Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00095-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00095-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00095-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
17 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2019-00095-01 (3042-2021)
Demandante : Rafael Mora Bautista
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Tema : Reconocimiento de pensión gracia
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el accionante
contra la sentencia proferida el 20 de octubre de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección D de la sección segunda),
mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del
epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 87 a 93). El señor Rafael Mora Bautista, por
intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente
se precisan.
1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 41559 de 2
de noviembre de 2017 y RDP 719 de 11 de enero de 2018, por las que la entidad
accionada negó el reconocimiento de la pensión gracia al demandante.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada (i) conceder la aludida prestación a partir del 3 de febrero
de 2017, debidamente indexada; (ii) pagar intereses moratorios y (iii) dar
cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 del CPACA. Por último,
se le condene en costas.
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00095-01 (3042-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rafael Mora Bautista contra la UGPP
1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata el actor que nació el 18 de abril de 1960 y
prestó sus servicios como maestro territorial por más de veinte (20) años en el
departamento de Norte de Santander y el Distrito Capital (del 2 de abril de 1979
al 24 de marzo de 1980 y desde el 23 de enero de 1998, respectivamente),
empleo que ejerció «[…] con honradez, consagración y buena conducta […]»;
motivo por el cual el 22 de junio de 2017 pidió de la accionada la pensión gracia,
negada a través de las decisiones cuestionadas, con el argumento de que su
vinculación con la docencia en Bogotá fue de carácter nacional.
1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por los actos administrativos acusados los artículos 1º, 2º, 13,
25, 29, 48, 53, 151, 286 a 288, 356 y 357 de la Constitución Política; 42 y 80
del CPACA; 3º, 4º y 13 de la Ley 39 de 1903; 1º a 4º de la Ley 114 de 1913, 6º
de la Ley 116 de 1928, 3º de la Ley 33 de 1985, 1º de la Ley 24 de 1947, 1º y
10º de la Ley 43 de 1975; 1º y 15 (letra a del numeral 2) de la Ley 91 de 1989;
2º a 4º, 6º, 14 y 15 de la Ley 60 de 1993, 14 de la Ley 100 de 1993, 5º del
Decreto 1743 de 1966 y 1º a 6º del Decreto ley 2277 de 1979.
Arguye que la demandada incurre en falsa motivación e infracción de las
normas en que debía fundarse, toda vez que si bien en el certificado laboral
expedido por el Distrito Capital figura que su vinculación fue nacional, aquella
omitió analizar su situación «[…] a la luz de la Ley 60 de 1993, que se citó en
el Derecho de Petición [y] hubiera concluido en que […] el tiempo de servicio
prestado […] era de carácter territorial […] y por tanto apto para el
reconocimiento de la Pensión Gracia» (sic).
Que, de acuerdo con la jurisprudencia del máximo tribunal de lo contencioso-
administrativo, los recursos del sistema general de participaciones «[…]
pertenecen a la respectiva entidad territorial, lo que en concordancia con el
artículo 38 de [la Ley 715 de 2001], permite concluir […] que el vínculo y
relación laboral de los docentes se da para con la entidad territorial
correspondiente […] y no con la Nación, quien […] descentralizó y transfirió
el manejo de la educación al nivel departamental, distrital o municipal» (sic).
1.2 Contestación de la demanda (ff. 201 a 209 y 249 a 257). La entidad
accionada, por conducto de apoderada, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones del medio de control y se refirió a los hechos, en el sentido de que
unos son ciertos, otros no constituyen situaciones fácticas y los demás no le
constan. Asimismo, propuso las excepciones denominadas inexistencia de la
obligación y cobro de lo no debido, buena fe, legalidad de los actos enjuiciados,
prescripción e improcedencia de intereses moratorios o indexación y costas
procesales.
2
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00095-01 (3042-2021)
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Rafael Mora Bautista contra la UGPP
Dice que las pruebas adosadas por el accionante dan cuenta de que del 23 de
enero de 1988 al 27 de noviembre de 2017 ejerció la profesión docente con
vinculación nacional, por lo que, al no completar los veinte (20) años como
profesor territorial o nacionalizado, «[…] no es beneficiario de la pensión de
jubilación gracia […]».
1.3 Providencia apelada (ff. 334 a 345). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección D de la sección segunda), mediante sentencia de 20
de octubre de 2020, negó las súplicas de la demanda (con condena en costas),
al considerar que «[…] la autoridad nominadora (Secretaría de Educación de
Bogotá) señala claramente que la vinculación laboral […] en el período
comprendido entre el 23 de enero de 1988 y el 7 de noviembre de 2017, fue del
orden nacional. Por tanto, forzoso es concluir que el actor no tiene derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia reclamada […]» (sic).
