RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2019-00027-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00027-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00027-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el nueve (9) de octubre de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-00027-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00027-01 (5860-2024)
Demandante: Gloria Elcy Peña Ortiz
Demandada: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Tema: Régimen salarial y prestacional de los empleados civiles no
uniformados del Ministerio de Defensa, Policía Nacional.
Reliquidación de la pensión de jubilación con inclusión de las
partidas previstas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.
Aplicación de la sentencia de unificación del 12 de diciembre de
2019. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el nueve (9) de octubre de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Gloria Elcy Peña Ortiz instauró demanda contra la Nación - Ministerio
de Defensa Nacional - Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho regulado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del Oficio Nro. S-2018-043745/ARPRE–GRUPE– 1.10
del 1º de agosto de 2018, por medio del cual se negó la reliquidación y/o reajuste
de la pensión de jubilación.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el reajuste de la
mesada pensional de conformidad con los factores establecidos en el artículo 102
y el parágrafo 2º del Decreto 1214 de 1990, en las cuantías de las disposiciones
pertinentes previstas en el título III del mismo decreto, esto es: prima de actividad
(49.5%), prima de servicio (15%), subsidio familiar (43%), prima de alimentación,
auxilio de transporte y duodécima (1/12) parte de la prima de navidad.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00027-01 (5860-2024)

4. Que se ordene deducir, del saldo que arroje la reliquidación, el valor que se haya
realizado por concepto de primas, subsidios y bonificaciones, conforme al régimen
que indebidamente se le viene aplicando y que se disponga el incremento
correspondiente al IPC.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

5. Que se vinculó a la Policía Nacional el 1º de junio de 1991, en el cargo de
profesora, en la categoría de adjunto especial ─DE─ y que en octubre de 1995 fue
incorporada al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional
para desarrollar programas en salud, educación y recreación.

6. Que luego de la liquidación de la referida dependencia, a través de la Resolución
Nro. 00513 del 12 de febrero de 1998 fue incorporada a la planta de personal de la
Policía Nacional.

7. Que, por reunir los requisitos legales para obtener su pensión se retiró de la
institución el 18 de mayo de 2011, al acumular un tiempo de servicios de 20 años,
3 meses y 2 días. Que su pensión fue reconocida en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 2701 de 1988, en concordancia con el Decreto 1214 de 1990.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

8. Se indicaron como normas violadas los artículos 1, 2, 25, 29, 48, 58, 209, 123 y
126 de la Constitución Política; el artículo 2 de la Ley 4ª de 1992; el artículo 1 de la
Ley 62 de 1993; el artículo 55 de la Ley 352 de 1997; los artículos 1, 2, 10, 11 y 13
de la Ley 489 de 1998; el Decreto Ley 1214 de 1990, en concordancia con el
parágrafo del artículo 21 del Decreto Ley 352 de 1994; los artículos 1 y 2 del Decreto
Ley 133 de 1998; y el artículo 19 del Decreto Ley 092 de 2007.

9. En el concepto de violación manifestó que tiene derecho a que su pensión se le
reliquide de acuerdo con las previsiones del artículo 102 y el parágrafo 2 del Decreto
Ley 1214 de 1990, en concordancia con las disposiciones del Título III del mismo
decreto, por haber ingresado a la Policía Nacional el 1º de noviembre de 1991;
además, porque su paso por el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional no afectó sus derechos, por mandato legal.

10. Que se incurrió en falsa motivación, por la forma irregular como fue resuelta su
petición porque, en su entender, el régimen prestacional aplicable es el dispuesto
en el Decreto Ley 1214 de 1990 y no el Decreto 2701 de 1988.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

11. La demanda se admitió en auto del 28 de agosto de 20191. La parte demandada
se opuso a las pretensiones por considerar que el acto fue expedido con
fundamento en la ley, porque el régimen prestacional de los empleados públicos y

1 Véase a folio 59.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00027-01 (5860-2024)

trabajadores oficiales del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional es el contenido en la Ley 100 de 1993 y, en lo relativo a las demás
prestaciones sociales, se les aplica el Decreto 2701 de 1988. Que, en ese sentido,
la reliquidación solicitada quebrantaría los principios de inescindibilidad y de
progresividad.

