Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00237-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00237-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00237-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
30 de junio de 2022
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-00237-01 (2351-2021)
Demandante: Juan Ricardo Rodríguez Gómez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00237-01 (2351-2021)
Demandante: JUAN RICARDO RODRÍGUEZ GÓMEZ
Demandada: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA
NACIONAL1
Temas: Reconocimiento de asignación de retiro con base
en nuevos fundamentos jurídicos. Cosa juzgada
configurada respecto de un proceso judicial
anterior que había determinado la improcedencia
de reconocer dicha prestación. No se predica falta
de validez ni ineficacia frente a la figura de cosa
juzgada por la expedición posterior de una
sentencia que declara la nulidad de la norma con
base en la cual se había negado el derecho.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-125-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 30 de octubre de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
que negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Juan Ricardo Rodríguez Gómez en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folios 1 a 2, C1)
1. Inaplicar por vía excepción de inconstitucionalidad los Decretos 1858 de
2012 y 4433 de 2004, respecto de los cuales el Consejo de Estado se
1 En adelante CASUR.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
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Demandante: Juan Ricardo Rodríguez Gómez
pronunció en el sentido de declarar su nulidad, aunado al hecho de que era
una normativa que no se encontraba vigente al momento del retiro del
libelista del servicio activo. En su lugar, instó que se tenga en cuenta como
regulación aplicable en materia prestacional la Ley 923 de 2004 y el
Decreto 1212 de 1990.
2. Declarar la nulidad del Oficio E-00003-201824142-CASUR del 20 de
noviembre de 2018, por medio del cual la entidad demandada negó la
solicitud del demandante tendiente a obtener el reconocimiento y pago de
una asignación de retiro.
3. Como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
(CASUR), reconocer y pagar la asignación de retiro a favor del señor
Rodríguez Gómez con efectividad desde el momento de su desvinculación
de la institución policial por la causal de destitución, y que le sean abonadas
de manera indexada, las mesadas adeudadas por tal concepto.
4. Pagar a favor del libelista la suma correspondiente a 100 salarios mínimos
legales mensuales vigentes a título de indemnización por el daño moral que
aquel ha sufrido durante más de 6 años en los que no ha percibido la
prestación que garantizaría su mínimo vital y el de sus familiares.
Supuestos fácticos relevantes (Folio 2, C1)
1. El señor Juan Ricardo Rodríguez Gómez prestó su servicio a la Policía
Nacional en calidad de intendente como su última posición, ello durante un
tiempo acumulado de 16 años, 3 meses y 17 días.
2. La referida institución expidió la Resolución 03159 del 30 de agosto de
2012 con la que destituyó al libelista de su cargo, por lo que fue retirado del
servicio activo desde el 20 de septiembre del mismo año.
3. El demandante había solicitado ante CASUR el reconocimiento y pago de
una asignación de retiro, petición que ya había sido denegada por la
autoridad, luego de haber dado aplicación al Decreto 1858 de 2012. Por tal
motivo, aquel instauró acción de tutela bajo el radicado 2014-00043 que
fue tramitada en el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bogotá,
no obstante, dicho pedimento también fue negado tanto en primera como
en segunda instancia.
4. A continuación, el señor Rodríguez Gómez formuló demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho tendiente a obtener el derecho prestacional
en comento, de la que conoció el Juzgado Catorce Administrativo del
Circuito de Bogotá a través del proceso con radicado 2014-00191, sin
embargo, nuevamente la decisión judicial fue desfavorable a sus intereses
en ambas instancias.
5. El Consejo de Estado mediante sentencia del 3 de septiembre de 2018
declaró la nulidad del artículo 2.° del Decreto 1858 de 2012. Por tal razón,
el 1.° de octubre de 2018 el libelista solicitó una vez más ante CASUR el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro.
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Demandante: Juan Ricardo Rodríguez Gómez
6. Al respecto, la entidad demandada expidió el Oficio E-00003-201824142-
CASUR del 20 de noviembre de 2018 mediante la cual negó lo deprecado
al aducir que lo propio ya había sido objeto de pronunciamiento negativo a
través de la Resolución 8145 del 23 de septiembre de 2014 en la que se
había dado cumplimiento al fallo de tutela del 4 de septiembre del mismo
año que no accedió al pedimento de reconocimiento prestacional.
Adicionalmente señaló que el fallo del Consejo de Estado del 3 de
septiembre de 2018 no era aplicable a su caso, en la medida en que según
esta providencia, ante un retiro por la causal de destitución el uniformado
debía demostrar 20 años de servicio y el demandante solo acumulaba 16.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»3, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 18 de octubre de 2019.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
No se emitió pronunciamiento al respecto debido a que la entidad demandada
no interpuso este tipo de medios de defensa. (Folio 72 vuelto y CD obrante a
folio 75, C1).
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] La controversia se contrae a determinar, cual es la disposición que rige la
situación jurídica de la (sic) demandante en su calidad de ex miembro del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional, a efectos de establecer la cantidad de años de
servicio que debe acreditar para obtener el reconocimiento de su asignación de retiro.