1.4 El recurso de apelación (ff. 359 a 376 vuelto). Inconforme con el anterior
fallo, el accionante interpuso recurso de apelación, para lo cual, además de
reiterar lo expuesto en el escrito inicial, alega que el a quo no valoró la totalidad
de los medios de convicción aportados, particularmente el Decreto 220 de 20
de marzo de 1979 y la Resolución 8753 de 15 de diciembre de 1997, por medio
de los cuales los señores gobernador de Norte de Santander y alcalde de Bogotá,
respectivamente, lo nombraron como maestro, así como el acta suscrita entre el
Ministerio de Educación Nacional y el entonces Distrito Especial de Bogotá,
«[…] que entregó la educación a esta última entidad territorial».
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido mediante auto de 30 de junio de 2021 (ff.
378 y 379) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 5 de mayo
de 2022 (f. 385), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA1; durante la
oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem la parte actora presentó alegatos
de conclusión para reiterar sus argumentos de demanda y apelación2, mientras
que la accionada y el correspondiente agente del Ministerio Público guardaron
silencio (f. 386).
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
1
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
2
Los alegatos de conclusión allegados reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica
para la gestión judicial denominada Samai.
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instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación3, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste razón jurídica
para reclamar de la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia por cumplir
los requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y
demás normas que la regulan; o, por el contrario, carece de fundamento, pues
no laboró por lo menos veinte (20) años como profesor con vinculación
territorial o nacionalizada en instituciones educativas departamentales,
distritales o municipales, como lo concluyó el a quo.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico de fondo
planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente
correcta para el asunto sub examine.
En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación
especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a
su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad
educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras
exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:
El artículo 1º de la Ley 114 de 19134 consagró por primera vez la pensión gracia:
Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el
Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una
pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de
la presente Ley.
El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que para gozar de la
gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha
recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional
[…]».
De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que recibían
los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las
asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación;
3
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
4
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
4
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Rafael Mora Bautista contra la UGPP
tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 19035, la educación
pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto
que la secundaria lo era a cargo de la Nación.
Posteriormente, la Ley 116 de 19286 amplió el beneficio de la pensión gracia a
los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:
Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los
Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los
términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta
complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los
prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria
como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica
la inspección.
Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la
exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a
la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en
la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario,
limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual7.
La Ley 37 de 19338 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos
contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la
pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel
secundario.
La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 19989, con
ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4
(numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:
En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de
1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no
haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente
el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que
la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos
relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para
acceder a ella.
5
«[S]obre Instrucción Pública».
6
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
7
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria
el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación,
el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
8
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
9
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
5
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00095-01 (3042-2021)
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Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado
para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino
limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos
condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación.
En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una
justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la
doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto
constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido
en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble
asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia
establezca la ley.
A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43
de 197510, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la
Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación
primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación».
Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias
salariales entre los distintos docentes del sector oficial.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto
de las pensiones, preceptuó:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la
Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales
y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero
de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una
pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de
medio año equivalente a una mesada pensional.
Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada,
esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se
acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en fallo de 26 de
10
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye
una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
6
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00095-01 (3042-2021)
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agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2) de la Ley 91 de
1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en
relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.
En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:
[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron
comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por
habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les
dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre
que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado
vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37
de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos
docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión
gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter
nacional”.
[…]
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues
su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por
su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y
secundaria oficiales.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se
hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no
existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la
establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados
(literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del
legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como
dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y
por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el
literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose
nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha
prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente
le asignó la ley11.
11
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás
Pájaro Peñaranda.
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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00095-01 (3042-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rafael Mora Bautista contra la UGPP
Recientemente, la sección segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar la
interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la
mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00278-
01 (3018-2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:
Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial
o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con
los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.
Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo
SU-14 de 202012, esa disposición «[…] «solo tiene una lectura posible, esto es,
la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales,
los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria
aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,]
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se
reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida
fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91
de 1989».
De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en criterio
de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable conceder la
pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con posterioridad al 29 de
diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese año), sirvió al sector
educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral que precisamente previó
el legislador como plazo máximo para iniciar tales labores y, por ende, ser
acreedor de esa prestación.
En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la
Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero de
1999, expuso:
Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.
3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación laboral
de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de
1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen
“un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que culminado el
tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de
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M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00095-01 (3042-2021)
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diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes
nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de
la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER),
girados por concepto del situado Fiscal.
Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su
artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían
vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y
por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para
entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”,
continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con
el lleno de los requisitos legales correspondientes.
[…]
Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de
la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975
para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de
diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber:
los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio
de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los
departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que
existiera para éstos últimos la denominada “pensión gracia”, de que trata
la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las
leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación
de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o
reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31
de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados (nación o
departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto
y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos
asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta igualmente
acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada
(artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de
la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual
prohíbe dispensar trato diferente y discriminado “por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso.