12. Propuso como excepciones las de: presunción de legalidad de los actos
acusados, inexistencia de la obligación, enriquecimiento sin causa y genérica2.

13. El 30 de septiembre de 2022, en aplicación de lo regulado en el artículo 182A
de la Ley 2080 de 2021, se fijó el litigio, se decretaron las pruebas y se dio traslado
a las partes para que alegaran de conclusión 3. El 9 de octubre de 2023 se dictó
sentencia que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del nueve (9) de
octubre de dos mil veintitrés (2023), negó las pretensiones, por considerar que aun
cuando la demandante, en materia prestacional, es beneficiaria de las disposiciones
contenidas en el Decreto 1214 de 1990 y, por ende, el ingreso base de liquidación
pensional debe tomarse conforme al artículo 102 de dicha disposición, no demostró
haber devengado en actividad los factores de subsidio familiar, prima de
alimentación y auxilio de transporte.

15. Que la liquidación de las partidas computables conforme al Decreto 2701 de
1988 le resultan más beneficiosas que las contempladas en el artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990. Que, por lo tanto, no era procedente incluir los factores
pretendidos en la liquidación de la mesada pensional que le fue reconocida4.

RECURSO DE APELACIÓN

16. La parte demandante manifestó que en la demanda se pidió la reliquidación de
la pensión con fundamento en el régimen prestacional establecido en el Decreto Ley
1214 de 1990, es decir, teniendo en cuenta los factores prestacionales enlistados
en el artículo 102 y cuantificados debidamente, dado su condición de pensionada.

17. Que es verdad que las pensiones se reconocen teniendo en cuenta los últimos
salarios devengados, pero que debió valorarse si esos factores correspondían al
régimen prestacional vigente. Que su régimen aplicable es el establecido en el
Decreto 1214 de 1990 y no en el Decreto 2107 de 1988, que no es aplicable para
efectos pensionales.

18. Expresó que mientras prestó sus servicios en la Policía Nacional, Dirección de
Bienestar Social, recibió todas las primas y subsidios acorde con lo dispuesto en el
Decreto 1214 de 1990, no así cuando estuvo vinculada en el Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, y menos cuando regresó a la
planta de bienestar social de la Policía.

2 Véase a folios 70-76.
3 Véase a folios 79-81.
4 Véase a folios 101-113.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00027-01 (5860-2024)

19. Que si bien se hizo referencia a la sentencia de unificación del 12 de diciembre
de 2019, lo cierto era que se apartó de dichos lineamientos con el fin de negar las
pretensiones, desconociendo el carácter vinculante y obligatorio del precedente.

20. Concluyó que la decisión de primera instancia negó sus derechos al debido
proceso, a la igualdad, a la seguridad social, a la protección de la familia, a la
dignidad humana y al acceso a la administración de justicia5.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

21. El 21 de noviembre de 2024 se admitió el recurso de apelación y se dispuso
que, una vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia
sin necesidad de traslados6.

22. Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no emitió concepto.

23. Por auto del 2 de octubre de 2025 se ordenó, de oficio, un requerimiento a la
demandada para que remitiera certificación de los emolumentos salariales y
prestacionales efectivamente devengados durante el último año de servicios por la
demandante7.

24. Dicho requerimiento fue atendido el 3 de diciembre de 20258. Para la parte
demandante, las certificaciones correspondientes al último año no dan cuenta de
que se hayan reconocido las primas y subsidios salariales a los que considera tenía
derecho, previstas en el Título III del Decreto 1214 de 1990, cuando estuvo en
actividad9.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

25. De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, la Sala deberá resolver
si la demandante tiene derecho a que se reliquide su pensión de jubilación con la
inclusión de los beneficios y partidas computables del artículo 102 del Decreto 1214
de 1990.