[…]» (Folios 72 vuelto a 73 y CD que reposa a folio 75, C1).
SENTENCIA APELADA
(Folios 103 a 115, C1)
El a quo profirió sentencia escrita el 30 de octubre de 2020, por medio de la
cual denegó las pretensiones del demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:
3 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
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Inicialmente, el tribunal de primera instancia expuso que la Ley 923 de 2004
«mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de
asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.», fue reglamentada por el Decreto 4433 del 2004 que definió el campo
de aplicación, alcance y los principios que se deben tener en cuenta para
efectos del reconocimiento de la referida prestación.
En torno a los requisitos exigidos para el reconocimiento y pago de una
asignación para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en
servicio activo a la entrada en vigencia de esta última norma, el artículo 25
ibidem exigió 20 años como tiempo de servicio, siempre que el retiro se
produzca «por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Ministro de
Defensa Nacional o del Director General de la Policía por delegación, o por
disminución de la capacidad psicofísica», o 25 años de labor para «los que se
retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta».
Seguidamente añadió que la Sección Segunda del Consejo de Estado por
medio de la sentencia del 12 de abril de 2012 anuló el parágrafo segundo del
artículo 25 del mentado Decreto 4433 de 2004, luego de estimar que se
desbordó la potestad reglamentaria al incrementar el tiempo de servicio
requerido para acceder a la asignación de retiro. De igual manera, recordó que
el 28 de febrero de 2013 también se anuló el artículo 11, parágrafo 2° del
Decreto 1091 de 1995 y las expresiones acusadas de los artículos 24, 25,
parágrafo 2.°, y 30 del Decreto 4433 de 2004.
Planteó además que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1858 de 2012
que fijó el régimen pensional y de asignación de retiro para los suboficiales y
agentes que se homologaron y de quienes ingresaron por incorporación
directa hasta el 31 de diciembre de 2004, norma que en su artículo 2 contempló
que tendrán derecho a la prestación los uniformados cuando: «sean retirados
de la institución con veinte (20) años o más de Servicio por llamamiento a
calificar servicios, o por voluntad del Director General de la Policía por
delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren
a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos
después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la
fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, por la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro».
No obstante, recalcó que el Consejo de Estado en sentencia del 3 de
septiembre de 2018 retiró del ordenamiento jurídico el referido precepto
normativo y determinó que los efectos del fallo serían ex tunc, pero que no
afectarían las situaciones jurídicamente consolidadas como serían aquellas
que hayan sido objeto del fenómeno de cosa juzgada.
Sobre la situación concreta del libelista acotó que la norma vigente para la
fecha en que este fue retirado del servicio (20 de septiembre de 2012),
correspondía al artículo 2.° del Decreto 1858 de 2012 que entró a regir desde
el 6 de septiembre de ese año, puesto que, a pesar de que tal postulado fue
anulado con posterioridad, al momento de la desvinculación del demandante,
CASUR no pudo prever que dicha regulación sería enervada en vía judicial, y
aun así, lo cierto es que los efectos de la sentencia de 2018 también
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conllevaban el mantenimiento de las situaciones que hubieren estado
consolidadas.
Al respecto señaló que una vez el señor Rodríguez Gómez fue separado de
su cargo al interior de la institución, aquel promovió un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho a fin de obtener el reconocimiento de la
asignación de retiro, actuación que culminó con sentencia del primera
instancia del 29 de septiembre de 2015 proferida por el Juzgado 14
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en el sentido de negar las
pretensiones de la demanda, la cual además fue confirmada el 19 de agosto
de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Con base en lo anterior, consideró que se encuentra probado el hecho de que
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ya había emitido un
pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del acto administrativo que había
denegado el reconocimiento del derecho en litigio, ello con fundamento en la
aludida norma declarada nula. Por esta razón, precisó que la mentada
manifestación había hecho tránsito a cosa juzgada, al punto de que la situación
jurídica del demandante se encontraba consolidada, y por lo tanto, contrario a
lo alegado por este, los efectos del fallo del 3 de septiembre de 2018 proferido
por el Consejo de Estado no le serían aplicables a su caso. En consecuencia,
afirmó que se hacía necesario denegar lo instado con el presente libelo.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 126 a 128, C1)
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a fin de que se
acceda a sus pedimentos. Argumentó que si bien el fenómeno de cosa juzgada
fue la razón para negar las pretensiones del libelo, no se tuvo en cuenta que
ante la nulidad del artículo 2.° del Decreto 1858 de 2012 mediante sentencia
del 3 de septiembre de 2018 proferida por el Consejo de Estado, renacía la
posibilidad para el libelista de que se consolidara el derecho al pago de la
asignación de retiro.
Sostuvo que la figura jurídica adoptada por el a quo es injusta, habida cuenta
de que aun en el entendido de que en sentencia anterior le fue negado el
derecho prestacional en mención, lo cierto es que aquella providencia
desconoció derechos fundamentales que incluso tienen control de
convencionalidad desde la óptica de la Convención Americana de Derechos
Humanos.