La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo
13 de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no
existe. En efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo
150 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la función de “hacer las
leyes”, que asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la
Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen prestacional del
Magisterio, como efectivamente lo ha hecho.
La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional
haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de
1913 para los maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros
docentes, sólo se conserve como derecho para quienes estaban
vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se conceda
a los vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica
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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00095-01 (3042-2021)
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Rafael Mora Bautista contra la UGPP
desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir, no afecta
situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente, a
disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán
posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa”
la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el
legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza suya
de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las
situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y
quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981 no son las mismas, es
claro, entonces, que por ser disímiles no exigen igualdad de trato, y que,
las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación laboral que se
tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad
cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto
por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la
acusación13 [se subraya y destaca].
De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o
municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere
vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; cumplir cincuenta (50) años de
edad; y desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.
En lo que se refiere a la liquidación de la pensión gracia se debe observar lo
reglado en el artículo 2º de la Ley 114 de 1913, según el cual «[l]a cuantía de
la pensión será la mitad del sueldo que hubieren devengado en los dos últimos
años de servicio. Si en dicho tiempo hubieren devengado sueldos distintos, para
la fijación de la pensión se tomará el promedio de los diversos sueldos».
Luego, el artículo 1º. de la Ley 24 de 1947, «por la cual se adiciona el artículo
29 de la Ley 6ª de 1945 y se dictan otras disposiciones de carácter social»,
dispone:
Los servicios prestados sucesiva o alternativamente a distintas entidades
de derecho público, se acumularán para el cómputo del tiempo, en relación
con la jubilación y el monto de la pensión correspondiente se distribuirá
en proporción al tiempo servido y al salario o remuneración devengados
en cada una de aquellas. Los trabajadores cuyos salarios o remuneraciones
se paguen con cargo a fondos especiales con aporte a varias entidades de
13
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913,
continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues,
como acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre
de 1980” que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los
vinculados a partir del 1º de enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho
“sólo a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca).
La parte en negrillas de la Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.
10
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00095-01 (3042-2021)
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derecho público, gozarán de las prestaciones más favorables que éstas
reconozcan a sus propios trabajadores, con cargo al mismo fondo especial.
[…]
PARÁGRAFO 2º. Cuando se trate de servidores del ramo docente,
las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio
de los sueldos devengados durante el último año [destaca la Sala].
Cabe advertir que si bien la anterior norma determinó que las pensiones de
jubilación de los docentes se liquidarían con base en el promedio de lo
devengado en el último año, lo cierto es que el legislador omitió precisar si esa
anualidad era la precedente al retiro del servicio o si, por el contrario, era
menester tener en cuenta la fecha de adquisición del estatus pensional.
Por su parte, el artículo 4 de la Ley 4ª de 196614 preceptúa:
A partir de la vigencia de esta Ley, las pensiones de jubilación o de
invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de
Derecho Público, se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y
cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el último año
de servicios.
La precitada Ley no discriminó ninguna pensión de las recibidas por los
servidores oficiales y su Decreto reglamentario 1743 de 1966, estableció en su
artículo 5º:
A partir del veintitrés de abril (23) de 1966 inclusive, las pensiones de
jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o
más entidades de Derecho Público, serán liquidadas y pagadas tomando
como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de
salarios devengados durante el último año de servicios, previa la
demostración de su retiro definitivo del servicio público.
De lo anterior se colige que la base de liquidación de las pensiones de que
gozaban los servidores públicos estaba constituida por el 75% del salario
recibido por el empleado en último año de servicios.
El Decreto 224 de 1972, «por el cual se dictan normas relacionadas con el
ramo docente», prescribe:
El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente
apto para la tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al
cumplir sesenta y cinco (65) años de edad.
14
«Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las pensiones
de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones».
11
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00095-01 (3042-2021)
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La norma mencionada permitió la compatibilidad entre la prestación del
servicio docente y el disfrute de la pensión de jubilación, incluida la gracia,
hasta cuando el maestro cumpliera la edad de 65 años, cuando se le retiraría
forzosamente de sus labores.
A su vez, las Leyes 3315 y 6216 de 1985 determinaron los requisitos de tiempo
de servicio, edad y monto de la pensión de jubilación de los servidores públicos,
así:
ARTÍCULO 1º: El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20)
años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55)
tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio.