Marco normativo y jurisprudencial

26. El Consejo de Estado, en sentencia SUJ-019-CE-S2-19 del 12 de diciembre de
2019, unificó el criterio respecto al régimen salarial del personal civil adscrito a los
organismos y dependencias del sector defensa con base en la Ley 1033 de 2006, y
los efectos del Decreto Ley 92 de 2007 que modificó el sistema de nomenclatura y
clasificación de los empleos de ese sector.

5 Véase a índice 35 de SAMAI del Tribunal.
6 Véase a índice 5 de SAMAI.
7 Véase a índice 10 de SAMAI.
8 Véase a índice 17 de SAMAI.
9 Véase a índice 19 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00027-01 (5860-2024)

27. En esa providencia se abordó el estudio sobre la situación jurídica laboral,
salarial y prestacional del personal civil vinculado al Ministerio de Defensa en
vigencia de la Ley 100 de 1993, así como en virtud de la organización del sistema
de salud de las fuerzas militares y de la Policía Nacional conforme al Decreto Ley
1301 de 1994, al igual que ante la supresión del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y
la posterior creación de la Dirección de Sanidad de acuerdo con la Ley 352 de 1997;
y concluyó:

28. Que el presidente de la República organizó el sistema de salud de las fuerzas
militares, de la Policía Nacional y del personal regido por el Decreto Ley 1214 de
1990, en virtud de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el
artículo 248.6 de la Ley 100 de 1993.

29. Que el primer cuerpo normativo que se expidió en ejercicio de esa facultad
extraordinaria fue el Decreto Ley 1301 de 1994, que creó el Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares como un establecimiento público y entidad descentralizada.

30. Determinó que el régimen salarial aplicable a los empleados públicos vinculados
al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares era el regulado por el Gobierno nacional
para los servidores vinculados a establecimientos públicos del orden nacional,
quienes, por hacer parte de un órgano descentralizado, no se regían, en materia
salarial, por las normas establecidas para el personal civil del Ministerio de Defensa
Nacional.

31. Que los empleados públicos que al entrar en vigor el Decreto Ley 1301 de 1994
se encontraran prestando sus servicios en el nivel central de la estructura
organizacional, esto es, en el Ministerio de Defensa, y que ingresaron al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares, quedaron cobijados por el régimen salarial
contemplado para dicho establecimiento público.

32. Indicó que, en materia pensional, los empleados públicos del Instituto de Salud
de las Fuerzas Militares y del Instituto de Salud de la Policía Nacional fueron
sometidos a la Ley 100 de 1993 y, en lo relativo a las demás prestaciones sociales,
se les aplicaría el Decreto Ley 2701 de 1988 y las normas que lo modificaran o
adicionaran. Por otra parte, quienes se hubieran vinculado al Ministerio de Defensa
Nacional o a la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993,
continuarían bajo las disposiciones del Decreto 1214 de 1990.

33. Precisó que la Ley 352 de 1997, que derogó el Decreto Ley 1301 de 1994, creó
la Dirección General de Sanidad Militar como una dependencia del Comando
General de las Fuerzas Militares, y suprimió y liquidó el Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares, creado mediante el Decreto 1301 de 1994.

34. Que el Decreto reglamentario 3062 de 1997 incluyó las siguientes garantías
para los servidores que laboraban en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares
y que fueron incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de
Defensa: en materia prestacional dispuso que los vinculados «antes de la vigencia
de la Ley 100 de 1993 se les continuará aplicando en su integridad el título VI del
Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen sobre el Régimen

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00027-01 (5860-2024)

Prestacional y al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100
de 1993, se le aplicará esta disposición».

35. En materia salarial señaló que a los empleados públicos y trabajadores oficiales
del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que se incorporaran a las plantas de
personal de salud que se creen en el Ministerio de Defensa Nacional, se les aplicaría
el régimen salarial que rige a los empleos de la rama ejecutiva del poder público del
orden nacional.