Sostuvo que con la decisión reprochada se desconocieron sus garantías
constitucionales del derecho a la igualdad, la protección judicial y el acceso a
la administración de justicia. Sobre el punto señaló que fue retirado del servicio
activo de la Policía Nacional por la causal de destitución con un tiempo
acumulado de servicio superior a los 15 años, lo cual en el sentir de la entidad
demandada no lo hacía acreedor de una asignación de retiro, pese a que en
otros casos materializados con posterioridad a la anulación del Decreto 1858
de 2012, aquella sí reconoció la referida prerrogativa bajo estas mismas
condiciones temporales, lo cual se traduce en una vulneración a la igualdad
material.
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Puntualizó que en el presente caso se estructuró una cosa juzgada
“fraudulenta”, toda vez que se derivó de un fallo ejecutoriado que fue adoptado
en contra de los derechos constitucionales mínimos del demandante al punto
de configurarse en una acción abiertamente discriminatoria.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandante (índice 14 del registro en SAMAI): solicitó nuevamente
que se revoque la decisión impugnada. Para el efecto sostuvo que el
desconocer el derecho prestacional debatido es transgredir abiertamente el
acceso a la administración de justicia. Manifestó que en este caso debe
tenerse en cuenta el hecho de que a su compañero Javier Aparicio Gómez
Garzón, quien es intendente retirado del servicio por destitución con 17 años,
3 meses y 12 días, el tribunal de primera instancia sí le reconoció la asignación
de retiro, lo cual demuestra que la cosa juzgada aplicada a su situación
particular es fraudulenta e inequitativa.
Ministerio Público (índice 15 del registro en SAMAI): emitió concepto sobre
el presente litigio en el sentido de solicitar que se confirme el fallo apelado.
Sobre el punto indicó que sin perjuicio del debate sobre la cosa juzgada en el
sub lite, no se puede desconocer que la situación concreta del demandante
quedó consolidada en vigencia del artículo 2.º del Decreto 1858 de 2012, dado
que la declaratoria de nulidad con los efectos ex tunc, por no encontrarse
dentro de los presupuestos temporales de excepción, no se aplican a su
situación jurídica, de suerte que, al tenor de dicha normativa lo cierto es que
el libelista no cumplió los requisitos mínimos para obtener la prerrogativa
invocada. En ese sentido, afirmó que no se puede pregonar vulneración alguna
al derecho a la igualdad, por cuanto, justamente, se trata de una situación
particular que no necesariamente se asemeja a otras de las señaladas en la
apelación.
La parte demandada guardó silencio en esta etapa procesal según la
constancia secretarial visible a folio 162 del cuaderno 1.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso únicamente fue formulada por
la parte demandante.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se circunscribe
a los reparos esgrimidos en el recurso, los cuales se resumen en la siguiente
pregunta:
¿Los efectos de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 3 de
septiembre de 2018, con la que se declaró la nulidad del artículo 2.° del
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Decreto 1858 de 2012, afectaron la validez y eficacia del fenómeno de cosa
juzgada que había operado respecto de la negativa del reconocimiento de una
asignación de retiro a favor del señor Juan Ricardo Rodríguez Gómez, ello
con base en la aplicación de dicha norma, de acuerdo con la providencia
ejecutoriada del 19 de agosto de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante la cual se confirmó el fallo del 29 de septiembre
de 2015 dictado por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bogotá,
en el proceso adelantado en su momento por el libelista sobre idénticas
pretensiones y contra la misma autoridad demandada en el asunto sub lite?
Sobre el punto la Sala sostendrá la siguiente tesis: al margen de la expedición
de la sentencia del 3 de septiembre de 2018, con la que el Consejo de Estado
declaró la nulidad del artículo 2.° del Decreto 1858 de 2012, en el presente
caso no es predicable la falta de validez e ineficacia de la figura de la cosa
juzgada estructurada en virtud de la sentencia del 19 de agosto de 2016
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que había
confirmado la negativa de reconocer a favor del demandante una asignación
de retiro, tal como se explica a continuación:
Sobre la figura jurídica de la cosa juzgada y sus efectos
En primer lugar, se destaca que el argumento de impugnación de la parte
activa, radica en el hecho de que bajo su intelección, el tribunal de origen dio
prevalencia al fenómeno de la cosa juzgada respecto de un litigio resuelto con
anterioridad al presente, en lugar de preferir la garantía de los derechos
fundamentales a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, en el
entendido de que la firmeza que se predicaba del pronunciamiento judicial
previo, fue enervada ante la anulación de la norma que había servido de base
para negar el reconocimiento de la asignación de retiro.
Como se observa, el demandante en su alzada en ningún momento rebate el
hecho de que con anterioridad a la interposición del medio de control bajo
estudio, aquel había promovido una misma demanda de nulidad y
restablecimiento contra otro acto administrativo proferido por CASUR, que
igualmente le había negado el reconocimiento y pago de una asignación de
retiro. Incluso, el señor Rodríguez Gómez en el relato fáctico de su demanda
(ver folio 2, C1), confirma la situación al precisar que ante el Juzgado Catorce
Administrativo de Bogotá radicó un libelo tendiente a obtener la prestación en
comento, pedimento que fue denegado por dicha autoridad judicial y
confirmado en segunda instancia por parte del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca a través del respectivo proveído ejecutoriado.