Sin embargo, el inciso 2º del referido artículo 1º de la Ley 33 de 1985 señaló
que «No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que
trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la
Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un
régimen especial de pensiones» (se destaca), razón por la cual no resultan
aplicables a la pensión gracia los aspectos previstos en el régimen general de
pensiones, al comportar esta una prestación especial que cuenta con una
normativa específica respecto de su liquidación.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia de 12 de julio de 201217,
discurrió así:
Ahora, en el año de 1985, con la expedición de la Ley 33 se conservó el
quantum del valor pensional en el 75%, se modificó la edad para otorgar
las pensiones generales y los factores que se deben tener en cuenta
para la liquidación, ya que se dispuso que el monto del 75% de la
asignación se calcularía sobre el salario promedio que sirvió de base para
los aportes durante el último año de servicios18.
Sin embargo, esta normatividad exceptuó de su aplicación expresamente
en su artículo 1º, a aquellos empleados que por Ley disfrutaran de un
régimen especial de pensiones.
[…]
La norma es suficientemente clara al respecto, y lógico es deducir, que
pensiones de régimen especial como la que nos ocupa, no podrían ser
15
«Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales
para el Sector Público».
16
«Por la cual se modifica el artículo 3º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985».
17
Expediente 25000-23-25-000-2007-01316-01 (1348-11).
18
Artículos 1º. y 3º.
12
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00095-01 (3042-2021)
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Rafael Mora Bautista contra la UGPP
liquidadas al abrigo del ordenamiento invocado, pues el mismo Legislador
las excluyó de su ámbito de aplicación al consagrar expresamente tal
excepción, como se infiere del aparte transcrito; así, tampoco puede
atenderse a lo dispuesto en la Ley 62 de 1985 pues ésta tan solo modificó
el artículo 3º de la citada Ley 33, por lo que se mantuvo incólume lo
dispuesto en su artículo 1º en cuanto al régimen de excepción en su
aplicación.
Ahora, si se tiene en cuenta que la pensión gracia, no obstante estar a cargo
del Tesoro Nacional se causa sin que se requieran aportes a ésta, mal
podría liquidarse con base en el valor de los aportes realizados
durante el último año de servicios, en tanto estos resultan inexistentes
frente a dicha prestación.
En este sentido, el aspecto neurálgico que ha generado mayor controversia
entre los beneficiarios de la pensión gracia, corresponde precisamente a la
forma como se debe liquidar por parte de la Caja Nacional de Previsión,
en virtud a que dicha Entidad ha adoptado para tal efecto las normas
anteriormente mencionadas -Ley 33 y 62 de 1985- sin consultar su
adecuada aplicación, procedimiento con el cual quedan excluidos de la
liquidación de esta prestación especial, una serie de factores salariales que
sin duda alguna afectan los intereses económicos y patrimoniales de los
pensionados, quienes en forma injusta ven menguada su prestación,
debido a una errónea interpretación y aplicación de la Ley.
Al respecto, resulta claro que la excepción analizada anteriormente,
consagrada en la Ley 33 de 1985, impide la aplicación de las disposiciones
generales allí contenidas frente a la liquidación pensional de la pensión
aludida, por lo que se habilita la observancia de lo dispuesto en éste sentido
en el régimen anterior contenido en la Ley 4ª de 1966 y en su Decreto
Reglamentario -1743 de 1966- referenciados inicialmente, ya que no
discriminó ni excluyó de su aplicación pensión alguna de las percibidas
por los servidores oficiales. Así, la pensión gracia al tenor de estas
disposiciones debe liquidarse en la forma allí señalada, esto es,
tomando como base el promedio mensual de los salarios obtenidos en
el último año de servicios; sin embargo debe precisarse que a
diferencia de las pensiones ordinarias, ese último año de servicios
refiere el año anterior a la adquisición o consolidación del derecho
pues es el momento a partir del cual empieza efectivamente a
devengarse en tanto su carácter especial admite su compatibilidad con
el salario, de manera que para su percepción no es necesario el retiro
definitivo del servicio, es decir, que el derecho se perfecciona con el
cumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos por el Legislador
para su otorgamiento, lo que hace improcedente su reliquidación con base
en los factores salariales devengados en el año anterior al retiro [negrilla
de la Sala].
De acuerdo con la jurisprudencia arriba transcrita la pensión gracia debe ser
liquidada con el 75% de la totalidad de los factores salariales devengados por el
docente en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, de conformidad
13
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00095-01 (3042-2021)
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con la Ley 4.ª de 1966 y el Decreto 1743 de ese año, por cuanto expresamente
el artículo 1º (inciso 2º) de la Ley 33 de 1985 excluyó las pensiones especiales
del régimen ordinario allí previsto.
Así las cosas, la Sala encuentra necesario determinar ahora, qué factores son los
que vienen a integrar el concepto de salario, pues sobre él es que se entra a
precisar la base líquida para el 75%, que corresponde al monto final de la
pensión.
La remuneración o salario equivale a todo lo devengado por el empleado o
trabajador como consecuencia directa o indirecta de su relación laboral;
comprende entonces, los sueldos, primas, bonificaciones y demás
reconocimientos que se hagan directa o indirectamente por causa o por razón
del trabajo o empleo sin ninguna excepción.
