antes del 31 de diciembre de 1980 fue en la calidad de nacional.

4. Costas

49. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 34 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, el 20 de febrero de 2024, que negó
las pretensiones de la demanda presentada por Gloria Estela Forero Fresneda contra
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP).

SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.

TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

34 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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Demandante: Gloria Estela Forero Fresneda
Demandado: UGPP

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

NJCC/HDGM

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