En tal sentido, para el asunto de marras no resulta necesario analizar si se
estructuró o no la figura aludida, sino que deberá determinarse hasta qué
punto aquella perdió su validez y eficacia, en razón de la nulidad declarada por
parte del Consejo de Estado sobre una norma que constituía el sustento
jurídico de la sentencia mediante la cual se definió en una oportunidad anterior
esta misma controversia, puntualmente en lo atinente al reconocimiento de
una asignación de retiro a favor del recurrente.
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Pues bien, en relación con la cosa juzgada, se destaca que el Consejo de
Estado4 le ha dado el siguiente alcance interpretativo:
«[…] De manera general y uniforme, la doctrina y la jurisprudencia han
considerado la cosa juzgada como una cualidad inherente a las sentencias
ejecutoriadas, que las hace inmutables, intangibles, inimpugnables y
obligatorias, por lo que el asunto decidido no puede variarse en el futuro,
constituyendo garantía de seguridad y estabilidad jurídica, pues de lo contrario
los conflictos serían interminables e irresolubles, en desmedro no sólo de los
mencionados principios y valores de todo ordenamiento jurídico, sino de los
derechos ciudadanos.
La doctrina distingue dos modalidades: i) cosa juzgada formal y ii) cosa juzgada
material. La primera, opera cuando la sentencia queda ejecutoriada, porque no
se hizo uso de los recursos dentro del término de ley, o porque interpuestos
estos, se resolvieron por parte de la autoridad correspondiente; aunque, cabe
la posibilidad del ejercicio de algunos de los llamados recursos extraordinarios
que se esgrimen contra las providencias ya ejecutoriadas. La segunda, tiene
lugar cuando contra la sentencia no existe posibilidad de recurso, bien porque
contra el fallo no procede recurso alguno, bien porque el término de los recursos
extraordinarios precluyó o porque éstos fueron decididos de manera
desfavorable. […]».
Sobre sus efectos, este juez plural5 también los ha contemplado desde la arista
relacionada con las funciones, ello de la siguiente forma: «[…] la cosa juzgada
tiene como función negativa prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y
fallar sobre lo resuelto, y como función positiva dotar de seguridad a las relaciones
jurídicas y al ordenamiento jurídico. […]». Del mismo modo, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos6 en pronunciamiento del 20 de marzo
de 2013, precisó que los mentados efectos se concretan en los atributos que
le son propios al referido fenómeno y que corresponden a «[…] la coercibilidad,
la inmutabilidad y la irrevisibilidad en otro proceso posterior. […]».
Como se observa, en caso de que se estructure válidamente la cosa juzgada
ante la firmeza de un fallo judicial, la consecuencia inmediata será la
inmutabilidad de lo decidido en tal providencia, es decir, la imposibilidad de
analizar y resolver de fondo un litigio posterior suscitado entre las mismas
partes por idénticos fundamentos y pretensiones, sin perjuicio de la
interposición del recurso extraordinario de revisión en los eventos en los que
se cumplan las causales para su procedencia previstas en el artículo 250 del
CPACA.
En todo caso, lo cierto es que la finalidad de esta figura es precisamente de
orden constitucional relacionada con la protección de garantías fundamentales
como el debido proceso y la seguridad jurídica. Por tal motivo, no es dable
asegurar que esta se trata de una institución formal de orden únicamente
procesal, pues detenta un contenido sustancial de gran relevancia como lo es
el materializar el acceso a la administración de justicia, comprendido en su
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia
del 26 de agosto de 2021. Radicado: 25000-23-42-000-2012-01128-01 (0124-14).
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 28 de febrero de 2013. Número Interno 2229-2007. Demandante: Luz Beatriz Pedraza Bernal.
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resolución del 20 de marzo de 2013 dictada en el caso
Gelman contra la República Oriental de Uruguay.
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Demandante: Juan Ricardo Rodríguez Gómez
doble arista y desde su perspectiva intrínseca y general denominada: «tutela
judicial efectiva»7.
Es decir, al respetar los efectos de la cosa juzgada, se asegura la intervención
igualitaria de ambas partes en litigio a lo largo de la actuación jurisdiccional,
ello con la clara seguridad de que al margen de sus tesis o posiciones, tanto
demandante como demandado serán sometidos a las mismas normas
adjetivas y materiales para la resolución del caso.
De otro lado, en lo referente a la previsión legal de aquella figura, se destaca
que el artículo 189 del CPACA lo contempla como un efecto propio de las
sentencias dictadas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
conforme a la siguiente previsión:
«Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de
un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga
omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga
omnes, pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que
declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control
inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las
normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen. […]».
(Negrita de la Sala).