En torno al tema, el Decreto 1160 de 1947, en su artículo 6 (parágrafo 1º), prevé
que salario es «[...] todo lo que reciba el trabajador a cualquier otro título y
que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de
servicios, tales como las primas, sobresueldos y bonificaciones [...]».
Y es que lo dispuesto en este Decreto también lo tiene previsto el artículo 127
del Código Sustantivo del Trabajo, que aunque aplicable al régimen laboral
individual de carácter privado, bien merece traerlo a colación por tratarse de
una consagración de derechos mínimos, pues prescribe que constituye salario
«[...] todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como
contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación
que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del
trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de
descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones».
En conclusión, el salario está constituido por todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el trabajador como contraprestación por su labor.
3.5 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Cédula de ciudadanía y registro civil de nacimiento del actor, que dan cuenta
de que nació el 18 de abril de 1960 (ff. 62 y 63).
14
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00095-01 (3042-2021)
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b) Decreto 220 de 20 de marzo de 1979, por el que el departamento de Norte de
Santander nombra al accionante como maestro seccional de la Escuela Rural
Puerto Nuevo de Cúcuta, posesionado el 2 de abril siguiente (ff. 40 a 46 y 110
a 113).
c) Resolución 6144 de 26 de diciembre de 1995, por medio de la cual el
Ministerio de Educación Nacional «[… ] Certifica […] el cumplimiento de los
requisitos establecidos por […] la Ley 60 de 1993 para asumir la
administración directa de los recursos del situado fiscal y la prestación de los
servicios educativos por parte del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá», y,
en consecuencia, «[…] entrega […] los bienes, el personal y los
establecimientos que le permitan, a dicha entidad territorial, cumplir con las
funciones y obligaciones recibidas en virtud de la certificación otorgada» (ff.
54 a 56).
d) Resolución 8753 de 15 de diciembre de 1997, por cuyo conducto el señor
secretario de educación de Bogotá designa al demandante «[…] como docente
[…] de tiempo completo, […] conforme a la participación en el concurso
convocado […], en la planta de personal docente del Distrito Capital […]»,
cuya posesión ocurrió el 20 de los mismos mes y año, pero con efectos fiscales
a partir del 23 de enero de 1998 (ff. 12 a 17).
e) Resoluciones RDP 41559 de 2 de noviembre de 2017 y RDP 719 de 11 de
enero de 2018, mediante las cuales la accionada niega la pensión gracia
reclamada por el actor el 22 de junio de 2017, al estimar que, a pesar de que la
labor educativa de él en el departamento de Norte de Santander fue
nacionalizada, su vinculación en Bogotá fue nacional, por lo que «[…] no
cuenta con los veinte años en la docencia oficial de carácter Departamental,
Distrital, Municipal o Nacionalizado, [y, por ende,] no es beneficiario de […]»
(sic) esa prestación (ff. 85 a 92).
f) Certificación de historia laboral de 27 de octubre de 2017 de la secretaría de
educación de Norte de Santander, según la cual el accionante laboró como
profesor nacionalizado en propiedad entre el 2 de abril de 1979 y el 24 de marzo
de 1980 (f. 10).
g) «FORMATOS» únicos para la expedición de certificado de historia laboral y
de salarios de la secretaría de educación de Bogotá, en los que se consigna que
el demandante trabajó en condición de pedagogo del 23 de enero de 1998 al 26
de enero de 201819, con vinculación nacional (ff. 24 a 26).
19
Fecha de expedición del certificado.
15
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00095-01 (3042-2021)
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h) Declaración extraprocesal rendida por el actor el 18 de abril de 2017, en la
que expresa bajo la gravedad de juramento, ante la Notaría 61 del Círculo de
Bogotá, que es «[…] una persona pobre, desde el punto de vista económico,
pues care[ce] de medios de subsistencia de acuerdo con [su] posición social y
[…] costumbres [y la] labor como docente la h[a] ejercido con honradez,
consagración y buena conducta» (sic; f. 68).
i) El 30 de septiembre de 2022 se consultó20 certificado de antecedentes en la
página electrónica de la Procuraduría General de la Nación, en el que figura que
el accionante no presenta antecedentes disciplinarios21.
De las pruebas antes enunciadas se desprende que el demandante nació el 18 de
abril de 1960 y prestó sus servicios para la educación oficial, así:
Tiempo
Nominador Acto de nombramiento Desde Hasta laborado
a m d
Secretaría de
educación de Decreto 220 de 20 de
02/04/1979 24/03/1980 -- 11 23
Norte de marzo de 1979
Santander
Secretaría de
Resolución 8753 de 15
educación de 23/01/1998 26/01/201822 20 0 1
de diciembre de 1997
Bogotá, D. C.