36. Que a partir de la Ley 1033 de 2006, los Decretos Ley 91 y 92 de 2007 y el
Decreto 4783 de 2008, se unificó el régimen de administración del personal civil del
sector, se ajustó y modificó la planta de personal de empleados públicos del
Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, mediante la
realización de las equivalencias de lo empleos preexistentes frente la nueva planta
que fue ajustada con la tabla de organización «TO», fijada en la Resolución 1453
de 2008.

37. Se consideró que el Decreto 4783 de 2008 ordenó la incorporación de los
funcionarios de la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional-Dirección
General de Sanidad Militar a los cargos equivalentes de la planta ajustada, frente a
quienes se dispuso que continuarían «percibiendo la remuneración correspondiente
a los empleos que desempeñan actualmente mientras ocupen el cargo en el que
serán incorporados».

38. Sobre esa línea, esta Corporación, a través de sentencia del 8 de julio de 2021,
Rad. 25000-23-42-000-2017-05096-01 (5178-2019), estableció una serie de reglas
jurisprudenciales aplicables en casos como el que aquí se analiza, que se sintetizan
de la siguiente manera:

SUPUESTO NORMATIVO REGLAS DE UNIFICACIÓN

(i). En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e
incorporados al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se
regían por las normas reguladas por el Gobierno Nacional para
los servidores de los establecimientos públicos del orden
nacional. Por lo tanto, comoquiera que estaban vinculados a un
órgano del nivel descentralizado no se regían por las normas
reguladas para el personal civil del Ministerio de Defensa
Nacional.

(ii). En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable
1. Vinculados entre la
era el previsto en la Ley 100 de 1993 para los empleados públicos
vigencia del Decreto 1301
que se vincularan al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y
de 1994 y de la Ley 352 de
del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
1997
Nacional. En lo relativo a las demás prestaciones se les aplicaba
el Decreto 2701 de 1988 y normas que lo modificaron o
adicionaron.

Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa
Nacional o a la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100
de 1993 y que se incorporaron al Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de
1990.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00027-01 (5860-2024)

(i). En materia salarial los empleados públicos del Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares que fueron incorporados a la planta
2. Vinculados a partir de la de personal de salud del Ministerio de Defensa quedaron
vigencia de la Ley 352 de sometidos al régimen salarial previsto para los empleados de la
1997, los empleados Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional (Artículo 3
públicos que antes Num.6 Decreto 3062 de 1997).
prestaban sus servicios en
el Instituto de Salud de las (ii). En materia prestacional los empleados públicos del Instituto
Fuerzas Militares y que de Salud de las Fuerzas Militares incorporados a la planta de
fueron incorporados a la personal de Salud del Ministerio de Defensa Nacional y que se
planta de salud del hubieran vinculado antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se
Ministerio de Defensa les aplicará en su integridad el Decreto 1214 de 1990 o las normas
Nacional, dejaron de que lo modifiquen o adicionen.
pertenecer al sector
descentralizado Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100
de 1993 se le aplicará dicha normativa. En lo no contemplado en
materia prestacional en la Ley 100 de 1993 se les aplicará el Título
VI del Decreto 1214 de 1990 (Parágrafo artículo 55 de la Ley 352
de 1997).

(i). A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de 2007
se reajustaron las plantas de personal, se determinaron las
equivalencias y se fijaron los sueldos con fundamento en la
nomenclatura y clasificación especial, por ello, los sueldos de los
empleados civiles no uniformados del sector Defensa se
empezaron a pagar con base en la nueva nomenclatura.