Es decir, en el caso particular de los medios de control de nulidad y de nulidad
y restablecimiento del derecho por norma expresa, el concepto de cosa
juzgada en comento debe verificarse en función del examen de legalidad que
se haya efectuado sobre los actos administrativos reprochados y las
situaciones jurídicas que de estos se desprendan. Por ello, para considerar la
inmutabilidad de una decisión judicial dictada en desarrollo de alguno de los
mecanismos de demanda en mención, necesariamente el litigio a comparar
respecto del cual se aduzca que existe identidad, debe versar sobre la misma
manifestación administrativa cuestionada, o bien de otra diferente, pero cuya
causa y efecto haya sido igual a la primigenia.
Esta última aseveración se respalda en el hecho de que en los asuntos
relacionados con prestaciones periódicas, por ser derechos imprescriptibles
desde el punto de vista extintivo, es posible que los administrados presenten
varias peticiones que estén encaminadas al reconocimiento del mismo
derecho, lo cual puede generar varios pronunciamientos de la entidad
responsable, que a su vez serían reiterativos cuando nuevamente se deba dar
la respuesta inicial. En tal evento, aquellos técnicamente pueden ser solo
remisorios a la decisión previa que se hubiese proferido en igual sentido,
según lo previsto en el artículo 19, inciso 2.° del CPACA (sustituido por el
artículo 1.° de la Ley 1755 de 2015).
Bajo dicho contexto, si en un primer proceso judicial se había demandado la
nulidad de determinado acto administrativo que negó el reconocimiento de un
derecho relacionado con una prestación periódica, y luego se instaura otro
7 Al respecto ver la sentencia C-279 del 15 de mayo de 2013 proferida por la Sala Plena de la Corte
Constitucional en el expediente: D-9324. Sobre el particular se expuso lo siguiente: «[…] la tutela judicial
efectiva se ha definido como “la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir
en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico
y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los
procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales
previstas en las leyes”. Este derecho constituye un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y un derecho
fundamental de aplicación inmediata, que forma parte del núcleo esencial del debido proceso. […]».
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medio de control respecto de una nueva manifestación que simplemente
reitera la primigenia o se remite a esta para volver a denegar lo reclamado, no
podrá alegarse que por el solo hecho de tratarse de un oficio, una resolución
o un decreto con una identificación disímil, o derivado de una petición distinta,
el fenómeno de la cosa juzgada acaecido con la primera sentencia en firme ha
perdido su validez o eficacia al punto de habilitar un nuevo estudio por parte
del juez natural, toda vez que en esencia se tratará de una decisión que
comparte idéntica causa y efecto a la inicial.
Lo propio se verifica en el sub iudice en la medida en que al observar el acto
objeto de control, es decir, el Oficio E-00003-201824142-CASUR del 20 de
noviembre de 2018 (folio 32, C1), claramente la respuesta dada por la
autoridad demandada fue la de remitirse a la decisión contenida en la
Resolución 8145 del 23 de septiembre de 2014 que ya había negado el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro a favor del libelista por no
haber acreditado los requisitos exigidos en su momento para el efecto. Por
consiguiente, el haber demandado en esta oportunidad un acto diferente al
primero, no es suficiente per se para enervar la figura de cosa juzgada que el
mismo demandante reconoce que se había generado en punto al derecho
prestacional en tensión.
Ahora, esto se afirma sin perjuicio del análisis relativo a si el fundamento
normativo cuestionado ya había sido previamente anulado o no mediante una
providencia debidamente ejecutoriada.
Se recuerda que según el artículo 189 del CPACA, la firmeza erga omnes de
la cosa juzgada en controversias sobre actos de la administración, dependerá
de si aquellos fueron o no expulsados del tránsito jurídico, toda vez que en el
primer supuesto se predicaría una imposibilidad material para volver a discutir
su legalidad por cualquier motivo o argumento adicional, mientras que en el
segundo, lo propio se plantearía solo respecto del fundamento fáctico y jurídico
de nulidad esgrimido en su momento, al punto de ser viable revivir un examen
de control frente a dicha manifestación con base en otros elementos de
censura diferentes a los inicialmente verificados en vía judicial, pero que
indispensablemente hayan sido conocidos o estructurados antes de haberse
dictado la sentencia que consolidó el fenómeno objeto de estudio.8
Adicional a los postulados en cita, debe tenerse en cuenta que el artículo 303
del CGP (aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA), refiere sobre la
figura bajo estudio lo siguiente:
«ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en
proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el
anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. […]».
8 Acerca de esta precisión ver los pronunciamientos Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A. Núm. Interno: 2186-15 y 2687-14, en los cuales se señaló lo siguiente: «los argumentos nuevos, fácticos
o jurídicos, no constituyen per se una nueva situación que permita quebrantar la institución de la cosa juzgada, y que
el cambio de precedente jurisprudencial no puede ser utilizado para quebrantar la cosa juzgada respecto de
situaciones jurídicamente consolidadas mediante sentencias ejecutoriadas puesto que para ello se requiere que el
argumento nuevo, sea fáctico o jurídico, debe ser anterior o contemporáneo con el trámite del proceso, y que no
hubiere sido considerado en su momento por el fallador de turno por omisión de la parte que lo invoca». (Subrayado
fuera de texto).