Total tiempo de servicio23 20 11 24
En tal virtud, el 22 de junio de 2017 el actor pidió de la accionada el
reconocimiento de la pensión gracia, negado con Resoluciones RDP 41559 de
2 de noviembre de 2017 y RDP 719 de 11 de enero de 2018 (enjuiciadas), toda
vez que los certificados adosados dan cuenta de su carácter nacional con la
docencia en la secretaría de educación de Bogotá.
De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por el accionante y de los
actos administrativos atacados, existe controversia en cuanto a la validez del
período laborado en el aludido ente territorial, del 23 de enero de 1998 al 26 de
enero de 2018.
20
https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/verpdf.aspx: «[…] una vez consultado el Sistema de Información
de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RAFAEL MORA BAUTISTA identificado(a)
con Cédula de ciudadanía número 13448465: NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES»
(sic).
21
Corte Constitucional, sentencia C-371 del 14 de mayo de 2002: «[…] la buena conducta que resulta exigible
de los servidores públicos […] se precisa a partir del respectivo régimen disciplinario».
22
Fecha de la última certificación en la que se encontraba activo.
23
Cabe anotar que en este cómputo se descuentan los lapsos en los que el actor hizo uso de permisos o licencias
no remuneradas (3 días).
16
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00095-01 (3042-2021)
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Para dilucidar la problemática planteada, se deberán abordar las distinciones
previstas por el legislador entre profesores nacionales, nacionalizados y
territoriales, en lo que tiene que ver con su vinculación.
Sobre este aspecto, resulta oportuno aclarar que, en virtud de la Ley 43 de 1975,
se nacionalizó la educación primaria y secundaria, para lo cual se concedió un
término de 5 años (artículo 324), esto es, hasta el 31 de diciembre de 1980, de lo
que se colige que con antelación a dicho trámite únicamente existían dos (2)
categorías de maestros oficiales, a saber: nacionales y territoriales. Y, posterior
a la referida nacionalización de la educación, se clasificaron en nacionales,
nacionalizados y territoriales, cuya diferenciación quedó establecida en el
artículo 1º de la Ley 91 de 1989, así:
i) Personal nacional. Son los vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional.
ii) Personal nacionalizado. Los designados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
iii) Personal territorial. Son los vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito del
artículo 1025 de la Ley 43 de 1975.
La distinción que trae la norma clasifica la vinculación oficial docente en dos
grandes grupos: (i) los vinculados por nombramiento del Gobierno nacional
(personal nacional) y (ii) los nombrados por entidades territoriales (personal
nacionalizado y territorial).
La importancia de tal clasificación radica en que se constituye en el punto de
partida de la Administración y los jueces de esta jurisdicción para evaluar si el
interesado tiene derecho o no al reconocimiento de la pensión gracia.
Ahora bien, en este caso se debe dar aplicación al principio de la primacía del
derecho sustancial sobre el formal, puesto que no se ajusta a los parámetros de
24
«A partir del 1o. de enero y hasta el 31 de diciembre de 1976, la Nación pagará el veinte por ciento (20%)
de los gastos de funcionamiento (personal) de la educación a que se refiere el artículo primero, conforme a los
presupuestos respectivos del año de 1975; y así sucesivamente en cada vigencia subsiguiente, aumentará en
un veinte por ciento (20%) su aporte a dichos gastos, hasta llegar a absorber el ciento por ciento (100%) de
los mismos en 1980 (de 1976 a 1980)».
25
«En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán
con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni
tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización,
en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».
17
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00095-01 (3042-2021)
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una correcta administración de justicia negar una prerrogativa, máxime de
carácter pensional, con fundamento en interpretaciones erradas de ciertos
elementos de prueba, cuando a través de otros se demuestran los hechos
debatidos, los cuales soportan las pretensiones de la demanda.
En efecto, en el asunto sub judice, en lo atinente al lapso trabajado por el
demandante desde el 23 de enero de 1998 hasta el 26 de enero de 201826 (20
años y 1 día), se observa que, a través de Resolución 8753 de 15 de diciembre
de 1997, el señor secretario de educación de Bogotá lo nombró en propiedad,
en condición de docente. Asimismo, de la lectura de dicho acto administrativo
se evidencia que, por un lado, fue firmado por esa autoridad, sin la intervención
de funcionarios del Ministerio de Educación Nacional27; y, por otro, fue emitido
con base en la Ley 115 de 8 de febrero de 199428, de acuerdo con la cual «La
vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público
educativo estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por
decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad
territorial»29, y «Los actos administrativos de nombramientos, traslados,
permutas y demás novedades del personal docente y administrativo de la
educación estatal se harán por los gobernadores y por los alcaldes de los
distritos o municipios que estén administrando la educación conforme a lo
establecido en la Ley 60 de 1993»30; por consiguiente, si el ente territorial
administraba su planta docente31, era el competente para realizar los
correspondientes nombramientos, desde luego, con los lineamientos de esa
cartera32, como lo ejecutó el aludido ente territorial.