Los empleados civiles no uniformados del sector defensa
vinculados a la Planta de Personal del Ministerio de Defensa
Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, debieron
continuar percibiendo la remuneración correspondiente a los
empleos que desempeñaban a la entrada en vigencia del Decreto
3. A partir de la Ley 1033
4783 de 2008 mientras ocupen el cargo en el que fueron
de 2006 se unificó el
incorporados.
régimen de administración
de personal que se aplica
(ii). En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que
al personal civil vinculado
fue incorporado por disposición del Decreto 4783 de 2008, de
a los organismos y
acuerdo con la nomenclatura y clasificación especial para los
dependencias del Sector
empleados civiles no uniformados del sector defensa, empezó a
Defensa. Por ello, los
devengar la asignación básica fijada por el Gobierno Nacional
empleos públicos del
para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de
personal civil no
Defensa Nacional.
uniformado asignados a la
Dirección General de
Lo que quiere decir, que mientras se produjo la incorporación en
Sanidad Militar pertenecen
el cargo equivalente en la planta global del sector defensa, de
a la planta de personal del
acuerdo con el sistema de nomenclatura y clasificación de
Ministerio de Defensa
empleos, el servidor debió continuar percibiendo la remuneración
Nacional
correspondiente al empleo que antes desempeñaba, esto es,
según el régimen salarial fijado por el Gobierno para los empleos
de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional.
Efectuada la incorporación al cargo equivalente en la planta global
del Ministerio de Defensa Nacional, el empleado queda sometido
a la escala de asignación básica fijada por el Gobierno Nacional
para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa Nacional.

(iii). En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no introdujo
ninguna modificación, por lo tanto, se mantiene el régimen
prestacional fijado en la Ley 352 de 1997.

Resolución del caso concreto

39. Se observa que la demandante se vinculó como personal civil de la Policía
Nacional, en el cargo de profesora, el 1° de junio de 1991, en la categoría de

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00027-01 (5860-2024)

«adjunto especial», conforme con el acta de posesión Nro. 009310. En ese sentido,
se puede colegir que su nombramiento ocurrió antes de la entrada en vigor de la
Ley 100 de 1993.

40. Se incorporó al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional, pero, tras su supresión, fue incorporada a la planta de personal de la
Dirección de Bienestar Social mediante Resolución Nro. 00513 del 12 de febrero de
199811.

41. Mediante Resolución Nro. 01231 del 26 de agosto de 2011, el subdirector
general de la Policía Nacional reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación
a favor de la demandante, «[…] de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del
Decreto 2701 del 29 de diciembre de 1988 en concordancia con los Artículos 98,
115, 117, 118 y 119 del Decreto 1214 de 1990»12. Para el efecto, se tuvieron en
cuenta los siguientes haberes:

Sueldo para el grado $1.253.275,00
Bonificación por servicios prestados 1/12 $ 36.553,85
Prima de servicios 1/12 $ 53.742,86
Prima de vacaciones 1/12 $ 55.982,15
Prima de navidad 1/12 $ 116.629,48
Total $1.516.183,34 x 75%
Valor de la pensión $1.137.137,51

42. Según lo anterior, y a pesar de que la parte motiva del acto administrativo de
reconocimiento pensional dice remitirse al Decreto 1214 de 1990, la entidad le
concedió el derecho económico con inclusión de los factores establecidos el artículo
53 del Decreto 2701 de 198813.

43. En igual sentido, quedó probado, según el certificado de servicios del 9 de
diciembre de 2025, que la demandante percibió, durante su último año de servicio
los siguientes conceptos: sueldo básico, bonificación por seguro de vida, prima de
servicio anual, prima de navidad, bonificación especial de recreación, bonificación
por servicios prestados y prima de vacaciones14.

10 Véase a folio 5.
11 Véase a folios 13-16.
12 Véase a folios 17-18.
13 ARTÍCULO 53. FACTORES DE SALARIO PARA LIQUIDACION DE CESANTIA Y
PENSIONES. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a
que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrán
en cuenta los siguientes factores de salario.
a) La asignación básica mensual.
b) Los gastos de representación.
c) Los auxilios de alimentación y transporte.
d) La prima de navidad.
e) La bonificación por servicios prestados.
f) La prima de servicios.
g) Los viáticos que reciban los empleados y trabajadores en comisión, cuando se hayan percibido
por un término no inferior a ciento ochenta (180) días en el último año de servicio.
h) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores al
Decreto-ley 710 de 1978.
i) La prima de vacaciones.
j) Las primas y bonificaciones que hubieren sido debidamente otorgadas con anterioridad a la
declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto-ley 3130 de 1988
14 Véase a índice 21 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00027-01 (5860-2024)