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En suma, para hallar configurado el fenómeno de cosa juzgada, no solo se
debe identificar la correspondencia entre los actos administrativos censurados,
sino que también se requiere la acreditación de los postulados enunciados en
la normativa transcrita, tal como lo planteó este Juez Colegiado9 en el sentido
de que:
«[…] para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:
i. Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas
extremos procesales e intervinientes que resultaron vinculados y obligados por
la decisión que constituye cosa juzgada.
ii. Identidad de causa petendi, es decir, la demanda y la decisión que hizo
tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos de hecho y de
derecho como sustento.
iii. Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma
pretensión sobre la cual se predica la cosa juzgada. […]». (Negrilla del texto
original).
Bajo la intelección esbozada hasta este punto, para que pueda afirmarse que
la figura de cosa juzgada no es válida como fue estructurada en su momento,
y que por consiguiente esta perdió eficacia jurídica, se requiere que alguno o
todos los elementos referidos anteriormente no se hayan acreditado en debida
forma, ello en el sentido de impedir la materialización de una verdadera
identidad entre litigios analizados.
En el sub examine, la parte recurrente sostiene básicamente que existe
diferente causa petendi entre el presente proceso y el anterior, habida cuenta
de que en el asunto previo se tomó la decisión de negar las pretensiones con
base en una norma que luego fue anulada por el Consejo de Estado, y que en
consecuencia, cambia el fundamento jurídico del análisis sobre el derecho
prestacional debatido.
Análisis de la situación particular del libelista
En primer lugar, como únicos supuestos fácticos demostrados en la actuación
se tienen los siguientes:
Conforme a la Hoja de Servicios 79663727 del 20 de noviembre de 2012
(folio 27, C1), el señor Juan Ricardo Rodríguez Gómez se desempeñó como
intendente de la Policía Nacional desde el 26 de agosto de 1996 hasta el 20
de septiembre de 2012, cuando fue retirado de la entidad por la causal de
destitución.
De acuerdo con la petición del 1.º de octubre de 2018 (folios 29 a 31, C1),
el demandante solicitó ante CASUR el reconocimiento y pago de una
asignación de retiro en aplicación de la Ley 923 de 2004 bajo el entendido de
que el Consejo de Estado había declarado la nulidad del Decreto 1858 de 2012
con base en el cual previamente la mentada autoridad había denegado esta
prestación.
Según el Oficio E-00003-201824142-CASUR del 20 de noviembre de 2018
9 Idem.
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(folio 32, C1), la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional negó
nuevamente el derecho reclamado de conformidad con la siguiente
motivación: «[…] En atención al escrito del asunto, me permito informarle que
revisado su expediente prestacional, se constató que con Resolución 8145 del 23-09-
2014, esta Entidad dio cumplimiento al fallo de tutela proferido el 04-09-2014, por el
Juzgado Treinta y Ocho Administrativo Oral del Circuito de Bogotá – Sección Tercera,
por la cual se le negó la asignación mensual de retiro, con base en la hoja de servicios
policiales, expedida por la Policía Nacional y la norma vigente a la fecha de retiro,
exponiendo las razones de hecho y de derecho por las cuales no es procedente
conceder la prestación solicitada.
En lo concerniente al fallo proferido por Consejo de Estado de fecha 03-09-2018, se
informa que no se cumple con los presupuestos dados, teniendo en cuenta que
cuando la causal de retiro es “Destitución”, se debe acreditar 20 o más años de
servicio en la Policía Nacional y en el caso en particular solo cuenta con 16 años, 03
meses, 13 días.
Teniendo en cuenta que la petición presentada en la Entidad versa sobre el mismo
asunto, cabe resaltar que la información contenida en el citado oficio se reitera de
conformidad con el artículo 19 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la ley 1755 de
2015, que reza: "(...) Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad
podrá remitirse a las respuestas anteriores. […]».
La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en sentencia
del 3 de septiembre de 2018 proferida en el proceso de nulidad con radicado
11001-03-25-000-2013-00543-00 (1060-2013 – Acumulados), declaró la
nulidad del artículo 2.º del Decreto 1858 de 2012, pero bajo la aclaración de
que sus efectos se retrotraerían a situaciones jurídicas no consolidadas, es
decir, en discusión o pasibles de ser debatidas. Para ello, precisó:
«[…] Es así como, esta Subsección declarará la nulidad del artículo 2 del Decreto
1858 de 2012, no sin antes advertir que los efectos otorgados a esta sentencia serán
de carácter ex tunc, es decir, desde entonces, y se retrotraen al momento en que
nació el acto, y como consecuencia de ello, las cosas se vuelven al estado en que se
encontraban antes de la expedición del mismo, por lo que las situaciones no
consolidadas entre el momento de la expedición del acto y la sentencia
anulatoria del mismo, son afectadas por la decisión que en esta última se tome.