De igual modo, esta subsección aclara que reposa en el expediente «formato»
único para la expedición de certificado de historia laboral de 26 de enero de
2018 (ff. 25 y 26), en el que se consigna que el actor se desempeña en calidad
de maestro en propiedad y su «TIPO DE VINCULACIÓN» es nacional desde el
23 de enero de 1998; sin embargo, como se analizó en precedencia, el contenido
del acto de nombramiento permite inferir que la vacante en la que fue ubicado
pertenecía al Distrito Capital y no a la Nación; en consecuencia, debe darse
prevalencia a la Resolución que originó la relación laboral, máxime cuando en
ella se advierte que tal situación administrativa no emanó del Ministerio de
26
Fecha de expedición de la constancia más reciente.
27
En idéntico sentido ver: Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, expediente 68001-23-33-000-
2016-01404-01 (5268-2018), sentencia de 17 de julio de 2020, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
28
«Por la cual se expide la Ley General de Educación».
29
Artículo 105 de la Ley 115 de 1994, «VINCULACIÓN AL SERVICIO EDUCATIVO ESTATAL».
30
Artículo 106 ibidem, «NOVEDADES DE PERSONAL».
31
Con Resolución 6144 de 26 de diciembre de 1995, el Ministerio de Educación Nacional autorizó al Distrito
Capital de Bogotá para administrar el sector educativo en su jurisdicción (ff. 54 a 56).
32
En efecto, el artículo 6º de la Ley 60 de 1993 facultaba al Gobierno nacional para establecer los criterios,
régimen y reglas para la organización de las plantas del personal docente y administrativo del servicio educativo
estatal.
18
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00095-01 (3042-2021)
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Educación Nacional, con lo que se salvaguarda, a su vez, la primacía del
derecho sustancial sobre el formal.
Recuérdese que las referidas pruebas son las que, conforme al artículo 1º de la
Ley 91 de 1989 y la jurisprudencia de esta Corporación, determinan el tipo de
vinculación de una persona con la «profesión docente»33, toda vez que el
primero prevé que los profesores vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional integran el «[p]ersonal nacional», al paso que la segunda ha concluido
que el funcionario competente para certificar la calidad de educador territorial
es el nominador.
Acerca del tema, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación CE-SUJ-
SII-11-2018 (SUJ-11-S2)34, fijó, entre otras reglas, la siguiente:
Unificase la jurisprudencia respecto de las controversias relacionadas
con el reconocimiento de pensión gracia, […] en el sentido de que […]
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de
los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además
se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
en este caso se debe dar aplicación al principio de la primacía del derecho
sustancial sobre el formal, puesto que no se ajusta a los parámetros de
una correcta administración de justicia negar una prerrogativa, máxime
de carácter pensional, con el fundamento de que no se aportaron unas
pruebas específicas cuando mediante otros elementos probatorios, se
demuestran los hechos debatidos, los cuales soportan las pretensiones de
la demanda también se puede acreditar con la respectiva certificación de
la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que
el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial [se destaca].
Por tanto, esta subsección concluye que de la citada Resolución resulta evidente
que el accionante ocupó un cargo de profesor territorial, por lo cual los lapsos
laborados en esa condición son susceptibles de ser contabilizados para efectos
de colmar el requisito de veinte (20) años de servicios, exigido para acceder a
la pensión gracia.
33
Sobre el particular, el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 establece que «Se entiende por profesión docente
el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles de que
trata este Decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y
coordinación de los planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación
educativa, de conserjería y orientación de educandos, de educación especial, de alfabetización de adultos y
demás actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los términos
que determine el reglamento ejecutivo».
34
Fallo de 21 de junio de 2018, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, expediente: 25000-23-42-000-
2013-04683-01 (3805-2014).
19
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00095-01 (3042-2021)
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Rafael Mora Bautista contra la UGPP
Así las cosas, el argumento expuesto por la accionada, consistente en que los
vínculos laborales del demandante a partir de 1998 fueron nacionales, no se
ajusta al material probatorio traído al plenario.
En este orden de ideas, se tiene que el actor laboró como educador oficial, así:
Tiempo
Entidad territorial Vinculación Lapso certificado
a m d
Departamento de Boyacá Nacionalizada 02/04/1979 a 24/03/1980 -- 11 23
Distrito Capital Territorial 23/01/1998 a 26/01/201835 20 0 1
Total 20 11 24
A manera de corolario, se acreditaron por parte del accionante los requisitos
necesarios para obtener la pensión gracia, como son el haber prestado los
servicios como profesor nacionalizado y territorial por más de dos (2) décadas,
vinculado antes del 31 de diciembre de 1980 (2 de abril de 1979), contar con 50
años de edad (los cumplió el 18 de abril de 2010) y observar una buena conducta
en su desempeño como maestro, razón por la que resulta dable acceder a las
pretensiones del medio de control.