44. Por consiguiente, en observancia del precedente jurisprudencial trazado por
esta Corporación en la sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019, la
demandante sí tenía derecho a que se le aplicara lo dispuesto en el Decreto 1214
de 1990, por medio del cual se estableció el régimen prestacional del personal civil
del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y que, en punto de las partidas a
incluirse en la liquidación pensional, señaló que serían las siguientes:

«ARTICULO 102. Partidas computables para prestaciones sociales. A partir
de la vigencia del presente Decreto, al personal de empleados públicos del
Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que se retire o sea retirado, se le
liquidarán y pagarán las pensiones de jubilación, de retiro por vejez, de invalidez
y demás prestaciones sociales a que tuvieren derecho, sobre la suma de las
siguientes partidas:

a. Sueldo básico.

b. Prima de servicio.

c. Prima de alimentación.

d. Prima de actividad.

e. Subsidio familiar.

f. Auxilio de transporte.

g. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad.

PARAGRAFO 1o. El subsidio familiar que se reconozca y pague por parte de
las Cajas de Compensación Familiar a los trabajadores oficiales, no será
computable como partida para las prestaciones sociales. Para este efecto, se
tendrá en cuenta la suma que se acuerde en el respectivo contrato de trabajo.

PARAGRAFO 2o. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este
artículo, ninguna de las demás primas, subsidios y auxilios consagrados en este
Estatuto será computables para efectos de cesantías, pensiones y demás
prestaciones sociales».

45. No obstante, según las certificaciones emitidas por la Dirección Administrativa y
Financiera de la Policía Nacional, la demandante únicamente percibió las siguientes
partidas computables durante su último año de labor: sueldo básico, prima de
servicios y prima de navidad.

46. En este orden de ideas, si bien es cierto que de conformidad con el análisis
normativo y la jurisprudencia de unificación explicada la actora tiene derecho a que
la pensión se le liquide de conformidad con los factores enunciados en el artículo
102 del citado Decreto 1214 de 1990, también lo es que del cotejo realizado entre
lo previsto en esta norma, los factores devengados por ella en el último año y
aquellos que se le incluyeron en la resolución de reconocimiento pensional, la Sala
concluye que no es procedente ordenar la reliquidación, como pasa a explicarse:

47. En la Resolución Nro. 01231 del 26 de agosto de 2011 se incluyeron factores
que están enunciados en el Decreto 2701 de 1998 ─bonificación por servicios
prestados y prima de vacaciones─, pero no en el Decreto 1214 de 1990, por lo que,
de ordenarse la reliquidación con fundamento en esta última disposición, estos
deberían excluirse y, de contera, se haría más desfavorable la situación de la

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00027-01 (5860-2024)

demandante, quien vería disminuido el monto de su prestación, porque en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 su pensión
de jubilación sería liquidada únicamente con la inclusión como partidas
computables, las de sueldo básico, prima de servicios y prima de navidad.

48. En este sentido, no se observa que con la decisión de la entidad de negar la
reliquidación de la pensión, ni en la decisión de primera instancia de negar las
pretensiones de la demanda, haya vulneración de los derechos fundamentales de
la demandante al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, a la protección
de la familia, a la dignidad humana y al acceso a la administración de justicia, porque
la valoración probatoria permitió concluir que le fue más favorable la forma en que
se liquidó su pensión.

49. Que no se haya accedido a las pretensiones, no significa que la providencia
hubiese violado derechos y principios constitucionales, aspectos que, valga resaltar,
se mencionan de paso en el recurso sin profundizar en las razones por las que
estima tal trasgresión.

50. Por consiguiente, se concluye que el Tribunal de primera instancia obró
conforme a derecho al resolver que con las pruebas allegadas no se llegó al
convencimiento de la estructuración de alguna causal de nulidad del acto
administrativo acusado, por lo que se confirmará la sentencia proferida el nueve (9)
de octubre de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

De la condena en costas

51. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

52. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; y, en ese sentido, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

53. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

54. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
negaron totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00027-01 (5860-2024)

el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el nueve (9) de octubre de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual se negaron las pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.