En tal sentido, respecto de las situaciones jurídicas no consolidadas, las sentencias
de nulidad de actos de carácter general tienen efecto inmediato, es decir, sobre
aquellas que al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de
debatirse ante las autoridades administrativas o ante esta jurisdicción; por lo tanto,
las “afecta”, de manera inmediata. […]». (Negrita de la Sala).
Pues bien, como se advierte a partir de este último punto, es cierto como lo
planteó el libelista que este juez plural retiró del ordenamiento jurídico el
artículo 2.º del Decreto 1858 de 2012, el cual había entrado en vigencia desde
el 6 de septiembre de 2012 por inserción en el Diario Oficial 48545 de la misma
fecha, es decir, cuando el señor Rodríguez Gómez aún se encontraba
vinculado como intendente al servicio de la Policía Nacional.
Ahora, la anulación de la norma en comento tuvo lugar solo hasta el 3 de
septiembre de 2018 cuando el Consejo de Estado expidió la respectiva
sentencia que así lo declaró, providencia en la cual además se precisó que
tendría efectos sobre situaciones jurídicas no consolidadas. Este
planteamiento implica que la decisión referida que fue adoptada en virtud del
medio de control de nulidad, solo podía crear, modificar o extinguir derechos
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derivados de reclamaciones prestacionales pendientes de definición jurídica
en vía judicial a través de una sentencia debidamente ejecutoriada.
Lo anterior se entiende como la aplicación de efectos jurídicos hacia el pasado,
pero no de manera retroactiva, sino retrospectiva que es la modalidad
adoptada como regla general para este tipo de casos al ser la que en verdad
consulta la finalidad constitucional de la figura de la cosa juzgada.
Acorde con esta línea de intelección, resulta claro que el argumento de la parte
activa relacionado con la existencia de nuevos fundamentos jurídicos
posteriores a la definición judicial de improcedencia de reconocimiento de la
asignación de retiro, ello ante la anulación del artículo 2.º del Decreto 1858 de
2012, no constituye un fundamento de identidad de la causa petendi en los
procesos analizados, toda vez que los hechos o argumentos nuevos no tienen
la virtualidad per se de enervar la institución de la cosa juzgada, en la medida
en que, para lo propio se requiere que en desarrollo del litigio previo se haya
podido conocer la circunstancia que se alega con posterioridad, tal como lo
precisó el Consejo de Estado10 cuando señaló lo siguiente:
«[…] como ya lo ha venido sosteniendo de tiempo atrás el Consejo de Estado,
el cambio de precedentes jurisprudenciales no puede ser utilizado para
quebrantar la cosa juzgada respecto de situaciones jurídicamente
consolidadas mediante sentencias debidamente ejecutoriadas, pues se
atenta de manera indebida contra el principio de la seguridad jurídica,
habiéndose explicado con suficiencia que, para que su existencia surta los
efectos deseados, el “argumento nuevo”, sea fáctico o jurídico, debe ser
anterior o contemporáneo con al trámite del proceso, y que no hubiere sido
considerado en su momento por el fallador de turno por omisión de la parte
que lo invoca […]».
De hecho, en un asunto de elementos fácticos y jurídicos similares al presente,
esta Alta Corte11 puntualizó para definir la controversia que:
«[…] 71. Como viene expuesto, el 29 de septiembre de 2011, la Sección
Segunda de esta Corporación anuló los artículos 2° y 3° del Decreto 1810 de
1994, aduciendo que el Gobierno Nacional no podía, mediante un decreto
reglamentario, excluir del régimen prestacional establecido en los Decretos
1214 de 1990 y 1792 de 2000, al personal civil perteneciente a la Oficina del
Comisionado Nacional para la Policía, pues se atribuyó una competencia
reservada a la Ley.
72 .Sobre este aspecto, la Sala Precisa que, conforme a la jurisprudencia, los
efectos del fallo de nulidad afectan e inciden de manera inmediata en las
situaciones que se encuentran en discusión ante las autoridades
administrativas o jurisdiccionales, es decir las que no están consolidadas,
excluyendo las situaciones definidas, en aras de la seguridad jurídica.
[…] 76. Así las cosas, aun cuando eventualmente las posiciones y tesis
judiciales puedan variar en el tiempo, debido a cambios sociales o a la
mutación en los valores, objetivos, principios y derechos en los que se
fundamenta el ordenamiento jurídico, así como también a un tránsito
constitucional o legal relevante, las providencias adoptadas se mantienen
absolutamente incólumes, puesto que obedecieron a un estudio que en su
10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Núm. Interno: 2186-15.
11Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 2 de mayo de 2019. Radicado: 25000-23-42-000-2012-01576-01(0561-15).
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momento fue válido y que de desconocerse, atentaría gravemente contra el
principio de seguridad jurídica.
77. Ahora bien, en el presente caso se evidencia que el hecho que se alega
como nuevo para la procedencia del estudio de fondo del caso está
relacionado con la expedición la Sentencia del 29 de septiembre de 2011; no
obstante, como quedó expuesto esa decisión no afecta la cosa juzgada y en
esa medida no puede examinarse nuevamente un asunto que ya fue discutido
en sede judicial, tal como lo determinó el a quo, en la providencia recurrida.