Por otro lado, cabe precisar que por ser el derecho pensional de carácter
imprescriptible, este se causa día a día y se puede solicitar en cualquier época
por el interesado. Contrario sensu, para el caso de las mesadas pensionales
adeudadas, el legislador ha establecido el fenómeno de la prescripción, de
manera que se pagan solamente las causadas hasta tres (3) años antes de la fecha
en que se haya formulado la correspondiente reclamación ante la demandada,
conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 196836. No obstante, comoquiera
que entre la fecha en que la obligación se hizo exigible (adquirió el estatus el 1º
de febrero de 201737) y la reclamación del actor de reconocimiento pensional
(22 de junio de 2017) y de la Resolución RDP 719 de 11 de enero de 2018, por
la cual la UGPP (en sede de apelación) negó la pensión gracia deprecada, a la
presentación de la demanda (25 de enero de 2019; f. 1) no trascurrieron más de
tres (3) años, tampoco hay lugar a declarar la prescripción de mesadas.
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Fecha de la última certificación en la que se encontraba activo.
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«Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres
años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del
empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual».
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Al completar veinte (20) años de trabajo. Se precisa que como al 18 de abril de 2010 (al cumplir 50 años de
edad) el interesado alcanzó 13 años, 2 meses y 18 días en la docencia oficial, le faltaban 6 años, 9 meses y 12
días para colmar el referido requisito, que satisfizo el 1º de febrero de 2017, luego de que laborara de manera
interrumpida desde el 23 de enero de 1998.
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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00095-01 (3042-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rafael Mora Bautista contra la UGPP
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, que negó
las súplicas de la demanda; y, en su lugar, se declarará la nulidad de las
Resoluciones RDP 41559 de 2 de noviembre de 2017 y RDP 719 de 11 de enero
de 2018, por medio de las cuales la UGPP se abstuvo de otorgar la pensión
gracia; y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la UGPP
reconocer dicha prestación con el 75% del promedio de los factores salariales
devengados por el accionante durante el año previo a la consolidación de su
estatus pensional (1º de febrero de 2017).
La suma que deberá cancelar la entidad accionada por concepto de las mesadas
adeudadas, se actualizará de acuerdo con la fórmula según la cual el valor
presente (R) se determinará multiplicando el valor histórico (Rh) por el
guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice inicial
(vigente a la fecha de la causación de la prestación). La fórmula que debe aplicar
la entidad demandada es la siguiente:
R = Rh. índice final
índice inicial
Se aclara que por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula debe
aplicarse mes por mes, para cada mesada prestacional y para los demás
emolumentos teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento
de la causación de cada uno de ellos.
Lo anterior, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 192 del CPACA, cuya
observancia por parte de la Administración debe darse sin necesidad de mandato
judicial.
Por último, respecto de la condena en costas, esta Sala estima que no es dable
aplicar de manera restrictiva lo dispuesto en el artículo 365 del Código General
del Proceso (CGP), por remisión expresa del artículo 188 del CPACA, a la parte
vencida, pues debe estudiarse aspectos como la temeridad o mala fe en la que
esta pudo incurrir, y no adoptar esa decisión con el único fundamento de que la
norma en mención preceptuaba de manera inexorable la imposición de tal
condena. En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1.º de
diciembre de 201638, así:
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Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00095-01 (3042-2021)
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En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en
costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya
segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como
«2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».
Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio
y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un
juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan
el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte
vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que
dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento,
cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan
calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca
el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del
demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la
vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia,
pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos
jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.
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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00095-01 (3042-2021)
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Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandada, no se
impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1. Revócase la sentencia de 20 de octubre de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección D de la sección segunda), que
negó las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado por el señor Rafael
Mora Bautista contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP); en su lugar:
1.1 Declárase la nulidad de las Resoluciones RDP 41559 de 2 de noviembre de
2017 y RDP 719 de 11 de enero de 2018, por medio de las cuales la UGPP le
negó al actor la pensión gracia, de acuerdo con la motivación.
1.2 Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, ordénase a la UGPP reconocer la pensión gracia al accionante en
cuantía del 75% del promedio de los factores salariales devengados durante el
año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional (1º de
febrero de 2017), en atención a las consideraciones de esta providencia.
1.3 La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA,
teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante
la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a
saber:
R = Rh. índice final
índice inicial
1.4 La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del
plazo indicado en el artículo 192 del CPACA.
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2. Sin condena en costas.
3. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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