[…]».
En tal sentido, aun en el entendido de que el demandante alega a través de su
recurso que debe tenerse en cuenta un fundamento jurídico distinto y más
favorable al verificado en el proceso primigenio que ya había cobrado fuerza
ejecutoria, tal situación no logra afectar la consolidación de la cosa juzgada
por el factor de identidad de causa, habida cuenta de que la negativa frente al
reconocimiento de la asignación de retiro que depreca el libelista, quedó
estructurada antes de la expedición de la sentencia de nulidad del 3 de
septiembre de 2018 que retiró del tránsito jurídico el artículo 2.º del Decreto
1858 de 2012.
Esto dado que la sentencia que resolvió la segunda instancia en la primera
actuación judicial que aquel promovió antes del sub lite, se profirió y tuvo que
cobrar vigencia desde el año 2016 cuando se dictó la providencia por parte del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se confirmó el fallo
del 29 de septiembre de 2015 emanado por el Juzgado Catorce Administrativo
del Circuito de Bogotá.
Lo expuesto denota que el argumento del apelante para desnaturalizar los
efectos de la cosa juzgada a la que se vio sometido, no corresponde a un
hecho o un fundamento jurídico anterior o concomitante a la actuación que el
mismo señor Rodríguez Gómez había iniciado antes de la presente, y que
además pudiese o debiese haber sido analizada en su momento por las
respectivas autoridades jurisdiccionales que conocieron el litigio.
Por ello, es claro que se acreditó el requisito de la identidad de causa entre los
dos procesos y que por lo tanto la figura de la cosa juzgada operó formal y
materialmente, al punto de que lo pretendido por la parte activa corresponde a
una situación resuelta de manera definitiva por esta jurisdicción.
En todo caso, el demandante asegura que la negativa de examinar
nuevamente su demanda con base en los efectos que produjo la declaratoria
de nulidad del artículo 2.º del Decreto 1858 de 2012, reporta una vulneración
a su derecho a la igualdad. Para ello sostuvo que CASUR había reconocido
igual derecho prestacional al que es objeto de discusión a favor de otras
personas que se encontraban en sus mismas condiciones, puntualmente por
haber sido retirados del servicio bajo la causal de destitución.
No obstante, lo cierto es que sobre el punto el libelista no aportó prueba alguna
que demostrara el hecho de que aquel se encontraba en idénticas condiciones
que los sujetos respecto de los cuales sí se reconoció y ordenó el pago de una
asignación de retiro a pesar de haber sido destituidos, razón por la cual es
inviable considerarlo en un estado de equivalencia a efectos de verificar una
supuesta discriminación, más aún cuando en ningún momento señaló si sus
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presuntos pares también tenían configurada una situación de cosa juzgada
sobre el mismo punto, pues en caso contrario no se podría hablar de una
equiparación que permita determinar una posible vulneración del derecho a la
igualdad del señor Rodríguez Gómez.
En conclusión: los efectos de la sentencia proferida por el Consejo de Estado
el 3 de septiembre de 2018, con la que se declaró la nulidad del artículo 2.°
del Decreto 1858 de 2012, no afectaron la validez y eficacia del fenómeno de
cosa juzgada que había operado respecto de la negativa del reconocimiento
de una asignación de retiro a favor del señor Juan Ricardo Rodríguez Gómez,
a pesar de que esta decisión se hubiese adoptado con base en la aplicación
de dicha norma mediante providencia ejecutoriada del 19 de agosto de 2016
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la que se
confirmó el fallo del 29 de septiembre de 2015 dictado por el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito de Bogotá, puesto que en virtud de esta situación
se encuentra debidamente estructurada la mentada figura, habida cuenta de
que los hechos y argumentos nuevos que no pudieron ser verificados en su
momento, no tienen la virtualidad de modificar situaciones consolidadas
legalmente en aquella oportunidad, que además habían generado válidamente
seguridad jurídica a las partes, la cual debe ser garantizada en esta
oportunidad, más aún cuando no se demostró la vulneración de otras garantías
con dicha determinación judicial.
Decisión de segunda instancia
Según lo expuesto, se impone confirmar la sentencia proferida el 30 de octubre
de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F que denegó las pretensiones de la demanda, ello habida cuenta
de que no prosperan los argumentos del recurso de apelación formulado por
el libelista.
De la condena en costas
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201612, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:
a. «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo»
–CPACA-.
b. Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o
bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c. Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d. La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la
parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
12 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f. La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP13, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g. Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público14.
Ahora, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará
en costas al demandante, porque a pesar de haber resultado vencido en esta
oportunidad, conforme el numeral 8.º del artículo 365 del CGP no es posible la
comprobación de dicha carga, en tanto no hubo intervención de la parte
demandada en segunda instancia, pues no presentó alegatos de conclusión,
tal como se indica en la constancia secretarial visible a folio 162 del cuaderno
1.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 30 de octubre de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
que denegó las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor
Juan Ricardo Rodríguez Gómez contra la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional (CASUR).
Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
13 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
14 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Ausente con Permiso
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